Sep 2, 2015 | Entrevistas
Multifacético, Julián Axat fue defensor penal juvenil de La Plata, poeta y militante de HIJOS. El año pasado, en la causa por «La Cacha», el centro clandestino de detención de La Plata en el que fueron desaparecidos sus padres, declaró que «hubiera querido defenderlos, ser esa defensa que ellos no tuvieron”. Ahora es el coordinador del Programa de Acceso a la Justicia o «Atajo», del Ministerio Público Fiscal. Lejos de cualquier imaginario que se pueda tener sobre el sistema judicial o sobre los fiscales, las palabras que más resuenan en su boca son territorio, barrio y villa. «El Ministerio Público tiene que aportar herramientas de prevención social, no debe llegar cuando el delito ya se cometió«, dice Axat y amplía: «El programa busca modificar la matriz política del Ministerio Público, está en los lugares donde suceden los conflictos».
En su oficina, Axat recibió a ANCCOM para contar los detalles del programa Atajo, un proyecto con una impronta que rompe con los paradigmas tradicionales de la justicia.
¿Qué es Atajo?
El programa Atajo es un programa de acceso a la justicia del Ministerio Público Fiscal de La Nación que busca recibir todo tipo de conflictividades vinculadas a sectores vulnerables de la población y canalizarlos. Estas conflictividades están vinculadas al bloqueo y al no acceso a la justicia que padecen. El programa busca remover esos obstáculos a través de distintos mecanismos. El más natural que utiliza es la creación de oficinas en los barrios más marginales, periféricos y con mayores índices de pobreza de la Ciudad. Es una manera de remover barreras de distancia y tiempo entre la gente y los estrados.
¿En qué barrios funciona?
Las oficinas y los lugares se eligen estratégicamente en función de indicadores. La pobreza es uno, los índices de conflictividades y delitos son otros. En función de eso, captamos problemas y los tratamos de resolver. Hoy está funcionando en siete barrios. En la villa 1-11-14, en la villa 21-24, en el Barrio Mitre, en la villa 20, en la villa 31, en Constitución y tenemos una oficina móvil, una camioneta que se mueve por los distintos barrios con un abogado y un trabajador social, por la villa Rodrigo Bueno, la villa 15, La Boca… de acuerdo a las necesidades que nosotros diagnosticamos en la semana; atiende problemas en plazas públicas, conventillos, hogares e iglesias.
¿Funciona solo en la Ciudad de Buenos Aires?
No, funciona en Mendoza, en Rosario y en Mar del Plata. Tiene tres sedes en el interior del país. Se planea llegar también a Santiago del Estero y a Córdoba. El programa es federal. La idea es que el Ministerio Público cuente con este mecanismo que establece el programa para poder empezar a generar mejores lazos con la comunidad y remover la mayor cantidad de obstáculos que existan entre la gente y el Ministerio.
¿Por qué se decidió crear este organismo?
Por varias razones. Nunca existió un programa de este tipo en la Procuración. Se creó por una política de la Procuradora, Alejandra Gils Carbó, de mejorar la atención de los sectores vulnerados. La propia Procuradora advirtió algunos obstáculos entre el Ministerio Público y esos sectores que había que remover. Fallas internas del propio Ministerio, burocracias innecesarias, barreras de la propia corporación, de parte de la fiscalía, de algunas reparticiones del Ministerio Público. Era necesario crear una puerta de entrada más a las fiscalías, una más abierta, más permeable, más inteligente.
¿Al comienzo fue difícil cambiar el paradigma del fiscal como acusador, para que pase a ser un actor más del barrio?
No es fácil crear una institución o construir el imaginario de una institución, de una práctica de una institución en un terreno en que el Ministerio nunca estuvo. Donde el Ministerio intenta establecer los Atajos siempre estuvo el sistema policial. Las fiscalías siempre estuvieron ubicadas en zonas urbanas, poco periféricas. En este sentido, ha sido un esfuerzo llevar las oficinas a los territorios, a los barrios, y ha implicado un esfuerzo de recursos humanos y materiales. Sobre todo, convencer y hacer entender a la gente sobre el trabajo que uno va a hacer. Están acostumbrados a que exista un conflicto y se resuelva a los tiros, o no se resuelva o se denuncie a la policía. Uno impacta sobre ese escenario, se busca que las denuncias se canalicen a través de los Atajos, que la pacificación de la comunidad se haga a través de mecanismos de mediación y conciliación y que no haya violencia entre pares. Estamos aprendiendo, estamos hace un año transitando la etapa de adecuarnos a los territorios. Creo que lo estamos haciendo muy bien.
¿En las oficinas trabajan solo actores judiciales?
Son todos actores judiciales porque son empleados de la justicia, pero tienen distintos roles. Hay abogados, trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, politólogos.
¿Actúan también como un espacio de contención?
La primera actuación es la contención, la escucha. Después viene el encuadre legal, la adecuación. Hay muchas formas de intervención del Atajo, no es solo contención. Es también asesoramiento, respuesta judicial, canalización y derivación responsable de problemas. La forma en que interviene el Atajo es múltiple. Es una puerta de entrada a la justicia, que a la vez tiene otras puertas internas. Atajo es la primera puerta y hace el esfuerzo por abrir las demás.
¿Cuáles son las problemáticas más comunes con las que se encuentran?
Violencia de género, violencia sobre niños, abusos, violencia institucional, violencia cometida por las fuerzas de seguridad sobre jóvenes o mujeres, trata de personas con muchos fines, muchas veces de explotación sexual o con fines de explotación laboral. Nos encontramos muchas veces con talleres clandestinos. También hay irregularidades del sistema de prestación del PAMI, lo mismo con ANSES y la seguridad social en general.
En otra entrevista comentaba que más del 70% de la gente que se acerca a los Atajos son mujeres. ¿Reciben muchos casos de violencia de género?
Muchos. Tenemos una tasa alta de violencia de género. Hay una fiscalía especializada en el tema, la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres. Tratamos de que la mujer venga y después de una escucha, tenga una respuesta judicial a su reclamo: si es un hombre que la golpea, que logre un impedimento de contacto, la exclusión del hogar. Tratamos de obtener medidas judiciales lo más rápido posible porque detrás de una consulta de una mujer por violencia de género puede haber un femicidio. Otra de las grandes patas que tiene Atajo es la promoción de derechos con talleres. Nos vinculamos con las escuelas de los barrios, actores sociales y centros comunitarios y damos charlas sobre derecho y distintas temáticas. Hacemos talleres de género por ejemplo, con mujeres víctimas de violencia que le cuentan a otras mujeres qué les pasó y cómo resolver sus problemas, talleres de violencia institucional, sobre seguridad social, muchos sobre cuestiones electorales. La tarea de los Atajos es múltiple y está vinculada al empoderamiento legal de los sectores que más les cuesta conocer los derechos que tienen.
Después de la campaña masiva en medios y en la sociedad del #NiUnaMenos, ¿recibieron más denuncias?
Sí. Es una temática que hace cinco años estaba escondida, no parecía importante para los medios y para la conciencia civil y pública. Hoy en día, la promoción de esas campañas hace que las mujeres tengan menos miedo y se acerquen a denunciar. La campaña del #NiUnaMenos penetró en muchos sectores sociales y llegó a los barrios. Se animan a denunciar más. Hay sectores en los barrios donde todavía vive la cultura del patriarcado, machista, de la violencia fálica. Nosotros pensamos el derecho en contra de esas formas culturales, la resistencia de las mujeres frente a las formas patriarcales es también parte de la liberación de los derechos, el empoderamiento legal de un sector vulnerable, como son las mujeres víctimas de violencia.
¿Recuerda algún caso particular?
Hubo un caso en la villa 31 de una chica que vivía con su nenita en situación de calle, adentro de la villa, y solía dormir en una suerte de galpón con su pareja que, borracho, la golpeaba a ella y a la nenita. A la noche, muchas veces se juntaba con otras personas que tomaban y abusaban de ella. Se acercó al Atajo, le conseguimos un parador donde pudieran dormir fuera de la villa, hicimos la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica, y tratamos de lograr un impedimento de contacto con esta persona. Eso duró un tiempo, tratamos de mejorar las condiciones de vida de la nenita. Fue difícil porque ellos tenían una relación sentimental, ella quería frecuentarlo de nuevo, volvió y otra vez la volvió a golpear. Se inició el círculo de la violencia. Nosotros tratamos de cortarlo. Todavía estamos con el seguimiento. Casos así hay muchos. Recuerdo una mujer de la villa 20 que también llegó muy golpeada al Atajo, desde la Oficina de Violencia Doméstica se hizo una exclusión del hogar del marido, ella pudo volver a la casa con sus hijos. Esas son las funciones del Atajo. Por lo general, las mujeres se acercaban a la comisaría, y ahí muchas veces era disuadida la temática. No es lo mismo que te atienda un policía a que te atienda una persona del Poder Judicial. La Oficina de Violencia Doméstica está en el centro de la Ciudad, a veces la gente no tiene plata para ir hasta ahí. El Atajo es un punto intermedio.
Teniendo en cuenta su labor como defensor de menores en La Plata, ¿cómo se trabaja con la gran cantidad de jóvenes menores de 18 años que viven en las villas?
En los barrios la violencia institucional es fuerte. Recibimos muchas denuncias de adolescentes que son víctimas de violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Hemos recibido muchas denuncias de jóvenes que viven en Barrio Mitre y son víctimas de violencia por parte de la Policía Metropolitana. Recibimos la denuncia de cualquier joven que haya padecido cualquier tortura o vejación por parte de un policía y rápidamente a través de la PROCUVIN, la Procuraduría de Violencia Institucional, se identifica al policía y se inicia una causa. Atajo es un canalizador rápido para que PROCUVIN actúe. A veces los jóvenes no denuncian, no se acercan. Queremos mejorar el control de las fuerzas de seguridad y la relación con los jóvenes de los barrios que son víctimas de estigmatizaciones mediáticas, policiales y judiciales. Trabajamos mucho con jóvenes con causas penales, muchas veces se acercan a preguntar qué pasa con las causas que tienen. Les damos información judicial y, si están declarados rebeldes, nos comunicamos con los fiscales o jueces para sacarles la rebeldía y ponerlos a derecho. A veces los jóvenes tienen causas y lo desconocen. Está librada una captura porque no se presentaron. Tratamos de corregir esa situación. A veces los jueces nos piden que hagamos informes ambientales. Los trabajadores sociales van a las casas de los jóvenes que tienen conflictos con la ley y quizás a través de un informe se cierran las causas, porque el juez lo lee y entiende que no tiene sentido seguir criminalizando a los jóvenes.
Teniendo en cuenta que la violencia institucional parte del Estado y las oficinas de Atajo son parte de ese mismo Estado, ¿sienten alguna reticencia en esa relación con los jóvenes?
Una cosa es la Policía y otra cosa es la Justicia. Los jóvenes identifican, como dicen ellos, al «cobani» que viene con la gorra o a alguien que explica que es de la Justicia, que no es policía. Además, si trabajás en Atajo es porque sos una persona que tiene un perfil más vinculado a lo territorial, no sos solamente un burócrata de la justicia, sino que tenés cierta sensibilidad social. Eso lo perciben los jóvenes. Algunos vienen a los talleres que hacemos sobre allanamientos, violencia institucional, algunos de poesía y expresión artística. A veces vienen a preguntar qué tienen que hacer si los detienen o si los allanan. Tenemos muchos folletos sobre estos temas.
¿Y los temas habitacionales y de urbanización?
Hacemos muchas mediaciones y conciliaciones respecto de vecinos que tienen problemas: música fuerte, ruidos molestos, o problemas concretos como los anticréticos de la villa 1-11-14, que son contratos de locación que se dan en la villa y que no se cumplen. La ley nos faculta a conciliar en conflictos. También tratamos de intervenir y mediar en los desalojos, cuando hay por ejemplo situaciones en que una familia ocupa un lugar y la justicia ordena un desalojo. En este momento estamos interviniendo con una casa muy grande que fue ocupada en el año ’80 en la calle Humberto 1º, un viejo conventillo que en este momento está ocupado por siete familias muy pobres. La justicia nos permitió conciliar con un sindicato, que es el dueño de la casa. Las cuestiones habitacionales son centrales en los sectores vulnerables porque el problema de la vivienda es uno de los grandes problemas porque la Ciudad de Buenos Aires no tiene una capacidad de contención y de alojamiento. Tiene un excedente de propiedades vacías por gente de clase media o alta. Esas son las injusticias de una ciudad con tanta concentración de la riqueza como es Buenos Aires y con tanta gente viviendo en las villas: 250.000 personas de acuerdo al último censo. Seguramente tengamos la misma cantidad de plazas vacías en departamentos de la Ciudad con gente que tiene capacidad ociosa.
¿Cómo surgió la propuesta que Atajo tenga un programa de radio?
Un programa como el que nos planteamos necesita una herramienta de comunicación ágil, fluida y de difusión a los sectores con los que estamos trabajando. Tenemos un micrositio que mantenemos vigente día a día con las actividades que hace el programa, página de Facebook, Twitter… Somos parte de la Procuraduría General de la Nación que tiene un sector propio de comunicación. El programa de radio se emite los días jueves de 12 a 13 en Radio Madres de Plaza de Mayo, y lo conduce Ari Lijalad y dos personas que trabajan en Atajo. El programa recoge las problemáticas de los barrios, hacemos entrevistas… La idea es que se repita en todas las radios comunitarias. Casi todas lo hacen, la Radio de Bajo Flores, en la villa 21 en la radio Caacupe o en la villa 31. Las estrategias de comunicación tienen tres niveles: el primero es lograr que el propio Poder Judicial sepa que este programa existe, para poder usarlo. Tenemos la necesidad de difundir hacia adentro del propio sistema. Esto es una lucha larga. La villa dentro de un ministerio público es todo un tema, ahí se va a criminalizar, no se va a ser amigable. Hemos salteado ese escollo y estamos logrando mucha aceptación. La Procuradora se acerca siempre a abrir e inaugurar los Atajos con nosotros. Eso genera una imagen fuerte hacia adentro de la Procuración, que la Procuradora acompañe el proyecto y vaya a las villas. Invitamos a los jueces y fiscales a dar charlas. Queremos que los funcionarios de primera línea acompañen estos procesos. Y esto es una lucha comunicacional, semiológica. El segundo nivel comunicacional tiene que ver con los medios más hegemónicos, gráficos, televisivos y radiales para la gente en general. La Nación sacó una nota muy elogiosa, el diario El Mundo de España también, Página 12, Tiempo Argentino, Infobae… mirá que a Gils Carbó le pegan, pero Atajo ha sido un programa bien visto por los medios hegemónicos. Y el último nivel son las herramientas de comunicación hacia los propios sectores sobre los que trabajamos.
¿Cómo influyó tu historia como hijo de desaparecidos en este programa?
La Procuradora me dio un margen para construir el programa y lo direccioné escuchando lo que ella quería, respetando el criterio que ella quería establecer. Es un programa que está vinculado con las políticas que esta procuradora lleva a cabo, sobre todo las políticas de empoderamiento legal, de memoria, verdad y justicia, de persecución a la criminalidad organizada. Busca fortalecer a los sectores sociales débiles para perseguir el delito grave. Mi historia está vinculada con la defensa de los sectores más débiles y me guío por eso. Si nosotros estamos trabajando con los sectores vulnerados, me interesa que la Proselac y la Procunar, que son las fiscalías especializadas en lavado de activos, narcotráfico y trata de personas, la otra parte del Ministerio que investiga a los peces gordos, actúen. Esa es la intención, no perseguir perejiles. Cambiar el paradigma y que el Ministerio esté dirigido a la criminalidad grave.
Sep 2, 2015 | destacadas
Ante una sala colmada de periodistas, camarógrafos y fotógrafos, Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, anunció: “Informamos con enorme alegría que hemos encontrado a la hija de Walter Hernán Domínguez y Gladys Cristina Castro, nacida durante el cautiverio de su madre en marzo de 1978”.
En la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo en Virrey Ceballos 592, estuvieron presentes María Assof de Domínguez, y Angelina Catterino, las abuelas de la nieta recuperada. También concurrieron el tío paterno, Osiris Rodolfo Domínguez, y su hija, quienes viajaron especialmente desde Guaymallén, Mendoza, para acompañar a María, que además es titular de Madres de Plaza de Mayo en su provincia. En la misma mesa se sentaron Martín Fresneda y Guido Carlotto, secretarios de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, respectivamente. Con mucha serenidad, Assof señaló que es necesario manejar la propia ansiedad, para no presionar a los nuevos nietos que, ahora adultos, deben reconstruir sus historias: “Hay que tener mucho cuidado porque no sabés la idea que tiene, cómo se ha criado. Hay que tener paciencia y esperar un poquito más”.
Mientras tanto, la abuela compartía la alegría con compañeros y compañeras de militancia, como es el caso de Graciela Leda, ex detenida desaparecida que pertenece a la Asociación de ex Presos Políticos de Mendoza: “María ha sido como un lucero, una guía para nosotros. Que pueda recuperar a su nieta, que tenga esta alegría tan grande, con su serenidad y su valentía de siempre, realmente es muy emocionante. Hemos caminado la lucha juntas, la misma de todos los organismos de derechos humanos”.
En relación a este nuevo encuentro, Fresneda expresó: “Es una identidad más que aporta a la reconstrucción de la identidad de nuestro pueblo y a la construcción de la verdad tan compleja y difícil que, desde el dolor, hemos podido superar”. Rosa Roisinblit, vicepresidenta de Abuelas, se refirió al recorrido de resistencia como una doble exigencia: que se devuelvan los nietos y que se sepa qué pasó con los desaparecidos: “Lo primero es la localización de los nietos, pero sin olvidar a los papás de esos nietos”.
En la conferencia estuvieron presentes María Assof de Domínguez, y Angelina Catterino, las abuelas de la nieta recuperada. También concurrieron el tío paterno, Osiris Rodolfo Domínguez, y su hija, quienes viajaron especialmente desde Guaymallén, Mendoza, para acompañar a María, titular de Madres de Plaza de Mayo en su provincia.
Gladys tenía 24 años y Walter, 22, cuando fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1977, en la localidad de Godoy Cruz, Mendoza. Ella estudiaba diseño, él arquitectura, y juntos compartían la militancia en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Ambos aún permanecen desaparecidos.
Assof recordó: “Eran chicos que estudiaban, trabajaban y estaban asustados pero no lo demostraban. Se podrían haber ido, pero no quisieron, porque decían que no habían hecho nada malo para irse de su país”. Cuando se los llevaron, la joven estaba embarazada de seis meses. A partir de ese momento, las dos familias comenzaron a buscarlos incansablemente. La madre de Walter recordó que conoció Buenos Aires cuando llegó para golpear puertas con la ilusión de ser escuchada, luego de que en su provincia ignoraran sus reclamos: “Lo primero que hicimos fue ir al Arzobispado y el obispo nos contestó que no gastáramos pólvora en chimangos”, recordó. El 27 de agosto último, cuando volvía de la marcha de todos los jueves en la Plaza San Martín de la capital mendocina, el teléfono de su casa sonó: “Era Estela. Me extrañó porque hacía mucho que no hablábamos. Y me dio la noticia”.
Las sospechas sobre la identidad de la mujer se habían iniciado en 1994, cuando el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza envió a Abuelas una denuncia anónima sobre una joven nacida en marzo de 1978 que apareció en el hogar de una pareja mayor de un día para otro. Pero fue recién en el 2009 cuando la denuncia fue redirigida a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) para continuar con la investigación. El grupo de Acercamientos de la institución (creado para acercarse a jóvenes que puedan ser hijos de desaparecidos) le propuso realizarse el análisis de ADN que confirmó su verdadero origen y que se realizó el 16 de julio de este año.
Cuando los resultados del análisis estuvieron listos, el Banco Nacional de Datos Genéticos informó a la CONADI que se trataba de la hija de Gladys y Walter. Fue la Comisión la encargada de comunicarse con la nueva nieta. Fresneda, quien también es presidente de dicha institución, sostuvo: “Ojalá podamos comprender el aporte y el apoyo de las Abuelas y de un Estado presente que ha hecho todo lo posible para recuperar ese trocito de identidad que son los hermanos que nos arrebataron”. Assof, a su vez, expresó: “Es un pedacito del hijo y de la nuera. Es lo que nos queda y es la esperanza que hemos tenido estos 37 años. Ahora tenemos esta alegría tan grande de esta niña que espero que nos conozca y se sienta bien entre nosotros”. Catterino contó que se están preparando para concretar el encuentro tan esperado: “Dentro de poco podré conocer a mi nieta. Quiero compartir la alegría, abrazarla, preguntarle si tiene familia, si tiene hijos. Para mí es una alegría poder reunirnos, es un sueño. Ya pensaba que no la iba a conocer nunca y no quería morirme antes de saber de ella”.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en la conferencia de prensa por la nieta recuperada 117.
Domínguez recordó los discursos de los dictadores durante los años en que manejaron el poder del Estado: “Asumieron, según ellos, por la ‘reorganización nacional’, porque el país estaba muy mal. Pero lo dejaron mil veces peor. Fueron ladrones, corruptos, todo lo malo que se puede decir de un ser humano. Encima asesinos y ladrones de niños, que fue lo peor. ¿Qué derecho tenían de quedarse con nuestros nietos?”.
El derecho a la identidad aparece nuevamente como una condición necesaria para la vida democrática y para las prácticas de la memoria, la verdad y la justicia. Para finalizar, Carlotto expresó: “Sólo resta que el abrazo esperado por 37 años por las familias Domínguez y Castro se materialice en estos días. Bienvenida nieta 117 y por muchos nietos más”.
Sep 2, 2015 | destacadas
«No tiene entidad. No está muerto ni vivo. Está desaparecido», sentenció en 1979 el dictador Jorge Rafael Videla. De esta manera (no) respondía a las preguntas de quienes buscaban conocer el destino de sus familiares y amigos. A partir de ese momento, el término comenzó a ser uno de los símbolos más representativos de lo que conformó el plan sistemático ideado por los represores y llevado a cabo desde el Estado terrorista: secuestro, tortura, robo de bebés y asesinato. Por iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), cada 30 de agosto se conmemora el Día internacional del Detenido Desaparecido. La fecha fue declarada como “Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada” por la Asamblea de la ONU en el año 2010, a través de la Resolución 65/209. Carlos Pisoni, integrante de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) y subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, contó a ANCCOM: “Lo que sucede con la figura del desaparecido es algo que sólo los que tenemos familiares desaparecidos podemos explicar. Es un mecanismo muy traumático porque no tenés el cuerpo, no sabes dónde está ni qué pasó”.
La desaparición forzada es un delito que implica la violación de múltiples derechos humanos y que constituye un crimen de lesa humanidad. Se caracteriza por la privación ilegítima de libertad de una persona por agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo. Las consecuencias de este delito imprescriptible se prolongan a lo largo de los años y afectan a familiares y allegados de las víctimas que no logran conocer su paradero y la verdad sobre su destino. Para Manuel Gonçalves, nieto restituido, la lucha por la memoria es una tarea que se ejerce todos los días: “La búsqueda tiene que ver con algo permanente. Hay casi 400 jóvenes que son desaparecidos con vida, porque fueron robados durante la dictadura y todavía no los hemos encontrado”. Explicó que, actualmente, las estrategias para encontrarlos buscan interpelar a jóvenes que posiblemente han formado familias pero continúan ignorando la verdad de sus orígenes: “La identidad que no han resuelto se va transfiriendo a sus hijos. Logramos crear una conciencia de que los que estamos buscando pueden ser ellos mismos, su pareja, su amigo, su profesor”.
La ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada, hoy convertido en centro cultural.
Parte fundamental de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia es la resignificación continua de los espacios donde funcionaron centros clandestinos de detención. Un ejemplo emblemático es el de la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde circularon al menos cinco mil personas y que corrió riesgo de ser convertida en un “Parque de la reconciliación” durante la segunda presidencia de Carlos Menem. En 1998, se había firmado el Decreto 8 que proponía la demolición del edificio para la creación de un espacio verde y público, con la excusa de promover la unidad nacional. Graciela Lois, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, recordó las movilizaciones que se organizaron en aquel entonces, cuando peligraba el edificio por el que había circulado su marido y compañero de militancia: “La ESMA era un espacio que debía conservarse. Nos parecía atroz querer borrar la historia para construir un parque”.
Seis años después, el presidente Néstor Kirchner abría las puertas de la ex ESMA para que la sociedad en su conjunto y los organismos de derechos humanos comenzaran a adueñarse paulatinamente de cada pabellón. Iniciaron las propuestas de talleres, actividades y muestras, al mismo tiempo que se trataba de plasmar la lucha y de reivindicar a los treinta mil detenidos desaparecidos. Delia Giovanola, de Abuelas de Plaza de Mayo, remarcó el pensamiento unánime de los organismos de derechos humanos: “Ese lugar que fue lúgubre, donde hubo tanto horror, tanta muerte, tanto grito, ahora está lleno de luz y de vida, de alegría y juventud”. Lois agregó: “Nosotros pensábamos en recuperar el lugar y que el centro clandestino como tal no se modificara. Desde el 98 a acá, no hubiera pensado jamás que la ESMA fuera lo que es hoy. Por donde caminaron los nuestros rumbo a su propia muerte, hoy ves chicos, jóvenes. Donde hubo muerte, hay vida. Esa es la gran satisfacción”.
Los organismos de derechos humanos no hablan nunca de revancha ni de venganza, ya que sostienen que eso los dejaría ubicados en la misma situación que la de los represores: “Si la venganza y el odio estuvieran dentro nuestro, nos convertiríamos en algo muy parecido a los genocidas y, la verdad, somos totalmente lo opuesto”, dijo Gonçalves. Lois, por su parte, añadió: “La verdad es que vamos detrás de la justicia. Ninguno de los nuestros jamás agarró un represor y lo agredió, le pegó o lo mató. Nos guía, más que nada, la alegría de recuperar estos lugares”.
Familiares de Jorge Oscar Benítez y Angel Servando Benítez, militantes detenidos desaparecidos en una intervención artística organizada por el Espacio Memoria y el Grupo de Arte Callejero (GAC) en la ex ESMA.
Vera Jarach, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, aclaró que primero estuvo la necesidad de saber qué había pasado con sus hijas e hijos y luego vino la planificación de la resistencia. Cuando las madres comenzaron a organizarse, necesitaron algo que las identificara y las representara: así surgieron los pañuelos blancos que llevan bordados los nombres de los desaparecidos, hoy símbolo indiscutible de su lucha: “El genocida Videla había dicho que los desaparecidos no eran, no estaban, no tenían identidad. Eso nos movió. Nuestros hijos tienen identidad, así que los nombramos”. El plan de la represión buscaba eliminar los rasgos identitarios de sus víctimas. Una vez secuestrados, se los mantenía encapuchados, incomunicados, se les asignaba un número y se les quitaban los bebés. Los dictadores se constituyeron así como los poseedores de la vida y la muerte. Giovanola sostuvo: “Hubiera querido que a mi hijo lo juzguen como se está juzgando ahora a los militares genocidas. Sin embargo, los represores no están conformes. ¿Y nosotras tenemos que estar conformes con que, sin juicio, sin nada, no sólo se los condenó, sino que se los mató?”
En relación a los juicios que se están llevando a cabo para juzgar a los responsables del terrorismo de Estado, Pisoni habló sobre el caso de Jorge Julio López, quien desapareció tras declarar contra el represor bonaerense Miguel Etchecolatz, en septiembre de 2006: “Fue un mensaje muy claro para que los testigos, los sobrevivientes, no siguieran declarando durante el avance de los juicios. Pero produjo el efecto contrario, porque estamos muy lejos del momento en que gobernó el miedo. Es muy difícil que nos puedan callar después de todo lo que pasó, lo que vivimos y sufrimos. Este momento llegó para quedarse”.
Los representantes de los organismos de derechos humanos convocan a la sociedad en su conjunto a formarse e informarse: “Ser consciente de lo que pasó es una de las mejores herramientas para que nunca más vuelva a suceder”, dijo Gonçalves.
Ex Esma.
Ago 25, 2015 | inicio
Desde el viernes 21 al lunes 24 una carpa azul, de forma circular, se levantó frente al imponente Palacio de Tribunales, en un costado de Plaza Lavalle. El interior estaba decorado con fotomontajes del empresario Luis Pedro Blaquier, en los que aparecía vestido de preso. Sentados alrededor de una mesa, un grupo de familiares de detenidos y desaparecidos de Jujuy mantenían una vigilia junto a miembros de organismos defensores de los derechos humanos y de organizaciones políticas y sindicales, como la Tupac Amaru y el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). Es la forma de protesta que diseñaron para repudiar el fallo de los camaristas Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Righi, que benefició al empresario azucarero acusado de colaborar con la dictadura militar en el operativo conocido como “La Noche del Apagón”, donde fueron secuestradas 400 personas, 33 de las cuales permanecen desaparecidas.
El polémico fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación dictaminó la falta de mérito de Blaquier, titular del Ingenio Ledesma, y del entonces administrador de la empresa, Alberto Lemos, en las causas en las que estaban procesados por violaciones de los Derechos Humanos. Ambos están acusados de colaborar con tres secuestros ocurridos el 24 de marzo de 1976 y con otros veinte que se ejecutaron cuatro meses después, entre el 20 y el 27 de julio.
Desde el pronunciamiento de esta resolución, los organismos de derechos humanos vienen movilizándose y denunciando, en diferentes instancias, la impunidad que garantiza el Poder Judicial frente a los delitos de lesa humanidad cometidos por empresarios. A principios de este año se suscitaron cuatro fallos similares al de Blaquier, que impiden juzgar a los sectores de la sociedad civil cómplices de la época más oscura de nuestro país.
Lo que estamos tratando es de fijar una posición respecto a cómo están marchando los juicios, sobre todo el juicio de La Noche del Apagón” explica dentro de la carpa Oscar Alfaro, sobreviviente de los secuestros del Ingenio Ledesma que se suscitaron hace 39 años. Durante esos días de 1976, se montó un operativo que consistió en sucesivos cortes de luz en la localidad de Ledesma, ocasionados intencionalmente por la dictadura con el objetivo de secuestrar militantes políticos y sociales, gremialistas y estudiantes. La vinculación entre el accionar del Ingenio Ledesma y el aparato represivo no se limitó solamente a permitir los cortes de luz sino que además la empresa brindó listas negras y prestó sus camionetas para el traslado de los secuestrados. “En el fallo de la Cámara de Casación de marzo de este año –recuerda Alfaro- se confirma que existieron las camionetas y que hubo gente que fue llevada a galpones de la empresa, pero dicen que el dueño no lo sabía. Con esa excusa le otorgaron la falta de mérito. Pareciera que hay un acuerdo político de la corporación judicial de no avanzar en los causas contra empresarios”.
A metros de la puerta de la carpa hay una bandera blanca que lleva inscripta la consigna de la manifestación: “Repudio Nacional a la impunidad Cívico-Empresarial”. Inés Peña, presidenta de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Jujuy, explica el objetivo del acampe: “Venimos a reclamar la falta de justicia y contra los empresarios que han sido la pata financiera que permitió la magnitud que tuvo la masacre de la Noche del Apagón. Montamos esta carpa en frente de Tribunales para interpelar a la Corte Suprema. Viajamos más de veinte mil kilómetros para que esto avance, y para que la Comisión Interpoderes nos dé una respuesta a los pedidos que formulamos”, manifiesta la militante jujeña haciendo referencia al comité que integran el diputado Remo Carlotto, el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti; el ministro de Justicia Julio Alak, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la presidenta del Consejo de la Magistratura Gabriela Vázquez y Ana Figueroa, presidenta de la Cámara de Casación. En el momento de su creación, en 2008, la comisión dio un firme apoyo a la continuidad de los juicios que investigan los delitos de lesa humanidad. Ahora, los manifestantes le presentaron un documento realizado por 150 abogados querellantes en este tipo de causas, donde denuncian la falta de salas para los juicios orales, la poca frecuencia de las audiencias y la carencia de personal de investigación, entre otros reclamos.
Además del repudio a la falta de mérito a Blaquier y Lemos, los organismos piden celeridad de las causas ya que además de los tiempos institucionales les preocupan los tiempos biológicos: “Es una lucha contra el tiempo, se mueren los genocidas sin ser juzgados y los compañeros sin tener justicia”, marca Peña.
Los organismos convocantes también pidieron juicio político a los integrantes de la sala IV de cámara de casación: “El Poder Judicial tiene que estar al servicio de los más vulnerables, al servicio del pueblo” manifestó Juan Pablo Haddad de la Comisión de Derechos Humanos del SITRAJU, quienes también participaron del acampe frente a Tribunales.
El repudio de estos cuatro días se extendió también a los fallos que a principio de este año frenaron el avance de otras causas emblemáticas que investigan la complicidad civil en delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Entre ellos figura el caso de Vicente Massot, director del diario bahiense La Nueva Provincia, la causa que investiga a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre por la causa Papel Prensa y el juicio a Agustín Bottinelli, ex jefe de redacción de Para Ti, acusado del delito de coacción por publicar en 1979 una falsa entrevista a Thelma Jara de Cabezas, quien entonces se encontraba cautiva en la ESMA y era presentada en ese artículo como “la madre de un subversivo muerto”.
Como un efecto dominó, estas causas y la que imputa a Blaquier pusieron al descubierto las dificultades existentes para avanzar sobre los juicios a los cómplices civiles del terrorismo de Estado. Por esa razón, también participaron de la carpa de protesta trabajadores y delegados de los años setenta de Mercedes Benz, Astarsa, Tensa, Ford y La Cantábrica, empresas que también están acusadas de colaborar con la dictadura militar. “Yo fui delegado en Mercedez Benz durante esos años, soy querellante contra la empresa y nos sumamos a esta carpa contra la impunidad empresarial”, explica Julio D´Alessandro, integrante del colectivo que agrupa a trabajadores y delegados de aquellos años. “En la causa contra Mercedez Benz –agrega- están las pruebas concretas de las listas y del financiamiento que hacían las empresas a los grupos de tareas de la dictadura”.
Llegando a las cuatro y media de la tarde del último día del acampe, hora en que se reunieron por primera vez en el año la Comisión Interpoderes, Remo Carlotto, titular de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, pasó por la carpa y en declaraciones a ANCCOM sostuvo: “No necesitamos que los familiares de Jujuy vengan a Buenos Aires para hacer una demanda, tenemos que tener una justicia abierta y de diálogo con aquellos que vienen demandando hace tantos años justicia”.
Jul 12, 2015 | inicio
«La ley mordaza es el franquismo», sentencia Xoán Negreira. Las dos temáticas se entrecruzan durante la jornada del sábado 11 de julio, en la que un grupo de descendientes de españoles se manifestó frente a la embajada de España para reclamar la extradición de 19 represores de la dictadura de Francisco Franco a Argentina y, a la vez, criticar la denominada «ley mordaza» que entró en vigencia el último 1° de julio.
«Estamos acá porque solicitamos la extradición de 19 represores y genocidas españoles del franquismo que han sido imputados por la justicia argentina y que el reino de España hoy, impunemente, los acobija y no los extradita», explica Negreira, miembro de la Agrupación Federico García Lorca, la organización que convocó a la manifestación. Además del pedido expreso a la diplomacia española, la actividad contó con una serie de shows artísticos con bandas, conjuntos de danza, una lectura de una obra teatral y radio abierta. «Estamos levantando la voz para pedir justicia por los cientos de miles de personas que fueron acribilladas, perseguidas y torturadas dentro del franquismo», dice Negreira a ANCCOM.
«Argentina es el único país en el mundo que tiene una causa contra el franquismo», señala Inés García Holgado. Ella, junto a Adriana Fernández y Darío Rivas son los tres querellantes que llevan adelante el juicio en Argentina contra los represores españoles. «Lo que queremos es que se visibilice la causa en Argentina. Para nosotros, que somos familiares, es muy importante que se sepa que en España hubo un genocidio. Se lo toma como que fue una guerra civil», agrega Inés.
Las dos mujeres son argentinas, ya que sus padres escaparon de las persecuciones. En el caso de Inés, perdió a su abuelo, mientras que Adriana a sus tíos y a su abuelo. Se vieron obligadas a presentar la causa en Argentina porque «en España se habían cerrado todas las puertas».
Manifestación en la embajada española de la ciudad de Buenos Aires.
«Baltasar Garzón agarró la causa en el 2006, la Audiencia Nacional no le permitió continuar y solo quedaba la Argentina, con el principio de justicia universal que permite, aunque el delito se haya cometido en otro país, juzgar los crímenes de lesa humanidad», relata Adriana. Y es que en España, como subraya Inés, «estos crímenes no se consideran de lesa humanidad, se consideran prescriptos”.
La novedad de la causa, que fue la chispa que encendió la idea de hacer esta manifestación, fue que la jueza Servini de Cubría pidió la extradición de los 19 torturadores, entre los que se encuentran ex ministros y familiares de ex funcionarios y hasta un médico involucrado en el robo de bebés, y el gobierno español se negó.
«Queremos que la sociedad española sepa la historia completa y no la oficial, que fue la que impuso el franquismo. No estamos abriendo heridas, estamos tratando de que se cierren», expresa Inés.
«España es un cementerio. Por todo el país hay fosas comunes. Hay gente que sabe dónde están sus familiares y los jueces no los autorizan a sacarlos», cuenta Adriana. «Hay todavía 114.000 personas que están en fosas comunes y que hay que exhumar. El Estado español no se hace cargo ni de las exhumaciones y mucho menos de los ADN», añade Inés. Según sus datos, durante la dictadura de Franco hubo 300.000 bebés robados entre 1938 y 1992, 50.000 ejecutados, 400 fosas comunes y 50.600 detenidos entre 1963 y 1977.
«Hace muchos años, no se pensaba que a los genocidas de nuestro país se los iba a poder juzgar acá. La gente viajaba a España a prestar declaración allá. Ahora tenemos juicios de lesa humanidad a lo largo y a lo ancho de todo el país. A lo mejor, con un cambio de gobierno o de mentalidad de la sociedad española, puede suceder lo mismo», indica Inés.
El pedido por justicia a los crímenes de la dictadura franquista se mezcla y entrecruza con la actual crítica a la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como «ley mordaza» en España. «La ley mordaza es el franquismo. No se puede acompañar el reclamo de las personas que perdieron sus casas por deudas con los bancos, o al hacer cualquier pronunciamiento en las redes sociales ya se es imputado y juzgado por la justicia española por esta reforma del Código Penal. Para nosotros, no hay libertad de expresión. Eso es dictadura», plantea Xoán Negreira.
Pablo Estruga es uno de los fundadores de Podemos Argentina y Oscar Leguizamón es el secretario general del Partido de la Victoria.
Junto a la Agrupación Federico García Lorca, participó también la representación argentina de Podemos, el partido político español que surgió el año pasado como forma de canalizar y organizar los reclamos que surgieron con el movimiento de los «indignados».
Pablo Estruga, nacido en Ibiza, llegó a Argentina en enero de 2014 porque tiene familia en Mendoza. Venía de participar del #15M y de las manifestaciones de los indignados en Valladolid y Madrid. En Argentina, fundó junto a otras 40 personas la sede de Podemos en nuestro país.
«Podemos tiene un sistema de círculos autónomos -explica Estruga a ANCCOM-. El círculo se creaba y se unía al partido. Surgían asambleas o, como el exilio español es tan grande en los últimos años, núcleos en otros países, como París, Londres, Berlín». En Argentina, ellos trabajan para la difusión del partido de cara a las elecciones generales de noviembre, ya que en Buenos Aires hay 400.000 españoles y descendientes de españoles.
Para Estruga, «con la ley mordaza quieren evitar otro movimiento parecido al que golpeó el tablero en España. Ya es tarde para eso. Es una ley que tiene de vida lo que dure la conformación de un nuevo Congreso. Sea Podemos gobierno o no, vamos a presentar una reforma para derogarla, porque es una ley totalmente retrógrada, injusta y recuerda mucho a la época de la represión».
«Cualquier nuevo grupo político que conforme el Parlamento y con un poco de sentido común, sabe que es una ley que no representa a nadie. Es una ley partidaria, del Partido Popular, al que el PSOE evidentemente no se opone, porque sabemos que en las cuestiones estructurales votan igual. Estamos seguros que va a cambiar bastante el color del Parlamento, por eso sabemos que es una ley que tiene los días contados».
Según Negreira, «hay un pacto que se ha hecho en el año ’78 donde el bipartidismo, el Partido Socialista Español y el Partido Popular, la derecha franquista que se ha refugiado en la democracia con este partido, han pactado el silencio, el perdón hacia los genocidas. Podemos es una fuerza que rompe con el bipartidismo».
«Hay una gran similitud en algunas cuestiones con el 2001 de Argentina, con las asambleas, la participación de las bases y la militancia y la formación de nuevos cuadros, que es lo que necesita España».
