Dic 22, 2016 | inicio
Quince años después, aquel miércoles 19 es lunes. El asfalto está igual de caliente y las escalinatas del Congreso ahora se escudan detrás de gruesas rejas. Organizaciones sociales, políticas y estudiantiles se movilizaron desde Congreso a Plaza de Mayo para conmemorar las oscuras jornadas del estallido social de diciembre de 2001 y actualizar reclamos y reivindicaciones.
“Los de abajo no teníamos la organización y la fuerza para imponer un gobierno propio. Los de arriba, las clases dominantes, tuvieron que hacer serias concesiones para recomponer la gobernabilidad”, reflexionan las organizaciones convocantes como la CTA Autónoma, la Corriente Clasista Combativa (CCC) y el Movimiento Evita, entre otras. El diagnóstico pone el foco en el final trágico del fallido gobierno de la Alianza, pero también intenta dar la perspectiva histórica. El secretario general de ATE nacional, Hugo “Cachorro” Godoy, profundiza esa evaluación. “Ya se venían produciendo políticas de ajuste con el gobierno anterior pero evidentemente este las ha profundizado y las está llevando a limites extremadamente peligrosos para el cuerpo social de la Argentina. Por eso convocamos permanentemente a movilizar a las calles para obligar al gobierno a modificar esas políticas”, le explicó a ANCCOM.
Quince años después es martes 20 y las convocatorias continúan. Un sector encabezado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores llamó a marchar por las mismas cuadras que otros transitaron el día anterior. José Castillo, referente de Izquierda Socialista, evaluó la convocatoria: “Se trata de no olvidar lo que denominamos las brasas del argentinazo que siguen encendidas por más que ahora buscan caracterizar ese momento como un período negro de la historia. Y a esa conmemoración que venimos sosteniendo a lo largo de los años, se le suman las consigas propias contra el ajuste macrista”, puntualizó.
Quince años después de aquellas jornadas la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) registra un número frío de 38 muertos por la represión estatal durante el 19, 20 y 21 de diciembre de 2001. En la Ciudad de Buenos Aires fueron Carlos “Petete” Almirón (24 años), Rubén Aredes (24 años), Gustavo Benedetto (30 años), Jorge Cárdenas (52 años), Diego Lamagna (26 años), Alberto Márquez (57 años), y Gastón Marcelo Riva (30 años). Algunos familiares de las víctimas se movilizaron en las jornadas recordatorias y además de las citas en Capital Federal, se hizo un acto en Paraná, capital de Entre Ríos, provincia que registró tres muertos, y en Rosario, donde los familiares de las nueve víctimas -entre ellas, Claudio “Pocho” Leprati- se movilizaron a los tribunales provinciales con una bandera que exigía “juicio y castigo a todos los culpables”. Uno de los señalados como responsable fue quien entonces gobernaba la provincia, Carlos Reutemann. Según CORREPI, las víctimas en otras provincias llegaron a once en Buenos Aires, tres en Córdoba, dos en Corrientes, una en Río Negro y otra en Tucumán.
Juan Carlos Alderete, dirigente de la CCC, reivindicó el rol de esta organización como “una de las protagonistas” del 19 y 20. “En ese momento salimos más de cinco mil compañeros de la CCC de los barrios populares en La Matanza. Tomamos la Ruta 3, para ir a la Capital Federal, pero ahí la policía nos esperó para reprimir, y terminamos con 110 heridos de balas de goma, tres de ello con balas de plomo muy graves. Hubo una orden política, de parte del gobernador Carlos Ruckauf, de que me mataran, pero gracias a algunas compañeras que me tiraron al piso, me salvé. No es casual que el gobierno en ese momento, y la justicia también, nos hayan abierto una causa donde me acusaron junto a Luis D´elía -con el que estábamos en ese momento- de ser los responsables de la caída del gobierno de De la Rúa”, recordó.
Christian “Chipi” Castillo, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) e integrante del Frente de Izquierda, destacó a esta agencia la importancia de homenajear a “los 38 compañeros asesinados por la represión estatal y recordar lo que fue una gran rebelión popular que terminó con un gobierno hambreador».
El pasado que vuelve
El pasado se actualiza con los reclamos de condena para los culpables de la represión y de atención a las demandas que no fueron saldadas a lo largo de esos 15 años. “Ahora es importante no sólo conmemorar sino también seguir pidiendo justicia, porque no se ha hecho justicia con todos los compañeros que asesinaron en esos días. Junto con eso -y si bien estamos en otro contexto político, otro momento histórico- también están los reclamos por derechos que venimos exigiendo desde el 2001”, remarcó Alderete. El pasado también se actualiza por las políticas de ajuste. «Hoy estamos soportando ataques a los trabajadores tanto por parte del gobierno nacional como los gobiernos provinciales, con el crecimiento de la deuda externa y la pérdida de puestos de trabajo, caída del salario, aumento del nivel de pobreza. Es importante recordar la fuerza de la movilización popular porque si (Mauricio) Macri ha podido avanzar hasta ahora es gracias a la tregua de las conducciones sindicales”, dijo Castillo.
Alderete, al igual que el referente del PTS, también señala el desempleo como uno de los principales problemas actuales. “En los barrios, la falta de trabajo la sentimos en carne propia con los compañeros que viven de changa hace muchos años, y que es difícil que entren a la producción. Ahí se nota mucho más, y de forma inmediata, la diferencia con aquellos que tienen un trabajo regular y que por lo menos hacen cortar el pasto o hacen una habitación más. Entonces cuando hay una crisis económica a quienes afecta es a ellos”, subrayó.
En tanto, “Cachorro” Godoy aseguró que «las políticas de ajuste de este gobierno han generado mayor pobreza y desocupación, y la continuidad de estas políticas han provocado recesión, transferencia de recursos desde los sectores que menos tenemos a los más concentrados de la economía, fundamentalmente empresas trasnacionales”. Y advirtió: “En síntesis, un gobierno de ricos para ricos en desmedro de los pobres, que si no se cambian esas políticas nos van a llevar a un nuevo abismo y eso es lo que la mayor parte de los argentinos no queremos”.
La movilización popular en las calles sigue siendo la señal de aliento para las organizaciones que esta semana volvieron a reclamar en el centro porteño. “Durante todo este año el pueblo estuvo en la calle enfrentando esta política. Ni la represión a los trabajadores de Cresta Roja, ni las amenazas, ni el fracasado protocolo antipiquetes, que sólo aplicaron a los jubilados que heroicamente resistieron la represión, ni el violento desalojo de los medieros y campesinos pobres del cinturón verde de La Plata, ni la criminalización de la protesta, ni la existencia de presos políticos, lograron frenar la respuesta popular”, indicaron en el documento firmado por CTA Autónoma, Movimiento Evita, CCC y otros.
Figuritas repetidas
Quince años atrás, durante aquella semana de diciembre, los pasillos y despachos del Congreso eran testigos de los debates en torno a la extensión del período de sesiones ordinaria. La oposición pretendía aprobar la derogación de las facultades legislativas cedidas al Ejecutivo a través de la Ley 25.414 y anular el decreto 1570/2001 que impuso el denominado “corralito”. El 19 de diciembre el Congreso sesionó y terminó por asestar un golpe a los superpoderes y a las restricciones para los ahorristas. El desmoronamiento del corralito del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, terminó por sugerirle al ex funcionario menemista que presente su renuncia ese mismo día. Mientras Cavallo preparaba su retirada, De la Rúa se maquillaba para hablar por cadena nacional. Esa tarde, anticipó lo que quedaría impreso en el decreto 1678/01 publicado un día después en el Boletín Oficial: la declaración del Estado de sitio. En los considerandos del decreto se argumentaba que “encontrándose el Honorable Congreso de la Nación en receso de sus sesiones ordinarias” correspondía al Ejecutivo resolver lo que el documento caracteriza como “actos de violencia colectiva que han provocado daños y puesto en peligro personas y bienes”.
“Hace 15 años hubo un rebelión popular que enfrentó el Estado de sitio y logró derrocar al gobierno. Pero el “que se vayan todos” sigue planteado en la Argentina porque la reflexión hoy es que finalmente volvieron todos, ahora con el macrismo volvieron los radicales directos de De la Rúa”, dijo el diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Nestor Pitrola, en la marcha del martes. Y si la reiteración de funcionarios no es un dato novedoso para ninguna administración, cualquiera sea su color, algunas coincidencias no dejan de ser significativas. A nivel nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hoy interesada en prevenir saqueos a través de la vigilancia de las redes sociales, en aquel año fue ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos y titular del Ministerio de Seguridad Social. Hernán Lombardi, quien hoy lidera el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina, fue el ministro de Turismo, Cultura y Deportes de De la Rúa. El actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, fue hasta el 20 de diciembre secretario de Política Económica. Capítulo aparte merecería Oscar Aguad, quien encabeza el Ministerio de Comunicación, y por entonces se desempeñaba como interventor en la ciudad de Corrientes, cargo que le valió su procesamiento por defraudación en perjuicio de la administración pública que logró eludir una vez que la Corte Suprema lo sobreseyera, no por haber comprobado su inocencia, sino porque consideró que se había excedido el “plazo razonable» para llegar a una sentencia definitiva. En la Ciudad de Buenos Aires, este año cumplió funciones -luego debió renunciar por sus declaraciones negacionistas- como Ministro de Cultura, Darío Loperfido. El actual director del Teatro Colón fue, al comienzo del gobierno de la Alianza, vocero de Fernando de la Rúa.
A mediados de diciembre de 2001, el entonces presidente del bloque de diputados radicales, Horacio Pernasetti, argumentó que el proyecto de Presupuesto que había enviado el Ejecutivo planteaba “mantener el déficit cero y la reducción del 13 por ciento sobre salarios de estatales y jubilados, pero incluye la hipótesis de que en caso de no mejorar la recaudación ese porcentaje debería ser aumentado o tomar algún otro rubro significativo en el gasto, como es el caso del aguinaldo”. El 19 de diciembre, las tapas de los diarios imprimían los detalles del ajuste: “El recorte es de 6.000 millones”, “las podas más grandes son la caída del incentivo docente”, “a la ANSeS le sacan 657 millones y se eliminan 24.000 empleos públicos”. La reducción de los fondos para educación, y el «esfuerzo fiscal» que pedía el ex ministro Ricardo Lopez Murphy a las Universidades está en la memoria de los estudiantes que se movilizaron a Plaza de Mayo. Axel Bracht, presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UBA tendió puentes con la situación actual. “El año graficó mucho cómo se profundizó el ajuste que venía del año pasado. El reclamo tuvo expresión en mayo, con la marcha que terminó en esta plaza con 70 mil personas, con un nivel de movilización que no se veía hace tiempo. Lo que hoy está pasando en el CONICET es otro cimbronazo que afecta al campo de la Ciencia y Técnica, y también la situación crítica en la que está el Hospital de Clínicas (dependiente de la UBA), es otra parte del ajuste”, le dijo a ANCCOM durante la movilización del martes. Y agregó: “Hoy marchamos, acercamos un saludo a este acto, porque entendemos que hay que rememorar todo lo que pasó para hacer crecer el movimiento y reivindicaciones del pueblo que en 2001 sacó a cinco presidentes en una semana. Hoy, una vez más, tenemos que reforzar en todos los lugares a las comisiones internas y centros de estudiantes que expresen un programa popular”.
Actualizado 22/12/2016
May 3, 2016 | inicio
La facultad policial para detener personas en la vía pública y pedir documentos, el uso de las pistolas Taser que producen descargas eléctricas sobre los cuerpos humanos, la emergencia en materia de seguridad y el protocolo antipiquetes. La enumeración forma parte de una lista de medidas de la gestión de Cambiemos que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) difundió como un nuevo marco para facilitar posibles detenciones arbitrarias.
A 25 años del caso Walter Bulacio –un crimen que se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia policial-, la CORREPI lanzó una Campaña Nacional contra las Detenciones Arbitrarias junto a un conjunto de organizaciones sociales. También denunció que, desde diciembre de 2015, se ampliaron y profundizaron las facultades policiales para demorar a personas sin causa alguna. “Ya no tenemos la opción de pensar si lanzamos o no una campaña nacional, sino que tenemos que hacerlo en defensa propia. Hay que poner en evidencia un mecanismo que funciona aceitadamente por dos características: la naturalización hacia el interior de la clase que la padece y la invisibilización hacia el afuera”, explicó María del Carmen Verdú, abogada y referente de CORREPI , en diálogo con ANCCOM.
Cada año, la CORREPI realiza un documento oficial -Archivo de Casos- que certifica que este accionar no sólo aplica en la actualidad, sino que tiene una larga trayectoria. En su última actualización de fines de 2015, la organización subrayó que, desde el asesinato de Bulacio, alrededor de 500 jóvenes menores de 18 años murieron en comisarías, donde nunca deberían haber estado.
Esos datos tienen historia propia. Desde diciembre de 1983 hasta la actualidad, según CORREPI más de 47 mil personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado. El 40% de esas víctimas estaban detenidas en cárceles y comisarías. Del total de las personas que resultaron muertas en ese ámbito, la mitad no estaban allí por delitos, sino por averiguación de antecedentes, para identificación, por contravenciones o razzias.
Las modalidades de represión utilizadas son el gatillo fácil, el asesinato de personas detenidas, casos de conflictos intrafuerza o intrafamiliares donde el autor utiliza para “resolverlos” los recursos represivos que le provee el Estado, la desaparición forzada, los asesinatos en movilizaciones o protestas y las causas fraguadas. El blanco fácil es la juventud. En el 52% de los casos, las víctimas son personas menores de 25. En el análisis de la implicancia de las diferentes fuerzas de seguridad, los estudios de CORREPI afirman que un gran número de los casos recae sobre los servicios penitenciarios y las policías provinciales, con más de mil y de dos mil víctimas, respectivamente. Continúa la Policía Federal Argentina que supera los 400 y le siguen otras fuerzas -seguridad privada, Gendarmería, Prefectura y Policía Metropolitana-, con menos cantidad registrada, pero no exentos de participación.
Nuevo escenario
Un dato adicional al nuevo estado de cosas proviene del interior del país. Verdú advirtió que muchos distritos modificaron sus legislaciones contravencionales: describen conductas que no son delitos pero que son tratados como si lo fueran para habilitar y justificar la detención. “Todas acciones que tienen directa relación con la necesidad de generar control social, en un marco de ajuste, de saqueo, que da motivo a que la gente salga a la calle a protestar y, por lo tanto, deba ser disciplinada de manera mucho más dura”, agregó.
La campaña fue presentada con una conferencia de prensa en la Legislatura porteña y luego ampliada con una movilización de Congreso a Plaza de Mayo. Se cumplía el vigésimo quinto aniversario de la detención, tortura y muerte a manos de la Policía Federal Argentina de Walter Bulacio, un joven de 17 años que aguardaba en el ingreso del Estadio Obras Sanitarias para disfrutar de un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. A la iniciativa se adhirieron cientos de organizaciones de derechos humanos, barriales, estudiantiles, sindicales, culturales, partidos políticos y familiares de víctimas.
“Es una de las peores herencias de la dictadura”, definió Enrique “Cachito” Fukman, integrante de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, durante la rueda de prensa. Y advirtió: “Una persona puede ser detenida por portación de cara y, de ahí en más, su destino pasa a estar en manos de las fuerzas de seguridad”.
Por su parte, Marcelo Ramal, legislador de la Ciudad por el Frente de Izquierda, expresó que “el Estado manifiesta su esencia represiva más que nunca cuando actúa de modo arbitrario, cuando reprime, agrede y mata a un joven simplemente por estar ejerciendo su papel directo de violentador de la vida y la libertad”, subrayó.
Verdú completó el argumento: “Las detenciones arbitrarias son ese enorme sistema que faculta a la Policía y a todo el conjunto de las fuerzas a detener a cualquiera, en cualquier momento y lugar, solamente porque se le dio la gana a ese funcionario de seguridad”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado argentino terminar con este sistema de detenciones arbitrarias el 18 de septiembre de 2003, pero desde la CORREPI denuncian que esa sentencia sigue sin cumplirse y atraviesa absolutamente a todas las gestiones hasta la actualidad. Como titula su último documento oficial, “Los gobiernos pasan, la represión queda. La lucha también”.
Mar 23, 2015 | destacadas, inicio
ANCCOM dialogó con distintos organismos para conocer cuáles son las agendas actuales en materia de Derechos Humanos. Cuatro líneas de trabajo y perspectivas sobre la temática nos brindan Abuelas de Plaza de Mayo, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Las temáticas abordadas por las distintas organizaciones, nos permiten conocer las conquistas y las deudas pendientes de nuestra democracia.
Lorena Battistiol de Abuelas de Plaza de Mayo
-¿Cuál es la agenda actual de las Abuelas de Plaza de Mayo como organización, en materia de Derechos Humanos? ¿Qué temas puntuales se están trabajando hoy?
-Desde Abuelas, se trabaja desde siempre sobre los tres pilares de memoria, verdad y justicia. Las Abuelas incansablemente siguen ofreciendo charlas para escuelas, agrupaciones y visitantes de la Casa. Por otro lado, se difunde la búsqueda, para atraer a personas que puedan aportar datos. Además, se siguen reconstruyendo historias de vida de nuestros padres detenidos y desaparecidos, mediante el Archivo Biográfico Familiar. Seguimos investigando y sumando nuevas estrategias y tecnologías, con el aporte de distintos organismos del Estado que contribuyen con documentación de manera más acelerada que tiempo atrás.
-¿Se modificó en algo la búsqueda de nietos a partir de la aparición del nieto de Estela de Carlotto?
-La búsqueda no se modificó. Lo que sí aumentó, en ese momento, fue la cantidad de presentaciones espontáneas de personas con dudas, y además, la gente que tuviera algún dato, se animó a llamar.
-¿Qué cosas te parece que se modificaron en los últimos 10 años en materia de derechos humanos? ¿Y qué creés que faltan por hacer?
-La búsqueda de los nietos apropiados es un universo pequeño, dentro del campo de los Derechos Humanos. Desde Abuelas, puedo decir que el factor principal es que el Estado se ha hecho cargo de la investigación, sosteniendo a la Institución hace justamente 10 años. En relación a nuestro trabajo, se han acelerado los tiempos de análisis y de judicialización de casos. Hemos conseguido más espacios para difundir la búsqueda, y esto hace que quien comienza a tener una pequeña duda, esté en rango o no, acude a Abuelas como primera instancia. También, hemos podido juzgar a los asesinos de nuestros padres y a los apropiadores de nuestros hermanos. Falta seguir trabajando para encontrar hasta la última persona apropiada.
-¿Cómo llegaste a contactarte con las Abuelas? ¿Qué dudas tenías y cómo llegaste a crear el blog «tus hermanas te buscan”?
-Yo no soy una nieta restituida, sino una hermana que busca. Mis padres desaparecieron el 31 de agosto del ´77 en la localidad de Boulogne, Partido de San Isidro. Mi mamá llevaba un embarazo de 6 meses, y es a ese bebé nacido en cautiverio a quien buscamos. Él o ella, posiblemente haya nacido en Campo de Mayo para fines de 1977. El blog lo creamos como una forma más de búsqueda, difusión y de aporte a la lucha.
-¿Cuál es para vos el medio más efectivo para encontrar a los nietos que faltan?
-Todos los medios son efectivos. Muchos de los nietos cuentan que tal vez, haber visto en televisión a uno restituido, al escuchar a alguna Abuela en la radio o haber leído una nota, les sirvió para acercarse. Creo que lo más importante es el relato. Contar la propia historia, para que muchos otros sepan que no están solos, que acá somos muchos esperándolos, buscándolos y que en su familia biológica van a encontrar todo el amor y la contención necesarios para pasar esa transición de cambio de identidad.
-¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo cuando una persona que se acerca a Abuelas, tiene dudas sobre su identidad?
En principio, cuando una persona se acerca a Abuelas con dudas se le da un turno previo. Cuando llega ese momento, se le brinda el tiempo necesario para que pueda relatar su historia con lo que sepa de su llegada a su familia, y además, presentar la documentación que haya traído. Una vez que tenemos la charla con esa persona, se deriva su documentación a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI. Allí se le otorga un turno en el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde los especialistas realizan una extracción de sangre, para poder buscar coincidencias genéticas con alguno de las personas buscadas. Si lo desea, puede ser acompañado/a por alguien. Luego, hay que esperar el resultado. Siempre se lo/a llama para darle el mismo, sea negativo o si tenemos la felicidad de celebrar un positivo.
Mariela Belski de Amnistía Internacional
-¿Cómo es la agenda actual a nivel nacional?
-En Argentina trabajamos fuertemente en el acceso a la salud sexual y reproductiva y, en ese sentido, tenemos una campaña muy fuerte respecto de la despenalización del aborto con intenciones a generar un debate profundo e informado. En nuestro país el aborto es la primera causa de mortalidad materna. Es un tema importantísimo que no está instalado en la agenda. Nosotros trabajamos para informar y para que la gente entienda que las mujeres tienen derecho a decidir qué hacen con su cuerpo. Además, hacemos difusión acerca de la implementación del aborto permitido. En Argentina está permitido abortar desde 1991 de acuerdo al código penal, sólo cuando hay peligro de vida para la mujer o para su salud, o cuando hubo violación. En esos tres casos está permitido. Sin embargo, ni siquiera se realizan abortos en esos casos. Por otro lado, la segunda parte de la agenda hace referencia a las comunidades indígenas. Trabajamos particularmente con la comunidad QOM, de Formosa. Además se está elaborando un mapeo del conflicto indígena en el país. La tortura también es otro de los temas de agenda. En estos días presentaremos en una audiencia en el Sistema Interamericano de DDHH, junto a defensores públicos de distintas provincias, un informe por hechos de tortura en tres provincias: Buenos Aires, Santa Fe y Chubut. Si bien hay un protocolo de prevención contra la tortura, no se implementa. Nos preocupan además los casos de violencia de género y, en ese sentido, trabajamos haciendo un relevamiento de todas las sentencias judiciales que hubo en estos últimos años, lo cual no sólo nos muestra patrones sobre la problemática sino cómo son los jueces, si incorporan o no estándares en DDHH, o, por ejemplo, si hay diferencias en las sentencias según el género. Por otro lado, trabajamos temas vinculados a armas, por ejemplo el reciente debate referido al uso de las Taser. AI tiene una posición muy fuerte con respecto a ello, que está incluida dentro del informe que presentó en el Tratado de Comercio de Armas en Naciones Unidas. Allí hay mucha información con respecto al uso de Taser. Se trabaja además en Verdad, Memoria y Justicia con familiares de víctimas de la AMIA y con familiares y víctimas del Franquismo, acompañando a la querella en juicios contra el Estado español.
-¿Qué balance puede hacer de estos diez años en materia de políticas de DDHH?
-Creo que este gobierno hizo mucho por el reconocimiento de derechos a distintos sectores, pero eso no quiere decir que hizo todo. Como directora de una organización de DDHH, aunque al gobierno no le guste, no puedo decir que se hizo todo. Hicieron en un contexto político y social determinado. Hay que reconocer que en estos diez años se realizó una ampliación de derechos muy importante. El tema de los DDHH ha estado en la agenda, eso es indudable. Todo el trabajo que han hecho en relación a la apertura de los juicios a los responsables del proceso. Creo que ha habido gestos sumamente valorables que tuvo este gobierno a la agenda de verdad, memoria y justicia. Eso es indiscutible y deseo que los gobiernos que vengan no abandonen esta agenda. La Asignación Universal por HIjo es un política inclusiva que no se puede dejar de mencionar. Sin duda, la ley de matrimonio de personas con el mismo sexo es una política innovadora en DDHH. Argentina suele marcar tendencia a nivel regional con sus avances. La ley de identidad de género y el reconocimiento a la comunidad LGBT son sumamente valorables. De todos modos, creo que dejaron de lado cuestiones que no dejan de ser DDHH y no dejan de ser importantes, y que uno desearía que sean tenidas en cuenta. Mi temor, como directora de una organización que promueve el acceso a derechos, es que el discurso de los DDHH se ha usado mucho por este gobierno, y eso ha alienado a mucha gente. Aquellos que escuchan hablar sobre DDHH y no están a favor de este gobierno se alienan. Es un riesgo. Es muy probable que los candidatos opositores, con tal de diferenciarse de este gobierno, no trabajen la agenda de los DDHH porque saben que aliena a su electorado. Esto es muy preocupante. Los candidatos opositores deberían elaborar una propuesta de cómo van a abordar el tema y cuál será su agenda en DDHH. Diferenciarse de este gobierno pareciera ser lo mismo que “no hablar” de DDHH.
-Señalaste como una de sus preocupaciones principales la de los pueblos originarios ¿Cuáles son los principales focos de conflictos al respecto?
-A nivel general, el principal reclamo de las comunidades indígenas es el referido al reconocimiento de sus tierras ancestrales y que se los reconozca en términos de que se les dé un título. Es la mayor lucha de estas comunidades, aunque esa situación desencadena también un déficit en el acceso a derechos básicos. Estas comunidades viven en condiciones de extrema pobreza y, por lo tanto, no tienen acceso al agua, a la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la vida digna. Otro problema es el de la protesta y el de su criminalización. Éste, y el anterior, son dos conflictos que están atados. Las protestas por tierras son silenciadas y reprimidas violentamente por gobiernos provinciales, no todos. La problemática está en cómo lucha una comunidad tan pequeña y con poca información frente a grandes negocios de gobiernos y empresas.
-¿Hay alguna política activa de parte del gobierno nacional?
-No. Yo creo que esta es la gran deuda de este gobierno en materia de DDHH. No han hecho nada respecto de las comunidades indígenas. No es un tema que les preocupe. A la vez, me preocupa que tampoco sea un tema que la oposición tenga en agenda. Nos cuesta identificar legisladores con los cuales hablar y compartir preocupaciones con respecto al tema. Estas comunidades necesitan visibilizarse, de lo contrario, no se sabe lo que pasa. Por momentos somos como un nexo entre ellos y el gobierno. Hace poco, durante un conflicto con los QOM en Formosa, estuvimos permanentemente en contacto con el Ministerio de Seguridad para evitar que escale el conflicto.
Marcela Perelman del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
-¿A qué apunta hoy la agenda del CELS?
-Actualmente la agenda apunta a trabajar los núcleos más relegados de violaciones a los DDHH que son los de violencia policial, donde aparecen casos de gatillo fácil, la relación de la gendarmería con los barrios, el hostigamiento policial y en su contracara la seguridad democrática. También consideramos la violencia carcelaria, la sobrepoblación, la tortura, la debilidad de la defensa en la justicia, las irregularidades. Conjuntamente, trabajamos sobre el funcionamiento del sistema de justicia, que está vinculado con las condiciones de acceso a la justicia. También el mercado de tierras es una problemática que toca el acceso a la tierra y la vivienda. En estas situaciones, como por ejemplo los desalojos, se concentran muchas situaciones de violaciones a los DDHH. También estamos dando discusiones a nivel internacional. Siempre se usaron los foros internacionales, pero ahora queremos trabajar más allá de lo interno, repensar como es el trabajo global. Creemos que ha cambiado el peso específico de las voces del sur global en los organismos internacionales y trabajamos en conjunto con otras organizaciones para seguir profundizando ese cambio.
-¿Con qué modalidad trabaja el CELS con los DDHH?
-El CELS trabaja grandes temas siempre en equilibrio entre la denuncia y la incidencia. Así como el Estado puede violar los derechos humanos, también puede protegerlos. El CELS busca abonar a la idea de un Estado complejo, no monolítico, que contiene muchas instituciones con las que se trabaja de distintas formas. No trabaja solo, sino fortaleciendo y fortaleciéndose con otras instituciones, depende el área en el que se esté trabajando. A su vez, marca donde ve problemas y pendientes, donde hay que mejorar.
-¿Cuál es el balance del CELS acerca de las políticas de DDHH desde el regreso a la democracia y en particular desde el 2003?
-Hemos sostenido su agenda histórica pero la democracia la complejiza porque tiene sus propios problemas en el modo de funcionar. No todo en materia de derechos humanos es herencia, hay diversificación constante. Se lograron muchas demandas históricas que venían trabajándose desde un colectivo muy diverso de organizaciones. En particular desde 2003, valoramos positivamente las políticas con impacto en derechos humanos. Sobre todo la reapertura de los procesos de justicia, algo que venía desde antes de 2003 pero se profundizó en esa época. Consideramos que se llevaron adelante políticas muy valiosas que tienen mucho que ver con luchas originarias y demandas históricas. El 2003 recibió todas las demandas propias del 2001 cuando, por ejemplo, estaba muy deslegitimada la justicia y se dio la reforma de designación de jueces. A su vez veníamos de un contexto de represión de la protesta social con Menem y la Alianza y empezaron a modificarse prácticas policiales respecto del proceder de las fuerzas en las protestas sociales. En 2003 y 2004 comienza a notarse el gran cambio que implicó la prohibición a las fuerzas de seguridad de portar armas en las protestas sociales. Se trata de conquistas pero, como otras, no están dadas para siempre.
-¿Qué aspectos consideran que hay que profundizar o mejorar en materia de DDHH?
-Pese al balance positivo, consideramos que a lo largo de estos años han permanecido núcleos de reproducción de violación de DDHH serios, por ejemplo: se prohíbe la portación de armas pero eso no pasa en las fuerzas provinciales, sino sólo en las federales. La ausencia de una reforma profunda en las fuerzas de seguridad debilita algunas conquistas. Sin reformas más profundas lo que pasa es que se concentran y focalizan las violaciones a los DDHH. Aún permanecen las matrices más arcaicas en el Servicio Penitenciario, en los servicios de inteligencia, por decir algunos.
-¿Y en los últimos años?
-Si tenemos en cuenta los últimos 5 años, podemos ver que se dio la continuidad de algunas políticas positivas. Hay otras muy interesantes que no se implementaron acorde a sus propósitos iniciales. Esto se debe a controles débiles, un problema general es la debilidad en la capacidad institucional para llevar adelante estas políticas. Esto permanece condicionado por instituciones críticas como la policía o la misma justicia que reproducen las violaciones sobre determinados sectores de mayor vulnerabilidad.
Lucía Sánchez Vilar de Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)
-¿En que se basa el trabajo de CORREPI en la actualidad?
-Nosotros trabajamos sobre dos líneas que tienen que ver con la represión que se desarrolla en los barrios: todo lo que tiene que ver con hostigamientos, gatillo fácil, torturas en cárceles, emergencia sanitaria y todo lo que tiene que ver con persecución y represión a sectores organizados y de trabajadores. Hoy por hoy el laburo en los barrios es constante y llevamos algunas causas de algunos compañeros que han sido criminalizados. No nos consideramos una ONG, ni una organización asistencialista, ni de derechos humanos. Somos una organización anti represiva y queremos que todas las personas de este país se enteren que la policía no está para cuidarlos y a partir de ahí se desglosan un montón de cosas, como por ejemplo que no podemos vivir siguiendo en este sistema.
-¿En que se funda su actividad política?
-Nuestro objetivo político es dar una discusión en torno a un concepto relativo a que la policía está para cuidarnos. Nos parece que las fuerzas de seguridad no están para cuidarnos a todos. Están para cuidar a un sector determinado de la población: aquellos que tienen el poder. De ese objetivo principal decantan un montón de actividades, que van desde organizar los barrios en donde hay más casos de gatillo fácil -que es una de las tareas cotidianas que tenemos y por eso tenemos inserción en determinados barrios-, ir a dar charlas en facultades, proyectar documentales y discutir alrededor de eso, entre otras cosas. También nos ponemos en contacto con otras organizaciones anti represivas del país. A través de esto pudimos construir el Encuentro Nacional Anti Represivo. También gracias a algunos compañeros que son abogados, en la medida de nuestras posibilidades, intervenimos en los juicios contra gatillo fácil, donde la mayoría de las veces acusamos a un policía de matar a un pibe.
-¿Están trabajando en algún caso actual de gatillo fácil en el conurbano?
-Si, hay alrededor de cincuenta familias organizadas en CORREPI. Esta semana hemos tenido contacto con cuatro familias nuevas de Zona Oeste. El año pasado tuvimos la primera condena a un policía por el artículo 80.9 que contiene un inciso presente en el Sistema Penal y que nunca había sido utilizado en la Provincia de Buenos Aires. Ese inciso estrictamente dice que cuando un policía mata, le correspondería una pena mayor porque es un sujeto preparado para matar. Nosotros en todos los juicios vamos por ese inciso, porque es donde nosotros creemos que está la diferencia entre el pibe que salió a afanar y un policía que tiene una preparación técnica y profesional para eliminar a un adversario, y tiene un arma que porta y es del Estado. Ese caso en particular fue el de Fernando “Pata” Díaz, un pibe que vivía en Moreno.
-¿En qué consistió su caso?
-Él estaba discutiendo con la esposa, un vecino escuchó los gritos y llamó a la policía. La policía entró a la casa y lo mató. Le encontraron siete orificios de bala en el cuerpo, murió en el acto, por supuesto. Pero como ese caso hay muchísimos, lo que a nosotros nos interesa poner de relieve es la forma sistemática que tiene la policía de eliminar los problemas. En este caso fue matando, así hay 4400 casos, básicamente.
-¿Cómo es su relación con el día de la Memoria?
-Nosotros estamos dentro del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, y somos parte de la organización de la marcha que hacen la Izquierda y los sectores independientes del gobierno. CORREPI no acepta un solo peso, ningún subsidio de ningún órgano estatal de ningún tipo: nos financiamos con la militancia autogestiva de nuestros propios militantes. Lo que nosotros decimos de cara al 24 de Marzo es que no es una fecha conmemorativa ni mucho menos festiva, como en los últimos años lo ha querido convertir el Gobierno, haciendo festivales y hasta metiendo murgas en centros clandestinos de detención. Salimos a denunciar que hoy en día también hay represión. Hay compañeros que han sido asesinados en movilizaciones, también hay desaparecidos, así como también hay pibes que salen de su casa y reciben una bala en la nuca por un policía en la esquina de su barrio.
