Se cumplieron 8 meses del asesinato del adolescente Roberto Autero y el miércoles 7 de octubre, frente al Palacio de Tribunales, un grupo de personas lo recordó y exigió avances en la causa judicial que al día de hoy está paralizada.
“Robertito”, como le decían sus maestros y compañeros del Instituto Isauro Arancibia, tenía 16 años y vivía en la calle. Fue en marzo, cuando en el colegio se enteraron de la muerte del adolescente, y comenzaron la búsqueda de respuestas. A medida que empezaron a averiguar, se enteraron que un policía de la Metropolitana le había disparado un tiro en la nuca: la muerte había ocurrido el 7 de febrero, y el policía había sido Sebastián Torres. Ante la falta de acción por parte de la Justicia, los maestros y alumnos del Isauro Arancibia se pusieron al frente de la denuncia. En el camino fueron encontrando el apoyo de un gran número de legisladores, instituciones, y agrupaciones y movimientos sociales.
El miércoles al mediodía, los educadores del Isauro Arancibia, los alumnos, y todos los que adhirieron al pedido de justicia, se agruparon en Plaza Lavalle para hacer oír el reclamo: “Ni un pibe menos”, pintaban -a través de un stencil- en carteles y remeras.
En tribunales, concentraron docentes y compañeros de Roberto Autero, quien estudiaba en el centro Isauro Arancibia y fue asesinado por la policía metropolitana en febrero de este año.
El caso de Autero no es el único. La Coordinadora Independiente Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) publicó en 2014 un informe estadístico sobre los casos de gatillo fácil conocidos públicamente en todo el país y determinó que, a esa fecha, la Policía Metropolitana ya contaba con 14 asesinatos en la Ciudad de Buenos Aires. No es novedoso para los maestros del Isauro, ni para sus compañeros –la mayoría vive en la calle y enfrenta situaciones similares– que suelen pedir que se termine “con los bancos vacíos”. Sólo como muestra, a principio de este año, en el colegio contaban con dos jóvenes internados por heridas de balas policiales. Además, según el último Informe anual sobre Derechos Humanos, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “los jóvenes que pueblan los barrios pobres y las cárceles, quienes deberían ser los destinatarios privilegiados de un proyecto político-social que procura el crecimiento con inclusión, están sujetos a rutinas de abuso y violencia policial y penitenciaria, que afectan a las políticas inclusivas que se pretenden desarrollar”.
Tampoco resulta sorprendente que el sistema judicial “olvide” los casos de violencia institucional. Ante esa amnesia, la directora del Isauro Arancibia, Susana Reyes, remarcó en el acto frente a Tribunales que los maestros seguirán luchando por sus derechos y los de todos los chicos en situación de calle, porque ellos “para nada son invisibles”, y aseguró que “van a pedir justicia siempre”. Enseguida, Reyes agregó: “Justamente, lo que venimos a decir a esta jueza (Silvia Ramond) es que Robertito está ocupando un lugar en nuestra escuela y en nuestros corazones”.
Silvia Ramond es la jueza de Instrucción de la Ciudad de Buenos Aire encargada de llevar adelante la causa. A ella fueron a reclamar los manifestantes por la muerte de Roberto Autero de 10 años.
Silvia Ramond, jueza de Instrucción de la Ciudad de Buenos Aires, es la encargada de llevar adelante la causa. A ella fueron a reclamar los manifestantes, para que realice el llamado a indagatoria de Torres. En diálogo con ANCCOM, Reyes dijo: “La jueza no activa, no resuelve las cosas, no llamó a declarar al policía, no hizo nada de lo que tenían que hacer”.
Cuando sucedió el crimen, el policía había afirmado que Roberto estaba armado y quiso atacarlo, por lo que él le disparó de frente. Luego se confirmó que el arma de Roberto era de juguete, y la autopsia reveló que la bala había entrado por la nuca. Las coartadas de Torres no cierran, pero la justicia no avanza. O peor, aún la investigación está centrada sobre la víctima, ya que los maestros contaron que la carátula de la investigación se titulaba “Tentativa de robo”.
Durante el acto, varios legisladores enviaron su adhesión y se leyeron algunos mensajes. Alumnos de la escuela Arancibia escribieron y leyeron dedicatorias para Robertito, otros también pintaron “Justicia para Roberto” en sus remeras, y los maestros se sumaron al homenaje para recordarlo. Entre los presentes estuvieron miembros del gremio docente Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE), de ATE Capital (Asociación de Trabajadores del Estado), y algunos legisladores como Paula Penacca (Frente para la Victoria) y Pablo Ferreyra (Seamos Libres), que pronunciaron unas palabras. Ferreyra pidió a la jueza que “por favor llame a indagatoria a Torres, no hay más motivos para poner excusas”, y agregó: “Creemos que está todo a nuestro favor, porque hay algo que es irrefutable en este caso y es que el disparo entró por la nuca. Se fusiló a un pibe, y se lo fusiló por pobre”. Penacca, por su parte, aseguró que seguirá acompañando la lucha de la escuela. “También -completó- vamos a seguir de cerca los pasos que da la Justicia, porque muchas veces frena este tipo de causas, impide que avancen y es cómplice de estas políticas que lleva adelante el gobierno macrista”.
Alumnos de la escuela Arancibia escribieron y leyeron dedicatorias para Robertito, otros también pintaron “Justicia para Roberto” en sus remeras, y los maestros se sumaron al homenaje para recordarlo.
Las Instituciones que acompañaron enviaron sus mensajes de adhesión: De parte del Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo dijeron que “lo que necesitamos para que los pibes no delincan, para que los pibes sigan yendo a las escuelas, no es poner más policías en las calles, no es llevar ejércitos, sino dar más educación. Poner presupuesto en educación y salud, en donde no lo está poniendo el Gobierno de la Ciudad”. Y desde el Observatorio de Derechos Humanos apoyaron la lucha del colegio Arancibia: “Todos estamos involucrados en lo que le pasó a Roberto. Nos sentimos muy inseguros con esta Policía Metropolitana que no sabe ejercer el rol del Estado, que consiste en protegernos, acompañarnos, cuidarnos y, sobre todo, velar por el futuro de nuestros jóvenes. Queremos justicia por Roberto, pero fundamentalmente que estos hechos no se repitan”. Finalmente, Susana Reyes cerró el acto e invitó a todos a sumarse al pedido de los pibes: “Sacarse la gorra y ponerse la visera”.
Actualización 14/10/2015