Ago 12, 2016 | inicio
La jornada del jueves en el juicio por la desaparición forzada de Patricia Julia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo y su privación ilegítima de la libertad en la RIBA (Regional de Inteligencia Buenos Aires de la Fuerza Aérea Argentina) parecía desenvolverse con la normalidad habitual: ingresaron a la sala las querellas con sus abogados, el público, y, finalmente, los imputados Omar Rubens Graffigna (Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea desde fines de diciembre de 1975 hasta enero de 1979) y Luis Trillo (que se desempeñaba como titular de la RIBA en el momento de las desapariciones). Francisco Gómez, que trabajaba en la Regional y es responsable de la sustracción del hijo menor de Patricia y José, Guillermo Pérez Roisinblit, en esta oportunidad, no concurrió. Luego de que la secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires pidiera perpetuas para todos los imputados y la secretaría de Nación penas de entre 20 y 25 años, los Abogados de Abuelas de Plaza de Mayo presentaron evidencias y una denuncia que llevó al imputado Luis Trillo a la cárcel común, por violar el beneficio de la prisión domiciliaria.
Los alegatos
A las 10.35 comenzó el primer alegato. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires se sumó al pedido de Pablo Llonto, abogado de Mariana Eva Pérez (hija mayor del matrimonio), de condenar a los imputados con la figura de “desaparición forzada de personas”, un delito de lesa humanidad con pena de cadena perpetua. Éste crimen se incluyó en el código penal en el año 2011 y, como Patricia y José Manuel continúan desaparecidos, la Secretaría de DDHH de la Provincia considera que esa ley puede aplicarse en este caso. La querella, además de remarcar que otras víctimas, como Gabriel Pontnau, socio de José Manuel, secuestrado también el 6 de octubre de 1978, no reciben justicia con este proceso, reflexionó sobre qué significa estar desaparecido: “Lo que la desaparición no dijo es la muerte, es una negación de la muerte”, señaló el abogado Maximiliano Chichizola tras retomar el testimonio de Mariana Pérez acontecido el miércoles 4 de mayo. En este sentido, la hija de Patricia y José declaró a ANCCOM: “Este es un buen comienzo para seguir profundizando e investigando más, pero no termina de dar cuenta de la totalidad de lo que pasó, ni con mi familia, ni con el socio de mi papá que sigue desaparecido”. Por esa razón, solicitó para los tres imputados cadena perpetua.
“Este es un buen comienzo para seguir profundizando e investigando más, pero no termina de dar cuenta de la totalidad de lo que pasó, ni con mi familia, ni con el socio de mi papá que sigue desaparecido”, afirmaba Mariana Eva Pérez.
Luego de un cuarto intermedio tras las dos horas de exposición del primer alegato, la Secretaría de Derechos de la Nación pidió penas por “privación ilegal de la libertad y tormentos”. Ambos delitos poseen aquí agravantes por ser las víctimas perseguidos políticos y por el hecho de que Patricia, en el momento del secuestro, estaba embarazada de 8 meses de Guillermo. Las penas solicitadas, en este caso, fueron de 25 años para Trillo y Graffigna, y de 20 años para Gómez.
El fin del beneficio
A las 12:50, una vez finalizada la exposición de las querellas, parecía que el Presidente del Tribunal iba a dar por finalizada la audiencia. Alfredo Ruiz Paz le preguntó a los abogados de la defensa cuánto tiempo consideraban que demandarían sus alegatos (programados para la próxima audiencia) y, en ese momento, el representante de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, pidió permiso para presentar una incidencia. Iud relató que el martes 9 de agosto, la Asociación que representa recibió un llamado anónimo de un vecino que manifestó haber visto a Trillo circulando por la calle. Al día siguiente, el fotógrafo Gaspar Galazzi, tomó imágenes del imputado paseando a un perro y mirando un teléfono celular en la vía pública. Mientras les daba una copia de las imágenes a los jueces, el abogado querellante alegaba que “se debe revocar el beneficio (de la prisión domiciliaria) cuando se incumplen las condiciones” de la misma. Además, agregó que el fotógrafo se encontraba en la sala por si necesitaban hacerle alguna pregunta y, acto seguido, el presidente del tribunal pidió a Galazzi que declare.
“se debe revocar el beneficio (de la prisión domiciliaria) cuando se incumplen las condiciones” de la misma, alegaba el abogado querellante.
En ese instante, Trillo rompió con su mirada dirigida siempre al frente y giró completamente en busca del fotógrafo que se encontraba en el fondo de la sala. Por su parte, Graffigna que había estado mirando a un punto fijo desde el comienzo de la audiencia, pareció despertarse: “A Graffigna le movieron el mousse”, se escuchó entre risas, en la sala.
El Presidente del Tribunal ordenó que se cortara inmediatamente la transmisión en vivo de la audiencia y el defensor de Trillo aprovechó para pedir un receso de cinco minutos. Durante ese lapso, en la sala todos comentaban lo sucedido, los abogados entraban y salían, los celulares sonaban. Se percibía tensión en el ambiente.
“Estoy muy contento de haber hecho las fotos desde arriba del auto, ese perro parecía malo”, relató Galazzi.
Una vez retomada la sesión, todos los abogados tuvieron la oportunidad de interrogar a Galazzi sobre la hora, el lugar y las condiciones en las que había tomado las fotografías: “Estoy muy contento de haber hecho las fotos desde arriba del auto, ese perro parecía malo”, relató. El Presidente del Tribunal, Alfredo Ruiz Paz, pidió pasar las fotos en formato digital para que todos en la sala pudieran verlas, mientras se registraba la fecha y hora de las mismas. El abogado defensor solicitó le entregaran las fotos y el Tribunal se negó a hacerlo hasta que terminara con sus preguntas a Galazzi: “¿Sabe cuál es el departamento de Trillo? ¿Esto está tomado desde un lado de la calle, del otro lado ¿está la autopista? ¿Este trabajo es rentado? ¿Abuelas le paga por esto?”, fueron las indagaciones que formularon a Galazzi antes de solicitar otro receso.
A las 13.50 los asistentes vuelven a ingresar y el abogado de Trillo afirmó que el de las fotos era su cliente que “tuvo que salir unos segundos del departamento para atender a una urgencia fisiológica del perro, que sino se pone agresivo” y agregó el antecedente de la mordedura del animal que había sufrido el acusado en otra oportunidad que lo había llevado a trasladarse al Hospital Duran de manera urgente sin poder avisar al Tribunal. Alfredo Ruiz Paz le preguntó a Trillo si quería decir algo y la respuesta fue lisa y llanamente: “No”.
“Es un caso más que pone en evidencia la necesidad de que exista algún organismo que controle las prisiones domiciliarias, cosa que hoy no existe”, agregó la representante de Rosa y Guillermo.
Finalmente, los jueces anunciaron un cuarto intermedio para deliberar y, una hora después, le revocaron la prisión domiciliaria a Luis Tomás Trillo. Tras esta decisión, Alan Iud, en diálogo con ANCCOM afirmó: “Es muy valiosa, tanto la rápida redacción del Tribunal para decidir, como para resolver la manera de abordar nuestro planteo” y rescató la importancia de que “hayan decidido tomarle declaración al fotógrafo en el momento, de manera pública, permitiendo a todas las partes escucharlo y preguntar”.
Una vez terminada la audiencia, Iud, representante de Rosa y Guillermo agregó: “Es un caso más que pone en evidencia la necesidad de que exista algún organismo que controle las prisiones domiciliarias, cosa que hoy no existe”.
Actualizada 12/08/2016
Ago 10, 2016 | inicio
«La verdad es que estos tipos eran muy pesados. Para encontrar justicia, nosotros estamos tardando 38 años. Todavía no sabemos qué paso con nuestros padres, así de efectivos fueron», afirmó Guillermo Pérez Roisinblit luego de la primera audiencia de alegatos del juicio por la desaparición de sus padres en 1978, que duró diez horas. En la causa se juzga la intervención que le cupo a la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) en el secuestro y tormentos de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit, por los cuales se encuentran imputados Omar Rubens Graffigna -quien se desempeñaba como Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea en 1978 y fue absuelto en 1985 en el juicio a los dictadores que integraron las juntas militares-, Luis Trillo -titular de la RIBA -, y Francisco Gómez, que trabajaba en el lugar y se apropió del hijo menor de la pareja.
«Nosotros solicitamos un pedido de pena de 25 años para Omar Graffigna y Luis Trillo, y 20 años para Francisco Gómez, por privación ilegal de la libertad y tormentos -afirmó Pablo Lachener, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo-. Da para más, pero el Código de la época permitía esa pena máxima para esos delitos. La fiscalía planteó que ya por la forma en que estaba detenida Patricia constituía de por sí un tormento psíquico, y eso abrió la imputación hacia esos hechos. No fue una privación ilegal lisa y llana». Las tres querellas que alegaron el lunes coincidieron en reclamar que las condenas se cumplan en establecimientos carcelarios, y no en arresto domiciliario.
Durante su alegato, Pablo Llonto –representante de Mariana Eva Pérez, la hija mayor del matrimonio- solicitó cambiar la carátula y que en vez de privación ilegítima de la libertad se condene a los imputados por desaparición forzada de personas, un delito de lesa humanidad con pena de cadena perpetua. «Eso sería lo correcto -coincide Guillermo Pérez Roisinblit- porque mis padres no están secuestrados todavía. En un secuestro se estima que la persona que está privada de su libertad todavía tiene vida. Este 10 de agosto mi papá cumpliría 63 años. En lugar de ver qué le regalaríamos, que fiesta le organizamos, todavía estamos sin saber qué pasó con ellos, quiénes fueron los responsables de su destino y dónde están sus restos”.
El cambio de carátula conlleva el riesgo de que se declare la nulidad del proceso judicial debido al principio de congruencia (que implica que los imputados deben saber exactamente de qué se los acusa), dado que en un inicio se los responsabilizó solo por privación ilegítima de la libertad. Por eso, el abogado de Mariana Pérez aclaró que formulaba su pedido de manera subsidiaria, es decir que en caso de que el Tribunal no tuviera en cuenta su solicitud se suma al requerimiento de condena original de la Fiscalía. A su vez, solicitó que en el frente del inmueble de la RIBA se agregue una placa con los nombres de ambas víctimas, y que el lugar -que hoy se encuentra en estado de abandono- se mantenga como un sitio de memoria.
En cuanto a la calificación del delito, en su alegato el fiscal Martín Niklison aclaró los agravantes por ser los autores funcionarios públicos, que secuestraron y torturaron a las víctimas quienes a su vez eran perseguidos políticos, y no solo sufrieron violencia física y psicológica, sino también fueron mantenidos en cautiverio durante más de un mes. A continuación recalcó: «Los hechos aquí juzgados son delitos de lesa humanidad, hechos gravísimos que ofenden la conciencia universal». En el petitorio, solicitó que se investigue la participación del personal de las fuerzas estatales en la detención de Gabriel Pontnau -secuestrado al mismo tiempo que José Manuel- y lo que ocurrió durante las horas que Mariana Eva Pérez fue privada de la libertad junto a su madre. También pidió que se investigue la participación de Graffigna en el delito de sustracción, retención y ocultación de Guillermo, por el cual solo fueron condenados en 2007 sus apropiadores -Francisco Gómez y Teodora Jofré- y el médico que asistió en el parto, Jorge Luis Magnacco.
«Me interesa remarcar la poca resonancia que tiene a nivel local un juicio tan importante, donde estamos llevando a una posible sentencia a un jerarca de las juntas que en 1985 que quedó absuelto -señaló Guillermo Pérez Roisinblit-. A ninguno de los grandes medios locales les interesa, pero sí tiene mucha más trascendencia en distintas partes del mundo: desde Latinoamérica hasta Rumania».
El mes pasado, el periódico The Guardian -vía la agencia de noticias Associated Press- publicó una nota sobre el juicio titulada: ‘Cómo un hombre argentino supo que su ‘padre’ podría haber matado a sus verdaderos progenitores’, que obtuvo gran repercusión y apoyo a la lucha de las Abuelas. «En cambio, acá en Argentina, ni siquiera hubo difusión en radio ni en televisión. Eso nos duele y nos hace sentir como parias en nuestra lucha y nuestra búsqueda», aseguró Guillermo.
Durante los alegatos, Graffigna se mantuvo con la mirada fija en la pared, como en un estado de trance. Trillo, como en cada audiencia, mantuvo firme su vista, intimidante, y de a ratos intercambió una sonrisa cómplice con Gómez, quien se agarraba la cabeza y la escondía entre sus piernas cada vez que algún abogado lo nombraba. «Yo intenté cruzar miradas con él, pero bajaba la vista -afirmó Guillermo-. Yo no necesito que tenga vergüenza, necesito que cuente de una vez por todas qué pasó con mis padres». Durante sus declaraciones en la audiencia previa a la feria judicial, ninguno de los acusados aportó datos acerca del posible destino de Patricia y José Manuel.
La primera audiencia por los alegatos fue el último lunes. Se presentaron la fiscalía y dos de las querellas de la causa: Asociación Abuelas de Plaza de Mayo –por Guillermo y su Abuela Rosa Roisinblit- y Pablo Llonto -por Mariana Eva Pérez, hija mayor de la pareja-. Dada la imposibilidad de extender aún más la jornada, se decidió que las querellas restantes -las Secretarías de Derechos Humanos de La Nación y Provincia de Buenos Aires- se presentarán mañana jueves, 11 de agosto, a partir de las diez de la mañana.
Actualización 10/08/2016
Jul 14, 2016 | inicio
Seis horas duró la última audiencia testimonial del juicio por la privación ilegítima de la libertad y desaparición de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit en 1978. Antes de dar lugar a las esperadas declaraciones de los imputados, el juez Alfredo Ruiz Paz anunció la decisión del tribunal de rechazar la nueva pericia arquitectónica de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) solicitada por Guillermo Javier Miari, defensor de los acusados Luis Tomás Trillo y Omar Rubens Graffigna. Tampoco se aceptó el pedido de Alan Iud –representante de Abuelas de Plaza de Mayo- de adelantar las fechas de las audiencias programadas para agosto y septiembre, debido a la falta de personal judicial. No obstante esta resolución, el tribunal se comprometió a realizar gestiones para acelerar el proceso judicial.
Gómez: “Yo le debía todo a Sende”
La declaración de Francisco Gómez –apropiador de Guillermo Pérez Roisinblit, querellante en la causa- duró casi dos horas. “Yo solo me encargaba de hacer el jardincito y de hacer refacciones en el bañito -repitió más de una vez-. Ese era todo mi trabajo”. Explicó cómo conoció al comodoro Roberto Sende –jefe de la RIBA en 1978, ya fallecido- por medio de Teodora Jofré, su ex mujer. En 1977, el oficial le propuso trabajo como jardinero en la Regional por más del doble del sueldo que percibía hasta el momento como empleado de las Bodegas Giol. No solo le dio empleo en las Fuerzas Armadas, sino también –expresó Gómez, agradecido- le facilitó dinero para casarse con Jofré, le compró pasajes para irse de vacaciones a San Luis a conocer a sus suegros y le ofreció un hijo de manera ilegal: Guillermo Pérez Roisinblit. “Negro, tengo un chico ¿Lo querés para vos?”, recordó las palabras de su jefe en noviembre de 1978. “Sende nos quiere regalar un chico”, le dijo Gómez a Jofré y, luego de aceptarlo, contó que el Comodoro le dijo que solo hacía falta su firma en la partida de nacimiento para registrarlo como hijo suyo. “Yo le debía todo a Sende”, dijo dos veces durante su declaración.
“A Guillermo lo crié como un padre verdadero”, balbuceó y dedicó quince minutos a enumerar juguetes, cuidados y sacrificios que recordaba haber hecho por él. “Lo insto a que encarrile su declaración hacia el objeto procesal: la privación de la libertad de Pérez Rojo y Roisinblit –lo interrumpió el juez-. Esto no es una terapia para usted o para las partes”.
“A Guillermo (foto) lo crié como un padre verdadero”, balbuceó Francisco Gómez en la última audiencia.
Una vez finalizada su declaración, aceptó ser interrogado por los jueces del Tribunal, por la Fiscalía y por representantes de las cuatro querellas, compuestas por Abuelas de Plaza de Mayo, Mariana Eva Pérez –hija mayor de la pareja-, las Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la de la Provincia de Buenos Aires.
Ante las distintas preguntas de las querellas, la voz de Gómez se volvió más áspera y carrasposa cada vez que contestaba “no”, “nunca”, “no”, “no sabía”, “no”. “No sabía de dónde venía Guillermo, creía que era un hijo abandonado”, “nunca hubo personas detenidas en la RIBA”, “nunca entró una mujer a la regional, solamente había hombres”, “en donde hay un militar no se puede preguntar nada”, “de lo que pasaba adentro de la RIBA no sabía nada, yo siempre estaba afuera o en la cocina”, “nunca llevé a Guillermo a la Regional conmigo”, “no había armas ni autos en la regional”, “los militares no portaban armas”, “no recibí en casa a nadie que trabajara en la RIBA ni me saqué fotos con nadie que trabajara allí”. No le importó que las pruebas fotográficas presentadas por Guillermo en la tercera audiencia demostraran lo contrario. En aquella oportunidad exhibió, entre otras, fotos de Carlos Vázquez Sarmiento, suboficial de la Fuerza Aérea, celebrando un cumpleaños familiar.
En cuanto al “plus por actividades riesgosas” que figura en los legajos y recibos de sueldo de Francisco Gómez mientras perteneció a la Fuerza Aérea, afirmó que desconocía su significado: “Ni siquiera sabía lo que significaba la palabra ‘plus’”, dijo y agregó que lo siguió cobrando hasta 1997.
“Sabe mucho más de lo que dice, está actuando un personaje”, comentó Guillermo a ANCCOM durante el primer cuarto intermedio. “El juez le hacía preguntas técnicas y él sabía contestarlas”, señaló.
“Sabe mucho más de lo que dice, está actuando un personaje”, comentó Guillermo a ANCCOM durante el primer cuarto intermedio. Foto de archivo.
Trillo: “Era muy común que Sende no estuviera en la RIBA”
“Esta sí que es una actividad riesgosa”, bromeó Sergio Díaz Dalaglio –defensor de Gómez-, mientras esquivaba enchufes en la sala de audiencias, antes de que comenzara el segundo testimonio.
Luis Omar Trillo está acusado de haber estado a cargo de la Regional en el momento en que Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo estuvieron secuestrados allí. “La RIBA era una casa de familia y nadie pudo haber estado detenido allí”, afirmó el oficial, que en 1978 se desempeñaba como Jefe de la Dirección de Contrainteligencia de la Regional. “Estaba dormido cuando declaré en Comodoro Py –comentó acerca de su indagatoria en 2013-. Yo no era segundo jefe en la RIBA, era Jefe de Regional Accidental, como indica mi sello en los papeles. Solo los Comodoros pueden ser jefes. Yo era Mayor, me faltaban diez años”.
Cóceres, Sánchez Capracio, Moizo, Leston Carranza, Herrera, Saremba, son los apellidos que Trillo mencionó como militares que trabajaban en la Regional. “También me acuerdo de Francisco Gómez, de maestranza, las costeletas las hacía bastante crudas”, recordó. En contraste con el testimonio que lo precedió, afirmó que no solo había armas dentro de la RIBA: “Había una pequeña salita con siete pistolas 1125, dijo y agregó que él siempre llevaba la suya encima. “Así no hubiera sido obligatorio hacerlo, yo hubiera portado el arma todo el día”, aseveró, y repitió la última frase en tono grave: “Todo el día”. Afirmó que los suboficiales no tenían permitido portarlas, pero más adelante en su declaración expresó que la seguridad en la RIBA era algo “automático”. “Nos cuidábamos, nos dábamos seguridad entre todos”, explicó sin dar más detalles.
Trillo aseveró que la Regional dependía del Estado Mayor General, pero dijo desconocer si los informes de inteligencia que se elaboraban en sus oficinas estaban en conocimiento de Omar Rubens Graffigna. Negó tener conocimiento del libro de terroristas editado por las Fuerzas Aéreas que el testigo Juan Taboada –oficial que trabajaba en la RIBA- mencionó en la quinta audiencia de este juicio como instrumento de trabajo dentro de la Regional.
“¿Sabe lo que es un interrogador?”, le preguntó Pablo Llonto, abogado de Mariana Eva Pérez. Luego de un par de segundos de silencio, el imputado respondió: “Es un especialista en un tema que puede llevar a un interrogado a decir la verdad. No sé si soy claro”, explicó. Sin que se lo pidan, intentó una segunda definición: “El trabajo del interrogador es poner al interrogado en una situación en la cual sí o sí tenga que decir la verdad. Cuando digo ‘sí o sí’ me estoy refiriendo al campo de lo verbal”. Inmediatamente aclaró que no hubo interrogatorios en la RIBA “porque no teníamos a quién interrogar”.
Tanto Gómez como Trillo omitieron mencionar a Juan Carlos Vázquez Sarmiento –prófugo desde 2003-, que también trabajaba en la Regional. Ambos afirmaron haberlo visto trabajar en la casa de Morón cuando las querellas preguntaron si conocían a una persona con ese apellido.
“Era muy común que Sende no estuviera en la RIBA”, afirmó Trillo durante su declaración que duró alrededor de una hora. Confirmó que él era quien le seguía en orden de jerarquía y, por lo tanto, firmaba sus papeles y asistía a reuniones como representante de la Regional. En cuanto a Pérez Rojo y Roisinblit, indicó que recién tomó conocimiento de que esa pareja había desaparecido cuando lo detuvieron en Casilda, con motivo de este juicio. También afirmó desconocer hasta hace tres años que Gómez se hubiera apropiado del hijo menor de la pareja por medio de Sende y había cumplido una condena por ello.
Luego de la declaración de Trillo, el presidente del Tribunal llamó a un cuarto intermedio de media hora para almorzar. A la salida, Guillermo saludó a los policías que custodian la sala en cada audiencia. “Al final, ¡parece que no te conocía nadie!”, se rió uno de los oficiales mientras le estrechaba la mano.
Ninguna de las declaraciones aportó datos acerca de cuál fue el destino de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit. En la foto, la madre de Patricia, Rosa Roisinblit. Archivo.
Graffigna: “El jefe del Estado Mayor no es ejecutivo, es de asesoramiento”
Durante la hora y media que duró su declaración, Omar Rubens Graffigna –quien se desempeñaba como Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea en 1978- se dedicó a leer citas textuales de actas secretas de las juntas militares que gobernaron al país durante la última dictadura. Se trató de información diversa de escasa utilidad para la causa: felicitaciones de Agosti –entonces Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea- por adaptar la Jefatura 2 (J2) a la lucha contra la subversión; detalles de las calificaciones del Brigadier Francisco Salinas como jefe de la J2; palabras técnicas relacionadas al conflicto con Chile y por las Islas Malvinas; compra-venta de aviones; problemas de organización internos de la Fuerza Aérea, entre otro temas.
Entre la marea de tecnicismos, afirmó que “el jefe del Estado Mayor no es ejecutivo, es de asesoramiento”. Esa fue su estrategia de defensa. Los bostezos se multiplicaron conforme pasaron los minutos de su declaración. “Me perdí después de la primera vez que dijo ‘J2’”, comentó uno de los asistentes del público a otro.
Ninguna de las declaraciones aportó datos acerca de cuál fue el destino de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit. No obstante, el juez confirmó que los alegatos tendrán lugar el 5 y 22 de agosto.
Actualizado 14/07/2016
Jun 29, 2016 | inicio
Había gran expectativa en torno a la novena audiencia del juicio por la desaparición de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit, en la que se encuentran imputados Omar Rubens Graffigna, Luis Trillo y Francisco Gómez, apropiador del hijo menor de la pareja. Los abogados de la defensa habían manifestado en el último encuentro que sus clientes declararían hoy -29 de junio- luego de haberse negado a hacerlo en la primera instancia. El lunes pasado -en el marco de la inspección ocular a la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) a la que asistieron tanto los acusados como las querellas- el presidente del Tribunal, Alfredo Ruiz Paz, confirmó que hoy se daría lugar a sus testimonios, luego de que declarara el último testigo de la causa, el actual director general de inteligencia de la Fuerza Aérea, Hugo Eduardo Schaub.
Las preguntas que las querellas tenían preparadas para el comodoro mayor Schaub tenían el objetivo de dilucidar las funciones que Gómez llevó a cabo como personal civil de inteligencia en la RIBA. La estrategia de la defensa es demostrar que su labor tenía que ver con actividades de maestranza y por lo tanto no habría estado involucrado en la detención clandestina y posterior desaparición José Manuel y Patricia en 1978. Este argumento resulta difícil de sostener dado que el imputado fue condenado por la justicia por la privación de la identidad del hijo menor de la pareja, Guillermo Pérez Roisinblit, uno de los querellantes en la causa.
Omar Graffigna.
El último testigo
Las alas desplegadas que rodean al escudo nacional, símbolos de la Fuerza Aérea, parecían brotar de la campera azul del uniforme del comodoro Schaub sobre su pecho, del lado del corazón. Durante su declaración, el hombre respondió a cuentagotas una serie de preguntas técnicas. Schaub recién ingresaba a la Fuerza en la época de la desaparición de José Manuel y Patricia pero, en su rol de director general de Inteligencia, se considera competente para responder preguntas acerca del funcionamiento del organismo a finales de los 70.
– ¿Sabe a qué se denominaba personal civil de inteligencia en 1978? -preguntó Alan Iud, uno de los abogados de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo que representa a Rosa Tarlovsky -madre de Patricia- y Guillermo Pérez Roisinblit.
– Se trata de personal civil que trabaja en el Área de Inteligencia que fue incorporado por la ley secreta 19.373 -respondió el comodoro.
– ¿Puede darnos una definición de a qué se llama realizar una tarea de inteligencia?
– Realizar una tarea de inteligencia es analizar una información y sacar una conclusión.
– ¿Qué tipo de labor realiza un personal de civil que a su vez hace ‘tareas efectivas de calle’? -preguntó Iud, en referencia a la descripción que consta en el legajo de Gómez.
– Significa que realiza tareas fuera de las instalaciones de las Fuerzas Armadas.
Los abogados de las cuatro querellas –la conformada por Abuelas, la de Mariana Eva Pérez, la de la Secretaría de Derechos Humanos Nacional y de la Provincia de Buenos Aires- y los jueces del tribunal -Ruiz Paz, Marcelo Díaz Cabral y María Claudia Morgese Martín- indagaron al testigo durante una hora tratando de conseguir definiciones que permitan decodificar el legajo de Gómez. El documento constata que el apropiador de Guillermo cobraba un suplemento por realizar ‘tareas de riesgo’, pero el comodoro aclaró que la mayor parte de los integrantes de las Fuerzas Aéreas lo cobraban en ese entonces y lo siguen cobrando actualmente: «Era público y notorio que las Fuerzas Armadas corrían un riesgo per sé, y corrían un riesgo mayor en esa época. No tengo constancia de las otras tareas que mencionan que el personal realizaba en ese entonces, solo sé lo que se dice en la prensa», expresó Schaub.
En cuanto a los trabajos extraordinarios que se mencionan en el legajo, el comodoro aclaró que pueden ser actividades de cualquier índole: «Todos los integrantes de la fuerza están obligados a cumplir lo que le ordene alguien de autoridad», señaló más de una vez.
El defensor de Graffigna y Trillo (foto) solicitó postergar el testimonio del ex Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea para una próxima audiencia el 11 de julio.
Los testimonios de los acusados
Cuando llegó el turno de declarar para los acusados, Javier Miari -defensor de Graffigna y Trillo- solicitó postergar el testimonio del ex Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea para una próxima audiencia. A su pedido se sumó Sergio Díaz Dalaglio, defensor de Gómez. Ambos alegaron que sus defendidos necesitaban más tiempo para prepararse. Trillo estaba dispuesto a presentarse ante los jueces en ese mismo momento, pero el presidente del Tribunal decidió que los tres presten testimonio en la siguiente audiencia pactada para el lunes 11 de julio.
Guillermo Roisinblit se mostró decepcionado a la salida del juzgado: «Me había pedido el día de trabajo especialmente para escuchar el testimonio de mi apropiador», expresó. Si bien en un principio se esperaba que el juicio finalizara antes de la feria judicial, Ruiz Paz confirmó que los alegatos tendrán lugar recién el mes próximo.
Antes de pasar a cuarto intermedio, se reprodujeron veinte minutos del testimonio grabado de Miguel Ángel Osses, brigadier mayor de la Fuerza Aérea, condenado a prisión perpetua en 2015, en el que admite haber recibido la orden de encargarse de la “lucha contra la subversión” en los partidos de Merlo, Moreno y Morón.
La inspección ocular de la RIBA
A la octava audiencia -que consistio en una inspección ocular de la RIBA- solo pudieron asistir las partes, la fiscalía, los imputados -excepto Gómez que no se presentó-, los miembros del Tribunal, el arquitecto Gonzalo Conte de la agrupación Memoria Abierta -que elaboró los planos del lugar- y los testigos que declararon haber estado detenidos en la Regional: María del Carmen Ramallo y Víctor Calefa. El Tribunal no admitió la presencia de público ni prensa.
Francisco Gómez (foto) no se presentó a la inspección ocular de la a la Regional de Inteligencia de Buenos Aires.
Luego de la inspección, Guillermo Pérez Roisinblit confirmó a ANCCOM que tanto Calefa como Ramallo reconocieron nuevamente haber estado detenidos en ese lugar. «Yo ofrecí participar para que quedara claro que no estaba mintiendo respecto de mis recuerdos en la RIBA -explicó-. Yo tenía no más de cinco años cuando iba a ese lugar, y la defensa puede llegar a desestimar la credibilidad de mi testimonio por la edad que tenía. De hecho, las defensas hicieron hincapié en eso nuevamente durante la inspección ocular».
Mariana Eva Pérez, hermana de Guillermo, debió recorrer todas las instalaciones de la casa en la que estuvieron detenidos sus padres, acompañada por el imputado Trillo, a quien le permitieron circular sin esposas al lado de la querellante. «Fue macabro. Explicaron que se trataba de una medida para cuidar la integridad física de Trillo conforme subía y bajaba escaleras», comentó Guillermo con disconformidad.
Actualizado 29/06/2016
Jun 14, 2016 | inicio
Cuatro testigos se presentaron a declarar el lunes 13 de junio en el marco de la séptima audiencia del juicio por el secuestro y desaparición de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit el 6 de octubre de 1978. En la causa están imputados Omar Rubens Graffigna -Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea-, Luis Trillo –a cargo del centro clandestino de detención en el que estuvo secuestrada la pareja- y Francisco Gómez, apropiador del hijo menor de la pareja. La querella está conformada por Rosa Tarlovsky y su nieto Guillermo Pérez Roisinblit unificados en Abuelas de Plaza de Mayo; Mariana Eva Pérez; la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la de la Provincia de Buenos Aires.
Desde las nueve y media de la mañana se encontraba montado el sistema de videoconferencia con el Consulado de Barcelona, donde reside Edith Clutet. Ella estuvo presente la noche en la que la hija mayor de la pareja, Mariana Eva Pérez, fue devuelta a su familia luego de haber sido secuestrada junto a su madre. «Yo tenía once años pero recuerdo perfectamente lo que ocurrió esa noche, me quedó grabado a fuego -expresó la testigo-. A mí no me dejaron salir de la casa pero escuché desde adentro que Patricia gritaba que pidiéramos un abogado». La declaración de la testigo fue breve ya que el intercambio con los militares en el porche de la propiedad ya había sido relatado por su primo, Marcelo Moreyra, en la tercera audiencia del juicio. Él fue el único familiar que los vio con vida esa noche.
Archivo ANCCOM. Rosa Roisinblit en una de audiencias del juicio. 4 de mayo de 2016
«Que pase Teresa Izaguirre», ordenó Alfredo Ruiz Paz, presidente del Tribunal, una vez finalizada la declaración de Clutet. Izaguirre se desempeñaba como empleada en el local de cotillón de José Manuel el día en que tanto él como Gabriel Perneau –otro empleado- fueron secuestrados por personal vestido de civil y nunca más fueron vistos con vida. La testigo parecía incómoda en el estrado. No se quitó el sobretodo y se mantuvo aferrada a su bolso colgado al hombro. Su testimonio resultó confuso, quizás debido a su avanzada edad. Luego de su declaración, no quedaron claras las fechas ni las horas en las que acontecieron los hechos el día del secuestro de José Manuel, tampoco se pudo saber en qué momento ella y su marido -ya fallecido- le devolvieron las llaves del local al padre de él. Mencionó haber sido llevada a una comisaría pero no recuerda con exactitud cuándo ocurrió, y asegura que solo la retuvieron ahí un rato sin declarar y luego la dejaron ir sin firmar ningún documento. También hizo referencia a visitas en su casa de ‘abogados de los militares’. «Pasaron muchos años, señores», se quejó ante las repreguntas y agregó: «El día que se los llevaron yo pensé ‘si se los llevan así, es por algo’, pero conmigo eran personas excelentes».
La tercera testigo fue Esperanza Cabrera. Entre 1987 y 1989, había sido empleadora de Teodora Jofré, apropiadora de Guillermo Pérez Roisinblit, el hijo menor de Patricia y José Manuel que fue encontrado en el 2000. Jofré en principio había sido citada para declarar el lunes pero la defensa de Gómez finalmente desistió de su testimonio.
Archivo ANCCOM. Guillermo Pérez Roisinblit y su hermana Mariana Eva Pérez en una de las audiencias. 30 de mayo de 2016
Cabrera recordó que en 1987 necesitaba contratar a alguien para que trabajara con cama en su casa y le recomendaron un lugar de madres solteras con hijos. «Así vino Dora -Teodora- con Guillermo, quien era su hijo en ese momento. Me dijo que su marido era muy violento», afirmó y dijo que desconocía detalles acerca de si la violencia era física o psicológica. «¿Se parece al papá?», le preguntó Cabrera a Jofré en ese entonces, al dar cuenta de las diferencias en los rasgos genéticos entre ella y Guillermo. «Me dijo que su marido había trabajado en el Hospital Naval y que el chico era hijo de una mujer que había fallecido allí. No me hizo comentarios sobre la muerte de la madre. Dora era una mujer de pocas palabras, no me dijo nada más, y en ese entonces yo no tenía registro de las cosas que habían sucedido en el país», relató. Realizó la denuncia en Abuelas de Plaza de Mayo diez años más tarde, luego de ver a Estela de Carlotto en un programa de televisión: «Dijo que estaba buscando a su nieto Guido, y ahí pensé que quizás Guido era Guillermo. ¿Por qué no podría ser? No pude dormir esa noche». Cuando ella finalmente llamó a Abuelas, le contaron que un día antes se había dado con el paradero de Guillermo, hermano de Mariana. «Dos días después ella me llamó, quería saber cómo había sido su hermano de chico. La invité a mi casa a tomar café pero el encuentro nunca se concretó, ella se estaba por ir a Alemania», recordó la testigo. Luego de declarar, Cabrera permaneció entre el público junto con su pareja hasta el final de la audiencia para poder intercambiar unas palabras con Mariana, a quien no conocía personalmente.
El último testigo de la jornada fue Gonzalo Conte, el arquitecto que acompañó el trabajo de relevamiento en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) en su descubrimiento en 2004 y elaboró los planos que se utilizan en este juicio. Explicó las características de la propiedad y las fechas aproximadas en las que se habían realizado las reformas en la casa. Dató en el año 1977 la construcción de una pequeña pieza en donde se cree que estuvo secuestrada Patricia Roisinblit. Guillermo Miari, el defensor de los acusados Trillo y Graffigna, intentó demostrar que el trabajo de Conte para la ONG Memoria Abierta había interferido con su labor como arquitecto en la RIBA, y apuntó al hecho de que su asesoría no había sido rentada. «Esta presidencia convoca a Conte a la inspección ocular en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires para colaborar en cuestiones técnicas», expresó el juez Ruiz Paz, ante las quejas del defensor.
Archivo ANCCOM. Francisco Gómez, apropiador del hijo menor de la pareja, en la audiencia del 30 de mayo de 2016.
La inspección ocular se llevará a cabo al mediodía del lunes 27 de junio, y solo podrán estar presentes los querellantes Guillermo y Mariana, el arquitecto Conte y Carmen Ramallo y Víctor Calefa, que en este juicio declararon haber estado detenidos allí. No se permitirá el ingreso de público o prensa. La última audiencia de testigos antes de los alegatos será el día miércoles 29 de junio, en la que prestará declaración un oficial actual de la Fuerza Aérea.
Antes de que finalizara la audiencia, las defensas avisaron al Tribunal que sus clientes desean declarar, luego de haberse negado a hacerlo en primera instancia. No está confirmada aún la fecha en que tendrán lugar sus testimonios.
Actualizada 15/06/2016
