El conflicto latente

El conflicto latente

Arranca la mañana en el aula magna de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Sin clase magistral, ni médicos, ni especialistas del campo. El aula, coronada por un domo gris, está repleta de chicos y chicas de escuelas medias de los barrios del sur porteño. Asisten al acto de otorgamiento de las Becas de Ayuda Económica Nicolás Avellaneda que la Universidad entrega desde hace cinco años como parte de sus actividades de extensión. Luego de las palabras de cierre de las autoridades, se abre el espacio a las preguntas de los asistentes y desde un asiento de las primeras filas una mano sale disparada al aire. Una de las jóvenes becarias presenta una consulta acuciante: “¿Es verdad que la UBA cierra a mitad de año?”.

El fantasma de una crisis profunda en la mayor universidad pública del país volvió a convertirse en tema de agenda este año cuando, a mediados de mayo, el presidente Mauricio Macri se reunió con un grupo de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para negociar la adjudicación de una partida presupuestaria de 500 millones destinada a mitigar los crecientes gastos de funcionamiento registrados en las instituciones educativas por los tarifazos en los servicios públicos y una inflación creciente que estimaciones de diversas consultoras privadas sitúan para este año en torno al 40%.

La Universidad de Buenos Aires había expuesto su situación particular en la resolución 4.664 del 27 de abril cuando el Consejo Superior declaró la emergencia presupuestaria de la Universidad y consideró como provisionales —e insuficientes— los recursos del Tesoro Nacional otorgados a la UBA para desarrollar normalmente las funciones de docencia, investigación y extensión.  

ANCCOM dialogó con los decanos de las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Sociales y Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires para comprender el modo en que se compone el presupuesto universitario nacional, los montos que corresponden a la UBA, cómo se distribuyen entre las diferentes unidades académicas, y el impacto que la crisis presupuestaria puede tener no sólo para el conjunto de sus unidades académicas, sino también para todo el sistema universitario nacional. El Rectorado de la Universidad de Buenos Aires fue consultado para la realización de este artículo pero no dieron respuesta. 

El presupuesto destinado a la Universidad de Buenos Aires para 2016 fue de unos 8.689 millones de pesos, casi el 17% del total del presupuesto universitario nacional estimado en la Ley de Presupuesto, algo que tal vez no resulte sorprendente, ya que con más de 30.000 cargos docentes es la universidad más grande del país. Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, explica que esta posición de poder otorga a la UBA un lugar incómodo en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nuclea a los rectores de las universidades nacionales y se encarga de negociar con la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) el presupuesto que el Estado destinará a las instituciones de educación superior. “Es que se trata de 51 universidades nacionales, y la UBA se lleva el 17% del presupuesto”, subraya.

Los números de la UBA fueron uno de los factores determinantes al momento de negociar una partida adicional -500 millones de pesos- para paliar el aumento de los gastos de funcionamiento, especialmente a partir del impacto del tarifazo.

Glenn Postolski, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, recuerda que cuando se resolvió otorgar dicho monto, el rector Alberto Barbieri declaró que la UBA se llevaría 150 de esos 500 millones, mientras que el CIN consideraba que esa suma no debía ser superior a los 70 millones, lo que a juicio del Consejo correspondería a la UBA proporcionalmente. “Algunos creen, de hecho, que fue gracias a la presión de la UBA que se consiguió ese dinero”, explica Postolski.

 Juan Carlos Reboreda, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA

Juan Carlos Reboreda, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, declaró que las facultades controlan sólo el 15% del total del dinero para gastos de funcionamiento.

Esos fondos se complementarán con la llegada de la partida destinada a solventar los gastos operativos de los cuatro hospitales universitarios de la UBA (el Hospital de Clínicas José de San Martín, el Instituto de Investigaciones Médicas A. Lanari, el Instituto de Oncología A. Roffo y el Hospital Odontológico), cuya adjudicación era un reclamo permanente, y que recién se materializó como un gesto hacia esta universidad cuando el saliente gobierno kirchnerista dispuso su inclusión en el proyecto de Ley de Presupuesto. Este monto permitiría a la Universidad devolver a su función el dinero destinado a cubrir el gasto de los hospitales, hasta ahora financiados con fondos de la partida destinada a educación y cultura.

La UBA estima que 711 de los 1.000 millones destinados a la función salud para las 51 universidades nacionales (suma cuya ejecución quedó supeditada a la voluntad política del jefe de Gabinete de Ministros), le corresponden. Sin embargo, la casa de estudios fue notificada mediante una nota presentada por el ministro de Educación, Esteban Bullrich, que recibiría 500 millones de esa partida. Fue horas antes de que  multitud marchara desde el Congreso de la Nación hasta la Casa Rosada en reclamo de mayor presupuesto para las universidades, mejoras salariales para los docentes y el establecimiento de un boleto universitario.

Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras, afirmó:»Hay una intención de ir arreglando, una especie de compra de voluntades, un sistema para ir descomprimiendo ciertos conflictos emergentes».

Morgade y Postolski coinciden en señalar que el gobierno mantiene con el conjunto de las universidades nacionales una estrategia de concesiones que tienen el propósito de desactivar las tensiones inmediatas. “Creo que hay una intención de ir arreglando, de ir haciendo acuerdos parciales, de darle a algunas universidades algo de lo que piden; una especie de compra de voluntades, un sistema para ir descomprimiendo ciertos conflictos emergentes”, afirma Morgade. Postolski lee la situación en términos similares, y asegura que bajo este gobierno “no hay una política universitaria clara. Y enfatiza: “Hay una ideología, un proyecto de país que está yendo hacia otro lado”.

Para el decano de Sociales, algunos funcionarios del área “cuentan con un grado de astucia al momento de la negociación, saben a qué actores cooptar para bajar los niveles de conflictividad”.

“Cuando hay algún movimiento capaz de interpelarlos políticamente -subraya- buscan alguna clase de acuerdo: ni bien la universidad presentó una potencial tensión política, la descomprimieron” con una oferta de dinero para paliar las deficiencias presupuestarias que el incremento de los gastos supuso para el mantenimiento de las diversas facultades de la UBA.

La complejidad del panorama se incrementa si se considera que cada una de las Facultades que integran la Universidad de Buenos Aires tienen reclamos y necesidades propias. Juan Carlos Reboreda, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, explica que las facultades controlan sólo el 15% del total del dinero para gastos de funcionamiento. Un porcentaje similar maneja el Hospital de Clínicas, y el restante 70% es controlado por el Rectorado de la Universidad, con el cual las facultades tienen que negociar a la hora de solicitar arreglos estructurales y reformas edilicias. En la Universidad de la Plata, esa distribución es exactamente la inversa. “Es materia de discusión”, explica Reboreda, “el grado de centralización o descentralización que debe tener la Universidad de Buenos Aires en lo que hace a su parte administrativa; es una discusión pendiente. Pero lo que hubo en los últimos 15 o 20 años es una centralización cada vez mayor que hace a las facultades fuertemente dependientes del Rectorado”.

Para el desarrollo de sus funciones de extensión e investigación, las Facultades cuentan con aportes provenientes del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y becas que el Rectorado otorga y son ganadas por concurso. Pero, además, las facultades pueden celebrar distintos convenios con instituciones estatales. Esta estrategia de financiamiento autónomo de las facultades ha sufrido un golpe importante luego de la sanción del decreto 336/2016, que determinó, a partir del 1 de abril de este año, la suspensión de todos los convenios celebrados entre organismos dependientes de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, y universidades nacionales, provinciales o privadas.

Estos convenios resultaban esenciales “en el marco de un proyecto político que consideraba a las universidades nacionales actores privilegiados a la hora de hacerse cargo de tareas y proyectos que el Estado tercerizaba”, explica Morgade. Los ingresos provenientes de estos convenios representan para la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, la posibilidad de financiar la Editorial Universitaria de esa facultad —encargada de imprimir y distribuir una serie de títulos vinculados con las carreras que allí se dictan—, y de continuar con las tareas de investigación y articulación territorial del Centro para la Investigación y el Desarrollo de la Acción Comunitaria (CIDAC) presente en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. De estos convenios, cuenta Morgade, la Facultad mantiene dos: uno con el Ministerio de Educación, y uno con el Ministerio de Trabajo. La perspectiva a largo plazo resulta incierta.

 Glenn Postolski

Glenn Postolski. decano de la Facultad de Ciencias Sociales, contó que se suspendieron convenios con el Ministerios del Desarrollo Social y de Trabajo y con la AFSCA y la AFTIC.

Algo similar sucedió en la Facultad de Ciencias Sociales. Postolski cuenta que los convenios suspendidos se habían establecido con diferentes áreas de los Ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo, y con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) —disueltas por el decreto de necesidad y urgencia 267 presentado a fines de diciembre del año pasado. En total, la celebración de estos convenios aportó unos 12 millones de pesos en recursos propios con los que esta Facultad ya no cuenta. Una parte importante de esos fondos iba directamente a la financiación y ejecución de los convenios, pero un resto quedaba en sus manos para decidir cómo gestionarlos. “Nosotros estamos tratando de que todo lo que haya sido firmado, nos lo paguen”, explica Postolski. “Intentamos abrir el juego: estamos convencidos de que esta Facultad puede producir conocimiento y generar una serie de tareas para el Estado; no vamos a renunciar a eso, aunque tal vez sea algo que a este gobierno no le interese”, agrega.

Tratar de especificar o conocer qué es lo que sí interesa al gobierno en materia de políticas universitarias no resulta tarea sencilla. Postolski aporta algunos elementos para comprender esta dinámica. Por un lado, diagnostica “un alto grado de imprevisibilidad y hasta de improvisación” en materia de generación (o hasta de comprensión) de políticas universitarias. Acaso prueba de ello fuera la propuesta y el casi inmediato arrepentimiento del productor televisivo Juan Cruz Ávila como secretario de Políticas Universitarias. Para Postolski, “los encargados de la política universitaria pueden tener una visión de hacia dónde quisieran ir, pero esta visión no se condice con la realidad que presentan los actores y su dinámica en el escenario actual”. Pero hay aún otro elemento de importancia, quizá el que permita comprender mejor qué es lo que sucederá en el futuro: “La UBA tiene, desde la época de Guillermo Jaim Etcheverry como rector, una política de negociar con el gobierno por fuera del Consejo Interuniversitario Nacional. Esta estrategia de negociar por encima del CIN, a la UBA le resultó mejor este año que en los dos anteriores. Con el gobierno anterior, existía una estrategia política destinada al sector universitario en donde la UBA no ocupaba un lugar central. Pero desde el 10 de diciembre pasado, es muy probable que la estrategia del nuevo gobierno esté destinada a desactivar una serie de conflictos negociando con algunas pocas universidades”, concluye el decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Es aquí donde podría jugar un papel preponderante la extracción política del actual rector de la Universidad, Alberto Barbieri, afín al radicalismo, partido que es aliado e impulsor del actual gobierno macrista en el marco de la alianza Cambiemos.  

Para Reboreda, el debate sobre la cuestión presupuestaria agita varios fantasmas. Es que en nombre de la eficacia o eficiencia de la universidad o sus gastos comienzan las discusiones a propósito del número de ingresantes, o incluso del arancelamiento. Anticipando posibles cuestionamientos, Reboreda realizó una breve comparación entre el gasto por alumno que tienen otras dos grandes universidades: la Universidad de São Paulo, y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La primera, con un presupuesto de 1.323 millones de dólares y cerca de 90 mil estudiantes, registra un presupuesto por alumno estimado en 15 mil dólares; para la UNAM, con 325 mil estudiantes y un presupuesto de 2.300 millones, el valor estimado para cada estudiante es de 7.000 dólares. En la Universidad de Buenos Aires, ese valor es de 2.150 dólares, cuando se contemplan su presupuesto de 600 millones de dólares y su matrícula de 280 mil estudiantes.

 

Actualizada 13/07/2016

«Nosotros somos el futuro»

«Nosotros somos el futuro»

El auditorio Roberto Carri de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA rebalsaba en la tarde del viernes. Había gente en los pasillos, en cada rincón del salón, en cualquier metro cuadrado libre. Solo las butacas más cercanas al escenario esperaban plegadas. Pero poco a poco se fueron ocupando según los nombres de sus reservas: académicos, funcionarios públicos -en actividad o recesivos- y artistas. Sólo un asiento permaneció vacío, con el cartel de Milagro Sala, quién fue aplaudida y aclamada de pie por todos los presentes.

En la calle Santiago del Estero, los ‘tupaqueros’ acompañaban encolumnados: no querían dejar de recibir al vicepresidente de la República Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, quien disertaría junto al politólogo brasileño Emir Sader y su colega argentino Eduardo Rinesi con motivo del lanzamiento de la Fundación Germán Abdala.

Detrás de las puertas del auditorio, ya cerradas, esperaba una multitud, igualmente abarrotada, para seguir por pantalla gigante la conferencia que, invitados por ATE, los tres académicos brindaron bajo el título “Restauración conservadora y nuevas resistencias en Latinoamérica”

Rinesi: Antología de la democracia reciente

El filósofo y politólogo Eduardo Rinesi fue el encargado de abrir la exposición. La relación entre novedad y política motorizó su disertación, a partir de una reflexión sobre las «nuevas izquierdas» y las «nuevas derechas» en Argentina y América Latina. Para ello utilizó como eje la palabra «democracia», haciendo una caracterización de los distintos significados que adquirió el concepto durante los últimos 40 años.

«Nadie se privó de hablar en las últimas décadas, en la Argentina, de democracia. Nadie se privó de sostener sus propios proyectos políticos, incluso los más ostensiblemente antidemocráticos, sobre una idea acerca de la democracia. Ni siquiera en la última dictadura, que se presentó a sí misma al servicio de una democracia que peligraba en manos del populismo, en manos del desorden, en manos de la corrupción», subrayó el ex rector de la Universidad Nacional de Sarmiento. Democracia como ‘orden’, dijo, fue la clasificación que entonces se le atribuyó en los años de la última dictadura.

Durante el siguiente período, en los años ochenta, «nos representamos a la democracia como una utopía hacia la cual había que marchar. Utopía como la plena vigencia de las libertades que los teóricos del liberalismo llaman ´libertades negativas, frente a los poderes que pueden asfixiarla, como el Estado».

En la década siguiente, la democracia viró hacia una idea de rutina: «La rutina de votar cada dos años, de tener aseguradas ciertas garantías mínimas, ciertos derechos, ciertas libertades básicas».

Desatada la crisis del neoliberalismo a fines de 2001, para un corto período finalizado en 2002, Rinesi definió una nueva idea de democracia, como “espasmo participativo”: «Muy intensa, muy vigorosa, asambleística, sobre la que todavía tenemos mucho para pensar».

Desde la asunción de Néstor Kirchner en 2003, «empezamos a pensar más que en un proceso de democratización, de ampliación y universalización de libertades y de derechos». La forma en que se la denominó en ese momento fue ´democracia republicana´, entendiendo ´República´ como «cosa pública, cosa común, cosa de todos, bienestar general».

Detenido sobre ese concepto troncal de la historia política, continuó: «La palabra República es demasiado preciosa en el lenguaje político para regalársela a los conservadores que pretenden apropiársela, para decir algo muy por debajo de lo que esa palabra nombra».

«¿A cuál de estas ideas de democracia tributa la concepción que sostiene la nueva derecha gobernante en Argentina?», se preguntó para finalizar. Casi sin dejar pausa respondió: «A la idea de democracia como ‘orden’, como tenía la dictadura y a la idea de democracia como pura ‘rutina institucional’, que tuvo el menemismo».

Sader: Neoliberalismo vs antineoliberalismo

«Voy a hablar parado porque soy populista», bromeó Emir Sader para dar inicio a su exposición. Luego de celebrar la organización conjunta de ATE y la la Facultad de Ciencias Sociales porque permite «romper la barrera entre la práctica política y la elaboración teórica», se avocó a hablar sobre la situación política actual de Brasil.

«¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo que va a pasar?», fueron las preguntas a partir de las cuales el catedrático brasileño desplegó su intervención. «Lo que pasó es que perdieron cuatro elecciones seguidas, sucesivas. Y tienen todas las de seguir perdiendo, porque en las próximas elecciones irán contra Lula». A continuación contextualizó el marco en el cual se votó el impeachment de Dilma Rousseff: «Con financiamiento privado hicieron el peor Congreso que hemos tenido. Los que se tomaron el trabajo de mirar la votación de ese vergonzoso 17 de abril se habrán dado cuenta del striptease que es hoy el Congreso. Con esa mayoría están tratando de sacar a Dilma, sin ninguna justificación legal, por un manejo presupuestario que todos hacen para facilitar políticas sociales. Por eso es un golpe blando».

Para describir la línea ideológica del gobierno interino de Michel Temer no le fue necesario valerse de elaboradas categorías. Le bastó con hacer referencia al actual gobierno argentino. «El equipo económico de allá podría ser intercambiado con el de acá. Nadie perdería, nadie ganaría; son igualitos. El modelo es el mismo: privatiza el patrimonio público del Estado, corta los recursos de las políticas sociales y atenta contra los derechos de los trabajadores». A continuación afirmó: «El gobierno tiene un núcleo económico de banqueros. Viven del endeudamiento del gobierno, de las empresas y de la gente. Por eso se enriquecen con las crisis».

Sin embargo, su exposición no estuvo exenta de autocríticas. Destacó dos errores fundamentales del segundo gobierno de Rousseff que facilitaron la avanzada de la derecha. El primero: «Una política económica equivocada. Un ajuste fiscal que es socialmente injusto porque hace recaer la crisis sobre los trabajadores y económicamente ineficiente, porque ajustando nunca se llega a retomar el crecimiento económico, entonces lleva a la recesión y al desempleo». El segundo error que marcó se desprende del primero y refiere al costo político de esas medidas económicas: «Se le quitó a Dilma el apoyo popular, se hizo frágil y víctima más fácil de los ataques de la derecha».

Para cerrar detalló la situación actual, que definió como un terreno en disputa todavía indefinido. «O se sostiene el actual gobierno de manera absolutamente impopular y represiva hasta 2018, o puede haber elecciones directas o también un referéndum. Estamos en un proceso con disputas por delante». Luego relevó el balance de fuerzas de los dos modelos políticos en puja: «¿Con qué cuentan ellos? Con el monopolio privado de los medios de comunicación, con una parte del Congreso y con el Poder Judicial. Nosotros tenemos un poder popular extraordinario, tenemos el liderazgo de Lula y tenemos razón».

No reconoció el presente brasileño como el fin de un ciclo, «como fue la etapa desarrollista, que se agotó y el neoliberalismo la superó por derecha. Ahora no. La alternativa de ellos no es hacia adelante, es hacia atrás. En la disputa de ideas nosotros tenemos valores fundamentales para defender y no sólo valores, realizaciones concretas que han sacado al país de la peor crisis de su historia. El campo político está definido como neoliberalismo versus anti neoliberalismo, ese es el dilema fundamental de nuestro tiempo».

García Linera: Un estado continental

«No estamos en un buen momento. Tampoco es un momento terrible. Es un momento de inflexión histórica». Así empezó su exposición Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia desde 2005. «De manera fría, como lo tiene que hacer un revolucionario, hay que analizar las fuerzas y escenarios reales que existen, sin ocultar nada, porque dependiendo de la claridad del análisis que uno hace, es que sabrá encontrar las potencias, las fuerzas reales y prácticas del avance futuro», continuó con un tono reflexivo, todavía con el saco puesto.

Después de una breve introducción coyuntural, puntualizó cuatro características que presentaron los gobiernos latinoamericanos durante la «década dorada, década virtuosa de América Latina», como la definió el propio García Linera.

En lo político, hubo «un ascenso en lo social y fuerzas populares que asumieron el control del Estado, superando el viejo debate de principios de siglo, de si era posible cambiar el mundo sin tomar el poder. Los sectores populares, trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres, clases subalternas, superaron ese debate ‘teoricista’ y contemplativo de una manera práctica».

En segundo lugar destacó un fortalecimiento de la sociedad civil: «Los sectores populares comenzaron a diversificarse y a proliferar en distintos ámbitos. Una potente redistribución de la riqueza social se impuso frente a las políticas de ultra concentración de la riqueza, que habían convertido al continente latinoamericano, durante el siglo XX, en el continente más injusto del mundo».

A continuación remarcó la dimensión económica, en una propuesta «post-neoliberal» por parte de los Estados: «Algunos países llevaron adelante procesos de nacionalización de empresas privadas o la creación de empresas públicas, la ampliación del aparato estatal, mayor participación del Estado en la economía para generar formas post-neoliberales de la gestión económica, recuperando la importancia del mercado interno. El Estado se constituyó como protagonista de la redistribución de la riqueza».

Finalmente mencionó la política externa, la formación de una «internacional progresista y revolucionaria a nivel continental». En este punto recordó la importancia trascendental de la UNASUR para evitar el intento de golpe de Estado en Bolivia, en 2008, cuando cinco de los nueve partidos del Estado boliviano estaban bajo control de la derecha. «Fueron Kirchner, Chávez, Correa y Lula los que nos ayudaron a restablecer el orden», exclamó enérgico, ya sin el saco, entre el aluvión de aplausos del público. «Sin embargo, y hay que asumir de frente el debate, en los últimos meses este proceso de irradiación y de expansión territorial de gobiernos progresistas y revolucionarios se ha estancado», retomó, bajando un poco el entusiasmo.

A continuación marcó cinco «límites y contradicciones», que constituyeron las mayores debilidades de los gobiernos latinoamericanos durante la «década dorada». Sin seguir un orden de importancia, comenzó por la economía: «En ella nos jugamos nuestro destino como gobiernos progresistas y revolucionarios». En este punto explicó la condición necesaria de mantener un crecimiento económico, pero sin dañar nunca al pueblo, que es el sujeto fundamental de todo gobierno revolucionario o progresista. «Cuando se hace eso, creyendo que se va a ganar el apoyo de la derecha, se comete un error, porque la derecha nunca es leal. A los sectores empresariales los podemos neutralizar, pero nunca van a estar de nuestro lado. Y vamos a neutralizarlos siempre y cuando vean que lo popular es fuerte y está movilizado», apuntó. Luego desarrolló la idea que se tiene que llevar a cabo un cambio radical en la estructura económica desde el Estado: “El Estado no puede sustituir a los trabajadores. Podrá colaborar, podrá mejorar, pero tarde o temprano tiene que ir disolviendo el poder económico en los sectores subalternos. Esa es la clave que va a decidir a futuro, la posibilidad de pasar de un post-neoliberalismo a un post-capitalismo».

En segundo lugar, se refirió a un cambio en el sentido común de los sujetos. «No hay revolución verdadera, ni hay consolidación de un proceso revolucionario, si no hay una profunda revolución cultural». Esta crítica surge de un desfase que García Linera sostiene que hubo entre los avances económicos y los cambios en el sentido común de la sociedad. «Ahí estamos atrasados, ahí la derecha ha tomado la iniciativa», afirmó y “eso ocurrió a partir de la fuerte influencia de los medios de comunicación hegemónicos, entre otros factores”. Sin embargo, remarcó que era fundamental provocar un cambio cultural desde las bases: «Muchas veces es más importante ser un dirigente de barrio, ser un dirigente de universidad, ser un comentarista de radio, ser un dirigente de base, que ser autoridad. Porque es en el trabajo cotidiano con la base donde uno gesta la construcción del sentido común».

Como tercera instancia, hizo mención a una débil reforma moral: «Hay que seguir insistiendo en la capacidad de mostrar, con el cuerpo, con el comportamiento y con la vida cotidiana, lo que uno procura. No podemos separar lo que pensamos de lo que hacemos, lo que somos de lo que decimos». García Linera continuó: «Los neoliberales son ejemplo de una corrupción institucionalizada. Las privatizaciones han sido el ejemplo más escandaloso, más inmoral, más obsceno de corrupción generalizada». Sin embargo, agregó, es necesario que «nunca abandonemos la humildad, la sencillez, la austeridad y la transparencia».

La cuarta cuestión que mencionó es la continuidad de los liderazgos. “El tema es cómo damos continuidad al proceso, teniendo en cuenta que hay límites constitucionales para un líder». En este punto señaló una de las mayores dificultades para los movimientos emancipadores de América Latina. «Qué revolución verdadera no personifica el espíritu de la época. Si todo dependiera de las instituciones, no sería revolución. Cuando ya son las instituciones las que regulan la vida de un país, estamos ante democracias fósiles». La tensión entre la institucionalidad y la revolución por vía democrática surge, para Linera, como uno de los debates más importantes hacia el futuro. «Tal vez, la importancia de los liderazgos colectivos que permitan la continuidad de los procesos tengan mayores posibilidades en el ámbito democrático», opinó antes de ir al último punto.

En este caso desgranó la idea de la débil integración económica continental. «Soy un convencido de que América Latina sólo va a poder convertirse en dueña de su destino en el siglo XXI, si logra constituirse como una especie de Estado continental, plurinacional, que respete las estructuras nacionales de los Estados pero que, a la vez, tenga un segundo piso de instituciones continentales en lo financiero, en lo económico, en lo cultural, en lo político, en lo comercial». Si bien reconoció que se trata de un tipo de integración profundamente más compleja que la integración política, el vicepresidente boliviano afirmó que América Latina cuenta con todas las condiciones materiales para realizarlo. «¿Se imaginan, si somos 450 millones? Tenemos las mayores reservas minerales de litio, de agua, de gas, de petróleo, de agricultura. Nosotros podemos direccionar los procesos de mundialización de la economía continental. Solos, somos presa de la angurria y el abuso de empresas y países del Norte. Unidos, América Latina va a poder pisar fuerte y marcar nuestro destino».

Redondeando la disertación, se alejó de las particularidades de la coyuntura para tomar una perspectiva histórica sobre el momento que atraviesa nuestra región. «No debemos asustarnos. Marx, en 1848, cuando analizaba los procesos revolucionarios, siempre hablaba de la revolución como un proceso por oleadas». De esta forma sembró un poco de optimismo en el auditorio. En esa línea de pensamiento, reconoció el momento actual latinoamericano como el fin de una primera oleada, en donde la tarea es «debatir lo que hicimos mal, dónde cometimos errores, qué nos faltó hacer, para que cuando se dé la segunda oleada, más pronto que tarde, los procesos revolucionarios continentales puedan llegar mucho más allá de lo que lo hicieron durante la primera vez». En la misma línea que Sader, reconoció que el principal aspecto a favor de los movimientos populares es el tiempo histórico, debido a que la derecha no tiene un proyecto superador. «No representan el futuro. Ellos son zombis, muertos vivientes electoralmente. Nosotros somos el futuro, somos la esperanza».

«Tocan tiempos difíciles, pero para un revolucionario los tiempos difíciles son su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles, de eso nos alimentamos. ¿Acaso no venimos desde abajo, acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales? Para eso es un revolucionario. Luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse. Hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino».

Terminada la exposición, en el marco de una conferencia de prensa, el vicepresidente de Bolivia dialogó con la periodista Eva González, de ANCCOM, sobre algunas de las cuestiones específicas desarrolladas en su intervención. En relación a la dificultad que se les presenta a los gobiernos progresistas y revolucionarios para lograr una eficaz administración económica en coincidencia con una progresiva distribución de recursos hacia los sectores populares dijo: «Hay que gobernar para todos, pero siempre, en primer lugar, para el pueblo. Tomar medidas teniendo en cuenta a los empresarios, a los banqueros y a los agroindustriales, ya que son parte de tu país y de tu economía, pero nunca afectando al pueblo». A continuación agregó: «Nunca hay que golpear a las bases populares. Eso es como un norte. Si una medida afecta a los trabajadores, nunca la tomes. Estamos en el gobierno para gobernar para las mayorías populares, no para los más ricos».

 

Actualizada 31/05/2016