May 18, 2016 | inicio
El 13 de agosto de 2010 la revista Barcelona publicó una imagen en su contratapa en la que aparecía una mujer desnuda y encadenada. Su rostro, a través de un montaje, era el de Cecilia Pando, conocida públicamente por liderar una organización que considera como “presos políticos” a los represores de la última dictadura cívico militar. La escena además iba acompañada de frases como “¡Para matarla! Soltá el genocida que llevás dentro», «Apropiate de esta bebota» y «Las chicas quieren guerra antisubversiva». Como consecuencia de una causa iniciada por la propia Pando contra la revista por esa publicación, el 29 de abril último la jueza civil Susana Nóvile condenó a Barcelona a pagar una indemnización de 40 mil pesos a la titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina.
La magistrada optó por no hablar públicamente sobre el asunto pero en el fallo emitido por el Juzgado Civil 108 argumenta que la fotografía lesiona la honra de Pando “legalmente casada con el Mayor Pedro Rafael Mercado desde hace 23 años” y con siete hijos. También establece para la demandante la figura de “persona particular” por lo que la violación de su derecho a la privacidad, que incluye aspectos como la personalidad espiritual o física, la habrían llevado a sufrir daños, constatados por pericias psicológicas y el aporte de dos testigos. Finalmente, el escrito indica que, a pesar de tratarse de una revista de carácter satírico, “la foto y las frases allí colocadas exceden un tono sarcástico y burlón y hacen una exposición exagerada de la accionante”.
A pesar de las dificultades financieras para afrontar la sanción económica, la directora de la revista, Ingrid Beck, instó a pensar el hecho desde una visión más general. “Tratamos de sacar el foco de la cuestión de la multa económica y ponerlo en la cuestión de la libertad de expresión”, expresó en un debate organizado el pasado lunes por la Universidad Nacional de Quilmes a raíz del fallo en primera instancia.
Ingrid Beck y Maria O´ Donell
La actividad convocó a una serie de expertos en medios de comunicación a dar sus impresiones acerca de este accionar de la justicia, la libertad de expresión y la sátira. En referencia al fallo en sí, el investigador y docente Martín Becerra explicó que no constituye un precedente legal de relevancia, pero advirtió que “lo que sí uno podría hacer es pensar y preocuparse políticamente, por eso decidimos impulsar esta actividad. Para nosotros es una luz de alerta, porque si bien es un fallo en primera instancia, si bien se concedió la apelación, es un antecedente en términos políticos que avanza sobre el derecho a la libertad de expresión y en ese sentido merece debate, merece reflexión social amplia”, indicó.
Al momento del lanzamiento de ese número, el 193 de Barcelona, Pando presentó un amparo para levantar la edición de circulación pero no generó demasiado ruido. La demanda continuó hasta este año y es el único juicio que la revista tiene en la actualidad. “Hay como una fantasía respecto de que debemos recibir millones de cartas documentos y la verdad es que no es así”, comentó su directora quien luego agregó: “Me gustaría igual sacar el foco de Cecilia Pando, que puede hacer todas las demandas que quiera, y ponerlo en que una jueza haya fallado a favor de ella”.
Otro de los aspectos polémicos es el de considerar a Pando como una persona particular y no una figura pública. Roberto Gargarella, abogado y sociólogo especialista en derechos humanos, considera que el corazón del caso pasa por esa dicotomía y que en el centro del fallo hay solamente una proclamación y no un razonamiento. A diferencia de la jueza, optó por considerar a Pando como figura pública y argumentó que se trata de alguien que voluntariamente se ha puesto en un determinado lugar, que asumió un determinado rol público y que en la medida en que está en ese lugar especial, tiene más visibilidad.
Roberto Gargarella durante el debate sobre el fallo.
“El fallo da como dato a su favor el hecho de que esa edición de Barcelona duplicó la venta; eso nos habla de Pando como una persona muy conocida. Ese dato muy interesante le juega en contra al fallo. Forma parte del razonamiento de la jueza y entonces es contradictorio con lo que está queriendo decir”, sostuvo el jurista.
También aclaró que el caso puede interpretarse prescindiendo de la figura de Pando: “En muchas notas me parece que se mezcla la idea con la figura de Cecilia Pando. Eso no nos tiene que importar. El fallo está mal por otro tipo de razones”.
Por su parte, el periodista Horacio Verbitsky también criticó la labor del tribunal. “Esto me parece una burrada porque no se trata de derecho a la intimidad sino que se trata de una caricatura, una sátira. La mujer encadenada no es Cecilia Pando, es otro cuerpo”, opinó en referencia a las responsabilidades emergentes del artículo 19 de la Constitución que la jueza incluyó en su texto. “No se puede analizar una sátira, una caricatura bajo la lupa de la veracidad y la prudencia en la entrega de la información y la credibilidad, son cosas absolutamente distintas. Tampoco puede haber real malicia si no hay información”, sentenció el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales.
Verbitsky añadió, además, que esto es parte de una batalla larga por la libertad de expresión, que tiene distintos capítulos y que este último podría haberse abreviado. Seguidamente invitó a continuar con esa lucha: “Hay que avanzar en la educación de los jueces civiles, que lean, que estudien, que se informen. Hay que conseguir que los fallos que se dicten ligeramente como este se revoquen en las instancias superiores. Sino por las cámaras, que suelen ser más prudentes, por la Corte Suprema de Justicia. Y si por alguna razón en algún fallo aparece un juez y la Corte Suprema actuando corporativamente mantiene el fallo de primera instancia, recurrir nuevamente a las instancias internacionales”.
Sebastián Lacunza, director del diario Buenos Aires Herald, alentó además a una autorregulación no sólo por parte de los medios sino también de los funcionarios: “El presidente de la Corte suele apelar a que los jueces tienen que estar unidos, yo diría lo contrario. No se unan, desconfíen señores jueces de ustedes mismos, revisen, denúnciense si es necesario, porque hay jueces, como esta jueza, que hacen una interpretación absurda, arbitraria y peligrosa del derecho. Yo invito a los jueces a que no estén unidos si rige, más o menos, grosso modo, la democracia”.
Actualizada 18/05/2016
May 18, 2016 | destacadas
DeporTV comenzó sus transmisiones de prueba el 13 de abril del 2012, con el objetivo de ser el primer canal estatal dedicado exclusivamente al deporte y con su eje central en el fenómeno más masivo y popular del país, el fútbol. Al año siguiente, en el predio de Tecnópolis, se llevó a cabo la inauguración oficial de las transmisiones por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 21 de febrero. Llegó a desarrollar una programación diversa en la que se transmitían casi doce horas de transmisiones en vivo por día. Sin embargo, desde fines del año pasado, entró en un lento proceso de desarmado hasta la actualidad, en donde la mayoría de su grilla la constituyen enlatados. “La decisión interna del canal fue no lanzar nuevas licitaciones en el intercambio de autoridades. Esos procesos duran varios meses y es un factor para que la programación se vea disminuida ahora”, dijo un empleado de la gestión anterior, que prefirió preservar su identidad.
La misma fuente opinó que el estado actual del canal respondería a que dentro del sistema de medios se le dio prioridad a otros elementos, lo que produjo que todas las licitaciones se caigan, hecho que además dejó sin trabajo a alrededor de 120 personas por el vencimiento de sus contratos. Asegura que las autoridades nuevas trabajan hace algo más de un mes y que, si bien no tienen planes definidos, DXTV va a tener un perfil más bajo. “Nosotros intentamos tener un perfil alto, programación en vivo. Los nuevos tienen un perfil más bajo, on demand, lo van a hacer casi de nicho, ya que los presupuestos para los canales son menores”.
La señal llegó a incluir competencias nacionales e internacionales de diversas disciplinas como automovilismo, boxeo, básquet, handball, atletismo y hasta se realizaron coberturas de las eliminatorias y el mundial de fútbol de Brasil. Además, desde sus comienzos, se manifestó la magnitud técnica de su despliegue, que marcó el inicio de una nueva etapa no sólo para el país sino para toda América Latina, la de la implementación y aplicación de la Televisión Digital Abierta.
El ex funcionario también se refirió al sistema de elaboración de contenido que utilizaban, la modalidad conocida como de producción delegada. “Es la misma que usa el Channel 4 de Inglaterra. En lugar de una producción propia, interna, lo que hacen las autoridades del canal es elegir las temáticas que se quieren tener y se licita con productoras privadas. De modo que todo se hacía a través de terceros”, explicó.
De este procedimiento también podían participar otro tipo de instituciones. “Las universidades ponían departamentos audiovisuales y se convertían en productoras. Además, tenían la ventaja de ser más baratas porque no tenían que pagar IVA”, comentó. Precisamente en esa situación se hallaba la licitación más cara de Educ.ar, la del noticiero de DeporTV, que fue ganada en dos ocasiones por la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Imagenes del canal de television DXTV que esta sufriendo el vaciamiento de la señal.
Desde el principio, el canal se instaló para que funcionara bajo la órbita de Educ.ar S.A., enmarcada dentro del Ministerio de Educación. La misma modalidad establecida previamente para Encuentro y Paka Paka, también emisoras públicas. Para el periodista especializado Emanuel Respighi, todas fueron diseñadas como una expresión autóctona. “DeporTV no sólo transmite valores deportivos sino también elementos propios de nuestra cultura”, expresó.
Respighi opina que en más de cinco meses de gestión desde el recambio de autoridades nacionales, no se han definido políticas concretas al respecto de los medios públicos. “Hay una suerte de parálisis administrativa y artística. También hay incertidumbre ante la falta de alineamientos claros porque se está en un período de transición y, por lo que noto, se está lejos de la continuidad de las políticas de la gestión anterior. Con esto se producen deterioros para los canales, para las pantallas y para todo aquello que hoy son los canales de televisión”.
En este contexto, el periodista y docente Gustavo Veiga ve una problemática aún más amplia. La relaciona directamente con la defensa de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y con los aparentes “perjuicios” que trajo a las entidades privadas propietarias de medios de comunicación. “Lo que me parece más grave es que se puede perder mucho de lo que ganamos con la Ley de Medios, pese a que no se aplicó en su totalidad. Hay que recuperar lo que ganamos y que estamos perdiendo en beneficio de grandes empresas privadas con Clarín a la cabeza y Torneos y Competencias por extensión”, dijo.
También opinó que políticas como la reprivatización de las transmisiones deportivas impedirían a públicos masivos y populares tener acceso a acontecimientos de gran interés popular como el fútbol y el automovilismo. Respighi en cambio, no ve con malos ojos que el canal adopte un perfil que dé lugar a otras prácticas deportivas menos populares: “El canal deportivo estatal debería enfocarse en mostrar eventos en los que el sector privado no hace foco, por ejemplo en el atletismo o deportes amateurs y semiprofesionales. Pero más allá de eso, hay otras actividades a gran escala, transmisiones de audiencia alta a nivel nacional, que deberían ser el eje. Entiendo que el fútbol representa para la Argentina algo mucho más allá que una competencia deportiva”.
Desde las entrañas del canal aún no se han expresado públicamente sobre cuáles serán los caminos a transitar pero sí se ha asegurado la continuidad del proyecto. Las autoridades actuales además manifestaron que los empleados no están autorizados a atender a particulares ni a periodistas, mientras que representantes de la gestión anterior optaron por no realizar declaraciones para “evitarse problemas” ante una situación a la que calificaron como “muy delicada”.
Actualizada 18/05/2016
Abr 19, 2016 | destacadas
Interredes, una organización que aglutina a redes y medios de comunicación comunitarios, realizó el lunes una jornada cultural para exigir la habilitación definitiva de las frecuencias en televisión digital abierta de los canales Barricada TV, Pares TV y Urbana TV, obtenidas mediante concurso público en noviembre de 2015. Bajo una carpa, ubicada frente al Ente Nacional de Comunicaciones -la nueva autoridad de aplicación que asumió las funciones de AFSCA y AFTIC a partir de un decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri- las tres emisoras dieron inicio a una “pantalla abierta”.
Los tres canales se constituyeron en las primeras experiencias dentro del sector sin fines de lucro en lograr la adjudicación de frecuencias en televisión digital abierta mediante concurso público de antecedentes. Pese al clima lluvioso, distintos medios comunitarios se reunieron en la puerta de Perú 103 para acompañar la presentación de las carpetas técnicas necesarias para iniciar el proceso de habilitación definitiva de sus plantas transmisoras. También se movilizaron en defensa del 33 por ciento del espectro reservado para los medios sin fines de lucro que contempla la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, modificada a partir de la derogación de varios de sus artículos mediante el DNU publicado por el actual Gobierno nacional. “No vemos que haya necesidad ni urgencia en realizar cambios de esta manera, sino que justamente lo que aparece ahí es cómo la nueva gestión se pone al servicio del mercado y sus propias necesidades”, expresó Natalia Vinelli, de Barricada TV. Y continuó “A los medios comunitarios nos afecta por muchos lugares. Primero, porque mediante los decretos se achicó el directorio del organismo y, además, se eliminó el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, por lo cual perdimos representación directa. Eso significa que la ley que se está discutiendo ahora no tiene al sector comunitario como uno de los actores en debate. Al mismo tiempo, el artículo que obligaba a las cableras a incluir dentro de su grilla a los canales públicos, a los canales universitarios y a los canales sin fines de lucro fue derogado, con lo cual nuestra llegada se achica muchísimo”.
La jornada de protesta también tuvo entre sus reclamos la apertura de nuevos concursos, la continuidad del Fondo de Fomento FOMECA y el pago de cuotas que el ENACOM todavía adeuda a los medios comunitarios. “Esta jornada cultural se planeó para mostrar ciertas inquietudes, para visibilizarnos y para solidarizarnos con los compañeros que quedaron atrás en la posibilidad de presentarse a los concursos. Por eso pedimos por la continuidad de llamado a concursos para que más canales puedan obtener una licencia”, expresó a ANCCOM Diego Gusmerini, presidente de la cooperativa Pares TV.
Las emisoras, explicó Interredes, presentaron sus carpetas de antecedentes en mayo de 2015 y sus propuestas fueron analizadas por diferentes áreas técnicas de la AFSCA, para luego ser evaluadas por un jurado de especialistas nombrados ante escribano público. Después de un largo proceso, en noviembre de 2015, el directorio de la autoridad de aplicación aprobó por mayoría las propuestas, incluyendo las firmas positivas de Martín Sabbatella, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle, Eduardo Rinesi, Claudio Schifer y Marcelo Stubrin.
Voces comunitarias
Barricada TV es un medio comunitario con seis años de existencia que transmite desde la fábrica autogestionada IMPA, en Almagro, y que concursó por el canal digital 33 en la modalidad licenciatario operador para baja potencia dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Necesitamos realizar ahora las mediciones y los ajustes de los parámetros técnicos para no interferir otros canales. Esto no lo podemos hacer hasta que Canal 13 deje de utilizar la señal de prueba que estaba utilizando en el 33, cosa que debió haber hecho desde el momento que hubo nuevos licenciatarios según manda la norma”, explicó Vinelli. Para ello, aclararon desde Interredes, es necesario que el ENACOM haga cumplir la resolución 35/15 del AFSCA que refiere a la reorganización de la grilla de la Televisión Digital Abierta, de acuerdo con el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales aprobado en 2014. “Esta reorganización establece que los canales 9, 11 y 13, que emiten de manera experimental en prueba, deben mudarse a los canales a los que fueron reasignados. Hoy Canal 13, del Grupo Clarín, debe mudarse a la señal 35 para que el 33 quede libre para la televisión comunitaria”, expresó Interredes.
Urbana TV, también con seis años de historia, “nació de la articulación de la ley 3343 de urbanización de la villa 31 con la ley de medios de Néstor Kirchner y Cristina”, contó a ANCCOM Gustavo Cañaveral, uno de los directores y fundadores de Urbana TV, junto con Milcíades Peña y Juan Cruz Guevara. “Nosotros estamos en contra de destruir todo lo construido por la ley y frente a eso no nos hemos callado la boca. Fuimos trabajando todos los días para llegar a este momento, que es muy importante, porque demuestra que no estamos caídos”, continuó. Y concluyó: “Transmitimos por la 31, estamos adentro, y ya es un patrimonio del barrio. Hemos capacitado a muchos chicos que están trabajando hoy, que son todos de la 31. Es el primer canal de una villa de la Republica Argentina, y les va a costar sacarnos”.
Marcelo Neira, uno de los trabajadores del sector técnico de Urbana TV, vive hace diez años en el barrio y entró al canal hace cinco por un curso de capacitación audiovisual: “Para nosotros este canal es la voz del barrio, la voz de los que no tienen voz. Nosotros queremos mostrar que existe otra forma de hacer televisión, no creemos en la televisión basura. También queremos mostrar cosas que no muestra ningún canal, que tiene que ver con las cosas buenas que hay en los barrios populares. Hay muchos obreros que tipo 4 o 5 de la mañana salen con el termito bajo el brazo porque se van a laburar, hay muchos chicos que van a la escuela, y también hay muchos chicos que estudian en las universidades. Y eso nadie lo sabe”, comentó.
Pares TV, canal de Luján, tiene ocho años de trayectoria en comunicación comunitaria y concursó por el canal digital 19 en la modalidad licenciatario operador. “La cooperativa nació en 2008, y transmitió por canal 3 desde 2009 hasta febrero de 2014, año en que prendimos en TDA con una señal de prueba. Y bueno, ahora tenemos la posibilidad de legalizar el canal en forma definitiva”, dijo Gusmerini. Consideró que en otro momento, un trámite como la presentación de carpetas hubiese sido parte de un día normal de habilitación, pero “la preocupación por lo que está pasando con la derogación de algunos artículos que nos perjudican es el motivo por el cual desde el movimiento nacional de Interredes se decidió hacer esta jornada para acompañar a los tres canales”, sostuvo el presidente de la cooperativa Pares TV.
Milcíades Peña, uno de los fundadores del canal Urbana TV, consideró al DNU que afecta a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como un “durísimo golpe que recibió el pueblo argentino. Es un gran retroceso. Que no se pueda avanzar en el proceso de lucha contra la hegemonía y monopolio de la comunicación, y que no se pueda avanzar en la democratización completa de la comunicación, es una derrota”. Sin embargo, expresó que todavía existen “montones de aspectos de la ley que están vigentes, y que está en nosotros pelear para que continúen. Por eso, estar en la calle, acompañados por todo el sector, peleando por nuestros derechos, es algo que nos llena de mucha alegría. El sentido del día de hoy es decir: Acá está el sector de la comunicación popular, comunitaria, alternativa y alterativa. Y acá estamos intentando alterar un poco el orden establecido´”.
Actualizada 20/04/2016
Abr 13, 2016 | destacadas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el órgano máximo en la materia en el continente, realizó una audiencia en su sede en Washington para que el Gobierno argentino brinde explicaciones sobre la anulación de la ley de medios. ANCCOM la siguió por videoconferencia en el Congreso de la Nación junto a diputados opositores, representantes de medios comunitarios, universidades y cooperativas.
A raíz de las denuncias presentadas ante la CIDH por la Coalición por una Comunicación Democrática y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ejecutivo nacional por incumplir los estándares internacionales sobre libertad de expresión, la CIDH citó a las partes a sentarse y a decir lo suyo el pasado viernes 8 de abril.
El primer expositor fue Horacio Verbitsky, presidente del CELS: “Con el pretexto de las falencias en la aplicación de la ley de medios, que muchos de nosotros hemos señalado en distintas oportunidades y con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica, se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal. Excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales, cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los procedimientos legales que los amparaban”. La nueva legislación, subrayó, habilita una mayor concentración mediática, reduce el pluralismo y la diversidad, y beneficia a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas.
El segundo expositor fue Martín Becerra, especialista en políticas de comunicación de la UBA y la UNQ, resaltó el problema de la concentración de la propiedad de los medios en Argentina. “La Corte Suprema de Justicia, en 2013, con el aval de seis de sus siete miembros, entendió que es obligación inexcusable del Estado generar políticas de estímulo al pluralismo, y en consecuencia de restricción de la concentración. La concentración excesiva de la palabra es la antítesis misma de la democracia”. Y añadió: “Sin embargo, las nuevas normas decretadas por el Gobierno dan la espalda a este problema. Obstaculizan la competencia y potencian la concentración”.
El abogado experto en derecho a la información Damián Loreti, en representación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, puntualizó los estándares internacionales violentados por la nueva normativa que impuso el Gobierno: “En primer lugar, se quita la autarquía legal a sus autoridades prevista en la legislación. Segundo, se viola la obligación de transmisión o must carry. Y tercero, se violenta el principio de legalidad de los estándares reconocidos en diversas declaraciones de los relatores [de la CIDH] en 2009 y 2014”.
Por su parte, el periodista Daniel Badenes, delegado de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo, criticó la conformación del directorio y la dependencia de la nueva autoridad de aplicación al Poder Ejecutivo: “El decreto que crea el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) suplantó al directorio. La nueva conformación excluye la representación universitaria y esto es una regresión. Lo mismo debemos decir del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), que fue disuelto y actualmente todas sus funciones son concentradas por un ministro”.
Osvaldo Francés, representante de la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina y vicepresidente del disuelto COFECA, en referencia a la eliminación de los techos de concentración, afirmó: “Librados a estas condiciones de mercado no vamos a sobrevivir y de esta forma se atenta contra la pluralidad de voces que tanto se declama”.
El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Néstor Busso, denunció que “el Fondo de Fomento para medios comunitarios e indígenas se encuentra paralizado” y agregó que “hay más de 300 organizaciones que concursaron, ganaron, firmaron los convenios correspondientes y no cobraron los subsidios. Tampoco se planificaron los que corresponderían al presente año 2016”.
Los representantes del Gobierno tuvieron su turno para hablar y el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj -ya por esas horas salpicado por los Panamá Papers- comenzó diciendo: “Lo más relevante que venimos a plantear aquí es uno de los más desafiantes compromisos que ha asumido el gobierno de Mauricio Macri en materia de derechos humanos: restituir el pleno ejercicio de la libertad de expresión en el país”. “El año pasado fue crítico –sostuvo–con periodistas hostigados y encarcelados, constantes abusos de las cadenas nacionales y del sistema público de medios y distribución arbitraria de la pauta de publicidad oficial”.
Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos bonaerense, dedicó todo su tiempo a criticar al anterior gobierno y se refirió a la pelea entre el ex kirchnerismo y el Grupo Clarín: “Uno de los casos emblemáticos de persecución, pero no el único, fue la campaña durante años contra un diario de gran circulación encabezada por la presidencia y seguida de forma grotesca por la mayoría de los funcionarios públicos”.
Eduardo Bertoni, director nacional de protección de datos personales, fue quién más criticó la ley de medios: “Una evaluación seria dejar la conclusión que su aplicación e implementación fue deficiente, selectiva, parcial y partisana”, sostuvo y agregó que “resulta prematuro y especulativo deliberar sobre el posible problema que podría derivar una legislación que hoy se encuentra en plena elaboración, siguiendo principios que se ajustan a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, argumentó.
El presidente del flamante ENACOM, Miguel De Godoy, fue el más breve y utilizó sólo dos minutos para destacar la importancia de la convergencia tecnológica. También prometió convocar a distintos sectores, incluidos los peticionarios de la audiencia, teniendo en cuenta los aportes que la CIDH realice, pero no dio ninguna precisión sobre el tema de la concentración de medios.
Mientras tanto, en el Anexo A de Diputados, las intervenciones oficialistas despertaron gritos, silbidos y risas irónicas. Terminada la videoconferencia, no obstante, hubo consenso sobre el balance positivo del debate en Washington. La diputada del Frente para la Victoria Liliana Mazure consideró urgente trabajar en un proyecto desde la oposición: “Tenemos que armar una agenda y un recorrido por el país y empezar en no más de una semana”. Su compañero de bloque, Eduardo Seminara, opinó que se trata de un debate difícil: “Somos dos proyectos comunicacionales, dos modelos de Estado y dos modelos de país distintos”.
Mariela Pugliese, presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), contó sus expectativas: “Esperamos que la CIDH mande sus recomendaciones al Gobierno argentino en función puntualmente de los DNU que ya están generando cambios concretos”.
En diálogo con ANCCOM, el ex diputado kirchnerista Carlos Raimundi, ensayó una autocrítica: “El día que vuelva un gobierno popular va a tener que redactar nuevamente una ley más moderna, porque es cierto que el salto tecnológico en pocos años modificará las condiciones y el sistema de comunicación, y tiene que actuar con mucha fuerza. Si hay que desmonopolizar un grupo, hay que desmonopolizarlo al otro día que salió la ley”.
Actualización 14/04/2016
Abr 13, 2016 | inicio
En el barrio de Almagro, corazón de Buenos Aires, a metros de las vías del tren Sarmiento, comenzó a funcionar Radio Gascón. Esta propuesta comunitaria, cultural e informativa nace en un espacio reconocido por su lucha por la vivienda digna.
En 1983 Miriam Catacata estaba embarazada y la echaron del hotel donde vivía. Su marido conocía al sereno que cuidaba un edificio cercano, en Gascón 123 –por entonces sólo un esqueleto–, y el hombre les permitió alojarse ahí. Con el tiempo llegaron más familias de Jujuy y de Salta, hasta las 48 que lo habitan hoy, y conformaron la Cooperativa de Vivienda Nuevo Horizonte. Así comenzó la historia de este espacio que lleva más de 30 años luchando por un hogar digno y que desde el pasado 9 de abril amplificaron su voz.
“Somos un grupo del palo de la comunicación con ganas de hacer una radio”, cuenta el periodista Matías Levín, quien junto a Miguel Maciel, Julián Belistri y Ariel García encabezan el proyecto. Su misión no se limita a lo técnico. García explica que quieren estar en lugares como Gascón porque allí pueden “armar espacios de formación para pibes, empoderarlos en el terreno de la comunicación y achicar la distancia del micrófono con la gente”.
“La idea de la radio es que sea diversa, abierta, nacional y popular pero sin banderas partidarias”, explica Levín que además, como el resto del equipo, ha militado en distintas agrupaciones. “La construcción política y la comunicación van hermanadas”, subraya.
En la primera emisión los entrevistados son Norma Maizares, coordinadora del comedor La Casita de Belén que funciona en el edificio, y Plácido Burgos, referente de la cooperativa. “Estamos reclamando que se resuelva nuestra situación. La justicia ya dijo que se tiene que construir una vivienda social”, afirma Norma al aire, a propósito de las resoluciones judiciales ganadas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno intentaron desalojarlos por decreto. El momento más crítico fue en 2009 cuando, con el apoyo de los vecinos, los habitantes del inmueble cortaron la avenida Rivadavia y lograron conservar sus viviendas. La protesta despertó la atención de algunos medios y la problemática, extendida en toda la Ciudad de Buenos Aires, cobró visibilidad. “Yo creo que la radio es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo, no sólo a nosotros sino a todas las personas que están en nuestra situación”, dice Norma.
Desde que Miriam Catacata y su esposo lo ocuparon, los vecinos han ido construyendo y mejorando el edificio. “En 1990 hicimos los balcones entre todos. Estaba la base pero no estaban cerrados. Hicimos las barandas, primero de madera y después de hierro”, recuerda Norma, quien con otros vecinos cocinó todo tipo de comidas para vender en la inauguración de la radio. Lo recaudado les servirá para terminar de acondicionar el espacio donde se instalarán los equipos.
“Apuntamos a que el día a día de la radio esté consolidado por la misma gente de Gascón. Que tengamos pibes que operen, vecinos que tengan un programa. Esa es nuestra aspiración”, comenta García, quien en los 90 formó parte del mítico canal comunitario Utopía TV que transmitió en una decena de lugares escapando de los allanamientos de la policía.
El programa inaugural se realiza en el patio que da a las vías del Sarmiento. A pesar de la inminente lluvia que amenaza los equipos a la intemperie, son muchos los vecinos y amigos que se acercan. “Estuve escuchando un poco en el camino pero se me cortó”, se excusa una mujer que llega tarde, mientras al aire están dialogando el director de la Carrera de Comunicación de la UBA, Diego De Charras, Mariano Randazzo de Radio Sur y el ex legislador porteño Fernando Muñoz, actualmente a cargo de la Defensoría del Inquilino, sobre las políticas que afectan al sector comunitario.
A inicios de año, Levín y compañía pusieron en marcha el proyecto Caja Negra, un programa hecho con fragmentos de ciclos de TV y radio que padecen alguna censura, mezclan todo y producen un informe semanal de noticias replicado por seis emisoras del país.
“Radio Gascón, un lugar de conquista y voz popular”, se despide rápidamente el locutor Miguel Maciel antes de que caigan las primeras gotas. “Dicen que la lluvia trae suerte”, dice otra invitada que se resguarda bajo un techo junto al dúo que un rato antes tocó una chacarera. “Tengo esperanza y fe en la radio. Hay tantos medios que nos están cerrando puertas… Esta es una puerta que se abre”, se ilusiona Norma.
Actualización 14/04/2016
