El Tribunal Oral Federal Nº 2 lleva adelante el que quizá sea el juicio más importante en la vida institucional argentina, después del proceso que condenó a las Juntas Militares de la última dictadura. Están sentados en el banquillo de los acusados un ex presidente de la Nación, un ex juez federal, un ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dos ex fiscales de la Nación y un ex comisario General de la Policía Federal, entre otros imputados. Nunca antes, tantos y tan altos funcionarios públicos llegaron a esta instancia. Todos están acusados por desviar la investigación del atentado a la AMIA.
En 2004, el Tribunal Oral Nº 3, que debía juzgar a los supuestos colaboradores argentinos en el atentado –la denominada “conexión local”–, absolvió a todos los imputados, declaró nula la causa debido a las irregularidades que se hallaron, y denunció por encubrimiento a los responsables de aquella investigación. El pasado 6 de agosto se inició, en los Tribunales de Comodoro Py, el juicio por encubrimiento que se propone juzgar a todos los involucrados en la desviación de la investigación sobre el atentado de julio de 1994, cuando murieron 85 personas.
Entre los actuales imputados se encuentran el ex presidente Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano, el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Hugo Anzorreguy, el ex comisario a cargo de la Unidad Antiterrorista Jorge El Fino Palacios (primer jefe de la Policía Metropolitana), los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y el ex titular de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) Rubén Beraja. Otro de los acusados es Carlos Alberto Telleldín, propietario de la camioneta que explotó en la puerta de la AMIA e imputado por haber recibido dinero de parte de los funcionarios para acusar a un grupo de policías bonaerenses liderados por el ex comisario Juan José Ribelli.
ANCCOM entrevistó a Luciano Hazan, Subsecretario de Política Criminal y responsable de la unidad Especial AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que representa al Estado Nacional en la demanda contra los presuntos encubridores. Las otras cinco partes que componen las querellas son los policías absueltos en la investigación anterior, la AMIA y la DAIA y las agrupaciones de familiares de las víctimas Memoria Activa, APEMIA y 18J. “La responsabilidad del Estado de cumplir con sus obligaciones frente a las víctimas, frente a la sociedad argentina y frente a la comunidad internacional, es lo que lleva al gobierno, desde el Ministerio de Justicia, a actuar como querellantes en esta causa”, asegura Hazan.
Hace dos meses que comenzó el juicio, ¿cómo se está desarrollando?
El juicio está avanzando de acuerdo a lo esperado. Están declarando los imputados, estamos en esa etapa de indagatorias. Si bien ya conocíamos las versiones y las estrategias de la defensa de cada uno de los imputados, siempre en el juicio oral, se van encontrando detalles. También está la posibilidad de hacerles preguntas a los imputados, cuando lo permiten, y tratar de profundizar sobre cómo sucedieron los hechos. Por eso para mí, hasta ahora, una de las declaraciones indagatorias más fructíferas fue la de Telleldín, en donde también nosotros pudimos preguntar. El juicio está avanzando de manera lenta pero a paso firme. De manera lenta porque se está haciendo una sola audiencia semanal, y esto es un problema porque va a estirar mucho los plazos del proceso. Pero es la realidad que tenemos. El presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, también integra el Tribunal en el juicio por la Tragedia de Once. Por eso, a partir de fin de año, cuando termine ese proceso, vamos a poder tener dos audiencias por semana, y ahí va a tener un ritmo mucho más ágil. Pero es valioso que el juicio haya empezado, hace tiempo que veníamos peleando por eso. Están culminando las declaraciones indagatorias, después entraremos en la etapa de escuchar a los testigos.
Entre los actuales imputados se encuentran el ex presidente Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano, el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Hugo Anzorreguy, el ex comisario a cargo de la Unidad Antiterrorista Jorge El Fino Palacios (primer jefe de la Policía Metropolitana), entre otros.
¿Por qué era tan importante que no se demorara más el juicio en la etapa inicial?
Si este juicio fuera en el futuro, con la reforma del Código Procesal Penal de la Nación –que comenzará a regir en 2016– sería un juicio más ágil. Por ejemplo, ahora lo que se hizo, para no demorar más tiempo, fue leer una síntesis de la acusación –y no la totalidad que puede ser hasta de 500 páginas– y esto, afortunadamente, acortó mucho los tiempos. Pero de todas formas, aún de manera resumida, tuvimos dos audiencias de lectura de acusación. Tuvimos dos semanas simplemente para leer algo que todos conocíamos. Son parte de las deficiencias de nuestro Sistema de Justicia Penal, que estamos tratando de cambiar. Queríamos que se avance con las declaraciones de los imputados y con la prueba en sí misma. Ir al núcleo del juicio. Lo que todos queremos es empezar a escuchar a los testigos, que se empiece a dilucidar un poco más la verdad sobre lo ocurrido, y acercarnos más a las condenas que estamos buscando.
¿Este juicio va ayudar a encontrar la verdad?
Yo creo que apunta a que encontremos la verdad en relación sobre el encubrimiento, que es el objeto de este juicio. Estamos escuchando a los imputados, vamos a escuchar a los testigos, las versiones de unos y otros. La verdad es algo un poco ambiciosa, si se quiere, en términos estrictos. Los abogados decimos que siempre es la verdad judicial ya que la verdad tiende a ser siempre relativa. Lo que va a suceder es que los hechos se van a poner sobre la mesa y sobre eso se construye, sobre eso surge una verdad. En ese sentido, va haber una verdad judicial sobre el encubrimiento del atentado a la AMIA, eso está claro. Ahora, sobre la verdad del atentado, seguro que uno es menos ambicioso, aunque siempre tengo la expectativa de que alguna cosa se conozca. Porque si, a partir de esto, queda más en claro quién encubrió y por qué encubrió, por lo menos se pueden empezar a abrir líneas de investigación nuevas o profundizar algunas líneas existentes en relación con quienes pudieron haber cometido el atentado. Sobre todo en relación con la conexión local. Porque este es un juicio contra todas personas argentinas, que están acá entre nosotros. Y seguro que hubo partícipes del atentado en Argentina. Este juicio nos puede arrojar alguna pequeña luz sobre eso.Obviamente, no creo que se vaya a resolver la verdad sobre los autores del atentado a la AMIA. La verdad que lo que sucedió fue gravísimo, en términos institucionales. Son delitos muy graves y es importante que las personas que cometieron estos delitos sean sancionadas. Que se sepa quiénes fueron, por qué lo hicieron, y de esta manera uno avanza también en términos de fortalecer las instituciones y tratar de evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir.
¿Cuáles cree que pueden ser los imputados o testigos que aporten más información?
Hay que esperar. Todos los testigos que van a estar en el juicio son importantes. Va a estar Cristina Kirchner como testigo, que es una persona que conoció y estudio mucho el caso. Van a estar los familiares, que son quienes sufrieron en carne propia la mentira de quienes hoy están sentados en el banquillo de los acusados. Van a estar los policías que estuvieron en prisión debido a esta maniobra, cuando se comprobó que no tenían relación con los hechos. Aunque algunos de los imputados ahora están diciendo que sí tenían. Eso habrá que verlo en el juicio, que sirve justamente para poder evaluar los hechos y las pruebas. Después tenemos a testigos importantes, como Claudio Lifschitz, que fue una persona que trabajó adentro del juzgado y, desde adentro, contó las irregularidades. Sus denuncias fueron las que dieron el inicio a esta causa, que se inició en el año 2000, después de que empezará a contar lo que vio como prosecretario del juzgado.
También está citado como testigo (el ex agente de inteligencia Jaime) Stiusso. Aunque todos sabemos que no está en el país, la expectativa de que declare la seguimos teniendo. Pero obviamente tiene que estar acá o lo tienen que traer para hablar, si es que no viene por su propia voluntad. Su testimonio tiene potencialidad de ser importante porque fue una de las personas que protagonizó la investigación. La verdad es que de todos los testigos esperamos aportes importantes.
¿Cuál es el rol que cumple el Estado como parte de la querella en esta causa?
Lo que busca es cumplir con una obligación asumida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una petición que hicieron los familiares agrupados en Memoria Activa. Las víctimas denunciaron al Estado por incumplir sus deberes de prevención y, además, por el encubrimiento del atentado y la privación de justicia. Néstor Kirchner, en el año 2005, ante la CIDH y las víctimas, admitió la responsabilidad del Estado por todas estas irregularidades. Que en realidad a mí me gusta llamarlos delitos, que es lo que son, cometidos por parte de funcionarios estatales. Kirchner se comprometió a una serie de medidas. Una de ellas fue cumplir con una agenda de trabajo que tenía varios aspectos: uno era impulsar la causa del encubrimiento, otro era fortalecer la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y la Unidad Fiscal de Investigación, para lo que se creó la Fiscalía que después quedo a cargo de (el fallecido Alberto) Nisman. Otra cuestión era reformar el Servicio de Inteligencia del Estado. Para cumplir con los objetivos hay un decreto del año 2006, donde el entonces presidente le asignó al Ministerio de Justicia –y en particular a la Subsecretaria de Política Criminal– que asuma la querella en este caso. La responsabilidad del Estado de cumplir con sus obligaciones frente a las víctimas, frente a la sociedad argentina y frente a la comunidad internacional, es lo que lleva al gobierno a actuar como querellantes en esta causa.
De alguna forma ese es el rol que nosotros ocupamos, en paralelo a los fiscales, y a las querellas de otras personas, víctimas del atentado, que se han presentado y cumplen un rol similar, coordinado con el nuestro.
¿El cambio de gobierno puede modificar el impulso que tomó la causa?
Yo pienso que va a ganar el partido que hoy está en el gobierno y, en ese sentido, tengo la expectativa de que el impulso va a seguir siendo el mismo. Si gana otro partido, tengo mis dudas de que este juicio permanezca. Pero es una especulación mía, basada en los mensajes que los dirigentes de otros partidos han dado. Creo que este gobierno ha dado muchas señales de su interés en que este juicio avance, de que empiece y que termine bien. Y la verdad es que no he visto mensajes de los otros candidatos o de las otras agrupaciones políticas que compiten en la elección. Hoy se puede mencionar el hecho de que la Presidenta haya hablado en las Naciones Unidas específicamente de este juicio, también en la última Asamblea Legislativa, y en las anteriores, que también habló sobre la importancia de que este proceso se lleve a cabo.
¿Esas menciones tuvieron repercusiones en el juicio?
No, la verdad que no. El juicio sigue con toda normalidad, está funcionando bien. Yo creo que le hace bien la posición política de la Presidenta. Me pareció que fue un respaldo a todos los actores que están empujando este juicio oral. Después que la Presidenta haya mencionado el juicio en la Asamblea de las Naciones Unidas como algo importante que se está haciendo en Argentina hubo una audiencia y el juicio siguió con la misma normalidad; pero claramente fortalece el proceso. Y también es un mensaje de que esto va a seguir así.
Tal vez eso también funciona para darle más difusión…
Si hay algo que deseo para que este juicio ande bien es que sea lo más público posible. Por eso siempre invitamos a los medios de comunicación a que lo cubran. Desde la agencia de noticias del Ministerio de Justicia, Infojus, armamos un diario del juicio para informar sobre lo que va pasando.
Queremos que venga la gente a las audiencias. A mí me gustaría, inclusive, si un canal de televisión quisiera filmar a algún testigo; sería algo muy saludable que la gente pueda observar lo que está pasando. Porque los juicios son públicos para generar transparencia. Y como toda la gente no puede presenciar las audiencias, los medios de comunicación deben garantizar la publicidad. Es importante escuchar a los testigos, ver cómo trabajan los abogados. Incluso, por las actitudes que van teniendo unos y otros, se puede ir formando una idea de cuál es la realidad.
Recién comentó que la causa empezó en el 2000, ¿por qué se demoró tanto el inicio del juicio oral?
Por muchos factores. En términos políticos, había mucha gente que no quería que este juicio se haga. Es un juicio claramente molesto ya que va en contra del sistema judicial. Están sentados en el banquillo actores clave del sistema de justicia penal federal de Argentina: un ex juez federal (Juan José Galeano), dos ex fiscales federales (Eamon Mullen y José Barbaccia), el ex jefe de la SIDE (Hugo Anzorreguy), que históricamente ha tenido una interferencia notable sobre el funcionamiento de la justicia federal. Hay policías federales con roles absolutamente destacados en la justicia federal, como (Jorge) Palacios, que era un investigador privilegiado para los jueces federales durante el menemismo. Todavía, en la etapa de instrucción, hay secretarios judiciales que están siendo investigados y que pueden ir a juicio en un futuro. Acá no solamente está bajo la lupa el encubrimiento del caso AMIA, sino que está bajo la lupa el funcionamiento de la justicia penal federal. Entonces, si quien tiene que hacer la investigación es la institución investigada, aparecen obstáculos. Eso es una explicación política, pero después hay factores estructurales: nuestro sistema de justicia penal es pésimo, por eso lo hemos cambiado y ahora estamos peleando para que se implemente la reforma. Entre las cosas que critica la reforma están las posibilidades de innumerable cantidad de recursos, muchos mecanismos para la dilación y un sistema escrito y muy formalista. Todas cosas que no deberían suceder cuando se implemente la reforma. Después hay otros factores en términos personales, que tienen que ver con el primer factor político: hubo muchos jueces que tenían que intervenir en el caso y que se negaron a intervenir, o fueron recusados o se excusaron, por haber tenido vínculos con algunas de las partes.
«Queremos que venga la gente a las audiencias. A mí me gustaría, inclusive, si un canal de televisión quisiera filmar a algún testigo; sería algo muy saludable que la gente pueda observar lo que está pasando. Porque los juicios son públicos para generar transparencia», relata Hazan.
¿Este juicio puede ser reparador para los familiares de las víctimas?
Es totalmente reparador. Si efectivamente hay una sentencia condenatoria para quienes cometieron estos delitos, será claramente de reparación para las víctimas. Y en este caso en particular, teniendo contacto con las víctimas, uno advierte la importancia que le dan. De hecho, las víctimas han dicho de manera pública que tienen gran expectativa en este juicio, sobre todo aquellas que están agrupadas en Memoria Activa, en Apemia, en 18J, que presencian todas las audiencias. Ellas lo están impulsando y por eso se han presentado como querellantes. El juicio tiene un gran valor simbólico y un efecto reparador en términos de las violaciones a los derechos que han sufrido. Es importante que toda la sociedad entienda qué pasó. Porque durante mucho tiempo, incluso todavía ahora, hay mucha gente que cree que lo que sucedió fue la historia oficial que nos contaron en un inicio y, en realidad, ese relato se cayó en el primer juicio porque era todo una mentira. Todavía hay disputas comunicativas en este sentido. De hecho, nos han querido confundir cuando, a principio de este año, se quiso hacer pensar a la gente que había otro encubrimiento y, por eso, se acusó a la Presidenta y al canciller de un encubrimiento ficticio. En términos comunicacionales, se quiso empezar hablar de otro supuesto encubrimiento justo cuando este juicio estaba a punto de empezar. También ahora muchos medios le quieren cambiar el nombre de “juicio por el encubrimiento de la investigación del atentado a la Amia”, por el “Juicio Amia II”.
¿Cómo es el trabajo entre las distintas querellas?
Más allá de alguna diferencia que se puede notar, las querellas en este juicio tenemos muy buen diálogo y coordinación con todos. Inclusive hay algún nivel de coordinación con las querellas de los policías. Hay diferencias, obviamente; por eso hay distintas agrupaciones y no están todas las querellas unificadas. Pero lo que ha quedado claro, por lo menos hasta ahora, es que todas apuntan al mismo lado. Salvo en el caso de las querellas de AMIA y DAIA, que decidieron no acusar a algunos de los imputados. Y las querellas de los policías, ellos tampoco están acusando a otro grupo de los imputados, que son (Carlos) Telleldín y (su esposa Ana) Boragni. Puede haber matices pero hay un trabajo coordinado y hacia el mismo lado.
¿Cuáles van a ser las audiencias más relevantes a futuro?
Hasta ahora todas las audiencias fueron importantes, puede ser que haya alguna variación más adelante. Se espera que declare Anzorreguy, estamos a la espera de los estudios para ver si está en condiciones de salud para hacerlo. Después van a declarar los policías que fueron falsamente imputados, que fueron los que estuvieron contando palitos contra los barrotes durante muchos años y tienen mucho para decir. Ellos vieron de primera mano la investigación y las irregularidades, esas van a ser declaraciones testimoniales absolutamente ricas e importantes. Después van a venir las declaraciones de los familiares de las víctimas del atentado, que también vivieron las mentiras y eran excluidos de la investigación.