May 27, 2015 | Entrevistas
«Música por la justicia» se lee en el cartel en blanco y negro, por encima de una foto de Mariano. Es un cartel que ya está desgastado y recorrió incontables salas y tribunales colgado en el cuello de Raquel Witis, la madre de Mariano.
«Elegimos la música porque Mariano amaba la música, y la música saca lo mejor de cada uno», cuenta Raquel a ANCCOM. Fue la música la que formó parte de la lucha y de los pedidos de justicia por el caso de Mariano Witis, un joven al que asesinó la policía el 21 de septiembre de 2000.
Ese día, Darío Riquelme tomó de rehén a Mariano y a una amiga de él para cometer un asalto. La policía bonaerense los persiguió, abrió fuego y mató a Darío y a Mariano. Desde ese momento, Jorge y Raquel, sus padres, se dedican a contar su historia, acompañar familiares en la misma situación y mantener viva la memoria de Mariano con recitales de los que participaron músicos como León Gieco, Horacio Fontova, Ignacio Copani, el Coro Nacional de Ciegos, Teresa Parodi y Raúl Carnota. Recientemente participaron en el Encuentro contra la Violencia Institucional, realizado en el Congreso Nacional.
– ¿Acompañan otros casos de víctimas de violencia institucional?
RW – Las veces que puedo acompaño. Uno pasó esa etapa y se siente una desesperación porque cuando ocurre un daño tan grande entrás en un mundo diferente cuando hay un proceso judicial. Es un mundo bastante hostil y frío.
–¿Cómo encararon esa entrada al mundo de los tribunales?
RW -Fue difícil. Nunca habíamos pisado tribunales. Para la desesperación y la impotencia que siente uno en esos momentos, es un mundo frío y hostil.
JW – Como militábamos en la facultad en nuestra juventud, teníamos conocidos diversos, compañeros de militancia. La hermana de Raquel y el cuñado nos conectaron con una abogada, la Dra. Laura Del Cerro, que había actuado como asesora en el juicio de las juntas. Tenía experiencia en juicios penales y violaciones a los derechos humanos.
RW – Al día siguiente del hecho nosotros ya estábamos presentados como particular damnificado en la causa. Si bien no sabíamos cómo había pasado, qué era lo que había ocurrido, sí nos dimos cuenta quién era el que teníamos enfrente y con el que teníamos que luchar. Yo tenía la plena convicción de que había sido la policía.
– ¿Cómo fue ese recorrido judicial?
RW- Nosotros nos involucramos mucho en la causa. Íbamos seguido a tribunales, pedíamos fotocopias de la causa, la leíamos para saber qué hacía el fiscal, qué resolvía el juez, incluso qué hacía nuestra abogada. Uno se siente impotente. Sabíamos que iba a ser muy difícil el proceso judicial, y así lo fue. A pesar de ser un caso muy claro de violación a los derechos humanos y abuso policial, nos costó mucho llegar a una sentencia firme.
JW- Lo primero que tuvo que hacer Raquel con el testimonio que dio esa misma tarde fue convencer a la fiscal de que Mariano no era uno de la banda de los delincuentes. En principio, la noticia policial salió así: «fueron abatidos dos delincuentes, uno se había fugado y apresaron a la jefa de la banda», que era la amiga de Mariano y tampoco pertenecía a ninguna banda de delincuentes. Tuvimos que combatir duramente la cercanía que tiene el poder judicial con la policía. La versión que queda de los hechos en principio es la policial. Ellos conocen cómo se arma un expediente y aportan todas las pruebas que pueden, ya sean legítimas o fabricadas, para abonar la versión que ellos dan de los hechos.
– ¿Cómo combatieron esa versión?
RW- En general, las víctimas aparecen como los victimarios. Algunos periodistas toman la versión policial y la siguen sosteniendo. Yo fui la primera en declarar en la causa. Declaré antes que Julieta, la joven amiga de Mariano que había sido tomada como rehén. A la fiscal la desarmé cuando le dije que lo único que tenía Mariano era un mapa, porque estábamos haciendo el precenso, un lápiz y una goma. Ella dijo: «Me llamó la atención que tuviera una goma». Incluso no tenía documentos, porque íbamos a hacer ese recorrido de esa zona que nos tocaba censar y volvíamos. En general, las víctimas tienen que demostrar, a lo largo del proceso, sobre todo al inicio, su condición de tal.
– Hace unos días, Raquel, presentaron una guía para periodistas sobre cómo tratar las noticias de violencia institucional.
RW- Ese cuadernillo es muy importante para que los periodistas hablen con todos los actores judiciales que estén en la causa y los familiares directos. Los familiares tienen que ir a hablar con los jueces o los fiscales porque el expediente no muestra quién fue la persona que resultó víctima. Está lleno de hojas pero no habla sobre quién fue esa persona. Es importante, y para los periodistas más, conocer a la familia y escucharla. Por lo menos contraponer esa versión. Esta guía va a servir para las personas, para que empiecen a ver las noticias desde otro lugar. Los medios, con la estigmatización, con la estereotipación, lo que hacen es distorsionar la realidad.
– ¿Los medios pueden dirigir o distorsionar una causa o el mundo judicial está aislado de lo que se hable?
RW- No, aislado no está. En nuestro caso, por ejemplo, la fiscal no había ido a buscar testigos al lugar, a Villa Uruguay. Nos decía que fuéramos nosotros. Fuimos, hablamos con los testigos y una señora se acercó y me dijo: «Yo vi todo, pero no puedo declarar porque tengo seis hijos». Otra señora tenía el hijo preso en la primera de San Isidro. Le dijimos a la fiscal que nosotros no le podíamos llevar nombres, que por favor vaya ella. Hicimos un homenaje musical en la entrada del tribunal. Al día siguiente, ella fue a buscar y encontró dos testigos de identidad reservada. Los medios sirven. No van a resolver en la causa, pero sí pueden presentar una versión o una realidad que a los actores judiciales, si no hablan con los familiares, no les llega.
– ¿Es normal que en estos casos tengan que ser los familiares de las víctimas los que tengan que estar atrás de los fiscales constantemente?
JW- Es un combate cuerpo a cuerpo. La doctora Del Cerro y el señor Millet, nuestro perito balístico de parte, tuvieron que seguir de cerca la investigación de la fiscalía, presenciar las pericias balísticas, en el auto, las forenses. Tuvieron que seguirlo de cerca y se tuvo que combatir muchas veces versiones o interpretaciones de esos peritajes que tenían un fin de sacarle la responsabilidad a los agentes que habían actuado y endilgársela a Darío Riquelme, que era uno de los fallecidos y evidentemente no iba a poder decir nada en su defensa. Todas las pericias demostraron que el arma que tenía en su poder Darío era un arma inservible. Las alegaciones del policía de que durante la persecución habían recibido disparos, no tenían asidero. Hubo un arma que plantaron a los pies de Mariano, que sí era un arma que estaba en perfecto uso pero tenía una sola vaina servida. La vaina servida nosotros dedujimos que se escuchó luego de la serie de disparos que termina con la muerte de los dos, hubo un disparo aislado. Dedujimos que ese último disparo lo hicieron para servir esa vaina y para justificar que hubo una agresión y que la policía actuó en respuesta. Todas las pericias eran como una lucha cuerpo a cuerpo porque la institución de la policía bonaerense evidentemente tiene infinidad de mecanismos para distorsionar los hechos y quitarle la responsabilidad a sus agentes. Aparte de la responsabilidad penal, también pelean para quitarles la responsabilidad civil y no pagar una indemnización.
RW- No debería ser así, pero la realidad es así. En general los familiares de la víctima o la víctima tienen que ser el motor que impulsa la investigación en las causas, salvo pocas excepciones. Si el familiar de la víctima no está impulsando, muchas causas no llegan a ningún lado, prescriben porque no hay investigación por parte del Estado.
– ¿Así pasó con Ana María Liotto, la madre de Darío Riquelme? ¿Ustedes la acompañaron de alguna forma?
RW- Ella se acercó y creo que fue muy valiente. El primero que la recibió fue Jorge en la plaza donde nosotros hacíamos homenajes todos los 21 de septiembre. Ella se acercó a la plaza y Jorge la invitó a casa. Ella pensaba que no tenía derecho a reclamar por su hijo. Y le dijimos: «No, vos tenés que reclamar». Nosotros teníamos muy en claro que el que debió resguardar la vida eran los agentes policiales. Ellos debieron detener y que la justicia definiera responsabilidades.
– ¿Cómo se combaten los casos de violencia institucional?
RW- Hace rato que se viene combatiendo y ha habido avances, pero frente a la magnitud de estas prácticas que son estructurales de la policía y del servicio penitenciario que tienen el uso de la violencia, y que es legítimo que la usen, es difícil de combatir. Avanzamos, pero falta mucho. Es importante pensar en más políticas y diseñar una seguridad democrática. Que las fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario estén consustanciados con los valores democráticos. Que no sean fuerzas militarizadas, que sean profesionales…
JW- Que estén bien pagos, que tengan capacitación y que no necesiten ni se vean tentados de obtener recursos ilegales.
– ¿El concepto de violencia institucional se aplica solo a la policía?
RW- No, es un poco más amplio. Yo trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos y la definición que tomamos fue que es la forma más grave como práctica estructural de violación de derechos, que puede ser realizada por fuerzas de seguridad, agentes penitenciarios, fuerzas armadas o efectores de salud y en determinados ámbitos o contextos. Cuando estás en una comisaría o unidad penitenciaria, cuando te paran a pedir documentos, cuando estás demorado y hay una restricción a tu autonomía o libertad. Ahí, como pueden usar la fuerza, los daños que se provocan son mucho mayores. Definimos eso como violencia institucional.
– ¿Lo referido a la salud qué sería?
RW- Hay algunos tratamientos, sobre todo cuando se tratan adicciones o salud mental, que para algunos organismos internacionales son considerados tortura. Si estás internado, también hay una restricción a tu autonomía.
– ¿Modificar el código penal puede ayudar a estos cambios?
RW- En principio, el código penal habría que cambiarlo. Se cambiaron tantas cosas que perdió su integralidad. Es un código penal que ya quedó caduco. En un momento, si cometías dos robos tenías más años de prisión que quien mataba a una persona. Pero el código penal es una parte: tenemos que cambiar y democratizar el poder judicial. Eso tiene que ver con las personas. El poder judicial tiene también los discursos sociales discriminatorios y estigmatizantes que tenemos como sociedad. Cuando viene esa ola de aplicar mano dura, de tener más cámaras, de perseguir sobre todo a los jóvenes de determinados sectores, eso en los barrios populares se transforma en muerte y persecución. En la gestión de León Arslanian se comenzó una reforma en los planes de estudio, una reforma integral donde se consideraba que la seguridad era igual a más derechos e inclusión. Esa reforma, una vez que se fue Arslanian, no se sostuvo. En Nación, durante la gestión de Nilda Garré se hicieron protocolos para que, por ejemplo, en las manifestaciones públicas los agentes no podían llevar armas ni productos químicos, y a la vez tenían que mediar, porque eso es un conflicto social, no es delito, uno tiene el derecho a manifestarse.
-¿Qué piensan de los discursos que piden mano dura, penas más fuertes o baja de imputabilidad?
RW- Hay un discurso social que avala o justifica las políticas de mano dura. Las prácticas discriminatorias de las fuerzas se basan en esos discursos. Se considera que hay personas que son inferiores, pero son las historias de vida de cada uno las que son diferentes. Eso es lo que tenemos que combatir. Necesitamos hacer ese cambio cultural como sociedad. Somos una sociedad hipócrita, por un lado pedimos mano dura, pero cuando enviamos a la cárcel a alguien lo mandamos a lugares indignos donde no se prioriza que la persona se capacite y se resocialice.
May 20, 2015 | inicio
Florencia Laura Reinhold Siver tiene 37 años, es médica clínica, está casada y tiene dos hijos. Hasta el 2 de agosto de 2011 ella era María Florencia Lavia, “hija adoptiva” de Juan Carlos Lavia y Susana Marchese. Luego de varios años de buscar su identidad, con la ayuda de Abuelas de Plaza de Mayo, pudo descubrir que sus verdaderos padres eran Marcelo Reinhold y Susana Siver, dos militantes secuestrados y desaparecidos por el terrorismo de Estado. Conoció a sus familiares biológicos, y ahora sus apropiadores deberán ser juzgados por los delitos de Retención y ocultamiento de un menor de diez años; y falsificación de documentos de identidad. “Yo decidí particularmente, que sea la justicia la que decida qué grado de relación tuvieron ellos en todo esto”, dijo la hija de Marcelo y Susana.
El juicio comenzó ayer con la primera audiencia testimonial, en la que declararon primero Florencia, luego sus tíos paternos, Adriana Reinhold y Augusto Reinhold, y por último dos primos de su papá, Marcelo.
Marcelo Reinhold y su mujer Susana Siver fueron secuestrados por un grupo militar en 1977: “El 14 de agosto estábamos preparando la despedida de soltero de un amigo en la casa de mis papás en Haedo, mis padres estaban en Mar del Plata, yo me había ido con mi marido y mi hija un rato antes porque ya era tarde. Después de que nos fuimos, se realizó el operativo. Fue conjunto, entre policías y fuerzas militares. Entraron como diez personas a la casa, dividieron a las mujeres de un lado y a los hombres de otro. Mi hermano en ese momento no estaba, estaba Susana y se la llevaron”, relató Adriana. Susana estaba embarazada, y le habían pronosticado el parto para fines de enero, principios de febrero de 1978.
Augusto Reinhold, hermano de Adriana y tío de Florencia, que estaba en la casa en el momento del operativo, presenció el secuestro de su cuñada: “A cada rato me preguntaban si iba a contar todo lo que sabía de mi hermano, y hablaban entre ellos sobre qué iban hacer conmigo. En ese momento les comunican por la radio que lo habían encontrado a Marcelo por el Centro. Al tener esa noticia, la agarran a Susana y se la llevan, y a mí me dejaron ahí”.
Equipo de fiscales en el juicio por la apropiación de la nieta recuperada número 105, Florencia Laura Reinhold. 19 de Mayo de 2015, Tribunales de Comodoro Py, Ciudad de Buenos Aires.
Años después, las familias Reinhold y Siver pudieron confirmar, por testimonios de sobrevivientes, que Susana y Marcelo habían sido llevados a la ESMA, y que Susana había sido trasladada al Hospital Naval, en donde le practicaron una cesárea y nació Florencia el 15 de enero de 1978: “Yo pude reconstruir que a mi papá lo mataron en noviembre del 77 y a mi mamá la mantuvieron viva hasta que yo nací. Nací por cesárea en el Naval. Por lo que dicen las sobrevivientes, saben la fecha de mi nacimiento porque esa fue la noche, o la madrugada, en que mataron a Norma Arrostito. Por eso recuerdan cuando yo nací, y yo pude recuperar mi fecha de nacimiento. De mi mamá no se sabe más nada desde que me separaron de ella”, contó Florencia, y agregó: “Lo único que sé es que nací el 15 de enero, y fui inscripta como María Florencia Lavia el 7 de febrero, con lo cual supongo que todos esos días los pasé con ella. Sé que me pudo amamantar, sé que estuvo conmigo, hay sobrevivientes que me vieron, que cuentan que ella me apodó Lauchita porque nací de bajo peso. Que estuve con ella los primeros días. Quiero creer que fueron todos esos pero no lo sé”.
A Florencia le dijeron desde pequeña que era “hija adoptada”, pero nunca se cuestionó nada más sobre su origen, hasta que a los 21 años, Juan Carlos Lavia, su “padre de crianza” –así lo llama– le contó parte de su historia, de cómo había sido que había llegado hasta ellos: “Me contó que yo llegué a la familia Lavia a través de un compañero suyo de la guardia, que era un médico militar. Me preguntó si yo sabía quiénes eran las Abuelas de Plaza de Mayo. Básicamente me dijo que él creía que había una gran posibilidad de que yo fuera hija de desaparecidos, y que si yo alguna vez necesitaba armar mi historia completa, que empezara por ahí”.
Lavia era médico cirujano y hacia guardias en el sanatorio de la Unión Obrera Metalúrigica junto con Aldo Clemente Chiappe, médico militar que le entregó a la beba y que, según Lavia, le había afirmado que la niña había sido abandonada en el Hospital Naval de La Plata. Lavia y su mujer Susana habían intentado tener hijos, y no lo habían conseguido, por lo que les habían recomendado la adopción. Juan Carlos, en su declaración escrita del año 2012 relató: “Quedamos en encontrarnos en un lugar en la zona de Belgrano, y en la calle me entregó a la niña. Estaba vestida y envuelta con algo. Yo estaba con mi esposa y ella se había quedado en el auto. Volví al auto con la bebita y de ahí nos fuimos para nuestra casa. Era una beba que podía tener unos 15 o 20 días, menos de un mes. En cuanto a la inscripción, yo tengo un amigo que era obstetra y le pedí si me hacia el certificado de nacimiento. El es el doctor Francisco Vicente De Luca. Me lo hizo y con eso la anoté”.
Adriana Reinhold, junto a su hija en los Tribunales de Comodoro Py, instantes antes de declarar en el juicio por la apropiación de su sobrina Florencia Reinhold Siver.
El doctor De Luca también se encuentra imputado en el juicio por el delito de “falsificación y alteración de documentación civil”. En su declaración, también escrita en el año 2012, el médico se justificó y alegó: “Nos pareció que el modo utilizado era el mejor, el más rápido y que no había otro. Que yo recuerde ni se hablo el tema de una adopción legal, es más, no sé si se hubiera podido hacer en ese momento y ahora creo que tampoco”.
Durante su adolescencia, Florencia evadió la búsqueda de su identidad. Por miedo, postergó su proceso hasta que quedó embarazada de su primer hijo: “La idea de mi madre posiblemente embarazada de mí en una situación de tortura, o de lo que fuera que hubiera vivido en el embarazo. Cada momento del embarazo me relacionaba a mi madre. Entonces, de a poco fue como gestando algo que nunca más volvió a la normalidad para mí, porque nunca más pude dejar de pensar en eso. Y obviamente el nacimiento de mi hijo hizo eclosión en todo, porque la sensación de tener a mi hijo y sentir, dios mío si me lo sacan yo me muero, me hizo un boom en la cabeza. Ahí empezó, en realidad, un momento mucho más angustiante para mí porque ahí sí tomaba conciencia, primero de que yo necesitaba saber”.
Luego del nacimiento su hijo, comenzó terapia y por consejo de la psicóloga, se acercó a Abuelas para averiguar, pero nuevamente abandonó la búsqueda por miedo, prolongando la espera hasta el 2011. Al año de nacer su segunda hija, Florencia recibió el llamado del equipo de investigación investigación de Abuelas de Plaza de Mayo que la incentivó a terminar de completar su historia, por lo que se realizó el análisis de ADN que finalmente dio positivo. “La verdad es que mi sensación de deseo de saber, y mi deseo de proteger, chocaban permanentemente”, contó Florencia al referirse al tiempo en el que tenía temor de saber su historia, y además temor por desproteger a Lavia y Marchese.
Por otro lado, Adriana Reinhold relató su historia desde el otro lado, la espera y la incertidumbre cotidiana y el trabajo desde Abuelas con toda la familia para encontrar a la hija de Susana y Marcelo. “Era tratar de reconocer su cara por todos lados”, describió Adriana.
El 2 de agosto de 2011, Estela de Carlotto la llamó para confirmarle que habían encontrado a su sobrina. Adriana contó cómo fue ese día de la restitución: “Ahí me agarró un ataque y Estela me dijo, cuando te tranquilices, venite para Abuelas. Y como trabajo relativamente cerca, fui enseguida. Me dio como risa y llanto todo junto, llamé a mis hijos, a mi hermano que estaba en Misiones, a una amiga. Y nos quedamos esperando pero al final ese día no la vimos a ella. El encuentro fue al día siguiente. Fuimos volando y cuando llegamos ya estaba Florencia ahí con Cristian, su marido, esperando, me emociona cada vez que lo recuerdo, verla ahí parada, yo vi la cara de mi hermano, el color de pelo de su mamá. Los rulos nuestros, los rulos Reinhold. Ella lo primero que hizo fue abrazarme y tocarme los rulos, y me dijo: ahora entiendo. Después nos sentamos ahí a charlar, fue un encuentro mucho mejor de lo que alguna vez me había imaginado. Ella me acariciaba, y yo la acariciaba a ella. Teníamos las fotos de mi hermano y mi cuñada ahí mientras hablábamos”.
Luego continuó: “El vínculo es difícil, pienso yo, más para ella que para nosotros. Porque nosotros ya sabíamos de su existencia. Pero no es lo mismo hacer un reencuentro con un familiar cuando tiene 10, 15 años, que cuando tiene 33 y tiene ya una familia propia, esposo e hijos, una formación y todo. Es como un vínculo de marcha y contra marcha, yo lo llamo dificultoso por eso. Hay que respetar los tiempos de cada uno, y a veces es difícil pensar que estos chicos necesitan un tiempo que a veces uno no lo tiene, y lo tenés que ir aprendiendo en la marcha” relató Adriana.
Adriana no cree en el desconocimiento del matrimonio Lavia Marchese sobre los orígenes de Florencia al inscribirla como hija propia, pero a pesar de esto, Florencia mantiene una buena relación con ambas partes: “Yo me identifico con Florencia, lo internalicé y no me siento de otra manera. Yo me llamaba María Florencia, y María la verdad que no me significaba nada. Y Laura fue significativo desde que supe que mi mamá me nombró así. Entonces un poco en conmemoración a eso y en hacerle honor a su deseo, unifiqué. Porque en parte eso soy hoy en día, dos historias en una. La que traigo de estos 37 años, y el deseo de mis padres que no pudieron concretar. Entonces decidí llamarme Florencia Laura.
May 5, 2015 | inicio
“Generalmente toda organización de presos tenía que ver con un motín, con la sangre y el quilombo. Nosotros llegamos a una forma nueva de organizarnos, un día nos dimos cuenta de que estábamos en mesas de diálogo con jefes de la unidad y del Servicio Penitenciario negociando nuestras condiciones de trabajo. Actualmente, llegamos a una situación de casi pleno empleo en el penal de Devoto y todavía queremos que más personas trabajen”, explica Fabián Manrique, el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA), el “sindicato de los presos”, una verdadera novedad para universo carcelario argentino. El trabajo en la cárcel implica “que, pese a todo, todavía sos sujeto de derechos. Que estas privado de la libertad, porque hiciste algo, pero que todavía sos un ciudadano y que podes por ejemplo ayudar a tu familia y sentir que estás haciendo algo en este tiempo que estas encerrado”, explica Manrique.
SUTPLA está integrado por 12 comisiones y su sede central se ubica en el espacio físico del Centro Universitario de Devoto (CUD) aunque también tiene delegaciones en Ezeiza, Santa Fe y Tierra del Fuego. La sede está en el CUD porque “ahí nació, en el marco de un proceso colectivo de reflexión y proyección de lo que sería un gremio que proteja a los trabajadores en contexto de encierro”, cuenta Jaime Eduardo García Rivera, Secretario de Extranjería del sindicato.Esta secretaría es una novedad de SUTPLA que contempla las condiciones de aquellos “muchos” extranjeros que están en contexto de encierro alejados de sus hogares y sus familias. “Entre otras cosas, conseguimos que se incluya en el menú un plato típico del lugar de donde proviene el extranjero y el acceso a los canales de televisión de su país”, explica Jaime.
Vista de la cárcel de Devoto.
Manrique cuenta que desde la sanción de la nueva ley de trabajo “empezó a venir un abogado al CUD que con 63 estudiantes logró firmar el acta constitutiva del Sindicato en julio de 2012, apoyado por la CTA que conduce Hugo Yasky. Cuando se creó el Sindicato sólo había 630 trabajadores de una población de 1600, actualmente nos acercamos a los 1400: casi pleno empleo”, dice.
En las últimas elecciones la comisión directiva del SUTPLA fue electa para el período 2014/2018 con Roberto Fabián Manrique como Secretario general y Cristian Reyes como secretario adjunto.
Todos los días hábiles, un equipo del sindicato, en el que casi siempre está Fabián, recorre un módulo por día para escuchar a los entre 70 y 80 ocupantes de los cinco pabellones de Devoto y enterarse “si los laburantes tienen trabajo, ante todo, algún reclamo laboral, si están cobrando y si van a poder trabajar”. “La primer defensa que hace el sindicato es el derecho al trabajo, la idea es sacar al laburante el tiempo de tránsito interino para llegar al taller: se ponen muchas trabas para llegar a los talleres. También peleamos para que haya pleno empleo porque eso es lo que más ayuda a la reinserción social. El trabajo dignifica y eso en la cárcel se nota”, subraya.
Un derecho
SUTPLA trabaja como cualquier sindicato ligado a la ley de Asociaciones Sindicales y hace todo con ese basamento legal pero, a diferencia de otros, abarca en sí mismo a todos los rubros de trabajo y es una de las únicas experiencias de asociación sindical en la cárcel.
“Desde el año 2006 y con la ley de trabajo 20.744, el peculio se volvió sueldo. Se implantó que todo trabajador debe tener el Salario Mínimo Vital y Móvil y eso incluye a aquellos en la cárcel”, explica Marique. El trabajo en contexto de encierro se rige por la ley de Ejecución Penal 24.660 que no diferencia las condiciones laborales en la cárcel de las del medio libre. Según aclara García Rivera, trabajar en prisión “es un derecho para el detenido procesado y un derecho/obligación para el detenido condenado. Si el detenido no trabaja, es considerarlo como un muerto civil”.
Según García Rivera, “el trabajo suele ser en talleres internos y externos al cordón de seguridad. Los internos son los talleres de mantenimiento, armado de bolsas, capacitación en mecánica de motos y panadería (la mayoría busca sumarse a este último para poder comer mejor).
Generalmente aquellos con buena conducta y más cercanía a cumplir la condena, suelen estar en los talleres externos al cordón, que incluyen sastrería, carpintería, carpintería metálica, talleres mecánicos, chapa y pintura, detergente y lavandina (que se hace en conjunto con el INTI) y electrotécnica.
Un ejemplo
La Cooperativa Kabrones es un ejemplo de organización laboral que comenzó en contexto de encierro en La Plata, con la ayuda de algunos profesionales de la salud. El emprendimiento trabaja en el rubro textil y da capacitaciones al interior de las cárceles además de realizar sus tareas con gente que ya salió en libertad y busca reinsertarse socialmente. Según Julio César Fuque, presidente de la cooperativa, “nosotros buscamos construir donde antes destruíamos. Dotarnos de herramientas para encarar el afuera porque cuando uno sale lo primero que necesita y le falta es dinero para no volver a caer en la misma.” El emprendimiento se proyectó en un contexto de encierro. Desde 2010 y ya en libertad, Julio y sus compañeros empezaron a buscar insumos para poner en práctica la cooperativa de trabajo. “El laburante que sale del encierro, tiene un sentido del trabajo muy apasionado. Esto se debe a que entiende la importancia de ser trabajador y poder valerte por tus propios medios. Actualmente, vamos a las cárceles para ayudar a más gente a formar cooperativas, ya tenemos más de 400 compañeros recuperados que pudieron reinsertarse socialmente a través del trabajo y 9 cooperativas conformadas en distintos puntos del país”. “El trabajo es la mejor manera de recuperarse y volver a pensar en el futuro”, concluye Julio.
Un taller
Todos los miércoles de 9 a 13, Ana Camarda entra al CUD para dar el “Taller de formación sindical y derechos laborales. Hay decenas de inscriptos pero en total logran asistir unos 15 porque existen muchas trabas burocráticas para el estudio. El taller, que ya transita su tercer año, se armó con la Universidad de Filosofía y letras y “busca apuntalar la formación del sindicato. Poder acompañar el fortalecimiento de los trabajadores para conocer sus obligaciones y defender sus derechos” relata Ana.
Cada semana, los talleristas encuentran un espacio donde discuten su condición de trabajadores porque, más allá del lugar en que se encuentran, “tienen los mismos derechos que cualquier persona al trabajo y a todo derecho humano” reflexiona.
Abr 29, 2015 | inicio
“Culpo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en especial al jefe de Gobierno, a Mauricio Macri. Me vi obligada a hacer ese pozo ciego porque nunca los vienen a vaciar. Ya lo estábamos por tapar y no dejaron entrar los materiales”. Así le habló Flora Huamán, la mamá de Gastón, a la puerta de la Legislatura porteña, lugar al que se movilizaron los vecinos de la villa Rodrigo Bueno el jueves pasado para pedir justicia por el chico muerto al caer en un precario pozo ciego. “No es justo que Gastón, que era mi hijo, que era un nene bueno de sólo trece años que iba a la escuela y estaba tan feliz con el secundario… no es justo que se haya muerto en el patio de nuestra casa”.
Gastón Arispe Huamán tenía 13 años y había empezado el secundario en el colegio Ingeniero Huergo. El lunes 10 de marzo a la noche llegó de la escuela y se puso a jugar con su gato. Mientras estaban afuera, el animal se cayó a un pozo ciego y, en un intento por rescatarlo, el adolescente cayó tras él. Como el tiempo apremiaba y la ayuda que habían llamado no llegaba, entre vecinos y familiares aunaron fuerzas y pusieron en riesgo sus vidas para rescatar al joven. Lograron sacarlo con mucho esfuerzo pero la ambulancia tardó una hora en llegar y Gastón murió.
Marcha en el barrio Rodrigo Bueno. Foto: Daniela Yechúa / ANCCOM.
El jueves, a poco más de un mes de ese episodio, los mismos familiares y vecinos que asistieron al chico sumaron a sus amigos, compañeros y maestros en una manifestación frente a la Legislatura porteña bajo la consigna “con urbanización, hoy estaría Gastón”.
Un centenar de personas, algunos recién salidos de la escuela y de sus trabajos, se mantuvieron reunidas frente a la legislatura porteña junto a la familia del adolescente, con carteles que evocaron a Gastón y a todas las víctimas de “la desidia que vive la Rodrigo Bueno”.
Flora, la mamá del chico, se aferró en todo momento a la bandera que pedía “Justicia por Gastón y Urbanización ya” y que casi le tapaba la cara. A su lado varias mujeres lloraban y la abrazaban, pero ella tomó aire y habló sin cavilaciones porque manifestarse en ese lugar, donde están “los responsables de la muerte de Gastón” era lo único que quedaba “por hacer ahora que él no está más”.
Después de revivir ese día, Flora hizo una pausa para respirar y gritó una y otra vez “Justicia por Gastón”; los presentes se sumaron al pedido y la consigna resonó por varios minutos hasta que tímidamente comenzaron a asomarse algunos legisladores.
“Nos toca despedirnos de tantos nenes, Gastón no es el primero, es uno más de muchos chicos que se nos van así sin que a nadie le importe sin que nadie nos ayude”, expresó un vecino de la familia mientras cargaba a su bebé en brazos.
“Pedimos como barrio Rodrigo Bueno que los legisladores nos acompañen y ayuden, no sólo por este caso de Gastón sino por todos los chicos que se nos van por la falta de urbanización. Si la Rodrigo Bueno estuviera urbanizada hoy Gastón estaría vivo”, concluyó Flora.
Flora Huaman Ramos, junto a integrantes del Barrio Rodrigo Bueno, entregan el petitorio al legislador y Presidente de la Comisión de Vivienda de CABA Javier Gentilini. Foto: Daniela Yechúa/ ANCCOM
Luego de expresarse frente al edificio, los vecinos leyeron y entregaron una nota en la que exigieron: “urbanización con radicación definitiva del Barrio Rodrigo Bueno” y “que se investigue el accionar del SAME, la Policía Federal Argentina y la Prefectura” por no “responder adecuadamente a los pedidos de ayuda” de los vecinos del barrio.
“¡Basta de discriminar a nuestros barrios! Las demoras del SAME y los servicios de emergencia matan”, concluyeron.
Abr 1, 2015 | inicio
Luego de las audiencias testimoniales en el juicio por la apropiación de Javier Penino Viñas, las querellas coincidieron en pedir 12 años de prisión para Ana María Grimaldos, la única imputada. La fiscalía también solicitó una pena similar y ahora sólo queda esperar el veredicto del Tribunal, que se conocerá a mediados de abril. La acusada es la esposa de Jorge Vildoza, quien fue subdirector del centro clandestino de detención de la ESMA hasta 1979, y actualmente se encuentra prófugo. Ambos eran buscados por el robo y retención de Javier y Grimaldos fue capturada en julio de 2012, en Acassuso.
Estela de Carlotto en la Primera Audiencia del Juicio por apropiación de Javier Penino Viñas
La querella de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo pudo demostrar que los actos realizados por Ana María Grimaldos para ocultar, retener y tomar como propio a un hijo ajeno, fueron realizados con pleno conocimiento y consentimiento de la situación: “No juzgamos a Grimaldos por los actos de Vildoza, no podríamos ni querríamos hacerlo. La juzgamos por los actos que ella cometió, que son de por sí suficientemente graves”.
Javier nació en septiembre de 1977 en la ESMA, donde su madre Cecilia Viñas se encontraba detenida. Ella y su esposo Hugo Penino, habían sido secuestrados en julio de ese mismo año, cuando llegaban a su casa en Buenos Aires. A Cecilia le dijeron que luego del parto el niño sería entregado a sus familiares, pero fue robado por Jorge Vildoza que, en complicidad con su mujer, se quedó con el bebé y lo inscribieron como hijo propio. Desde diciembre de 1983 hasta marzo de 1984, ya en democracia, Cecilia pudo comunicarse con su familia desde la prisión clandestina y fue allí cuando sus padres y su hermano comenzaron la búsqueda del niño robado.
En 1984, al enterarse de las denuncias de Abuelas de Plaza de Mayo y de las sospechas de los familiares, Vildoza y Grimaldos se fugaron del país llevándose consigo al hijo de Cecilia y Hugo. En 1998, Javier se presentó ante la justicia y solicitó que se le realizaran los análisis genéticos necesarios, que dieron como resultado que era el hijo de Cecilia Viñas y Hugo Penino. Los apropiadores estuvieron prófugos durante 24 años, hasta que Grimaldos fue detenida y apresada. Según la acusada, su marido falleció durante 2005 pero no se presentaron los certificados pertinentes, por lo que su paradero es desconocido y por lo tanto para la justicia aún sigue prófugo.
Carlos Viñas. Primera Audiencia en los Tribunales de Comodoro Py, 24 de febrero de 2015.
En las audiencias testimoniales declararon: Javier; su abuela materna Cecilia Pilar Fernández de Viñas; su tía paterna Guadalupe Penino; su tío materno Carlos Viñas, y el médico Jorge Hipólito Meijide. Tanto Guadalupe como Carlos relataron la interminable búsqueda de su sobrino. La declaración del pediatra Meijide fue fundamental al comienzo de la investigación para apuntar las sospechas hacia Vildoza y su esposa. Según el doctor, tras una visita médica a la familia Vildoza –por la obra social de la Armada– pudo tener contacto con un niño al que notó con “una mirada triste”, además Meijide contó al juez que hubo varios detalles que llamaron su atención: “Mi ojo de pediatra me dijo que la habitación de ese chico estaba como demasiado pulcra, era una habitación demasiado limpia. Después cuando fui al living hacer las indicaciones, la señora fue a buscar el carnet de afiliado y en las mesas del living vi unas fotos de casamiento de un capitán de fragata, o de servicio, como yo había hecho el servicio en la Marina, me di cuenta por la vestimenta. Y coincidía con la obra social de la Armada”. El doctor asegura que en ese momento percibió una situación extraña pero no pudo sacar ninguna conclusión, hasta el momento en que se publicaron en los diarios los nombres de los militares involucrados en los grupos de tareas: “Y ahí aparecía el nombre Vildoza. Vi eso y me cerró un poco lo que yo había intuido, así que fui a Abuelas”.
Ya en democracia, la familia Viñas contaba con el dato sobre que era muy probable que el niño que Vildoza tenía fuese el hijo de Cecilia, por lo que comenzaron un proceso de búsqueda extremadamente obstaculizado por el aparato judicial y policial del momento, y en el que no solo no obtuvieron ayuda del Estado, sino que la estructura militar –aún no disuelta– cooperaba con los prófugos. Según lo relatado por Carlos Viñas, tras intentos, cartas y pedidos al gobierno, lograron ver al ministro del Interior, Antonio Troccoli. Pero el ministro los derivó al jefe de la Policía Federal Argentina y allí no obtuvieron más información.
La última declaración de la etapa testimonial fue la de Catalina Curto de Neri, amiga de la acusada, que intentó sostener el supuesto desconocimiento de la situación por parte de Grimaldos, el mismo que la acusada propuso en su testimonio, para desvincularse del crimen.
En el alegato de los abogados de Abuelas, la culpabilidad de la acusada en el delito de retención y ocultación de un menor de diez años quedó establecida, y agravada aún más por el hecho de que la acción se llevó a cabo durante un largo período de tiempo, en el que Grimaldos cometía el delito día tras día. Según las querellas: “Esta acción se consumó y se mantuvo en el tiempo, mediante la alteración del estado civil de Javier, la falsificación ideológica de sus documentos e incluso por la evasión de la justicia llevadas a cabo por Grimaldos y Vildoza”. Es decir que el delito cometido por Grimaldos de modificar y ocultar la verdadera identidad de Javier, se produjo no sólo hacia sus familiares legítimos, que lo buscaban, si no también hacia el propio Javier, al que le fue omitida su identidad. Como él mismo declaró al juez, Vildoza y Grimaldos le habían dicho que era “adoptado y huérfano.”
Cecilia Viñas.Segunda Audiencia del Juicio por apropiación de Javier Penino Viñas.
Además, los abogados explicaron por qué el delito quedó calificado como crimen de lesa humanidad: “Para llegar a esa calificación no es necesario que Grimaldos haya conocido que existía una práctica o un plan sistemático de apropiación de niños. Basta con que conociera el contexto general en que se desarrolla su conducta y que se representara cuanto menos el riesgo de que su conducta se aproveche de ese contexto”. Y no solamente el beneficio de actuar dentro de un contexto que avalaba su impunidad, si no el de resguardarse en la impunidad que obtenía su esposo, por el cargo militar que tenía. Por último, las querellas aseguraron que las pruebas de inocencia de Grimaldos “caen por su propio peso”, ya que “aunque seguramente poseyera menos información que su cónyuge, sabía que lo había traído (al bebé) su marido, cuya actividad como marino lógicamente conocía”. El alegato culminó con el pedido de 12 de años de prisión y, días más tarde, con idéntico pedido por parte de la fiscalía.
El viernes pasado, la defensa de Grimaldos pidió su absolución por prescripción de los delitos que se le imputan y solicitó que, en el caso de que se le imponga una pena, esta debe ser la mínima, de tres años. La abogada expuso su alegato y sostuvo nuevamente la inocencia manteniendo que la imputada “desconocía la existencia de un ataque generalizado”, y que “carecía absolutamente de información” ya que era su esposo quien se encargaba de manejar la documentación de la familia. Además de su supuesta ingenuidad y la sumisión ante el carácter autoritario de Vildoza, la defensa intentó eludir la acusación mediante el justificativo: “Ella es una ama de casa, no fue integrante del aparato represivo del Estado”.
Ante esto, la fiscalía y las querellas volvieron a resaltar la gravedad de los hechos realizados por Ana María Grimaldos dentro de aquel contexto dictatorial y manteniéndose prófuga con un niño que no era suyo, durante 24 años.
– ¿Los medios pueden dirigir o distorsionar una causa o el mundo judicial está aislado de lo que se hable?
– ¿Modificar el código penal puede ayudar a estos cambios?
