Mar 24, 2015 | inicio
Yamila vive en Moreno; cada vez que quiere cargar la tarjeta en su barrio, debe ir al único kiosco en diez cuadras a la redonda que existe. En el local hay un cartel que dice: “Estimado cliente, cada vez que usted carga $10 yo recibo la irrisoria suma de $0,1. Esto es menos que un caramelo. Por lo que me veo en la obligación de cobrar $2 de recargo”. Lo mismo que vive Yamila, es lo que viven miles de usuarios que habitualmente van a hacer uso de este servicio, que es gratuito, y se encuentran con que el comerciante decide cobrar de 0,50 hasta 5 pesos de sobreprecio contradiciendo la ley. El vecino puede elegir no cargar en el kiosco, pero no todas las localidades tienen más de un punto de carga cerca.
Según la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el sistema lo provee Nación Servicios S.A., con la Red de Carga SUBE. En carácter de retribución por el servicio de carga, Nación deberá abonar al proveedor un 3 por ciento más IVA del valor total de las operaciones efectuadas mediante la red de carga y, en caso que la carga se realice mediante canales electrónicos que requieran otra instancia de transferencia de valor, -el caso de los comercios-, la retribución será de 1,5 por ciento más IVA del valor de la carga.
La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) es el único organismo que nuclea a nivel nacional a todos los kioscos asociados y vela por los intereses de estos pequeños comerciantes. El presidente desde hace un año, Néstor Adrián Palacios, vincula los sobreprecios a la poca rentabilidad que resulta de proveer el servicio de carga. Desde la organización, hay una propuesta para lograr un mayor beneficio en las cargas virtuales: “No alentamos los sobreprecios desde la Cámara, pero somos conscientes de que las empresas intermediarias, cuando dejan los insumos, lo hacen una sola vez y nunca más; cosas como el tiempo, Internet y otros, llevan un sistema de trabajo que en rentabilidad es el 1 por ciento, que es lo que estamos tratando de trabajar con el Estado. Propusimos que cada kiosquero tenga una cuenta en el Banco Nación donde cargue un determinado monto. Hoy en día el intermediario es Nación Servicios, las empresas entregan al kiosquero los insumos, que antes debe hacer un depósito de 5.000 pesos. A veces se tarda más de 48 horas en cargar el saldo por lo cual el dinero queda atrapado en la cuenta”. Palacios agrega además que “Nación Servicios contrata empresas y estas reciben un 3 por ciento, por lo cual aducen que no pueden dar mayor rentabilidad a los comerciantes. De esta forma se recae en el kiosquero que queda en el medio entre el servicio y el usuario de la SUBE, volviéndose la cara visible de este sistema de competencia desleal”.
Proveer el servicio de carga no es obligatorio. Sin embargo, son muchos los kioscos que solicitan tener recarga SUBE. Palacios explica que “los kiosqueros lo tenemos como un servicio porque atrae clientela. Pero a veces hay mucha cantidad de gente y poner un empleado dedicado a la carga no es rentable para un comercio chico. Tanto en las cargas de SUBE como de telefonía, el porcentaje de ganancia es bajo, cercano a cero. Nosotros anhelamos que el sistema SUBE lo pueda manejar el banco Nación o Provincia, esto generaría blanquear la plata, la obtención de tarjetas de crédito y débito, la inserción del kiosquero en el sistema bancario. Igual, comprendemos que se trata de un sistema nuevo y que tiene que ser mejorado, y nos sentimos parte de este servicio, porque somos quienes facilitamos la carga de la tarjeta. La idea es que del Estado llegue al kiosquero y de allí al usuario”.
Recientemente, se labraron multas a algunos de los kioscos que cobran recargo por proveer el servicio en la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades. Las denuncias suelen ser asentadas por el usuario que ve encarecer este servicio y mediante distintas vías, lleva adelante su reclamo. No existe una asociación de consumidores que trabaje este tema de manera específica, pero la gran cantidad de demandas terminaron con varias multas por parte de la Defensoría del Consumidor en la Ciudad y, en ocasiones, por diferentes municipios.
Frente a esto, el presidente de la UKRA sostiene: “El tema de las denuncias descansa en las ganancias, todo se solucionaría con mayor rentabilidad. Por ahí no se genera tanto conflicto porque se difundió bastante, el usuario entiende que el kiosquero tampoco es que gana tanto. Que hay mucha incertidumbre como comerciante. Queremos mejorar para que no pase más esto. Cuando hay aumentos de tarifas o transporte el monto para el kiosquero sigue siendo el mismo“.
La existencia de sobreprecios en numerosos lugares, genera el interrogante acerca de si es posible lograr terminar con algunos intermediarios a la hora de realizar las recargas de SUBE. Sin embargo, la solución que encuentran algunos comerciantes realizando el cobro de un importe adicional por proveer el servicio es ilegal; pese a los riesgos de inversión, el kiosquero puede elegir reemplazar sus carteles de recargo por un “No cargamos SUBE”.
¿Qué hacer en caso de sobreprecios?
Por ley, en la Ciudad de Buenos Aires todos los comercios que proveen el servicio de carga de crédito virtual en tarjetas SUBE deben exhibir un cartel con la siguiente leyenda: «Sr/a Usuario/a: cobrar adicionales o exigir la compra de un producto por la prestación del servicio de carga de crédito en teléfonos celulares o en la tarjeta SUBE es una práctica abusiva que transgrede lo establecido en el Art 8º bis de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor».
El servicio de carga SUBE es totalmente gratuito. Todo usuario que detecte alguna irregularidad puede comunicarse con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte – CNRT – al 0800-333-0300 o al call center de SUBE, que funciona en el 0810-777-SUBE (7823) o mediante una denuncia en línea, con el domicilio del kiosco al que se busca denunciar. Para ello, puede realizarse a través de Internet ingresando a la web www.sube.gob.ar.
Por otra parte, si un usuario presenta la tarjeta en una línea o estación habilitada que no tiene la máquina o está fuera de servicio, viaja gratis. Si no le permiten viajar, puede presentar el reclamo en la CNRT. En esos casos, es importante tomar nota del interno o dominio de la línea, fecha y horario del incidente.
Alternativas para la recarga de la SUBE
La recarga de la SUBE puede hacerse en los cajeros automáticos correspondientes a bancos adheridos en todo el país, home banking y celulares que cuenten con la aplicación Link celular. Esta opción convive con la ya tradicional modalidad de recarga con dinero en efectivo en los centros de carga SUBE.
Los montos permitidos para recargar son $50, $80, $100, $120, $150, $180, $200. La suma del monto a acreditar y el saldo de la tarjeta no debe superar los $300. El servicio no tiene costo adicional.
Para utilizar este sistema hay que realizar los siguientes pasos:
1) Asociar la tarjeta SUBE a través de un cajero automático perteneciente a la Red Link y correspondiente al banco del usuario.
2) Realizar una carga.
3) Validarla en una Terminal Automática SUBE (TAS). Para conocer la ubicación de las TAS: www.sube.gob.ar
Los bancos adheridos, por ahora, son:
Banco de la Nación Argentina
Banco de la Provincia de Buenos Aires
Banco Ciudad de Buenos Aires
Banco Credicoop
Mar 24, 2015 | destacadas, inicio
-“¿Huelen? ¿huelen eso?”Una racha de aire podrido acaba de pasar por Villa Inflamable, y Norberto Morón, vecino histórico del barrio, aclara que no se trata de un evento aislado, sino de una presencia diaria. El olor a podrido: un elemento cotidiano que la dirección del viento puede volver más o menos intenso. “Ya estamos acostumbrados a este olor”, dice Morón. Y en su cara se compone un gesto que no es de resignación, ni de víctima, sino de cierta indiferencia, como si la hediondez, en realidad, en este contexto, fuera un mal menor.
Ubicada en una zona de bañados contaminados, lindante al Polo Petroquímico de Dock Sud y al relleno sanitario del Ceamse de Avellaneda, Villa Inflamable constituye para los expertos un caso paradigmático. En el barrio en donde se originó la famosa causa Mendoza -en la que la Corte Suprema instó al Estado a sanear el Riachuelo y trasladar a las familias que viven a sus orillas-, la contaminación ambiental y la desidia estatal muestran su rostro más descarnado. El aire, el agua y el suelo de Villa Inflamable están contaminados. Más de 1500 familias –el último dato oficial es de 2009- lo padecen diariamente. Demasiado plomo en sangre, problemas respiratorios reiterados, manchas en la piel y deficiencias neurológicas son algunos de los daños sufridos por los vecinos. Este año, tras una extensa demora, ACUMAR estimó que la municipalidad de Avellaneda comenzará a construir las primeras viviendas para mudar a los habitantes. Muchos de ellos, sin embargo, se oponen al traslado. ¿Los motivos? Una serie de razones en donde se entretejen la inseguridad, la contaminación y una disputa barrial entre dos clubes de fútbol históricamente enfrentados.
Es una tarde calurosa de enero y una parva de nenes revolotea en la puerta de una casilla de material en donde un par de empleados de la municipalidad de Avellaneda reparten ropa y juguetes para la Noche de Reyes. Más adelante, en diagonal a la plaza del barrio, una pasarela tambaleante conduce a una casa hecha con maderas y cartón, ubicada en el centro de una laguna de color verde, grumosa, salpicada de baldes y botellas de plástico.
“Nos quieren llevar al lado del riachuelo, a unos terrenos más chicos y que están al lado de la Isla Maciel. Es absurdo. Siempre hubo pica entre San Telmo y el Docke”. Morón es uno de los primeros vecinos que llegaron a Villa Inflamable, en la década del ochenta. Su casa –de material- está en el centro de una loma del humedal, y con los años ha ido ampliándose, dice Morón. También dice que en todo este tiempo ha escuchado mucho. Que las mejoras en los servicios del barrio las consiguieron los vecinos. Y que según su cálculo el noventa por ciento de la gente no se quiere ir de acá.
“Además del tema de la inseguridad, está el de la contaminación. Los terrenos quedan al lado del riachuelo”, agrega Claudia Espínola, presidenta de la junta vecinal. “El proceso de saneamiento del río es largo y complejo, lo sabemos, pero hoy por hoy no está terminado. A eso también hay que sumarle que las viviendas son muy chicas y el espacio en general de los terrenos son muy pequeños”. De las ciento veinte hectáreas actuales –con anchas calles de tierra, pastizales y mucho sauce-, Villa inflamable pasaría a compactarse en treinta, a orillas del Riachuelo.
Más allá de los juncos, por encima de los techos de chapa, asoman dos chimeneas pintadas con líneas rojas y blancas. Una es más alta que la otra, y la imagen, es cierto, tiene un tono apocalíptico. Villa Inflamable fue definida por las investigaciones que se hicieron en el lugar como una zona de riesgo ambiental alto. Se detectó la presencia de diecisiete gases tóxicos, como el benceno y el tolueno, asociados a la refinación de petróleo. A su vez, en un estudio elaborado en 2003 por una agencia de cooperación japonesa –conocido como Estudio Jica- se comparó la salud de 150 chicos de entre 7 y 11 años de Villa Inflamable con otros 150 de la misma edad de Villa Corina, un barrio también de Avellaneda, pero alejado unos doce kilómetros del Polo. La prevalencia de plomo en sangre de los chicos de Villa Inflamable casi triplicaba a la de los de Corina.
Cecilia Lorusso, integrante del área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, dice que no hay que ser ingenuos. Que la oposición a mudarse a esos terrenos muchos la llaman rivalidad deportiva o cultural, pero que en verdad se trata de una lucha por el poder. Y que esa lucha por el poder, dice Lorusso, incluye a las barras bravas, fuerza de choque de los sectores dominantes. “Además está Villa Tranquila, que está dominada por el narcotráfico. Los vecinos sienten que están cambiando el riesgo ambiental, que los mata a largo plazo, por el riesgo físico, que los mata a corto plazo”, resume Lorusso.
A los tumbos, una chata cargada con un lavarropa, una cama y varios muebles se pierde hacia el fondo de la villa. Hace más de un siglo, todo esto era una zona de quintas y granjas, un paisaje rural despojado, sin relleno ni chimeneas ni camionetas, ni nada a la vista. En 1930 comenzaron a instalarse las primeras petroleras y aceiteras –actualmente son 42 empresas, de las cuales 25 son de alto riesgo-. El barrio creció fuertemente en los ochenta y los noventa. Sin una red cloacal regular, los vecinos desechaban sus efluentes en las lagunas, que recibía también el material químico que descartaban las fábricas. Hoy, el barrio sigue padeciendo la falta de servicios cloacales, de agua potable –desde el 2007 la municipalidad distribuye bidones en los denominados puestos de agua- , y cuenta apenas con una conexión eléctrica irregular.
Como se mencionó, en 2008 la Corte Suprema de Justicia ordenó el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo y la relocalización de los barrios afectados por su contaminación. Lo que a veces se olvida es que esa sentencia –conocida como fallo Beatriz Mendoza- fue el resultado de una demanda que se inició en Villa Inflamable. Desde entonces hasta hoy transcurrieron siete años. Hace tres -en marzo del 2012- la municipalidad de Avellaneda y ACUMAR anunciaron la construcción, en un plazo de tres años, de unas viviendas para los habitantes del barrio. Villa Inflamable se trasladaría a orillas del Riachuelo- respetando los 35 metros del Camino de Sirga-, en unos terrenos pertenecientes a la empresa Exolgan, ubicados entre Villa Tranquila y la Isla Maciel.
Lo cierto es que las viviendas, tras una extensa demora, comenzarán a construirse este año. Desde ACUMAR aseguraron a esta Agencia que serán, en una primera etapa, 440 casas. Si bien no hay fecha de inicio confirmada, desde el organismo estiman que, tras el llamado a licitación que debe hacer el municipio de Avellaneda, las obras arrancarán en los próximos meses. La relocalización consiste en un trueque. Los terrenos asignados para la mudanza de los habitantes de Villa Inflamable eran de la empresa de logística Exolgan. La firma cedió esos terrenos, que usaba como depósito de conteiners, y se instalará en las hectáreas que hoy ocupa Villa Inflamable.
Mar 24, 2015 | destacadas, inicio
Según una investigación realizada en el marco del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires “desde la década de los veinte, aproximadamente, el fútbol forma parte de la genealogía masculina de nuestro país. Desde entonces un padre tiene para transmitirle y heredarle a su hijo varón tres blasones identificatorios: un nombre, un apellido y una camiseta”. Entonces, ¿Cuál es el lugar que ocupan las mujeres en este deporte?
Si recorremos las canchas de papi fútbol que existen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a encontrar un espacio cada vez más ocupado por mujeres: “Nosotras jugamos todos los domingos a las 19, y así como nosotras, hay muchos más equipos de chicas que alquilan canchas y juegan de forma regular”, comentan las integrantes de Mami Fútbol, un grupo de más de diez mujeres que se junta una vez por semana para divertirse y transpirar la camiseta. De la misma forma en que vemos las canchas de fútbol 5, antes monopolizadas por los hombres, con presencia femenina, también encontramos mujeres en los clubes grandes de la Ciudad. Éstos incluyen en sus programas la participación del género femenino en este deporte. Allí, las jugadoras arman un equipo que compite en distintos torneos, con la posibilidad de acceder a la selección nacional de fútbol femenino, tanto de cancha de 11 como de fútbol 5. Sin embargo, esta participación intensiva es bastante reciente.
Torneo Amateur en Costa Salguero
Mayra Suárez, ex jugadora de futsal -o fútbol de salla- de Racing Club, comenzó en este deporte a los 8 años, en 1994, jugando en un club de barrio. “Concurría dos veces por semana y solo realizábamos algún partido amistoso con otro club de barrio vecino porque no había muchas chicas que practicaran este deporte. Continúe todos los años jugando por diversión. (…) Ahora es más fácil armar un equipo entre amigas porque el futsal femenino está de moda”. Explica que “en general todos los clubes se manejan con una escuela de fútbol femenino donde seleccionan dos niveles, uno para conformar la reserva, en general con chicas más chicas, y otro para conformar el equipo de primera”.
Por su parte, Ginger Gentile entiende que la posibilidad de participación para las mujeres en este deporte es distinta a la de los hombres. La clave está en la infancia: “Las chicas son convocadas de grandes, no hay infantiles. Y es que el fútbol es un negocio (…). Sería bueno quizás que el fútbol masculino, especialmente el fútbol infantil, también mire el fútbol femenino, queremos más recursos para las chicas pero no sé si sería bueno exponerlas, como tampoco es bueno exponer a un chico de cinco años en una situación de jugar profesionalmente”.
El vínculo con las familias
Mayra Suárez cuenta que su familia siempre la apoyó: “Ellos escucharon mis deseos por jugar este deporte. Creo que me ayudó tener una madre sin ningún tipo de prejuicios, con la mente abierta y que observaba mi pasión por este deporte (…) Quizás el prejuicio era más social, cuando le contabas a alguien que practicabas este deporte. Esos prejuicios se disipaban cuando algún conocido me venía a ver y se daba cuenta de la femineidad y el respeto con el cual enfrentábamos a nuestros rivales”.
Torneo Amateur en Costa Salguero
Para otros sectores, sin embargo, no es tan simple alejarse de los roles que las familias asignan. En el caso de las chicas de la villa 31, retratado en “Mujeres con pelotas”, estas desigualdades se reproducen en las propias casas de las chicas, en donde el fútbol es visto como un deporte de hombres, y las primeras que levantan la voz en contra de la participación de las chicas, son sus madres. Ginger Gentile cuenta “Las chicas decían que no podían jugar por el machismo, por los hombres, pero cuando preguntábamos quién, con nombre y apellido, las respuestas eran: ‘mi mamá’, ‘mi tía’, ‘mi hermana’”.
Los medios de comunicación también colaboran para que esta visión de la mujer en el hogar no se modifique. Carolina Zanino, Delegada de Géneros de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), del sindicato del Ministerio de Economía de La Nación entiende que “Los medios de comunicación son un espacio clave. Uno ve las publicidades y siguen siendo las mismas que en la década del 60. El rol de la mujer ahí sigue siendo igual, sobre todo las que son de limpieza (…) Entonces, a nivel cultural sigue existiendo una discriminación hacia la mujer. Y después está el tema de que los hombres no se lo tienen que tomar a la defensiva, que el cambio tiene que ser entre todos. Esto implica como un desequilibrio para algunos hombres porque, ¿qué significa ser hombre: mantener, significa ser fuerte, no llorar? Eso también se revoluciona y ellos también tienen que hacer un esfuerzo como para reubicarse en su masculinidad y en su ser hombre. Eso significa para ellos una pérdida de privilegios, por eso es importante la participación tanto de hombres como de mujeres”.
Esta visión sobre los roles que desempeña cada género sigue siendo la predominante. En la actualidad muchos chicos siguen llevando la bandera de la masculinidad futbolística. Laura Elinger, integrante de Mami Fútbol, trabaja en la Casa Popular “Vientos del Pueblo” perteneciente a la agrupación política Patria Grande, ubicada en el barrio de Barvanera. Allí realiza apoyo escolar y recreación para chicos de entre 6 y 9 años. Cuenta que en una de las salidas a la plaza, chicos de seis años no querían pasarle la pelota porque decían que las mujeres no juegan al fútbol. Laura les explicó que ella era mujer y también jugaba al fútbol. Ahora la invitan a ser la arquera del equipo.
Partido amistoso en Villa Crespo
Panorama social
“Mujeres con pelotas” le da la palabra a varios especialistas en la materia, y una visión que predomina es la de justificar la exclusión de las mujeres en el fútbol por causas “naturales”, ya que es un deporte de fuerza y no es posible igualar las posibilidades de las mujeres con las capacidades de los hombres. Para Ginger Gentile, el problema no es natural, “(…) lo que pasa con las chicas es que faltan años de entrenamiento. Muchas empiezan a jugar a los 16, o un poco antes. Para mí la respuesta sería que todos los clubes que tienen fútbol infantil, hagan todo mixto. Para ya tener un programa de entrenamiento que existe, y no tener que abrir una escuela de fútbol femenino”, que lo único que hace es mantener la diferencia.
De la misma forma lo interpreta Carolina Zanino, quien muestra un panorama más amplio para intentar encontrar el origen de la discriminación de las mujeres en este deporte. Y es que el tiempo que las mujeres pasan fuera del trabajo, es ocupado por otro trabajo, uno no remunerado: “Hace poco el INDEC publicó una encuesta que me parece sumamente importante, que está bueno que se haya hecho la primera acá en Argentina, sobre usos del tiempo. Lo que hace es comparar cuántas horas de trabajo le dedican hombres y mujeres de todas las edades, al trabajo no remunerado que es: cuidado de los chicos, limpieza, hacer las compras, cuidado de ancianos, etc. Los resultados de esa encuesta son que las mujeres dedican el doble de horas que los hombres (6 y media sobre 3 horas diarias) a este trabajo”.
Torneo Amateur en Costa Salguero
Falta de tiempo, miedo, negativas en casa, rechazos en los clubes, falta de presupuesto, discriminación, son algunas barreras que debe derribar una mujer para jugar al fútbol. La posibilidad de acceder a este deporte es también la posibilidad de cambiar el rol que debe representar la mujer en la sociedad, en el hogar, en la cultura.
Hoy se pueden encontrar cada vez más mujeres que juegan al fútbol, ocupando estos espacios antes exclusivos de los hombres, usando su tiempo para divertirse. Sin embargo, los datos oficiales indican que aún hay cosas para cambiar.
Mar 18, 2015 | destacadas
Los músicos que tocan en las calles de la Ciudad de Buenos Aires reclaman que sea tratado el proyecto de ley que presentaron en la Legislatura en 2012. Defienden su actividad frente a un vacío legal que no se adapta a la nueva realidad histórica. Aquí cuentan su historia y el reclamo que los une.
Se nuclearon en el Frente de Artistas Ambulantes Organizados (FAAO) y presentaron en 2012 un proyecto para preservar la actividad musical en la ciudad. Ahora esperan que la Legislatura aborde y discuta el proyecto. Lo que conecta las experiencias de estos artistas es la necesidad de un marco legal renovado. Ellos defienden la geografía urbana como un escenario de expresiones comunes. Y en todos los casos, la elección de tocar en las calles responde a la misma necesidad: sostenerse en la voz que dice acá estoy, esto soy, esto sé hacer.
Cuando una ley no se expresa con claridad sobre un tema, le sobrevienen interpretaciones de toda índole. Cuando una norma no se adapta a una nueva realidad histórica, la norma -o la realidad- quedan obsoletas. En el caso de la música en las calles, se da un juego de la norma donde no hay ley, y al artículo que dice la música sí, se le contrapone la norma que dice el ruido no. La ausencia de una ley específica que regule esta práctica, habilita a múltiples interpretaciones que se superponen. Y ahí empieza el problema.
Los elementos legales con los que hasta ahora se ha abordado el tema de la música callejera, son variados y se usan a favor o en contra de la misma, según el caso. Sin embargo, los músicos que reclaman, concuerdan en la ambigüedad de la normativa actual.
Por un lado la ley 4.121 asegura que “no constituye contravención (…) la actividad de los artistas callejeros en la medida que no exijan contraprestación pecuniaria”. Pero en muchos casos, esta normativa es anulada con otros artículos de otras leyes que prohíben los “ruidos molestos”. Y la lectura, en cada caso, se adapta al lector.
En el caso del artículo 82 del Código Contravencional, el mismo expresa que será sancionado “quien perturba el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos que por su volumen, reiteración o persistencia excedan la normal tolerancia”. Sin embargo, unos párrafos más adelante, se agrega que “no constituye contravención el ensayo o práctica de música fuera de los horarios de descanso siempre que se utilicen dispositivos de amortiguación del sonido de los instrumentos o equipos, cuando ello fuera necesario”.
Lo que sucede es que los músicos callejeros, en ocasiones son censurados bajo denuncias por “ruidos molestos”, sin la correspondiente medición de decibeles.
Andrea es saxofonista en Pollera Pantalón y contó: “Trabajo hace diez años de esto y en la calle tuvimos varios problemas con la policía por denuncias de ruidos molestos. Años antes, con la Urbanda (ya éramos 7 músicos con un sonido importante) cada tanto recibíamos denuncias por ruidos molestos, y nos metían una contravención. Nos confiscaron los instrumentos varias veces (cosa que nos dejaba sin laburo por varias semanas) y lo que pasaba era que cuando nos citaban del juzgado, el juez decía que lo que hacíamos no era una contravención, que el procedimiento policial estaba mal hecho, y que nos devolvieran los equipos”.
En el caso del subte, Oscar toca allí desde el 2001 y dijo que “nunca, un instrumento con amplificador puede superar el ruido que hace el subte sobre los rieles”. En las calles, para poder prohibir la amplificación, debería previamente medirse el sonido y establecer si supera o no el límite permitido. Pero esa medición no se suele hacer.
En junio de 2014 el gobierno porteño asumió el control de la red de subterráneos. Alejandro Cabrera Britos –saxofonista de Jamaicaderos y miembro fundador del FAAO- dijo que “en solo dos meses se registraron 42 casos de violencia institucional de parte de la policía metropolitana, que iban desde el pedido elegante de salir de vagones y andenes, hasta la amenaza de labrar un acta contravencional o secuestrar instrumentos y equipos”.
Una de las encargadas del área de Prensa y Comunicación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Inés Barbitta Benítez, dijo que “en la medida que se autoricen en lugares adecuados, abiertos (normalmente parques y plazas), alejados de las viviendas residenciales y siempre que no se superen los decibeles máximos admitidos por las normas legales, se los considera una expresión cultural que debe ser promovida por la autoridad de aplicación”.
En relación a las denuncias hechas por varios músicos callejeros que sufrieron censuras por parte de la Policía Metropolitana, el diputado porteño Alejandro Bodart dijo que “no sólo hubo operativos policiales, sino también persecución por parte de inspectores del área de Espacio Público con la excusa de los ‘ruidos molestos’ y el régimen de faltas. Desde ya, ninguno de esos inspectores tenía un decibelímetro para comprobar si los músicos excedían o no el tope permitido. Una ley de regulación le pondría fin a estas injustas persecuciones”.
A su vez, la saxofonista de Pollera Pantalón agregó que se “deberían medir los decibeles para ver si se supera el máximo tolerado, pero jamás vi en la Argentina un decibelímetro. En la ciudad de Buenos Aires hay un hueco legislativo al respecto, porque no existe la prohibición, pero tampoco el permiso, entonces quedamos a merced del humor del fiscal de turno”.
Hay otra norma que, según los músicos, suele ser utilizada por las autoridades policiales para extraerles los equipos amplificadores. Se trata del decreto 1.239 del año 1993 que no permite la amplificación del sonido con medios electrónicos. Sin embargo, los músicos dicen que este decreto queda sin efecto si se cumple la ley 1540 del control de la contaminación acústica, que establece los parámetros permitidos en la emisión de ruidos y vibraciones en el espacio público.
Alejandro de Jamaicaderos dijo que en todos estos años tuvieron “infinidad de problemas, que van desde una colección de más de 60 contravenciones por supuestos ruidos molestos (donde usan subjetivamente el artículo 82), por supuesta usurpación del espacio público (donde usan autoritaria y arbitrariamente la ley 451) y por vender mercadería ilegal, o sea nuestros cd´s”. En cuanto a la prohibición de tocar en transportes urbanos, el saxofonista aclaró: “Estuvimos reunidos con autoridades de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y nos confirmaron que no existe ninguna resolución ni normativa alguna de ese carácter, que es una estrategia que utilizan internamente las empresas de transporte”. El diputado Bodart también se expresó al respecto y dijo que “no existe tal norma o resolución prohibitiva. Es sólo una versión falsa e interesada que hacen circular empresarios o inspectores de colectivos con el objetivo de restringir a los artistas”.
Por todos estos motivos, varios músicos agrupados en el FAAO, reclaman que la Legislatura analice el proyecto de ley que presentaron hace tres años. Esperan la sanción de una ley que regule su trabajo, y les permita defenderse de avances, censuras o atropellos. Una ley que instaure parámetros. Que establezca las reglas de un juego más justo.
Los diputados Alejandro Bodart, Gabriela Alegre, María Rachid y Edgardo Form, fueron los encargados de presentar formalmente el proyecto de ley en la Legislatura. En cuanto a la norma vigente, Bodart critica el decreto 1.239 porque “obliga a solicitar un permiso en la Dirección de Acción y Promoción Cultural. En realidad funciona como traba, ya que no renuevan los permisos. Por eso la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una actividad cultural tan variada y reconocida, necesita una ley para regular y proteger una de esas expresiones populares como lo son los músicos y otros artistas de la vía pública”.
Pero el proyecto de ley todavía no fue tratado. Con respecto a esto, Bodart dijo que “como la Comisión de Cultura de la Legislatura porteña lamentablemente no trató nuestro proyecto de ley en tiempo y forma, este año lo hemos vuelto a presentar. Es el Expediente 660-D-2014 y visto que la Ciudad tiene una deuda con los artistas haremos fuerza para que se inicie su debate a partir de marzo próximo”.
En cuanto al contenido del proyecto, el diputado Bodart expresó que “la ley que proponemos define a los artistas callejeros en forma amplia, establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Cultura, no requiere de permisos previos, en el caso de los músicos dispone la obligación de cumplir los decibeles permitidos y propone incluir la información sobre los diferentes artistas en el sitio electrónico oficial de la Ciudad para ayudar a su difusión y promoción”.
Alejandro de Jamaicaderos agregó que “lo que busca el proyecto de ley es despenalizar el arte ambulante, exigir el fin de acciones de la policía hacia los músicos y la prohibición del secuestro de instrumentos por parte de la fuerza pública”.
Todos ellos son artistas que defienden lo que hacen y dicen que, después de todo, hay algo que no ha cambiado: la cercanía del púbico que disfruta con las canciones. Los que pasan caminando, los que se detienen para escuchar, tal vez intuyan que detrás de una melodía puede haber un reclamo, un gesto, la intransigencia frente a un hecho hostil. Conocer la situación de estos artistas, puede ser una forma de atreverse a escuchar la música callejera como algo que también le es propio: una forma de resistir. Esas voces que se sostienen y dicen: acá estoy, esto soy, hay algo que quiero decir.
Mar 7, 2015 | destacadas, inicio
La victoria peronista emana de sus dedos. No vale cantar el himno si no se acompaña con la «ve» que forman los dedos índice y medio. Los aplausos son pura presencia, aquí estamos. Con el marco dramático de la llovizna, recorro la periferia de la Plaza del Congreso buscando imágenes que siempre son la misma: grupos de amigos, conocidos o familias enteras alrededor de una radio.
La ciudad despierta gris, el domingo es tan domingo que hasta entrado el centro porteño casi nadie se entera que el Kirchnerismo duro volverá a la calle para escuchar por última vez a Cristina inaugurando las sesiones ordinarias del Congreso. Siendo las once, la avenida 9 de Julio es cercada por micros estacionados y otros que llegan. Los encolumnados ya coparon prolijamente la plaza.
En la marcha, el clima contagia. Suena «Tengo», de Sandro, reversionado por Divididos; acompañan los bombos, banderas de Argentina y gorros, en este caso bandanas con diseños alusivos; hay miradas cómplices, abrazos por doquier y esa sensación que se conocen todos, o casi.
Minutos antes de las doce, el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín se moviliza por la avenida Callao ante la mirada y el aplauso de las familias. En las adyacencias de la plaza, se pierde la homogeneidad del centro de la escena, donde hasta minutos antes del discurso ya era imposible ingresar. La gente se escurre buscando, como todos, un buen lugar. Suena el himno, todos cantan.
Las victorias se llevan como remeras. El discurso durará más de tres horas. Ellos fueron a escucharla. En el centro, donde la masa se viste de fiesta, el silencio derriba todo, se bajan las banderas. En las adyacencias, todos miran al Congreso, su voz llena cada rincón. Nélida, una docente jubilada de 64 años cuenta en la marcha: «Estoy aquí por mis ideales, para defender la democracia y a una presidenta que hizo todo por el país».
Apoyada en la baranda, en una de las calles que bordean al Congreso, Magdalena (28) egresada de Sociología en la UBA, explica: «Como verás no estoy encolumnada, vine como ciudadana, siempre la seguí por tele y siendo el último discurso que va a dar sentí que era un momento histórico para estar», me dice.
Cristina habla, pero Magdalena se toma su tiempo para exponer su postura respecto al 18F: «Un comentario que había y lo vi por TN era de una movilización con gente de la tercera edad; mientras que esta, convoca a todas las edades. Me parece también que haya habido esa movilización es gracias a este contexto, creo que años atrás no se salía y ahora salimos nosotros, y salen los demás».
El discurso lleva más de una hora y son muchos los que aun esperan algún amigo o conocido para intentar acercarse al escenario. Entre ellos, Sergio (52), técnico de fútbol, en un tono firme me dice que el 18F marcharon «fiscales corruptos que no resuelven ningún caso y saben poco de casos resonantes como la AMIA o Rio Tercero», y agrega que «hoy se movilizó la familia, gente grande, pero también mucha juventud; en la marcha de los fiscales tenías que buscar con lupa a los pibes».
Tiene razón, los pibes están y los no tan pibes también. Sergio y Sebastián rondan los 40, son docentes, ninguno estuvo en la marcha del 18F, pero por lo visto en los medios, exponen su opinión: «Por lo que leí era una composición social más homogénea y no había tanta diversidad como acá. Más minoritaria, en términos políticos y de proyecto», me cuenta Sergio. «Hubo intereses muy claros por detrás de la marcha del 18F, fue mucho más que una movilización ciudadana. La composición social no la vi, tengo entendido que fue una franja etaria alta, cincuenta, sesenta años de promedio, poca juventud, niveles económicos medios y altos, eso habla de una franja de la sociedad», cierra Sebastián.
En el 1M no hay enojo, ni división. Son ciudadanos, como todos. Ellos se acercaron por un ideal y encontraron un respaldo. Otros, se agrupan detrás de pensamientos distintos sobre el país que anhelan, pero todos parecen convivir. La política es y siempre fue un inagotable debate, por más que para el negocio de algunos medios sea más rentable hablar de grieta.
Martín y Ana dejan el vallado, agotados, se sientan a un lado de la calle. Buscan un poco de aire, la necesidad de descansar. Son estudiantes, rondan los 24. Hablan poco y lento, vienen a dar apoyo y no consideran que el 1M sea una contramarcha, como se la calificó desde algún sector de la prensa. Reconocen la legitimidad del 18F, pero no caminarían sabiendo quiénes la convocan, sea con el fin que fuere.
La lluvia es cada vez más fuerte, la voz de Cristina se pierde. Un poco más lejos del escenario, dos banderas gigantes con los rostros de Néstor y Cristina bajan por los laterales del Congreso. El acto parece llegar a su fin. Alejandro y Leonardo son empleados en una fábrica, tienen 32 cada uno, «acá está el pueblo», me dicen y enumeran algunos de los logros del gobierno.
También hay milintantes: «Soy parte de este espacio político que gobierna a la Argentina desde 2003 y como militante de este proyecto político y de Kolina esta apertura de sesiones representan un momento histórico para la Argentina», cuenta Facundo, empleado, treintañero. Entiende que el 1M sirvió para «reafirmar el apoyo» y no polemiza con el 18F sino que lo ve como la posibilidad de un país «donde todos sienten que la democracia ha generado las condiciones necesarias para salir y movilizarse con total libertad y con plena garantía de sus derechos constitucionales y sin reparos».
