Los organismos defensores de los derechos humanos se reunieron finalmente ayer con el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Del encuentro participaron Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Haydée Gastelú, por Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Lita Boitano, en representación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S y Gastón Chillier, por el CELS. Junto al Presidente, estuvieron la canciller Susana Malcorra, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Estos dos últimos, más tarde, participaron de la conferencia de prensa junto a los representantes de los diferentes organismos.
“Fue una reunión importante, cordial, respetuosa. Se habló con absoluta sinceridad”, sostuvo Avruj al tomar la palabra y, así, comenzó la conferencia. Una hora antes, los organismos de derechos humanos se presentaron ante el Presidente con un documento con varios temas a tratar. “Se hablaron cuestiones que nos preocupan”, afirmó Carlotto. Entre aquellos temas, aparecen la continuidad de las políticas de memoria, verdad y justicia; el derecho al trabajo, el derecho a la protesta social, la violencia institucional, el derecho a la comunicación y las conmemoraciones por los 40 años del golpe cìvico-militar, el próximo Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
24 de marzo
Uno de los pocos puntos que tuvo acuerdo fue el referido a las conmemoraciones por el 24 de marzo en el marco de la próxima visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, los organismos solicitaron que su presencia no interfiera en la conmemoración popular a 40 años del último golpe. “El Presidente garantizó algunas acciones como el 24 de marzo próximo. Nosotros estamos organizando lo mismo de siempre, una marcha. Sin embargo, la presencia del presidente de EEUU complica por cuestiones de seguridad”, sostuvo Carlotto.
Al mismo tiempo, se reclamó el pedido al presidente norteamericano la apertura de los archivos aún no desclasificados por el gobierno estadounidense sobre el período dictatorial, además de la cooperación de este país en la búsqueda de los posibles nietos apropiados que vivan allí y la extradición del Capitán Roberto Bravo por su intervención en la Masacre de Trelew.
Ante la pregunta si aceptaría reunirse con el presidente de EEUU, Carlotto confesó: “Si bien sabemos que la doctrina de la seguridad nacional nace en EEUU y la represión en Latinoamérica fue apoyada y fomentada por ese país, hubo personas ilustres como (James) Carter que no estuvieron a favor. Yo me atrevo a decir que sí, me juntaría con él y le pediría la cooperación en temas como la desclasificación de archivos que hay en EEUU”.
La visita de Obama fue un punto que provocó tensión. “Desde H.I.J.O.S sentimos que la llegada del presidente Obama para el 24 de marzo es una provocación y su visita al predio de la ex ESMA, también. El gobierno de los Estados Unidos ha participado de los genocidios, está comprobado por los archivos y, en ese sentido, le manifestamos a Macri esa provocación”, señaló Carlos Pisoni.
Avruj respondió que Obama no representaba esa corriente que estuvo a favor de las dictaduras latinoamericanas: “Obama representa esa otra parte de la historia”. En este punto, ANCCOM quiso saber si esa mirada haría posible que el gobierno argentino eleve al mandatario norteamericano los reclamos de los organismos en relación a los archivos aún no desclasificados y la extradición de Bravo. “No tenemos información para adelantar ni confirmar sobre la agenda de la visita, pero lo vamos a tener en cuenta”, fue su respuesta.
Memoria, Verdad y Justicia.
Avruj comenzó la conferencia de prensa afirmando que el Estado garantiza la continuidad de las políticas de derechos humanos: “Se repasaron los temas que se hablaron hace menos de un mes, los cuales están vinculados con la preocupación de los organismos por la continuidad de las políticas de Estado. Hemos ratificado y el Presidente ha ratificado la posición llamando al trabajo de la Justicia y su independencia”.
ANCCOM preguntó sobre el desarme de varias dependencias estatales que coordinan políticas públicas de memoria, entre las que se encuentran la subsecretaría de DDHH del BCRA, el Centro de Asistencia Fernando Ulloa y el Programa Verdad y Justicia. “En primer lugar, el rol del Ejecutivo está garantizado como querellante. En cuanto al Programa Verdad y Justicia se está reacomodando, pero sigue funcionando. En relación a los otros organismos, aún se están reorganizando”, subrayó.
Protocolo de seguridad y Milagro Sala
En relación al “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” y a la detención de Milagro Sala, aparecieron los desacuerdos entre ambas partes. En conferencia de prensa, Gastón Chillier, del CELS, hizo hincapié en estos dos puntos y manifestó: “Una de las diferencias que hubo con el presidente Macri fue en relación a la protesta social. Le planteamos nuestro desacuerdo con el nuevo Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad, el cual no permite el ejercicio de varios derechos como el derecho a protestar y el ejercicio de la actividad periodística”. Ante esta preocupación, la respuesta del Presidente fue considerar al derecho a la protesta en contraposición con otros derechos. “Al plantearnos su punto de vista, referimos que el actual protocolo tiene un enfoque represivo. El Estado debe trabajar en la protesta pero sin olvidar que es un megáfono de la democracia”, agregó Chillier.
Cuando se ahondó en la temática de la protesta social, se puso énfasis en dos hechos recientes: la detención de Milagro Sala y la represión a los integrantes de la murga Los reyes del Ritmo. Frente a este último caso, Chillier afirmó: “Hace unos días, la respuesta de la ministra de Seguridad fue casi un apoyo a la Gendarmería. Sin embargo, hoy nos dijeron que se había abierto un expediente de investigación en el Ministerio de Seguridad. Nosotros le pedimos si podíamos acceder porque la respuesta que se le había dado al CELS días atrás es que esta investigación aún era ambigua”.
En relación a Milagro Sala, el representante del CELS insistió con el origen ilegítimo de la detención y recordó que la dirigente de la Tupac Amaru no está procesada, mientras que funcionarios del gobierno están procesados y en libertad. “Su primera detención fue consecuencia de haber convocado a una manifestación pública en reclamo a medidas de gobierno. Exigimos su inmediata liberación y manifestamos que este hecho representa una amenaza a la vigencia de las libertades democráticas. Milagro Sala es una presa política, no hay fundamento legal alguno para su prisión preventiva y cualquier investigación en su contra debe desarrollarse sin vulnerar el principio de inocencia ni el derecho a la libertad personal”, remarcaba el documento que presentaron los organismos.
Otro punto que generó discrepancias fue el que tuvo como centro a la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó. “El Presidente decididamente debe respetar el mandato constitucional de la procuradora Alejandra Gils Carbó, impulsora de los procesos juicios por delitos de lesa humanidad”, enfatizó Lita Boitano. “En este punto, claramente, no estuvimos de acuerdo”, respondió Garavano.
“El diálogo se abrió y todo diálogo que comienza es positivo –expresó Carlotto–. La sensación es que estamos en la casa del Presidente y es un Presidente constitucional. Al dialogar lo que queremos hacer es reforzar esa democracia”.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo no ocultó las diferencias que mantiene con el actual gobierno, pero sí valoró el diálogo entre ambas partes: “Vinimos al diálogo. Habrá futuros encuentros. Si hay que venir a felicitarlo, lo haremos. No somos partidarios. Deseamos hablar con la verdad en la mano. Debemos evitar el enfrentamiento, la intolerancia y la grieta que no la hicimos nosotros”.