Jun 29, 2016 | inicio
Había gran expectativa en torno a la novena audiencia del juicio por la desaparición de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit, en la que se encuentran imputados Omar Rubens Graffigna, Luis Trillo y Francisco Gómez, apropiador del hijo menor de la pareja. Los abogados de la defensa habían manifestado en el último encuentro que sus clientes declararían hoy -29 de junio- luego de haberse negado a hacerlo en la primera instancia. El lunes pasado -en el marco de la inspección ocular a la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) a la que asistieron tanto los acusados como las querellas- el presidente del Tribunal, Alfredo Ruiz Paz, confirmó que hoy se daría lugar a sus testimonios, luego de que declarara el último testigo de la causa, el actual director general de inteligencia de la Fuerza Aérea, Hugo Eduardo Schaub.
Las preguntas que las querellas tenían preparadas para el comodoro mayor Schaub tenían el objetivo de dilucidar las funciones que Gómez llevó a cabo como personal civil de inteligencia en la RIBA. La estrategia de la defensa es demostrar que su labor tenía que ver con actividades de maestranza y por lo tanto no habría estado involucrado en la detención clandestina y posterior desaparición José Manuel y Patricia en 1978. Este argumento resulta difícil de sostener dado que el imputado fue condenado por la justicia por la privación de la identidad del hijo menor de la pareja, Guillermo Pérez Roisinblit, uno de los querellantes en la causa.
Omar Graffigna.
El último testigo
Las alas desplegadas que rodean al escudo nacional, símbolos de la Fuerza Aérea, parecían brotar de la campera azul del uniforme del comodoro Schaub sobre su pecho, del lado del corazón. Durante su declaración, el hombre respondió a cuentagotas una serie de preguntas técnicas. Schaub recién ingresaba a la Fuerza en la época de la desaparición de José Manuel y Patricia pero, en su rol de director general de Inteligencia, se considera competente para responder preguntas acerca del funcionamiento del organismo a finales de los 70.
– ¿Sabe a qué se denominaba personal civil de inteligencia en 1978? -preguntó Alan Iud, uno de los abogados de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo que representa a Rosa Tarlovsky -madre de Patricia- y Guillermo Pérez Roisinblit.
– Se trata de personal civil que trabaja en el Área de Inteligencia que fue incorporado por la ley secreta 19.373 -respondió el comodoro.
– ¿Puede darnos una definición de a qué se llama realizar una tarea de inteligencia?
– Realizar una tarea de inteligencia es analizar una información y sacar una conclusión.
– ¿Qué tipo de labor realiza un personal de civil que a su vez hace ‘tareas efectivas de calle’? -preguntó Iud, en referencia a la descripción que consta en el legajo de Gómez.
– Significa que realiza tareas fuera de las instalaciones de las Fuerzas Armadas.
Los abogados de las cuatro querellas –la conformada por Abuelas, la de Mariana Eva Pérez, la de la Secretaría de Derechos Humanos Nacional y de la Provincia de Buenos Aires- y los jueces del tribunal -Ruiz Paz, Marcelo Díaz Cabral y María Claudia Morgese Martín- indagaron al testigo durante una hora tratando de conseguir definiciones que permitan decodificar el legajo de Gómez. El documento constata que el apropiador de Guillermo cobraba un suplemento por realizar ‘tareas de riesgo’, pero el comodoro aclaró que la mayor parte de los integrantes de las Fuerzas Aéreas lo cobraban en ese entonces y lo siguen cobrando actualmente: «Era público y notorio que las Fuerzas Armadas corrían un riesgo per sé, y corrían un riesgo mayor en esa época. No tengo constancia de las otras tareas que mencionan que el personal realizaba en ese entonces, solo sé lo que se dice en la prensa», expresó Schaub.
En cuanto a los trabajos extraordinarios que se mencionan en el legajo, el comodoro aclaró que pueden ser actividades de cualquier índole: «Todos los integrantes de la fuerza están obligados a cumplir lo que le ordene alguien de autoridad», señaló más de una vez.
El defensor de Graffigna y Trillo (foto) solicitó postergar el testimonio del ex Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea para una próxima audiencia el 11 de julio.
Los testimonios de los acusados
Cuando llegó el turno de declarar para los acusados, Javier Miari -defensor de Graffigna y Trillo- solicitó postergar el testimonio del ex Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea para una próxima audiencia. A su pedido se sumó Sergio Díaz Dalaglio, defensor de Gómez. Ambos alegaron que sus defendidos necesitaban más tiempo para prepararse. Trillo estaba dispuesto a presentarse ante los jueces en ese mismo momento, pero el presidente del Tribunal decidió que los tres presten testimonio en la siguiente audiencia pactada para el lunes 11 de julio.
Guillermo Roisinblit se mostró decepcionado a la salida del juzgado: «Me había pedido el día de trabajo especialmente para escuchar el testimonio de mi apropiador», expresó. Si bien en un principio se esperaba que el juicio finalizara antes de la feria judicial, Ruiz Paz confirmó que los alegatos tendrán lugar recién el mes próximo.
Antes de pasar a cuarto intermedio, se reprodujeron veinte minutos del testimonio grabado de Miguel Ángel Osses, brigadier mayor de la Fuerza Aérea, condenado a prisión perpetua en 2015, en el que admite haber recibido la orden de encargarse de la “lucha contra la subversión” en los partidos de Merlo, Moreno y Morón.
La inspección ocular de la RIBA
A la octava audiencia -que consistio en una inspección ocular de la RIBA- solo pudieron asistir las partes, la fiscalía, los imputados -excepto Gómez que no se presentó-, los miembros del Tribunal, el arquitecto Gonzalo Conte de la agrupación Memoria Abierta -que elaboró los planos del lugar- y los testigos que declararon haber estado detenidos en la Regional: María del Carmen Ramallo y Víctor Calefa. El Tribunal no admitió la presencia de público ni prensa.
Francisco Gómez (foto) no se presentó a la inspección ocular de la a la Regional de Inteligencia de Buenos Aires.
Luego de la inspección, Guillermo Pérez Roisinblit confirmó a ANCCOM que tanto Calefa como Ramallo reconocieron nuevamente haber estado detenidos en ese lugar. «Yo ofrecí participar para que quedara claro que no estaba mintiendo respecto de mis recuerdos en la RIBA -explicó-. Yo tenía no más de cinco años cuando iba a ese lugar, y la defensa puede llegar a desestimar la credibilidad de mi testimonio por la edad que tenía. De hecho, las defensas hicieron hincapié en eso nuevamente durante la inspección ocular».
Mariana Eva Pérez, hermana de Guillermo, debió recorrer todas las instalaciones de la casa en la que estuvieron detenidos sus padres, acompañada por el imputado Trillo, a quien le permitieron circular sin esposas al lado de la querellante. «Fue macabro. Explicaron que se trataba de una medida para cuidar la integridad física de Trillo conforme subía y bajaba escaleras», comentó Guillermo con disconformidad.
Actualizado 29/06/2016
Jun 1, 2016 | inicio
Para la sexta audiencia del juicio por la desaparición de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit, el juzgado en la calle Pueyrredón del centro de San Martín resulta casi un lugar familiar. En la pantalla gigante de la antesala se ven el escritorio y los asientos vacíos donde se sentarán los jueces que componen Tribunal: Alfredo Ruiz Paz, Marcelo Díaz Cabral y María Claudia Morgese Martín. Parece que no hay mucha gente adentro, no hay riesgo de quedar varado en la sala de espera. Cuando declararon Mariana Pérez, Guillermo Pérez Roisinblit y su abuela Rosa Tarlovsky de Roisinblit, parte del público quedó afuera. La consigna es estricta: nadie puede estar de pie.
“Esa nenita que fue robada en octubre de 1978 hoy es una señora que está exigiendo justicia”, se oye decir a Adriana Taboada, de la comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, a sus alumnos de colegio secundario, que también forman parte del público. La señora es Mariana Eva Pérez, una de las querellantes en la causa. “Hay que decirle a los chicos que desgraciadamente los acusados tienen prisión domiciliaria”, susurra una señora rubia, de rulos, que se acercó a escuchar.
Hacia las diez de la mañana van llegando todos los actores: los representantes legales de las cuatro querellas, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Provincia de Buenos Aires por un lado, los de Mariana Pérez por otro, y los de Guillermo Pérez Roisinblit, su abuela y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. “Ahí vienen esos impresentables, qué desastres que son”, se hace oír otra señora rubias cuando hacen su ingreso los abogados de la defensa.
“Vamos a dejar pasar a la autoridad principal del Tribunal”, bromea el fiscal Martín Niklison cuando ve acercarse a Rosa Roisinblit, de 96 años, caminando lentamente, ayudada por su bastón y acompañada de su nieto que la toma de los hombros con delicadeza. “Tendones, tendones. No me puedo mantener erguida porque se me están encogiendo los tendones, me dijo el médico”, le explica Rosa a una tía abuela de Mariana desde el otro lado del estrado.
“¿Cuál es Graffigna?”, pregunta siempre alguien cuando hacen su ingreso los acusados. “El más viejito”, le responde algún otro. Los imputados entran y se sientan en orden de edad y de jerarquía, acompañados de oficiales del Servicio de Penitenciaría Federal: Omar Rubens Graffigna, Luis Trillo y Francisco Gómez. “Gracias por venir”, le dice Trillo a un señor que lo saluda de pie desde el público, en primera fila.
Desde la última audiencia el 16 de mayo, se llevaron a cabo otras tres: en la primera declararon personas que también estuvieron detenidas en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires –Enrique Borcel (desde Madrid), María del Carmen Ramallo, Víctor Calefa y Osvaldo López-; en la segunda los testigos fueron oficiales de las Fuerzas Aéreas que trabajaron allí –Juan Taboada, Julio Cesar Leston, Jorge Ángel Cóceres, René Omar Bustos, Carlos Omar Moizo y Andrés Luis Bruno- y en la tercera dieron su testimonio sobrevivientes de la ESMA que estuvieron con Patricia cuando fue trasladada a ese lugar para dar a luz a su hijo: Mirian Lewin, Amalia Larralde y Nilda Actis Goretta. En esta última audiencia, el lunes último, también se incluyeron extractos de declaraciones de Sara Solarz de Osatinsky en otras causas, en las que menciona haber conocido a Patricia antes de dar a luz: “Fue la última embarazada que yo vi”, se escuchó decir a Sara.
Las preguntas que se le hicieron a los testigos intentaban demostrar que en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), en Morón, además de realizarse tareas de inteligencia de las Fuerzas Aéreas, se detenía ilegalmente a personas; que en esa casa funcionó un Centro Clandestino de Detención; que allí estuvieron secuestrados José Manuel y Patricia; que la Fuerza Aérea es responsable de la detención y desaparición de ambos; que Luis Trillo era quien estuvo a cargo de la Regional en el momento en que la pareja fue trasladada a ese lugar y que Francisco Gómez, el apropiador de Guillermo, además de ser personal de maestranza del lugar, tenía conocimiento de que ellos se encontraban detenidos allí y que su labor no se limitaba a tareas de cocina y mantenimiento.
El juez de instrucción de la causa dejó afuera la acusación acerca de las torturas que se infligían a José Manuel y Patricia mientras estuvieron secuestrados, pero las querellas tiene previsto pedir la ampliación del objeto procesal para volver a incluirla.
Otros detenidos
En las primeras dos audiencias las preguntas de la fiscalía y las querellas intentaron reconstruir la casa en donde funcionaba la RIBA: ¿Cuántas escaleras recuerda que había? ¿Cuántos escalones tenían? ¿De qué material estaban hechas? ¿Cómo era el piso del patio? ¿De qué material era el piso en el interior de la casa? ¿Qué tipo de mobiliario había? ¿Cuántos pisos tenía la construcción? Los testigos Borcel y Ramallo coincidieron en que “se podía oír un ferrocarril a lo lejos”, que probablemente proviniera de la estación de trenes de Morón. “Estoy seguro de que estuve en la RIBA porque recuerdo que cuando a la entrada de la cochera, mi auto, conducido por mis secuestradores, pegó un saltito, y corresponde con el lomito de burro que hay en la entrada para vehículos”, afirmó Borcel en videoconferencia desde el consulado en España. “Puedo saber que en la entrada el suelo era de adoquines, porque aunque estaba encapuchado podía mirar hacia abajo”, explicitó ante una pregunta de Javier Miari, abogado de Trillo y Graffigna, quien acto seguido preguntó:
-¿Cuántas casas con esas características cree que puede haber en esa zona de Morón?
-No a lugar, no conteste, indicó al testigo el presidente del tribunal, Alfredo Ruiz Paz.
“Cuando me trasladaron hasta la casa, yo tenía puesto mi abrigo como capucha, pero como era de lana pude ver a través las luces de los comercios de la zona céntrica de Morón, y sé que no fuimos muy lejos de ahí”, sostuvo la testigo Ramallo con voz temblorosa, cuando recordó cómo la secuestraron a ella, a su novio y también a su hermana y los llevaron a la RIBA. Su hermana nunca pudo hablar sobre lo que ocurrió mientras estuvo allí encerrada, y con Alcides, quien era su pareja en ese entonces, recién ahora se anima a conversar sobre lo sucedido, que terminó con la desaparición de su padre, Santos Hilario, asesinado en un enfrentamiento fraguado en Ituzaingó en 1977, mientras estaba secuestrado. Su hermana y ella tenían apenas 17 y 18 años.
Oficiales que trabajaban en la RIBA
En la segunda audiencia, declararon oficiales de las Fuerzas Armadas que trabajaban en la RIBA. A cada uno se le aclaró que “lo que declare en esta causa no puede ser usado en su contra en otro juicio”, ya que algunos de los testigos tienen causas pendientes en otros casos de lesa humanidad que están siendo investigados. A partir de sus dichos, se pudo verificar que el imputado Trillo estaba a cargo de la Regional mientras Patricia y José Manuel estuvieron detenidos. Taboada, que trabajaba como personal de inteligencia durante esa época, afirmó que su tarea consistía en “proveer análisis de inteligencia basándose en un libro de terroristas editado por las Fuerzas Aéreas”. “Realizábamos análisis del oponente. El oponente era Montoneros, el ERP, organizaciones de terroristas subversivos. Terrorista y subversivo para mí significa lo mismo”, afirmó durante su testimonio. Ante los murmullos del público, el juez debió amenazar con desalojar la sala.
Jorge Ángel Cóceres, el segundo testigo que se presentó en la audiencia de ese día, se reconoció en una de las fotografías tomadas en su casa y en la del apropiador Francisco Gómez en las que aparecía Guillermo de pequeño. En cuanto a las labores de Gómez, afirmó que cuando aclaró en su legajo que el agente “colaboraba más allá de sus tareas específicas” se refería a labores de mantenimiento, no de inteligencia. Tanto él como Taboada y Bustos afirmaron que el trabajo del apropiador del nieto recuperado se limitaba a cocinar y limpiar.
René Omar Bustos, el tercer testigo de la quinta audiencia, ingresó a la sala resoplando. Indicó que su tono prepotente en las respuestas a las preguntas de las querellas se debía a problemas auditivos. En cuanto a las funciones de Gómez, también afirmó que era cocinero y luego aseguró que “del portón para afuera cada uno hacía su vida particular”.
Sobrevivientes de la ESMA
La audiencia del lunes 30 tuvo como eje los recuerdos de las últimas personas que vieron con vida a Patricia. Nilda Actis Goretta, quien estuvo secuestrada desde junio de 1978 hasta febrero de 1979 en la ESMA, aseguró que la vio a Patricia embarazada, recostada en “una piecita pequeña sin ventilación en donde hacía un calor insoportable. Hablando con ella supe que su esposo estaba secuestrado, y que a veces lo subían a la habitación donde ella se encontraba y que él se veía muy torturado”. Ella fue la primera en declarar debido a que se encontraba muy nerviosa, según informó, al inicio de la audiencia Pablo Llonto, el abogado de Mariana Pérez. “Patricia me contó que la tenían atada a la pata de un escritorio y la amenazaban con que luego de parir le esperaba la tortura física. Tenía pánico de retornar, pero quería volver con su marido. Queríamos que se quedara en la ESMA porque tenía más posibilidades de sobrevivir, pero nos decían que no era posible, porque pertenecía a otra fuerza. Nosotros sabíamos que el traslado de regreso significaba la muerte”.
La siguiente testigo, Amalia María Larralde, estuvo secuestrada desde agosto de 1978 hasta septiembre de 1979 en la ESMA. La conocía a Patricia porque habían trabajado juntas en un dispensario en Zona Oeste años antes. Sentada frente al juez, mientras se pasaba un anillo de un dedo al otro, recordó el día del nacimiento de Guillermo: “Ella lloró mucho, estaba asustada y angustiada, y contenta. Quiso anotar al bebé pero no la dejaron. El médico la apuró para que la pudieran volver a trasladar. Tenía miedo de volver pero no quería estar lejos de su marido. Me contó que en donde estaba secuestrada, la habían sacado a tomar sol con los ojos vendados. Decía que estaba en una quinta en zona Oeste. No sabía cuál iba a ser su destino. La vi salir del sótano de la ESMA con su bebé y con su bolso”, relató. Cada tanto miraba de reojo a Mariana, quien la escuchaba con una pequeña sonrisa comprensiva, que ella le devolvía de tanto en tanto.
La última declaración presencial fue la de Miriam Lewin, compañera de militancia de José Manuel, cuyo seudónimo era Matías. “José Manuel y Patricia se hacían llamar Matías y Mariana”, afirmó en tono sólido. “Sospechábamos que era probable que a ella la mataran después del parto, por eso le insistimos que se quedara en la ESMA, pero ella no se quería quedar sin José. No la pude convencer de no volver. Después ya no la vi más”, dijo y al terminar la oración su voz se quebró ante la imagen de ese recuerdo.
Amalia y Nilda escucharon el relato de Miriam, acompañadas de las psicólogas del Centro Ulloa. Luego de declarar, las tres testigos, Mariana y el abogado Pablo Llonto fueron a desayunar al café de la esquina. Amalia se mostró algo angustiada por no haber recordado algunos nombres durante su declaración, los ojos le brillaban. “Es lógico que se te olviden algunas cosas, este juicio tendría que haberse hecho 40 años atrás”, la consoló Mariana.
El dibujo de Patricia y José Manuel, los padres de Guillermo Roisinblit Pérez, hecho por un compañero de militancia de ellos.
Un regalo para Guillermo
A la salida del juzgado, Guillermo se mostraba feliz. Llevaba consigo una bolsa con una lámina: se trataba de un dibujo de sus padres juntos y felices, apoyados sobre el capot de un Citroën amarillo. “No tengo ninguna foto de mis papás juntos, y Lito, que era compañero de militancia de ellos, me hizo este dibujo por el cual me siento muy agradecido”, expresó sonriente. El dibujante también se veía emocionado: “A mí Aníbal –por ese nombre conocía él a José Manuel- me llevaba en un Citroën amarillo hasta la unidad básica, donde yo colaboraba con mis dibujos que luego se imprimían. Para mí es un privilegio poder hacerle este regalo a Guillermo. Antes dibujaba para su papá, ahora dibujo para él”. Lito no fue secuestrado durante la dictadura: “Me fui justo a tiempo”, afirmó.
El lunes 13 de junio declararán Gonzalo Conte, Edith Clutet, Teresa Izaguirre, Noemí Cabrera y Teodora Jofré, la apropiadora de Guillermo. Para el 27 de junio está prevista una inspección ocular de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), donde continuarán los testimonios sin público presente, a pedido del juez Ruiz Paz. Los testigos que asistirán se confirmarán en la próxima audiencia.
Actualizada 1/06/2016
Sep 2, 2015 | destacadas
«No tiene entidad. No está muerto ni vivo. Está desaparecido», sentenció en 1979 el dictador Jorge Rafael Videla. De esta manera (no) respondía a las preguntas de quienes buscaban conocer el destino de sus familiares y amigos. A partir de ese momento, el término comenzó a ser uno de los símbolos más representativos de lo que conformó el plan sistemático ideado por los represores y llevado a cabo desde el Estado terrorista: secuestro, tortura, robo de bebés y asesinato. Por iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), cada 30 de agosto se conmemora el Día internacional del Detenido Desaparecido. La fecha fue declarada como “Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada” por la Asamblea de la ONU en el año 2010, a través de la Resolución 65/209. Carlos Pisoni, integrante de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) y subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, contó a ANCCOM: “Lo que sucede con la figura del desaparecido es algo que sólo los que tenemos familiares desaparecidos podemos explicar. Es un mecanismo muy traumático porque no tenés el cuerpo, no sabes dónde está ni qué pasó”.
La desaparición forzada es un delito que implica la violación de múltiples derechos humanos y que constituye un crimen de lesa humanidad. Se caracteriza por la privación ilegítima de libertad de una persona por agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo. Las consecuencias de este delito imprescriptible se prolongan a lo largo de los años y afectan a familiares y allegados de las víctimas que no logran conocer su paradero y la verdad sobre su destino. Para Manuel Gonçalves, nieto restituido, la lucha por la memoria es una tarea que se ejerce todos los días: “La búsqueda tiene que ver con algo permanente. Hay casi 400 jóvenes que son desaparecidos con vida, porque fueron robados durante la dictadura y todavía no los hemos encontrado”. Explicó que, actualmente, las estrategias para encontrarlos buscan interpelar a jóvenes que posiblemente han formado familias pero continúan ignorando la verdad de sus orígenes: “La identidad que no han resuelto se va transfiriendo a sus hijos. Logramos crear una conciencia de que los que estamos buscando pueden ser ellos mismos, su pareja, su amigo, su profesor”.
La ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada, hoy convertido en centro cultural.
Parte fundamental de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia es la resignificación continua de los espacios donde funcionaron centros clandestinos de detención. Un ejemplo emblemático es el de la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde circularon al menos cinco mil personas y que corrió riesgo de ser convertida en un “Parque de la reconciliación” durante la segunda presidencia de Carlos Menem. En 1998, se había firmado el Decreto 8 que proponía la demolición del edificio para la creación de un espacio verde y público, con la excusa de promover la unidad nacional. Graciela Lois, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, recordó las movilizaciones que se organizaron en aquel entonces, cuando peligraba el edificio por el que había circulado su marido y compañero de militancia: “La ESMA era un espacio que debía conservarse. Nos parecía atroz querer borrar la historia para construir un parque”.
Seis años después, el presidente Néstor Kirchner abría las puertas de la ex ESMA para que la sociedad en su conjunto y los organismos de derechos humanos comenzaran a adueñarse paulatinamente de cada pabellón. Iniciaron las propuestas de talleres, actividades y muestras, al mismo tiempo que se trataba de plasmar la lucha y de reivindicar a los treinta mil detenidos desaparecidos. Delia Giovanola, de Abuelas de Plaza de Mayo, remarcó el pensamiento unánime de los organismos de derechos humanos: “Ese lugar que fue lúgubre, donde hubo tanto horror, tanta muerte, tanto grito, ahora está lleno de luz y de vida, de alegría y juventud”. Lois agregó: “Nosotros pensábamos en recuperar el lugar y que el centro clandestino como tal no se modificara. Desde el 98 a acá, no hubiera pensado jamás que la ESMA fuera lo que es hoy. Por donde caminaron los nuestros rumbo a su propia muerte, hoy ves chicos, jóvenes. Donde hubo muerte, hay vida. Esa es la gran satisfacción”.
Los organismos de derechos humanos no hablan nunca de revancha ni de venganza, ya que sostienen que eso los dejaría ubicados en la misma situación que la de los represores: “Si la venganza y el odio estuvieran dentro nuestro, nos convertiríamos en algo muy parecido a los genocidas y, la verdad, somos totalmente lo opuesto”, dijo Gonçalves. Lois, por su parte, añadió: “La verdad es que vamos detrás de la justicia. Ninguno de los nuestros jamás agarró un represor y lo agredió, le pegó o lo mató. Nos guía, más que nada, la alegría de recuperar estos lugares”.
Familiares de Jorge Oscar Benítez y Angel Servando Benítez, militantes detenidos desaparecidos en una intervención artística organizada por el Espacio Memoria y el Grupo de Arte Callejero (GAC) en la ex ESMA.
Vera Jarach, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, aclaró que primero estuvo la necesidad de saber qué había pasado con sus hijas e hijos y luego vino la planificación de la resistencia. Cuando las madres comenzaron a organizarse, necesitaron algo que las identificara y las representara: así surgieron los pañuelos blancos que llevan bordados los nombres de los desaparecidos, hoy símbolo indiscutible de su lucha: “El genocida Videla había dicho que los desaparecidos no eran, no estaban, no tenían identidad. Eso nos movió. Nuestros hijos tienen identidad, así que los nombramos”. El plan de la represión buscaba eliminar los rasgos identitarios de sus víctimas. Una vez secuestrados, se los mantenía encapuchados, incomunicados, se les asignaba un número y se les quitaban los bebés. Los dictadores se constituyeron así como los poseedores de la vida y la muerte. Giovanola sostuvo: “Hubiera querido que a mi hijo lo juzguen como se está juzgando ahora a los militares genocidas. Sin embargo, los represores no están conformes. ¿Y nosotras tenemos que estar conformes con que, sin juicio, sin nada, no sólo se los condenó, sino que se los mató?”
En relación a los juicios que se están llevando a cabo para juzgar a los responsables del terrorismo de Estado, Pisoni habló sobre el caso de Jorge Julio López, quien desapareció tras declarar contra el represor bonaerense Miguel Etchecolatz, en septiembre de 2006: “Fue un mensaje muy claro para que los testigos, los sobrevivientes, no siguieran declarando durante el avance de los juicios. Pero produjo el efecto contrario, porque estamos muy lejos del momento en que gobernó el miedo. Es muy difícil que nos puedan callar después de todo lo que pasó, lo que vivimos y sufrimos. Este momento llegó para quedarse”.
Los representantes de los organismos de derechos humanos convocan a la sociedad en su conjunto a formarse e informarse: “Ser consciente de lo que pasó es una de las mejores herramientas para que nunca más vuelva a suceder”, dijo Gonçalves.
Ex Esma.
