“¿Qué hiciste hoy contra el mosquito?”, se preguntan en el video, para responder, de inmediato: “Nada… Porque no nos dejaron”. El eslogan que parafrasea a los avisos oficiales y su contundente respuesta forma parte de una campaña impulsada por profesionales de la salud pública nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que ven con preocupación cómo se desmantela el proyecto al que dedicaron mucha pasión y horas de sus vidas. “Desde el 23 de diciembre hasta avanzado marzo el programa Organización Comunitaria en Salud estuvo totalmente paralizado”, contó a ANCCOM Camila Lynn, delegada de ATE en el Ministerio de Salud de la Nación.
Lynn se refiere a una iniciativa impulsada en octubre de 2014 que consistió en la formación de equipos interdisciplinarios para recorrer en unidades móviles especialmente equipadas las zonas consideradas vulnerables, con el objetivo de realizar campañas de prevención y controles sanitarios a sus pobladores, casi siempre de bajos recursos económicos y con escasas posibilidades de movilizarse hacia los centros urbanos para acceder a una atención digna. Durante más de un año, los profesionales del programa realizaron operativos en los lugares más carenciados, entre ellos las villas cercanas al Riachuelo, o lugares alejados del Conurbano bonaerense como Moreno, Merlo o Malvinas Argentinas. Zonas por lo general sin acceso de transporte público, ni pavimentos, y hasta sin agua corriente.
Pero no sería la única dependencia de dicha cartera que se encuentra prácticamente inoperativa. En los últimos días trascendió que el macrismo también pretende poner fin a la tarea de la Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores (DETV), una oficina encargada de generar políticas de prevención y control de trastornos como el Dengue, el Zika, el Paludismo o el Mal de Chagas. Es decir, en los meses en los cuales la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte sobre el riesgo de propagación de estos trastornos por América latina, el gobierno argentino decide desguazar los organismos que se ocupan de su contención.
Norma Romanello, Pediatra.
En video de corta duración –menos de un minuto- circula desde principios de marzo a través de Internet y en las redes sociales: decenas de rostros desfilan fugazmente por el ojo de la cámara mientras una sucesión de voces en off relata profesiones y quehaceres: “Somos obstetras, odontólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, pediatras, oftalmólogos, psicólogos, comunicadores sociales…” y apela a reducir la problemática de la expansión del Dengue, el Zika y el Chikungunya -todas enfermedades transmitidas por la picadura del mismo vector, el Aedes Aegypti- al interpelar al ciudadano común con preguntas directas: “¿Usaste repelente cada tres horas?”, “¿diste vuelta baldes y otros recipientes?”, “¿eliminaste neumáticos o botellas que no usás?”. Por otro lado, el video opera como recurso en la batalla discursiva para defender a los trabajadores estatales del estigma del “ñoqui”, al que el Gobierno recurrió desde su asunción, para justificar los despidos. “Hoy no pudimos vacunar a tu familia ni hacerle controles de salud (…) hoy no pudimos salir a hacer campañas de prevención”, insisten las voces del video, que cierra con una leyenda, que en rigor es un reclamo: “No al vaciamiento de la salud”. La pieza incluye estadísticas alarmantes: como consecuencia de la suspensión del programa habría hoy unas 18.000 personas sin la atención médica que éste les brindaba, unos 1.050 controles de embarazo sin realizar (la OMS advirtió que el Zika puede ocasionar en mujeres embarazadas trastornos graves a su bebé, como, por ejemplo, hidrocefalia), alrededor de 10.800 niños sin control de salud y aproximadamente 3.200 dosis de vacunas sin aplicar.
Lynn señaló que de los más de 100 trabajadores que en diciembre pasado integraban Organización Comunitaria en Salud sólo quedan unos 70. “Antes de comenzar el año intentaron despedir a 30, pero gracias a que nos movilizamos desde el gremio conseguimos reincorporar unos 15”, agregó la delegada. Sin embargo, cada caso es diferente y la incertidumbre laboral llevó a que los equipos se fueran desarticulando lentamente. Una de las caras que se turnan para aparecer en el video es la de Amelia Caresana. Es pediatra, tiene 60 años, y formó parte del proyecto desde la primera hora, cuando la Resolución N° 1770/2014 del Ministerio de Salud de la Nación oficializó su existencia.
“De un momento para el otro nos comunicaron que el programa se suspendía ‘hasta nuevo aviso’”, comentó Caresana en diálogo con ANCCOM, y aseguró que desde entonces muchos de los empleados siguieron con la obligación de concurrir al Ministerio todos los días, pero para permanecer las ocho horas de la jornada laboral en una oficina, sin posibilidad de retomar el trabajo territorial. Caresana admite que su realidad es menos dramática que la de muchos de sus compañeros. Beneficiada por un tipo de contratación más estable, continuó percibiendo su salario hasta febrero -ya no en marzo- sin tener que presentarse a su puesto de trabajo. La estabilidad económica de su familia no depende de la actividad en el Ministerio y en el peor de los casos su marido tiene trabajo. Su angustia pasa por otro lado: “Pusimos el corazón en este proyecto”. Al mismo tiempo, advierte que aunque el Gobierno intente reactivarlo el daño ya está causado. Durante marzo, reconoce, fueron convocados a reuniones con funcionarios designados por las autoridades para “ver qué se puede hacer” frente al escenario de avance del dengue, pero percibe de su parte “mucha improvisación”.
Según los datos difundidos el pasado 8 de abril a través del Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio de Salud, en lo que va del año ya son 23.759 los casos de dengue confirmados en todo el país y la cifra asciende a 47.741 si se consideran los casos probables o en estudio y también los descartados. A su vez, el Ministerio reconoce 22.940 casos autóctonos entre confirmados y probables y al menos unos 2.504 importados. El NEA -Nordeste Argentino- que incluye a las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, aparece como la región más comprometida, con 16.677 casos, considerando tanto los confirmados como probables, mientras que el centro del territorio nacional -provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Ciudad Autónoma de Buenos Aires- registra unos 4.362 casos. La situación en las restantes zonas del país, como el NOA -Noroeste Argentino que incluye a Catamarca, Jujuy, Salta, La Rioja y Santiago del Estero-, Cuyo –San Luis, San Juan y Mendoza- y la Patagonia –Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego- es menos alarmante, pero aún así el promedio total es de 110,7 casos cada 100 mil habitantes. A pesar de estos números, que surgen de las propias estadísticas oficiales, el gobierno insiste en anular los principales mecanismos políticos para evitar un posible agravamiento del panorama.
En lo que respecta a Organización Comunitaria en Salud, el alcance de las acciones implementadas por los equipos sanitarios excedía largamente la problemática del Dengue. Los móviles o simplemente, “los camiones”, como los llaman los trabajadores, incluyen ecógrafos, laboratorios e instalaciones para brindar servicios de odontología y oftalmología, fundamentales para las zonas vulnerables. Pero para prevenir puntualmente las enfermedades provocadas por el mosquito Aedes Aegypti se desplegaban campañas informativas en los mismos hogares de los barrios visitados. “Son viviendas muy precarias y cualquiera de los patios es un criadero de mosquitos”, precisa Caresana y remarca que en el pico de la epidemia el Ministerio de Salud mantiene a los miembros de los equipos sanitarios sentados en una oficina. Lejos de disimular su decepción por la orientación que ha tomado la política de salud pública en la era macrista, su diagnóstico personal sobre el futuro inmediato es todavía más desalentador: “Mientras nosotros estamos acá, el dengue sigue haciendo de las suyas”.
Sin choferes, no hay operativos
Durante marzo, acorraladas por la expansión del Dengue y el impacto de la problemática en la opinión pública, las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación comenzaron a considerar la necesidad de retomar los recorridos sanitarios. No obstante, tras desentenderse del trabajo de algunos de los profesionales del programa Organización Comunitaria en Salud, el Gobierno ya se había encargado previamente de crear un problema adicional: la interrupción de los convenios laborales con universidades nacionales.
Como explicó Lynn a ANCCOM, hasta la llegada de Macri a la presidencia las contrataciones en el Ministerio de Salud nacional se realizaban bajo dos modalidades: una es la conocida como “048” -en referencia al número de la resolución del año 2002 que estableció el marco regulatorio del empleo público nacional-, que, como detalló Lynn, “podría definirse como planta transitoria del Ministerio, ya que el trabajador cuenta con su recibo de sueldo y se le aplican las deducciones correspondientes al sistema formal, pero no alcanza la categoría de permanente”; la otra es vía acuerdos con universidades, que según la gremialista es la que corresponde a la mayoría de los trabajadores del programa: “Así como se suspendieron los operativos, lo propio ocurrió con los convenios, por lo que los trabajadores están con sus contratos caídos”, explicó Lynn.
Esta situación alcanza a los choferes de las unidades móviles, quienes de acuerdo con lo expresado por la dirigente sindical no cobran sus sueldos desde febrero ni sus viáticos desde diciembre. En semejante escenario, es impensado que los camiones salgan regularmente. Si bien Lynn afirma que ATE consiguió el compromiso de las autoridades de que va a normalizar el pago de los salarios de los conductores, al mismo tiempo asegura que “no están dadas las condiciones para enfrentar la epidemia del dengue”.
El Muñiz, desbordado
En el Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco Muñiz, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, un cartel colgado en uno de los pilares que decoran la vía de entrada y salida de las ambulancias oficia de guía para los visitantes. Enumera una serie de síntomas: “Fiebre, dolor de cabeza y detrás de los ojos, fuerte dolor muscular o en las articulaciones, vómitos, sarpullido”. También aconseja a quienes los experimenten no automedicarse. Son los signos orgánicos que advierten a una persona que podría estar padeciendo dengue.
Según la OMS, existen cuatro serotipos diferentes de la enfermedad -DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4- y cada uno supera en nivel de gravedad al estadío anterior. Si bien no existen tratamientos específicos, la detección oportuna y un control médico adecuado reduce el riesgo de mortalidad a porcentajes ínfimos, pero el escenario se complica cuando se producen re-infecciones -personas que ya lo padecieron vuelven a ser picadas por el vector- que pueden derivar en lo que se llama dengue grave o hemorrágico.
De acuerdo con el ya citado Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación fueron confirmados en el país cinco casos mortales en 2016. Dos de ellos ocurrieron en la Capital Federal y las víctimas –una mujer de 47 años y un hombre de 48- murieron internadas en el Muñiz. Una médica que trabaja en la Guardia del hospital, Norma Romanello, aclaró a ANCCOM que en ambos episodios los enfermos traían otras patologías de base, que agravaron su estado de salud al momento de presentárseles los síntomas de dengue. «La mujer, si bien era joven, era diabética, insulinodependiente, mientras que el hombre presentaba una inmunodeficiencia grave. Es decir, el serotipo de dengue que se vio en este brote es de tipo no hemorrágico», aseguró.
Los profesionales del hospital con los que dialogó ANCCOM coinciden en que, según sus cálculos, son más de 100 los pacientes que atienden diariamente por síntomas relacionados con el dengue. La demanda de atención durante la epidemia es de tal magnitud que las instalaciones del Muñiz son insuficientes para cubrirla. Por esa razón, el Ministerio aprobó desde mediados de marzo la presencia de una de las unidades móviles que habitualmente se utilizaban para los operativos del programa Organización Comunitaria en Salud. La misma se encuentra en el patio central del hospital, a pocos metros de la Guardia. Al lado se montó una carpa de color anaranjado a la que se acercan permanentemente personas a registrarse y realizarse los controles correspondientes en la unidad móvil.
“Estamos desesperados porque llegue el frío y los mosquitos mueran y la epidemia se termine”, confió Romanello, quien aportó el detalle de que durante los primeros días del año la mayor parte de las consultas eran realizadas por personas que provenían de Misiones o del Paraguay, pero a medida que avanzaba el verano comenzaron a multiplicarse las atenciones por casos autóctonos. Es sábado 16 de abril y la médica llegó a las 8 de la mañana al Muñiz y pasará allí las siguientes veinticuatro horas. Junto a sus colegas dedicará el mayor de sus esfuerzos durante la jornada para aliviar a los pacientes aquejados por los síntomas del dengue. Es todo lo que puede hacer, mientras espera la llegada del invierno.
Actualizada 20/04/2016
Amelia Caresana, pediatra dell Programa organización comunitaria de la salud, Ministerio de Salud.