En las inmediaciones del cementerio de Chacarita, en la calle Girardot, se ubica la fábrica de pastas y tapas de empanadas y tartas La Litoraleña. A la diez de la mañana, los empleados se encuentran en su lugar de trabajo. Sin embargo, la producción está detenida. La fábrica está tomada. Las causas son el adeudamiento de cinco meses de salario y el despido de 32 empleados. “No somos delincuentes, somos trabajadores que queremos trabajar y hace más de cinco meses que no tenemos respuesta del dueño de la fábrica”, asegura a ANCCOM Luis Baini, delegado sindical de La Litoraleña, luego de la infructuosa audiencia de conciliación convocada para la primera semana de diciembre.
El conflicto comenzó hace varios meses. En un principio, el pago de los salarios estaba atrasado. Sin embargo, la situación empeoró hace algo más de sesenta días, cuando el sueldo dejó de cobrarse por completo. Para acentuar el problema, el viernes 30 de octubre llegaron 29 telegramas de despido, que se sumaron a otros tres anteriores que habían recibido en mayo. “Desde hace varios meses que están jugando con el desgaste. La situación se agravó cuando dejamos de llevar plata a nuestras casas y con el despido de los 29 compañeros, sin indemnización alguna”, sostiene.
Por estos motivos, 82 empleados decidieron tomar la fábrica para pedir, en primer lugar, la restitución de los 32 compañeros y, en segundo lugar, la cancelación de la deuda. “Nuestro principal objetivo es conseguir lo más inmediato y lo más justo. Ya no podemos volver a que nos paguen a cuenta gota y entrar a un concurso de acreedores de un año. Tenemos que definir esta situación inmediatamente por nuestras familias. Nuestras casas están vacías y, como consecuencia, nos estamos metiendo en un endeudamiento que nosotros no creamos”, refuerza Baini.
Según sostuvieron los trabajadores en conferencia de prensa el 1° de noviembre, la firma Deconti, dueña de la marca La Litoraleña, está concursada y cuenta con un pasivo de 83 millones de pesos y una deuda a la AFIP de 17 millones de pesos. A esta situación, se le suma una deuda con la Mutual 12 de Enero por una estafa, a partir de créditos personales de los empleados: “Nos descontaban de nuestros haberes, pero no pagaban”, resalta Baini.
Por este motivo, los trabajadores concuerdan en que el objetivo de la firma es jugar con el desgaste de los trabajadores a partir del retraso y la falta de pago. “Su objetivo es reducir el personal –sostiene Baini– y como no quieren pagar las respectivas indemnizaciones porque la mayoría de los empleados están hace más de quince años, pretenden que por cansancio renunciemos”.
Vaciamiento
Los trabajadores de La Litoraleña concuerdan en que los dueños de la firma Deconti planean un vaciamiento o reducción del personal para achicar costos. “Nosotros estuvimos produciendo hasta último momento, pero ellos no hacían otra cosa que jugar: ´si te pago no compro la materia prima, si compro la materia prima no te pago´”, afirma Baini. Por otro lado, los trabajadores despedidos tienen algo en común: son parte del personal más antiguo. Su despido refuerza esta idea. “A fines de octubre recibimos, junto a 28 compañeros, un telegrama de despido. Entre las causas estaban usurpación de la propiedad y obstaculización de la salida de mercadería”, cuenta Rubén Pérez, trabajador de La Litoraleña desde hace más de cinco años. Su situación lo preocupa, aunque sabe que sus compañeros no van a aceptar trato alguno sin que ellos sean reincorporados a sus puestos de trabajo.
A pesar de esta situación, el objetivo de los trabajadores es continuar con la producción de manera autogestionada a partir de la creación de una cooperativa. “Estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo. Nosotros queremos trabajar. Las máquinas están, la empresa vende. El tema es que no queremos hacerlo gratis para un patrón que no nos paga –sostiene Baini– Queremos trabajar para nosotros y para nuestras familias”.
Para lograr su objetivo, los trabajadores de la Litoraleña están recibiendo el apoyo de varios partidos políticos, entre los que se destacan el Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Al mismo tiempo, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) están presentes en su lucha. “Ante esta situación, recibimos apoyo de legisladores, comuneros y de FACTA. Sin embargo, el apoyo que realmente necesitamos nunca llegó. Las respuestas que recibimos por parte del Ministerio de Trabajo fueron insatisfactorias en todo momento”, afirma Baini.
Instancias de negociación
Varias fueron las instancias de negociación entre los trabajadores de La Litoraleña y los abogados de la firma Deconti. Sin embargo, la oferta siempre fue insatisfactoria para los empleados: “En las primeras conciliaciones nos prometían plata, pero nunca estaba. Y si lo estaba era muy poca. Con una remuneración de 12 mil pesos mensuales, nosotros llevábamos a nuestras casas 700 pesos por semana. No podíamos solucionar nada con ese dinero”, cuenta Baini. “En la última conciliación, desde el Ministerio de Trabajo nos ofrecieron una miseria. Ellos planteaban un acuerdo, pero su oferta era miserable. Nos ofrecían pagar 1500 pesos. Yo llego acá con esa oferta y los muchachos me parten la cabeza”, ironiza.
A pesar de las dificultades, la unión entre trabajadores los fortalece. Esto queda de manifiesto, apenas se divisa Girardot 345. Durante el día son varios los operarios que están en la vereda de la fábrica charlando y buscando una solución. Otros se mantienen dentro de la planta, en el comedor. Entre todos muestran aquello que afirman una y otra vez “la base está unida y fuerte”.
La lucha continúa
El empresario Rodolfo Conti no solo despidió a 29 trabajadores, sino que, ante la toma de la fábrica, también realizó una denuncia penal que fue resuelta, en un principio, a favor del reclamo de los operarios. La justicia de la ciudad de Buenos Aires dictaminó el jueves 12 de noviembre que la toma de la fábrica por parte de los 82 trabajadores no comete “ningún delito ni contravención alguna ya que la medida de lucha forma parte de un reclamo sindical”. Baini asegura: “Nosotros estamos ante un problema gremial, estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo. Desde ya que no se trata de una usurpación privada”.
Ataliva Dinani, abogado de Facta-CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo) acompañó a los empleados durante las negociaciones y los defendió ante la denuncia penal. “La Fiscalía actuante entendió que los trabajadores no estaban delinquiendo, sino que Rodolfo Conti estaba violando las leyes laborales –expresa Dinani– Por eso, los compañeros de La Litoraleña se encuentran cada día más decididos a mantener la medida de lucha”.
Sin embargo, luego del fallo a favor de los trabajadores, las denuncias no cesaron en su contra y, a fines de noviembre, el fiscal Norberto Brotto ordenó poner una consigna policial para evitar que ingresaran al edificio. “Nuestra idea es producir a pesar de la consigna policial y, con el apoyo de otros trabajadores, cooperativas y de Facta, poder comprar la materia prima. Exigimos al fiscal Brotto que nos deje trabajar tranquilos”, sostiene Baini.
Sus objetivos están claros: la incorporación de los empleados despedidos y el cobro de los sueldos atrasados. Mientras tanto, defienden su fuente de trabajo. Esa es su consigna y así lo comunicaron el 30 de noviembre en una conferencia de prensa que se realizó en la puerta de la fábrica: “Ya presentamos la documentación para constituirnos como cooperativa y poder defender lo nuestro a partir de la producción autogestionada”, finalizó Baini.