Abr 26, 2016 | inicio
El futuro de fábricas y empresas recuperadas está en riesgo. Debido al aumento desmedido en las tarifas de luz y gas, la devaluación creciente, y la suba en los transportes públicos que encarecen el traslado de los trabajadores a su lugar de empleo, algunas cooperativas podrían tener que cerrar sus puertas. El martes 20 de abril, representantes del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y la Confederación de Trabajadores de Economía Popular (MNER-CTEP) tomaron el Ministerio de Energía y Minería para exigir que se los incluya dentro de la tarifa social. Por otra parte, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) se reunió el jueves con el legislador José Cruz Campagnoli, de Nuevo Encuentro, para presentar un proyecto de ley similar.
Eduardo Murúa, presidente del MNER y trabajador del IMPA, explicó a ANCCOM que desde que se conoció la resolución de aumentar los servicios, las cooperativas agrupadas han solicitado una audiencia al ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren. Ante la falta de respuestas, decidieron movilizarse y tomar las instalaciones. “Logramos tener una reunión con el subsecretario de coordinación administrativa Sebastián Scheimberg, que entendió el reclamo pero no dio ninguna solución”, explicó. Si bien el planteo inicial de MNER-CTEP era volver al monto anterior a la suba, lograron que se firme un acta de acuerdo donde el Ministerio se comprometió a crear un registro para rever la situación de cada una de las empresas recuperadas del país, con la finalidad de acceder a una tarifa diferenciada de servicio eléctrico. “Nosotros le pedimos hacer el esfuerzo de seguir conversando durante los próximos diez días para ver si se podía hacer algo en común, y no algo que contemple a cada una por separado. Pero bueno, en principio es lo que conseguimos”, aclaró Murúa.
Las fábricas y empresas recuperadas son fruto de la crisis política, económica y social que explotó en el país en 2001, pero que venía gestándose principalmente desde la dictadura del 76. Destrucción del Estado garante de derechos, reducción salarial masiva, concentración de la riqueza, endeudamiento externo desmesurado, desocupación y obediencia a las recetas del FMI son algunas de las medidas que se iniciaron en aquel entonces y que, durante el menemismo, se llevaron al extremo hasta que muchas empresas quebraron o fueron vaciadas por sus dueños.
Según explica el colectivo lavaca en su libro Sin Patrón –que recoge la historia de 166 empresas recuperadas en Argentina– en la década del noventa la estrategia de la represión se cambió por la del desempleo y la exclusión social: la desaparición económica de las personas. Con el trabajo flexibilizado y los despidos masivos, nació una “no” clase, sin derechos y solo preocupada por la mera subsistencia. En ese contexto, que terminó de complejizarse durante la presidencia del radical Fernando De La Rúa, fábricas y empresas empezaron a vaciar y cerrar sus establecimientos. Ante esa situación, los despedidos tomaron sus lugares de trabajo, y volvieron a ponerlos en funcionamiento a través de cooperativas.
Carlos Saso, presidente de la Cooperativa Maderera Córdoba, recuperada por sus trabajadores.
¿Por qué una cooperativa? lavaca esboza tres razones. En primer lugar, porque de esta forma no son heredadas las deudas, delitos y penas del anterior propietario: solo se recupera la producción. En segundo lugar, son organizaciones que reconocen el trabajo y la solidaridad como capital suficiente para iniciar una empresa. En tercer lugar, construir una sociedad en Argentina tiene un costo económico mucho mayor que darle forma legal a una cooperativa. Además, tienen dos características fundamentales. Por un lado, sus miembros no cobran un salario, sino que se reparten los excedentes. Y por el otro, los socios que se retiran no tienen derecho a reclamo indemnizatorio, ya que el único valor de la constitución es el trabajo. Incluso, si la sociedad entera se disolviera, el estatuto determinará a quiénes deberán donar los fondos.
La tradición del veto
Mauricio Macri, durante su gestión al frente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vetó dos normativas que beneficiaban a las fábricas y empresas recuperadas. El régimen de protección de estas cooperativas, en la ciudad de Buenos Aires, comenzó en 1999, a partir de la ley 238 promulgada por Aníbal Ibarra, que se prorrogó hasta 2011 mediante otras dos leyes –la 1529 y 2970-, sancionadas en 2004 y 2008 respectivamente. En 2011, Macri vetó la ley 4008 aprobada por unanimidad en la Legislatura porteña, que establecía extender la protección unos años más, como lo hicieron las normas anteriores. Pese a eso, los distintos bloques trabajaron y redactaron una nueva norma, la 4452, con el propósito de resguardar esas experiencias productivas colectivas. Pero también terminó en el veto macrista.
A diferencia de lo ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, en 2011 se modificó la Ley Nacional de Quiebras y Concursos. Esa reforma facilita que los trabajadores organizados en cooperativas se hagan cargo de la empresa, tomando como moneda de pago todos los créditos laborales al momento de la quiebra, incluida la indemnización, salarios caídos y otras remuneraciones y derechos no abonados.
En los últimos meses, la situación de los trabajadores de las empresas recuperadas ha ido desmejorando. Las ventas han decrecido y los servicios y bienes necesarios para vivir aumentan cada vez más. La suba de la luz, según dijo Murúa a ANCCOM, en algunos casos llegó a siete veces más que la tarifa anterior. “El conjunto de medidas del gobierno actual no solo provocó una caída en las ventas de las empresas recuperadas, sino también una devaluación que afecta directamente al salario de los trabajadores y una recesión en toda la economía”, opinó el presidente de MNER.
El taller gráfico Conforti, ahora Cooperativa Gráfica Patricios, fue creado en 1952.
Gráfica Patricios
El taller gráfico Conforti, ahora Cooperativa Gráfica Patricios, fue creado en 1952. En marzo de 2003 comenzó la toma y posterior recuperación del establecimiento, ya que desde 1998 Raúl Gonzalo, su antiguo dueño, no pagaba a sus empleados lo correspondiente (en la Navidad de 2002 llegó a darles un paquete con diez monedas de un peso). Durante 2002 y 2003, no solo se incumplían los salarios, sino que comenzó el vaciamiento de la fábrica despidiendo a los empleados y traspasando trabajos que habitualmente se imprimían en la gráfica a otra que tenía el propietario. En noviembre de 2003, la Legislatura porteña expropió de manera definitiva las máquinas a favor de la cooperativa, y en 2004 hizo lo mismo con el edificio, el que están pagando en cuotas que se extenderán hasta veinte años después del nacimiento de la cooperativa.
Gabriel Rojas, uno de los asociados de la gráfica, opina que “estamos entrando en este momento en lo que era el 2001. Se empieza a desactivar la economía atacando a las empresas públicas y después las privadas empiezan a ver que también pueden despedir gente”. Además de la luz, el aumento de tarifas que más les afectó fue el de gas, ya que las rotativas tienen un horno. Otro costo fijo que creció durante el 2016 fue el papel: “Cuando asumió Macri fue lo primero en subir, un 30 o 40 por ciento. Tenemos que ver qué es lo que pasa, ya que nuestro trabajo bajó bastante. No sabemos qué es lo que va a venir y qué capacidad de respuesta podemos tener. Llegaron ellos, llegó el neoliberalismo, los precios subieron y los salarios no”, consideró Rojas.
Maderera Córdoba
Debido a una mala administración y al efecto de la crisis económica, la maderera fundada por Vicente Biglia –y manejada posteriormente por su hija–, entró en 2001 en convocatoria de acreedores y siguió trabajando dos años de modo cada vez más precario. En 2003, decretada la quiebra, los trabajadores fundaron la cooperativa en una casa vecina donde funcionaban las oficinas, ya que el local estaba con faja de clausura. En julio de 2004 consiguieron la expropiación temporaria del inmueble y las máquinas, y actualmente tienen la expropiación definitiva con cargo a pagar en veinte años.
“No nos llegó la nueva factura de luz”, dijo preocupado Carlos Saso, presidente de la cooperativa. ”Estábamos pagando 2.000 pesos en diciembre y en febrero llegó una boleta de más de 6.000. Con las máquinas usamos el servicio permanentemente”, aclaró. Saso contó a ANCCOM que a causa de la devaluación sus excedentes se han reducido un 50 por ciento. “Hay algunas empresas que aumentaron el salario un 20 por ciento a sus trabajadores. En cambio, acá no llegamos ni al 15, porque no podemos. Como la venta cayó se nos hace imposible. Y teniendo en cuenta que el nivel de vida es cada vez más caro, que los servicios también aumentaron en cada una de nuestras casas, como así también los transportes, esto es cada vez peor. Yo vivo en Moreno, cargaba 100 pesos la SUBE y me duraba toda la semana. Ahora no me dura ni dos días”, explicó.
Alé Alé
Alé Alé es una cooperativa gastronómica de las más recientes. Nació a partir del vaciamiento que empezaron a hacer los propietarios en marzo de 2012. En ese año, cerró La Zaranda, otro restaurante del grupo OJA –también dueño de Don Battaglia, Los Chanchitos, Mangiata, y La Soleada, todos actualmente recuperados–, y eso fue lo que los alertó. “Cuando nos enteramos que la próxima era Alé Alé empezaron los conflictos. Ya veníamos con varios meses sin cobrar y además era muy obvio que iban a cerrar. Vaciaron las oficinas, la mercadería no era la misma. Estaban echando a la gente, querían bajar la clientela y demostrar que el restaurante no era viable”, contó a ANCCOM Andrés Toledo, presidente de la cooperativa. En enero de 2013 tomaron el local, y durante ese año tuvieron cinco intentos de desalojo. Superado el último, a cargo de la Policía Metropolitana, los trabajadores de la cooperativa se reunieron con los dueños. “Recibimos el apoyo del gobierno nacional de ese momento. Nosotros necesitábamos un tiempo para mudarnos, y el Estado se comprometió a hacerse cargo, cuando encontráramos el lugar, de las refacciones, traslados y equipamiento. Yo les pedía un año y los propietarios querían tres meses. En ese tiempo no podíamos hacer nada, así que terminamos arreglando ocho. El Estado nos transfirió el dinero a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)”, explicó Toledo. Finalmente, inauguraron la nueva sede en septiembre de 2014.
Respecto a su situación actual, el presidente de la cooperativa informó que cayeron un 30 por ciento los excedentes. “La gente no sale. Los costos fijos crecieron mucho, más del doble. De luz nos venía entre 7500 y 8000 pesos, y ahora estamos pagando 22000. El gas aumentó el triple aproximadamente. Y no podemos trasladar todo a los precios, porque la gente no solo busca calidad y cantidad. No los tocamos desde noviembre. Es preferible llevarnos menos dinero, y no que los clientes dejen de venir”, agregó.
La cooperativa Alé Alé nació a partir del vaciamiento que empezaron a hacer los propietarios en marzo de 2012.
La Casona
La pizzería ubicada en Corrientes y Maipú, nació como cooperativa en julio de 2014. Durante los meses anteriores, la empresa New Nort S.A. había comenzado a despedir a los empleados más antiguos y a suspender el pago de salarios. Los días previos al conflicto, los encargados de la firma se llevaron los aires acondicionados y otros elementos del lugar. Los trabajadores tomaron el establecimiento, y al día siguiente el dueño de New Nort S.A. les entregó la llave y comenzaron a funcionar como cooperativa.
Sin embargo, actualmente tienen un problema con la empresa Mercedes S.C.A., propietaria del inmueble. Los primeros días de abril, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó por unanimidad un proyecto que declara preocupación por la continuidad laboral de los trabajadores. “Tenemos un problema con el tema del alquiler”, contó a ANCCOM Daniel Fernández, socio fundador de la cooperativa. “Nos dijeron: hagan buena letra que nosotros en diciembre, que se vencía el contrato con la empresa quebrada, les empezamos a cobrar a nombre de ustedes. Cuando llegó ese mes, nos dijeron que a partir de la fecha nosotros éramos ocupas, y nos iniciaron un juicio de desalojo. Ellos tendrían que haber ido a la quiebra a cobrar los meses de alquiler que todavía les adeudaba New Nort S.A., y como vieron que no iban a sacarle un mango, nos empezaron a cobrar a nosotros con la promesa de renovarnos el contrato”, explicó Fernández. Mario Romero, presidente de la cooperativa, agregó: “Si en julio de 2014, cuando arrancamos, nos hubieran dicho que no iban a alquilarnos más, la cooperativa hubiese tomado otro rumbo. Con toda esa plata que se destinó en alquiler podríamos habernos ido a otro lado”. En este momento, según explicó otro trabajador de la cooperativa, Gonzalo Ruiz, están clausurados ya que al no estar el alquiler a su nombre, tampoco lo está la habilitación.
La empresa New Nort S.A. había comenzado a despedir a los empleados más antiguos y a suspender el pago de salarios y los días previos al conflicto, los encargados de la firma se llevaron los aires acondicionados y otros elementos del lugar.
El aumento en los servicios es otro de los motivos que dificultan el funcionamiento de la cooperativa. Según expresó Daniel Fernández, pasaron de pagar 8000 pesos de luz a 42000: “Ese fue el primer sartenazo que nos pegaron. Y después hay que pensar que aumentó todo, la mercadería, el colectivo. Van cuatro meses y todavía no vemos un panorama que ayude al trabajador, y menos teniendo en cuenta los despidos que hubo en el sector público y privado. Los excedentes bajaron muchísimo, ya que todos esos aumentos son menos retiros que podemos hacer. Lo que queremos es abrir y trabajar. Que la cooperativa funcione”.
Mar 8, 2016 | inicio
“Autogestionada”, “Independiente”, “Del productor al consumidor”. Estos carteles pueden leerse como una invitación para que los transeúntes se animen a entrar en la tienda Prisma, el comercio de ropa manejado por la Cooperativa Hombres y Mujeres Libres, ubicado en Federico Lacroze 4181, un espacio cedido por la Asociación Mutual Sentimiento que se halla pegado a la entrada de la estación del ferrocarril Urquiza, en el barrio porteño de Chacarita.
Allí, en el primer piso de la mutual, funciona el taller. Es un espacio amplio de unos cuarenta metros cuadrados, con luminosos ventanales –importantes para la meticulosa tarea del bordado y el estampado-, máquinas de coser distribuidas a los costados de las blancas paredes, tintas de muchos colores y telas de variados tipos que en poco tiempo se convertirán en blusas, pantalones, vestidos, bolsos y tantas otras prendas más. Un gato blanco remolonea entre unas bolsas, y, esparcidos en el piso, como si fuera una alfombra rala, están los juguetes de los hijos de los trabajadores y trabajadoras que integran la asociación. Una estampa de informalidad familiera y compromiso laboral.
Hombres y Mujeres Libres es un emprendimiento cooperativo dedicado al rubro textil y está conformado por trabajadores que han vivido en contexto de encierro y por familiares de personas que se encuentran detenidas. Esta empresa cooperativa inició sus actividades en junio de 2013, luego de años de haber sido soñada por sus protagonistas, cuando todavía se encontraban privados de su libertad.
Marta Álvarez, una de las artífices del proyecto cooperativo.
Lo que había comenzado como una charla informal entre Claudio Castaño y Marcelo García, amigos en distintas penitenciarías, germinó en un proyecto de vida para no volver a perder nunca más la libertad. En ese sentido, resultó fundamental el acompañamiento de Verónica Peloso, quien visitaba periódicamente a su actual esposo, Claudio. Más tarde se sumarían Marta Álvarez -mamá de una persona detenida y quien transmitió su conocimiento en la confección de prendas-, Diego Areco, y los hermanos Lorenzo y Lucas Monasterio.
Claudio, hoy de 44 años, rememora ese momento: “La idea nació en Marcos Paz (n. del r.: Complejo Penitenciario Federal II de Buenos Aires). Sabíamos que con antecedentes delincuenciales se nos iba a ser muy difícil conseguir trabajo. Partimos de la idea de buscar un trabajo con identidad y de encontrar un espacio que sea nuestro”.
Actual secretario de la cooperativa, Claudio conoce en carne propia las dificultades que tienen los liberados para revincularse en la comunidad: “Quienes pasamos por contexto de encierro somos súper estigmatizados y estamos en estado de vulnerabilidad emocional. La sociedad nos pega un cachetazo. Tenemos muchos compañeros que hoy están adentro de las cárceles y que querrían cambiar su modo de vida, pero salen y vuelven a entrar enseguida”, asegura. Claudio está convencido además de que si hubiese un mejor acceso a la educación y mayores posibilidades de trabajo, las penitenciarías no tendrían una sobrepoblación compuesta por individuos de las clases más castigadas.
“Fue todo un aprendizaje, porque veníamos de otra realidad, otra cotidianidad y otra naturalidad”, dice Claudio. Por eso considera de suma importancia la ejecución de políticas de Estado que, “sin clientelismos de ningún tipo”, apuesten por la inclusión del preso a la comunidad. “El Estado debe visibilizar, transmitir y fomentar este tipo de prácticas, que son una buena alternativa para que entre todos incorporemos a las personas que hemos estado en contexto de encierro por diversos motivos”, explica Claudio.
“La idea nació en Marcos Paz . Sabíamos que con antecedentes delincuenciales se nos iba a ser muy difícil conseguir trabajo”, explicó Claudio Castaño.
Verónica (44) no ha estado detenida, pero conoce con dolor propio las dificultades que padecen en particular los familiares de aquellos que se encuentran privados de su libertad. “Yo sabía que no quería volver a pasar por una situación parecida a la de la visita. Es muy feo la requisa, el maltrato, la prepotencia de las guardias”. Por esta razón, se propuso ir contra viento y marea con tal de que el proyecto de una cooperativa textil se haga realidad una vez que Claudio recobrara su libertad, “para nunca más volver”. Relata que los comienzos se hicieron cuesta arriba, sobre todo porque tenían pocos elementos para iniciar la actividad, apenas una sublimadora pequeña para realizar los estampados y una vieja máquina de coser que pertenecía a una tía de Claudio. Más tarde tuvieron acceso al Programa Empleo Independiente, otorgado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, el cual les permitió capacitarse y comprar equipamiento e insumos. A ese período ella lo define como “todo un proceso de transición”.
Los miembros de la cooperativa no dejan de agradecer el impulso -y el espacio- que les dio la Mutual Sentimiento, la cual está conformada por ex presos políticos y exiliados de la última dictadura cívico-militar argentina.
Marcelo tiene 49 años y pasó casi la mitad de su vida encerrado. Lo que él define como “el compromiso de militar por el beneficio de los demás y de uno mismo” empezó ni bien tuvo la posibilidad de acceder, junto a su amigo Claudio, al programa UBA XXII de la Universidad de Buenos Aires.
“Lo que a mí me manden hacer yo lo hago. Hay cosas que hago mejor y otras que no tanto, pero si hay que estampar, coser, arreglar las máquinas, atender el local, salir a la calle a vender, ir a buscar las telas, las tintas, a nada le digo que no”, detalla Marcelo García.
Marcelo, asegura, siempre tuvo predisposición para el trabajo: “Lo que a mí me manden hacer yo lo hago. Hay cosas que hago mejor y otras que no tanto, pero si hay que estampar, coser, arreglar las máquinas, atender el local, salir a la calle a vender, ir a buscar las telas, las tintas, a nada le digo que no”, aclara el participante de No nacimos delincuentes, el ciclo radial de temática asociada a la revinculación social de ex detenidos que se emite por Radio Libre FM 99.3 y que también pertenece a Hombres y Mujeres Libres. “El ciudadano común -sostiene- vive de un trabajo para vivir y mantener a su familia. Nosotros, los presos, no estamos exentos de esa realidad”. Y agrega: “Es fundamental que en los contextos de encierro existan capacitaciones laborales reales, no ficticias como pegar manijas de bolsitas, sino un trabajo genuino en función de las capacidades y potencialidades que tenemos todos”. Y también advierte del compromiso que le debe tocar al resto de la sociedad: “Cuando el preso sale está emocionalmente sensible y rechaza todo aquello que pueda serle útil, y ahí es cuando se hace necesario la existencia de más cooperativas, más apoyo del Estado y de la sociedad en general, que suele estigmatizarnos. Entonces no hay que dejar de trabajar tanto puertas afuera como adentro”.
Los miembros de Hombres y Mujeres Libres realizan periódicamente ferias en las que toman contacto con otras cooperativas y con el público que conoce poco estas asociaciones alternativas. Ellos piensan que la reinserción se hace colectivamente, por eso buscan transmitir la experiencia a todos. Así quienes se encuentran detenidos puedan tener la opción del trabajo asociado y sin patrones. Para, como ellos mismos dicen, dejar atrás lo que fue el encierro, en beneficio del conjunto social.
Mar 8, 2016 | inicio
Es fácil entrar en La Robla y sentirse como en casa. The Cranberries suena suave y a ese ritmo, los mozos, miembros de la Cooperativa de Trabajo que gestiona el restorán, realizan dulcemente su trabajo. Un cartel de neón en tipografía caligráfica anuncia la existencia de cerveza tirada. Sus veinticuatro mesas están perfectamente decoradas. La vinoteca, que hace ocho meses había sido abruptamente incautada por la policía, se luce sobre la barra. La Robla, Bar y Cooperativa tuvo, como indica el mantelito de papel que se balancea sobre la mesa, épocas de abundancia y de decadencia.
La administración de Alex Gordon (dueño también de la conocida cadena de comida rápida Nac &Pop), llevó a la histórica marisquería a la quiebra. Pero como un ave fénix en pleno vuelo, el Bar La Robla se ha recuperado y sobre sus cenizas ha tendido un nuevo comienzo. Muy cerca de Plaza de Mayo, en Chacabuco 82, sus distinguidos platos pueden volver a disfrutarse.
Claudio Oviedo, el presidente de la cooperativa, trabaja en el bar desde 1986 y vio pasar varias manos en la administración. “Hasta el 2013, cuando Alex Gordon tomó el mando de la casa”, señala a ANCCOM con cierta nostalgia en sus palabras. “Él se hizo cargo de todo, apareció ante nosotros como ‘salvador de la casa’, haciendo publicidad, promociones, haciéndola crecer. Luego usó el dinero para crear otra sociedad con el mismo nombre y para construir los Nac & Pop. Así es como empezó a amasar una enorme fortuna. Nosotros no nos preocupábamos por la parte gerencial de la casa, solo hacíamos nuestro trabajo. En un momento, Alex dijo que iba a desligarse de la casa dejando a otro gerente a cargo.”
La administración del dueño de Nac &Pop Alex Gordon llevó a la histórica marisquería a la quiebra en 2013.
Fue entonces que los trabajadores cayeron en la cuenta que no todo era tan color de rosa, cuando las deudas de todo tipo (proveedores, sindicatos, AFIP, jubilación), empezaron a aparecer, resquebrajando la fachada de la casa. Lo mismo sucedió con los Nac & Pop en forma casi simultánea. Mediante un abogado, les informaron que La Robla habría quebrado. Para su sorpresa, los trabajadores descubrieron que la sociedad de responsabilidad limitada a cargo de La Robla pertenecía a personas que ellos desconocían. En los papeles figuraban compras y ventas constantes. Cuando la empresa quebró, se hicieron cargo del funcionamiento general y así surgió la Cooperativa, en septiembre del 2014, que actualmente reúne 21 trabajadores.
Pero el 10 de junio de 2015 llegó el desalojo por orden judicial del local de Viamonte 1515 y los cooperativistas tuvieron que buscar otro rumbo. “No fue fácil tener que cambiar de bar luego del desalojo -esgrime Oviedo-; algunos de los miembros decidieron abandonar la cooperativa”.
La pérdida del predio se dio por un juicio que tenía Alex Gordon por no haber pagado el alquiler del local. “En ese momento, el juicio por desalojo estaba avanzado. Al principio íbamos a hablar con la mujer (la dueña), pero al entrar el último socio de Alex el trato con ella se fue deteriorando. Cuando fuimos a hablar con la mujer ya estaba con el abogado, no había otra cosa que hacer”, cuenta Oviedo con desconsuelo.
“El desalojo fue muy tenso, desde el comienzo hasta el final. Es duro ver que te están sacando de forma violenta las cosas de tu lugar, de lo que es tu trabajo. Yo estuve doce años ahí, me hubiera gustado que nunca hubiese pasado, pero por culpa de Alex Gordon tuvimos que atravesar esa experiencia”, dice Roxana López, la actual tesorera de la cooperativa.
En septiembre 2014, los trabajadores se hicieron cargo del funcionamiento de la marisquería y nació la Cooperativa.
El capitán Veto
El veto arrojado por el actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, se materializó el tres de febrero de este año. El mismo afectaba a la ley 5.500, que fue aprobada en diciembre del 2015, por la cual se permitía a los trabajadores de La Robla recuperar todos los bienes mobiliarios que habían quedado en la calle Viamonte.
“El veto es una clara muestra de la política que viene teniendo el Pro desde el año 2008 en la ciudad con respecto a no reconocer ningún derecho a los trabajadores de las empresas recuperadas”, dice a ANCCOM Ornella Notici, la actual abogada de la cooperativa. Las herramientas legales con las que se contrarrestó esta medida fue volver a impulsar en la Legislatura el proyecto y continuar en el proceso judicial de la quiebra pidiendo la compensación de los créditos laborales por los bienes de la empresa quebrada.
Acerca del veto, Roxana López nos explica: “Nos cayó muy mal, todavía no sabemos con exactitud por qué hizo lo que hizo, no tenemos una respuesta exacta. Ni bien lo leí me indignó, porque pensaba que estábamos por un camino correcto. Fue para nosotros un retroceso. No tenemos dinero para ir a comprar el mobiliario, hay muchas cosas que quedaron dentro del local de Viamonte que tratamos de recuperar, hay muchas cosas que simbolizan los treinta años de trabajo”. En ese sentido, agregó: “Es importante para nosotros seguir conservándolo. Fuimos estafados, nos quedamos en la calle, seguimos adelante y aunque sea queremos que la parte de los muebles que han quedado se ceda a la Cooperativa, simplemente para seguir trabajando.”
La resurrección
Claudio y Roxana saben que no es nada fácil llevar adelante una cooperativa, una organización muy distinta a la que estaban acostumbrados, sin un jefe que les diga qué deben hacer. Por lo cual representa un desafío lograr un consenso entre todo el grupo.
Luego de presentarse la quiebra, los trabajadores de La Robla siguieron trabajando como si nada hubiera ocurrido. Y tras el desalojo estuvieron dos meses y medio sin local, con lo que eso representa para los sueldos de los trabajadores.
El 10 de junio de 2015, llegó la orden de desalojo al histórico edificio de Viamonte. Los trabajadores estuvieron dos meses y medio sin local.
Recordando la pérdida de la primera sede, Oviedo dice: “Cuando pasó esto no sabíamos adónde pedir ayuda, dónde arrancar, qué hacer, estuvimos como dos meses y medio sin lugar. El gobierno nacional, por intermedio del Instituto Nacional de Economía Soliaria (INAES), nos dio un subsidio para poder continuar. Con algo que habíamos ahorrado y algo que invertimos, alquilamos el local y lo remodelamos, trabajando dos meses entre todos. En realidad es complicado cuando uno se muda de barrio hacer que la gente venga. Ya no estamos por la zona, todo es nuevo para nosotros¨.
El titular de la cooperativa continúa con su relato: “A la noche el lugar es muy quieto, no hay muchos negocios, entonces tuvimos que empezar de cero, conservando solo el nombre. Pero fue muy duro, uno quiere seguir en lo que conoce pero a veces no sé si seguir, muchos compañeros se preguntan si irse a otro lado. Es muy triste y complicado hacer que esto funcione. Son todas pequeñas pruebas que nos van poniendo, por ahora seguimos para adelante. Aunque por momentos nos cansamos. Así ocurrió con lo del veto.”
En cuanto a la situación económica de la cooperativa, dice Oviedo: “Hicimos una presentación de los créditos laborales que valen millones, por lo que pensamos que disponer de las cosas iba a ser más sencillo. Los proyectos que presentamos estaban relacionados con el hecho de que La Robla fue declarada Patrimonio Histórico y Cultural.”
Pintoresca, afable, con hermosos aromas y personas preocupadas, tolerantes y de iniciativa, La Robla salió adelante. A las 14 horas, a tres cuadras de Plaza de Mayo, el bar se llena de gente y parece sonreír a todo aquel que sepa lo que es perderlo todo y volver a levantarse. “El destino de los trabajadores de La Robla es el mismo que el del pueblo, seguir trabajando y luchar por resistir los embates de un gobierno antipopular y antidemocrático que atenta contra los derechos que supimos conquistar los sectores más humildes”, culmina Ornella Nociti.
Dic 7, 2015 | inicio
En las inmediaciones del cementerio de Chacarita, en la calle Girardot, se ubica la fábrica de pastas y tapas de empanadas y tartas La Litoraleña. A la diez de la mañana, los empleados se encuentran en su lugar de trabajo. Sin embargo, la producción está detenida. La fábrica está tomada. Las causas son el adeudamiento de cinco meses de salario y el despido de 32 empleados. “No somos delincuentes, somos trabajadores que queremos trabajar y hace más de cinco meses que no tenemos respuesta del dueño de la fábrica”, asegura a ANCCOM Luis Baini, delegado sindical de La Litoraleña, luego de la infructuosa audiencia de conciliación convocada para la primera semana de diciembre.
El conflicto comenzó hace varios meses. En un principio, el pago de los salarios estaba atrasado. Sin embargo, la situación empeoró hace algo más de sesenta días, cuando el sueldo dejó de cobrarse por completo. Para acentuar el problema, el viernes 30 de octubre llegaron 29 telegramas de despido, que se sumaron a otros tres anteriores que habían recibido en mayo. “Desde hace varios meses que están jugando con el desgaste. La situación se agravó cuando dejamos de llevar plata a nuestras casas y con el despido de los 29 compañeros, sin indemnización alguna”, sostiene.
Por estos motivos, 82 empleados decidieron tomar la fábrica para pedir, en primer lugar, la restitución de los 32 compañeros y, en segundo lugar, la cancelación de la deuda. “Nuestro principal objetivo es conseguir lo más inmediato y lo más justo. Ya no podemos volver a que nos paguen a cuenta gota y entrar a un concurso de acreedores de un año. Tenemos que definir esta situación inmediatamente por nuestras familias. Nuestras casas están vacías y, como consecuencia, nos estamos metiendo en un endeudamiento que nosotros no creamos”, refuerza Baini.
Según sostuvieron los trabajadores en conferencia de prensa el 1° de noviembre, la firma Deconti, dueña de la marca La Litoraleña, está concursada y cuenta con un pasivo de 83 millones de pesos y una deuda a la AFIP de 17 millones de pesos. A esta situación, se le suma una deuda con la Mutual 12 de Enero por una estafa, a partir de créditos personales de los empleados: “Nos descontaban de nuestros haberes, pero no pagaban”, resalta Baini.
Por este motivo, los trabajadores concuerdan en que el objetivo de la firma es jugar con el desgaste de los trabajadores a partir del retraso y la falta de pago. “Su objetivo es reducir el personal –sostiene Baini– y como no quieren pagar las respectivas indemnizaciones porque la mayoría de los empleados están hace más de quince años, pretenden que por cansancio renunciemos”.
Vaciamiento
Los trabajadores de La Litoraleña concuerdan en que los dueños de la firma Deconti planean un vaciamiento o reducción del personal para achicar costos. “Nosotros estuvimos produciendo hasta último momento, pero ellos no hacían otra cosa que jugar: ´si te pago no compro la materia prima, si compro la materia prima no te pago´”, afirma Baini. Por otro lado, los trabajadores despedidos tienen algo en común: son parte del personal más antiguo. Su despido refuerza esta idea. “A fines de octubre recibimos, junto a 28 compañeros, un telegrama de despido. Entre las causas estaban usurpación de la propiedad y obstaculización de la salida de mercadería”, cuenta Rubén Pérez, trabajador de La Litoraleña desde hace más de cinco años. Su situación lo preocupa, aunque sabe que sus compañeros no van a aceptar trato alguno sin que ellos sean reincorporados a sus puestos de trabajo.
A pesar de esta situación, el objetivo de los trabajadores es continuar con la producción de manera autogestionada a partir de la creación de una cooperativa. “Estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo. Nosotros queremos trabajar. Las máquinas están, la empresa vende. El tema es que no queremos hacerlo gratis para un patrón que no nos paga –sostiene Baini– Queremos trabajar para nosotros y para nuestras familias”.
Para lograr su objetivo, los trabajadores de la Litoraleña están recibiendo el apoyo de varios partidos políticos, entre los que se destacan el Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Al mismo tiempo, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) están presentes en su lucha. “Ante esta situación, recibimos apoyo de legisladores, comuneros y de FACTA. Sin embargo, el apoyo que realmente necesitamos nunca llegó. Las respuestas que recibimos por parte del Ministerio de Trabajo fueron insatisfactorias en todo momento”, afirma Baini.
Instancias de negociación
Varias fueron las instancias de negociación entre los trabajadores de La Litoraleña y los abogados de la firma Deconti. Sin embargo, la oferta siempre fue insatisfactoria para los empleados: “En las primeras conciliaciones nos prometían plata, pero nunca estaba. Y si lo estaba era muy poca. Con una remuneración de 12 mil pesos mensuales, nosotros llevábamos a nuestras casas 700 pesos por semana. No podíamos solucionar nada con ese dinero”, cuenta Baini. “En la última conciliación, desde el Ministerio de Trabajo nos ofrecieron una miseria. Ellos planteaban un acuerdo, pero su oferta era miserable. Nos ofrecían pagar 1500 pesos. Yo llego acá con esa oferta y los muchachos me parten la cabeza”, ironiza.
A pesar de las dificultades, la unión entre trabajadores los fortalece. Esto queda de manifiesto, apenas se divisa Girardot 345. Durante el día son varios los operarios que están en la vereda de la fábrica charlando y buscando una solución. Otros se mantienen dentro de la planta, en el comedor. Entre todos muestran aquello que afirman una y otra vez “la base está unida y fuerte”.
La lucha continúa
El empresario Rodolfo Conti no solo despidió a 29 trabajadores, sino que, ante la toma de la fábrica, también realizó una denuncia penal que fue resuelta, en un principio, a favor del reclamo de los operarios. La justicia de la ciudad de Buenos Aires dictaminó el jueves 12 de noviembre que la toma de la fábrica por parte de los 82 trabajadores no comete “ningún delito ni contravención alguna ya que la medida de lucha forma parte de un reclamo sindical”. Baini asegura: “Nosotros estamos ante un problema gremial, estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo. Desde ya que no se trata de una usurpación privada”.
Ataliva Dinani, abogado de Facta-CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo) acompañó a los empleados durante las negociaciones y los defendió ante la denuncia penal. “La Fiscalía actuante entendió que los trabajadores no estaban delinquiendo, sino que Rodolfo Conti estaba violando las leyes laborales –expresa Dinani– Por eso, los compañeros de La Litoraleña se encuentran cada día más decididos a mantener la medida de lucha”.
Sin embargo, luego del fallo a favor de los trabajadores, las denuncias no cesaron en su contra y, a fines de noviembre, el fiscal Norberto Brotto ordenó poner una consigna policial para evitar que ingresaran al edificio. “Nuestra idea es producir a pesar de la consigna policial y, con el apoyo de otros trabajadores, cooperativas y de Facta, poder comprar la materia prima. Exigimos al fiscal Brotto que nos deje trabajar tranquilos”, sostiene Baini.
Sus objetivos están claros: la incorporación de los empleados despedidos y el cobro de los sueldos atrasados. Mientras tanto, defienden su fuente de trabajo. Esa es su consigna y así lo comunicaron el 30 de noviembre en una conferencia de prensa que se realizó en la puerta de la fábrica: “Ya presentamos la documentación para constituirnos como cooperativa y poder defender lo nuestro a partir de la producción autogestionada”, finalizó Baini.
Jul 8, 2015 | destacadas
Celebrar la literatura es una tarea que trasciende los estantes de las librerías o cada estand de la Feria del Libro. Sucede todo el año, con un impulso constante y la mayor parte de las veces con pequeños -pero no menores- logros. Desde hace algunos años, de a poco y sin pausa, crece la oferta de libros de editoriales pequeñas y autogestivas, que generan un flujo constante de nueva narrativa, poesía, ensayos y textos académicos, entre otros. Los casos de Paisanita Editora, Alto Pogo y Ediciones La Parte Maldita reflejan, dentro de ese arco, el trabajo y la búsqueda de estos sellos para darle una identidad a sus catálogos.
Paisanita Editora comenzó con poemas y relatos breves editados en plaquetas, un soporte muy económico, con una encuadernación casera y acompañado por ilustraciones. Circula en algunas pocas ferias independientes y librerías. El sello, que hoy cuenta ya con tres volúmenes en formato libro (de los escritores Ariel Bermani, Enrique Decarli y Washington Cucurto), amplió su propuesta gracias a un crédito para sellos editoriales independientes. “Las grandes editoriales necesitan a ciertos escritores para prestigiar un catálogo que tiende, más bien, a la venta masiva; en cambio, las editoriales más chicas buscan obras para construir un catálogo de calidad sin otra finalidad. Tal vez su mayor interés sea que el libro salga lo mejor posible y celebrar ese acontecimiento”, sostiene su directora y también escritora Gabriela Luzzi. Paisanita Editora se propone dar a conocer autores inéditos o hallar obras de autores reconocidos que no hayan sido publicadas, siempre respetando un umbral que combine la calidad literaria con la lectura sencilla: “Quiero publicar los mejores libros que encuentre y si es posible de autores nóveles o marginales mejor», afirma Luzzi.
Marcos Almada es escritor y un apasionado de la lectura. “Llegó un momento en que nos encontramos leyendo a nosotros mismos. Nos moviliza el deseo de leer”, relata Almada. Su sello Alto Pogo, que en dos años ya cuenta con nueve libros, está formado por dos palabras que vienen de distintos lugares. La mezcla sugiere intensidad, contacto y se traduce en el concepto que guía el sello. Almada señala que el propósito es “mezclar los géneros, los estilos, las generaciones, y no circunscribirse a la idea de nuevos escritores”. Un dato curioso es que parte del catálogo pertenece a escritores poco conocidos, e incluso algunos de ellos no encajan dentro de la figura de escritor profesional: un carpintero, una bióloga, entre otros. El arte de tapa de los libros llama la atención. Almada se confiesa: “Muchas veces elijo un libro por el arte de tapa”. Alto Pogo sugiere un primer guiño a los lectores a través de las tapas, las graba en su memoria. Y los diseños de Paul Meketa, como el collage del popular Merca, de Loyds, hacen lo suyo.
Santiago Kahn es uno de los directores de Ediciones La Parte Maldita, creada en 2010. El nombre es una referencia ineludible con la obra de George Bataille. Se debe en parte a su tránsito por la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, donde leyó a aquél autor alguna vez. “Todo libro es también la suma de los malentendidos a los que dio lugar”, dice la cita de Bataille muy claramente destacada en la web de la editorial. Ediciones La Parte Maldita propone un reencuentro de las nuevas generaciones con el libro, no como objeto en sí sino como instancia de lectura; de hecho, todos los libros del catálogo están en versión digital para descarga gratuita. “El libro en papel tiene costos de impresión, pero la lectura debe ser libre”, afirma Kahn.
Luego de madurar cinco años en el trabajo y los yeites editoriales, Ediciones La Parte Maldita hoy busca que su catálogo sea una mirada sobre la narrativa y la poesía, entre otros géneros, pero siempre buscando socios y cómplices de otro lado. “No nos arrogamos ser la posta en cada tema”, reflexiona Kahn. El arco de edición va desde revistas culturales, contenidos académicos hasta nueva narrativa. Allí se destacan temáticas tan variadas como el aborto, la militancia en la década del ´70 o la reciente colección de literatura infantil El Salmón Sabio. “Tratamos de que cada libro tenga una mirada sobre su tiempo”.
Marcos Almada y Gabriela Luzzi
Los grandes grupos editoriales son los que poseen los mecanismos de distribución de mayor llegada. Como en tantos otros proyectos culturales autogestivos, la competencia con aquéllos lleva a mancomunar los esfuerzos para hacer contrapeso. Alto Pogo y Paisanita Editora forman parte de La Coop, una iniciativa de distribución que agrupa varios sellos pequeños. La Coop no refleja tanto un negocio, sino más bien una suerte de “activismo literario que celebre la nueva literatura”, señala Luzzi. “Hay que capitalizar esto que somos. Más que hacer prensa o publicidad, ir al lector y hacer presentaciones”, refiere Almada. Por otro lado, Ediciones La Parte Maldita participa de espacios como NHA (Nueva Historieta Argentina) y de AReCIA (Asociación de Revistas Culturales Independientes), con su revista cultural Maten al mensajero, que son otras ejemplos de trabajo colaborativo. “No sirve trabajar de una manera endogámica”, sentencia Almada.
Buena parte del peso de la producción literaria se sostiene por la actividad de una gran cantidad de sellos editoriales pequeños, de donde surgen nuevos autores, como una suerte de laboratorio. “Los grandes editoriales necesitan que haya un lado B para que la literatura siga viva”, afirma Luzzi. La idea es válida, sin embargo Kahn refiere que las grandes editoriales tienen mucho margen de error y, en cambio, la dinámica de los sellos chicos, ya sea en cuanto a qué editar y cuántos ejemplares, no permite esa posibilidad. Por su lado, Almada señala que el trabajo de la edición en pequeños sellos goza de otra dinámica: “Tenemos más tiempo, no nos apura nadie. Hay un poder de trabajo bastante importante.”
Para un escritor publicar en estos sellos o editoriales pequeñas puede ser la antesala del éxito. O no. Lo cierto es que la variedad de propuestas e identidades se reflejan en catálogos más o menos acabados (como si pudiera cerrarse un catálogo alguna vez). “El fenómeno de las editoriales independientes o autogestivas de los últimos cinco o diez años, y su impacto, todavía no se pueden medir”, reflexiona Kahn.
