Jun 29, 2016 | inicio
“Darío era un pibe que no era un pibe, a los trece años ya se afeitaba”, recuerda Jorge Escalada, militante de la primera generación del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) donde compartió filas con Darío Santillán, uno de los dos asesinados por la policía bonaerense el 26 de junio de 2002 en la estación Avellaneda. Hoy trabaja en la cooperativa Roca Negra, nacida del emprendimiento que fundara el propio Darío, desde donde impulsa nuevos y viejos proyectos de aquella militancia piquetera.
Son las doce del medio día de un martes invernal y en la bloquera de Roca Negra la jornada laboral ya finalizó. La lluvia de ayer dejó su marcas en el terreno donde se extiende el emprendimiento productivo, ubicado hace diez años en lo que supo ser el polo fabril de Monte Chingolo, hoy sólo empujado por la fuerza cooperativa. Para llegar es necesario atravesar unos cien metros descampados que la separan del camino General Belgrano al 4431, escenario en el que los colores primarios de la reja de entrada contrastan intensamente con aquel horizonte plomizo. El contraste se aprecia en todo el emprendimiento, donde sus gruesas paredes de hormigón se encuentran salpicadas de murales, carteleras y grafitis.
Jorge, trabajador y militante en la bloquera, compañero de Dario.
Luego de saludar, Jorge adopta un rol de guía y anima a recorrer el lugar donde hoy funciona no sólo la bloquera, sino también un bachillerato popular, un comedor, un jardín de primera infancia y una cooperativa textil. “Todo esto lo hicimos nosotros mismos con los bloques que producimos”, dice y señala el macizo edificio en constante obra, donde pese a que algunas ventanas carecen de vidrios y no todas las salas tienen techo, se evidencian los rastros de lo hecho a pulmón. “La cooperativa tuvo avances enormes en estos años, logramos presentar un proyecto en Nación y con esa plata compramos una bloquera nueva y cambiamos algunos techos, pero ahora la cosa se está complicando un poco más, el diálogo con el nuevo gobierno es nulo”.
Tanto Jorge como la bloquera nacieron en el barrio La Fé, en Lanús, donde el proyecto surgió en 2001 como respuesta a las emergencias habitacionales y económicas de la crisis; fue en ese contexto que el militante devenido en guía conoció a Darío Santillán. La mudanza a Roca Negra surgió como iniciativa de las Madres de Plaza de Mayo, quienes tras enterarse que ese terreno –abandonado durante décadas- entraba en remate judicial, alentaron al MTD a que tramite su toma y posterior expropiación. Desde el 2006, la bloquera funciona en ese predio y el proyecto presentado para su apropiación ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense.
“La cooperativa tuvo avances enormes en estos años, logramos presentar un proyecto en Nación».
Roca Negra nuclea a unas 200 familias y su injerencia en el barrio se percibe en las casas aledañas, construidas con bloques producidos por la cooperativa. Jorge relata con orgullo este hecho: “Tratamos de tener precios cercanos al costo –cada bloque tiene un valor de 12 pesos- para que todos podamos acceder a una vivienda digna. Esa fue la idea inicial del proyecto y la seguimos sosteniendo, con mucho esfuerzo, pero con la certeza de que es necesario generar un cambio social. En un principio Darío se lo cargó al hombro y ahora somos muchos más”.
En la bloquera trabajan diez personas, algunas como Jorge provienen de la primera camada, otras se sumaron al proyecto hace algunos años. Su objetivo es generar un producto de calidad y poder competir en el mercado con un precio accesible, pero también saben que para lograr esto es necesario un Estado que garantice políticas de inclusión y desarrollo: “Nosotros les planteamos a la Municipalidad de Lanús convertirnos en proveedores para todo lo relacionado a la obra pública, pero solo llegamos a vender pequeñas cantidades. Consideramos necesaria la intervención del Estado hasta que se produzca el cambio social.”
Mientras continúa el recorrido por las aulas del bachillerato, Jorge cuenta que ya son seis las camadas de egresados que pasaron por allí, y que las parejas pedagógicas además de enseñar el tronco común de contenidos promueven una conciencia autogestiva. “Los chicos están entendiendo que la salida es otra y que las cosas las conseguís si te organizás. Que el salvarse solo no va más y que hay que preocuparse por el otro. En este sentido, Darío es el mejor ejemplo para ellos, en cuanto a solidaridad y humanismo”. El título que obtienen los graduados es oficial, conquista que lograron mediante la lucha; ahora pelean por el reconocimiento de sus docentes.
Actualizado 29/06/2016
Actualizada 29/06/2016
Jun 22, 2016 | inicio
Al igual que muchos otros sectores de la economía social, cooperativas de trabajo agrupadas en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), la Federación Argentina de Cooperativas y Trabajadores Autogestionados (FACTA) y la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), entre otras, reclaman desde hace varias semanas a los Ministerios de Energía y Minería y de Trabajo por los aumentos en las tarifas de energía eléctrica, agua y gas. Según los cooperativistas, estas medidas del gobierno nacional ponen en riesgo sus fuentes de trabajo.
“Nosotros no vamos a bajar la persiana, no le vamos a dar el gusto a nadie”, sostuvo con seguridad Julio César Fuque, presidente de la cooperativa textil Kbrones, que pagaba $800 de energía eléctrica y ahora la factura ronda entre $3.500 y $4000. Kbrones fue creada en 2009 en la Unidad Penal 12 de La Plata con el fin de permitir la reinserción laboral de ex convictos, a los que luego se sumaron personas liberadas de talleres clandestinos. Situada en el barrio porteño de Barracas, hoy la cooperativa produce ropa de trabajo y está compuesta por 24 asociados. Sin embargo, entre los aumentos de tarifas e insumos y la apertura de las importaciones los ingresos han disminuido y algunos integrantes decidieron buscar otras alternativas laborales. “Nosotros los entendemos. Estaban acostumbrados a llevarse un retiro muy bueno y ahora que bajó el trabajo tiene que ser equitativo y llevarnos una monedita cada uno a casa para poder pagar la olla. Hay otros compañeros que no están acostumbrados a eso”, se lamentó Fuque.
En el caso del Hotel Bauen, la factura de luz pasó de los 24 mil a los 100 mil pesos mensuales, mientras que la de agua era de 65 mil pesos bimestrales y ahora es de 218 mil. La factura de gas todavía no llegó. Federico Tonarelli, presidente de FACTA, dice que desde el Bauen se hicieron gestiones con los directivos de AySA y, de las dos boletas que tienen, van a pagar en cuotas sólo una, a la espera de que salga alguna resolución que revoque los aumentos. Tonarelli asegura que es imposible trasladar este aumento a los precios del servicio del hotel y que los ajustes que han hecho no afectan estructuralmente su situación. Una de las medidas que han tomado fue cerrar el espacio del segundo piso donde servían el desayuno a los huéspedes y atenderlos en el bar abierto al público que da a la avenida Callao.
Las cooperativas presentaron recursos de amparo. Sin embargo, Araceli Ferreyra, diputada nacional del Frente Para la Victoria (FPV-PJ), advierte que la presentación fragmentada de recursos es “jugar con fuego”. “Si el juez no ordena a la empresa prestataria que haga una nueva facturación, vos tenés la factura y si no pagás te cortan el servicio”, advirtió Ferreyra. Respecto a la gravedad de los aumentos, la diputada señaló: “Por primera vez, un tarifazo pone en crisis la situación de la economía. (…) Es la primera vez que los empresarios no pueden trasladar un aumento a los precios por la magnitud”. Ferreyra presentó un proyecto de ley que propone la derogación del esquema tarifario sancionado por el macrismo y que el Congreso establezca nuevos criterios para un aumento del costo de servicios.
Plácido Peñarrieta es impresor y hace 14 años trabaja en la cooperativa Artes Gráficas Chilavert, empresa recuperada y autogestionada desde 2002, ubicada en Pompeya. Peñarrieta aseguró que no se puede trasladar el aumento de tarifas y de insumos al producto:“Quedamos afuera del mercado”. En la cooperativa la factura de luz era de $3.000 y aumentó a $15.000. Con el fin de achicar gastos, tomaron diversas medidas: “Ya no prendemos la luz del galpón, literalmente estamos a media luz. Tampoco damos aumentos desde enero y tuvimos que achicar gastos de terceros, como remises y fletes. Intentamos hacerlo todo nosotros, en la medida de lo posible”. También han perdido clientes. “Esto nos achica la esperanza”, dijo Peñarrieta afligido.
Restaurant La Casona, Ciudad de Buenos Aires. Foto: Archivo ANCCOM
Para Tonarelli, es fundamental no hablar de “tarifas sociales” porque algunas cooperativas como Bauen, Cerámicas FaSinPat (ex Zanón) o la Gráfica Patricios son empresas muy grandes y quedarían por fuera de ese criterio. “Lo que hay que hacer es decir que va a haber una tarifa diferencial para la industria, que muchísimas veces tiene a cooperativas de trabajo como parte del conjunto. Algunas empresas, como Zanón, son muy grandes y superan la categoría de PyMES por la cantidad de trabajadores y niveles de facturación. Entonces es imposible pensar en una tarifa social para una empresa que gasta lo que gasta Zanón en gas, por ejemplo”. Y agregó: “Lo que hay que hacer es retrotraer todo y buscar porcentajes de aumento que sean racionales y que las empresas estén en condiciones de afrontar”.
A nivel nacional se han presentado dos proyectos que pretenden resolver específicamente el problema de la suba de tarifas para las cooperativas. Por un lado, el de Myriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), propone que las cooperativas de trabajadores de fábricas o empresas recuperadas no paguen los servicios públicos por un plazo de dos años. Por su parte, Héctor Recalde, jefe del bloque de diputados del FPV-PJ, presentó otro proyecto en el que se propone establecer “tarifas diferenciales” para las cooperativas y empresas recuperadas.
Actualización 21/06/2016
Jun 15, 2016 | inicio
Ajustes en los presupuestos de programas sociales y cooperativos, aumento en la demanda de alimentos de los grupos vulnerables y pocas respuestas oficiales. Las organizaciones que nuclean a los sectores más golpeados por los tarifazos y las restricciones en inversión social coinciden en esos tres grandes ejes de diagnóstico para describir los primeros seis meses del gobierno de Cambiemos.
La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista Combativa (CCC), el Frente Popular Darío Santillán y las organizaciones Tupac Amaru y Barrios de Pie dialogaron con ANCCOM para repasar las demandas de sus bases -en muchos casos protagonistas de protestas callejeras, cortes de calle y ollas populares en las últimas semanas- y caracterizar el vínculo propuesto por la administración de Mauricio Macri.
Dina Sánchez es dirigente del Movimiento Darío Santillán que, junto a otras siete organizaciones, integra el Frente Popular Darío Santillán (FPDS). El espacio aglutina a cerca de mil trabajadores de cooperativas. Ella viaja todos los días desde Glew, provincia de Buenos Aires, a Capital para trabajar, junto a 250 cooperativistas, en limpieza e higiene urbana. “Nosotros siempre firmábamos los acuerdos con el Gobierno de la Ciudad a principios de año, a esta altura ya habíamos renovado y teníamos definidos los aumentos y la cantidad de puestos de trabajo. Ahora tardaron hasta para negociar, igualmente no dejamos de trabajar porque si no se les hace más fácil echarnos diciendo: `Estos no quieren trabajar´. Seguíamos con el mismo sueldo desde junio del año pasado hasta ahora, que nos impusieron un aumento del 23%. Igual, de más puestos de trabajo, ni hablar”, grafica.
Archivo ANCCOM. 18 de enero de 2016.
El coordinador de Barrrios de Pie, Daniel Menéndez, advierte sobre un escenario negativo para los sectores más vulnerables. «Todo el arco social, político, y religioso coincide en que estamos en una situación marcada por el deterioro. Este escenario se agudiza por la inflación y la generación de nuevos pobres que según las mediciones del Observatorio Social de la UCA ya rondan el millón y medio de personas”, subraya.
Para Menéndez, ese nuevo estado de cosas se muestra sin disimulos en el aumento de la demanda por alimentos en los comedores, una pintura que también coinciden en realizar los intendentes del conurbano bonaerense. “Es algo distintos a los últimos años, la situación empeoró y ahora están haciendo estallar los comedores a los que se acercan un montón de chicos por un plato de comida. Incluso Margarita Barrientos reconoció que aumentó un 50% la asistencia a los comedores, y por eso también se abren nuevos. A la vez, hay preocupación por el aumento del 20% del salario, porque siguen estando atrasados, y los programas de empleo terminan siendo un complemento de las changas de los trabajadores en negro, como por ejemplo en la construcción o el de las mujeres que hacen trabajo doméstico”, explica.
Julia Rosales es dirigente de la CCC Zona Norte (Capital), la organización que nació junto al movimiento de trabajadores desocupados en el año 2001 “cuando se vino el mundo abajo y quedó un montón de gente afuera del sistema”.
En la actualidad, la CCC de esa zona impulsa cooperativas de trabajo que se ocupan principalmente de la higiene y limpieza urbana, a la vez que promueven comedores sociales que reciben en su mayoría a los vecinos del Barrio Mitre. “Antes venían 40 familias, ahora vienen 100, y cuando hay hambre también se nota porque la gente se pelea más por las porciones. Hay menos trabajo y mucha inflación. Si antes las capas medias tenían alguna trabajadora doméstica ahora, frente al aumento de tarifas, ya no la contratan y esa mujer queda sin trabajo y viene al comedor”, dice Julia.
Archivo ANCCOM. 18 de enero de 2016.
La organización cuenta con 150 personas en cooperativas de trabajo. “Son principalmente mujeres para las que es muy difícil volver al sistema cuando ya se cayeron, porque son grandes, con hijos, sin dientes”, retrata.
Y puntualiza. “Tenemos que ponernos firmes sobre la base de que somos útiles. Acá trabajamos en cuatro cuadrillas, algunas en el Parque Sarmiento, y también tenemos otras cuatro en centros de primera infancia. Esto es en nuestra zona, pero en el resto de la Ciudad hay más. Esa es la mitad de la gente que viene a nuestros comedores, pero la mayoría no tiene trabajo”.
Una de las organizaciones más afectadas por el cambio de gobierno fue la Túpac Amaru, cuya líder, Milagro Sala, aún permanece detenida en Jujuy. El coordinador nacional del espacio, Alejandro «Coco» Garfagnini, describe la nueva realidad. “Muchos compañeros pasaron de ser cooperativistas a desocupados. Ahora el desafío nuestro es empezar a organizarlos. En los diez años de avance que tuvimos como organización popular logramos agrupar, a partir del trabajo, a un montón de compañeros, no sólo desde las cooperativas de obra pública sino también de fábricas y emprendimientos. Pero hoy la gran mayoría, sobre todo los de obra pública, están desocupados porque el programa se cerró”, dice Garfagnini en referencia a uno de los principales planes de construcción de vivienda, el Programa de Integración Socio Comunitario (ex Emergencia Habitacional), creado en el año 2003 por el Ministerio de Planificación Federal y con el que se construyeron cerca de 56 mil viviendas, según indicó el dirigente. “Era un programa que generaba casi 70 mil puestos de trabajo en todo el país y se terminó porque el gobierno nacional querrá hacer negocios con empresas y no con las cooperativas. En la misma situación están los compañeros de la CNCT que también tenían cooperativas de obra pública. Todos los que integrábamos el programa llegamos a ejecutar en 2015 el 15% del presupuesto de viviendas nacionales”, remata.
Manifestación de Barrios de Pie en el Obelisco el 10 de junio.
Las cooperativas de trabajo comenzaron a multiplicarse en Argentina a partir de la crisis del 2001. Desde entonces, el sector “ha inventando trabajos para poder vivir”, dice Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que agrupa a sectores como cartoneros, empresas recuperadas, cooperativas populares, campesinos, vendedores ambulantes, constructores, y pequeñas unidades productivas, entre otros. El derecho de agremiación es una de sus principales demandas: “Sabemos que el desarrollo del capitalismo hace que se concentre la economía y que los trabajadores ya no se vuelven a incorporar a ese lugar una vez que quedan afuera, pero nos cuesta que las centrales sindicales nos tengan en cuenta. Vamos siempre a acompañar al sector formal pero es hora de que como trabajadores de la economía popular tengamos personería gremial para contar con obra social y aportes”.
Diálogo con el gobierno
Junto con las crecientes demandas sociales, las organizaciones enfrentan también el desafío de interactuar y reclamar ante un nuevo gobierno. “Hay diálogo pero para discutir giladas. Nos hablan de la herencia, y sólo hay excusas, no canales que permitan resolver los problemas. Nosotros reclamamos por alimentos y por programas de empleo porque están desactualizados, más en este contexto de emergencia social por el ajuste brutal que estamos viviendo. Creemos que tiene que haber un aumento del 50% de los ingresos porque no es suficiente lo que nos pretenden imponer”, subraya Menéndez, desde Barrios de Pie.
Julia Rosales coincide con esa apariencia conciliadora de Cambiemos porque “diálogo con el gobierno hay, pero con pocas respuestas”. Y sentencia: “Son dialogadores pero después migajas. Somos como tercerizadas para el gobierno y no les conviene que nosotros le cobremos barato porque frente a las auditorías después tienen que justificar por qué las cooperativas del PRO –que funcionan en las Comunas como pequeñas empresas- les cobren mucho más”.
En el Frente Popular Darío Santillán marcan como un hito del nuevo vínculo la toma del edificio de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad que se realizó el 11 de mayo pasado junto a otras organizaciones. “Nos recibieron el vicejefe de Gabinete Juan Pablo Graña y el Jefe de Gabinete Social, Juan Ignacio Maquieyra, quienes se comprometieron a conservar los 250 puestos de trabajo, pero no a aumentarlos y nos dijeron que nos iban a dar un incremento de nuestros ingresos cercano a nuestro reclamo. Una semana después fuimos al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, donde nos dijeron que desconocían aquel acuerdo, como si nosotros estuviésemos locos. Mirá si vamos a levantar un acampe, a las tres de la mañana, porque se nos da la ganas”, puntualiza Dina Sánchez.
La CTEP da cuenta de los acuerdos firmados. «Nosotros logramos unas 16 unidades ejecutoras, donde el gobierno va a hacer que podamos coordinar el dinero que es para obras. En un principio era una cantidad de plata pero ahora es bastante menos. También hicimos un acuerdo por el tema de viviendas, otro por problemas alimentarios, también trabajo autogestionado, y para fábricas recuperadas”, explican desde la organización.
El diálogo, sin embargo, tiene doble vara. “Nosotros no tenemos ninguna instancia de diálogo con este gobierno”, explican los referentes de la Tupac Amaru. Con presencia en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Chaco, Misiones, Corrientes, Salta y Jujuy, el único distrito que mantiene un diálogo institucional es Chaco. “Con el macrismo no te podes confiar. Nosotros nos dimos cuenta cómo eran al poco tiempo que asumieron cuando hicimos los acampes, por las actitudes que tuvieron y después cuando detuvieron a Milagro y a otros seis compañeros”, subrayan.
Manifestación de Barrios de Pie en el Obelisco el 10 de junio.
Perspectivas
“Hay un parate económico que va a seguir porque el gobierno tiene la voluntad de provocar una recesión para que los precios bajen. Tenemos que llevar adelante medidas que busquen menguar esas políticas económicas, por eso nos seguimos reuniendo con distintos sectores, incluso religiosos, como las parroquias, para que podamos convocar a un diálogo, y también pensamos movilizar a los hipermercados y continuar con las ollas populares”, describe el referente de Barrios de Pie.
Desde la CTEP, el diagnóstico incluye una mirada política sobre la región. “Hay un contexto de retroceso regional. Acá la transferencia de recursos que hizo el gobierno a los sectores más concentrados, indica que más allá de pelear por el trabajo autogestionado y las tarifas, vamos a estar en una situación muy dura”.
Julia Rosales cuestiona las promesas futuras de Macri. “El gobierno les dio a las mineras, a los exportadores, y hablan de la herencia pero eso lo puede decir unos meses pero después ya es la forma en la que ellos decidieron resolver la crisis. Hay gente que tiene bronca, sobre todo la clase media que es la que lo votó. Y ahora ya no hablan de la recuperación del próximo semestre, ahora dicen que va a venir el año que viene”, advierte.
Desde el Movimiento Darío Santillán, Dina remarca las contradicciones del gobierno de Cambiemos en la Ciudad. “Si un día se juntan con nosotros y después lo niegan, ya no podemos confiar en nadie. Por eso decimos hay que estar más alertas. Notamos que con este gobierno, a nivel nacional, las cosas fueron muy duras y muy seguidas. La opinión del conjunto de los compañeros de las asambleas que se hacen en los barrios es que vamos a luchar, porque no nos alcanza. Cómo se puede vivir con 4500 pesos si hay que pagar boleto, alquiler, luz, comida. Es una locura”.
La CTEP visualiza la articulación política como la principal herramienta para hacer frente a la nueva realidad y demandas crecientes. «Cuando sufrís una derrota en el campo popular, cada uno va por sus demandas pero hay que hacer un trabajo político, además de lo reivindicativo, y definir qué tipo de país queremos. Para afrontar la crisis necesitamos organizar a todos los sectores y pedir por el salario complementario. Hay un montón de necesidades y por eso tenemos que luchar por una política que yo llamaría defensiva de los derechos conquistados. Lo cierto es que la crisis no nos agarra desprevenidos, no estamos en el 2001», resume Castro.
La perspectiva de las organizaciones para los próximos meses en ningún caso prescinde de las manifestaciones, las ollas populares, las intervenciones frente a hipermercados, entre otras tácticas y métodos de lucha. “A pesar de que hay personas que dicen que no existen espacios de unidad, que estamos fragmentados, yo puedo decir que no veo eso, creo que hay un alto nivel de articulación en el movimiento popular en general. El tema de Milagro tuvo una reacción impresionante, fue muy rápida, tuvimos la solidaridad de más de 40 organizaciones sociales, sindicales y del campo popular”, expresa el coordinador de la Tupac Amaru.
Archivo ANCCOM. Movilización por la liberación de Milagro Sala en el centro porteño el 18 de enero de 2016.
La CTEP analiza una próxima movilización que exprese a todos los sectores de la economía popular para romper con el discurso de los `plancitos`y pelear por un salario universal complementario.
Más allá de las diferencias, las organizaciones apuestan a reinvidicar su lucha alrededor de la única consigna del derecho al trabajo. “Nadie nos regaló nada, lo que logramos lo hicimos con la lucha. La primera conquista es tener un plan social para no morir de hambre pero no nos van a comprar con bolsas de alimentos, con planes, nosotros queremos trabajo”, resume la dirigente de la CCC.
Actualización 15/06/2016
May 11, 2016 | inicio
Tras cuatro meses de inactividad, el gobierno decidió poner fin a los contratos que mantenía con la Red Textil Cooperativa (RTC). La medida afectó a 74 cooperativas textiles que funcionaban como proveedores del Estado a nivel nacional. “Nos informaron telefónicamente que el programa no iba a continuar por cuestiones presupuestarias. Desde diciembre no teníamos órdenes de compra ni encargos, cuando nos pedían paciencia lo hacían para evitar conflictos, porque la decisión la tenían tomada hace tiempo”, relató Joaquín Fernández, presidente de la organización.
Unos 3.000 trabajadores que se desempeñaban en la confección de guardapolvos, chalecos antibalas y uniformes varios, quedaron sin empleo. Las cooperativas trabajaban con encargos realizados por los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Seguridad. Los afectados informaron que desde el Poder Ejecutivo les reconocieron que reemplazarían las prendas producidas con productos importados más económicos. El Ministerio dirigido por Patricia Bullrich, por ejemplo, comenzó a importar -desde enero- chalecos antibalas provenientes de Israel.
Bajo la consigna «Sí a la industria nacional y el trabajo cooperativo, no a las importaciones y la desocupación», las cooperativas textiles de todo el país se movilizaron en defensa de la industria nacional y en contra de las importaciones indiscriminadas.
El fin del programa se encuadra dentro del cambio de enfoque ideológico que se produjo en el Ministerio de Desarrollo Social. Antes, las políticas eran impulsadas desde la lógica de tomar al otro como “titular de derechos” y desde ese lugar se pensaban las políticas; ahora se piensa en términos de cómo “evitar un conflicto social”.
El jueves 21 de abril de 2016 la RTC organizo la jornada «Cocer en la Calle» como forma de protesta por la finalización del programa «proveedores del Estado».
¿Herencia pesada?
Desde 2003, por una decisión gubernamental, las cooperativas textiles y el Estado nacional establecieron una relación comercial. Los distintos ministerios comenzaron a comprar productos fabricados en ellas. El proyecto buscaba generar trabajo genuino, capacitar a los trabajadores y lograr su posterior inserción en el mercado formal. También se pretendía potenciar el crecimiento y desarrollo de la industria nacional. Este proceso fue acompañado por la creación del registro Nacional de Efectores Sociales y Economía Social (REDLES), creado en el 2004 desde el Ministerio de Desarrollo. Su función fue facilitar, a aquellas personas que realizaban una actividad productiva y que se encontraban en una situación de vulnerabilidad, el desarrollo de su actividad. Acompañada por el Estado, la lógica de producción en cooperativas proliferó y muchas pudieron registrarse y comenzar a producir, lo que les permitió a los emprendedores incorporarse al sistema previsional, recibir los servicios de una obra social y trabajar como proveedores del Estado.
Fernández explicó que “año tras año el nivel productivo de las cooperativas fue creciendo a través de incentivos para incorporar maquinaria, capacitaciones y cursos de formación” y agregó: “Ahora todo ese crecimiento se paró, el gobierno actual no ve a las cooperativas como empresas, sino como gestos de caridad. Ellos eligen la multinacional a lo nacional, cada rollo de tela que entra de afuera es un laburo que se pierde acá”.
La RTC forma parte de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), donde Andrés Quintana trabaja como coordinador. Desde su posición denunció que la situación actual de las cooperativas es crítica: “Con la importación de productos, las cooperativas quiebran, porque nuestro mercado de consumo es el interno. Hace meses que venimos sin encargos y los que pudimos conseguir son del ámbito privado que suelen ser mal pagos. Todo parece indicar que el gobierno quiere terminar con la producción en cooperativas”.
Daniel Arroyo, actual dirigente del Frente Renovador, fue ministro de Desarrollo Social durante el gobierno de Néstor Kirchner y opinó que lo peor que puede hacer la nueva gestión es pensar una política social fundacional, lo que significa desarmar y empezar de nuevo. “Si se produce una descontrolada apertura de las importaciones, habrá menos producción nacional y más pobreza. Es claro que el gobierno gobierna con un solo ojo y que se ha complicado la situación social, en su agenda no es prioridad cuidar el empleo”.
“Los guardapolvos más caros del mundo”
Uno de los primeros contratos afectados fue el del Ministerio de Desarrollo Social, que todos los años compraba un millón de guardapolvos a las cooperativas textiles, para luego distribuirlos en escuelas públicas y sindicatos. “La confección de guardapolvos implicaba una política directa del Ministerio orientada a las cooperativas textiles, las cuales capacitaban a su gente y contaban con supervisión del INTI. Terminar con los contratos no sólo significa el fin del trabajo en sí, sino también todo lo que eso generaba” aclaró Judith Barchetta, ex Directora Nacional de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y añadió: “Ellos no piensan en el gasto social como inversión. Yo escuché a las nuevas autoridades decir que eran los guardapolvos más caros del mundo y preguntarse para qué se gastaba tanta plata, cuando era más fácil comprarle a privados.”
El “cambio” de mirada
El Ministerio de Desarrollo Social, a diferencia de otros ministerios, no sufrió pérdida de personal, a excepción hecha de los recientes despidos en la Dirección Nacional de Juventud. “De esto se pueden hacer distintas lecturas, una podría decir que fue producto de la dura pelea que dio la junta interna partir del mismo 10 de diciembre, o porque los trabajadores organizados de Desarrollo Social lo impidieron”, opinó Barchetta. Y añadió: “Otro dato objetivo es que desde los circuitos administrativos del Ministerio, al día de hoy, no se han puesto en funcionamiento ninguna de las líneas de políticas públicas que se venían desarrollando. Las que son de rutina, como el pago a los cooperativistas de Argentina Trabaja, sí, pero todo lo que tiene que ver con poder gestionar recursos que tengan que ver con el presupuesto 2016 no está funcionando”.
Para Daniel Arroyo, el gobierno cree en la teoría del derrame, ecuación que no sería aplicable en la Argentina, porque “lo que produce actividad económica no produce trabajo. Los sectores pobres del país trabajan en lo textil y en la construcción. Sin la presencia del Estado no se crea trabajo para esos sectores.”
Las cooperativas como proveedores del Estado estaban enmarcadas dentro de los lineamientos del Ministerio de Desarrollo Social que buscaba generar la inclusión del individuo mediante el trabajo. “Para que alguien que no está dentro del mercado pueda ingresar, tiene que existir inversión pero también una política de intervención estatal. Y es esa inversión del Estado la que no comprenden los nuevos funcionarios. Tienen una mirada empresarial de lo público, para ellos sobra gente y hay un montón de empleados que son innecesarios”, remarcó Barchetta.
Actualizada 11/05/2016
May 4, 2016 | inicio
A 26 kilómetros de Capital Federal por la autopista Buenos Aires-La Plata, luego de cruzar avenidas, calles, semáforos, curvas y contracurvas de Berazategui, al final de un camino de tierra -y por las lluvias ahora también de barro- se levanta el frigorífico Subproductos Ganaderos Argentinos (SUBPGA), una cooperativa que, como tantas otras Pequeñas y Medianas Empresas, en las últimas semanas acusó el impacto del tarifazo en los servicios -en especial el eléctrico- definido por el gobierno de Cambiemos. En la Ciudad de Buenos Aires, una marca local de zapatillas, bolsos y carteras de diseño acusa la misma crisis. “Fue un aumento muy de golpe para las PyMEs y para las casas de familia. La gente no está comprando y también nosotros tenemos que aumentar a los empleados para que cubran la suba en sus hogares”, afirma Itatí Montechiani, creadora de Puro junto a Gabriel Pozner.
Luis Maidana, presidente de SUBPGA, recibe a ANCCOM en su oficina. Afuera golpea el primer frío del año. Después de los saludos comparte un video que retrata la preocupación del sector por los drásticos aumentos. Se trata de un video filmado con su celular que lo muestra junto a Eduardo “Vasco” Murua, referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y otras tres personas en una cornisa de un piso alto del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, en una medida de protesta por la suba de tarifas.
¿Si fueran una emrpesa privada ya hubiesen despedido gente?
Sí, acá (la zona de Berazategui) todos hicieron lo mismo. No te queda otra que achicar. No podés achicar el costo en otro lado. No podés decir ´no compro este tornillo´. Nosotros no, nosotros seguimos los mismos. Aunque se nos bajó el nivel de faena.
La protesta del 20 de abril en el Ministerio que encabeza Juan José Aranguren se convirtió en saga. Los cooperativistas y pequeños empresarios amenazaron con el llamado a una “rebelión fiscal” en caso que el poder central no acepte revisar la decisión del tarifazo. El subsecretario de Coordinación Administrativa, Sebastián Scheimberg, debió firmar un documento que compromete a la cartera a la apertura de un registro para poder “evaluar caso por caso la incidencia de las tarifas eléctricas sobre los niveles de facturación”. Las cooperativas deberán presentar balances de facturación y facturas de luz que muestren los aumentos.
Historia, números y porcentajes
El Ministerio de Energía y Minería que encabeza el ex presidente de Shell Argentina declaró en diciembre pasado la emergencia energética y resolvió un aumento en las tarifas de luz y gas cuyos porcentajes y precios varían según los niveles de consumo y el tipo de usuario, si es industrial u hogareño. En el segundo caso subdividido, a su vez, en beneficiario o no de tarifa social.
Con siete nuevas categorías para los usuarios residenciales de Edenor y Edesur -muchos de los cuales perdieron subsidio estatal- las tarifas eléctricas sufrieron un aumento de hasta el 500 por ciento. En las últimas semanas, ese impacto comenzó a sentirse con fuerza en el sector PyMEs donde algunas facturas dibujaron un aumento del 600 por ciento. “Los aumentos cambiaron la estructura de costos. En algunas empresas la factura de energía eléctrica igualó o superó a la nómina salarial”, grafica Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME).
En diálogo con ANCCOM, Fernández no duda en utilizar la metáfora -gastada pero justa- del “cóctel peligroso”. Y enumera: “Los aumentos vienen con disminución de la producción, encarecimiento del crédito, disminución de venta, ingreso de artículos importados y con apriete de los organismos de recaudación que batieron récords de intimaciones y embargos en estos últimos dos meses”.
Aunque el aumento de gas aún no se reflejó de lleno en las facturas, las empresas pequeñas ya sacan cuentas negativas también en ese rubro. “Recién va a impactar a partir del 15 de mayo. Pero puede llegar a multiplicarse por diez, doce y, nos han dicho algunos especialistas, hasta quince veces”, advierte Fernández.
La búsqueda de la racionalización del consumo es uno de los argumentos con que se publicitan los aumentos tarifarios. Se incentiva con descuentos a aquellos consumidores que logren reducir el consumo respecto a igual período del año anterior. Sin embargo, esta política que tiene sentido para el consumo hogareño es perjudicial para las PyMEs. “La nueva estructura de facturación contempla, irrisoriamente, que quien más consume en relación al año anterior o a períodos anteriores, paga más, tanto en gas como en energía eléctrica. Hay muchas de nuestras PyMEs que han invertido y establecido nuevas líneas de producción y eso deriva en un aumento lógico del consumo energético”, concluye Fernandez.
Datos de CAME
A principios de abril, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió que “las PyMEs reciben las nuevas boletas de luz con subas promedio de 152 por ciento. Sin embargo, la organización sentenció: “La variabilidad es muy alta y hay casos, especialmente en la industria, donde el alza supera el 600 por ciento”.
Los datos derivan del “Monitoreo de impacto tarifario” realizado por CAME en base a 240 PyMEs de diferentes provincias y de la Ciudad de Buenos Aires al que tuvo acceso ANCCOM. De estas empresas, casi tres de cada diez tuvieron incrementos superiores al 200 por ciento, las otras siete, subas mayores al 100 por ciento.
Vicente Lourenzo, secretario de Prensa de CAME y vicepresidente de la Federación de Comercio de Buenos Aires (FeCoBA), advirte que el impacto de la suba de tarifas es doble. “Un vector es aquel que impacta directamente sobre los costos porque son aumentos que no estaban previstos”, explicó.
Para Lourenzo, el aumento hogareño “quita la posibilidad de consumo de la población en general”. Y concluye: “Esto también nos afecta a nosotros porque se traduce en caída de ventas”. En ese sentido, CAME argumenta que el reacomodamiento de “las tarifas generará un alto costo para las PyMEs porque las encuentra con caídas en las ventas, bajas en la producción y serios problemas de liquidez”. El informe detalla un caso similar al de SUBPGA. Se trata de un frigorífico de la provincia de Santa Fe cuya boleta de luz subió a cerca de 850 mil pesos, pasando a representar el 15 por ciento de sus costos de producción.
Los ejemplos se multiplican. Una pequeña imprenta que pagaba cinco mil pesos pasó a pagar 25 mil. Un parque industrial en Córdoba con cuatro empresas que pagaba 1.100.000 pesos, deberá afrontar una factura de 4.200.0000, grafica ApyME.
Rubén Sosa, trabajador de la cooperativa Cooperativa Subpga.
¿Fin de la inversión?
La situación en el frigorífico SUBPGA es aún peor. el porcentaje de aumento de la tarifa eléctrica es superior al 450 por ciento de diciembre a la actualidad. A esto se suma la caída en las ventas y en la producción. “En 2013 y 2014, la faena llegó a un nivel de 4.500 animales por semana. Hoy ese número desciende a 2.400. La faena está bajando porque la venta está bajando, porque la carne está muy cara y la gente come menos”, explicó Maidana.
Para SUBPGA eso significa una baja en los salarios. Los trabajadores cobran un “retiro” por semana y dos veces al año un retiro mayor en que se reparten los excedentes de la cooperativa, excepto lo que han decidido invertir. “Nosotros cobramos según trabajamos. Y bajaron un poco los retiros. Un veinte por ciento. Los retiros de julio y diciembre sabemos que no los vamos a tener. La plata la estamos invirtiendo acá. Porque no llegamos con los costos”, explica.
Por cada cien pesos que factura la cooperativa, 32,5 van destinados a pagar los salarios, 27,5 se utilizan en el mantenimiento de la planta, y 20 constituyen esa suerte de aguinaldo que dos veces al año retiran los trabajadores. Los 20 pesos restantes van destinados a una serie de beneficios que la cooperativa ofrece a sus trabajadores: sala de atención médica y odontológica en planta, vacaciones, camping para los trabajadores. La última factura de luz se llevará 8,5 pesos por cada cien que factura el frigorífico, que se le deben restar a cualquiera de los gastos antes mencionados.
Juan Martin Carpenco asiste a la cooperativa en cuestiones administrativas. Aunque reconoce que “había una sensación de que iban a aumentar” los servicios, el cuadro adquirió una gravedad inimaginable. “Si a vos te dicen `te va a subir la luz´, ¿cuánto? se irá al doble… pero seis veces más, es algo que no te podés esperar”, grafica. Y suma: “Incluso desde un punto de vista financiero, aunque tengas el dinero, vos lo tenés colocado en otro lado. La plata en una empresa está en función de la empresa. Ningún tipo que esté analizando una medida como esa puede pensar que alguien puede subsistir”.
Desde Puro, una pequeña empresa con doce empleados y tres sucursales, explican que en su local de San Telmo la factura de luz pasó de 800 a 2.800 pesos en los últimos dos meses, y de representar un 8% del gasto del local, a más de un 25%. “Esto nos influye a la hora de tomar decisiones”, señala la dueña de la marca en diálogo con ANCCOM. Y completa: “Estamos por abrir un local más y esto nos influye para decidir, porque los gastos de luz son proporcionales al tamaño del local”.
Detrás de los aumentos de tarifas y de los procesos de inversión productiva que las PyMEs deben modificar o en muchos casos detener, hay, según ApyME, una “traslación de recursos, de capital de trabajo, de la pequeña y mediana empresa hacia el sector concentrado de energía”. Para los planes de inversión -cuenta Fernández- el nuevo cuadro tarifario “coloca al costo de la energía argentina, en el caso del gas, como el más caro de la región y uno de los más caros del mundo”.
Convertida en cooperativa desde 2011, después del abandono empresario a 500 trabajadores, el frigorífico de Berazategui enfrenta esos desafíos. “SUBPGA había logrado hacerse de una espalda como para empezar a respetar los niveles normales de producción, estamos tirando el caño de gas desde la avenida para acá”, explica Carpenco. El fuerte aumento en la tarifa de luz obliga a un cambio de planes. “Toda esa guita que estaba en movimiento para mejorar la calidad, para trabajar mejor, va para esa factura”, concluye.
Otros planes de ampliación, como la apertura de carnicerías, también entraron en un cono de dudas. “La idea era abrir diez bocas de expendio. Nosotros podemos dejar los precios diez o veinte pesos más barato por kilo que otra carnicería. Estábamos en eso hasta que llegó esto (señala la factura de luz). Estábamos en tres carnicerías, y nos tuvimos que frenar”, advirte Maidana.
Desde la CAME, el argumento de reclamo hace eje en un pseudo slogan de campaña de Cambiemos. “Lo que pedimos es gradualismo. Fundamentalmente porque estos aumentos nosotros no tenemos posibilidad de trasladarlo a precios, porque ya los precios no resisten mayores aumentos”, subraya Lourenzo y argumenta: “Algo de esto se veía venir. Todos los candidatos presidenciales lo habían dicho, pero la verdad es que no creíamos que iba a ser de esta magnitud, con mucha pérdida de ventas, con un fuerte impacto en la estructura de costos”.
Actualizado 04/05/2016
