Buenos Aires, julio de 2015. El país está sumido en la oscuridad, la sociedad está desmembrada, ya no hay familias, miles de chicos han sido víctimas de la pedofilia, el tráfico de niños ha aumentado, las únicas beneficiadas son las empresas dedicadas al turismo gay. Este es el panorama que habían imaginado aquellos que, desde posturas extremistas y apocalípticas, estaban en contra de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Sin embargo, desde hace cinco años en aquella madrugada del 15 de julio de 2010, Argentina es una sociedad más igualitaria.
El proyecto de ley de Matrimonio Civil para personas del mismo sexo fue aprobado por la Cámara de Diputados el 4 de mayo de 2010 luego de haber sido tratado por las comisiones de Legislación General y Familia. Con la media sanción, el proyecto ingresa a la comisión de Legislación General del Senado, donde la senadora Liliana Negre de Alonso llevó a cabo la realización de audiencias públicas en provincias del interior para debatir el proyecto. Mientras tanto, los medios de comunicación le dieron una gran cobertura al tema y la sociedad pareció dividirse entre los que estaban a favor y los que estaban en contra. Sin embargo, mientras los primeros daban cuenta de sólidos argumentos para avalar la igualdad de derechos, los segundos apelaban a supuestas verdades inmutables basadas en prejuicios y falta de información. Finalmente, en la madrugada del 15 de julio de 2010, luego de un debate de más de doce horas, el Senado aprobó las modificaciones al Código Civil que permitían el acceso al matrimonio a parejas gays y lesbianas. Con 33 votos afirmativos y 27 negativos, Argentina se convertía en el primer país de Latinoamérica en tener una ley de este tipo.
La ley de reforma del Matrimonio Civil es la número 26.618 y reemplaza los términos “hombre” y “mujer” por “contrayentes”, al tiempo que “todas las referencias a la institución del matrimonio que contiene nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo como al constituido por dos personas de distinto sexo”.
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El largo camino
El camino que conduce a la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario se remonta al año 2007 cuando la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), presidida por María Rachid, emprendió una campaña de amparos. Mientras tanto, los medios de comunicación se encargaron de darle cobertura y esto contribuyó a instalar el tema en la agenda pública. Bruno Bimbi, periodista, autor del libro “Matrimonio Igualitario”, también es activista y desempeñó un papel importante en ese momento. Desde Brasil, donde está finalizando un doctorado en lingüística en la Universidad de Río de Janeiro, dialogó con ANCCOM. “Iniciamos recursos de amparo en la justicia, distintas parejas iban al Registro Civil a pedir turno para casarse, le decían que no y presentaban un recurso de amparo. La intención era conseguir un fallo judicial y llegar a la Corte Suprema”. Por otro lado, la FALGBT presentó proyectos de ley en el Congreso. En el Senado “lo presentó Vilma Ibarra y el de diputados fue iniciativa de Di Polina y Silvia Ausburger”, explica Bimbi. En tercer lugar, la Federación busco el apoyo del gobierno. “Hubo todo un camino de trabajo en común, La idea era ir por los tres poderes del Estado y a la vez lanzar una campaña para la sociedad a través de los medios de comunicación para instalar los temas en la agenda pública”, agrega.
De esta manera, varias parejas lograron casarse por la vía judicial. El primer matrimonio entre varones fue el de Alex Freire y José María Di Bello, que habían obtenido un fallo a su favor de la jueza Gabriela Seijas, quien declaró la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que limitaban el matrimonio a parejas heterosexuales. Sin embargo, cuando obtuvieron la fecha para celebrar el matrimonio, la jueza Marta Gómez Alsina declaró la nulidad del fallo de Seijas, basándose en una incompatibilidad de fueros. Finalmente, gracias a artilugios legales, la pareja logró casarse el 28 de diciembre de 2009 en la localidad de Tierra del Fuego, convirtiéndose en el primer matrimonio igualitario de Sudamérica. Ernesto Meccia, sociólogo e investigador, autor de “La cuestión gay” (2006) y “Los últimos homosexuales” (2011), fue convocado por Seijas para consultarlo acerca del fallo. En el primer libro, Meccia critica la noción de tolerancia, crítica que fue tomada por la jueza para avalar su dictamen. En diálogo con ANCCOM, explica que la tolerancia “lleva en sí misma una especie de contrato des-igualitario; hay alguien que decidió que otro es objeto de su tolerancia. Por lo tanto, si alguien es objeto de mi tolerancia, yo lo estoy mirando desde ese lugar y le estoy adosando atributos que para mí no son modélicos pero yo tengo que tolerar. Yo me atribuyo no solo que tengo los valores buenos sino que tengo la capacidad de tolerar al otro. La jueza Seijas puso que la tolerancia conlleva a priori una definición negativa del otro”.
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Unión civil: el antecedente más importante
El antecedente más importante de la Ley de Matrimonio Igualitario es la aprobación de la Unión Civil por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2002. Si bien la medida reconoce algunos derechos, como la incorporación de la pareja a la obra social, solicitar vacaciones en el mismo período y recibir una pensión, no contemplaba otros derechos fundamentales como la adopción conjunta y el derecho a herencia.
Sin embargo, durante el debate acerca de la ley de Matrimonio Igualitario, existían diferentes posturas. Para Bruno Bimbi, había tres posiciones. Por un lado, la FALGBT, que sostenía “que la lucha por el matrimonio era una lucha central y estratégica por los derechos civiles y contra la discriminación y la homofobia.” Por otro lado, el enfoque de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) era favorable a la Unión Civil. Bimbi lo explica de la siguiente manera: “Ellos tenían un doble discurso. Públicamente decían que la Unión Civil era mejor que el matrimonio pero, para adentro, decían que el matrimonio era imposible”. Para él, se trató de “una cuestión de intereses políticos porque el proyecto de Unión Civil” había sido presentado por la CHA en un contexto “donde la discusión por el matrimonio igualitario a nivel mundial era muy incipiente”. La Federación estaba en contra porque la Unión Civil era una institución diferente al matrimonio, lo cual “significaría reconocer que somos ciudadanos de segunda clase. Es colocarte en un lugar de inferioridad, de ciudadano de segunda que no tiene el valor suficiente de acceder a una institución como el matrimonio”. Por último, estaba la postura de algunos partidos de izquierda que planteaban que el matrimonio era una institución patriarcal y burguesa. Al respecto, Bimbi no está de acuerdo, por el contrario, cree que “la aprobación del matrimonio igualitario cuestiona esa carácter patriarcal, machista. Desde el momento en que el matrimonio deja de ser exclusivamente heterosexual, deja de ser orientado a la procreación, y pasa a ser un contrato civil entre dos personas adultas, eso también cuestiona el carácter patriarcal de la figura del matrimonio. Me parece que esos sectores de izquierda tenían una visión tan dogmática casi como los del Opus Dei”.
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Un contexto favorable
La Ley de Matrimonio Igualitario se enmarca en un contexto global favorable a las cuestiones de género, donde nuevas identidades y nuevos actores adquieren una visibilidad mayor. Así, los derechos sexuales se empiezan a concebir como Derechos Humanos y comienzan a implementarse políticas públicas en materia de género. Además, las organizaciones del movimiento de la diversidad sexual empiezan a trabajar en conjunto con organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional. Meccia, recuerda que “en 2005, en España se aprueba la ley de matrimonio para personas del mismo sexo y se produce un intercambio de ideas, de militancia, de cuadros políticos académicos”. En ese contexto “se arma un caldo de cultivo interesante para pensar en universalizar los derechos que existen, no a crear derechos especiales para ciudadanos especiales porque no los hay. Empieza a densificarse el tempo político”.
En el ámbito nacional, también se generó un contexto favorable a la demanda de igualdad de derechos por parte de gays y lesbianas. Las organizaciones de la diversidad sexual dejaron de lado su anterior reivindicación de la diferencia y comenzaron a luchar por obtener igualdad de trato ante la ley e igualdad de derechos. Además, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada en 1994, incorporó la perspectiva de género, se erradicaron los viejos edictos policiales que criminalizaban la homosexualidad y se sancionaron leyes en materia de género y sexualidad como la de Salud Sexual y Procreación Responsable y la de Educación Sexual Integral.
Para Bimbi, “fue un proceso bastante rápido, tres años y medio para un cambio tan profundo y eso demuestra que había condiciones. Creo que hubo un contexto de país. Era el mejor momento del kirchnerismo, que había implementado las políticas en Derechos Humanos, una Corte Suprema más progresista y un debate interesante en la sociedad.” El contexto social y político ayudó pero la FALGBT desempeñó un papel fundamental. “Nos preparamos, estudiamos la experiencia y leímos los fallos de otros países. Tuvimos una buena estrategia política y un liderazgo muy bueno, de dialogar con todos los partidos, buscamos apoyo de organismos de Derechos Humanos, de la cultura. La Federación tuvo una estrategia inteligente y creo que había un espacio propicio en la sociedad”, explica Bimbi.
Para Meccia, “el tiempo político se densificó muchísimo, es decir, un tiempo muy breve pero muy denso a nivel de militancia política y de instalación de conceptos y de imágenes sobre la homosexualidad dentro de la sociedad. Tenemos que pensar en sinergias: una parte del entramado judicial que se había modernizado y secularizado, representación política con gente pluripartidaria, el Inadi. El gobierno aprovechó efectivamente esta coyuntura”. En este contexto, los medios de comunicación desempeñaron un importante rol. “Son escenarios donde se disputan imágenes, conceptos, definiciones, le dio muchísima visibilidad, de la mano de referentes artísticos y políticos.” Bimbi coincide al recordar que los medios “mostraron a parejas que tenían hijos” y esto “ayudó mucho”.
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Antes y después
En Argentina, la homosexualidad fue perseguida y castigada, fundamentalmente durante los años de la última dictadura militar. De hecho, muchos gays eran víctimas de las denominadas razzias por parte de personal policial. Al respecto, Meccia plantea que “los efectos de las humillaciones sociales, institucionales, legales y políticas son muy difíciles de remover, sobre todo las humillaciones cotidianas”.
Esa situación, sumada a la falta de leyes que garantizaran el acceso a derechos fundamentales, dejaba a muchas familias sin protección legal ni jurídica. De hecho, podía suceder que ante el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, el otro quedara en la calle. Además, muchas parejas adoptaban chicos ya que la ley permitía la adopción de un niño por parte de una persona soltera sin importar su orientación sexual. De esta forma, se formaron muchas familias. Sin embargo, los niños carecían de la protección legal necesaria.
La sanción de la ley les brindó a esas parejas la posibilidad de acceder al matrimonio y a los derechos y bienes, materiales y simbólicos, que se derivan de él. Ernesto Meccia no sabe si les cambió mucho la vida a las parejas que se casaron “en términos que podamos medir exteriormente” pero mucho “en términos internos, emotivos, afectivo y emocionales”. Y habla del “reconocimiento” y de la “sanación interna”: “que la otra persona te vea como un igual. Imaginá esas subjetividades tan dañadas, una pareja de cincuentones, que estaban juntos desde la época de la dictadura, imaginá que vayan al Registro Civil, la fiesta en la casa, con el viejito de ellos en silla de ruedas. Y ahí estaba el festejo. Ahí estaba la diferencia, no se puede medir, se puede sentir esa diferencia.” Para Bruno Bimbi “la ley es muy importante pero más importante fue que el debate que instalamos en la sociedad cambio la mente de muchas personas, logramos cambiar algunos prejuicios. El día que se votó nosotros ya habíamos ganado”.
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Una vez más, el 0800 “Buchón” indigna a la comunidad educativa porteña. Desde su reapertura el 24 de febrero último -tras la apelación presentada por el Gobierno de la Ciudad y el fallo favorable de la justicia porteña- el mensaje de voz que se oye al marcar el 0800-444-2400 ha ido cambiando con las distintas circunstancias y contextos de la política educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En mayo, al marcar la línea se escuchaba: “Se ha comunicado con la línea telefónica gratuita para alertar situaciones irregulares en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por favor déjenos su mensaje cuando oiga la señal”. A fines de junio, en el marco de las tomas de las escuelas secundarias, aparecieron algunas opciones nuevas para marcar, como quejas relacionadas con la calidad de la enseñanza, denuncias relacionadas con el Ministerio, infraestructura y equipamiento, inseguridad, y la polémica opción: “Por inculcación ideológica en establecimientos, marcá 2”.
Esta opción generó el repudio inmediato de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTRA) Capital -que representa a todos los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, de todas las áreas, niveles y modalidades- quienes, el 25 de junio último, realizaron una conferencia de prensa para denunciar formalmente la existencia de esta línea telefónica.
Luego de la denuncia, la controvertida opción desapareció misteriosamente de la lista disponible al marcar el 0800, dejando intactas todas las demás posibilidades. Matías Zalduendo, actual vocal de la UTE, Secretario Nacional de Juventud del CTA y recientemente elegido Secretario de Derechos Humanos del gremio, dialogó con ANCCOM y expresó su punto de vista respecto de esta situación: “Inmediatamente después de que hicimos la denuncia, modificaron el audio del 0800. La parte que decía ‘inculcación ideológica’ no existe más. Por suerte lo grabamos y lo tenemos para probar que no fue una locura nuestra sino que existió realmente”. Y para dar cuenta de ello, el sindicato lo tiene disponible en su Canal de Youtube:
“Salimos a denunciarlo porque en ese 0800 se incluye lo que llaman ‘inculcación ideológica’ y no estamos de acuerdo que se exija a las familias o a los alumnos, el denunciar la participación política de otros actores de la comunidad educativa”, expresó el dirigente.
Zalduendo explicó la mirada que tiene el gremio con respecto al tema de lo ideológico: “Nosotros tenemos una opinión muy fuerte: la educación es política. En la escuela, de por sí, hay inculcación ideológica, no podemos separar la educación de la ideología. Entonces, nos sorprendía qué tipo de denuncia haría alguien cuando llame. ¿Me están dando geografía de esta manera, o me están dando historia de esta manera? No estamos de acuerdo con que haya proselitismo partidario en las escuelas, pero sí discusión política”.
El flamante Secretario de Derechos Humanos de UTE amplío: “Es imposible desideologizar la educación, porque la educación es ideológica, es política. Cuando elegimos dar un tema por sobre otro, es una decisión política. ¿Cómo cuento la historia? es una decisión política. ¿Cómo se contó la historia de nuestro país durante estos doscientos años? fue una decisión política. Que las minorías no tengas voces en los libros de historia, que se prohíba la teoría de conjuntos o la lectura de cuentos infantiles en la época de la dictadura militar, todos eso, eran decisiones políticas, porque la escuela es un lugar en disputa ideológica constante”.
Zalduendo también expresó su descontento frente a la existencia de esta línea telefónica gratuita y opinó sobre la estigmatización que sufren los jóvenes en el marco de las tomas estudiantiles en reclamo de un plan integral de reformas edilicias y de mayor participación en las reformas curriculares de la Nueva Escuela Secundaria de la Ciudad (NES): “En medio de la toma una compañera llamó a este 0800 y escuchó esta grabación. Lo que se busca es estigmatizar a los jóvenes que toman las escuelas, sin debatir el contenido político de la misma, sin discutir si estamos a favor o en contra”.
En este sentido opinó: “Hay una mirada desde el PRO de estigmatización hacia los jóvenes. Bienvenido sea que haya jóvenes que quieran cambiar el mundo, que participen, que se motiven, y que elijan cómo transformar o cómo luchar contra medidas que consideran que atacan la educación pública. Celebro que participen y que tengan pluralidad de voces. Nos parece preocupante la mirada del Ministerio de Educación de la Ciudad, que lo que busca es denunciar la participación de los jóvenes, lo que ellos denominan ‘inculcación ideológica’”.
Según se lee en el volante publicitario de este 0800, se invita a “padres y alumnos adultos” a comunicarse con el Ministerio de Educación como “un canal directo para brindarte información y responder a tus inquietudes”. Al respecto, Zalduendo opinó: “¿Cómo puede haber un joven denunciando a su propio compañero porque está inculcando algún tipo de ideología? Me parece que en la Argentina del siglo XXI, que fomenta ciudadanos críticos y socialmente responsables, no puede no haber participación. Nosotros celebramos cuando nuestros alumnos terminan el nivel medio con mayor grado de autonomía y con más ganas de participar, eso es lo importante”.
En este sentido, el gremialista concluyó: “Uno le da a sus estudiantes la posibilidad que puedan escuchar distintas voces y sacar sus propias conclusiones, terminar sus estudios con más preguntas que afirmaciones. Lamentablemente, nosotros tuvimos en la Argentina muchos años de una educación pensada para la dominación. Ahora queremos construir una educación pensada para la liberación, pensada desde los trabajadores, desde los estudiantes, para una patria más justa, libre y soberana. No para algunos sectores privilegiados que buscan mantener el statu quo. Nosotros eso no lo concebimos”.
En la conferencia de prensa de UTE, Eduardo López, Secretario General del gremio, rechazó el 0800 y aclaró qué se entiende por ideología en el marco de la transmisión de conocimientos dentro del ámbito educativo: “No vemos mal el 0800, el problema es la denuncia por ‘inculcación ideológica’. No hay manera de enseñar sin ideología. La ideología es el conjunto de ideas que forman el pensamiento y nosotros enseñamos a pensar. Exigimos al Jefe de Gobierno y candidato a Presidente, Mauricio Macri, que lo saque porque no hay no-ideología en el currículum. No le niego la ideología al macrismo, ni pretendo naturalizar mi ideología, lo que estoy diciendo es ideológico, si no dijera nada, también lo sería”.
Y en el mismo contexto el dirigente amplió: “Lo que estoy diciendo tiene una postura ideológica, lo que dice este 0800, tiene una postura ideológica. Lo que nunca voy a decir es que mi postura ideológica, es la natural y la correcta y el que piensa lo contrario, hace ideología”.
Por su parte, Nicolás Baigorri, alumno de la Escuela Nº 7 DE Nº 9, María Claudia Falcone, expresó a ANCCOM: “La existencia de esta línea va mucho más allá de las medidas que quiera poner el Ministerio sobre las escuelas, abarca un tema de libertad de expresión de cada uno de los alumnos, la ideología política de cada estudiante no tendría por qué ser denunciada”.
La UTE anunció en la conferencia, que realizará una presentación judicial junto a a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Coordinadora de la Red Cívica Sindical por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S, Familiares de Detenidos y Desaparecidos y el Observatorio de Derechos Humanos. En este sentido, presentó una acción de amparo ante la justicia, a fin de que se protejan las garantías fundamentales ciudadanas y se garantice la inviolabilidad de los preceptos constitucionales.
En la madrugada del 4 de julio de 1976, tres sacerdotes y dos seminaristas de la orden palotina fueron asesinados por un grupo militar en la casa parroquial de San Patricio, en el barrio de Belgrano. A pesar de acercarse el aniversario número cuarenta de aquel crimen, el caso permanece sin responsables identificados, con un proceso de investigación reiniciado recientemente, y casi sin visibilización.
Como todos los 4 de julio, el sábado último se realizó en la Parroquia de San Patricio otra conmemoración de los religiosos. Varias personas se acercaron a la misa ofrecida por la comunidad palotina del barrio de Belgrano, con el objetivo de recordar una vez más a quienes consideran mártires de la Iglesia: “Porque entregaron toda su vida al Señor, hasta su muerte. Coronaron toda esa vida religiosa con la muerte del martirio”, dijo a ANCCOM Rolando Savino, quien fuera amigo de los sacerdotes y organista de la Iglesia durante su adolescencia. La misa del sábado fue sencilla, aunque por detrás se halle un movimiento complejo en el que intereses y silencios se disputan, aún, una definición.
Frente al altar se encontraban los cinco retratos de las víctimas junto a cinco velas que los iluminaban de cerca. Ahí, mirando hacia la gente, estaban las fotos de los sacerdotes Alfredo Kelly, Pedro Dufau y Alfredo Leaden; y de los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Detrás de ellos, la alfombra roja con los agujeros de las balas, la mismísima prueba del asesinato impune.
La historia
“La masacre de San Patricio” fue el título que eligió el periodista Eduardo Kimel para el trabajo de investigación que realizó durante los años ochenta, y que fue la primera información detallada y certera de lo sucedido.
En la mañana del domingo 4 de julio de 1976, Rolando Savino esperaba, con otros feligreses y vecinos, en la puerta de la Parroquia para la misa de la mañana. Cerca de las 8 creció su preocupación porque ningún sacerdote se hacía presente. Conocía bien a los curas y aquello no era común; por lo que decidió saltar por una ventana para ver qué había pasado. Al entrar, Savino descubrió los cadáveres, corrió en busca de la policía y luego comenzó la confusión forzada. Hubo testigos que durante la noche del sábado y la madrugada del domingo habían visto movimientos extraños de autos frente a la casa de los palotinos. “Ellos presenciaron cuando llegó un patrullero y le dio la orden al policía de la esquina para que se borre, porque iban a reventar a unos zurdos, y vieron cuando la gente armada bajaba en dirección a la parroquia. Lo que nunca pensaron era que iban a entrar allí”, contó Rodolfo Capalozza, un sacerdote sobreviviente que en aquel momento era parte del grupo de seminaristas.
En la Comunidad de San Patricio había seis seminaristas estudiando, de los cuales cuatro no se encontraban durante la noche del crimen. Uno era Roberto Killmeate, que se había ido a estudiar a Colombia, los otros dos eran Miguel Robledo y Jorge Kelly que estaban ofreciendo un retiro en otra Parroquia, y el cuarto era Capalozza, que sobrevivió porque horas antes había decidido quedarse en casa de sus padres y no volver a dormir a la iglesia.
Capalozza contó a ANCCOM que, junto a los cuerpos de sus amigos, los asesinos habían dejado mensajes: “Consignas como Por los camaradas muertos en el Departamento de Policía, como si fuera una venganza por lo que había sucedido dos días antes en la Superintendencia de Seguridad Federal. O «Por pervertir las mentes de los jóvenes» era la otra leyenda. Todo decía ‘M.S.T.M.’ (Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo)”, recordó el párroco. Sin embargo, los indicios del asesinato fueron ignorados. Eduardo Kimel relata en su investigación: “Hubo una política deliberada para esconder las evidencias. El comando de la zona I se apresuró a atribuirlo a una organización terrorista de izquierda. La presencia de altos funcionarios militares durante el velatorio de las víctimas contribuyó a dar la impresión de que el homicidio era condenado desde las esferas oficiales (…) La colocación de la bomba en Seguridad Federal fue atribuida a los Montoneros sin mayores precisiones”. El periodista explicó que la matanza de los sacerdotes tenía las marcas de una venganza por aquella bomba que habían colocado en la sede policial, pero ambos hechos –la muerte de los palotinos, y la bomba– fueron difundidos como “atentados de la subversión”.
Las dos Iglesias
Otro de los seminaristas sobrevivientes fue Roberto Killmeate, quien había partido a estudiar a Colombia en marzo de 1976. Según Killmeate, desde la llegada del grupo de estudiantes a Belgrano –en 1973–, los vecinos habían hecho sentir su disconformidad: “Estábamos en una época donde había militancia. Es decir, había una serie de conflictos sociales que se expresaban en distintas corrientes de pensamiento, y nosotros estábamos inmersos en ese contexto. Pero el nivel de la gente que asistía a la parroquia estaba en otra sintonía, eran de clase media alta, y no les gustaba aparentemente nuestro proceder, en la forma de vivir más que nada. Empezaron a surgir algunos malestares de la gente local, que dejaba de ir a la misa porque decían que éramos zurdos, peronistas y toda una serie de cosas.”
Actualmente, Killmeate no es más sacerdote porque no comparte la visión de la Iglesia que se intenta mostrar: “A muchos les daba vergüenza pertenecer a una congregación en la que había habido asesinados. Y bueno, yo resistí lo que más pude pero me agotaron. De esa manera no había más posibilidades de diálogo”.
Ante ANCCOM, Killmeate puso en contexto aquella época: “A pesar de que no toda la Comunidad de San Patricio compartía las mismas ideas, había una necesidad de buscar un cambio en la sociedad. O lo buscábamos políticamente en una acción partidaria, o lo buscábamos en forma de religión, en el marco del Documento de Medellín, que había marcado el inicio de la corriente que se llamó Teología de la Liberación. En ese documento, los obispos latinoamericanos habían declarado que la opción de los pobres era una de las opciones principales de la Iglesia, y que la pobreza era causal. El objetivo de esa matanza tan trágica fue conseguido, porque a partir de ahí todos se callaron. En ese momento lo que más se privilegiaba era la Iglesia del poder, acomodada al status quo y no la de un servicio como lo que nosotros nos proponíamos”.
Francisco Chirichella, abogado que impulsa el proceso de beatificación de los sacerdotes, y amigo de la Congregación opinó también al respecto: “Hubo un antes y un después para la Argentina y para la historia de la Iglesia. Esa fue una manera muy certera de acallar a una Iglesia, una situación que se planteó desde el poder mismo”.
Proceso Judicial y Beatificación
“El problema que tenemos es que le cuesta a la Iglesia poner en el altar a algunos hermanos junto a otros de la misma religión que estaban bendiciendo las armas de los asesinos. Entonces poner en el altar a algunos sacerdotes, religiosas y laicos implica de alguna manera, mostrar que otros estaban equivocados”, aseguró el abogado Chirichella.
Durante los primeros años posteriores a la dictadura, la investigación judicial que había comenzado se vio limitada, y los sospechosos habían sido absueltos por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Luego hubo un largo período en que los vaivenes de la sociedad argentina hicieron que se postergara el proceso y ahora, finalmente, el caso es incorporado a la investigación de la megacausa que investiga los crímenes cometidos en el ex Centro Clandestino de Detención y Exterminio que funcionó en la Esma. “El único hecho que se está investigando fuera del ámbito de la Esma, es el de San Patricio. El inconveniente que se le presentó al juez Sergio Torres es que tiene que vincular lo sucedido en San Patricio con un Grupo de Tareas que salió de la Esma. Este año han hecho pericias con una bala que quedó en un cuadro para determinar si es del mismo tipo de las que se usaban en la Esma en aquella época”, dijo el abogado.
Otro 4 de julio en San Patricio
Chirichella comentó, además, sobre los avances en la causa canónica que se inició en 2001, en la que se busca que la Iglesia considere beatos a los cinco palotinos asesinados: “En Roma me parece que hay otra receptividad. La prueba es que Monseñor Romero – el salvadoreño asesinado en marzo de 1980 mientras oficiaba una misa– fue declarado beato, el primero en América Latina. Su caso reúne más o menos características similares al de los curas palotinos. Para considerarlos beatos tiene que probarse que fueron mártires de una Iglesia católica y que fueron asesinados por gobiernos cristianos católicos. Pero esto ha generado dentro de la Iglesia una resistencia muy grande. Por eso estas causas llevan mucho tiempo hasta que se resuelven. Pasaron cuarenta años y cuesta. La de Enrique Angelelli –obispo asesinado en agosto de 1976– ahora está avanzada, se destrabó. Creo que tiene mucho que ver la influencia del Papa Francisco en Roma, y esto nos hace ser más optimistas con relación a los palotinos”.
Roberto Killmeate opinó que la beatificación estará bien para un gran sector creyente, pero no resulta reivindicativa, ya que se vacía el hecho de contenido histórico: “Me parece que tenemos que profundizar y preguntar por qué murió esta gente. Porque hay un testimonio concreto de otro estilo de Iglesia que tiene que prevalecer, y eso no está”, concluyó.
Durante la mañana del jueves 25 de junio se llevó a cabo la audiencia de la Cámara Federal de Casación que buscará rever las penas de los acusados por el crimen de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero asesinado en octubre de 2010 mientras se manifestaba contra la tercerización de los trabajadores del ferrocarril Roca.
Para Pablo Ferreyra, hermano de Mariano y legislador porteño, se trata de una instancia que «permite darle un cierre definitivo a la causa». En una entrevista con ANCCOM, posterior a la audiencia, Ferreyra indicó que la Cámara de Casación «tiene la responsabilidad histórica de respetar, mejorar o darle nuevos elementos al fallo del Tribunal Oral N° 21 de hace dos años».
Hace dos años, el TOC N°21 había condenado a José Pedraza y a Juan Carlos Fernández, ambos de la Unión Ferroviaria (UF), a 15 años de prisión, mientras que el delegado Pablo Díaz y los barrabravas Gabriel Sánchez y Cristian Favale recibieron 18 años por ser coautores del asesinato. También se había condenado a policías y otros ferroviarios por los hechos.
La particularidad que tuvo la jornada, que contó con una gran cantidad de militantes que se trasladaron a Comodoro Py a manifestar su apoyo a la causa, fue que tanto la fiscalía como las dos querellas coincidieron en pedir que se revea la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N°21 y que se cambie la carátula de «dolo eventual» a «dolo directo», lo cual haría que se eleven las penas de los condenados.
«El fallo anterior no fue lógico, no fue coherente. Se desecharon un montón de pruebas que mostraban realmente la existencia de este plan criminal. El tribunal hizo un razonamiento falaz, sin un motivo de fondo, para decir ‘Pedraza no quería asesinar’, porque ‘a nadie le convenía un asesinato'», advirtió Gabriel Solano, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y una de las figuras que se acercó a los tribunales.
«Vamos a pedir que se cambie la carátula porque entendemos que hubo suficientes pruebas que muestran la existencia de un plan criminal. El tribunal lo presentó como un homicidio simple. A partir de ese cambio de carátula, vamos a seguir avanzando porque hay varias causas paralelas a la principal que tienen que ver con el problema de la investigación a las empresas privatizadas y a los funcionarios del gobierno. Esas causas están paradas. Nosotros entendemos que hasta que eso no avance, la justicia fue parcial, porque se están dejando de lado las responsabilidades políticas y empresariales», agregó en diálogo con ANCCOM.
Sobre el cambio de carátula, Ferreyra manifestó que «es difícil» que ocurra. «Hay que ser optimistas y confiar en los jueces. Lo que nos interesa, sobre todo, es modificar las responsabilidades de la policía. Creemos que hubo abandono de persona», señaló el legislador porteño.
«Nuestro fundamento -añadió Solano- no es revanchista-. No pedimos un año más o un año menos de condena. Nuestro tema es la caracterización de lo que ocurrió en esa jornada. Lo que pasó fue consecuencia de un plan criminal, y hoy solo se juzgó a una de las partes: a Pedraza. No al resto».
La fiscal Gabriela Baigún consideró que el ataque atentó contra «el derecho que tienen los ciudadanos a manifestarse» en sus argumentos frente a los camaristas Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Liliana Catucci, quien se había expresado a favor de concederle el arresto domiciliario a Pedraza, un pedido que fue rechazado en marzo de este año.
Tanto Maximiliano Medina, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y querellante por la familia Ferreyra, como Claudia Ferrero, quien representa a Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre, dos de los heridos en el conflicto, coincidieron con la fiscal en pedir un aumento en las penas. Ferrero habló específicamente de un «plan criminal», algo que el defensor de Pedraza, Carlos Froment, puso en duda al asegurar que su defendido no conocía a Cristian Favale. En un comunicado posterior a la audiencia, el CELS desestimó nuevamente ese argumento al recordar que la sentencia del TOC N° 21 había tomado como una de las pruebas una triangulación de llamadas entre Pedraza, Favale y un estudio de abogados. «Es decir, el máximo dirigente de la UF buscó garantizar la defensa del principal sospechoso», señaló el comunicado del CELS.
En su exposición, la fiscal Baigún también recordó los intentos de soborno de Pedraza y que uno de sus peritos, Roberto Locles, fue condenado a un año de prisión en suspenso por adulterar una prueba, específicamente, la bala que mató a Mariano. Al grito de «¿Ven que esto no se deforma?», Locles había golpeado la bala sobre una mesa en una junta pericial.
Sobre los intentos de soborno, Ferreyra explicó que «es una causa aparte» y que «tiene una complejidad muy grande». El legislador, hermano de la víctima, agregó: «Estamos hablando del propio poder judicial investigándose a sí mismo. Ahí permitime ser mucho más escéptico. Lo vemos muy difícil». En cambio, destacó la ratificación de la condena a Locles: «Lo recibimos muy bien. Fue un juicio breve, la mayoría de los testigos mostraron que la actitud de Locles fue irracional».
A la audiencia asistieron los diputados nacionales Andrés «El Cuervo» Larroque, Myriam Bregman, Facundo Moyano, Horacio Pietragalla y Leonardo Grosso. En la puerta de los tribunales se concentró una gran cantidad de militantes, en su mayoría jóvenes del Partido Obrero y de la agrupación Seamos Libres, acompañados también por Patria Grande, el PTS, La Cámpora, CORREPI, la organización Razón y Revolución, Liga Socialista Revolucionaria, Izquierda Revolucionaria y Tendencia Piquetera Revolucionaria. También se movilizaron los centros de estudiantes de Ingeniería, Ciencias Exactas y Filosofía y Letras, que colgaron sus banderas y soportaron una mañana lluviosa y de frío en Comodoro Py.
«El asesinato de Mariano no puede haber sido en vano, dentro del conjunto del campo popular, por todas las organizaciones, porque la lucha contra la tercerización y la precarización laboral es algo que nos tiene que nuclear a todas organizaciones, independientemente de la ideología que tengamos o el espacio político al cual pertenezcamos», señaló Marcos Fernández, militante de Seamos Libres.
«En estos últimos años ha habido un resurgimiento de ese sector político juvenil que reivindica mucho la militancia. Mariano ha quedado plasmado por la juventud, por lo que representó ese período», expresó Pablo Ferreyra. «Es una figura que me da orgullo que sea tomada por los estudiantes. Sigue siendo un emblema que no tiene que tener dueño ni política partidaria, no hay ningún estudiante que no se haya conmovido con su caso».
Lo que fue el Casino de Oficiales de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), lugar de tortura y exterminio durante el terrorismo de Estado ocurrido entre 1976 y 1983, es hoy el recientemente inaugurado Sitio Memoria: “Lo único tangible que tenemos que es evidencia material de lo que fue el Centro Clandestino”, expresa Alejandra Naftal, sobreviviente y museóloga responsable de la puesta en marcha de este proyecto que empezó hace casi tres años y que es hoy una realidad.
El edificio totalmente blanco y abrazado por un gran ventanal con los rostros de los desaparecidos, está situado en el predio de la ex ESMA, hoy denominado Espacio Memoria y Derechos Humanos. Dentro, dispositivos museográficos como paneles, pasarelas y pantallas led, cuentan, a través de los testimonios de familiares y sobrevivientes, el cómo y el por qué de las atrocidades ocurridas en ese lugar, todo bajo el desafío de mantener intactas las pruebas judiciales que persisten en él a pesar del tiempo y su casi total destrucción por parte de quienes lo tuvieron a su cargo desde 1983 a 2007.
Naftal, secuestrada a los 17 años durante seis meses en el centro de detención conocido como «El Vesubio», museóloga de profesión con una vasta experiencia en la función pública y militante de derechos humanos, cuenta cómo se llevó a cabo este proyecto multidisciplinario.
– ¿Cómo nace este proyecto de hacer un museo en un lugar de memoria?
Para mí esto empieza en 1983. Desde que empezamos a militar en los organismos de derechos humanos, las consignas y las demandas fueron cambiando, en 1983 lo que nosotros exigíamos, era aparición con vida. Puedo decir que Memoria surge desde el día en que empieza la historia, memoria e historia van juntas siempre. Esto lo empezamos hace casi tres años. En noviembre de 2012, me convocan desde los organismos de derechos humanos para participar en una propuesta de hacer algo aquí con Presidencia de la Nación.
Me convocan para armar un proyecto museográfico y yo convoco a un compañero: Hernán Bisman, y somos los dos los co-curadores de la puesta museográfica que se hizo en este sitio. A partir de eso, presentamos un primer bosquejo de propuesta y desde ahí, durante dos años, empezamos a hacer reuniones de conciencia con distintos grupos que participan de lo que es la memoria. Con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S, los organismos de derechos humanos, la gente que trabajaba acá en la ex ESMA y entre idas y vueltas, armamos un proyecto que después consensuamos y es el que ahora pudimos llevar adelante.
De todas maneras te digo, que discusiones sobre qué hacer sobre los sitios de memoria, sobre qué hacer en la ESMA, tanto en el predio como en este lugar, se podría decir que hace veinte años que lo venimos discutiendo. A lo mejor esto culminó con una voluntad política de la Presidenta de la Nación. Primero en 2003, la voluntad política del presidente Néstor Kirchner de decir “recuperemos la ESMA”, y después en los diez años, la formación del Espacio Memoria, donde se fueron haciendo distintas cosas en el predio, y finalmente la voluntad de Cristina de decir “hagamos algo en el Casino de Oficiales”.
– ¿Cuál es el espíritu que tiene el museo, ya que es un lugar que se constituye como prueba judicial?
Justamente es la discusión del museo. Para mí en lo personal, esto es técnicamente un museo de sitio. Si yo tengo que buscar en las definiciones del International Consultants of Museums, es un museo de sitio. ¿Qué quiere decir? se conserva el lugar en el que transcurren los hechos o las historias que uno narra con dispositivos de información/comunicación que pueden ser gráficos, audiovisuales, etcétera. Pero, consensuando acá, somos un sitio de memoria.
Lo que nosotros hicimos es una muestra en el sitio de Memoria con dos dispositivos museográficos, los que llamamos tradicionales, que dan cuenta a través de sistemas tradicionales -como la gráfica y los paneles- de los hechos que aquí sucedieron. Y sistemas y dispositivos museográficos contemporáneos, a través de técnicas más modernas y tecnológicas, como el mapping o lo audiovisual que apelan más a lo emocional, a las sensaciones, a las experiencias. Entonces, teniendo en cuenta estos dos dispositivos y teniendo en cuenta que este edificio es prueba judicial -si querés es lo único tangible que tenemos que es evidencia material de lo que fue como Centro Clandestino y es Monumento Histórico. Esta muestra no altera para nada ediliciamente lo que es este edificio, no altera las estructuras, no cambiamos nada, no alteramos absolutamente nada y todos estos dispositivos que te comenté anteriormente están apoyados. Es decir, que si mañana nosotros tenemos que levantar todo lo que ves, se levanta, se desenchufa y el edificio queda exactamente igual a cómo lo recibimos en 2004.
Lo que quiero aclarar, es que este edificio funcionó como Centro Clandestino de 1976 a 1983. Entre 1983 y 2004 estuvo en manos de los marinos, es más, desde 1983 a 2007 los marinos siguieron estando acá. Hicieron cantidad de alteraciones, es decir, el edificio que nosotros encontramos no es el de cuando fue Centro Clandestino, de hecho, cuando lo era, los sobrevivientes cuentan que estaba impecable, un marino no aguanta una rotura en la pared. Y también cuando lo devolvieron, lo devolvieron destruido, roto, se robaron hasta los picaportes de las puertas, en un estado de deterioro absoluto.
Lo que hay que tener en cuenta, es que a veces hay un conservacionismo extremo que no contempla que las pruebas del Centro Clandestino fueron borradas por los propios marinos, no es que nosotros encontramos un edificio en el que podemos encontrar marcas y pruebas que den cuenta del funcionamiento del Centro Clandestino.
-Con respecto a esa situación, ¿Ustedes han realizado un trabajo de reconstrucción a través de fotografías u otras pruebas documentales?
Mirá, fotografías de la existencia de un Centro Clandestino no hay, los represores borraron todo. Lo que tenemos -que es para mí y para todo el equipo de investigación, lo más relevante- es el patrimonio intangible que es el testimonio de los sobrevivientes. Esa es la prueba más importante y de hecho toda la muestra toma como eje fundamental el testimonio de los sobrevivientes, que los vas a ver en toda la muestra.
Finalmente después de investigar muchísimo decidimos solamente exhibir los testimonios de los sobrevivientes dados por la justicia, es decir, el testimonio del juicio a las juntas de 1985 y los testimonios de los juicios actuales que se pueden exhibir, porque los que están sin sentencia todavía no se pueden hacer públicos. Todo el resto de los testimonios, justamente del periodismo, de la literatura o del cine, decidimos no exhibirlos en este momento porque nosotros al ser un museo o un sitio, somos una autoridad, una institución pública del Estado argentino. Para el imaginario colectivo, para toda la gente, el museo, o este tipo de instituciones es donde está la verdad, por lo tanto nosotros nos debemos a esa verdad y en nuestra investigación, solamente damos cuenta de lo que tenemos respaldo documental, todo lo que es una interpretación, nosotros no la exhibimos.
-¿Qué es lo que encuentra el visitante cuando viene al museo? ¿Qué se lleva?
Nosotros tuvimos una discusión. Este lugar, estuvo con visitas guiadas, vacío, es decir, sin ningún tipo de dispositivos. Entonces, solamente la visita se hacía a través de una guía que hablaba y que decía, “acá pasó tal cosa, acá pasó tal otra” y también iba interpretando, iba narrando desde su perspectiva histórica e ideológica. Por supuesto, si vos hacías la visita con un guía, era de una manera y si lo hacías con otra era de otra, por la subjetividad propia del guía. Acá lo que va a encontrar el visitante es una muestra con dispositivos museográficos de primer nivel, con los estándares internacionales más conocidos de la museología moderna. Va a encontrar una investigación muy profunda de lo que sucedió en este lugar, por qué sucedieron las cosas que sucedieron, es decir, la herramienta de la represión de la dictadura cívico militar que fue el Centro Clandestino. Lo va a poder hacer con la compañía de un guía, pero también va a tener la posibilidad de hacerlo solo. Se va a encontrar con una investigación muy profunda con distintos niveles, es decir, pensada para un público que sabe y para un público que no sabe. Yo siempre digo, que lo que pretendemos de este lugar es que sea para que el cómodo se sienta incómodo y el incómodo se sienta cómodo. ¿Qué quiero decir? que aquellas personas que son indiferentes con el tema o que no les interesa, pueden encontrar acá información y también un poco de “sacudida”, de cómo fue posible que todo esto pasara en el medio de la Ciudad de Buenos Aires.
Por la experiencia de todos desde que abrimos, también es un lugar cómodo para los afectados, para aquellos que buscan una contención. En este lugar también encuentran una reparación porque al hacerse cargo de un lugar y utilizar herramientas de transmisión, de comunicación a presentes y futuras generaciones, es una manera de reparar tanto al que no está, al detenido / desaparecido, de homenajearlo de alguna forma, de darle un lugar, de que se pueda narrar por qué pasó lo que pasó desde las perspectivas políticas, económicas, sociales y culturales.
-Y en este sentido, ¿Qué representa para usted como sobreviviente, la puesta en práctica de este museo?
Cada persona que pasó por alguna situación dramática o dolorosa, luego hace de eso lo que puede, lo que quiere. Yo siento que en este proyecto específicamente, ser sobreviviente me ayudó para ser una herramienta de comunicación entre lo político y lo técnico. ¿Qué quiero decir? Acá, en este equipo multidisciplinario, trabajaron como cuarenta personas: museógrafos, arquitectos, diseñadores, diseñadores audiovisuales, historiadores, pedagogos, semiólogos y sigue la lista. Pero también, todo este equipo tenía que escuchar las demandas de los afectados, no necesariamente un sobreviviente o una víctima es la persona que puede traducir eso materialmente en un resultado.
Yo siento que como sobreviviente en este proyecto específico, por haber pasado la experiencia del secuestro, de la detención ilegal, por haber salido y por ser militante de derechos humanos y ser museóloga que es mi profesión, pude ser ese nexo entre lo político -entre lo que queremos decir, qué es lo que queremos comunicar- y lo técnico, en cómo traducir todos esos contenidos en este lenguaje tridimensional. Porque el museo o estos lugares, son un lenguaje, es como hacer un documental o un libro pero en el espacio. El continente es nuestro medio y especialmente éste que es la evidencia.
Yo siento que me preparé toda la vida para esto. Me preparé transitando distintas cosas en mi vida porque tuve muchos trabajos en el Estado, trabajé en el Ministerio de Defensa, trabajé en Télam, hice un archivo oral de Memoria Abierta que es uno de los archivos de testimonios orales más importantes que hay sobre terrorismo de Estado, trabajé en agencias de publicidad. Desde distintos lugares siempre milité en organismos de derechos humanos y en política.
Este museo, representó y representa también, una manera de cerrar un ciclo importante en mi vida, ahora empieza otro, pero sí de cerrar un ciclo.
