Oct 13, 2016 | inicio
“En nuestros barrios hay zonas liberadas de políticas estatales, zonas liberadas de medios masivos de comunicación. Esto se padece hace mucho tiempo y genera que las fuerzas de seguridad puedan hacer lo que quieran pensando que no van a tener ningún costo”. La organización La Garganta Poderosa formula el diagnóstico en la voz de unos de sus integrantes. El colectivo sufrió en carne propia esas ausencias: primero con la represión y torturas a dos adolescentes y luego con las amenazas de efectivos de la Prefectura por haber difundido el caso en una señal televisiva de noticias.
El reflejo de defensa se tradujo también en un acto masivo en la esquina de Osvaldo Cruz e Iguazú. “Vinieron casi todos y eso es imprescindible para que la frase `Ni un pibe menos´ no sea un frase hecha, sino que realmente se pueda hacer realidad”, afirma La Garganta Poderosa en diálogo con ANCCOM. Y advierte: “Sabemos que varios medios masivos desinforman más de lo que informan”. El portavoz de las declaraciones resguarda su nombre. Cumple con el protocolo de la organización y habla por todos sus miembros.
Ignacio Levy, referente de La Poderosa.
Los hechos
Los jóvenes Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya de 18 y 15 años, respectivamente, fueron reprimidos y torturados por la Prefectura a orillas del Riachuelo. Días más tarde, el mayor de ellos dio su testimonio en el canal C5N. De vuelta en el barrio, vio a un uniformado amenazando a un adolescente. “Van a cobrar todos por habernos escrachado en los medios», vociferaba el prefecto. Iván volvió a correr y gritar por su vida.
Hoy, Iván e Ezequiel están bien. Después de un extenso silencio del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, los prefectos involucrados en el caso fueron separados de sus cargos. Hoy los investiga la Justicia.
Sin embargo, las familias del barrio 21-24 siguen con miedo. “Los que cuidan el barrio son los mismos que los torturaron hace unas semanas”, advierte La Garganta.
Iván con Nora Cortiñas.
Miedo y control
Las villas sufren la estigmatización de ser consideradas nichos donde se concentran los grandes males de la sociedad. El miedo y los medios masivos de comunicación son piezas clave para construir esa secuencia. En La Poderosa advierten que existe “una cierta luz verde por parte del poder policial para realizar este tipo de atropellos”. La represión policial no empezó el 10 de diciembre con el inicio de la gestión de Cambiemos, aunque los casos de violencia institucional se multiplicaron en los últimos meses. “Desde la vuelta a la democracia, son escalofriantes las cifras de las torturas, los casos de gatillo fácil, las desapariciones y las muertes”, advierte la organización.
Por una necesidad del barrio, La Garganta Poderosa creó “un dispositivo cooperativo que es el control popular a las fuerzas de seguridad”. Y argumenta:“Ningún gobierno supo, quiso o pudo controlar a sus fuerzas. Mientras exigimos que el Estado lo haga, buscamos una alternativa para salvar la vida de todos los pibes y los vecinos”.
El colectivo recuerda la implementación -durante la gestión en Seguridad de Nilda Garré- del denominado Cordón Sur en las villas de Buenos Aires y el enroque de la Policía Federal por la Prefectura y la Gendarmería. “El primer mes los vecinos estaban contentos porque se iban los vicios de una fuerza retrógrada que tenía un montón de negociados en los barrios y llegaban dos fuerzas nuevas. Después de unas semanas, tomaron los mismos vicios”, agregan desde La Poderosa.
La organización reivindica el apoyo público de diferentes sectores y personalidades a las denuncias. Las advertencias del Indio Solari tuvieron especial repercusión. “Fue muy importante porque él sabe que su voz mueve. No habla mucho, pero cuando lo hace genera una masividad en su mensaje. Nos llamó el día anterior a la conferencia y nos dijo: ´Si mañana no va toda la gente que ustedes esperan digan que es una vergüenza´. Él no habla mucho porque sabe cómo juegan muchos medios de comunicación, pero cuando habla, grita”, explica el colectivo.
Acto en repudio a las prácticas abusivas que sufrieron Ezequiel e Iván por parte de las fuerzas de seguridad.
La represión los volvió a golpear en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario…
Por decisión del frente de género de La Poderosa las compañeras no iban a llegar a la Catedral. De hecho, unas cuadras antes doblaron para resguardarse por si llegaba a suceder algo como lo que sucedió en Mar del Plata el año pasado. Y sí, una de las balas de goma que iba dirigida a los fotógrafos impactó en la frente de Johanna Coronel, una de las comunicadoras de La Garganta del barrio El Carrillo en Villa Soldati.
Actualizado 13/10/2016
Sep 14, 2016 | inicio
“Así obtenía la policía la confesión de ‘Josele’”, titulaba el videograph de Corrientes TV, uno de los principales medios de comunicación de la provincia mesopotámica. La imagen: el joven José Altamirano –22 años- con el ojo en compota, esposado a una silla de madera, siendo interrogado por un policía que lo filmaba con su celular.
¿Y a qué hora fue eso? –le pregunta el oficial.
Más o menos a eso de las ocho, diez, creo que era –responde el joven.
No, no. A qué hora le mataste al pendejo, boludo, no era a esa hora.
Más temprano era, a eso de las seis o siete de la tarde, por ahí.
Esta mañana fue que hiciste eso, boludo –lo corrige el interrogador.
Ese video circuló por distintos canales de televisión de la provincia e Internet, pocos días después de que se diera a conocer el hecho: la muerte de Maximiliano Aquino, un estudiante de Agronomía del barrio de San Roque de clase media, quien fue asesinado de quince puñaladas a la salida de una peña universitaria a las seis de la mañana del 1° de agosto de 2015. En la copia colgada en Internet por el diario Norte de Corrientes, el título es más provocativo aún: “Confesión del asesino de Maxi”. En la causa judicial que lleva el caso, el audiovisual no es tomado en cuenta como elemento de prueba, pero resultó suficiente para convencer a la opinión pública local de la culpabilidad del joven oriundo de Seminario, un barrio de viviendas precarias de la ciudad de Corrientes.
Aquino -21 años- caminaba por el barrio Aldana a las seis de la mañana junto con Melisa Arrúa, una compañera de Facultad, cuando fue interceptado por una moto en la que viajaban dos personas encapuchadas. Quien iba en el lugar de acompañante descendió del vehículo y comenzó un forcejeo con el joven estudiante que aún hoy resulta poco claro. Posteriormente, la misma persona hirió con arma blanca reiteradas veces a Maximiliano Aquino, que cayó sobre el piso ensangrentado y murió en el Hospital Escuela media hora después. Lo que se puede ver en los registros de las cámaras de filmación de seguridad del lugar del hecho no echan más luz sobre lo ocurrido.
Si bien los medios informan que el móvil del asesinato fue el robo de un celular y la calificación legal que se imputa a Altamirano es “robo en grado de tentativa en concurso real con homicidio criminis causa”–con Josele como único imputado-, en sus declaraciones la estudiante que acompañaba a la víctima, afirma que ni ella ni su compañero Maximiliano caminaba con el celular en la mano, también manifiesta que no existió ningún pedido ni frase amenazante propias de una situación de robo en el momento del hecho. La sentencia del juicio que busca cargar el asesinato a Josele –como lo llaman sus familiares- está programada para el próximo 21 de septiembre, y todo indica que el joven será condenado a cadena perpetua en una causa plagada de irregularidades.
En Corrientes, la policía está facultada para realizar tareas de investigación, y así lo hicieron en este caso. A las once de la mañana de ese mismo día, cinco efectivos policiales se presentaron en la casa de Analía Altamirano y Alejandrino Sáenz –madre y padrastro de José- y sin autorización judicial realizaron una inspección de la vivienda.
¿Esta es la casa de José Altamirano? –preguntaron.
Sí, yo soy el padrastro de Josele, esta es mi casa y él vive acá. ¿Para qué lo buscan? –respondió Sáenz, recién llegado de la iglesia.
Estamos buscando una tele que robó. Anduvo robando teles anoche. ¿Podemos pasar a ver?
Para cuando pidieron la autorización para entrar, ya habían atravesado el portón. Alejandrino les mostró los televisores viejos que tienen en su casa. “Un plasma es lo que buscamos”, insistían los oficiales. Entraron a la habitación de Josele y a la de su madre y padrastro. “Anda haciendo macanas tu hijo”, comentaban mientras revisaban.
¿Quién les dijo que Josele se robó una tele? –inquirió el padrastro.
No le contestaron. Unos oficiales salieron de la habitación del hijo, que en ese momento se encontraba trabajando. “Ya tengo el paquete”, expresó uno frente a Alejandrino, quien no entendió lo que quiso decir. Salieron y se fueron. Todo esto es parte de la declaración de Sáenz en el marco de la causa. Recién a las seis de la tarde la Brigada volvió a visitar el hogar de Josele, esta vez con una orden de allanamiento aprobada por el juzgado. Se llevaron algunas pertenencias del acusado, a las que les tomaron fotografías. También fue secuestrada la moto de su padrastro, una de las herramientas de trabajo de la familia. No fue posible demostrar que ese hubiera sido el vehículo en el que se trasladaban el asesino y el conductor en la mañana del crimen. Ni siquiera se sabe con certeza cuál era el color o el modelo de la motocicleta, un medio de transporte muy utilizado en la ciudad. “Las brigadas hacen lo que quieren acá, porque entran siempre sin orden. Yo ya sabía que si no los dejaba pasar la primera vez, me llevaban preso a mí, entonces les dejé entrar, no tenía nada que ocultar”, aclaró el padrastro de José en conversación telefónica con ANCCOM.
Ilustración: Duro // Coloreado digital: Daniela Yechúa
A las tres de la mañana, los efectivos volvieron a visitar a la familia de Josele. “Estamos buscando cuchillos”, afirmaron, pero no se llevaron nada. “Yo sé que no está bien que se realicen allanamientos así, pero bueno, la verdad es que acá nosotros le tenemos más miedo a la policía que a los delincuentes. En todo este tiempo hemos recibido amenazas anónimas, nos dicen que nos van a prender fuego la casa”, explicó Alejandrino.
En las horas posteriores al crimen, Josele se encontraba desenrollando el mallón en su canoa a la orilla del Río Paraná junto con tres compañeros de trabajo. Un viejo pescador que andaba por ahí lo llamó: “¡Eh, Josele!”. Inmediatamente efectivos que se encontraban a metros de él realizando tareas investigativas, lo identificaron y lo detuvieron: “El jefe de la Brigada quiere hablar con vos”, y allí lo trasladaron. “Para que una persona pueda ser detenida, debe haber indicios vehementes de culpabilidad o elementos que generen una sospecha razonable que cometiste o estás por cometer un delito, y acá solo hubo una denuncia anónima porque fue acusado a través de una denuncia de vecinos de Cichero, un barrio cercano a Seminario, quienes no quisieron revelar su identidad: así consta en el expediente. Esta es la primera irregularidad de la causa”, explican las abogadas Gabriela Granada, integrante del Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLeC) y Teresa Rossetto, del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP).
La defensa de Altamirano siempre fue alterna e irregular. El caso pasó por un Defensor Público y por varios defensores particulares, que por diversos motivos, algunos poco precisos, dejaron el caso. Mientras tanto, la instrucción de la causa seguía avanzando. Ante la sensación de desamparo, la familia de Josele vendió sus muebles y su canoa de trabajo para viajar a Buenos Aires y contactarse con agrupaciones de derechos humanos a fin de pedir su intervención en la causa. Finalmente su mamá, Analía Altamirano, y su padrastro, Alejandrino Saez, se contactaron con el OPPLeC y el MPP que comenzaron a trabajar en el caso.
“Originalmente nos contactaron para que colaborásemos en relación a la situación de torturas que está viviendo Josele desde que fuera detenido el 1º de agosto. Luego terminamos encontrando un montón de irregularidades en la causa y decidimos tomar intervención de alguna manera para ver qué podíamos aportar en relación a lo técnico-jurídico, y no solo por los apremios a los que fue sometido el acusado para armar la causa”, explica la abogada Verónica Gostissa. Ella junto con Gabriela Granada del OPPLeC viajaron a Corrientes este año para conversar personalmente con el imputado en la Unidad Penal Nº 6 de Corrientes. Conocieron a su familia y al barrio en el que vive, se reunieron con integrantes de organismos de derechos humanos locales y asistieron a la primera audiencia del juicio oral que comenzó el 24 de agosto de este año.
En la madrugada del día siguiente, Analía y Alejandrino vieron por primera vez el video que circuló en las redes. Intentaron denunciar el hecho en Corrientes, pero nadie les quiso tomar su descargo. Finalmente viajaron a Resistencia (Chaco), donde fueron mejor recibidos. “Nadie se arrimó a nosotros cuando denunciamos la tortura de nuestro hijo, ni siquiera los medios. Mi hijo no podía caminar en ese momento”, recordó Alejandrino en conversación con ANCCOM y pasó el teléfono a su señora. Él ya no podía seguir hablando.
“Corrientes tiene la particularidad de que la Defensoría Oficial no es independiente, sino que obedece a una misma persona junto con la Fiscalía. Esta situación contradice el programa constitucional y el principio de igualdad de armas. En la provincia de Corrientes, un mismo procurador es la autoridad máxima de los fiscales y los defensores. El mismo órgano que controla a los funcionarios que ejercen la persecución penal estatal controla a los encargados de defender a los imputados de esa persecución”, explica la abogada Granada del OPPLeC. “Se excusan en que la provincia aún no cuenta con los recursos suficientes para implementar la reforma constitucional del año 2007 que consagra la existencia de un Ministerio Público de la Defensa autónomo y autárquico”, agrega la abogada Nadia Rivas. En este contexto de disparidad, principalmente en la primera parte de la instrucción en que el imputado fue asistido por defensor oficial, se llevó adelante la causa que investiga a José Altamirano por el asesinato de Aquino.
En el momento de la detención, el defensor oficial no realizó ninguna objeción a la forma en que fue aprehendido Josele. Posteriormente, en instancia de apertura del debate, la defensa de Altamirano planteó la nulidad absoluta de la detención por haberse efectuado de forma irregular, a partir de denuncias anónimas realizadas por testigos imposibles de interrogar ya que no revelaron su identidad. El Tribunal decidió no hacer lugar al planteo de la defensa. Los vecinos anónimos que señalaron a Altamirano aquél 1º de agosto también indicaron que existía otro joven del barrio que podría ser autor del crimen -Ariel Molina-, quien también fue detenido en ese momento y resultó liberado casi inmediatamente, pero al igual que José, fue objeto de torturas en manos de la Brigada. Sus declaraciones, que describen los tormentos a los que fue sometido, también forman parte de la causa.
Filas de policías recibieron a Josele en medio de aplausos y festejos, aquel mediodía de agosto. Más de una vez lo sacaron de su celda para colgarlo de un brazo en el medio del patio general del cuartel y lo azotaron en la planta de los pies y el resto del cuerpo. “Hacete cargo de lo del pibe”, le gritaron entre golpe y golpe. Luego sumergieron su rostro en un fuentón con agua. Lo dejaron descansar diez minutos y lo llevaron a hablar con el comisario. Ante la negativa a confesar por un crimen que no cometió, le mostraron la cabeza suelta de un muñeco y lo amenazaron: “Así vamos a hacer con tu familia”. Acto seguido lo llevaron a un cuarto solo, lo obligaron a desnudarse y un policía lo sometió a abusos sexuales. José relató con pudor estos hechos a su defensor y a las abogadas Rosetto y Gostissa. Constituye parte de sus declaraciones indagatorias en la causa en su contra. Finalmente, los oficiales le pidieron al imputado que se vistiera y filmaron el video que circuló en los medios y las redes sociales.
Existen diversas declaraciones testimoniales y conversaciones telefónicas que surgen de las intervenciones judiciales incorporadas a la causa, que vinculan a otros individuos con el homicidio de Aquino. Sin embargo, estas vías de investigación que surgieron durante el proceso fueron ignoradas tanto por la fiscalía como por el juez de Instrucción y el Tribunal Oral.
El lunes 3 de agosto, el detenido fue trasladado a la Comisaría Cuarta de Corrientes donde conoció a su defensor oficial, quien no reparó en sus lesiones y le indicó que debía negarse a declarar. Mientras tanto, familiares, amigos y compañeros de Maxi Aquino recorrieron las calles de la ciudad en una marcha del silencio.
El Código Procesal Penal de Corrientes establece bajo pena de nulidad absoluta que ante pericias de laboratorio -como la que se llevó a cabo sobre las manchas de sangre del pantalón secuestrado-, se tiene que notificar a todas las partes: fiscal, querella y defensa. Esto no se cumplió cuando se llevó a cabo la pericia de tipo y especie de sangre en el laboratorio de Corrientes. De esta manera, la defensa no tuvo oportunidad de controlar la única prueba pericial que lo imputa. “Es muy cuestionable que la única mancha en el jean que sirve como prueba, no se pueda ver en la fotografía que se tomó en el momento del secuestro”, afirma la abogada Gostissa.
Luego, trascendió que una de las manchas de sangre que había en el pantalón de jean que fue secuestrado por la policía en el allanamiento en la casa de Josele era de tipo humano -a diferencia del resto, que era de tipo animal-, y era compatible con el perfil genético de Aquino. Inmediatamente, los medios contactaron a los familiares del joven asesinado, quienes dijeron que con el resultado de la pericia podían estar seguros de quién fue el autor del crimen. Sin embargo, hasta el momento no se había trazado el perfil genético del imputado para poder comparar con el pantalón de jean. Es decir, no se podría afirmar de manera indubitada que ese pantalón hubiera sido utilizado por el imputado el día del hecho.
Además, la mancha que luego fue analizada genéticamente, no había sido fotografiada al momento del secuestro de la prenda. Es decir, se tomó fotografía únicamente del plano interno pero no de su parte externa sobre la que se efectúo el recorte para analizar. En este procedimiento pericial tampoco existió el documento de cadena de custodia en el que deben constan los detalles de quién registra las evidencias, en qué circunstancias fueron recolectadas, quién las manipula, dónde se guardan, cómo se etiquetan, quién las traslada y en qué lugar se depositan hasta ser remitidas al laboratorio pericial con el fin de garantizar que no existe ningún tipo de manipulación de las muestras.
La protesta del perejil
La primera audiencia del juicio oral tuvo lugar en una pequeña sala del Tribunal Oral Penal N°2, ocupada casi en su totalidad por familiares de Aquino, quienes llegaron antes que los de Altamirano. Frente a los jueces y ante la enorme cruz católica que cuelga de la pared del lugar, el acusado declaró que en el momento del crimen se encontraba en su casa durmiendo. Se despertó, se cambió, vio a su familia y a un vecino desayunando en la mesa, los saludó y salió a trabajar. Un clima tenso se generó en la sala en tanto describió las torturas a las que fue sometido en el cuartel de la Brigada, que la familia del joven asesinado seguramente desconocía. Se declaró inocente, mientras los fotoperiodistas en la sala le apuntaban con sus cámaras. El vecino que vio a Josele el día del hecho antes de ir a trabajar y que estaba desde muy temprano de la mañana del 1º de agosto de 2015 en la casa de la familia Altamirano, estaba propuesto en la causa como testigo sujeto a la necesidad del Tribunal de oír su declaración. Sin embargo, en la pasada audiencia del 7 de septiembre, los magistrados entendieron al testimonio de este vecino como inncesario.
En la segunda audiencia, la familia de Josele protestó frente al juzgado sosteniendo plantas de perejil, en alusión a que el joven es sólo un chivo expiatorio que carga con un hecho que no cometió. El caso cuenta con más irregularidades: en el lugar del hecho se hicieron las pericias necesarias en las que se levantaron pelos que se metieron en un frasco y muestras de sangre en formato hisopado, que se mandaron al juzgado y nunca se analizaron. Cuando el cuerpo de Aquino fue llevado a la morgue, se extrajo el material que había quedado debajo de sus uñas durante el forcejeo, y tampoco se realizó una pericia sobre ese material. Ni siquiera se realizó un perfil genético de José Altamirano para contrastarlo con dichas muestras. “A partir del video tomado en la Brigada de Investigaciones que fue viralizado en diversas redes sociales y medios de comunicación y la presión mediática, se buscan pruebas para condenar a Altamirano, dejando de lado la búsqueda de justicia por el homicidio cometido contra Maximiliano Aquino. No se busca al verdadero responsable” afirma Rossetto.
Desde agosto de 2015 hasta marzo de este año que duró el proceso de instrucción de la causa, tiempo que las partes tienen para presentar las pruebas, los abogados particulares que fueron tomando el caso renunciaron y no hicieron los planteamientos necesarios para proteger al acusado. Cuando finalmente llegó a manos de Hermindo González, quedaban apenas días para el cierre de la instrucción y la jueza rechazó el pedido de extender el plazo para el cierre, que era necesario para que el letrado pudiera estudiar la causa. Recién tres meses atrás el OPPLEC y el MPP fueron informados acerca de este proceso, cuando ya estaba fechada la primera audiencia del juicio oral.
“Toda nuestra familia sufre –aseguró Analía, madre de Josele-. Tuvimos que vender todo lo que teníamos para poder viajar y pagar abogados, y más abogados. El único que está pudiendo hacer su trabajo es Hermindo, el actual defensor, porque el resto de los que tomaron el caso han sido intimidados, apretados, ninguno pudo llegar a presentar nada en su momento porque no los dejaban”. En Corrientes, la familia ya agotó los recursos para proteger a su hijo: “Espero que desde la Nación alguien nos ayude, porque acá la corrupción es terrible. Estamos luchando prácticamente contra el gobierno, contra el poder –afirmó Analía-. Mi hija que cursaba primer año tuvo que abandonar sus estudios porque hasta el preceptor le recriminaba ser la hermana de Josele, se reían en la escuela. Lo mismo pasó con mi otro nene”, afirmó indignada y agregó que “todos en Corrientes saben, incluído el Poder Judicial, quiénes son los verdaderos asesinos. No sé por qué lo tienen a mi hijo ahí. Hay videos del momento del hecho que los tienen ocultos. Estoy desesperada por todo lo que le han hecho a mi hijo, y lo que sigue pasando”.
Las abogadas de OPPLeC y del MPP tomaron conocimiento del caso cuando ya estaba determinada la fecha de inicio del debate oral. Estiman que el fiscal de la causa pedirá cadena perpetua en sus alegatos previstos para el 21 de este mes, el Día del Estudiante. Está prevista la sentencia para esta misma fecha. La Defensa planea apelar y –de ser necesario- llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Actualizado 13/09/2016
May 3, 2016 | inicio
La facultad policial para detener personas en la vía pública y pedir documentos, el uso de las pistolas Taser que producen descargas eléctricas sobre los cuerpos humanos, la emergencia en materia de seguridad y el protocolo antipiquetes. La enumeración forma parte de una lista de medidas de la gestión de Cambiemos que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) difundió como un nuevo marco para facilitar posibles detenciones arbitrarias.
A 25 años del caso Walter Bulacio –un crimen que se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia policial-, la CORREPI lanzó una Campaña Nacional contra las Detenciones Arbitrarias junto a un conjunto de organizaciones sociales. También denunció que, desde diciembre de 2015, se ampliaron y profundizaron las facultades policiales para demorar a personas sin causa alguna. “Ya no tenemos la opción de pensar si lanzamos o no una campaña nacional, sino que tenemos que hacerlo en defensa propia. Hay que poner en evidencia un mecanismo que funciona aceitadamente por dos características: la naturalización hacia el interior de la clase que la padece y la invisibilización hacia el afuera”, explicó María del Carmen Verdú, abogada y referente de CORREPI , en diálogo con ANCCOM.
Cada año, la CORREPI realiza un documento oficial -Archivo de Casos- que certifica que este accionar no sólo aplica en la actualidad, sino que tiene una larga trayectoria. En su última actualización de fines de 2015, la organización subrayó que, desde el asesinato de Bulacio, alrededor de 500 jóvenes menores de 18 años murieron en comisarías, donde nunca deberían haber estado.
Esos datos tienen historia propia. Desde diciembre de 1983 hasta la actualidad, según CORREPI más de 47 mil personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado. El 40% de esas víctimas estaban detenidas en cárceles y comisarías. Del total de las personas que resultaron muertas en ese ámbito, la mitad no estaban allí por delitos, sino por averiguación de antecedentes, para identificación, por contravenciones o razzias.
Las modalidades de represión utilizadas son el gatillo fácil, el asesinato de personas detenidas, casos de conflictos intrafuerza o intrafamiliares donde el autor utiliza para “resolverlos” los recursos represivos que le provee el Estado, la desaparición forzada, los asesinatos en movilizaciones o protestas y las causas fraguadas. El blanco fácil es la juventud. En el 52% de los casos, las víctimas son personas menores de 25. En el análisis de la implicancia de las diferentes fuerzas de seguridad, los estudios de CORREPI afirman que un gran número de los casos recae sobre los servicios penitenciarios y las policías provinciales, con más de mil y de dos mil víctimas, respectivamente. Continúa la Policía Federal Argentina que supera los 400 y le siguen otras fuerzas -seguridad privada, Gendarmería, Prefectura y Policía Metropolitana-, con menos cantidad registrada, pero no exentos de participación.
Nuevo escenario
Un dato adicional al nuevo estado de cosas proviene del interior del país. Verdú advirtió que muchos distritos modificaron sus legislaciones contravencionales: describen conductas que no son delitos pero que son tratados como si lo fueran para habilitar y justificar la detención. “Todas acciones que tienen directa relación con la necesidad de generar control social, en un marco de ajuste, de saqueo, que da motivo a que la gente salga a la calle a protestar y, por lo tanto, deba ser disciplinada de manera mucho más dura”, agregó.
La campaña fue presentada con una conferencia de prensa en la Legislatura porteña y luego ampliada con una movilización de Congreso a Plaza de Mayo. Se cumplía el vigésimo quinto aniversario de la detención, tortura y muerte a manos de la Policía Federal Argentina de Walter Bulacio, un joven de 17 años que aguardaba en el ingreso del Estadio Obras Sanitarias para disfrutar de un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. A la iniciativa se adhirieron cientos de organizaciones de derechos humanos, barriales, estudiantiles, sindicales, culturales, partidos políticos y familiares de víctimas.
“Es una de las peores herencias de la dictadura”, definió Enrique “Cachito” Fukman, integrante de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, durante la rueda de prensa. Y advirtió: “Una persona puede ser detenida por portación de cara y, de ahí en más, su destino pasa a estar en manos de las fuerzas de seguridad”.
Por su parte, Marcelo Ramal, legislador de la Ciudad por el Frente de Izquierda, expresó que “el Estado manifiesta su esencia represiva más que nunca cuando actúa de modo arbitrario, cuando reprime, agrede y mata a un joven simplemente por estar ejerciendo su papel directo de violentador de la vida y la libertad”, subrayó.
Verdú completó el argumento: “Las detenciones arbitrarias son ese enorme sistema que faculta a la Policía y a todo el conjunto de las fuerzas a detener a cualquiera, en cualquier momento y lugar, solamente porque se le dio la gana a ese funcionario de seguridad”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado argentino terminar con este sistema de detenciones arbitrarias el 18 de septiembre de 2003, pero desde la CORREPI denuncian que esa sentencia sigue sin cumplirse y atraviesa absolutamente a todas las gestiones hasta la actualidad. Como titula su último documento oficial, “Los gobiernos pasan, la represión queda. La lucha también”.
Mar 2, 2016 | destacadas
Especialistas en derechos humanos, medios de comunicación y juventud se reunieron para debatir en el Foro contra la Violencia Institucional que el sábado último se realizó en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). La organización del foro estuvo a cargo del Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicaciones de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Nuevo Encuentro en el marco del Frente para la Victoria (FpV).
La intención de la jornada fue la de articular un espacio que reuniera a diferentes actores de la vida política y social de la Ciudad de Buenos Aires para pensar de manera colectiva acciones que respondan a la violencia institucional. Se prestó especial atención a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La mesa central de apertura contó con Marcelo Saín (especialista en Seguridad), Paula Litvachky (directora del área de Justicia y Seguridad del CELS), Luis Duacastella (Defensor General Adjunto en la CABA), Víctor Santa María (diputado del Parlasur por el FpV), Carlos Tomada (jefe de bloque FpV de la Legislatura porteña) y José Cruz Campagnoli (legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Nuevo Encuentro), quien resumió a ANCCOM los intereses centrales de la convocatoria: “Los mecanismos represivos están organizados en virtud de un modelo de país, relacionado con la transferencia de riqueza de los sectores populares a los más concentrados. En la Argentina actual, sólo puede suceder eso a través del miedo, para evitar la protesta, y la represión, en caso de que la protesta suceda de todas formas. Las actitudes represivas no son hechos aislados, sino que se enmarcan en un modelo más fuerte, más complejo y más estructural que Mauricio Macri quiere poner adelante. Este foro surgió luego de la violenta represión de la Gendarmería a la murga del Bajo Flores, que terminó con decenas de chicos heridos. Veníamos del caso de Cresta Roja y del protocolo antipiquetes, y que le hayan disparado a los nenes con balas de goma fue de una brutalidad absoluta”.
Los participantes del Foro se dividieron en mesas de trabajo: Modelo de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires; Violencia institucional contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes; Abordaje mediático de los casos de violencia institucional; y Criminalización de la protesta social. Tomada explicó: “Los últimos doce años significaron la posibilidad de superar el miedo que había instalado primero el terrorismo de Estado y, después, la hiperinflación y la desocupación de los 90. Ese miedo era indispensable para poder producir las modificaciones de esos tiempos. Hoy han puesto en marcha los mismos mecanismos. Se disciplina a la clase trabajadora con el miedo al despido y a la represión. Lo de Cresta Roja fue un señalamiento, como lo de los pibes de la murga. Se acabaron los valores y los criterios que regían el accionar de la fuerza”.
En la primera mesa, moderada por la legisladora porteña por Nuevo Encuentro, Andrea Conde, se trató el traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Capital Federal, lo que también implica pensar la relación entre un sector de la conducción política y el paradigma desde el cual entiende la seguridad democrática. Al respecto, Saín sostuvo que la represión es un tema que tiene matices y, por ende, no puede ser abordado holísticamente: “La violencia adquiere cuerpo en una matriz de desarrollo político, de acumulación económica y en un cierto ordenamiento social”. Sostuvo que los mismos gendarmes que repartieron balas entre los niños y niñas de la murga del Bajo Flores, no hubieran hecho lo mismo dos meses antes: “Esto tiene que ver con que la represión es funcional a un modelo económico y político”.
Los participantes del Foro se dividieron en mesas de trabajo: Modelo de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires; Violencia institucional contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes; Abordaje mediático de los casos de violencia institucional; y Criminalización de la protesta social.
La segunda mesa se orientó a tratar la estigmatización y criminalización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El foco estuvo puesto en las estrategias para responder ante la irrupción de las fuerzas armadas en las vidas de los menores, así como en la necesidad de que sepan con quién contar para poder defenderse. Gabriela Diker, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), contó: “Se lleva a cabo la violencia en nombre de una supuesta protección del niño. Al igual que el robo de bebés durante la última dictadura, que tenía como finalidad interrumpir la continuidad de una ideología, por su propio bien y por el resto de la ciudadanía”. Silvia Guemureman, coordinadora del Observatorio sobre Adolescentes y Jóvenes en relación a las agencias de control social penal, argumentó después: “El Estado se va a achicar en asistencia, mientras que se va a agrandar en represión. La nueva derecha trae aparejada la poca intervención del Estado en las políticas sociales, así como también el retorno de unas fuerzas armadas con antecedentes de avasallamientos de los derechos humanos en los barrios populares. No fue fortuito que Patricia Bullrich haya visitado a los gendarmes en lugar de a los niños y niñas”. Siguiendo con esta misma línea, la tercera mesa trató la temática del rol de los medios de comunicación en relación a la estigmatización y criminalización de la niñez, adolescencia y juventud, a partir del análisis del tratamiento, cobertura y difusión de los casos de violencia institucional en el marco de la concentración mediática.
Por último, la cuarta mesa giró alrededor de la criminalización de la protesta social, los reclamos y el accionar de las fuerzas armadas ante las manifestaciones de la sociedad en las calles. Juan Manuel Sueyro, Secretario Adjunto de ATE Capital, hizo mención a la detención de la dirigente social y política Milagro Sala: “No es casualidad que el eje central de la violencia y la criminalización esté sobre una de las organizaciones sociales más grandes de Argentina, estigmatizada por pertenencia, por origen y por clase”. Continuó su reflexión sobre las políticas impulsadas por el gobierno de Macri: “Si te movilizás, te reprimo. Si intentás organizarte, te despido. Vienen a desarticular un Estado que se puso del lado del pueblo y para eso necesitan hacer caer el poder adquisitivo, porque toda violencia tiene un brazo político, pero también económico y judicial”.
Todos los oradores reunidos confluyeron en una idea: de haber represión, se hará de modo selectivo y sobre los grupos menos numerosos, menos relevantes y menos organizados política y sindicalmente.
Emiliano Gareca, abogado y militante de La Cámpora, retomó la idea anterior: “El autoritarismo económico en su faz represiva se manifestó de tres maneras. Primero, con un decreto que declaró la emergencia en seguridad nacional; segundo, con la eliminación y desmembramiento de controles que se venían construyendo por parte del Estado, lo que colabora con el autogobierno y la autoregulación de la policía y, por último, con la represión a la protesta social y la criminalización de la política”. Al respecto, Tomada aclaró: “El protocolo de 2011, dictado por la ex ministra de Seguridad Nilda Garré, es el que está vigente. El otro es sólo un papel, un mamarracho para generar miedo e informar cuál va a ser el comportamiento, pero que no tiene ninguna validez ni ha sido avalado por ninguna provincia”. Sin embargo, todos los oradores reunidos confluyeron en una idea: de haber represión, se hará de modo selectivo y sobre los grupos menos numerosos, menos relevantes y menos organizados política y sindicalmente. Santa María agregó: “El proyecto del macrismo sólo se mantiene con violencia, porque genera profundas injusticias y beneficia a pocos en detrimento de las grandes mayorías”.
Cada mesa cerró con la intervención de los participantes y, lejos de alcanzar conclusiones cerradas, Campagnoli explicó: “El Foro pretende ser un disparador. Las respuestas a estas problemáticas no se van a dar desde lo académico, sino desde lo político. Intentamos discutir para dar continuidad, sumar organizaciones y poder presentar a la ciudadanía una alternativa para poner un límite a las políticas autoritarias del PRO”. El encuentro contó también con la participación de Julián Axat (titular del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia ATAJO), Alberto “Beto” Pianelli (Secretario General de los Metrodelegados), la periodista Cynthia García, Glenn Postolski (decano de la Facultad de Ciencias Sociales UBA), Luis Duacastella (defensor adjunto del Ministerio Público de la Ciudad), Miguel Palazzani (titular de Procuvin), entre otros.
