Ago 5, 2016 | inicio
Cientos de militantes se reunieron este jueves frente a la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo para impedir que la policía detenga a Hebe de Bonafini, símbolo de la lucha contra la dictadura cívico-militar que instauró el terrorismo de Estado en la Argentina entre 1976 y 1983.
Un aparatoso operativo policial se desplegó en la puerta del organismo defensor de los derechos humanos, en Hipólito Yrigoyen al 1500, a la misma hora que cada jueves, desde hace 1.999 semanas, las madres parten rumbo a Plaza de Mayo para dar sus tradicional acto en la Pirámide, frente a la Casa Rosada.
El reclamo por el tarifazó se sumó también al apoyo a Hebe de Bonafini.
Los policías blandían una orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien decidió arrestarla acusándola de rebeldía por no presentarse a declarar en la causa que la investiga por presuntos desvíos de fondos que la cooperativa de construcción de viviendas Sueños Compartidos recibía en concepto de subsidios estatales.
Rodeada de militantes de distintas organizaciones y de numerosas personas que se acercaron a solidarizarse, Hebe logró eludir el cerco policial y realizar el tradicional acto en la Plaza de Mayo, donde leyó una carta en la que recordó que desde 1976, cuando desaparecieron sus hijos, la justicia le da la espalda. “Cuando hay un juez probo, uno tiene que presentarse, pero cuanto son todos estos, uno no los puede respetar”, resumió. Bonafini había sido citada por Martínez de Giorgi a una declaración indagatoria, que es el derecho que le asiste a un acusado a declarar ante un juez. Por la mañana, sus abogados habían anticipado mediante un escrito que no haría uso de ese derecho.
La orden de detención de Hebe se da en un contexto preocupante para la defensa de los derechos humanos. Desde la asunción del gobierno macrista, aumentó considerablemente el número de prisiones domiciliarias concedidas a represores de la última dictadura, se aletargaron los juicios que investigan desapariciones y torturas, se desmantelaron unidades públicas de distintos ministerios que tenían como objetivo investigar y aportar información en torno a la represión, el ex carapintada Aldo Rico participó de los festejos oficiales por el Bicentenario y el ministro de Justicia Germán Garavano recibió a familiares de genocidas mientras el presidente Macri le retaceaba su tiempo a Estela de Carlotto, entre otras acciones.
Tras la ronda de los jueves, Bonafini regresó a la sede de su organización y se quedó allí durante toda la noche. Ante el apoyo multitudinario, el juez suspendió la ejecución de la medida y le ordenó a la policía que la llevara a cabo cuando lo considerara conveniente, por lo que no hay que descartar la detención, en cualquier momento, de la titular de Madres, quien puso su propio cuerpo delante de la caballería montada en la rebelión popular de 2001 para proteger a los manifestantes en Plaza de Mayo. Al cierre de su discurso fue la propia Hebe la que interpeló al presidente de la Nación: “Macri, pará la mano”.
Actualizada 05/08/2016
Ago 2, 2016 | inicio
Cinco meses después de asumir la Presidencia, Mauricio Macri diseñó un viaje estratégico. El secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Ángel Tello, voló a Estados Unidos con un objetivo claro: retomar el intercambio bilateral en el área militar con el país del norte. La agenda incluía contactos con funcionarios del Pentágono -sede del Departamento de Defensa- como la subsecretaria adjunta de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Rebecca Chávez, con el objeto de afinar los puntos de cooperación militar acordados entre Macri y Barack Obama en marzo, durante la visita oficial del mandatario estadounidense a la Argentina. “Es posible avanzar en la cooperación antártica. Queremos que la ciudad de Ushuaia se convierta en una base logística para apoyar las tareas científicas en la Antártida”, dijo Tello al diario a La Nación poco antes de partir.
Pese a los anuncios sobre posibles acuerdos de cooperación científico militar, el gobierno nacional no publicó información respecto a los acuerdos finalmente alcanzados. Distintos especialistas consultados por ANCCOM manifestaron su desconfianza frente a los escasos datos oficiales disponibles sobre las negociaciones abiertas ¿y cerradas? con Washington.
Telma Luzzani, periodista de política internacional y autora del libro: Territorios vigilados.
Telma Luzzani, periodista de política internacional y autora del libro “Territorios vigilados. Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica”, advirtió sobre la necesidad de analizar los eventuales acuerdos más allá de los títulos de ´cooperación científica´.
“Desde el año 1996, aproximadamente, Estados Unidos empieza a implementar un tipo de base llamada FOL por sus siglas en inglés (Foward Operating Location) y uno puede intuir que son las que quieren incorporar al país. Estas bases tienen una doble o triple función; por lo general cuentan con algún tipo de tropa, material tecnológico, y es desde donde recogen información de la zona -en todo el alcance que pueden tener sus radares- y hacen relevamientos a nivel de los habitantes para ir penetrando en la gente y que estos se acostumbren a ellos para que les pasen información”, puntualizó. Además, Luzzani precisó que ese tipo de bases “resultan más sencillas de justificar frente a los ciudadanos de los países donde se asientan y son menos costosas que aquellas que se pueden ver en las películas de la Segunda Guerra Mundial; que eran gigantes, con casas, polígonos de tiro y tanques”.
“Lo más grave de todo es que, según nuestras fuentes, el ofrecimiento de instalar las bases fue del gobierno argentino. Es la primera vez en el país que se llega a este extremo, eso no lo hizo ningún gobierno constitucional ni dictatorial en nuestro país”, advirtió Elsa Bruzzone.
Independientemente del carácter científico de los proyectos, Luzzani resumió: “Estados Unidos no dice que no va a venir, argumenta que se trata de bases científicas o contra el narcotráfico, que no son en absoluto bases militares y que esto es una especie de paranoia. Pero Tierra del Fuego y la Triple Frontera son dos lugares muy estratégicos a nivel de recursos naturales, y son zonas en las que pueden armar `puentes´, porque la de Tierra del Fuego estaría cerca de la base de la OTAN en Malvinas, y la de Misiones a las de Pedro Juan Caballero y Mariscal José Felix Estigarribia en Paraguay”.
Ese tipo de bases pueden estar “disfrazadas de científicas, de ayuda humanitaria, o justificadas por desastres militares o planes de asistencia por pandemias o epidemias”. Así coincidió Elsa Bruzzone, especialista en temas de Defensa nacional, Estrategia y Geopolítica, y secretaria del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA). “Entre los consensos aparece la instalación de una base para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en Misiones y para la ayuda y expediciones científicas en la Antártida y en Ushuaia. La sorpresa se da en los primeros días de junio de este año cuando se difunde el Informe Mundial sobre Terrorismo (Country Reports on Terrorism) que dice que en la zona de la Triple Frontera hay un incremento de actividades que son base para el financiamiento terrorista, del Daesh, o Estado Islámico, y de otras células asentadas en Siria. El informe complementa diciendo que toda América del Sur y el Caribe son, potencialmente, zonas de influencia para el Daesh”, explicó.
Efectivamente, según consta en capítulo referido a la Argentina del Informe elaborado por el Departamento de Estado norteamericano, “la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, se mantiene como un nexo regional importante de armas, drogas, piratería de bienes, tráfico de personas, falsificación y lavado de dinero todas potenciales fuentes de financiamiento para organizaciones terroristas”. Y agrega: “América del Sur y el Caribe también han servido como áreas de financiamiento y de apoyo ideológico para el ISIS y otros grupos terroristas en Medio Oriente y el Sur de Asia”.
Bruzzone agregó que a fines de diciembre de 2015 el gobierno argentino informó al Departamento de Estado que “había detectado transacciones financieras sospechosas” en la zona de la Triple Frontera. “Lo más grave de todo es que, según nuestras fuentes, el ofrecimiento de instalar las bases fue del gobierno argentino. Es la primera vez en el país que se llega a este extremo, eso no lo hizo ningún gobierno constitucional ni dictatorial en nuestro país”, advirtió.
“El pedido de informes fue girado a la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que está presidida por Elisa Carrió, donde no ha tenido respuesta y podemos decir que eso también es una respuesta”, amplió Di Stefano.
Sin datos
La incertidumbre generada por la falta de información oficial sobre las negociaciones abiertas con Washington involucró al gobernador de Misiones, Hugo Passalacque, y su par de Tierra del Fuego, Rosana Bertone. Ambos manifestaron públicamente no tener datos sobre la posible instalación de bases en sus provincias. Para forzar la difusión oficial, Daniel Di Stefano, diputado nacional por el Frente para la Victoria de Misiones, presentó en la Cámara Baja, junto a su par Verónica Mercado, un proyecto de resolución que solicita al Ejecutivo Nacional que informe sobre la posible “instalación de una base militar de un país extranjero en la provincia de Misiones”.
“En Misiones existe un rumor fuerte sobre las bases y como legislador nacional por la provincia tengo el compromiso de despejar las dudas de la población porque este tipo de acuerdos implican pérdida de soberanía”, argumentó.
El proyecto de Di Stefano ingresó a Diputados el 16 de junio. Las senadoras Sandra Giménez (FpV Misiones) y María Magdalena Odarda (CC ARI Río Negro) hicieron lo propio en la Cámara Alta.
“El pedido de informes fue girado a la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que está presidida por Elisa Carrió, donde no ha tenido respuesta y podemos decir que eso también es una respuesta”, amplió Di Stefano. El legislador nacional advirtió que el debate sobre los posibles acuerdos militares con Estados Unidos “busca ser disfrazado de distintas maneras para evitar que el tema se nacionalice o que el Congreso intervenga”.
A pesar de que América del Sur cuenta con numerosas bases en su territorio, en 2014, durante la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe que se celebró en La Habana, América Latina fue declarada zona de paz. Por eso, el texto presentado por Di Stefano hace mención al equilibrio alcanzado específicamente por los países de la Triple Frontera “que trabajan hace muchos años con la intención de velar sobre la seguridad y el bienestar de sus habitantes en zonas de fronteras”. Y concluyó: “La instalación de bases militares extranjeras en el Cono Sur puede convertirse en un factor de perturbación de la paz regional existente. Debemos tomar todos los recaudos necesarios para velar por el bienestar de los pueblos libres que habitan en la región de la Triple Frontera”.
“Nunca dejaron de agitar el fantasma de la posible existencia de células de Al Qaeda”, puntualizó Bruzzone-.
Informes y diagnósticos
Los informes del Departamento de Estado norteamericano de las últimas décadas sobre la zona de la Triple Frontera -puntualizó Bruzzone- “nunca dejaron de agitar el fantasma de la posible existencia de células de Al Qaeda”. Este argumento sirvió para insistir y presionar a los gobiernos argentinos acerca de la necesidad de instalar una base en Misiones. “Desde 2003, cada tanto, aparecía en los medios el tema de la posible existencia de células terroristas, pero los informes del Departamento de Estado decían que a raíz del diálogo antiterrorista del Tres más uno firmado entre Argentina, Brasil y Paraguay, más Estados Unidos, para el control terrestre, aéreo, y fluvial de la zona de la Triple Frontera funcionaba perfectamente, por lo tanto no había alarma”, explicó.
La especialista recordó que en 2010 Estados Unidos expresó quejas porque los los gobiernos brasileño y argentino lo “dejaban un poco de lado” en la toma de decisiones. “Pero los terroristas siguen sin aparecer. Finalmente, a partir de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, los medios norteamericanos y el Departamento de Estado empiezan a agitar nuevamente la presencia terrorista en la zona de la Triple Frontera. Esta vez, si se trata de Al Qaeda, es por medio del Frente Al-Nusra [Frente de la Victoria para el Pueblo de Gran Siria] pero sobre todo es el Daesh”, definió la representante del CEMIDA.
En esa línea de razonamiento, Luzzani divisó la conformación de un relato que acompaña la expansión militar de Estados Unidos para justificar su incidencia en todo el mundo. “Ellos necesitan varias justificaciones, porque tienen un presupuesto militar altísimo, que sale de los bolsillos de los norteamericanos. Tienen que convencer a sus ciudadanos de que paguen sus impuestos para su seguridad, y que para eso también es necesario el armamentismo y las bases militares. Cuando van a hacer la guerra en Irak necesitan justificarse diciendo que hay armas de destrucción masiva, porque cuál sería sino el argumento para hacer una guerra ahí”, evaluó y subrayó: “Tienen que armar un relato que sea convincente. Como en la Triple Frontera, donde afirman que hay musulmanes del Ejército Islámico que pueden afectar no sólo a los países de alrededor sino también a ellos. Ese mismo relato sirve a los gobiernos locales para justificar que Estados Unidos venga a poner una base, porque el ciudadano también se pregunta por qué tienen que venir a poner una base. Entonces fogonean con esas mentiras y eso convence”.
“Estados Unidos no dice que no va a venir, argumenta que se trata de bases científicas o contra el narcotráfico, que no son en absoluto bases militares y que esto es una especie de paranoia. Pero Tierra del Fuego y la Triple Frontera son dos lugares muy estratégicos a nivel de recursos naturales…», afirmaba Luzzani.
¿Y los recursos naturales?
La posibilidad de control sobre recursos naturales clave aparece como fantasma detrás de los rumores. “Si uno mira en la página del Pentágono, se puede ver que ellos hacen proyectos a largo plazo, y en esos proyectos dicen lo que piensan, no lo ocultan. Dicen que quieren tener el acceso necesario a los recursos para cuando ellos lo necesitan. Mientras tanto no los van a tocar”, afirmó Luzzani.
Bruzzone completa: “Cuando se leen todos los documentos del Pentágono, del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, de la CNA Corporation que está compuesta por altos jefes militares y navales norteamericanos, más otros estudios complementarios, lo que dicen es que Estados Unidos tiene que militarizar el mundo, expandirse a través de bases militares ubicadas cerca de las zonas donde hay recursos naturales para tener el acceso y control cuando llegue el momento”.
Y advierte que los puntos elegidos en el continente “rodean recursos naturales: agua dulce, hidrocarburos, minerales, insumos para la producción de alimentos y medicamentos, y biodiversidad. Todos recursos estratégicos que Estados Unidos no tiene porque los depredó”.
Ambas especialistas subrayan que San Ignacio, en Misiones, es uno de los puntos más importantes de carga y descarga del Acuífero Guaraní -tercer reservorio de agua dulce del mundo- compartido entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Otro punto es la zona de la Triple Frontera, desde donde también se accede al control de la Amazonia. Y con la base en Ushuaia, se ratificaría el control que tiene la OTAN en Malvinas, y desde donde ejerce el control de “toda la zona del Atlántico Sur, el Estrecho de Magallanes, el Pasaje de Drake –tramo de mar que separa a ambos continentes- y el Canal de Beagle”. Sobre la plataforma marítima argentina, donde hay yacimientos de hidrocarburos, existen nódulos polimetálicos que son concentraciones de minerales altamente estratégicas para el uso de la industria aeroespacial y militar. Además, es la zona de mayor variedad y volumen de peces en el mundo. A su vez, Malvinas está muy cerca de la Antártida, el continente con mayor reserva de agua dulce congelada del mundo, con hidrocarburos y minerales estratégicos.
Actualizado 02/08/2016
Jul 26, 2016 | inicio
A las 9 de la mañana de un sábado, un micro escolar se estaciona frente al 1950 de la calle Punta Arenas en el barrio de La Paternal. Hace mucho frío, pero de a poco llegan mujeres con changuitos de compras. Son vecinas de la zona que participan de los viajes al Mercado Central de Buenos Aires organizados los segundos sábados de cada mes por la Unidad Básica “La Irreversible” de La Cámpora. Susana Bellido y Alejandro Funes son los militantes encargados de coordinar la actividad. “Las compras siempre son un éxito porque es una gran ayuda al bolsillo de cada vecino. Las necesidades son terriblemente grandes y se hace una gran diferencia”, aseguró Bellido.
Sin embargo, Susana advirtió que los precios también subieron en el Mercado Central desde que la gobernadora María Eugenia Vidal echó a Alberto Samid, vicepresidente del lugar. “Era el que rompía para que los precios se mantengan”.
“Las compras siempre son un éxito porque es una gran ayuda al bolsillo de cada vecino. Las necesidades son terriblemente grandes y se hace una gran diferencia”, aseguró Bellido.
La organización Consumidores Libres informó que la canasta básica aumentó un 3,16 por ciento en junio y que de enero hasta a la fecha el incremento de precios es del 22,83 por ciento. Héctor Polino, fundador y director de la entidad, sugirió realizar compras de manera comunitaria como forma de paliar estos aumentos que, según él, están causados por la devaluación del peso, la quita o reducción de retenciones al sector agropecuario, el aumento en los servicios o el precio de los combustibles. “Hay aumentos en la estructura de costos, pero además hay un rubro que se llama “por las dudas” y se remarcan los precios sin ningún tipo de control”, denunció Polino.
“Nosotros salimos así vengan dos o treinta personas”, dijo Alejandro.
El micro arranca a las 9:30. Susana lamenta que el día anterior la llamaron varias personas para avisar que no podrían participar de las compras. Algunos porque se enfermaron o les salió un trabajo y otros porque, al estar a mitad del mes, no tienen dinero suficiente. “Nosotros salimos así vengan dos o treinta personas”, dijo Alejandro y agregó que esta es una actividad gratuita, que es la agrupación la que le paga los $1400 al conductor del micro.
En uno de los primeros asientos está sentada Gloria Camponigro, menuda y de pelo canoso. Ella es viuda hace cinco años y vive con su nieto que vino a estudiar a Buenos Aires. Gloria recuerda que la primera vez que fue al Mercado no recorrió mucho, pero que las veces siguientes se animó a dar vueltas y a comparar precios. “Hay que mirar”, recomendó y añadió: “Compré a $17 el kilo de pan, yo pensé que iba a estar feo, pero estaba riquísimo”.
Cerca de las 10 el micro estaciona entre los galpones del Mercado Central. Alejandro y el conductor ayudan a bajar a las mujeres mayores con sus changuitos. Estas se dispersan rápido apenas entran al galpón. Hay cajones repletos de frutas y verduras, vigilados por verduleros que constantemente gritan: “¡El que sigue!”. Carnicerías diversas, entre las que se encuentran varias sucursales de “La Lonja”, propiedad de Samid, y con una larga fila de clientes. Fiambres, lácteos, especias, aceites, plantas, ropa, zapatos, gente, gente y más gente.
“Compré a $17 el kilo de pan, yo pensé que iba a estar feo, pero estaba riquísimo”, recuerda Gloria.
Laura Saldaño fue derecho a comprar carne. Ella es ama de casa y vive con su hija de ocho años y su marido, Omar. Él trabaja en un servicio de mensajería y ahora tuvo que empezar a hacer delivery para una pizzería. “Si no, no llegamos”, se lamentó Laura. Gastó $402 en la carnicería y compró: 900 gramos de pamplona, 5 kilos de pata-muslo, 1 kilo de milanesas rellenas y 3 kilos de pechuga. Aseguró que con eso tiene para todo el mes. “Nunca me llevé chascos y me hace una diferencia a nivel mensual porque yo sé que acá me voy a gastar $500, pero después me ahorro $1000”.
“Para saber dónde comprar, tenés que mirar si hay fila. Si hay mucha gente, el lugar vende cosas buenas”, informó Laura. Contó que luego de comprar en el Central ella dedica todo el fin de semana a cocinar y guarda la comida en el freezer. Pasó por la fiambrería y cuando llegó a la verdulería señaló: “¿Ves? En el barrio el kilo de morrón está como a $100, acá tenés a $50 el verde y a $45 el rojo”.
Intentando salir del laberinto que es el Mercado, Laura se encuentra con Susana, que balancea feliz y orgullosa una bolsa de 700 gramos de filet de merluza que compró por $50. Ambas arrastraban sus changuitos llenos hasta el micro mientras intercambiaban recetas y consejos de dónde comprar el próximo mes.
“En otras épocas yo no he visto lo que está pasando ahora. Estos seis meses para mí son eternos”, afirmaba Inés.
En el micro ya estaba Inés Liliana Corradi esperando a los demás, con un cajón de 20 kilos de tomates a sus pies y con una libreta en la que anotó metódicamente sus adquisiciones. “Uno se la rebusca porque no alcanza la plata. Tenés que estirarla todo lo que podés”, dijo Inés. Ella es jubilada y vive con sus dos hijos. “Hasta noviembre del año pasado yo ganaba 420 dólares de jubilación. Al mes siguiente pasé a cobrar 300 porque el precio del dólar cambió. Tenía en mi bolsillo 120 dólares menos y los precios se fueron por las nubes”, se lamentó y agregó: “En otras épocas yo no he visto lo que está pasando ahora. Estos seis meses para mí son eternos”.
El resto de las mujeres llegan al micro y, junto con Alejandro, acomodan las compras. El conductor emprende la vuelta a La Paternal mientras todos charlan animados sobre cómo optimizar el rendimiento de sus adquisiciones.
Actualizada 26/07/2016
Jul 15, 2016 | inicio
Pasadas las 19.45 de ayer la llovizna comenzaba a sentirse en la esquina de Scalabrini Ortiz y avenida Corrientes, en el barrio porteño de Villa Crespo. Cinco vecinas se encuentran y preguntan: “¿vendrá alguien más?” Juntas corren al encuentro de otras personas que se van acercando a esta intersección, motivados por la convocatoria en redes sociales, con el objetivo de hacerse escuchar ante el gobierno nacional y reclamando el cese de los aumentos en las tarifas de servicios públicos.
Una primera pancarta con la leyenda “Macri pará la mano. No al tarifazo” sirve de punto de encuentro para los vecinos que, ya en mayor cantidad, comienzan a acercarse. El compás de algunas bocinas motiva los primeros ruidos y aplausos. Silbatos, cornetas, llaves agitándose, bidones de plástico… todo sirve para hacerse escuchar.
En la esquina de Triunvirato y Monroe, Villa Urquiza, el mal tiempo también conspira contra la convocatoria. Luego de un breve momento de desilusión, pero con el retraso previsto de todos los eventos multitudinarios, comienzan a llegar los carteles, los aplausos, las latas, los redoblantes y algunos bombos. Un hombre trae dos boletas de gas hechas en gigantografía: la previa al aumento, de 700 pesos, y la última, de 5.600. Otro, que viene caminando con él, menciona el caso de un joven vecino que vive solo a quien le llegó un tarifa de 7.000 pesos: “El pibe trabaja en una pizzería… nadie sabe cómo va a hacer con el sueldo que tiene”. Gran parte de las conversaciones giran en torno a la imposibilidad de poder costear estos aumentos. No se habla de una rebeldía deliberada, sino de una inviabilidad de la realidad concreta.
Centenas de personas se reunieron en las esquinas de Medrano y Corrientes y Scalabrini Ortiz y Corrientes.
Mientras golpea con un martillo el poste del semáforo de la avenida Corrientes, bajo una llovizna persistente, Walter relata: “Pasé de pagar 130 pesos de gas a 900. ¡Tienen que retrotraer las tarifas y hacer un verdadero estudio sobre los costos! Los servicios públicos los tienen que subsidiar los que más tienen, no nosotros, los usuarios”.
La convocatoria por redes sociales con el hashtag #NoAlTarifazo #Ruidazo había comenzado hacía un par de días y se esperaba una gran convocatoria, pero la inminente lluvia pronosticada hacía dudar sobre su éxito a los propios asistentes. Sin embargo, pasadas las 20, la avenida Corrientes ya se encontraba cortada en su totalidad por aproximadamente 200 personas. Más pancartas y mensajes hacia el gobierno repetían los reclamos respecto a la suba de los servicios públicos, pero ningún móvil de televisión se acercó a este punto de encuentro en el barrio de Villa Crespo.
A varios kilómetros de ahí, al igual que en el resto de las concentraciones, un cartel expresa uno de los reclamos fundamentales de la manifestación: “Luz – Gas – Agua – No son un negocio. Son un derecho”, mientras una mujer oculta entre múltiples frazadas, personificaba la cotidianeidad de muchos de los presentes, mientras ironiza: “Viste que el presidente ya explicó que no podemos estar en remera y en patas”.
La convocatoria fue movilizada a través de las redes sociales con el hashtag #Ruidazo y #NoAlTarifazo hace pocos días (Foto: Obelisco).
Hacia las 21 la convocatoria en Scalabrini Ortiz y Corrientes logró reunir a más de 400 personas, todas ellas manifestándose con pancartas y cantos respecto a la suba de tarifas. “Che Macri, che Awada: Tiranos una frazada”, se leía en un cartel sostenido por una madre con su hija en brazos, haciendo referencia a las palabras del Presidente en uno de sus últimos discursos donde alentaba a los ciudadanos a moderar el uso de la calefacción en sus hogares para no sufrir los aumentos. Valeria Stagi es empleada de un local que vende artículos de cotillón ubicado en Scalabrini Ortiz 269, a pocos metros de donde se produce el corte de calles. Inesperadamente este comercio se vio beneficiado con algunas ventas en medio de la convocatoria: “Puse algunas cornetas en el mostrador, a la vista, porque varias personas entraron a comprar algo para hacer ruido”, dice. Según cuenta a su local también lo afectó la suba de luz: “Sé que en esta factura vinieron alrededor de pesos 4.000 pesos y el dueño tiene pensado hacer el reclamo a Edenor”.
Gladis Garello es jubilada y fue a la convocatoria acompañada por su marido, también jubilado: “No traje cacerola para no evocar a los antiguos cacerolazos, porque esa forma de manifestarse siempre tuvo que ver con la elite”. Argumenta que le gustaría meterse entre la multitud que supera las 400 personas en Scalabrini Ortiz y Corrientes pero no se encuentra bien de salud y prefiere resguardarse del frío y la llovizna bajo uno de los techos de las paradas de colectivo. “Nosotros somos el pueblo, yo solo traje un manojo de llaves para hacer ruido, aunque sea bajo este techo”, explica. Agrega que en su caso la última factura de gas que le llegó fue de 600 pesos, cuando en la anterior había pagado 100: “Esto es una medida dictatorial. La gente se cansó. En vez de que las inversiones las hagan los empresarios ricos quieren invertir con la nuestra plata, con nuestro esfuerzo”, reflexiona.
Los empleados de Metrogas aconsejaron no pagar esta factura hasta tanto no se sepa realmente si corresponden los aumentos o no (Foto: Zona Obelisco).
Osvaldo vive con su esposa en un PH en Villa Crespo y recuerda que hace un par de días tuvo que acercarse a las oficinas de Metrogas para avisarles que no va a poder abonar la última factura por un monto de 8.200 pesos: “El año pasado para el mismo período pagué 800 pesos. Mi señora y yo trabajamos todo el día y no estamos casi nunca… ¡No puede ser que gastemos eso de gas!”, agrega y completa: “Yo vine a esta misma esquina en diciembre de 2001 a pedir que se vayan todos. Y ahora estoy acá de nuevo. Esto significa lo mal que está la gente, esto es el comienzo”. En charla con ANCCOM reflexiona que fueron los mismos empleados de Metrogas quienes le aconsejaron no pagar esta factura hasta tanto no se sepa realmente si corresponden los aumentos o no.
Luego de dos horas de continuos cantos y ruidosa manifestación, la mayoría de los vecinos de Villa Crespo comenzó a regresar a sus hogares, bajo condiciones meteorológicas hostiles. Se alejan del punto de encuentro en Scalabrini Ortiz y Corrientes mientras continúan aplaudiendo y haciendo ruido. En la esquina solo quedan algunos pocos a la intemperie y contados paraguas resisten la fuerte llovizna y el frío de la noche entonando la última canción: “Ole-le Ola-la, si este era el cambio, el cambio no va más”.
Walter, uno de llos manifestante contó que “Pasé de pagar 130 pesos de gas a 900. ¡Tienen que retrotraer las tarifas y hacer un verdadero estudio sobre los costos!».
En Urquiza, otro jubilado se suma al pogo improvisado entre los más jóvenes: “Vengo pagando los aumentos de agua, luz y gas. Te juro que aunque cobre aguinaldo, las cuentas no las puedo pagar. Porque Macri nos cagó, las tarifas liberó, Aranguren la puta que te parió”. Varios también recuerdan, como el vecino de Villa Crespo, haber estado en esa misma esquina a fines de 2001, pero rescatan que la situación no es la misma. Sin embargo, esta apreciación no se traduce en gran optimismo: “Si esto sigue así, vamos a terminar igual y más rápido que aquella vez”. Esa conciencia estuvo siempre presente y no se diluyó en ningún momento, aunque tampoco lo hizo la fuerza de los cantitos y la presencia sólida de los 400 vecinos y vecinas que estuvieron durante casi tres horas reclamando por sus derechos.
Actualizado 15/07/2016
Jun 10, 2016 | inicio
El oficialismo macrista en la ciudad de Buenos Aires consiguió ayer aprobar en la Legislatura la ley de creación de la Agencia de Bienes Sociedad del Estado, que establece el traspaso al nuevo ente de los terrenos de dominio público para el impulso de obras de infraestructura, que se descuenta serán llevadas a cabo por empresas privadas. El proyecto fue sancionado con 42 votos positivos, 16 negativos y dos abstenciones. Como se preveía, teniendo en cuenta cómo se había desarrollado el debate sobre el tema en los últimos meses, el Frente para la Victoria (FpV) se mostró dividido en el recinto y tres de los doce legisladores que conforman el bloque acompañaron el proyecto, mientras que siete lo rechazaron y los dos restantes votaron en abstención. Aún así, con el apoyo decisivo del espacio SUMA + -que en las elecciones de 2015 apoyó la candidatura a jefe de Gobierno del economista Martín Lousteau-, el PRO logró cumplir con la voluntad de su jefe en la Capital, Horacio Rodríguez Larreta, y sancionar la ley. “Se trata de la confirmación de que está en marcha un modelo de planeamiento de la ciudad similar al de otros grandes centros urbanos del mundo, basado en la enajenación de patrimonio público para dar rienda suelta a la especulación inmobiliaria», afirmó Patricio Del Corro, legislador del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que votó en contra de la ley. Este paso legal se suma a otras iniciativas del macrismo para concretar la transferencia al capital privado de patrimonio de la ciudad, entre ellas la cesión de terrenos linderos a Casa Amarilla al club Boca Juniors, tal como informó este medio en anteriores ocasiones.
La de ayer fue la segunda vez que fue votado el proyecto, que había sido aprobado en una primera instancia el 3 de diciembre de 2015; pero al tratarse de asuntos referidos a la desafectación de inmuebles de dominio público y proyectos de edificación, la Constitución de la Capital Federal exige su discusión a través de un procedimiento de Doble Lectura, que consiste en una segunda votación, previa realización de una Audiencia Pública no vinculante, en la que participen los sectores con intereses legítimos alrededor de la propuesta legal. Esa audiencia se realizó el 29 de marzo y más allá de que el tratamiento del proyecto era independiente de su resultado, la misma parecía en aquel momento favorecer un cambio en el curso del destino, porque al no reunir los votos mínimos para superar la instancia de la Doble Lectura, el PRO decidió retirar el tema de la agenda de la sesión del jueves 7 de abril. «El proyecto había quedado ‘reservado en secretaría’ para en cualquier momento ser tratado en el recinto y eso fue lo que pasó ayer. Nosotros pedíamos el ‘pase a archivo’, lo cual hubiera significado que la ley se caía», detalló Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista y miembro de la organización Observatorio del Derecho a la Ciudad. Sorpresivamente, la iniciativa fue reflotada ayer y esta vez no fue posible postergar su sanción.
Si bien en el Anexo del texto legal sólo figuran dos inmuebles que pasarán a ser administrados por la Agencia de Bienes SE –el predio del Tiro Federal, ubicado en el barrio de Núñez, y el centro ferial “El Dorrego”, situado en Colegiales-, las organizaciones que resisten la normativa advierten que en realidad alcanza a todos los lotes de propiedad estatal. “Los legisladores que trataron este proyecto ni siquiera sabían cuántos terrenos de dominio público existían realmente en la Capital Federal. No había un inventario. El único relevamiento que existe lo hicimos nosotros”, advirtió Fabio Oliva, integrante del colectivo Buenos Aires No Se Vende, formado por varias agrupaciones que militan en defensa del espacio público de la ciudad. El listado en cuestión, al que accedió ANCCOM, incluye un total de más de 2.500 inmuebles organizados en las categorías “Edificios industriales”, “Galpones o tinglados”, “Locales (comerciales u oficinas)”, Propiedad Horizontal”, “Teatros”, “Terrenos”, “Viviendas con comercio” y “Viviendas unifamiliares”.
La letra de la ley reconoce entre las “funciones” de la flamante Agencia de Bienes SE la de “coordinar las relaciones entre la actividad pública y la inversión privada” y detalla los planes que tiene reservados para los dos terrenos mencionados en el Anexo: el Tiro Federal se convertirá en el “Parque de la Innovación”, que, como define la norma, consistirá en un “centro urbano que impulse la ciencia y la tecnología” en la ciudad de Buenos Aires; mientras que en “El Dorrego” el gobierno de Rodríguez Larreta pretende crear el “Centro Metropolitano Audiovisual”, para albergar a “los distintos sectores involucrados en la comunicación audiovisual: cámaras de productores; medios comunitarios; universidades y trabajadores de la comunicación audiovisual”.
Para concretar esos emprendimientos, la normativa admite que ambos predios serán licitados a través de un concurso público, del que surgirán las empresas adjudicatarias de la obra su construcción. Como ocurre cada vez que el Estado en cualquiera de sus jurisdicciones decide desprenderse de parte de su patrimonio, la ley de Agencia de Bienes SE declara “innecesarios para la gestión” del gobierno de la Capital a los terrenos antes indicados. Sin embargo, desde Buenos Aires No Se Vende aseguran que el supuesto “carácter innecesario” de los terrenos fue definido por unos pocos actores, que representan intereses minoritarios. “Aunque se decidiera que una tierra pública fuera concedida para una inversión inmobiliaria de una empresa, lo correcto sería que esa decisión la tomaran las comunas, y en este caso, la iniciativa provino lisa y llanamente del Poder Ejecutivo”, insistió Oliva.
La cesión de terrenos linderos a Casa Amarilla fue de las primeras iniciativas del macrismo para transferir el patrimonio de la ciudad a privados .
Una Audiencia histórica, pero que no alcanzó
“Esto se sabía desde el lunes pasado y se hizo toda la presión que se pudo para frenarlo”, se lamentó Oliva, arquitecto de profesión, pero comprometido de cuerpo y alma en la preservación de los espacios verdes de la ciudad, cada día más amenazados de extinción. Su actividad lleva ya más de 25 años, cuando comenzó con la lucha para proteger cada uno de los metros cuadrados que dan vida al Parque Avellaneda. Junto con varias agrupaciones vecinales que se especializan en problemáticas similares -Queremos BA, Los Amigos del Lago de Palermo, Basta de Demoler, el Observatorio de Derecho de la Ciudad, el Movimiento Comunero, entre otros- formaron colectivo Buenos Aires No Se Vende, con el objetivo de articular la oposición desde la sociedad civil al proyecto de ley de Agencia de Bienes Sociedad del Estado.
“Nos unió el espanto contra esta ley”, confiesa, aunque se muestra satisfecho por el funcionamiento exhibido hasta ahora por la comunión de las organizaciones barriales. El 29 de marzo último, en el marco de la Audiencia Pública exigida por la Constitución de la Capital Federal, se produjo lo que Oliva definió como “un gran triunfo”, que luego se traduciría en la decisión del oficialismo de postergar el tratamiento en Doble Lectura del proyecto de ley, que estaba previsto para diez días más tarde. “Fue una Audiencia Pública con una inscripción de 200 personas, lo que no es común en este tipo de acontecimientos. Las exposiciones fueron organizadas previamente por BA No Se Vende, hubo más de 100 y ni una sola a favor del proyecto”, describió Oliva, quien definió el evento como “un acto político contundente”.
Por su parte, Baldiviezo recordó que desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad se presentó un recurso legal para evitar que la audiencia se realizara porque, según argumentó, “no había suficiente información para las partes” sobre los alcances reales de la norma, pero la respuesta fue negativa. También alertó acerca de que nunca se realizaron los estudios de impacto ambiental correspondientes, a la hora de llevar adelante obras de desarrollo de infraestructura en terrenos de amplia extensión. De hecho, tal como consta en la Ley N° 123 de la Ciudad de Buenos Aires, debe cumplirse con las diferentes etapas del procedimiento técnico correspondiente hasta llegar al Certificado de Aptitud Ambiental, que autoriza la puesta en marcha de las obras. No obstante, Baldiviezo cree que existe un inconveniente con la reglamentación: “La ley dice que los informes deben hacerse siempre antes de la ejecución de las obras, no antes del proceso de legislación lo cual produce un desfasaje, porque mientras se llevan adelante el proceso legislativo y la Audiencia Pública, hay un tiempo valioso que se pierde, ya que si se practicaran los informes de impacto ambiental desde el momento inicial quedaría claro inmediatamente si el proyecto es viable o no”.
Para Del Corro, la ley no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de la ampliación de los derechos de la ciudadanía. “La población de la ciudad hace sesenta años se mantiene estable, pero cada vez son más las que terminan siendo expulsadas hacia las villas y menos las que viven en una casa propia”, señaló el legislador, haciendo referencia a que la nueva ley se desentiende por completo del problema del déficit habitacional y la urgencia de urbanizar los asentamientos precarios. Las prioridades del gobierno porteño, alineado a nivel nacional con el presidente Mauricio Macri, parecen ser otras: “Será una especie de Silicon Valley», resumen los funcionarios del oficialismo cuando hablan de lo que le espera al Tiro Federal, refiriendo a la región californiana que hospeda a buena parte de las compañías líderes a nivel mundial en desarrollo tecnológico. Una confirmación de que desde la llegada del macrismo al poder, el 10 de diciembre pasado, los ojos de la clase política argentina miran hacia el Norte.
Actualizada 10/06
