Jul 12, 2016 | inicio
“Lo que falta no es trabajo, es plata. No se consume nada y te pagan menos por las changas”, se queja Federico, de 45 años, que desde hace un año asiste al comedor de la Parroquia Nuestra Señora de Caacupé, en el barrio de Caballito. Mariano, Alejandro y Leonardo, sus compañeros de mesa, asienten y coinciden en que “la calle está peor que nunca”. Federico se encuentra en situación de calle. Cuenta que una pieza en una pensión, para una sola persona, cuesta 4200 pesos por mes, con baño y cocina compartidos. Con estos precios y sin un empleo fijo, es muy difícil acceder a un techo.
De los 50 asistentes, en promedio, que concurren al comedor de Caacupé, entre cinco y diez están en situación de calle, el resto son jubilados o trabajadores. El comedor existe desde la crisis de 2001 y de manera ininterrumpida brinda el almuerzo de lunes a viernes. En 2015 fijaron un límite de 50 personas por día –antes recibían hasta 160–, por las dificultades que les generaba, al momento de preparar la comida, no saber cuántos comensales iba a haber. Mientras explica esto, Alfredo Quirós, cocinero desde los inicios, recuerda que entre 2002 y 2003 le daban de comer a 210 por día, algunas que incluso llegaban desde el Conurbano para recibir un plato de sopa y fideos con estofado.
En la Basílica Sagrado Corazón de Jesús funciona un comedor y, desde marzo, un servicio de duchas para personas carenciadas, abierto los martes y los sábados.
La solidaridad de la comunidad es fundamental para el Caacupé, hay vecinos que dona carne, otra verduras, y “la providencia siempre ayuda para nunca falte nada”, asegura Alfredo, aunque reconoce que la ayuda se ha visto reducida en el último tiempo. Uno de los donantes, por ejemplo, pasó de enviar 100 kilos de carne por mes a 50, exactamente la mitad. Con el ingenio de los voluntarios organizan actividades para recaudar fondos, como venta de choripanes o de pollos que hoy generan el grueso de los ingresos del comedor.
Otra voluntaria de Caacupé, Fernanda Alcalá, presenta a Alan, de 25 años, quien junto con su hermano mellizo concurre de manera esporádica. Alan se acerca con una olla en una bolsa que trae de su casa. Vive con su hermano y su papá a cinco cuadras. Es estudiante de segundo año del profesorado de Historia en el Joaquín V. González, y allí también estudia su hermano, que está en segundo de Letras. Su padre es taxista y ellos buscan trabajo constantemente. Pero “está muy jodido –dice-: te tienen tres meses y te rajan”. Alan y su hermano concurren desde 2008 al comedor. Cuando tienen trabajo dejan de ir. Hace dos meses tuvieron que volver porque no les alcanza con lo que gana su papá. “De 2008 a 2015 la situación estaba mejor, ahora no. La inflación y la desocupación es mucha”, señala Alan.
El Observatorio de Derecho Social de la CTA, que periódicamente releva la situación del empleo en el país, le da la razón a Alan. Entre octubre de 2015 y enero de 2016 se registraron 57.868 empleos perdidos en el sector privado. En el público, en tanto, se estiman 41.000 trabajadores menos desde diciembre 2015 hasta marzo 2016. Frente a esta realidad, la gente recurre a diferentes estrategias para subsistir, y una de ellas es, sin dudas, los comedores populares.
De los 50 asistentes, en promedio, que concurren al comedor de Caacupé, entre cinco y diez están en situación de calle, el resto son jubilados o trabajadores. El comedor existe desde la crisis de 2001 y de manera ininterrumpida brinda el almuerzo de lunes a viernes.
En la Avenida Vélez Sársfield 1351, en Barracas, se ubica la Basílica Sagrado Corazón de Jesús. Allí funciona un comedor y, desde marzo, un servicio de duchas para personas carenciadas, abierto los martes y los sábados. Aquí se brinda asistencia a unas 30 personas por día aunque están anotadas alrededor de 200. José D´Onofrio, de 42 años, es licenciado y magíster en Administración de empresas y voluntario en el Sagrado Corazón: “Treinta es un límite que ponemos porque tenemos que elegir entre caridad y calidad; así logramos desarrollar el vínculo que queremos para ayudarlo en otros aspectos. Sin la restricción han venido 60 o 70 personas –explica–, muchas para sociabilizar, tienen trabajo y siguen viniendo para continuar el vínculo”. Para José, el alimento y la ducha son claves, pero destaca que también se ofrece ayuda para trámites legales, asesoramiento laboral, y hay atención de psicólogos, trabajadores sociales y hasta peluquero, algo muy importante según José porque “hace a la dignidad de la persona”.
En un salón de 20 metros por 6, el párroco de la iglesia, Sebastián García, organiza a 15 voluntarios. Con un tono de arenga, los pone al día de los avances del proyecto de asistencia, que incluye a otras dos entidades católicas, la Cátedra del Diálogo y la Cultura del Encuentro y la Asociación Miserando, encargadas de llevar adelante la logística del servicio. El cura comenta las donaciones que se van consiguiendo y las instituciones que prometen ayuda. Divididos en tres equipos (cocina, duchas y ropería), los “servidores” brindan el desayuno (mate cocido con tostadas), el almuerzo, la posibilidad de higienizarse y ropa limpia. Pero, sobre todo, como destacan ellos, tratan de conocer las vidas de los asistentes para ayudarlos mejor.
La mayoría se entera del lugar a través del “boca a boca” en los hospedajes donde viven y dan fe del vínculo “humano” que se crea con los voluntarios. “Te dan de comer y te tratan bien”, subrayan.
Actualizada 12/12/2016
Abr 27, 2016 | destacadas
En solo cuatro meses de gestión de la alianza Cambiemos, un viejo y conocido fantasma volvió a ocupar el centro de las preocupaciones de hombres y mujeres: la pérdida del empleo y el consecuente aumento de la desocupación.
Los despidos masivos arrancaron en diciembre pasado con el declarado objetivo de “modernizar” el Estado. Más de 35.000 empleados públicos fueron cesanteados, muchos de ellos acusados sin pruebas de “ñoquis” o perseguidos por su militancia política. Los trabajadores del sector privado fueron, en paralelo, víctimas de la misma práctica. El panorama recesivo de la economía argentina encendió la alarma de empresarios y sindicalistas y motorizó ese ajuste laboral.
Los despidos registrados en el sector privado durante este primer trimestre superan los 80.000 trabajadores, según sostienen los informes realizados por distintos gremios y consultoras privadas, consultadas por ANCCOM ante la falta de información oficial.
Desde su asunción, Mauricio Macri prometió “normalizar” el funcionamiento del cuestionado Instituto de Estadística y Censos (INDEC), pero su gestión todavía no brindó registros sobre la desocupación que se generó a partir de los despidos realizados de diciembre a esta parte.
Abrazo al Ministerio de Trabajo.
El último relevamiento realizado por el INDEC durante el tercer trimestre del 2015, evidencia que las sucesivas administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2011 y 2011-2015) habían logrado que el desempleo llegara a uno de los niveles más bajos de las últimas décadas, un 5,9 %.
Ante la paralización del INDEC, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) liderada por el sindicalista Pablo Michelli realizó un relevamiento a través de su Observatorio Social. El estudio registró un total de 68.563 despidos, entre el 1 de diciembre y el 4 de marzo, de los cuales unos 30.936 se produjeron en el sector privado.
“Las tensiones que el mercado de trabajo venía presentando en los últimos años se exacerbaron en pocas semanas, y desde entonces hemos asistido a un shock de despidos liderado por el sector público, sin que por ello las empresas del sector privado se hayan quedado detrás”, sostiene el último documento publicado por el Observatorio Social.
El informe aclara que se trata de un “relevamiento de mínima”, ya que no incluye “aquellas denuncias que fueron realizadas por dirigentes sindicales en términos generales”.
La industria de la construcción figura entre los rubros más perjudicados por los despidos. Los representantes sindicales de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) denunciaron la pérdida de entre 25.000 y 30.000 puestos de trabajo desde la llegada de Cambiemos al poder.
Además, desde la UOCRA advirtieron que en el sector privado las grandes empresas utilizaron la actual coyuntura “para impulsar suspensiones colectivas”, una medida que “posee efectos disciplinadores sobre el conjunto de los trabajadores”. Las suspensiones “se han concentrado en la industria petrolera, la automotriz, la autopartista y la siderurgia”, agregaron fuentes del sector.
Informes realizados por la consultora privada Tendencias Económicas y por el Centro de Economía Política (CEPA) a los que tuvo acceso ANCCOM completan el cuadro del empleo argentino con un duro diagnóstico. Según Tendencias Económicas, los despidos en el primer bimestre de este año llegaron a unos 107.000, relevados a partir de las denuncias realizadas por los gremios a nivel nacional.
El informe indica que en enero se registraron alrededor de 41.921 despidos, cuya mitad se sucedieron el ámbito privado, siendo los sectores de la construcción, gastronómicos, textiles e indumentarios, los más perjudicados.
Con respecto al mes de febrero, se registraron 65.799 personas despedidas, un 72% de aumento con respecto al mismo mes de 2015, según la consultora.
Del total, alrededor de 55.800 pertenecieron al sector privado, sobre todo en la construcción y en otras actividades, como autopartes, petróleo, comercio y minería.
En tanto, el informe publicado por CEPA, indica que el empleo, público y privado, expone “una tendencia a la contracción”. El relevamiento arrojó un total de 141.542 despidos entre enero y marzo de este año. Alrededor de 80.446 cesantías correspondieron al sector privado y el mayor perjudicado resultó ser el sector de la construcción, un 71,88%, siguiéndole el sector industrial con un 23,40% y por último, el sector servicios, con un 4,72%. Según el estudio, la mayor cantidad de despidos se dio “en los empleos de menor calificación o que más precarización sufren”.
Ante este panorama, el reclamo de las centrales obreras ante diputados y senadores, se plasmó en un proyecto de ley que declara la “Emergencia Pública en Materia Ocupacional” que aún no se discutió en el Congreso, pero que ya ha generado críticas del oficialismo y de representantes empresariales de la Pequeña y Mediana Empresa (PyMEs).
En un comunicado, representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reconocieron que “más 120.000 despidos han provocado una fundamentada preocupación de senadores y diputados de la Nación que obliga a buscar alternativas para detener ese flagelo en el sector público y privado”.
Pero que “hay que dimensionar” ya que en el sector privado, y especialmente en PyMEs, esa situación ocurre “por la caída en los niveles de producción provocada por la retracción en la demanda de consumo, por la casi nula demanda de inversión, por las aceleración de la inflación y por las altísimas tasas de interés del mercado”, sostiene el documento.
El proyecto de ley tiene por objetivo evitar que se continúe despidiendo, por lo que propone que se “congelen” hasta el 2017 los empleos del sector público y privado y se apela nuevamente, como lo fue en el 2002, a la figura de la “doble indemnización”, el punto más criticado por el gobierno como por los empresarios.
Desde CAME sostienen que ante la difícil coyuntura económica que atraviesa el país, implementar “la doble indemnización crearía niveles de conflictividad alarmantes para las PYMES, especialmente en las más pequeñas, que llevarían al cierre definitivo de muchas de ellas”.
El oficialismo ya expresó su rotundo rechazo al proyecto de ley. El presidente Mauricio Macri, en varias declaraciones públicas, indicó que esta iniciativa, en caso de aprobarse, no generará “más empleo” sino que “destruirá fuentes de trabajo”. Y prometió vetarla en caso que, finalmente, el Congreso avance con su debate y aprobación.
Con la unificación de la Confederación General del Trabajo en proceso y el llamado a una movilización para el próximo 29 de abril, en donde participarán todos los sectores gremiales, el gobierno de Macri afronta un contexto socio económico conflictivo, al cual deberá dar respuestas inmediatas si su deseo es retomar las sendas del crecimiento económico y la gobernabilidad.
Festival No Al Vaciamiento del Grupo 23. Parque Centenario. 31 de enero de 2016.
En los medios
La ola de despidos masivos afectó a numerosos sectores y los trabajadores de los medios de comunicación no quedaron exentos. Desde diciembre, se ha registrado el despido de más de 200 periodistas de numerosos medios, siendo el caso más grave y emblemático el caso del grupo Veintitres perteneciente a los empresarios Sergio Spolzky y Matías Gardfunkel, con la cesantía de 136 trabajadores del canal televisivo CN23 y el vaciamiento económico del Diario Tiempo Argentino -hoy autogestionado por sus trabajadores en una cooperativa- y Radio América.
También fueron despedidos doce periodistas del grupo Crónica, cuyos dueños son los hermanos Olmos, treinta trabajadores del centenario diario La Nación, doce del diario platense Diagonales, cinco del grupo Octubre, Cinco en Radio Continental y ocho en Radio San Martín, según lo relevado por observatorio de la CTA Autónoma.
A lo que se le suma, la complicada y delicada situación del canal 360TV, cuyos trabajadores llevan adelante una huelga por salarios adeudados.
Actualizada 27/04/2016
