Dic 13, 2016 | inicio
Daniel Angelici fue adquiriendo reconocimiento público en los últimos años a partir de su rol como dirigente del club Boca Juniors. Pero la figura de El Tano comenzó a construirse tiempo atrás, a partir de oportunas interpretaciones políticas y, sobre todo, hábiles maniobras económicas. Quizás, la primera de ellas fue vender su Renault 12 para comprar el 0,5% de las acciones de un bingo en San Bernardo cuando tenía apenas 18 años. O tal vez, fue su paso por el radicalismo en los años ochenta, donde inició sus primeros vínculos con el mundo de la política y construyó amistades estratégicas que aún se mantienen, como la de Darío Richarte (ex segundo de la SIDE en el gobierno de la Alianza, ex vicerrector de la UBA y actual dirigente de Boca). Lo cierto es que desde aquel exiguo porcentaje de un bingo de la Costa Atlántica que deambulaba entre las constantes clausuras municipales, Angelici se afirmó como una importante pieza del engranaje empresarial bonaerense. Actualmente, es mucho más que un exitoso empresario y su capacidad de influencia se expande al mundo del fútbol, del Poder Judicial, de los servicios de inteligencia y de la política, al punto de ser conocido como el brazo ejecutor del PRO en los tribunales federales de Comodoro Py. Se convirtió en uno de los hombres de máxima confianza del presidente Mauricio Macri y gente de su entorno ocupa lugares estratégicos en el gobierno. El Tano -con oposiciones y controversias dentro de su mismo espacio político-, opera, maniobra, interviene, presiona y, también, decide. Un poder bien propio, siempre al servicio de Cambiemos.
El lunes de la semana pasada fue imputado el ex juez federal Norberto Oyarbide por falso testimonio luego de haber negado conocer a Angelici, en el marco de la causa que investiga al presidente de Boca por tráfico de influencias dentro del Poder Judicial. La medida fue tomada por el fiscal Franco Picardi y las pruebas (fotos y llamados telefónicos) demuestran que, a pesar de los dichos del ex juez, ambos se conocían. La denuncia había sido realizada por Elisa Carrió, quien acusó a Angelici de utilizar su influencia dentro del ámbito judicial para forzar la renuncia de Oyarbide (quien investigaba a Macri en la causa por las escuchas ilegales). En diálogo con ANCCOM, Julian Maradeo, co-autor junto a Ignacio Damiani del libro El Tano, Quién es Daniel Angelici, establece que en los días previos a la renuncia, hubo comunicaciones entre World Games S.A. (principal empresa del juego de Angelici) y el secretario de quien por aquel entonces era juez. “Después Oyarbide presentó la renuncia y fue aceptada medio a los apurones por Macri”, afirma Maradeo, quien define a Angelici como “un manual de poder de la política moderna.”
Este no fue el único hecho reciente vinculado al empresario del juego devenido en actor político. La semana pasada se confirmó lo que hasta entonces había circulado como un rumor dentro del gabinete de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal: la renuncia de Melitón Eugenio López, presidente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, por desacuerdos a partir de un impuesto al sector. López mantiene un vínculo con Angelici, no solo por ser parte del mundo del juego, sino porque es un empresario futbolístico reconocido. Pero Julián Maradeo intenta correr el foco hacia otro lado: “No hay que prestarle tanta atención a quien se fue sino a quien quedó, porque el Nº3 del Instituto de Loterías es Fernando Rovello, un radical-PRO del riñón de Angelici que forma parte de su estructura política. Rovello fue clave en el armado de la campaña para que Angelici sea reelecto presidente de Boca en el 2015.”
El libro de Maradeo y Damiani apareció en librerías en agosto de este año. A pesar de la exposición de negociados controvertidos con el poder público, sobreprecios, amenazas a periodistas, aprietes y demás, la publicación no tuvo la suficiente repercusión, sobre todo en los grandes medios de nuestro país. “Sabíamos que iba a tener una circulación muy restringida”, establece Maradeo que acusa un blindaje mediático sobre la figura de Angelici. “Varios medios o periodistas nos pedían notas o capítulos del libro y luego los empresarios de esos mismos medios les daban de baja a la nota -agrega-. Como pasó con Infobae, en donde la histórica relación del empresario de medios Daniel Hadad con los servicios de inteligencia hace que no se pueda hablar del libro. También es conocida la relación de Ricardo Roa y Angelici, lo que genera que cada vez que un colega del diario Clarín se interese en el libro, la nota tenga igual derrotero. La misma situación se repite en el Grupo Indalo (C5N, Radio 10, Ámbito Financiero, etc.). Y ni hablar del periodismo deportivo, en donde Angelici mantiene una buena relación con casi todos los grandes medios de ese reducido espectro.”
Primeros pasos
Los periodistas Federico Poore y Ramón Indart son autores del libro El poder del juego. El gran negocio de la política argentina.
Poore, periodista, colaborador de Ámbito Financiero, y del sitio Chequeado.com, no cree que el poder de Angelici esté sostenido por el aparato político del PRO. En diálogo con ANCCOM sostuvo: “Yo creo que él tiene un poder propio, si el día de mañana el PRO deja de ser gobierno, Angelici va a seguir teniendo poder dentro de la justicia y el juego.”
“Macri no hace política con gente que no tenga plata, si no tenés plata no podes ser político con Macri.”, afirma Indart, periodista del diario Perfil. “Él se llenó de poder y ese es su mayor capital en la política, lo que más le da a Macri es eso: el poder de los contactos; conoce gente en todos lados. Es un poder muy concreto que ayuda a resolver problemas fácilmente.” El Tano aportó al PRO la articulación territorial en el interior de la provincia de Buenos Aires y su influencia en el ámbito judicial, al mismo tiempo que blindó sus propios negocios empresariales (que incluyen también la especulación inmobiliaria).
Ante el rumor de una posible candidatura, Indart responde: “Para él un cargo es un puesto menor, ¿Para qué quiere un cargo si ya tiene legisladores, funcionarios, jueces y fiscales que le responden? Es uno de los pocos hombres de la Argentina a los que Macri escucha y valora su opinión. Más poder que eso es difícil que te lo dé una candidatura. Si es candidato es porque Macri se lo pide.” Poore, agrega: “No creo que le interese ocupar un cargo público, eso le daría aún mayor exposición. Creo que ahora él está más abocado a la tarea de operador judicial.”
Angelicistas
Ramon Indart destaca esta maniobra de Angelici que consiste en ubicar hombres de su confianza en cargos estratégicos dentro del gobierno del PRO, tanto en la Ciudad, como en la Provincia y la Nación. Muchos de ellos surgidos de la comisión directiva de Boca Juniors. Federico Poore los llama “angelicistas”: tráfico de influencias, relaciones de poder, presiones, manejo de información valiosa, anticipación de resoluciones judiciales y vínculos directos en los tres poderes del Estado.
Entre los principales personajes políticos bajo su influencia o con los que mantiene un vínculo estrecho se encuentran: Laura Alonso (titular de la Oficina Anticorrupción), Daniel del Sol (titular del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad, diputado por el PRO y presidente de la Comisión de Legislación General de la Legislatura porteña), Martin Ocampo (Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad), Gustavo Ferrari (Ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Secretario General de Boca y ex Asesor General durante el gobierno de Daniel Scioli), Gustavo Arribas (comenzó como empresario del mundo futbolístico de la mano de Macri en los años noventa y hoy es titular de la Agencia Federal de Inteligencia –AFI-), Hernán Lombardi (titular del Sistema Federal de Medios), Oscar Moscarriello (ex: vice de Boca con Angelici y legislador porteño del PRO;actual: Secretario de Relaciones Internacionales del club y embajador argentino en Portugal), Christian Gribaudo (ex diputado por el PRO y actual titular del Instituto de Previsión Social), Enzo Pagani (presidente del Consejo de la Magistratura porteño), Silvia Majdalani (N°2 de la AFI), Sergio Brodsky (titular de la Inspección General de Justicia), Claudio Niño (legislador porteño del PRO), Maria Raquel Herrero (Auditora General de la Ciudad), Francisco Quintana (jefe del bloque PRO en la legislatura porteña), Carlos Francisco Balbin y Susana Vega (procurador general y subprocuradora del Tesoro Nacional), Leandro Halperin (Ministerio de Justicia de la Ciudad), Javier Buján (INADI).
Suele juntarse a cenar con figuras reconocidas del ámbito judicial. Entre sus principales contactos se encuentran el fiscal Carlos Stornelli (dirigente de Boca e íntimo de Angelici), el fiscal Raul Plee (quien Angelici quiere como sucesor de Gils Carbó), el fiscal Gerardo Pollicita, los jueces Ariel Lijo, Luis Rodríguez, Rodolfo Canicoba Corral y Marcelo Martínez de Giorgi. Hasta el mismísimo juez federal Claudio Pistolero Bonadío asistió a su cumpleaños.
Fuego amigo
Una de las principales voces del frente Cambiemos que se opuso a Angelici fue Elisa Carrió. La diputada lo etiquetó como operador judicial en reiteradas ocasiones. Aparte de la causa por la renuncia del juez Oyarbide, también se lo vincula a la fallida renuncia del Director de la Aduana, Juan José Gomez Centurión.
Pero no es sólo Carrió: la figura de El Tano también genera malestar en otros referentes importantes del PRO como la vicepresidenta Gabriela Michetti, Vidal o el vicejefe de gobierno de la Ciudad Diego Santilli. Los tres quieren imponer mayores controles al negocio del juego tanto en la ciudad como en la provincia, y forman parte del sector de Cambiemos que no simpatiza mucho con la influencia de Angelici. Otra figura importante para el PRO dentro de la Justicia, es el diputado por el Parlasur Fabián Rodríguez Simón, quien tampoco simpatiza con El Tano y es una pieza importante en la avanzada del gobierno de Vidal en el control del juego.
Sin embargo, Indart y Poore coinciden en que la influencia de Angelici en la provincia de Buenos Aires fue muy importante para la sorpresiva victoria de Vidal.
La disputa por la AFA
Un claro objetivo del macrismo desde su desembarco en diciembre, es la intervención del fútbol argentino. En el intento de reestructurar la cúpula de la AFA y cambiar su estatuto, El Tano fue y sigue siendo imprescindible para el gobierno. El fin es desplazar a la AFA del negocio y cambiar el paradigma de la distribución de los ingresos del fútbol, sobre todo en lo referido a los derechos televisivos, a través de la creación de la Superliga.
A pesar de haber renunciado a su cargo de Secretario General de la AFA en junio de este año, Angelici presiona con sus intereses (o los de Macri). Así como en el Poder Judicial tener un cargo es cosa menor para él, también hay angelicistas en el mundo del fútbol. Desde varios dirigentes de clubes, sobre todo del ascenso, hasta la jueza a cargo de investigar los fondos de Fútbol Para Todos, María Romilda Servini de Cubria, o el ya mencionado titular de la IGJ, Sergio Brodsky, quien se encargó de controlar las irregularidades en los clubes. Otro hombre fuerte de Angelici es el vicepresidente de la Comisión Normalizadora de la AFA, Javier Medín (ex dirigente de Boca).
La avanzada por parte del gobierno nacional busca controlar la jugosa caja del fútbol, junto con el intento de instaurar, de una vez por todas, las sociedades anónimas en los clubes, intención que Macri tiene desde fines de la década del 1990, cuando era presidente de Boca. La restauración en el fútbol ya comenzó y las negociaciones por los derechos de televisación se intensificaron con las multinacionales Fox y Turner, aunque todavía no hubo acuerdo.
La intención de El Tano, también, es aprovechar para instalar el negocio de las apuestas online, que pasarían a ser la segunda fuente de ingresos de los clubes, luego de televisación. El proyecto, que el mismo Julio Grondona miraba con buenos ojos, se encuentra en espera, ya que la intención primera es la reestructuración de la AFA.
Una de las últimas jugadas económicas de Angelici produjo un saldo a favor de 22 millones de pesos para Boca. La sorpresa llegó cuando se presentó el balance del club y la exorbitante suma no estaba justificada. Por lo que la dirigencia tuvo que salir a reconocer que se debió a la compra de dólar futuro en diciembre del año pasado. La operatoria presenta serias irregularidades como establece Gabriela Cerruti en una nota del 29 de octubre. Las fechas de compra que declara Angelici no coinciden con la información de la bolsa, tampoco aparece ninguno de los directivos del club en el listado de compradores de dólar futuro, ni tampoco el nombre de Boca Juniors.
Lo destacable es que el estatuto del club define al mismo como asociación civil, lo que no permite este tipo de operaciones. A pesar de todo, ningún miembro de la dirigencia está siendo investigado por el Poder Judicial.
Boca S.A.
Desde que asumió como presidente a fines de 2011, Daniel Angelici generó rechazo entre varios movimientos de hinchas xeneizes. Más allá de los insuficientes logros deportivos, lo acusan de dar la espalda a los socios y al barrio de La Boca para convertir al club en una empresa que sirva a sus propios intereses. La organización Boca es Pueblo denuncia los negocios millonarios que el PRO realiza con el club de La Ribera: “Boca es el experimento del PRO a nivel club, funciona como una unidad básica del macrismo y eso se refleja en todas las medidas que viene tomando la dirigencia: el club está totalmente cerrado y cada vez cuenta con menos actividades, y a las pocas que quedan se les recorta el presupuesto drásticamente o el club se deslinda de toda responsabilidad.”
Boca es Pueblo nació en 2012 a partir de la organización de los hinchas para reivindicar el barrio de La Boca y su carácter popular. “Defendemos a Boca como asociación civil sin fines de lucro. La Boca sin Boca no existe y Boca sin La Boca tampoco.» Boca es Pueblo realiza marchas y convocatorias entre los socios del club, también talleres y actividades con los vecinos del barrio. “Boca es una asociación sin fines de lucro y no una sociedad anónima como quieren ellos. El objetivo del club no es generar plata, eso es mentira. Tiene una función social.”
Un negocio que la dirigencia de Boca viene amasando hace tiempo es la construcción de un nuevo estadio para suplantar a la mítica Bombonera. “El negocio que se esconde detrás de esto es millonario y tiene que ver con la especulación inmobiliaria en la que están inmiscuidos los dirigentes del PRO. Hay muchos intereses empresariales en juego, y no solo inmobiliarios. Ya acordaron que la financiación del estadio va a venir de fondos externos al club y si Boca se endeuda en 400 o 500 millones de dólares para la construcción del estadio, indefectiblemente, será el paso previo para que Boca se convierta en una sociedad anónima. Es la misma lógica que aplica el PRO a nivel nacional, que tiene que ver con endeudar e hipotecar el país.»
Los incidentes sucedidos en mayo de este año durante una reunión de la Comuna 4 en la que se debatía sobre la venta de los terrenos linderos al club para la construcción del estadio (leer: “Una patota pro nuevo estadio” y “La Boca no se calla”) expone los intereses políticos en juego. Una patota atacó y golpeó salvajemente a miembros de Boca es Pueblo. Dos tuvieron que ser hospitalizados, uno de ellos recibió un puntazo en el cuello. El atacante del cuchillo fue identificado: Rodolfo Matias Corzo, quien trabajaba para el Gobierno de la Ciudad. Lo sorprendente es que a pesar de estar cuatro meses prófugo, continuó presentándose todos los días en su puesto en la Subsecretaria de Gestión de REcursos Humanos y nunca nadie lo fue a buscar. En septiembre, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional lo procesó y dictó la prisión preventiva por tentativa de homicidio. La justicia investiga la connivencia del Gobierno de la Ciudad tanto en los hechos violentos como en su posterior encubrimiento. Lo único que queda por esperar es que El Tano, ese empresario devenido político, esta vez, no meta mano en el proceso.
Actualizado 13/12/2016
Dic 11, 2016 | inicio
“Los documentos filtrados, originados en Panamá, no son “de Panamá”: son de empresarios que esconden sus riquezas para evadir o eludir responsabilidades fiscales. Estamos ante los Magnetto Papers, los Fortabat Papers, los Blaquiers Papers, los Garfunkel Papers… Son los papeles del lavado. Son las pruebas de un dinero que, aunque en ciertos ordenamientos jurídico puede no ser ilegal, es dinero sucio. Estamos ante los Lavado Papers”. Así se presenta el primer informe elaborado por el Consorcio de Periodismo de Investigación Autogestivo, conformado por el diario Tiempo Argentino, el mensuario Mu y la REDCOM, de la que es miembro ANCCOM. Este trabajo inicial conjunto analiza el trato que los medios de comunicación argentinos le dieron a la documentación del estudio Mossack-Fonseca que el periódico alemán Sueddeutsche Zeitung puso a disposición para denunciar las cuentas y empresas offshore radicadas en lo que se denomina paraísos fiscales. Con un espíritu federal, el informe recopila la información de 493 artículos publicados entre el 3 de abril y el 9 de mayo de 2016 en 13 diarios: La Nación, Clarín, Ámbito Financiero, Diario Popular, El Día, La Nueva, La Voz del Interior, El Diario del Centro del País, El Tribuno de Jujuy, Pregón, Jujuy On Line, El Independiente y Nueva Rioja.
Entre las conclusiones elaboradas aparece que el mayor lugar fue dado a las desmentidas -es más frecuente la desmentida que la información sobre el involucrado-, luego a las opiniones sobre el tema y, en tercer lugar, la reproducción de información de otros medios. En cambio, la producción de información propia, esencia del periodismo, es casi nula.
Dentro del análisis de las noticias, la investigación indaga sobre las fuentes y citas utilizadas por los medios de comunicación: el 16,8% de los artículos publicados no citan fuente de información alguna. El promedio de fuentes utilizadas en cada artículo es de 0,59 y si se excluye a la información proporcionada por el Consorcio de Periodistas que creó el diario alemán, el índice desciende a 0,18. Demasiado lejos de las tres fuentes independientes entre sí que requiere cualquier manual de periodismo de investigación.
La investigación señala que el Consorcio de Periodismo Autogestivo encontró a seis grupos de medios de comunicación cuyos dueños, directivos o personal jerárquico posee empresas o cuentas offshore. Esa información, anticipa el informe, será materia de otro documento. “No todos lo dijeron en sus páginas. Los que lo dijeron, no lo hicieron en el primer día. No podemos entonces pensarlos solo como medios: no porque están en el medio, están adentro”.
Clarín y la reproducción de la información
ANCCOM estuvo encargada del relevamiento de las noticias publicadas por la versión impresa del diario Clarín. En sus artículos primaban las reproducciones de información de otros medios, entre ellos, del diario alemán que publicó las filtraciones, el principal productor de la información que circuló sobre los Lavado Papers. El diario de mayor tirada de la Argentina aportó principalmente las desmentidas emitidas por declaraciones oficiales (el Presidente, su cuenta de twitter, el ministro de Justicia, diputados oficialistas, la Casa Rosada).
Políticos y futbolistas, sí. Empresarios, no.
El personaje involucrado más mencionado en la cobertura periodística fue el presidente Mauricio Macri, cuyo nombre aparece en el 56.4% de las notas analizadas. La mayoría de las publicaciones se centró en nombrar a un solo implicado, generalmente Macri o su familia y entre los involucrados argentinos se destacan políticos y futbolistas. Solamente dos notas refieren a empresarios (Lacroze de Fortabat, Pérez Companc, Blaquier, Eurnekián, Garfunkel, Magnetto, Pagani, Coto, Roemmers, Garbarino, de Narváez, entre otros).
El consorcio
En el mes de Mayo de 2016 se conformó entre Lavaca/MU el diario Tiempo Argentino y la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM), el Consorcio de Periodismo de Investigación Autogestivo con el objetivo de analizar críticamente la cobertura mediática del caso difundido públicamente como “Panamá Papers”.
La alianza surgió de la preocupación por el ejercicio profesional del periodismo con énfasis en la diferencia entre la producción y reproducción de contenido y el chequeo de las fuentes utilizadas. Así, nos propusimos analizar la cobertura de los “Lavado Papers”, los documentos filtrados en Panamá sobre empresarios que ocultan sus riquezas para evadir responsabilidades fiscales.
Para el relevamiento de los 493 artículos que se sistematizaron en la base de datos -disponible en la página web del consorcio- se conformaron equipos de docentes, graduados y estudiantes de carreras integrantes de la REDCOM en siete universidades públicas: la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Nacional de Jujuy y la Universidad Nacional de La Rioja.
Para ver el informe completo con los resultados obtenidos en cada diario clik aquí
Actualizado 11/12/2016
Jun 15, 2016 | inicio
Flexibilizar. Madurar. Dinamizar. Despolitizar. Estos son algunos de los “sinónimos” utilizados por el actual gobierno argentino para referirse a los objetivos en materia de relaciones internacionales. Como parte de este movimiento, el país apunta los prismáticos de su nueva y “desideologizada” mirada exterior hacia el océano con el que no posee límites: el Pacífico. Tras el pedido presentado por la cancillería, Argentina fue rápidamente aceptada como “Estado observador” en la Alianza del Pacífico, el bloque integrado por México, Colombia, Perú y Chile y en cuya cumbre participará el próximo 30 de junio. Mientras tanto, el presidente Mauricio Macri se reunió con el exmandatario chileno Eduardo Frei (1994-2000), con el opositor venezonalo Henrique Capriles y con el canciller brasileño José Serra. ANCCOM dialogó con el historiador Leandro Morgenfeld y con los politólogos José Natanson, Santiago O’Donnell y Juan Manuel Karg para desentrañar las manifiestas intenciones de “desideologizar la política exterior”.
El Mercosur, en jaque
“El Mercosur está en un momento de profundo debate sobre su orientación política-económica –observó el analista internacional Juan Manuel Karg–. Su nacimiento fue en una fase abiertamente neoliberal para América Latina y el Caribe. Sin embargo, con la llegada de los gobiernos posneoliberales, se profundizó el perfil político, con una autonomía creciente respecto a los Estados Unidos. Allí cumplieron un rol clave Néstor Kirchner, Luiz Inácio Lula Da Silva y Hugo Chávez, los tres puntales de la nueva integración latinoamericana”.
El politólogo y periodista Santiago O’Donnell, por su parte, afirmó que “si bien es cierto que estuvieron muy lejos de cumplir con las expectativas de una integración al estilo de la Unión Europea, por lo menos había una intención y una vocación por parte de los líderes de lograr algo similar”. El panorama de los gobiernos actuales, en cambio, ofrece una perspectiva diferente, proclive a una orientación neoliberal y alejada de los países bolivarianos. Como resumió O’Donnell, prevalecen las relaciones comerciales por sobre la integración política y cultural.
Tras el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, las autoridades argentinas no titubearon en ofrecer su apoyo al gobierno interino de Michel Temer, a diferencia de otros países como Venezuela, Bolivia y Ecuador que rechazaron el proceso por considerarlo un “golpe institucional”. El 23 de mayo pasado, el presidente Mauricio Macri y la ministra de Relaciones Exteriores Susana Malcorra recibieron a José Serra en su primer viaje diplomático como canciller interino de Brasil. A partir de dicha reunión, Brasil y Argentina –que han sido históricamente los principales motores del Mercosur– intercambian opiniones sobre una posible flexibilización del bloque y comienzan a buscar otras alternativas.
Los países que conformaron originalmente el Mercado Común del Sur (Mercosur) fueron Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, luego se incorporó Venezuela, y Bolivia se encuentra en proceso de adhesión. “El Mercosur es una unión aduanera, es más que una zona de libre-comercio –explicó el periodista José Natanson–. No sólo lo que vendés en un país se puede vender en el otro sin que haya que pasar por aduana sino que, además, los productos que vienen de afuera del bloque pagan lo mismo si entran por Brasil que si entran por Argentina”. Sin embargo, la integración económica-comercial fue despareja, en algunos aspectos tuvo más desarrollo, como por ejemplo la industria automotriz, pero en otros no fue tan exitosa como se deseaba: “El comercio intrabloque es sólo el 20%, el resto viene de afuera. En la Unión Europea, en cambio, es el 70%”, detalló Natanson.
El embajador de los Estados Unidos en Argentina Noah Mamet junto a la Canciller Susana Malcorra durante la visita de Barack Obama en marzo de 2016. Foto: Presidencia.
El Mercosur tampoco cubrió las expectativas de sus socios más chicos -Paraguay y Uruguay- que, ante las evidentes e irresueltas asimetrías dentro del bloque, decidieron participar desde hace algunos años como observadores de la Alianza del Pacífico, bloque alineado con los intereses de Estados Unidos. Los especialistas coinciden en que se trata, simplemente, de un “coqueteo” por parte de ambos países para demostrar su disconformidad. Pero ante el creciente entusiasmo de Argentina y Brasil hacia el Pacífico, el escenario se complejiza. El anuncio de la participación de Mauricio Macri en la cumbre de presidentes de dicho bloque donde Argentina ingresó en calidad de “observador”, sumados a las crisis políticas de Brasil y Venezuela, ponen en jaque al Mercosur y obligan a un rediseño de la integración latinoamericana. “La definición de la situación brasilera durante 2016 será clave para terminar de comprender si hay un viraje regional hacia ese bloque o no”, afirmó Karg.
El historiador Leandro Morgenfeld sostuvo, de igual manera, que el Mercosur atraviesa una profunda crisis: “El gobierno de Macri intenta volver a la concepción noventista del regionalismo abierto. El gobierno de Temer también responde a esa lógica. Así, el Mercosur se alejaría de la proyección que tuvo con el ingreso de Venezuela, y volvería a ser meramente funcional a algunas trasnacionales de la región, pero débil políticamente”.
El fantasma del ALCA
“El ALCA no es mala palabra”, declaró Susana Malcorra cuando aún no había asumido en la Cancillería argentina. También defendió, en reiteradas oportunidades, una voluntad de “desideologizar” la política exterior. En esta nueva orientación, la histórica lucha que culminó con un rotundo “No al ALCA” en la Cumbre de Mar del Plata de 2005 corre riesgo de ser relativizada.
Según Natanson y O’Donnell, la situación actual es muy distinta a aquella ofensiva norteamericana por construir un área de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego entre países tan desiguales. “Esa idea se la frenaron Lula, Kirchner y Chávez en Mar del Plata. A partir de ahí, Estados Unidos, que muchas veces se mueve de manera muy pragmática, hizo un giro en su estrategia: empezó a formar tratados de libre comercio bilaterales”, explicó Natanson. Para O’Donnell, la diferencia principal radica en la voluntad de Estados Unidos: “George Bush invirtió muchísimo capital político y puso mucho esfuerzo para lograr ese tratado. Fue su principal política hacia la región. No creo que ni Hillary Clinton ni Donald Trump tengan esa misma vocación, aunque seguramente Trump es mucho más aislacionista que Clinton. Sin un fuerte envión de Estados Unidos, no sé si sería posible un proyecto tan ambicioso como ese. Llevaría bastante tiempo y esfuerzo de parte de varios países. Y tampoco veo en América Latina ese tipo de prioridad”. Esta diferencia, mientras tanto, no impide que se produzca un realineamiento de Argentina con Estados Unidos que se hizo patente con la visita de Barack Obama en marzo. En todo caso, como sostuvo O’Donnell, “en esta nueva coyuntura, el ALCA salió del rincón donde estaba en penitencia pero todavía no se ha convertido en el alumno preferido de la maestra”.
Morgenfeld y Karg, en cambio, observan características similares al ALCA en los tratados de libre comercio que se negocian en la actualidad. “El ALCA es un antecedente directo de lo que está ocurriendo –afirmó Karg–. Algunos analistas hablan de un ‘ALCA light’ para definir a la reformulación que propone la Alianza del Pacífico para los intercambios comerciales”. Morgenfeld rescató el triunfo que significó para los trabajadores y los sectores menos concentrados de la economía aquella derrota del ALCA: “Es necesario reconstruir una nueva autoconvocatoria para oponerse a los tratados de libre comercio que ahora impulsa Macri porque recrearían una concentración y extranjerización mayor de la economía, limitarían la capacidad de intervención del Estado, achicarían el margen para las políticas públicas (en salud, educación, vivienda) y, fundamentalmente, implicarían mejores condiciones para el capital, en general, para avanzar sobre los trabajadores, tirando a la baja los salarios reales”.
Foto: Presidencia
El precio del libre comercio
Durante su exposición en la 49° Cumbre de Jefes y Jefas de Estado del Mercosur, Macri hizo énfasis en el concepto de “integración flexible” al tiempo que calificó como “prioridad” los acercamientos del Mercosur con la Unión Europea y la Alianza del Pacífico. Mientras tanto, el Partido de Movimiento Democrático Brasilero (PMDB), presidido por Temer, promueve en su programa económico “Un puente para el futuro” la inserción plena de la economía de Brasil en el comercio internacional y la concreción de acuerdos con Estados Unidos, la Unión Europea y Asia, y aclara: “Con o sin la compañía del Mercosur”. Sucede que las reglas del Mercosur impiden que los miembros puedan firmar tratados de libre comercio de manera individual. “Lo primero que deben hacer Argentina y Brasil, en caso de querer avanzar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos, es flexibilizar la normativa interna del Mercosur –aclaró Karg–. Eso podría significar, lisa y llanamente, que el Mercosur deje de funcionar tal cual lo conocemos hoy. El PMDB está dispuesto a sacrificar el más largo esfuerzo integracionista de la región”. Morgenfeld advirtió que incluso el gobierno de Uruguay propone modificar dicha cláusula. Una decisión de este estilo rompería la unión aduanera y debilitaría definitivamente al Mercosur.
Natanson aporta una visión más optimista dado que no cree que ningún miembro del Mercosur elija irse del bloque. Lo que puede ocurrir, dijo, es que el Mercosur inicie una negociación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos o con la Alianza del Pacífico. “Es difícil y depende básicamente de Brasil”, opinó el politólogo. El Mercosur ya tiene firmado un tratado de libre comercio con Israel y otro con Canadá, además de continuar las negociaciones con la Unión Europea. “No es que los tratados de libre comercio estén mal en sí mismos. Depende con quién, para qué, cuándo”, explicó Natanson. Sin embargo, destacó la capacidad industrial de Estados Unidos cuyos productos, más baratos que los argentinos, pueden invadir al país sin que éste pueda venderle a contrapartida. La idea básica de cualquier tratado de este tipo es aumentar el comercio entre los países implicados pero esto únicamente es útil para los países que ofrecen exportaciones que Estados Unidos necesita. “Si uno mira las exportaciones de Argentina, no son complementarias con Estados Unidos sino competitivas –analizó Natanson–. Ambos son productores de alimentos. Entonces, parece difícil que Argentina venda cosas que Estados Unidos quiera comprar”.
O’Donnell duda del interés por parte de las nuevas autoridades argentinas y brasileras hacia la integración regional y cree, en cambio, que favorecen modelos de tratados bilaterales (parciales, focalizados) y un alineamiento con Estados Unidos pero no la creación de un bloque sudamericano ni la firma de grandes tratados de libre comercio.
“Los tratados de libre comercio marcan el nuevo momento de la economía mundial”, afirmó Karg. Hoy, Estados Unidos encabeza tres grandes acuerdos: la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), con la Unión Europea; el Acuerdo en comercio de servicios (TISA); y el Acuerdo Transpacífico (TPP), que busca frenar el avance económico de China con países del Asia-Pacífico junto a cuatro estados americanos (Canadá, México, Perú y Chile). “En ese escenario, la participación de América Latina en el TPP es cuestionable porque devuelve a nuestros países a las asimetrías que siempre han mostrado este tipo de acuerdos con las grandes potencias, que suponen la eliminación de barreras arancelarias y la posibilidad de una apertura indiscriminada de las importaciones, lo que daña –lógicamente- a la industria local”, sintetizó Karg.
Morgenfeld, por otro lado, aseveró que todo tratado de libre comercio implica una ofensiva del capital sobre el trabajo: “En el caso de países como la Argentina, una apertura comercial llevaría al cierre de las empresas locales que no puedan competir con las estadounidenses o europeas”. El historiador explicó que un escenario de esas características aumentaría las tasas de desocupación y subocupación, y -como consecuencia- perjudicaría las condiciones de los trabajadores ocupados para defender sus derechos laborales. “En economías no centrales, apenas unas pocas grandes empresas podrían verse beneficiadas, a costa del resto de la sociedad”, continuó Morgenfeld.
Conviene recordar, como lo hizo O’Donnell, que vivimos en un mundo de una economía globalizada y las interacciones entre los países y los bloques económicos son imprescindibles. “En principio, siempre es mejor negociar desde un bloque importante que desde un país aislado porque vas a tener mayor poder de negociación. Pero lo que hay que hacer es sentarse a ver qué tratado y ver qué conviene o no al país”, señaló el periodista y alertó acerca de las reglas de patentes y propiedad intelectual que suele imponer Estados Unidos en sus negociaciones con América del Sur y Argentina.
“El cambio político que se está produciendo en el continente cada vez acerca más la posibilidad de que estos proyectos regresivos avancen. No son un fantasma agitado por la izquierda, sino una realidad en la agenda política”, se lamentó Morgenfeld y advirtió que la resistencia de los pueblos latinoamericanos será fundamental para frenar este proceso. Si recordamos que Mauricio Macri omitió las palabras “patria” y “patriotismo” en la jura presidencial, podremos darnos alguna idea del lugar que ocupa, en el proyecto político de Cambiemos, la Patria Grande latinoamericana que soñaron Simón Bolívar y los libertadores.
Actualización 15/06/2016
Jun 15, 2016 | inicio
“Lo que está haciendo Macri es recurrir a las personas a las que le va a ir a golpear la puerta cuando estas medidas económicas, más temprano que tarde, exploten y salga la gente a la calle y la Policía y la Gendarmería no alcancen” subraya Norma Ríos, co-presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), cuando intenta buscarle una explicación al decreto 721, que devuelve a las fuerzas armadas la facultad de intervenir en los nombramientos y ascensos de sus integrantes y la posibilidad de reincorporar a miembros que habían sido expulsados de sus filas.
En 1984, poco tiempo después de haber asumido la Presidencia, luego de la última dictadura militar, Raúl Alfonsín firmó el Decreto N° 436, modificado un año después a través del Decreto N° 101. A partir de ese momento, las FFAA debían responder al poder civil sobre su accionar, en el caso de nombramientos, altas y bajas del personal, entre otras cuestiones. Esta acción representó un punto de inflexión en cuanto a las facultades que detentaban las FFAA en la historia argentina. “Era un proyecto que nos dio resultado hasta el presente, implicó un alejamiento de los militares y la aparición de los juicios de lesa humanidad”, recordó Ríos.
Lo que más alarma a Ríos no es tanto el contenido del decreto, sino su espíritu: “Si se va a generar un nuevo genocidio de miseria, de hambre, de explotación, tienen que asegurarme que las FFAA puedan estar ahí para cuando las necesiten”, continúa la co-presidenta de la APDH.
Para Ríos, uno de los puntos más críticos es el Artículo 1° que habilita el otorgamiento del alta efectiva de los oficiales en comisión de las Fuerzas Armadas y la reincorporación de los oficiales que habían sido retirados de la institución, sin explicitar qué razones habían motivado la medida.
Otro de los puntos polémicos, que señala Ríos, es el Artículo 4°, que permite la “designación del personal militar retirado para funciones docentes en el marco del Estatuto para el Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas, en los institutos y cursos de formación conjuntos”.
Si esta línea de pensamiento se efectiviza y si el personal retirado se reincorpora, la educación militar retomará viejos lineamientos que tirarán por la borda lo construido y visibilizado en los últimos años en materia de Derechos Humanos (DDHH). “Se hacen ajustes para que cada uno pueda dejar a su asesino amigo y para que pueda enseñar a los nuevos jóvenes militares”, explica Ríos, al respecto.
“Si se va a generar un nuevo genocidio de miseria, de hambre, de explotación, tienen que asegurarme que las FFAA puedan estar ahí para cuando las necesiten”, dice la co-presidenta de la APDH.
Natalia Federman, ex directora de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, habla sobre el decreto desde una perspectiva vinculada a la oposición “corporaciones/ democracia”. En un artículo publicado en la Agencia Paco Urondo, escrito junto a Ileana Arduino, afirma que este decreto es una acción más, entre tantas políticas implementadas por un gobierno a favor de las corporaciones, en detrimento del pueblo para el que gobierna. “Lo importante, como siempre, es el poder, si en el Ministerio de Energía dicen que manda Shell, si la prensa estadounidense informa que las finanzas argentinas están en manos de J.P. Morgan y la política agraria de la Provincia de Buenos Aires la maneja un ex CEO de Monsanto, ¿no estamos ya rodeados de autogobierno?”, se pregunta y agrega: “Sabemos que en distintos momentos la amalgama de esos mismos actores han resistido, condicionado, e incluso derrocado, gobiernos populares o que osaran con oponerse a sus intereses.”
Abuelas de Plaza de Mayo emitió el pasado 2 de junio, a través de su página, un comunicado en repudio al decreto: “Esta disposición se da en el marco de un retroceso en las políticas de Derechos Humanos que se fueron construyendo durante los últimos años. En todos estos años de lucha y reclamo por los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar, hemos aprendido que la única manera de garantizar la democracia es a través de la Memoria, la Verdad, la Justicia y el control civil de las Fuerzas Armadas.”
Un acto en repudio al decreto
El 9 de junio pasado, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, realizó un acto de protesta y denuncia, en la Plaza de Mayo, en repudio al decreto. Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y militantes sociales se hicieron presentes, luego de culminar la tradicional ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo.
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, dijeron: “Creemos que (el decreto) va de la mano de una reconciliación y búsqueda de mayor impunidad por parte del gobierno hacia las FFAA. Desde los organismos planteamos una alerta muy fuerte. Desde el primer minuto repudiamos ese decreto y vamos a estar peleando contra cualquier intento que vaya en búsqueda de la impunidad, tanto de los militares genocidas y represores, como de sus cómplices co-responsables: empresarios y eclesiásticos”.
Asimismo, desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores, afirmaron: “El gobierno muestra, una vez más, cierta voluntad de reconciliación, de perdón. Es una medida, si se quiere menor, aunque vuelve para atrás algo que fue una conquista de la democracia”.
ANCCOM habló sobre el nuevo decreto con Mirta de Baravalle, Madre y Abuela de Plaza de Mayo, quien estuvo presente en el acto y dijo: “Nunca jamás pensé que iba a llegar un momento en el que otra vez estuviera en una situación así, latente, de inseguridad. No en lo que a mí respecta porque yo estoy por encima de todo eso, sino por lo que representa para el futuro. Esto no se va a implementar de un día para el otro. Todo lo que quieran hacer contra el país, no va a ser ahora, pero va siendo propicio para más adelante. Esto es una cosa que es evidente, pareciera que las FFAA hicieron todo para estar por sobre lo que el país elige”.
Diversas organizaciones de defensoras de los derechos humanos y militantes sociales se hicieron presentes, luego de culminar la tradicional ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo.
La comunidad académica analiza la medida
El Instituto Gino Germani organizó el 10 de junio pasado un foro de debate titulado: “¿Del gobierno civil al autogobierno de las Fuerzas Armadas?”, en el que participaron Nilda Garré, (ex Ministra de Seguridad y actual Diputada Nacional por el Frente para la Victoria) y los investigadores Victoria Rangugni, Sabina Frederic y Ernesto López. Durante el debate, se hizo un recorrido histórico vinculado a las relaciones del Gobierno y las FFAA y a las nociones de seguridad y de defensa.
En ese punto, Garré contó su experiencia al comenzar sus funciones como ministra de Defensa en 2005: “Del 2003 al 2005 no había políticos con capacidad de trabajo en temas de defensa. Cuando llegamos nosotros, era difícil encontrar cuadros preparados, generar una gestión administrativa eficiente. Porque el ‘gobierno político’ está referido a conducir y administrar y eso requiere tomar permanentemente decisiones, desarrollar iniciativas, generar actividades y, además, supervisar el cumplimiento de todo eso. Entre todas las cosas que había que hacer en ese año era reglamentar la Ley de Defensa, que en 18 años no se había hecho. La primera cosa que hicimos fue redactar el Decreto N° 727 para fortalecer el Estado Mayor Conjunto y realizar muchas modificaciones en el terreno de la formación, educación y cambio de planes”.
Al referirse a los efectos del Decreto N° 721, Rangugni dijo: “Esto no solo implica una especie de restauración, también tenemos que pensar que el macrismo apuesta a la construcción de un futuro en otros términos, a producir formas de subjetividad diversa, la forma en que entendemos la defensa y la seguridad, que es de una índole que tenemos que poder descifrar, para poder resistir”.
Actualización 15/06/2016
Abr 20, 2016 | inicio
“¿Qué hiciste hoy contra el mosquito?”, se preguntan en el video, para responder, de inmediato: “Nada… Porque no nos dejaron”. El eslogan que parafrasea a los avisos oficiales y su contundente respuesta forma parte de una campaña impulsada por profesionales de la salud pública nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que ven con preocupación cómo se desmantela el proyecto al que dedicaron mucha pasión y horas de sus vidas. “Desde el 23 de diciembre hasta avanzado marzo el programa Organización Comunitaria en Salud estuvo totalmente paralizado”, contó a ANCCOM Camila Lynn, delegada de ATE en el Ministerio de Salud de la Nación.
Lynn se refiere a una iniciativa impulsada en octubre de 2014 que consistió en la formación de equipos interdisciplinarios para recorrer en unidades móviles especialmente equipadas las zonas consideradas vulnerables, con el objetivo de realizar campañas de prevención y controles sanitarios a sus pobladores, casi siempre de bajos recursos económicos y con escasas posibilidades de movilizarse hacia los centros urbanos para acceder a una atención digna. Durante más de un año, los profesionales del programa realizaron operativos en los lugares más carenciados, entre ellos las villas cercanas al Riachuelo, o lugares alejados del Conurbano bonaerense como Moreno, Merlo o Malvinas Argentinas. Zonas por lo general sin acceso de transporte público, ni pavimentos, y hasta sin agua corriente.
Pero no sería la única dependencia de dicha cartera que se encuentra prácticamente inoperativa. En los últimos días trascendió que el macrismo también pretende poner fin a la tarea de la Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores (DETV), una oficina encargada de generar políticas de prevención y control de trastornos como el Dengue, el Zika, el Paludismo o el Mal de Chagas. Es decir, en los meses en los cuales la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte sobre el riesgo de propagación de estos trastornos por América latina, el gobierno argentino decide desguazar los organismos que se ocupan de su contención.
Norma Romanello, Pediatra.
En video de corta duración –menos de un minuto- circula desde principios de marzo a través de Internet y en las redes sociales: decenas de rostros desfilan fugazmente por el ojo de la cámara mientras una sucesión de voces en off relata profesiones y quehaceres: “Somos obstetras, odontólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, pediatras, oftalmólogos, psicólogos, comunicadores sociales…” y apela a reducir la problemática de la expansión del Dengue, el Zika y el Chikungunya -todas enfermedades transmitidas por la picadura del mismo vector, el Aedes Aegypti- al interpelar al ciudadano común con preguntas directas: “¿Usaste repelente cada tres horas?”, “¿diste vuelta baldes y otros recipientes?”, “¿eliminaste neumáticos o botellas que no usás?”. Por otro lado, el video opera como recurso en la batalla discursiva para defender a los trabajadores estatales del estigma del “ñoqui”, al que el Gobierno recurrió desde su asunción, para justificar los despidos. “Hoy no pudimos vacunar a tu familia ni hacerle controles de salud (…) hoy no pudimos salir a hacer campañas de prevención”, insisten las voces del video, que cierra con una leyenda, que en rigor es un reclamo: “No al vaciamiento de la salud”. La pieza incluye estadísticas alarmantes: como consecuencia de la suspensión del programa habría hoy unas 18.000 personas sin la atención médica que éste les brindaba, unos 1.050 controles de embarazo sin realizar (la OMS advirtió que el Zika puede ocasionar en mujeres embarazadas trastornos graves a su bebé, como, por ejemplo, hidrocefalia), alrededor de 10.800 niños sin control de salud y aproximadamente 3.200 dosis de vacunas sin aplicar.
Lynn señaló que de los más de 100 trabajadores que en diciembre pasado integraban Organización Comunitaria en Salud sólo quedan unos 70. “Antes de comenzar el año intentaron despedir a 30, pero gracias a que nos movilizamos desde el gremio conseguimos reincorporar unos 15”, agregó la delegada. Sin embargo, cada caso es diferente y la incertidumbre laboral llevó a que los equipos se fueran desarticulando lentamente. Una de las caras que se turnan para aparecer en el video es la de Amelia Caresana. Es pediatra, tiene 60 años, y formó parte del proyecto desde la primera hora, cuando la Resolución N° 1770/2014 del Ministerio de Salud de la Nación oficializó su existencia.
“De un momento para el otro nos comunicaron que el programa se suspendía ‘hasta nuevo aviso’”, comentó Caresana en diálogo con ANCCOM, y aseguró que desde entonces muchos de los empleados siguieron con la obligación de concurrir al Ministerio todos los días, pero para permanecer las ocho horas de la jornada laboral en una oficina, sin posibilidad de retomar el trabajo territorial. Caresana admite que su realidad es menos dramática que la de muchos de sus compañeros. Beneficiada por un tipo de contratación más estable, continuó percibiendo su salario hasta febrero -ya no en marzo- sin tener que presentarse a su puesto de trabajo. La estabilidad económica de su familia no depende de la actividad en el Ministerio y en el peor de los casos su marido tiene trabajo. Su angustia pasa por otro lado: “Pusimos el corazón en este proyecto”. Al mismo tiempo, advierte que aunque el Gobierno intente reactivarlo el daño ya está causado. Durante marzo, reconoce, fueron convocados a reuniones con funcionarios designados por las autoridades para “ver qué se puede hacer” frente al escenario de avance del dengue, pero percibe de su parte “mucha improvisación”.
Según los datos difundidos el pasado 8 de abril a través del Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio de Salud, en lo que va del año ya son 23.759 los casos de dengue confirmados en todo el país y la cifra asciende a 47.741 si se consideran los casos probables o en estudio y también los descartados. A su vez, el Ministerio reconoce 22.940 casos autóctonos entre confirmados y probables y al menos unos 2.504 importados. El NEA -Nordeste Argentino- que incluye a las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, aparece como la región más comprometida, con 16.677 casos, considerando tanto los confirmados como probables, mientras que el centro del territorio nacional -provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Ciudad Autónoma de Buenos Aires- registra unos 4.362 casos. La situación en las restantes zonas del país, como el NOA -Noroeste Argentino que incluye a Catamarca, Jujuy, Salta, La Rioja y Santiago del Estero-, Cuyo –San Luis, San Juan y Mendoza- y la Patagonia –Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego- es menos alarmante, pero aún así el promedio total es de 110,7 casos cada 100 mil habitantes. A pesar de estos números, que surgen de las propias estadísticas oficiales, el gobierno insiste en anular los principales mecanismos políticos para evitar un posible agravamiento del panorama.
En lo que respecta a Organización Comunitaria en Salud, el alcance de las acciones implementadas por los equipos sanitarios excedía largamente la problemática del Dengue. Los móviles o simplemente, “los camiones”, como los llaman los trabajadores, incluyen ecógrafos, laboratorios e instalaciones para brindar servicios de odontología y oftalmología, fundamentales para las zonas vulnerables. Pero para prevenir puntualmente las enfermedades provocadas por el mosquito Aedes Aegypti se desplegaban campañas informativas en los mismos hogares de los barrios visitados. “Son viviendas muy precarias y cualquiera de los patios es un criadero de mosquitos”, precisa Caresana y remarca que en el pico de la epidemia el Ministerio de Salud mantiene a los miembros de los equipos sanitarios sentados en una oficina. Lejos de disimular su decepción por la orientación que ha tomado la política de salud pública en la era macrista, su diagnóstico personal sobre el futuro inmediato es todavía más desalentador: “Mientras nosotros estamos acá, el dengue sigue haciendo de las suyas”.
Sin choferes, no hay operativos
Durante marzo, acorraladas por la expansión del Dengue y el impacto de la problemática en la opinión pública, las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación comenzaron a considerar la necesidad de retomar los recorridos sanitarios. No obstante, tras desentenderse del trabajo de algunos de los profesionales del programa Organización Comunitaria en Salud, el Gobierno ya se había encargado previamente de crear un problema adicional: la interrupción de los convenios laborales con universidades nacionales.
Como explicó Lynn a ANCCOM, hasta la llegada de Macri a la presidencia las contrataciones en el Ministerio de Salud nacional se realizaban bajo dos modalidades: una es la conocida como “048” -en referencia al número de la resolución del año 2002 que estableció el marco regulatorio del empleo público nacional-, que, como detalló Lynn, “podría definirse como planta transitoria del Ministerio, ya que el trabajador cuenta con su recibo de sueldo y se le aplican las deducciones correspondientes al sistema formal, pero no alcanza la categoría de permanente”; la otra es vía acuerdos con universidades, que según la gremialista es la que corresponde a la mayoría de los trabajadores del programa: “Así como se suspendieron los operativos, lo propio ocurrió con los convenios, por lo que los trabajadores están con sus contratos caídos”, explicó Lynn.
Esta situación alcanza a los choferes de las unidades móviles, quienes de acuerdo con lo expresado por la dirigente sindical no cobran sus sueldos desde febrero ni sus viáticos desde diciembre. En semejante escenario, es impensado que los camiones salgan regularmente. Si bien Lynn afirma que ATE consiguió el compromiso de las autoridades de que va a normalizar el pago de los salarios de los conductores, al mismo tiempo asegura que “no están dadas las condiciones para enfrentar la epidemia del dengue”.
El Muñiz, desbordado
En el Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco Muñiz, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, un cartel colgado en uno de los pilares que decoran la vía de entrada y salida de las ambulancias oficia de guía para los visitantes. Enumera una serie de síntomas: “Fiebre, dolor de cabeza y detrás de los ojos, fuerte dolor muscular o en las articulaciones, vómitos, sarpullido”. También aconseja a quienes los experimenten no automedicarse. Son los signos orgánicos que advierten a una persona que podría estar padeciendo dengue.
Según la OMS, existen cuatro serotipos diferentes de la enfermedad -DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4- y cada uno supera en nivel de gravedad al estadío anterior. Si bien no existen tratamientos específicos, la detección oportuna y un control médico adecuado reduce el riesgo de mortalidad a porcentajes ínfimos, pero el escenario se complica cuando se producen re-infecciones -personas que ya lo padecieron vuelven a ser picadas por el vector- que pueden derivar en lo que se llama dengue grave o hemorrágico.
De acuerdo con el ya citado Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación fueron confirmados en el país cinco casos mortales en 2016. Dos de ellos ocurrieron en la Capital Federal y las víctimas –una mujer de 47 años y un hombre de 48- murieron internadas en el Muñiz. Una médica que trabaja en la Guardia del hospital, Norma Romanello, aclaró a ANCCOM que en ambos episodios los enfermos traían otras patologías de base, que agravaron su estado de salud al momento de presentárseles los síntomas de dengue. «La mujer, si bien era joven, era diabética, insulinodependiente, mientras que el hombre presentaba una inmunodeficiencia grave. Es decir, el serotipo de dengue que se vio en este brote es de tipo no hemorrágico», aseguró.
Los profesionales del hospital con los que dialogó ANCCOM coinciden en que, según sus cálculos, son más de 100 los pacientes que atienden diariamente por síntomas relacionados con el dengue. La demanda de atención durante la epidemia es de tal magnitud que las instalaciones del Muñiz son insuficientes para cubrirla. Por esa razón, el Ministerio aprobó desde mediados de marzo la presencia de una de las unidades móviles que habitualmente se utilizaban para los operativos del programa Organización Comunitaria en Salud. La misma se encuentra en el patio central del hospital, a pocos metros de la Guardia. Al lado se montó una carpa de color anaranjado a la que se acercan permanentemente personas a registrarse y realizarse los controles correspondientes en la unidad móvil.
“Estamos desesperados porque llegue el frío y los mosquitos mueran y la epidemia se termine”, confió Romanello, quien aportó el detalle de que durante los primeros días del año la mayor parte de las consultas eran realizadas por personas que provenían de Misiones o del Paraguay, pero a medida que avanzaba el verano comenzaron a multiplicarse las atenciones por casos autóctonos. Es sábado 16 de abril y la médica llegó a las 8 de la mañana al Muñiz y pasará allí las siguientes veinticuatro horas. Junto a sus colegas dedicará el mayor de sus esfuerzos durante la jornada para aliviar a los pacientes aquejados por los síntomas del dengue. Es todo lo que puede hacer, mientras espera la llegada del invierno.
Actualizada 20/04/2016
Amelia Caresana, pediatra dell Programa organización comunitaria de la salud, Ministerio de Salud.
