Jun 17, 2015 | destacadas
“La historia la escribimos todos los días, todos nosotros. Pero la tenemos que documentar. Tenemos que dejar nuestros testimonios escritos en algún lado, por hoy, por mañana. Por ser un país que pueda vivir con dignidad, y para tener dignidad hay que tener memoria”, decía Susana Forniés en el acto homenaje por la reparación del legajo laboral de su cuñada Beatriz Fariñas, desaparecida en 1975.
Fariñas fue una empleada estatal, trabajó en el departamento administrativo de la Casa de Moneda hasta que desapareció junto a su esposo Hugo Forniés en junio de 1975, en manos del terrorismo de Estado. En su legajo de trabajo figuraba como “dada de baja” por inasistencia, a pesar de que sus padres habían presentado las denuncias por su secuestro.
El lunes último, y cuarenta años después de su desaparición, desde una pantalla su fotografía observaba el hall de la institución en donde había dedicado días de trabajo. Ex compañeros, amigos y familiares estaban presentes en el acto que se realizó en la Casa de Moneda a cargo de la Comisión de Trabajo por la reconstrucción de nuestra identidad, para reparar el legajo de Beatriz, y aclarar que la verdadera causa de su ausencia en el puesto de trabajo fue por “desaparición forzada”. El legajo de Beatriz forma parte de una gran cantidad de legajos reparados debido al trabajo de investigación que lleva a cabo la Comisión.
Silvina Atencio, miembro de la Comisión de Trabajo, y además hija de Raúl Atencio –trabajador estatal desaparecido en 1976, cuyo legajo fue reparado en 2011– comentó durante el acto, lo que para ella significó recibir el legajo de su padre: “Que en un papel conste una cosa u otra, que conste una injusticia o que conste un acto de reparación, y poder comentar qué es lo que había pasado realmente, me sirvió para comprender que algo se empezaba a reparar en lo profundo de mi alma”.
Susana Forniés, cuñada de Beatriz Fariña.
La Comisión se conformó a partir del acuerdo entre la Secretaría de Obras públicas del Ministerio de Planificación, y el Archivo Nacional de la Memoria en diciembre de 2008. Y está integrada por trabajadores de la Administración Pública Nacional. Según el relato de Atencio: “Surgió cuando un grupo de compañeros trabajadores del Ministerio de Planificación, que estaban en el área de personal y en contacto diario con los legajos de los trabajadores actuales del ministerio de planificación, empezaron a preguntarse ¿Qué habrá sido de los legajos laborales de los compañeros desaparecidos trabajadores del Estado? ¿Estarán todavía? ¿O habrán sido desaparecidos también? A partir de ahí es que empezaron a llevar esta pregunta un poquito más allá, para poder conocer realmente, es decir que no se quedaron con la incertidumbre, sino que empezaron a generar puentes con la Secretaría de Derechos Humanos para generar un convenio, y así poder empezar a pedir los legajos a los diferentes lugares que habían investigado, donde hubo trabajadores desaparecidos. Después del convenio empezaron a circular las cartas, estas cartas eran enviadas a los diferentes organismos como ministerios, entes y jurisdicciones, para que les mandaran una copia del legajo laboral de ese trabajador que constaba como empleado de la institución. Las primeras respuestas eran que en ese lugar no había ninguna persona que había sido desaparecida. Entonces desde la Comisión volvían a insistir ofreciendo más detalles del legajo, y así fue que empezaron a llegar uno tras otro un montón de legajos. Empezaron a llegar desde el Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Salud, del ANSES, de PAMI, de Obras Hídricas. Ahí pudieron constatar que en la mayoría de los casos, en la última página, a pesar de que estaban las notas de las familias contando lo que había pasado, la forma de resolver los legajos era poner que la persona se daba de baja por abandono de tareas, o que lo despedían por faltas injustificadas”. Las denominaciones de «Baja», «Cesante», «Suspendido», «Limitar los servicios» y «Despido» fueron los motivos para las ausencias, que encontró la Comisión de Trabajo a medida que se realizó la investigación, en los legajos de los empleados públicos desaparecidos por las dictaduras. “Cuando los compañeros empezaron a ver esta injusticia, quisieron buscar la manera en que podían ser corregidos esos legajos. Legajos que habían estado 40 años en sótanos, olvidados y de pronto iban a sacarlos a la luz para traerlos al presente. Esta Comisión se propuso trabajar para generar la posibilidad de una reparación, de una corrección técnica, administrativa y legal en cada uno”, dijo Atencio.
Beatriz Fariñas, desaparecida,
Lo que al principio fue una reparación limitada a trabajadores del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, se expandió hacia todo el ámbito de la Administración Pública con el decreto presidencial del 19 de julio de 2012. El decreto 1199/12 consolidó el trabajo de la Comisión, y le encargó una tarea más ardua: “Ordenó que cada Ministerio, cada ente, cada jurisdicción pueda reparar, y pueda corregir sus legajos, para que en ellos puedan constar la verdadera causa por la cual no fueron más a trabajar. Y a partir del surgimiento del decreto, empieza esta comisión a trabajar aún más, porque ahora había que poner en marcha los actos de homenaje de reparación”, contó Silvina Atencio. Mediante el decreto se estableció que la reparación de los documentos alcanzaría a todos los empleados públicos que se encuentren en la condición de desaparición forzada, o hayan sido asesinados por el terrorismo de Estado entre los años 1955 y 1983. Además, se ordena que la documentación se entregue a los familiares del trabajador, y que la reparación se realice en un acto homenaje público. Según lo publicado en el Boletín Oficial, el decreto se efectúa debido a que “Es responsabilidad del Estado Nacional generar las acciones de reparaciones” y “asegurar la verdad a registrar en la memoria colectiva ante las actuales y futuras generaciones, mediante la adecuada documentación y testimonio de las circunstancias en que tuvieron lugar tan graves acciones y consecuencias”. Como medida reparadora, Silvina Atencio contó que luego de recibir el llamado de la Comisión, y de que le presentaran parte de la historia de su padre, también le propusieron ocupar el puesto de trabajo que él desarrollaba. “El puesto que había quedado vacante tras su secuestro”, dijo Silvina y agregó: “Si bien no tengo su función, él se dedicaba a ir a las provincias más pobres para convencer a la gente de cada lugar, de lo importante que era tener el agua en su casa. Por supuesto que esa función ya no sigue vigente, pero sí de manera simbólica ocupo ese puesto de trabajo”.
A medida que los diferentes organismos envían los expedientes y legajos a la Comisión, ésta se encarga del proceso de investigación histórica y verificación de la información. Luego se realiza la reparación, en donde se modifica la información falsa y finalmente, se envía el legajo al Archivo Nacional de la Memoria.
El legajo
Casi al finalizar el homenaje a su cuñada, Susana Forniés expresó: “Tenemos que saber de dónde venimos para poder planificar hacia dónde vamos, hay que pararse, y hay que investigar, y hay que saber el por qué”, y concluyó: “Yo les agradezco a todos que se hayan acercado. La Casa de la Moneda hoy me entrega un legajo, y yo lo voy a guardar porque sigo esperando, buscando, y guardando recuerdos”.
Jun 10, 2015 | inicio
Juan Carlos Lavia es médico cirujano. Compartió guardias hospitalarias durante la dictadura cívico militar en el sanatorio de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) de Haedo con Aldo Clemente Chiappe, el médico militar que le permitió acceder a la tenencia de Florencia Laura Reinhold Siver. Para esa época Chiappe participaba en la ESMA donde Susana Siver, la madre de Florencia, estuvo secuestrada. El médico entregó a la beba en una calle del barrio de Belgrano a fines de enero de 1977. Luego Lavia, junto a la complicidad y el consentimiento de su mujer Susana Marchese, se quedaron con la niña y la inscribieron como propia, mediante la falsificación del certificado de nacimiento. Lavia pidió a un amigo suyo, el médico Francisco De Luca, que firmara el documento que sellaba ilegalmente la mentira sobre el origen de la niña. Según el matrimonio, ellos desconocían totalmente la situación que atravesaba el país, desconocían la actividad de Chiappe y no se preguntaron sobre la identidad de Florencia, hasta que tuvo 21 años. A pesar de que desde chica le habían confirmado que era “adoptada”, fue en la mayoría de edad cuando le confesaron las dudas sobre su origen y le delegaron la búsqueda de su verdad. Por su cuenta, y con grandes dificultades, Florencia se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo y pudo descubrir, recién a los 33 años, que sus padres eran Marcelo Reinhold y Susana Siver, dos militantes secuestrados y desaparecidos por los militares en 1977. Adriana Reinhold, tía paterna de Florencia, había dicho durante su testimonio ante el Tribunal que le parecía “perversa” la actitud de Lavia al revelarle todo a Florencia y dejar que averigüe sola: “Podrían haberla ayudado a buscar a su familia”, había expresado Adriana.
Tras las cuatro audiencias de debate oral y público, el lunes pasado el Tribunal Oral Federal 5 estableció la pena de ocho años de prisión para Lavia y seis años y seis meses para su esposa Susana Serafina Marchese, por considerarlos coautores responsables en la “retención y ocultamiento de un menor de diez años” y “falsificación ideológica de documentos públicos que acreditan la identidad”. Además los jueces Oscar Hergott, Daniel Obligado y Adriana Pallioti condenaron al médico Francisco Vicente De Luca a cinco años de prisión, más la inhabilitación para ejercer la profesión por ese mismo tiempo, por participar como coautor en el delito de “falsificación ideológica de documentos”.
Familia Reinhold escuchando el fallo.
Durante los alegatos del 1 y 2 de junio, la querella, en manos de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud y Pablo Lachener, había solicitado diez y ocho años de prisión para Lavia y Marchese respectivamente, y seis años para el doctor De Luca, resaltando la necesidad de considerar los delitos bajo la tipificación de “lesa humanidad”. Los abogados hicieron hincapié en la culpabilidad del matrimonio y frente a las justificaciones que habían presentado los imputados, para argumentar su inocencia –como el supuesto desconocimiento, la ausencia de vínculo entre Lavia y Chiappe, a pesar de los turnos de guardia compartidos, y la supuesta falta de sospechas sobre la situación– los abogados de Abuelas calificaron su conducta como “ceguera voluntaria”: “No se trata de un simple desconocimiento, sino de un desconocimiento voluntario, decidido por el agente. La no ejecución de determinadas medidas de esclarecimiento se debe a que deciden no indagar, prefieren no saber”. Esta actitud voluntaria implica responsabilidad, y por tanto, culpabilidad en el delito. Aunque por otro lado, el fiscal Miguel Palazzani, también había asegurado, durante los alegatos: “Que no hubo tal ceguera sino que había un claro conocimiento de la situación”, y esto debido a que sabían cómo realizar cada paso para “adoptar” de manera ilegal a la beba. Además, el fiscal había remarcado que Lavia pretendía mostrar “un estado de angelización” de su parte, y que su declaración era extraña ya que admitía haber “sentido miedo por su familia” durante los primeros años de la democracia, con lo que justificaba su inacción. “¿Pero no sintió miedo durante el Terrorismo de Estado cuando cometió el delito?”, contrapuso el fiscal. Para Palazzini la culpabilidad de los imputados es irrefutable. “Configuraron un daño de imposible reparación ulterior y debe determinarse una pena que contribuya a terminar con la impunidad”, había concluido en su alegato el fiscal.
Posteriormente, la defensa había intentado excluir la categoría de lesa humanidad, y proponer la imprescriptibilidad de los delitos, afirmando que “las adopciones ilegales han sido moneda corriente”, “las limitaciones informativas hacían que fuera imposible saber lo que estaba sucediendo” y que con la recuperación de la identidad de Florencia Laura “ya se ha hecho justicia”.
Tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, el Tribunal –que presentará los fundamentos de la sentencia el 15 de junio– fue contundente en su veredicto. Finalizada la lectura, la numerosa familia biológica de Florencia Laura Reinhold Siver, que se encontraba detrás de la puerta vidriada de la sala Amia, aplaudió con fervor a la justicia. Entre abrazos y llantos se felicitaban mutuamente y en especial a Adriana Reinhold, que encabezó la búsqueda de verdad y justicia. Alan Iud y Pablo Lachener también se acercaron para saludar afectuosamente a Adriana. La satisfacción por la sentencia fue generalizada, ya que según Adriana: “Esperábamos menos pero realmente fue un triunfo, uno más. No es ni muy grande ni muy chico, es un triunfo nuestro y de la justicia”. Luego, al salir de la sala Adriana dijo: “Ahora empieza otra historia entre nosotros, sería como el principio del fin, es la historia de volver a vincularnos a partir de que ella [Florencia Laura] ya sabe la verdad”.
Jun 2, 2015 | destacadas
A principio de año, durante los primeros días de clase, en el Centro Educativo Isauro Arancibia los maestros empezaron a preocuparse ante la ausencia de Robertito –como lo llamaban–. Cuando le preguntaron a algunos de sus compañeros, por qué Roberto Autero no estaba yendo a la escuela, ellos respondieron que había muerto en la calle. Los maestros decidieron averiguar más sobre lo que había pasado, y finalmente supieron que lo había matado un policía de la Metropolitana.
“Nadie lo vio, nadie lo denunció, no tuvo repercusión. Sabíamos que estaba muerto pero no sabíamos exactamente qué había pasado”, contó Lila Wolman, una de las maestras. “Pedimos ayuda a la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y a legisladores, que se ocuparon de averiguar en qué juzgado estaba la causa, y qué decía. Gracias a eso supimos los detalles de lo que había pasado”, agregó la directora del Centro, Susana Reyes.
En la madrugada del pasado 7 de febrero, Roberto Autero se encontraba con otros amigos en el Parque Rivadavia. Estaban cerca de un auto, cuando Sebastián Ezequiel Torres, policía de la Metropolitana, los vio y les dio el alto. Tras el grito, los chicos corrieron, el policía disparó y mató a Roberto. “El policía dice que le disparó defendiéndose porque él le quiso tirar, pero en realidad la autopsia desmiente esto, porque dice que la bala entró por la nuca y salió por la frente. O sea, nunca le pudo tirar de frente, le tiro de espalda y a cincuenta metros”, aclaró la directora.
Roberto tenía 16 años, era el menor de cuatro hermanos y vivía en la calle; iba al colegio Arancibia desde los 9 años. “Tenía una situación familiar muy complicada. El papá vive en la villa, y la mamá, que vivía en la calle con él, murió hace dos años, eso fue peor todavía”, comentó Wolman.
Acto del 25 de mayo en el Centro Educativo Isauro Arancibia.
La escuela funciona para muchos de los alumnos como casa y como familia. Los maestros intentan que los niños y jóvenes en situación de calle pasen ahí la mayor parte del tiempo: desde las nueve de la mañana hasta la una del mediodía tienen clases, durante la tarde tienen talleres en contra turno, y al día siguiente los maestros esperan que los chicos vuelvan. “Lo que pasó con Robertito es lo que le pasa a todos los pibes que están acá, los 200 pibes que vienen al Isauro son pibes que han circulado en la calle desde muy chicos”, dijo Wolman, y continuó: “Cuando Robertito empezó a venir a la escuela, lo trajeron de un hogar en el que estaba viviendo, llegaba tarde, venía todos los días con una capucha, y se acostaba en el banco con la cabeza sobre los brazos. Estuvimos meses con él a upa para que pudiera sacar el cuaderno y ponerse a escribir”.
Ambas maestras hacían hincapié en lo terrible del asesinato de Roberto, en que el hecho quita importancia sobre la duda de qué estaba haciendo el grupo de chicos cerca del auto, y resalta el abuso de la fuerza policial. Además, el silencio de los medios de comunicación: “No es noticia que a un pibe pobre lo mate la policía, por eso no queremos poner el acento en si estaba robando, o qué era lo que estaba haciendo, no importa lo que esté haciendo. Hay muchos que mueren porque están hechos pomada por el paco, a nosotros se nos suicidaron pibes, todo eso tampoco es noticia”, sostuvo Reyes y agregó: “Nosotros consideramos que tenemos que protegerlos, que tenemos que defenderlos, enseñarles que tienen que luchar por la justicia. Porque estos pibes están abandonados, quién puede estar más inseguro que un chico que vive en la calle. No hay que naturalizar que matan un pibe y ya está, lo mataron, otro más que se murió. Los pibes no se imaginan su vida más allá de los 30 años”.
El jueves pasado, para el festejo del 25 de mayo, en “el Isauro” organizaron un acto en el que el homenaje se dividió en dos: por un lado la celebración histórica, y por otro el recuerdo de Roberto. En la esquina de Paseo Colón y Cochabamba –donde se encuentra la escuela– cerraron las calles para dar lugar a las voces de alumnos y maestros, que reivindicaron y defendieron su escuela. Entre presentaciones, música, una radio abierta y espontánea, locro y mensajes de ánimo sobre las paredes, todos apoyaron la investigación en la causa de Robertito.
Susana Reyes, directora del Isauro Arancibia, durante el acto del 25 de mayo.
Otro motivo para celebrar era la victoria que consiguieron en el Isauro, al evitar que el Gobierno de la Ciudad derrumbe el edificio de la escuela. Durante el año pasado maestros y alumnos se enfrentaron al peligro de quedarse sin su espacio cotidiano, cuando el Gobierno dispuso que por allí iba a pasar el futuro Metrobús, y el edificio entorpecía el camino. Gracias a los reclamos intensos, y el apoyo, lograron que el plan no se lleve a cabo.
Uno de los legisladores que apoya al centro educativo, y que presentó el pedido de informes al Gobierno de la Ciudad para que se profundice la investigación, es Pablo Ferreyra. Ferreyra estuvo presente en el acto, y en conversación con los alumnos que hacían una radio abierta, dijo con respecto al avance de la causa: “La causa de Robertito no hubiese tenido la visibilización que tiene ahora, sin el empuje de los docentes, de Susana Reyes y de los pibes. En el Isauro no hubiésemos tenido nunca la posibilidad de que la causa pase de ser un enfrentamiento, como lo quiere vender siempre la policía, a que ahora se empiece a investigar un homicidio. Que la Secretaría de Derechos Humanos esté tomando parte de la querella también. Y Roberto en otra institución capaz era un banco vacio, acá, acostumbrados a los bancos vacios, acostumbrados a perder pibes -porque no es la primera vez que la Policía mata un pibe que viene al Isauro- acá ese agujero se hizo una mancha para la Metropolitana. Hoy es una mancha más que tiene la Metropolitana”.
Jun 2, 2015 | destacadas
Las comunidades originarias de la provincia de Formosa -Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé-, nucleadas en la organización Qo.Pi.Wi.Ni Lafwetes, padecen desde hace más de cinco siglos la usurpación de sus tierras y el intento sistemático de borrar su identidad cultural por parte de colonizadores, usurpadores y gobiernos de turno, a pesar de la existencia de principios constitucionales y declaraciones internacionales sobre derechos indígenas.
Ya a fines de 2010, y durante más de cuatro meses, acamparon en el mismo lugar que hoy -entre 9 de Julio y Avenida de Mayo- ante el desalojo violento que padecieron en su comunidad por parte del gobierno provincial formoseño, que ocasionó la muerte de dos de sus hermanos. “El 23 de noviembre de 2010 nos desalojaron a tiros, tratándonos como terroristas o asesinos”, relata Irinero Latranki, asambleísta Qom de la Comunidad La Primavera, departamento de Pilcomayo, dentro de la zona de Laguna Blanca.
Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó el 21 de abril de 2011 medidas cautelares que obligaron al Estado a proteger a los miembros de la comunidad La Primavera. Frente a esta medida, Sebastián Demichelli, director de la Secretaría de Derechos Humanos a cargo del área de Pueblos Originarios, afirmó que el Estado Nacional viene asignando recursos por más de 20 millones de pesos en la seguridad de la comunidad, a cargo de la Gendarmería Nacional.
Acampe QoPiWiNi en Av. de Mayo y 9 de Julio, Ciudad de Buenos Aires.
Lo que motivó el regreso de estas comunidades a Buenos Aires fue la construcción de un complejo de viviendas por parte de los gobiernos provincial y nacional, sin la respectiva consulta previa ni la aclaración de quiénes serían los beneficiarios. Jorge Palomo, Wichí de Laguna Yema (departamento Bermejo) y asambleísta de la comunidad, asegura: “No nos preguntaron si estábamos de acuerdo. Es como llegar a la casa de alguien y no golpear la puerta, lo primero que se hace es pedir permiso”.
La carpa, celeste y blanca, se impone bajo el Monumento al Quijote en plena 9 de Julio. A lo ancho despliegan un cartel donde se lee: “Devolución de nuestro territorio, ¡Basta de persecución!”, así como, en carteles más pequeños hechos a mano: “Apóyanos con tu firma para la aplicación y garantización de nuestros derechos constitucionales”. Se refieren a: educación, salud, vivienda y, sobretodo, la garantía sobre la propiedad de sus tierras. Esta medida de fuerza acaba de cumplir 100 días y lo que reclaman es el diálogo con los tres poderes del Estado, dado que el gobierno provincial no les da solución.
Ante esto, Demichelli responde que el problema principal es la falta de comunicación que existe entre el gobierno provincial y la comunidad, pues es competencia de ellos solucionar dichos temas y el gobierno nacional sólo sirve de mediador.
Pedido de colaboración en el acampe QoPiWiNi de Av. de Mayo y 9 de Julio.
Félix Díaz, principal líder de la comunidad Potae Napocna Navogoh (conocida como La Primavera), militante y referente de los Qom, comenta: “La única manera para destrabar este conflicto es dialogando con las autoridades que tienen competencia en el tema, por eso he elevado nota a la Presidencia de la Nación, a la Cámara Legislativa, y a la Corte Suprema para que el Estado garantice la aplicación de los derechos constitucionales”.
Díaz afirma que los derechos indígenas no son respetados por ninguna autoridad a pesar de la lucha y resistencia de las comunidades y que el Estado, lo único que hace ante esta situación, es mentir: “Han muerto muchos hermanos por causa de esta lucha y no podemos negociar, los derechos no se negocian, no se venden, no se manipulan, los derechos son reglas de la vida y hay que respetarlos”.
Ante esta situación, su principal herramienta de lucha es el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional que expresa: “Corresponde al Congreso: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Territorio
El mayor problema que tienen estas comunidades es el tema de la posesión y propiedad comunitaria de la tierra. Díaz declara: “Reclamamos nuestros derechos porque no hay ninguna garantía jurídica que diga que el territorio es nuestro. Esto es fundamental, porque ahí está la riqueza de los pueblos originarios, su historia, su espiritualidad, su medicina, el alimento que no tiene vencimiento, los recursos naturales que hemos sustentado siempre”.
Asimismo explica que al no tener la garantía de la propiedad de la tierra, se genera un proceso de empobrecimiento: “No podemos desarrollar nuestra identidad cultural, tenemos que ir al campo ajeno y ahí nos meten balazo”.
Esta situación es la que viven alrededor de 850 familias, unas 5000 personas entre niños y ancianos. Según Díaz: “Tenemos una superficie de 5187 hectáreas de tierra, pero la realidad de esa cantidad, es que sólo tenemos 3350 porque el resto se lo quedó el gobierno provincial, el Parque Nacional Río Pilcomayo y la Universidad Nacional de Formosa (UNAF)”.
El Qom Latranki, afirma en este sentido: “Todos los gobiernos usaron métodos muy suaves para desalojarnos, achicándonos el territorio. En el año 1940, el territorio aborigen era de 10 mil hectáreas y con cada gobierno nos van reduciendo de a poco”.
Por su parte, Díaz afirma que el Estado intenta despojarlos de sus tierras con herramientas jurídicas para que no puedan reclamar. Es el caso de la Ley 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes, creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), adjudicación de tierras y planes de educación, salud y vivienda, promulgada el 8 de noviembre de 1985. Denuncia que el INAI está muy en contra de los pueblos originarios, porque el organismo “fue designado por el mismo Estado provincial y no puede responder a los requerimientos del pueblo indígena porque no fue electo por nosotros”. Díaz se refiere al artículo 5 de esa Ley, que resuelve: “El Poder Ejecutivo designará a su titular y deberá constituirse dentro de los 90 días de la vigencia de la presente ley”. Y explica: “Para nosotros es algo negativo, porque la mayoría de los líderes indígenas pensamos como indígenas y no como partido político, y por ello nos tildan de antidemocráticos u opositores”.
La mencionada Ley, en su artículo 13 dice: “El miembro de una comunidad adjudicataria de tierras que las abandone no podrá reclamar ningún derecho sobre la propiedad”. Según Díaz, el Estado los obliga así a abandonarlas, inundando sus campos para que se retiren a terrenos más altos y luego cercarlos: “Esas leyes contradicen la política de protección y respeto hacia el pueblo indígena”.
Pone como ejemplo lo que ocurre con el Parque Nacional Río Pilcomayo: “Hemos reservado un espacio donde está la Laguna Blanca, hoy en manos del Parque. Al no estar viviendo en el lugar, nos dicen que no lo estamos ocupando. Sin embargo, es muy contradictorio que el Estado garantice la ocupación tradicional de las tierras (…) Usa los códigos civiles para ajustar la falencia que ellos cometen en contra de los pueblos indígenas cuando nos despojan de los recursos naturales con la empresa petrolera, minera, sojera o turística”.
Una de las consecuencias de esta situación es el impedimento que tienen para realizar actividades dentro de su territorio como la pesca, la caza y la recolección: “Seguimos ocupando ese espacio físico a pesar de la prohibición. Buscamos materia prima a pesar de que el Parque nos sanciona con multas cuando nos encuentra desarrollando nuestra economía, porque dice que eso se ha convertido en un área de conservación a través de una Ley de Parque Nacional”. Se refiere a la Ley 14.073, promulgada el 17 de Octubre de 1951.
Ropas y productos en el acampe QoPiWiNi en plena ciudad.
En este estado de cosas, Díaz afirma que hay un quiebre social entre el pueblo indígena y la sociedad blanca y que el indígena se ve debilitado al no poder acceder a los recursos naturales que necesitan para vivir como el alimento, el agua, la leña y la medicina: “Al no tener medicina ancestral, ¿dónde tenés que ir? a los Municipios, a los hospitales. Sólo te dan una receta si te reconocen como aliado del partido político que gobierna, sino no te dan los remedios, es toda una negociación. Entonces, es ahí donde se ejerce la presión contra los miembros de la comunidad para que dejen de ser indígenas y sean parte de la sociedad civil”.
En un informe realizado por el Estado nacional, acerca de la situación de la comunidad La Primavera, se afirma que el programa “Médicos Comunitarios” relevó que la comunidad Qom cuenta con consultorios médicos incluyendo uno de tipo odontológico, y una ambulancia. Una enfermera, un médico, un agente sanitario indígena, y un chofer perteneciente a la misma comunidad. Asimismo los niños que asisten a la escuela poseen la totalidad de las vacunas y todos cuentan con los controles médicos correspondientes.
La discriminación que padecen estas comunidades en las escuelas es otro de los grandes problemas, según denuncia Díaz: “La mayoría de los hijos de las mujeres indígenas no van a la escuela por discriminación o por mala alimentación (…) cuando finaliza el año, al chico lo hacen pasar de grado sin tener la más mínima noción de qué es la matemática, la geografía o la historia. El chico no sabe absolutamente nada”.
A modo de ejemplo relata la situación que tuvo que padecer la hija de uno de sus sobrinos que es discapacitada: “¿Qué hizo la maestra ante la presencia de una niña muy inquieta? La ató a la silla con una sábana y la encerró un día entero en la escuela para que aprenda a respetar a la maestra”. Y reflexiona: “Una maestra especial que está designada para controlar esa conducta del chico discapacitado no puede hacer eso, pero en Formosa lo hacen. Cuando vos lo denuncias, está el delegado zonal, el delegado departamental, el ministerio de Educación, toda una cadena. Pero tiene que estar avalado por el director, pero los directores no pueden hacer nada porque fueron designados políticamente por méritos o por curriculares”.
Afirma que esto no se trata de un conflicto que ocurre sólo en Formosa sino que es un problema nacional. Expresa que en la provincia del Chaco a pesar de haber acceso a la educación para los Qom, los Wichí y los Mocovíes, “cuando llegan a ser profesionales, no tienen trabajo porque las escuelas que no son indígenas no quieren tomar a uno como maestro para enseñar a los criollos, por discriminación o por racismo”.
Vivienda
Si bien se están construyendo grandes complejos en su comunidad, el asambleísta Qom Irineo denuncia que esas viviendas no son para todos, sino sólo para algunas familias: “Sólo un sector tiene acceso porque acompañan a los punteros políticos, son los aborígenes mismos que trabajan para el gobierno”. A su vez exige que el gobernador Gildo Insfrán haga todas las viviendas sin excluir a nadie.
El líder Díaz expresa además que esta situación se ve reflejada en los acampes al interior de la propia comunidad: “El gobierno nos apoya pero no de acuerdo a la necesidad de la gente. Te doy esto pero tienes que ser parte del partido sino, no te dan nada. Los que nos oponemos estamos acampando”.
Demichelli desmiente esta afirmación y expresa que el gobierno nacional ha transferido grandes cantidades de dinero hacia la provincia, las cuales se vienen incrementando desde el año 2003 a la fecha y pone como ejemplo uno de los informes del Estado Nacional:
“El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación transfirió a la Provincia de Formosa en concepto de inversión social para el año 2012 un total de $1.100.966.731”.
“Por su parte el Ministerio de Salud de la Nación realizó transferencias a la Provincia en el año 2012 por un total de $ 135.541.681, lo que implica un 82 % más que en 2011”.
Niños jugando en el acampe QoPiWiNi.
Estado y comunidad
Hay una ruptura entre las declaraciones de principios y las leyes y la efectiva aplicación de las mismas, entre la lógica estatal y la indígena, entre el derecho natural y positivo. Dos miradas contrapuestas que requieren de una solución efectiva e inmediata.
El wichí Jorge Palomo declara que hay dos formas muy distintas de mirar este problema: “La imposición occidental de la gente blanca y nuestra mirada con respecto al territorio (…) La lógica occidental sólo quiere apropiarse de los recursos naturales para hacer negocios. Detrás de esa forma de trabajar hay intereses económicos, mientras que el indígena nunca pensará así, el indígena siempre valorará la tierra”.
La cuestión de la propiedad de la tierra es la piedra angular de todo este conflicto ya que: “El interés del indígena siempre estará en el tema del territorio porque ahí está nuestra forma de pensar, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra identidad, nuestra lengua, todo”, concluye Palomo.
Para Díaz, este conflicto no es tan difícil de resolver porque el Estado cuenta con todas las herramientas necesarias para hacerlo, lo que le falta según expresa es la voluntad política: “Eso es lo que tiene que hacer el Estado, tener la voluntad política porque cuando existe, es el mecanismo más adecuado de resolver este problema”.
Según el líder Qom, hasta hoy no ha habido respuestas concretas por parte de los tres poderes del Estado. Los líderes indígenas expresan que acamparán hasta que su pedido de diálogo sea escuchado y hasta que sus derechos básicos y elementales sean reconocidos como corresponde a cualquier ciudadano argentino. “Si el Estado argentino atendiera a nuestro reclamo podríamos volver a nuestra casa”, manifiesta Díaz.
«Arde la Pacha, llora su pueblo», uno de los lemas de la comunidad
Sin embargo, Demichelli comenta que no es verdad que el Poder Ejecutivo no los atienda, pues tanto el Presidente del INAI como el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, los recibieron muchas veces: “Incluso han hablado por teléfono hasta altas horas de la noche, para intentar llegar a una solución”, asegura. Afirma que la última vez, le propusieron una reunión con los punteos de sus reclamos en la provincia de Formosa con la presencia de Fresneda y el Presidente del INAI a fines de armar un programa de trabajo. El único requisito que le pedían era el levantamiento del corte. Sostiene que Díaz se negó, pues exigía la presencia de las autoridades de la provincia. “Ahí Félix Díaz, no tenía mucho interés en que se resuelva el conflicto, sino plantear una cuestión política”.
Palomo, el líder Wichí, reflexiona al respecto de sus reclamos: “¿Qué hacer como indígena frente a esta situación? Como dicen nuestros abuelos, hay una carrera entre el blanco y el negro y cada uno defenderá su color. La pregunta sería: ¿Cuál es la salida de eso? ¿Cómo se llega a una conciliación?”
Y concluye: “Nosotros más allá de hablar otro idioma y tener otra piel, somos seres humanos. Tenemos dos manos y dos pies, somos iguales a todos los demás, lo que nos diferencia es nuestro modo de pensar, nuestra cultura”.
| LEYES Y DECLARACIONES DE PRINCIPIOS CON LAS QUE CUENTAN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS |
AÑO DE CREACIÓN |
| Ley 23.302 sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes |
8 de noviembre de 1985 |
| Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales |
7 de junio de 1989 |
| Artículo 75, inciso 17 de la Constitución de la Nación Argentina |
15 de diciembre de 1994 |
| Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas adoptada en Nueva York durante la sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. |
13 de septiembre de 2007 |
May 27, 2015 | inicio
“El escrache es nuestra respuesta ante la impunidad, nuestra herramienta de lucha ante la defensa corporativa de algunos funcionarios del poder judicial, y es nuestra forma de fortalecer la condena social y la memoria”, explicó Alejandra Santucho, integrante de H.I.J.O.S Bahía Blanca, frente al edificio en el que vive Vicente Gonzalo Massot, en la ciudad de Buenos Aires.
Massot es dueño y director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, está acusado como coautor en el secuestro y asesinato de dos obreros gráficos, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, en 1976, y de aliarse “junto con los mandos militares en una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional”, actuando “de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales órdenes”. La colaboración y complicidad de Massot con el gobierno de facto fue explícita: “Sistemáticamente puso sus páginas al servicio del genocidio. Sin ir más lejos, el jefe del V Cuerpo del Ejército, Acdel Vilas, durante la declaración indagatoria definió al diario La Nueva Provincia como un valioso auxiliar de la represión ilegal”, explicó Santucho. A pesar de que la Dirección del diario estaba formada por varios miembros de la familia Massot, como Diana Julio de Massot y Federico Massot –madre, y hermano de Vicente–, también se investigó al ex secretario de redacción Mario Gabrielli, pero todos ellos murieron impunes.
“La acción psicológica que desplegó [Massot] desde el diario, en Bahía Blanca tiene efectos hasta el día de hoy”, aseguró Alejandra Santucho. El diario se caracterizó por su apoyo al terrorismo de Estado, la difusión del miedo y el ocultamiento de la información; y hasta la actualidad permanece como el diario principal de la zona.
H.I.J.O.S propone denunciar no solo a Massot, sino también a la “Corporación Judicial” de Bahía Blanca. En 2012, un fallo ordenó investigar al director del diario por su actuación durante el terrorismo de Estado y por el conocido rol de La Nueva Provincia como defensor de las acciones militares. A fines del año pasado, el juez Álvaro Coleffi lo citó a declarar en el Juzgado Federal de Bahía Blanca, pero la investigación se paralizó cuando en marzo de este año el juez Claudio Pontet dictó “falta de mérito” para Vicente Massot. Según Santucho: “La justicia es absolutamente corporativa. Nosotros decimos la gran familia judicial”, y agregó: “Nuestra única esperanza siempre es trascender lo que es Bahía.Esperamos que los estamentos de arriba de la justicia, tomen cartas en el asunto. A los que les corresponde hacer algo para poder avanzar con estos tipos, porque realmente si no la justicia está incompleta. El poder lo sigue teniendo Massot, tiene el mismo poder hoy que en el 1976, y la misma impunidad”.
El sábado, cerca de las cuatro de la tarde, las regionales de H.I.J.O.S acompañadas de familiares de desaparecidos, agrupaciones partidarias y algunos sindicatos, llegaron desde la plaza Vicente López, hasta Callao y Juncal, donde vive Vicente Massot. La puerta del edificio se encontraba tapada por vallas negras, con oficiales de la Policía Federal detrás. Luego de los pedidos de que saliera Massot al balcón, los cantos que alertaban a los vecinos que a su lado “vive un asesino”, y la leyenda escrita con pintura sobre la calle “Acá vive Massot genocida civil con impunidad judicial”, Alejandra Santucho leyó ante la multitud el reclamo de justicia, que comenzó diciendo: “Los genocidas de uniforme están siendo juzgados y condenados, pero hasta ahora siguen impunes los de corbata”. Al terminar el discurso, la camioneta que guiaba el paso de la marcha arrancó, y continuó su camino por Avenida Santa Fe hacia la casa de Carlos Blaquier.
Carlos Pedro Blaquier es el dueño del Ingenio Ledesma, empresa agroindustrial de la provincia de Jujuy. Blaquier y el ex administrador de la empresa, Alberto Lemos, fueron imputados en la causa de “La noche del apagón”: “Fue un operativo que se dio en las localidades de General Libertador San Martin y Calilegua, en el departamento de Ledesma, donde la empresa tiene su polo industrial. Lo que hicieron fue apagar las luces y, en la noche del 20 de julio y en la madrugada del 21, realizaron un operativo conjunto de fuerzas entre el Ejército, la Gendarmería y la Policía de la provincia, en el que secuestraron a trabajadores de la empresa y estudiantes. Fueron alrededor de 300 personas que se llevaron al centro clandestino y a las distintas instituciones de las fuerzas armadas”, describió Eva Arroyo, miembro de H.I.J.O.S de Jujuy. Blaquier fue procesado por la justicia federal de la provincia por su participación, al haber facilitado el transporte que efectuó el traslado de los detenidos. A pesar de esto, también en el pasado mes de marzo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación lo libró de culpas luego de dictar “falta de mérito”. Arroyo explicó: “La falta de mérito tiene que ver con que la Cámara de Casación reconoce que el hecho sucedió. Que Blaquier prestó la logística la noche del 20 de julio y madrugada del 21 para que se llevaran a cabo los operativos dentro de Ledesma, del departamento de Ledesma, pero que él no tenía conocimiento de con qué fin se llevaban adelante estos operativos”. Según Arroyo, el operativo comenzó con la detención de un grupo de estudiantes jujeños en Tucumán, entre el 10 y 17 de julio, que luego estaban en el mismo centro clandestino que los detenidos (CCD Guerrero) durante la noche del apagón: “Ya habían desmantelado el aparato del sindicato pero quedaban estos pibes como un foco peligroso para la empresa”.
Blaquier se defendió alegando que se veía obligado en esa época a colaborar con los militares, y que desconocía lo que sucedía. A lo que H.I.J.O.S refutó que “se hacían reuniones en la intendencia en las que participaban directivos de la empresa con las fuerzas armadas”. Otra particularidad que favorece la impunidad es el control que ejerce la empresa sobre el pueblo: “El pueblo de Ledesma le pertenece a la empresa, desde el control político, social, de las fuerzas armadas, ahí no hay nadie que mueva un ladrillo sin que los representantes, o los recursos humanos, o quien sea de la empresa sepan que se están moviendo”, dijo Eva Arroyo, y concluyó: “Lo que estamos esperando ahora es que, como es falta de mérito, y no es sobreseimiento, el expediente vuelva a Jujuy para poder seguir adelante con la investigación y dejar claro que la causa no está cerrada”.
Amy Rice Cabrera, en nombre de la regional H.I.J.O.S de Capital Federal opinó: “En ambos casos, hay una decisión de que no se investigue su accionar, y de no hacerse cargo de que el poder económico en nuestro país no tiene que ser el que mande. El Poder Judicial tiene que poder responder ante el pueblo argentino y dar cuenta que la reparación de los crímenes de lesa humanidad es con memoria, con verdad y con justicia”.
Detrás de una bandera que decía: “Los grupos económicos también fueron la dictadura”, una multitud cruzó la 9 de julio para llegar a la esquina entre Basavilbaso y Arenales, en frente de la Plaza San Martín, a la casa de Carlos Pedro Blaquier. Ya eran un poco más de las 5 de la tarde y los cantos ahora pedían “Cárcel, común, perpetua y efectiva”; el edificio que abarcaba toda la esquina estaba cercado en su totalidad. Algunos militantes colgaron de las vallas las fotos de sus compañeros secuestrados y desaparecidos en la noche del apagón. Como en la casa de Massot, se leyeron por micrófono los reclamos y los pedidos de justicia, pero esta vez en la voz de Eva Arroyo, en representación de los militantes jujeños. El discurso terminó con la afirmación: “Te condenamos a la memoria perpetua”. Tras el aplauso, hubo huevos y pintura contra las paredes, y la misma leyenda amarilla sobre el pavimento: “Acá vive Blaquier, genocida civil con impunidad judicial”.
