Una vivienda digna es un derecho constitucional básico para el desarrollo de cualquier familia. Sin embargo, no todos pueden acceder a ella en condiciones de igualdad. Un estudio realizado en febrero de 2015 por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), informa que una quinta parte de los habitantes de la ciudad, necesita de una vivienda.
El panorama es grave. Mientras el oficialismo macrista anuncia que tan solo 800 personas se encuentran en situación de calle, una docena de organizaciones sociales y defensoras de los Derechos Humanos, contabilizan más de 18 mil. A esas cifras, se le suman 170 mil hogares distribuidos en pensiones, locales y viviendas móviles precarias en donde se da, además, el hacinamiento, llegando a convivir hasta tres familias en una misma habitación. ¿Qué origina esta problemática? Según el censo realizado por el INDEC en 2010, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viven 2.891.082 personas, cifra no muy alejada de la cantidad calculada en 2001. Es decir que la escasez no se relaciona con un crecimiento desmedido de la población. Incluso, en la actualidad, el 24% de las viviendas -una de cada cuatro- están desocupadas: “La causa del problema es simple: el desarrollo de la construcción en la ciudad está pensado exclusivamente desde un punto de vista empresarial/especulativo y no desde la perspectiva de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sectores populares”, comenta Myriam Bregman legisladora por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. “Para los grandes especuladores inmobiliarios (su gran mayoría amigos o socios directos del gobierno) invertir en la construcción es sólo una forma de valorizar su capital. Por eso, los grandes emprendimientos como el propio Puerto Madero no están hechos para que la gente viva en condiciones dignas”, explica.
El informe del CESO también contempla a los sectores de elevado ingreso como otros de los factores determinantes, al concentrar gran parte de las propiedades que actualmente se encuentran in-habitadas con fines ociosos: “Existe un alto porcentaje de inmuebles que no son adquiridos por sus propietarios para habitarlos o ponerlos en alquiler, sino tan sólo para mantenerlos deshabitados como un instrumento de conservación de sus ahorros. La utilización de la propiedad como un instrumento de ahorro, provoca un comportamiento disfuncional del mercado de viviendas en cuanto a solución del problema habitacional de los porteños”, detalla.
Los barrios que cuentan con mayor cantidad de viviendas vacías son Puerto Madero, San Telmo, Retiro, Palermo y Recoleta. Al ser zonas de gran valorización inmobiliaria, sus precios altísimos traen aparejados no sólo la imposibilidad de los sectores trabajadores a acceder como propietarios -necesitando 61 sueldos para adquirir 42 metros cuadrados- sino también grandes dificultades para alquilar, valor que insume más de un 30% del salario de uno de cada tres trabajadores: “Mientras no cambie esta perspectiva capitalista de la vivienda, cada vez tendremos una ciudad que expulsa a sus habitantes más jóvenes, en especial a los trabajadores de menos recursos, donde cada vez más gente tenga que alquilar y cada vez tenga que gastar más parte de su salario en un lugar donde dormir y donde se siga dando la escandalosa situación en la que cada vez más personas se vean obligadas a vivir en villas”, señala Bregman.
Esta tendencia especulativa -según se detalla en la investigación- es penalizadas en otros estados. Por ejemplo, en Venezuela los terrenos abandonados u ociosos ya sean públicos o privados pueden ser expropiados para la construcción de viviendas sociales. Algo similar se aplica en Cataluña, en donde el estado puede asignar propiedades vacías temporalmente a terceros para su alquiler. Por otro lado, Francia multa -vía impuestos que aumentan año tras año- a quienes posean viviendas deshabitadas en zonas en donde las demandas habitacionales no estén satisfechas. Su recaudación se utiliza para el mejoramiento de otras viviendas.
En la ciudad autónoma de Buenos Aires, de regular el mercado inmobiliario no se habla. Es más, cotidianamente la ley 23.091 de alquileres es vulnerada en perjuicio de los inquilinos.
La falta de interés político se plasma en los gastos del gobierno por sector. Mientras los fondos destinados por el macrismo para “Publicidad y Propaganda” aumentaron en un 102% en el presupuesto 2015, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) sufrió un recorte, detentando solo el 1,3% del total presupuestario. En connivencia, la problemática tampoco figura en el Plan de Acción de Gobierno 2015-2017, el cual prioriza medidas relacionadas al medio ambiente y a la refacción del espacio público. Señala Myriam Bregman: “En el macrismo no hay una política de vivienda, sino que se ha impulsado un boom inmobiliario ligado a la especulación para que unos pocos empresarios se llenen de dinero. El problema de fondo es el intento de aumentar el valor de la tierra para expulsar de la ciudad a los trabajadores y los sectores populares que no puedan pagarlo, lo que es conocido como “gentrificación”. Hoy no sólo es posible regular el mercado inmobiliario sino que es una necesidad urgente”, sentencia. Y propone: “La prohibición inmediata de todos los desalojos y la urbanización de todas las villas y asentamientos bajo control de sus habitantes. Es necesario establecer impuestos extraordinarios y progresivos a los propietarios de viviendas ociosas y exigiendo la inmediata puesta en alquiler de los inmuebles o venta para ocupación comprobable. Todo inmueble que haya permanecido ocioso por el plazo de un año, producto de la especulación de empresas y sociedades de inversión, debe declararse de utilidad pública y deberá determinarse de dónde provienen los fondos de las construcciones, quiénes son los compradores, qué destino tienen estas construcciones. Y finalmente, para todos aquellos que necesiten acceder a la vivienda única, propone otorgar créditos a una tasa del 0% del Banco Ciudad, cuya cuota no exceda el 20% del salario mínimo y sin más requisitos que el de establecer el déficit habitacional familiar”, cierra.
Por su parte, el CESO también brega por su regulación, estableciendo en sus conclusiones finales la necesidad de un “condicionamiento de los permisos de edificación para la construcción de torres, a la posterior disponibilidad de un porcentaje de los metros cuadrados construidos para su oferta como vivienda social -sea mediante un alquiler o para su posible adquisición, a un costo menor que el del mercado, regulación de orden local que puede volver compatibles los desarrollos inmobiliarios con la inclusión habitacional de los ciudadanos de menores recursos de la ciudad”. A modo de complemento, sugieren multas y un incremento del ABL a baldíos, edificios y casas abandonadas que no declaren ocupación, siempre en vistas de acompañar las políticas crediticias y la edificación de viviendas sociales en curso.