Una vez más, el 0800 “Buchón” indigna a la comunidad educativa porteña. Desde su reapertura el 24 de febrero último -tras la apelación presentada por el Gobierno de la Ciudad y el fallo favorable de la justicia porteña- el mensaje de voz que se oye al marcar el 0800-444-2400 ha ido cambiando con las distintas circunstancias y contextos de la política educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En mayo, al marcar la línea se escuchaba: “Se ha comunicado con la línea telefónica gratuita para alertar situaciones irregulares en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por favor déjenos su mensaje cuando oiga la señal”. A fines de junio, en el marco de las tomas de las escuelas secundarias, aparecieron algunas opciones nuevas para marcar, como quejas relacionadas con la calidad de la enseñanza, denuncias relacionadas con el Ministerio, infraestructura y equipamiento, inseguridad, y la polémica opción: “Por inculcación ideológica en establecimientos, marcá 2”.
Esta opción generó el repudio inmediato de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTRA) Capital -que representa a todos los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, de todas las áreas, niveles y modalidades- quienes, el 25 de junio último, realizaron una conferencia de prensa para denunciar formalmente la existencia de esta línea telefónica.
Luego de la denuncia, la controvertida opción desapareció misteriosamente de la lista disponible al marcar el 0800, dejando intactas todas las demás posibilidades. Matías Zalduendo, actual vocal de la UTE, Secretario Nacional de Juventud del CTA y recientemente elegido Secretario de Derechos Humanos del gremio, dialogó con ANCCOM y expresó su punto de vista respecto de esta situación: “Inmediatamente después de que hicimos la denuncia, modificaron el audio del 0800. La parte que decía ‘inculcación ideológica’ no existe más. Por suerte lo grabamos y lo tenemos para probar que no fue una locura nuestra sino que existió realmente”. Y para dar cuenta de ello, el sindicato lo tiene disponible en su Canal de Youtube:
“Salimos a denunciarlo porque en ese 0800 se incluye lo que llaman ‘inculcación ideológica’ y no estamos de acuerdo que se exija a las familias o a los alumnos, el denunciar la participación política de otros actores de la comunidad educativa”, expresó el dirigente.
Zalduendo explicó la mirada que tiene el gremio con respecto al tema de lo ideológico: “Nosotros tenemos una opinión muy fuerte: la educación es política. En la escuela, de por sí, hay inculcación ideológica, no podemos separar la educación de la ideología. Entonces, nos sorprendía qué tipo de denuncia haría alguien cuando llame. ¿Me están dando geografía de esta manera, o me están dando historia de esta manera? No estamos de acuerdo con que haya proselitismo partidario en las escuelas, pero sí discusión política”.
El flamante Secretario de Derechos Humanos de UTE amplío: “Es imposible desideologizar la educación, porque la educación es ideológica, es política. Cuando elegimos dar un tema por sobre otro, es una decisión política. ¿Cómo cuento la historia? es una decisión política. ¿Cómo se contó la historia de nuestro país durante estos doscientos años? fue una decisión política. Que las minorías no tengas voces en los libros de historia, que se prohíba la teoría de conjuntos o la lectura de cuentos infantiles en la época de la dictadura militar, todos eso, eran decisiones políticas, porque la escuela es un lugar en disputa ideológica constante”.
Zalduendo también expresó su descontento frente a la existencia de esta línea telefónica gratuita y opinó sobre la estigmatización que sufren los jóvenes en el marco de las tomas estudiantiles en reclamo de un plan integral de reformas edilicias y de mayor participación en las reformas curriculares de la Nueva Escuela Secundaria de la Ciudad (NES): “En medio de la toma una compañera llamó a este 0800 y escuchó esta grabación. Lo que se busca es estigmatizar a los jóvenes que toman las escuelas, sin debatir el contenido político de la misma, sin discutir si estamos a favor o en contra”.
En este sentido opinó: “Hay una mirada desde el PRO de estigmatización hacia los jóvenes. Bienvenido sea que haya jóvenes que quieran cambiar el mundo, que participen, que se motiven, y que elijan cómo transformar o cómo luchar contra medidas que consideran que atacan la educación pública. Celebro que participen y que tengan pluralidad de voces. Nos parece preocupante la mirada del Ministerio de Educación de la Ciudad, que lo que busca es denunciar la participación de los jóvenes, lo que ellos denominan ‘inculcación ideológica’”.
Según se lee en el volante publicitario de este 0800, se invita a “padres y alumnos adultos” a comunicarse con el Ministerio de Educación como “un canal directo para brindarte información y responder a tus inquietudes”. Al respecto, Zalduendo opinó: “¿Cómo puede haber un joven denunciando a su propio compañero porque está inculcando algún tipo de ideología? Me parece que en la Argentina del siglo XXI, que fomenta ciudadanos críticos y socialmente responsables, no puede no haber participación. Nosotros celebramos cuando nuestros alumnos terminan el nivel medio con mayor grado de autonomía y con más ganas de participar, eso es lo importante”.
En este sentido, el gremialista concluyó: “Uno le da a sus estudiantes la posibilidad que puedan escuchar distintas voces y sacar sus propias conclusiones, terminar sus estudios con más preguntas que afirmaciones. Lamentablemente, nosotros tuvimos en la Argentina muchos años de una educación pensada para la dominación. Ahora queremos construir una educación pensada para la liberación, pensada desde los trabajadores, desde los estudiantes, para una patria más justa, libre y soberana. No para algunos sectores privilegiados que buscan mantener el statu quo. Nosotros eso no lo concebimos”.
En la conferencia de prensa de UTE, Eduardo López, Secretario General del gremio, rechazó el 0800 y aclaró qué se entiende por ideología en el marco de la transmisión de conocimientos dentro del ámbito educativo: “No vemos mal el 0800, el problema es la denuncia por ‘inculcación ideológica’. No hay manera de enseñar sin ideología. La ideología es el conjunto de ideas que forman el pensamiento y nosotros enseñamos a pensar. Exigimos al Jefe de Gobierno y candidato a Presidente, Mauricio Macri, que lo saque porque no hay no-ideología en el currículum. No le niego la ideología al macrismo, ni pretendo naturalizar mi ideología, lo que estoy diciendo es ideológico, si no dijera nada, también lo sería”.
Y en el mismo contexto el dirigente amplió: “Lo que estoy diciendo tiene una postura ideológica, lo que dice este 0800, tiene una postura ideológica. Lo que nunca voy a decir es que mi postura ideológica, es la natural y la correcta y el que piensa lo contrario, hace ideología”.
Por su parte, Nicolás Baigorri, alumno de la Escuela Nº 7 DE Nº 9, María Claudia Falcone, expresó a ANCCOM: “La existencia de esta línea va mucho más allá de las medidas que quiera poner el Ministerio sobre las escuelas, abarca un tema de libertad de expresión de cada uno de los alumnos, la ideología política de cada estudiante no tendría por qué ser denunciada”.
La UTE anunció en la conferencia, que realizará una presentación judicial junto a a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Coordinadora de la Red Cívica Sindical por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S, Familiares de Detenidos y Desaparecidos y el Observatorio de Derechos Humanos. En este sentido, presentó una acción de amparo ante la justicia, a fin de que se protejan las garantías fundamentales ciudadanas y se garantice la inviolabilidad de los preceptos constitucionales.
En la madrugada del 4 de julio de 1976, tres sacerdotes y dos seminaristas de la orden palotina fueron asesinados por un grupo militar en la casa parroquial de San Patricio, en el barrio de Belgrano. A pesar de acercarse el aniversario número cuarenta de aquel crimen, el caso permanece sin responsables identificados, con un proceso de investigación reiniciado recientemente, y casi sin visibilización.
Como todos los 4 de julio, el sábado último se realizó en la Parroquia de San Patricio otra conmemoración de los religiosos. Varias personas se acercaron a la misa ofrecida por la comunidad palotina del barrio de Belgrano, con el objetivo de recordar una vez más a quienes consideran mártires de la Iglesia: “Porque entregaron toda su vida al Señor, hasta su muerte. Coronaron toda esa vida religiosa con la muerte del martirio”, dijo a ANCCOM Rolando Savino, quien fuera amigo de los sacerdotes y organista de la Iglesia durante su adolescencia. La misa del sábado fue sencilla, aunque por detrás se halle un movimiento complejo en el que intereses y silencios se disputan, aún, una definición.
Frente al altar se encontraban los cinco retratos de las víctimas junto a cinco velas que los iluminaban de cerca. Ahí, mirando hacia la gente, estaban las fotos de los sacerdotes Alfredo Kelly, Pedro Dufau y Alfredo Leaden; y de los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Detrás de ellos, la alfombra roja con los agujeros de las balas, la mismísima prueba del asesinato impune.
La historia
“La masacre de San Patricio” fue el título que eligió el periodista Eduardo Kimel para el trabajo de investigación que realizó durante los años ochenta, y que fue la primera información detallada y certera de lo sucedido.
En la mañana del domingo 4 de julio de 1976, Rolando Savino esperaba, con otros feligreses y vecinos, en la puerta de la Parroquia para la misa de la mañana. Cerca de las 8 creció su preocupación porque ningún sacerdote se hacía presente. Conocía bien a los curas y aquello no era común; por lo que decidió saltar por una ventana para ver qué había pasado. Al entrar, Savino descubrió los cadáveres, corrió en busca de la policía y luego comenzó la confusión forzada. Hubo testigos que durante la noche del sábado y la madrugada del domingo habían visto movimientos extraños de autos frente a la casa de los palotinos. “Ellos presenciaron cuando llegó un patrullero y le dio la orden al policía de la esquina para que se borre, porque iban a reventar a unos zurdos, y vieron cuando la gente armada bajaba en dirección a la parroquia. Lo que nunca pensaron era que iban a entrar allí”, contó Rodolfo Capalozza, un sacerdote sobreviviente que en aquel momento era parte del grupo de seminaristas.
En la Comunidad de San Patricio había seis seminaristas estudiando, de los cuales cuatro no se encontraban durante la noche del crimen. Uno era Roberto Killmeate, que se había ido a estudiar a Colombia, los otros dos eran Miguel Robledo y Jorge Kelly que estaban ofreciendo un retiro en otra Parroquia, y el cuarto era Capalozza, que sobrevivió porque horas antes había decidido quedarse en casa de sus padres y no volver a dormir a la iglesia.
Capalozza contó a ANCCOM que, junto a los cuerpos de sus amigos, los asesinos habían dejado mensajes: “Consignas como Por los camaradas muertos en el Departamento de Policía, como si fuera una venganza por lo que había sucedido dos días antes en la Superintendencia de Seguridad Federal. O «Por pervertir las mentes de los jóvenes» era la otra leyenda. Todo decía ‘M.S.T.M.’ (Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo)”, recordó el párroco. Sin embargo, los indicios del asesinato fueron ignorados. Eduardo Kimel relata en su investigación: “Hubo una política deliberada para esconder las evidencias. El comando de la zona I se apresuró a atribuirlo a una organización terrorista de izquierda. La presencia de altos funcionarios militares durante el velatorio de las víctimas contribuyó a dar la impresión de que el homicidio era condenado desde las esferas oficiales (…) La colocación de la bomba en Seguridad Federal fue atribuida a los Montoneros sin mayores precisiones”. El periodista explicó que la matanza de los sacerdotes tenía las marcas de una venganza por aquella bomba que habían colocado en la sede policial, pero ambos hechos –la muerte de los palotinos, y la bomba– fueron difundidos como “atentados de la subversión”.
Las dos Iglesias
Otro de los seminaristas sobrevivientes fue Roberto Killmeate, quien había partido a estudiar a Colombia en marzo de 1976. Según Killmeate, desde la llegada del grupo de estudiantes a Belgrano –en 1973–, los vecinos habían hecho sentir su disconformidad: “Estábamos en una época donde había militancia. Es decir, había una serie de conflictos sociales que se expresaban en distintas corrientes de pensamiento, y nosotros estábamos inmersos en ese contexto. Pero el nivel de la gente que asistía a la parroquia estaba en otra sintonía, eran de clase media alta, y no les gustaba aparentemente nuestro proceder, en la forma de vivir más que nada. Empezaron a surgir algunos malestares de la gente local, que dejaba de ir a la misa porque decían que éramos zurdos, peronistas y toda una serie de cosas.”
Actualmente, Killmeate no es más sacerdote porque no comparte la visión de la Iglesia que se intenta mostrar: “A muchos les daba vergüenza pertenecer a una congregación en la que había habido asesinados. Y bueno, yo resistí lo que más pude pero me agotaron. De esa manera no había más posibilidades de diálogo”.
Ante ANCCOM, Killmeate puso en contexto aquella época: “A pesar de que no toda la Comunidad de San Patricio compartía las mismas ideas, había una necesidad de buscar un cambio en la sociedad. O lo buscábamos políticamente en una acción partidaria, o lo buscábamos en forma de religión, en el marco del Documento de Medellín, que había marcado el inicio de la corriente que se llamó Teología de la Liberación. En ese documento, los obispos latinoamericanos habían declarado que la opción de los pobres era una de las opciones principales de la Iglesia, y que la pobreza era causal. El objetivo de esa matanza tan trágica fue conseguido, porque a partir de ahí todos se callaron. En ese momento lo que más se privilegiaba era la Iglesia del poder, acomodada al status quo y no la de un servicio como lo que nosotros nos proponíamos”.
Francisco Chirichella, abogado que impulsa el proceso de beatificación de los sacerdotes, y amigo de la Congregación opinó también al respecto: “Hubo un antes y un después para la Argentina y para la historia de la Iglesia. Esa fue una manera muy certera de acallar a una Iglesia, una situación que se planteó desde el poder mismo”.
Proceso Judicial y Beatificación
“El problema que tenemos es que le cuesta a la Iglesia poner en el altar a algunos hermanos junto a otros de la misma religión que estaban bendiciendo las armas de los asesinos. Entonces poner en el altar a algunos sacerdotes, religiosas y laicos implica de alguna manera, mostrar que otros estaban equivocados”, aseguró el abogado Chirichella.
Durante los primeros años posteriores a la dictadura, la investigación judicial que había comenzado se vio limitada, y los sospechosos habían sido absueltos por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Luego hubo un largo período en que los vaivenes de la sociedad argentina hicieron que se postergara el proceso y ahora, finalmente, el caso es incorporado a la investigación de la megacausa que investiga los crímenes cometidos en el ex Centro Clandestino de Detención y Exterminio que funcionó en la Esma. “El único hecho que se está investigando fuera del ámbito de la Esma, es el de San Patricio. El inconveniente que se le presentó al juez Sergio Torres es que tiene que vincular lo sucedido en San Patricio con un Grupo de Tareas que salió de la Esma. Este año han hecho pericias con una bala que quedó en un cuadro para determinar si es del mismo tipo de las que se usaban en la Esma en aquella época”, dijo el abogado.
Otro 4 de julio en San Patricio
Chirichella comentó, además, sobre los avances en la causa canónica que se inició en 2001, en la que se busca que la Iglesia considere beatos a los cinco palotinos asesinados: “En Roma me parece que hay otra receptividad. La prueba es que Monseñor Romero – el salvadoreño asesinado en marzo de 1980 mientras oficiaba una misa– fue declarado beato, el primero en América Latina. Su caso reúne más o menos características similares al de los curas palotinos. Para considerarlos beatos tiene que probarse que fueron mártires de una Iglesia católica y que fueron asesinados por gobiernos cristianos católicos. Pero esto ha generado dentro de la Iglesia una resistencia muy grande. Por eso estas causas llevan mucho tiempo hasta que se resuelven. Pasaron cuarenta años y cuesta. La de Enrique Angelelli –obispo asesinado en agosto de 1976– ahora está avanzada, se destrabó. Creo que tiene mucho que ver la influencia del Papa Francisco en Roma, y esto nos hace ser más optimistas con relación a los palotinos”.
Roberto Killmeate opinó que la beatificación estará bien para un gran sector creyente, pero no resulta reivindicativa, ya que se vacía el hecho de contenido histórico: “Me parece que tenemos que profundizar y preguntar por qué murió esta gente. Porque hay un testimonio concreto de otro estilo de Iglesia que tiene que prevalecer, y eso no está”, concluyó.
«El afro argentino está de la peor de las maneras: invisibilizado». Así resume su trabajo Alejandra Egido, actriz y directora cubana que dirige la Compañía Teatro en Sepia, un colectivo de mujeres que a través del arte representa y transmite las problemáticas históricas de la comunidad afroamericana en el país y en la región.
Invisibilización es la palabra que se repite en la mayoría de los testimonios. La comunidad afro en Buenos Aires busca, a partir de su cultura, combatir, sobre todo, sus consecuencias. «Si se consigue hacer sensible a la sociedad y al Estado sobre la presencia, las necesidades y la identidad de los y las afro, las actitudes cambian», asegura Egido.
Ese es el objetivo de obras como «Afrolatinoamericanas. De voces, susurros, gritos y silencios», declarada de interés por la Ciudad de Buenos Aires y que recupera las voces de mujeres negras. «Si alguien en la sociedad necesita respeto, desde todo punto de vista, es la mujer. Ni hablar la mujer negra», sentencia la directora.
Alejandra Egido llegó en 2007 a Argentina. Por esa época, participó en encuentros en el Palacio San Martín donde se debatía sobre las temáticas de la comunidad afro. «Estaba llenísimo. Cuando vi a tanta gente, no lo podía creer —dice a ANCCOM—. A mí me contaban que en Argentina, los negros habían muerto por la fiebre amarilla y las guerras por la independencia. Nunca había visto en otras partes del mundo que el fenómeno del racismo sea invisibilizar a alguien», cuenta Alejandra.
El trabajo artístico, dentro de la Compañía Teatro en Sepia, va de la mano de la defensa de los derechos de los afros. Carmen Yannone, una de las actrices, cuenta lo difícil que es para los más jóvenes reconocerse identitariamente dentro de su comunidad. «La palabra ‘negro’ para la sociedad, es lo feo, lo pobre, lo peor. Los hijos de mis sobrinas, por ejemplo, son blancos y dicen ‘yo no soy negro’. Tengo otros sobrinos que me agradecen por mostrarles que ser negro es un orgullo», explica Yannone.
Egido ejemplifica con situaciones aparentemente normales que se viven a diario, como la historia de la hija de una amiga, que también es afrodescendiente, a la que le preguntaron por la calle: «¿De dónde sos?». Silvia Balbuena, otra de las actrices de la obra, amplía: «Es muy feo que te pregunten eso, respondas ‘de Argentina’ y te repregunten: ‘¿Y de dónde son tus abuelos?'».
El 23 de diciembre de 2013, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que proclama el Decenio Internacional de los Afrodescendientes entre 2015 y 2024 e impulsa programas que apunten a «promover el respeto, la protección y la realización” de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como también difundir su herencia y su cultura.
Desde el año pasado, la Compañía Teatro en Sepia integra uno de los organismos que trabaja para implementar esos programas: la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Katherine Fernández, una de las activistas que llevan adelante este proyecto, cuenta que en las cumbres «reciben a casi 400 mujeres de organizaciones de 22 países». En la próxima, de la que participará la Compañía, «se va a proponer una plataforma política para llevar a los organismos internacionales, Estados y gobiernos regionales».
«Nosotras estamos proponiendo que, a través del teatro, podamos hacer un taller con mujeres afro de la Ciudad de Buenos Aires, debatir los temas de las obras y terminar haciendo una encuesta como prueba piloto para movilizar al INDEC y la Dirección de Censo de la Ciudad, a ver si se llega a hacer una estadística desagregada a los afrodescendientes», amplía Egido sobre sus propuestas. La falta de datos oficiales precisos es uno de los principales temas: «El INDEC hizo un relevamiento en el censo de 2010 que no fue completo y que se dijo que era simbólico, para que posteriormente se hicieran más investigaciones. No tenemos los números reales. No tenemos ningún programa que nos proteja porque no se sabe qué necesitamos», señala Egido.
Otro de los proyectos dedicados a la transmisión de la cultura afro en Buenos Aires es el Movimiento Afrocultural, un espacio en el barrio de Monserrat, que constituye la continuación de los trabajos del Grupo Cultural Afro, creado en 1987, y la Comparsa Kalakan-Güé, fundada en 1998 y declarada patrimonio cultural de la Ciudad.
Ángel Acosta Martínez, afrodescendiente nacido en Uruguay y uno de los activistas que trabajó desde el comienzo en ese grupo, relató, en diálogo con ANCCOM, que junto a su hermano José Delfín Acosta Martínez migraron a la Argentina en los años ’80 «por la problemática de los militares en Uruguay». «Nos encontramos en una Argentina que negaba la existencia de los propios afroargentinos», indica y agrega: «Desde entonces, nos encargamos, por intermedio del candombe, de difundir la existencia de los afroargentinos. También empezamos a defender sus derechos humanos y civiles, a luchar contra la discriminación por su color de piel y a trabajar para que se legalice la religión africana. Difundimos todo lo relacionado a nuestra comunidad, sus influencias y su participación en las guerras y trabajos en la construcción de la identidad argentina».
Acosta Martínez continúa con el relato: «Viendo con otras personas que teníamos ideologías y sentimientos en común, formamos el Grupo Cultural Afro y luego, en el ’87, el Centro Cultural Afro. En el ’88 dictamos el primer curso de Candombe en el Centro Cultural Ricardo Rojas, extensión cultural de la Universidad de Buenos Aires. Y en el ’89 organizamos la Primera Jornada de arte Afroamericano, también en el Rojas. Ahí, asistieron embajadores de Costa de Marfil, de la República Democrática del Congo, de Sudáfrica y Nigeria y organizaciones afros de Uruguay, Argentina, Brasil, Haití y Paraguay. También hubo capoeira y danza afro yoruba».
El 5 de abril de 1996, se produjo un quiebre en el grupo, ya que el hermano de Ángel Acosta Martínez, José, fue asesinado luego de salir en defensa de dos jóvenes afro que habían sido arrestados por su color de piel. A José se lo llevó la policía y apareció muerto horas después. A partir de allí, Ángel creó la Comparsa Kalakan-Güé, que sirvió para homenajear a su hermano. Años después, se exiliaría a España denunciando persecuciones policiales.
En 2009, el grupo afro fue desalojado del lugar donde daba clases.Allí también vivía una gran cantidad de familias que inició -y ganó- un juicio al Gobierno de la Ciudad por “racismo institucional”. Así, se les cedió el espacio donde actualmente el Movimiento dicta clases de candombe, música y capoeira, fabrican tambores e instrumentos y generan actividades y shows artísticos para visibilizar a la comunidad. Hoy, además de las actividades, festejan el Día de San Baltasar el 6 de enero o el Día de Yemanyá el 2 de febrero, tocando los tambores desde Plaza Dorrego hasta Parque Lezama.
Dentro de las respuestas que le da el Estado a la comunidad afro, María Gabriela Pérez, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), menciona el Foro de Afrodescendientes y Africanos, que según ella constituye el «primer espacio desde el Estado para diseñar y llevar adelante políticas de inclusión y visibilidad de la población afroargentina y afrodescendiente».
«La aparición de estos espacios dentro del INADI y en otros lugares contribuyó a que la gente que ya estaba organizada y luchaba con trabajo de hormiga, pueda contar con la oportunidad de trabajar de una manera más efectiva. El Estado que en algún momento invisibiliza, también es el Estado que está acompañando toda esta inclusión», subraya Pérez. «Reconocerse afro es reconocerse dentro de una historia jamás contada».
“Esta ropa huele a muerte”, anuncia un esténcil sobre un pequeño fragmento de la pared que aún sobrevive del taller textil clandestino de Páez 2796, en el Bajo Flores. Llama la atención junto al mural, pintado días después del incendio que mató a los hermanos Rodrigo y Rolando Menchaca, de seis y diez años. La humedad del día gris hace sentir aún más ese olor penetrante. Es que ahora el paisaje ha mutado. Cientos de prendas y retazos de diferentes telas se apilan por doquier en la puerta del lugar. La lluvia ha hecho lo suyo. Nadie sabe responder por qué toda esa cantidad de ropa yace apilada sobre la vereda detrás del perímetro policial. Van llegando integrantes de la Asamblea Textil de Flores, organizadores del acto que recordará a los niños, junto con vecinos y diferentes colectivos sociales. Unos cuantos paraguas hacen comunidad en esa esquina porteña. Debajo de ellos, unas cuantas personas, dispuestas a no olvidar.
“Cuando nos enteramos de la muerte de los dos nenes, varias de las personas que nos juntamos a hacer actividades sociales y culturales en la Cazona de Flores, dijimos: ´Tenemos que salir a hacer algo´”, explica Juan Vázquez, miembro de Simbiosis Cultural, un colectivo de ex trabajadores de talleres textiles. “Hacer algo” significaba visibilizar la situación del estado general de algunos eslabones de la producción de ropa y empezar a plantear una discusión más amplia. “Por eso –explica- decidimos llamar ese mismo día a un asamblea en la que se acercaron un montón de vecinos, talleristas, organizaciones sociales, sindicales y demás. Lo primero que evaluamos era la complejidad del tema. Más que nada para salir de una mirada comunicacionalmente útil, pero para nada efectivamente útil”.
Una asamblea que nació como un gesto de indignación, ahora crece como un instrumento de organización para decenas de trabajadores textiles que buscan otro modo de producción. “Desde Simbiosis Cultural -explica Vázquez- nuestro objetivo es empezar a buscar un diálogo con los costureros y los talleristas que es muy necesario para empezar a entablar otras formas de trabajo. La propuesta es generar formas alternativas de producción. Estamos creando un Observatorio de Trabajo Sumergido, así lo llamamos nosotros. Que va a tener como pata fundamental al rubro textil”.
Según el manifiesto leído en el acto que homenajeó a Rolando y Rodrigo, el “trabajo sumergido” es todo ese mundo que se oculta detrás de lo legal. Es decir, aquellas prácticas productivas encuadradas en la informalidad, a costa de la explotación laboral. “Pero, además, ese trabajo sumergido –nutrido del esfuerzo, de las aspiraciones de progreso de los y las migrantes- es un poderoso motor económico, por sus bajos costos de producción y porque abastece el mercado con los productos baratos que los pobres puede pagar”. Por eso, Lennis Quispe, de la Asamblea Textil, afirma: “Para nosotros es importante organizarnos en otras formas de trabajo, organizarnos también en lo sindical y empezar a pensar por qué este sistema se sostiene así, con la connivencia de qué organismos y cuáles son los actores necesarios para la transformación de esta forma de trabajo”.
Acto en conmemoración a dos meses de la muerte de los Rolando y Rodrigo, los dos nenes muertos en el taller textil de Flores.
La lluvia no cesa, el dolor tampoco. Hace dos meses, Rolando y Rodrigo dormían en el sótano del taller, en donde trabajaban sus padres y sus tíos. Ese 27 de abril, como había un corte de luz exclusivo de esa propiedad, para iluminarse, sus padres habían prendido una vela que luego ocasionó el fuego. Diez días después, se originó otro incendio, en el que la justicia alegó una “falla eléctrica”, aunque Edesur nunca había ido a reponer la electricidad luego del primer incidente.
De espaldas al taller, dos mujeres sostienen la bandera que el policía de custodia del lugar no ha permitido colgar en los árboles. Es una bandera compuesta de retazos de colores infinitos. Hecha de lo que “no entra en el molde”, como define Quispe que acota: “Como nosotros, que quedamos afuera de los moldes”.
Según la ONG La Alameda, en la Ciudad de Buenos Aires existen cerca de 3.000 talleres textiles clandestinos, entre ellos el de la calle Páez que había sido denunciado por ellos siete meses antes del incendio. Uno de los referentes de esa institución, Lucas Manjón asegura que a dos meses del incendio el Gobierno ha levantado levemente el nivel de los controles que llevan sobre los talleres, pero que de todas formas no llega al nivel óptimo. “La Agencia Gubernamental de Control (AGC) ha mantenido su misma modalidad de funcionamiento. Van, golpean la puerta, y en caso de no tener respuesta se van y solamente elevan una nota administrativa, sea por una denuncia directa que reciben, o sea porque una fiscalía le está diciendo que puede haber personas reducidas a la servidumbre o puede haber personas víctimas de trata”. Manjón asegura que recientemente se ha descubierto un taller que operaba de modo ilegal y fabricaba las camperas para la Policía Metropolitana. “El Estado –subraya- pasa a ser responsable, no solo porque no controla los lugares sino porque, además de actuar por negligencia, fomenta estos lugares económicamente, contratándolos directamente”.
Manjón explica que desde La Alameda proponen que con la maquinaria incautada a talleres clandestinos, se puedan formar cooperativas con esos mismos trabajadores, como ocurrió en el Polo Textil de Barracas. “Nosotros pretendemos que el Estado contrate a estas fábricas textiles para seguir fomentado la producción. Y por otro lado, estamos exigiendo que no puedan contratar a proveedores que no tengan toda la cadena de producción certificada que está libre de trabajo esclavo”.
Según Vázquez, de la Cazona de Flores, este discurso de “taller clandestino” se funda después de 2006 con la muerte de seis personas en un incendio de otro taller ilegal, en la calle Luis Viale. “El hecho de que hayan sucedido nuevamente más muertes en un taller textil, significa que no se ha modificado nada. Solo se modificaron los lugares donde están los talleres. Se armaron mapas que sirven políticamente, comunicacionalmente”.
Afirma Manjón, el de La Alameda: “De ninguna manera nosotros queremos que los talleres clandestinos se legalicen. De ese modo, lo único que se estaría haciendo sería que los costureros que puedan llegar a tener un mayor crecimiento económico dentro de esa situación de explotación, repliquen este sistema. Porque muchas veces algunos talleristas ponen a los costureros a cargo otros talleres, entonces se siguen reproduciendo cada vez más las condiciones de explotación”.
ASiMM es la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios. Su partida de nacimiento data del año 2008, pero los inicios de la actividad se remontan a los primeros motoqueros que llevaban las latas de películas de un cine a cine en el siglo pasado. Hacia 1980 aparecieron las primeras mensajerías y, una década más tarde, los chicos del delivery. Hubo varios intentos por organizarse a partir de tragedias que los involucraron: en 1999 Diego Stierli, motociclista de 26 años, murió en un accidente de tránsito y sus compañeros autoconvocaron por primera vez y cortaron el Puente Pueyrredón.
Más tarde llegaron las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, donde los motoqueros tuvieron una activa participación en el levantamiento popular que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa. El costo fue alto: la vida a Gastón Riva, asesinado en la esquina de Tacuarí y Avenida de Mayo por un guardia de seguridad del banco HSBC.
ASiMM reúne unos 5000 afiliados que cuentan con un convenio colectivo de trabajo desde 2010 que los define como trabajadores de mensajería y reparto con o sin vehículo propio (bicicleta o moto). En las paritarias de julio en 2014 obtuvieron un aumento de 37 % llevando el sueldo básico a 10 mil pesos. No tienen obra social propia pero integran una mutual donde los afiliados consiguen repuestos y accesorios para las motos a menor precio, además de descuentos en lugares para turismo. En 2013, inauguraron un Centro de Formación Profesional en la zona del Parque de la Ciudad (Avenida Escalada 4502). Allí ofrecen cursos de conducción segura y responsable con el fin de contribuir a la disminución de los accidentes de tránsito, que con frecuencia tienen a motoqueros entre los protagonistas.
La lucha no es sólo por defender los puestos de trabajo frente a los patrones: también deben lidiar en el día a día con el tránsito, las inclemencias del clima y un sistema de creencias que los estigmatiza. Maximiliano Arranz, secretario adjunto de ASiMM, con casi veinte años sobre la moto, señala: “Históricamente nos han pegado desde los medios y desde diferentes sectores políticos, asimilándonos con los motochorros.”
La sede de ASiMM está ubicada en un petit hotel de San Telmo (Carlos Calvo y Tacuarí). El espacio propio les permite seguir construyendo una identidad fuerte y sin medias tintas. “Cada gremio tiene sus particularidades y éstas les dan marco al perfil individual del propio trabajador. Por ejemplo, un compañero trabaja en una mensajería en el Centro y tiene un viaje a Saavedra. En el camino, se pelea con un taxista, con un colectivero, con alguien que cruzó mal. La calle te embrutece mucho y te hace muy combativo. Eso se termina volcando en el sindicato. Nosotros somos disciplinados y ordenados pero en nuestra esencia somos tribu, somos una jauría”, dice el secretario adjunto vestido de negro y con un chaleco de motoquero que luce las insignias de la CGT y de las 62 Organizaciones Peronistas.
Los frentes de conflicto directo son las agencias y el Gobierno de la Ciudad. Con las primeras, la pugna se centra en los retrasos en el pago de los sueldos y en el maltrato a los trabajadores. Con la gestión de Macri, la relación es poco armoniosa a partir del intento de obligarlos a bajarse de la moto en el microcentro cuando, en realidad, están autorizados a andar a 10 km/h. Otra tensión nació a partir de la pretensión, también sin éxito, del patentamiento humano con cascos y chalecos identificatorios, que es ley en Provincia de Buenos Aires.
Como contrapartida, la organización sigue ganando espacios. Ahora, ASSIM forma parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) junto con colectiveros, taxistas y portuarios. El año pasado tuvo a su cargo la organización de la Noche de los Museos en la sede de la CGT, que abrió sus puertas para que los porteños conozcan los salones y los libros de la Biblioteca para Obreros, con fondo musical de Almafuerte.
El sindicato tiene un pie en la realidad del siglo XXI que los vio nacer y el otro en los años felices de Perón. En efecto, reivindican la doctrina justicialista mientras rechazan a los dirigentes gremiales del menemismo que avalaron las privatizaciones y se convirtieron en empresarios. «El ser humano tiene una tendencia natural e irreversible a aburguesarse. La decisión más sabia que puede tomar un dirigente sindical es retirarse cuando ya no tiene nada que aportar.», destaca Arranz.
La impronta del sindicato se hace visible en el edificio a través de fotos de Perón, Evita, San Martín y Rosas. También a través de la formación política que reciben los delegados. Arranz entiende que sindicalismo y peronismo son inescindibles. “La izquierda se queja de que Perón les robó los sindicatos. Nosotros podremos ser muy anarcos, pero no dejamos de ser trabajadores. En Argentina, el trabajador es, por naturaleza, peronista. Muchos lo somos casi de la cuna y otros que no saben nada de política, entran y se peronizan en minutos. El movimiento obrero es muy sabio en ese sentido”.
Los delegados de ASSIM participan también de debates sobre revisionismo sobre la Batalla de Caseros, los Tratados de Madrid o la deuda externa, entre otros temas. “El pensamiento crítico es clave a la hora de defender a los compañeros no solo por una hora extra, sino por un proyecto de país propio, que no sea el de los patrones”, señala Arranz.
La organización ha ganado visibilidad institucional a través del tiempo. En mayo, ASiMM fue incorporada al Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio del Interior. Además, en la Comisión Nacional de Comunicaciones, logró ser incluida en un Subregistro de Prestadores de Servicios de Mensajería que a las pequeñas agencias que se inscriban les permite contar con los mismos beneficios que cualquier correo privado.
«Estamos pensando más allá de las paritarias, estamos pensando de acá a diez años -advierte Arranz-. Tenemos que dar un salto de calidad en todo. Por ejemplo, ya no hacemos más AFIP o bancos como antes porque ahora todo eso se hace por Internet. Hay un desarrollo tecnológico que hace descender este tipo de trabajo pero sube desde otro lado. Por ejemplo, en el comercio electrónico. Hay una sociedad que tiende a estar más cómoda en casa. Compra productos por Internet y los recibe en su casa en menos de 24 horas. En esto nos tenemos que hacer más fuertes. Hay muchachos que no usan Handy, usan teléfonos inteligentes para confirmar la entrega por firma digital.”
Los motoqueros de ASiMM esperan ansiosos a tener su primer afiliado jubilado, hecho que sucederá en tres años. Tiempo atrás hubiera sido imposible llegar a los 60 años y seguir todo el día arriba de la moto. La calle -dicen en el sindicato- tiene sus efectos en la cabeza y en el cuerpo. Pero la posibilidad de contar con una obra social -aunque sea prestada-, una ART y vacaciones les permite cuidar su salud y mejorar su calidad de vida.
