Oct 5, 2016 | inicio
“Nos costó tanto trabajo”, dice con impotencia y angustia la voz de Santiago Hamud en el video que filmó con su celular la semana pasada. “Es lamentable que el odio político de quienes nos gobiernan llegue a hacer estas cosas”, agrega. Mientras filma, Hamud recorre el Parque Acuático construido por la Túpac Amaru en el Barrio del Libertador, partido de Ledesma, provincia de Jujuy: está registrando el paisaje desolador de los destrozos. Lo acompaña un viento fuerte, que por momentos tapa su voz. “Grupos mandados por el Gobierno solamente para dañar las instalaciones del lugar”, dice. Hamud enfoca las instalaciones y muestra cómo se robaron los alambrados, las puertas y las ventanas, el portón de la entrada. Luego muestra un kiosco al que le robaron hasta el techo y los tomacorrientes. Hay tres quinchos quemados: “Solo quedaron los palos”, dice mostrando donde debería haber un quincho y solo hay mesas, muchas destruidas. Se ven los mazazos en las paredes de los vestuarios: algunas derribadas por completo, otras agujereadas. En los baños se robaron toda la grifería. También se llevaron las bombas de las piletas. Destrozaron mesas y bancos, y hasta el horno de barro, un emblema de la Túpac. “Uno no puede entender por qué tanto odio, no les alcanzó con detener a Milagro (Sala), parece que van por todo”.
Destruir, quemar y robar un parque polideportivo al cual acceden cientos de niños de manera gratuita parece pura irracionalidad o un acto de vandalismo (como algunos medios locales de Jujuy eligieron llamar a lo acontecido). Pero es un poco más complejo: proviene de un odio revanchista y forma parte de un continuo disciplinamiento de los sectores populares tanto del poder político como económico, que en la provincia de Jujuy se viene ejerciendo con total impunidad.
Santiago Hamud es militante de la Túpac Amaru y del MTL Jujuy (Movimiento Territorial Liberación) y miembro del Comité por la Libertad de Milagro Sala. En diálogo con ANCCOM, establece: “Nosotros sabemos que esto forma parte del odio político, del odio de clase, del odio racial que ha generado el gobierno actual con ayuda de los medios de comunicación. La demonización hacia nosotros fue y sigue siendo impresionante”. Con respecto a lo sucedido en el Parque, agrega: “Nos llama poderosamente la atención que al día siguiente de los destrozos se acercara gente del municipio, que es radical y responde al gobernador (Gerardo) Morales, para decirme: ‘Mirá, está todo destrozado el parque, así que a partir de ahora el municipio se podría hacer cargo de esto’”.
“El gobierno de Morales es un estado policial –sigue Hamud-. Esto se vive acá todos los días: allanamientos violentos, detenciones constantes, amenaza de muerte por parte de la policía, destrozos en otros locales, robos a casas de compañeros”. Hamud relata que los miembros de la Túpac no quieren andar con remeras o gorras de la agrupación por la calle porque tienen miedo. “La policía te aprieta, te putea en público –cuenta-. El otro día a dos compañeras no las dejaron entrar a un shopping….”. Al propio Hamud la policía le dijo que iba a pegarle tres tiros en la cabeza. Morales nombró a José Luis Pato Estrada como interventor de la Túpac Amaru y, hace dos semanas, un grupo de gente que respondía a su nombre ingresó y tomó el estudio de transmisión de la organización.
“Creemos que tiene que ver con esto de hacernos creer que los negros, los marginados, la gente de bajos recursos no tiene derecho a tener un parque acuático con pileta climatizada y todo”, dice Hamud. Las piletas del Parque Acuático eran las únicas gratuitas en el Barrio Libertador. “Si la gente de mucha plata puede hacerlo, ¿por qué los pobres marginados no?”, se pregunta Hamud. El parque se encuentra muy cerca del Club Atlético Ingenio Ledesma, que “sale carísimo”, destaca. El Ingenio Ledesma es de Carlos Blaquier, procesado en 2012 por ser cómplice en los secuestros de la Noche del Apagón. Luego, en 2015, el Poder Judicial le declaró falta de mérito y resolvió, finalmente, no acusarlos. El empresario forma parte del grupo económico que más presión ejerce en términos políticos en la provincia. “Blaquier tiene la sangre en el ojo de que nosotros lo hayamos llevado al banquillo de los acusados, y eso es algo que no se lo perdona a Milagro –establece Hamud-. Y Morales responde a Blaquier”.
NOTICIAS DE AYER
El video comenzó a difundirse el jueves 29 de septiembre y en días posteriores fue levantado por algunos portales de noticias, aunque los grandes medios, como Clarín y La Nación prefirieron no hablar de los graves hechos sucedidos en el Parque Acuático. En cambio, volvieron a cargar contra Milagro Sala. Luis Majul, durante el último fin de semana, presentó en el programa La Cornisa un informe en el que volvió a acusarla de “pagos de retornos” al kirchnerismo y retomó una denuncia de abril pasado que hizo contra ella la diputada Mabel Balconte, ex referente de la Túpac, que medio año atrás recorrió diversos canales de televisión (fue sobre todo a La Cornisa) con un discurso sorpresivamente antikirchnerista, con acusaciones por malversación de fondos contra Milagro Sala, Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Andrés Larroque. Clarín también reflotó el tema el domingo pasado.
Balconte, que intentó suicidarse tras su denuncia, formaba parte de un bloque legislativo vinculado a la Túpac: Santiago Hamud era su secretario parlamentario y recuerda que la veía llorar todos los días por las presiones y aprietes del poder político y policial del radicalismo, por las amenazas a su persona y a sus hijos. Y también recuerda que se sorprendió mucho cuando la vio en televisión con el discurso cambiado: “Solía hablar muy bien de Cristina y se indignaba por lo que le estaban haciendo a Milagro”, dice.
HECHOS Y SUPUESTOS
El Parque Acuático del Barrio Libertador es unos de los 23 construidos en Jujuy y está ubicado al lado de un asentamiento, también construido por la Túpac, que ha edificado en la provincia 5.000 viviendas. A pesar de que los fondos que recibieron estaban destinados sólo a viviendas, la organización también construyó escuelas, centros de salud y de rehabilitación, grandes fábricas (entre ellas una de bloques de cemento que además de ser fuente de trabajo redujo los costos de las viviendas), centros culturales, parques y medios de comunicación. A los 14 años Milagro Sala vivía en la calle: hoy la acusan de levantar un Estado paralelo en Jujuy. “Parece que quieren borrarnos totalmente del mapa, destruir nuestra obra, que no quede rastro de una organización que supo dar dignidad a miles y miles de familias jujeñas, que hizo lo que ningún otro gobierno hizo”, dice Hamud.
A través de las cooperativas, la Túpac era la segunda generadora de empleo de la provincia, después del Estado. Más de veinte mil personas se quedaron sin trabajo, sin ningún tipo de beneficio social o contención a partir del hostigamiento y la intervención por parte del gobierno provincial. “De las cooperativas no está funcionando ninguna –dice Hamud-. Ni las que están con nosotros ni las que están con el gobierno, porque ellos quieren devolverle el negocio a las empresas constructoras. Nosotros construimos una vivienda con 250.000 pesos, mientras que una empresa privada gasta más del doble. Nosotros empleábamos a cuatro personas y la empresa solo a una. Nosotros tardábamos seis meses y ellos dos años”.
Milagro Sala fue encarcelada el 16 de enero de este año con los cargos de “instigación a cometer delitos y tumultos”. Luego a esta causa comenzaron a agregarle otras por malversación de fondos y sus derivados, y las acusaciones se fueron agrupando como para engrosar su culpabilidad y justificar lo injustificable. En la actualidad, los medios comerciales están machacando con un escrache sucedido a Morales en el 2009, por el que a Sala se la acusa de ser cómplice de unos huevazos que le tiraron al actual gobernador. En mayo había sido sobreseída, pero en estos días se reabrió la causa en su contra y deberá ir a juicio oral. El denunciante es el actual gobernador Morales.
Las causas sobre Sala por supuesta corrupción, fraude a la administración pública, asociación ilícita y demás, no tienen pruebas fehacientes, documentos o alguna firma que la involucren a ella directamente. La mayoría de las “pruebas” son por vinculación indirecta con otras personas, basándose en supuestos contactos, en supuestas actividades ilícitas con la que Sala, argumentan, estaría involucrada.
Tanto el Gobierno nacional como el provincial parecen hacer oídos sordos a los pedidos de organizaciones sociales, a las marchas y festivales realizados en todo el país y al trabajo de los comités por la liberación de la dirigente social. Organismos internacionales como la ONU, Amnistía Internacional, ALBA, UNASUR y el Parlamento Europeo, entre otras, le reclamaron al gobierno de Mauricio Macri su inmediata liberación, así como la de otros diez detenidos de la Túpac. No hay justificación para que sigan presos: no hay ni peligro de fuga ni riesgo de entorpecimiento de la investigación. Al revés de lo que establece la ley, para el Poder Judicial jujeño son culpables hasta que se demuestre lo contrario. La encarcelaron de manera arbitraria hace 262 días. Milagro Sala -gritan en las marchas- es una presa política.
Actualizado 05/10/2016
Jun 10, 2016 | inicio
El oficialismo macrista en la ciudad de Buenos Aires consiguió ayer aprobar en la Legislatura la ley de creación de la Agencia de Bienes Sociedad del Estado, que establece el traspaso al nuevo ente de los terrenos de dominio público para el impulso de obras de infraestructura, que se descuenta serán llevadas a cabo por empresas privadas. El proyecto fue sancionado con 42 votos positivos, 16 negativos y dos abstenciones. Como se preveía, teniendo en cuenta cómo se había desarrollado el debate sobre el tema en los últimos meses, el Frente para la Victoria (FpV) se mostró dividido en el recinto y tres de los doce legisladores que conforman el bloque acompañaron el proyecto, mientras que siete lo rechazaron y los dos restantes votaron en abstención. Aún así, con el apoyo decisivo del espacio SUMA + -que en las elecciones de 2015 apoyó la candidatura a jefe de Gobierno del economista Martín Lousteau-, el PRO logró cumplir con la voluntad de su jefe en la Capital, Horacio Rodríguez Larreta, y sancionar la ley. “Se trata de la confirmación de que está en marcha un modelo de planeamiento de la ciudad similar al de otros grandes centros urbanos del mundo, basado en la enajenación de patrimonio público para dar rienda suelta a la especulación inmobiliaria», afirmó Patricio Del Corro, legislador del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que votó en contra de la ley. Este paso legal se suma a otras iniciativas del macrismo para concretar la transferencia al capital privado de patrimonio de la ciudad, entre ellas la cesión de terrenos linderos a Casa Amarilla al club Boca Juniors, tal como informó este medio en anteriores ocasiones.
La de ayer fue la segunda vez que fue votado el proyecto, que había sido aprobado en una primera instancia el 3 de diciembre de 2015; pero al tratarse de asuntos referidos a la desafectación de inmuebles de dominio público y proyectos de edificación, la Constitución de la Capital Federal exige su discusión a través de un procedimiento de Doble Lectura, que consiste en una segunda votación, previa realización de una Audiencia Pública no vinculante, en la que participen los sectores con intereses legítimos alrededor de la propuesta legal. Esa audiencia se realizó el 29 de marzo y más allá de que el tratamiento del proyecto era independiente de su resultado, la misma parecía en aquel momento favorecer un cambio en el curso del destino, porque al no reunir los votos mínimos para superar la instancia de la Doble Lectura, el PRO decidió retirar el tema de la agenda de la sesión del jueves 7 de abril. «El proyecto había quedado ‘reservado en secretaría’ para en cualquier momento ser tratado en el recinto y eso fue lo que pasó ayer. Nosotros pedíamos el ‘pase a archivo’, lo cual hubiera significado que la ley se caía», detalló Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista y miembro de la organización Observatorio del Derecho a la Ciudad. Sorpresivamente, la iniciativa fue reflotada ayer y esta vez no fue posible postergar su sanción.
Si bien en el Anexo del texto legal sólo figuran dos inmuebles que pasarán a ser administrados por la Agencia de Bienes SE –el predio del Tiro Federal, ubicado en el barrio de Núñez, y el centro ferial “El Dorrego”, situado en Colegiales-, las organizaciones que resisten la normativa advierten que en realidad alcanza a todos los lotes de propiedad estatal. “Los legisladores que trataron este proyecto ni siquiera sabían cuántos terrenos de dominio público existían realmente en la Capital Federal. No había un inventario. El único relevamiento que existe lo hicimos nosotros”, advirtió Fabio Oliva, integrante del colectivo Buenos Aires No Se Vende, formado por varias agrupaciones que militan en defensa del espacio público de la ciudad. El listado en cuestión, al que accedió ANCCOM, incluye un total de más de 2.500 inmuebles organizados en las categorías “Edificios industriales”, “Galpones o tinglados”, “Locales (comerciales u oficinas)”, Propiedad Horizontal”, “Teatros”, “Terrenos”, “Viviendas con comercio” y “Viviendas unifamiliares”.
La letra de la ley reconoce entre las “funciones” de la flamante Agencia de Bienes SE la de “coordinar las relaciones entre la actividad pública y la inversión privada” y detalla los planes que tiene reservados para los dos terrenos mencionados en el Anexo: el Tiro Federal se convertirá en el “Parque de la Innovación”, que, como define la norma, consistirá en un “centro urbano que impulse la ciencia y la tecnología” en la ciudad de Buenos Aires; mientras que en “El Dorrego” el gobierno de Rodríguez Larreta pretende crear el “Centro Metropolitano Audiovisual”, para albergar a “los distintos sectores involucrados en la comunicación audiovisual: cámaras de productores; medios comunitarios; universidades y trabajadores de la comunicación audiovisual”.
Para concretar esos emprendimientos, la normativa admite que ambos predios serán licitados a través de un concurso público, del que surgirán las empresas adjudicatarias de la obra su construcción. Como ocurre cada vez que el Estado en cualquiera de sus jurisdicciones decide desprenderse de parte de su patrimonio, la ley de Agencia de Bienes SE declara “innecesarios para la gestión” del gobierno de la Capital a los terrenos antes indicados. Sin embargo, desde Buenos Aires No Se Vende aseguran que el supuesto “carácter innecesario” de los terrenos fue definido por unos pocos actores, que representan intereses minoritarios. “Aunque se decidiera que una tierra pública fuera concedida para una inversión inmobiliaria de una empresa, lo correcto sería que esa decisión la tomaran las comunas, y en este caso, la iniciativa provino lisa y llanamente del Poder Ejecutivo”, insistió Oliva.
La cesión de terrenos linderos a Casa Amarilla fue de las primeras iniciativas del macrismo para transferir el patrimonio de la ciudad a privados .
Una Audiencia histórica, pero que no alcanzó
“Esto se sabía desde el lunes pasado y se hizo toda la presión que se pudo para frenarlo”, se lamentó Oliva, arquitecto de profesión, pero comprometido de cuerpo y alma en la preservación de los espacios verdes de la ciudad, cada día más amenazados de extinción. Su actividad lleva ya más de 25 años, cuando comenzó con la lucha para proteger cada uno de los metros cuadrados que dan vida al Parque Avellaneda. Junto con varias agrupaciones vecinales que se especializan en problemáticas similares -Queremos BA, Los Amigos del Lago de Palermo, Basta de Demoler, el Observatorio de Derecho de la Ciudad, el Movimiento Comunero, entre otros- formaron colectivo Buenos Aires No Se Vende, con el objetivo de articular la oposición desde la sociedad civil al proyecto de ley de Agencia de Bienes Sociedad del Estado.
“Nos unió el espanto contra esta ley”, confiesa, aunque se muestra satisfecho por el funcionamiento exhibido hasta ahora por la comunión de las organizaciones barriales. El 29 de marzo último, en el marco de la Audiencia Pública exigida por la Constitución de la Capital Federal, se produjo lo que Oliva definió como “un gran triunfo”, que luego se traduciría en la decisión del oficialismo de postergar el tratamiento en Doble Lectura del proyecto de ley, que estaba previsto para diez días más tarde. “Fue una Audiencia Pública con una inscripción de 200 personas, lo que no es común en este tipo de acontecimientos. Las exposiciones fueron organizadas previamente por BA No Se Vende, hubo más de 100 y ni una sola a favor del proyecto”, describió Oliva, quien definió el evento como “un acto político contundente”.
Por su parte, Baldiviezo recordó que desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad se presentó un recurso legal para evitar que la audiencia se realizara porque, según argumentó, “no había suficiente información para las partes” sobre los alcances reales de la norma, pero la respuesta fue negativa. También alertó acerca de que nunca se realizaron los estudios de impacto ambiental correspondientes, a la hora de llevar adelante obras de desarrollo de infraestructura en terrenos de amplia extensión. De hecho, tal como consta en la Ley N° 123 de la Ciudad de Buenos Aires, debe cumplirse con las diferentes etapas del procedimiento técnico correspondiente hasta llegar al Certificado de Aptitud Ambiental, que autoriza la puesta en marcha de las obras. No obstante, Baldiviezo cree que existe un inconveniente con la reglamentación: “La ley dice que los informes deben hacerse siempre antes de la ejecución de las obras, no antes del proceso de legislación lo cual produce un desfasaje, porque mientras se llevan adelante el proceso legislativo y la Audiencia Pública, hay un tiempo valioso que se pierde, ya que si se practicaran los informes de impacto ambiental desde el momento inicial quedaría claro inmediatamente si el proyecto es viable o no”.
Para Del Corro, la ley no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de la ampliación de los derechos de la ciudadanía. “La población de la ciudad hace sesenta años se mantiene estable, pero cada vez son más las que terminan siendo expulsadas hacia las villas y menos las que viven en una casa propia”, señaló el legislador, haciendo referencia a que la nueva ley se desentiende por completo del problema del déficit habitacional y la urgencia de urbanizar los asentamientos precarios. Las prioridades del gobierno porteño, alineado a nivel nacional con el presidente Mauricio Macri, parecen ser otras: “Será una especie de Silicon Valley», resumen los funcionarios del oficialismo cuando hablan de lo que le espera al Tiro Federal, refiriendo a la región californiana que hospeda a buena parte de las compañías líderes a nivel mundial en desarrollo tecnológico. Una confirmación de que desde la llegada del macrismo al poder, el 10 de diciembre pasado, los ojos de la clase política argentina miran hacia el Norte.
Actualizada 10/06
May 3, 2016 | destacadas
Manos callosas. Ojos desenfocados. Pies que compran ojotas en cuotas y se protegen de las heladas con alpargatas. Esos cuerpos desgastados, sin embargo, soportan. Como la yerba que cosechan, aguantan. A lo largo de un año, Diego Marcone acompañó a una cuadrilla de tareferos en la localidad misionera de Montecarlo y registró –con una cámara de presencia casi imperceptible– la cotidianeidad de un ciclo completo de cosecha de yerba mate en el documental Raídos. El film se presentó en el último BAFICI y obtuvo cuatro premios: mención especial de la Competencia Argentina; mejor película según la Asociación de Cronistas Cinematográficos Argentinos (ACCA); mejor montaje según la Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales (SAE) y la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales (EDA); y mejor película argentina por el voto del público.
“Todos tomamos mate, tan propio de la imagen de la argentinidad –contó Marcone en diálogo con ANCCOM-. Pero la vida de la gente que labura y cosecha el mate no la conoce nadie, por lo menos en la zona de Buenos Aires. Yo, por ejemplo, nunca había visto una planta de yerba mate”. El proyecto nació a partir de una investigación de la socióloga María Luz Roa, quien indagó acerca de los procesos de constitución de la identidad y la emocionalidad de los jóvenes que se criaron en “barrios tareferos”. Estos asentamientos periurbanos, cuya actividad principal es el trabajo estacional en la cosecha de hojas de yerba mate, se afianzaron a mediados de los años noventa como consecuencia de la crisis de la industria yerbatera. El “sufrimiento del yerbal”, escribió Roa en su investigación, “se encuentra asociado a las duras condiciones que experimenta el cuerpo que se funde en el monte año tras año”. Lejos de una mirada miserabilista, Raídos es un documental de observación de cómo los tareferos conviven con ese sufrimiento y de cómo éste no se limita al yerbal sino que crece, silencioso, al interior de sus casas y de sus vidas y, también, a través de las generaciones.
Raídos es como llaman a las bolsas de arpillera de 100 a 120 kilos de yerba. Y raídos están también los propios tareferos, cuyos cuerpos no tienen descanso ni siquiera mientras esperan el comienzo de la próxima temporada de tarefa: las tareas de fumigación también hacen su aporte en el desgaste. “En vez de elegir el estudio, elegí esta cosa: me arrepentí como cincuenta mil veces, me arrepentí el resto de mi vida”, se lamenta Darío, mientras recolecta hojas de yerba mate en un campo de la Cooperativa Agrícola de Montecarlo. Su hermano mayor, que se transforma en padre durante la película, también es tarefero y carga con una oportunidad fallida de ser jugador de fútbol. En el menor, mientras tanto, se depositan los sueños de huida del resto de los personajes: Walter está a punto de terminar el colegio secundario y mudarse a Iguazú, donde buscará un trabajo que le permita ir a la universidad por la noche, aunque él sabe, también, todo lo que dejará en su barrio. La cámara invisible de Marcone documenta la intimidad de esa familia pero además incorpora otros testimonios y charlas cotidianas de los tareferos, lo que convierte a Raídos en una película coral desde el exclusivo punto de vista de los trabajadores.
Diego Marcone acompañó a una cuadrilla de tareferos en la localidad misionera de Montecarlo y registró un ciclo completo de cosecha de yerba mate en el documental Raídos. Foto: gentileza de Diego Bogarin.
El primer viaje se hizo con un equipo junto a otro camarógrafo y otro sonidista, un total de cuatro personas, que estuvieron en Montecarlo sólo dos semanas de los cuatro meses y medio de rodaje. Luego, Marcone se quedaba solo con su cámara. “Lo principal fue pasar tiempo con ellos –reflexionó el director-. Pienso que tiene mucho que ver mi forma de ser: soy muy callado, muy tranquilo. ‘Es porteño pero no parece’, me decían. Y eso ayudó a que me aceptaran. Era primero compartir tiempo con ellos; y después, la cámara. No poner la cámara por delante de la persona. Y se fueron acostumbrando. Por ahí estaba en una casa y estaban tomando mate, y si empezaba a grabar, me seguían pasando el mate. Después en la edición tenía que buscar la manera de cortarlo”.
Para lograr la cercanía que transmite el film, Marcone tuvo que desechar gran parte del guión original y construir una relación día a día con los protagonistas de la película. “Al principio, cuando tenía más presente el guión, quería lograr repeticiones de cosas que había visto mientras investigaba –explicó-. Pero perdían un montón de frescura si yo trataba de llevarlos a hablar de algo que no les surgía a ellos. Entonces me di cuenta de que lo que funcionaba era grabar, grabar, grabar, y por ahí de una conversación de dos horas servían cinco minutos pero iban a ser cinco minutos de verdad”. Tal es el caso de la charla sobre el costo de la yerba, que surgió espontáneamente a partir de la etiqueta en un paquete, y que Marcone confiesa haber gritado como un gol desde atrás de la cámara. En esa escena, los tareferos comparan el precio del kilo de yerba en el almacén –35 pesos que deben pagar billete por billete a pesar de ser ellos mismos quienes la cosechan día y noche– con los irrisorios 50 pesos que les dan por cada raído de 100 kilos.
Raídos muestra a los tareferos, cuyos cuerpos no tienen descanso ni siquiera mientras esperan el comienzo de la próxima temporada de tarefa. Foto gentileza de Diego Marcone.
Durante el rodaje se acumularon cien horas de material crudo que demandó más de un año de trabajo de edición junto a Andrea Kleinman (asesora de montaje). “Cuando no sabía para dónde ir, lo que me hacía decidir era ser fiel a ellos, a lo que ellos me transmiten –contó el documentalista-. Y ellos están con música todo el tiempo, escuchan cumbia y reggaetón. Está en el aire esa música. Por ahí alguno de ellos tiene el celular con música mientras labura entonces es algo que está ahí”. La música extradiegética, junto a otros recursos narrativos, fortalece la emoción y la solidez del relato.
Los niños de los barrios tareferos crecen rodeados de raídos. Cargan en sus espaldas esos bultos de hojas de yerba mate. Se ríen, juegan. Por su dirección sensible y respetuosa, el documental no necesita denunciar con dedo acusatorio. Pero al espectador le retumbarán las palabras de los tareferos de hoy que recuerdan, con resignación, la diversión engañosa que representaba para ellos la tarefa cuando eran chicos. Sin embargo, ahí siguen. Esperan el amanecer al costado de la ruta, cuando llegue el camión que los llevará a las plantaciones y los traerá de vuelta a sus casas.
La próxima presentación de Raídos será en los barrios tareferos de Montecarlo. Aún no hay fecha de estreno comercial en Buenos Aires. Marcone confía en que el buen recibimiento que tuvo la película en el BAFICI le asegurará un buen recorrido previo por festivales internacionales.
Actualizado 03/05/2016
Abr 27, 2016 | inicio
Un delegado de Falabella que rechazó sobornos de su empresa, una docente anarquista que admira a Germán Abdala, un sub 23 que representa a los trabajadores de los ex centros clandestinos, un gremialista senior que observa con escepticismo cómo los medios le queman la cabeza a sus compañeros, y una maestra que desearía que las docentes se la jugaran más, todos ellos cuentan sus historias en el ámbito sindical y reflexionan sobre este presente que los tiene como protagonistas.
“Las bases pasan factura”
Iván Jameson (23) vive en el barrio de Boedo y se define como un “cuervo feliz”. No es casual que, como estudiante de Historia, milite en la corriente política que conduce Norberto Galasso, la Enrique Santos Discépolo. Desde 2012 trabaja como guía en el ex centro clandestino de detención (CCD) Olimpo, un sitio que pertenecía al Instituto Espacio de la Memoria (IEM), dependiente hasta 2014 del Gobierno de la Ciudad. Contratado, con la exigencia de ser monotributista, ese mismo año empezó a participar en las asambleas. “Éramos una junta de seis delegados y el mayor tenía 44 años. Representábamos a los actuales trabajadores de los ex CCD ESMA, Club Atlético, Olimpo, Automotores Orletti y Virrey Cevallos”. En 2014 pasaron a la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que tiene cerca de 1000 empleados, y esto les permitió entrar en la comisión interna de trabajadores del Ministerio de Justicia.
Según Iván, la tarea gremial le quita tiempo para su carrera pero, aun así, la hace “con amor”. Dentro de su área, conformada por gente joven y militante, “un 95 por ciento de los trabajadores afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) siente un gran compromiso con los derechos humanos”. Y destaca que es importante que haya empleados sobrevivientes del terrorismo de Estado, algunos que incluso fueron compañeros de Germán Abdala. Jameson se presentará en las elecciones del 12 de mayo próximo, junto con Silvina Durán –una compañera del ex CCD Club Atlético– en la lista Verde y Blanca para representar a los trabajadores de los ocho ex CCD que hay en el país.
Iván Jameson, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la lista Verde y Blanca en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
¿Qué van a hacer si ganan?
Consolidar un gremialismo diferente basado en la representatividad, la comunicación horizontal y en sintonía con un proyecto de país.
¿Qué caracteriza a los gremialistas jóvenes?
El eje generacional no es determinante. Sí es importante la orgánica gremial. Hay un modelo de sindicato con el cual me identifico, con asambleas, activismo todo el tiempo, y un diálogo constante entre delegado y trabajador. En cambio, Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN, el otro gremio fuerte de los estatales) tiene una lógica más tradicional.
¿Cómo ves el tema de género?
En el nivel de delegados, por suerte, tenemos muchas compañeras y es igualitario, hacia arriba el machismo persiste y sólo piensan en cumplir el cupo femenino.
¿Quién es tu referente dentro del sindicalismo?
Germán Abdala. Sintetiza el gremialismo peronista que se planteaba que la defensa de los trabajadores era la defensa de un proyecto de país. Y en la actualidad, Daniel “el Tano” Catalano, secretario de ATE Capital, un tipo que te saluda para tu cumpleaños y tiene un carisma tremendo en las asambleas.
¿Qué gremialismo rechazás?
El que se compromete sólo cuando lo tocan a él o a su salario. El que no se interesa cuando despiden a un compañero. Tampoco sirve estar divididos en cinco centrales. Y, si ante despidos y recortes no hacés un paro o tomás una medida de acción, y te aliás políticamente con el Gobierno, las bases pasan factura: las conducciones que no nos representan tienen fecha de vencimiento.
“Los medios no cuentan nuestras historias”
María Sol Copley (37) es docente desde hace 16 años en el Programa Cultural en Barrios, que depende del Ministerio de Cultura porteño, bajo la modalidad de “planta transitoria”. Al igual que Iván, despertó a la militancia y a la política cuando cursaba la carrera de Historia y, como él, integra la junta interna por ATE, acompañando la lista Verde y Blanca. Recuerda que cuando comenzó, en 2005, todos tenían 45 ó 50 años y ella era la más chica. “Ahora, con una juventud más politizada, hay una franja de 20 en adelante que se está acercando. Los últimos años generaron un interés que en los noventa el neoliberalismo había liquidado”. Hoy en la junta interna hay un delegado de 24 años y la mayoría transita los 30. En 2011, Sol asumió el rol de delegada general de su sector y trabaja también en el Centro Cultural de ATE Capital, en el área de Investigación y Archivo.
Sol se dice anarquista y le cuesta encontrar referentes, pero Germán Abdala vuelve a aparecer. Rescata la actitud honesta que sostuvo durante toda su vida y como opositor al menemismo. “Hay tanto amiguismo, tanto intercambios de favores, que terminás descreyendo de todo, y en este sentido, en los años noventa, Abdala fue alguien que la peleó hasta las últimas consecuencias”. La joven dice que no se sumaría a cualquier espacio gremial: “La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) entiende mejor nuestra situación como docentes, pero no vemos en ningún otro lado la horizontalidad que hay en ATE. Acá la relación es directa y las prácticas no verticalistas. Yo no podría formar una junta interna en el sector si estuviéramos con UTE”.
¿Existen prejuicios con los delegados?
Hay compañeros que me llaman por algún problema, en especial aquellos que nunca se acercan a una asamblea, y lo hacen con un nivel de demanda muy alto, pensando que yo cobro un sueldo por hacer esto. Yo les aclaro que lo nuestro es militancia y que tratamos de ayudarlos. Está muy instalada esa noción del sindicalismo de los “gordos con poder” y caja propia.
¿Los medios contribuyen a eso?
Totalmente. Sólo muestran el sindicalismo que repudiamos, no cuentan las historias de cientos de anónimos que ponemos el cuerpo día a día.
¿Cuáles son las dificultades de las mujeres?
Ante la patronal, ahora el Gobierno del PRO, nosotras siempre tenemos que estar mucho más informadas que los hombres, porque nos toman mucho menos en serio. Hacia el interior de ATE está muy repartido el poder, de hecho la secretaria de Prensa en Capital es una mujer. Pero es algo reciente, los históricos siempre eran hombres.
Claudio Escobar trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y participa de la agrupación gremial «Acción de base».
“Las cúpulas son hostiles con los delegados”
Roberto Martín García, “Robin” para sus amigos, tiene 31 años, estudia licenciatura en Folklore en la Universidad Nacional de Artes (UNA) y trabaja como vendedor de electrónica desde 2007 en la sucursal de Falabella, de Florida y Perón, que a sus ojos es la mejor organizada gremialmente. Robin ha militado en la corriente sindical de Nuevo Encuentro y su afinidad política con el kirchnerismo nació en 2008 con la crisis del campo. Hasta 2012 ni siquiera votaba a sus delegados, pero ese año una de las dos delegadas, que siempre lo escuchaba hablar de política, le ofreció ser parte de la lista para las elecciones. Como en muchas empresas privadas, mientras una persona no tenga fueros de delegado, si la empresa se entera de sus inquietudes, suele despedirla. Esta práctica y el prejuicio social contra la actividad gremial hacen que muchos empleados no quieren involucrarse.
Sin embargo, Robin observa una metamorfosis en los últimos cuatro años y hoy cada sucursal tiene sus propios delegados, todos de treinta y tantos años. “Lo bueno y lo malo de ser delegado es que vos tenés un trato constante y directo con la persona que te vota. Y al principio, cuando empezás, la mayoría no entiende que vos estás para defender los intereses de ellos, si no te conocen piensan que sos un ‘garca’”.
Robin colabora en la Secretaría de Asuntos Legislativos y participa como congresal del sindicato en los plenarios de la CGT. “Yo busco sindicalizar a todos los empleados. Cuando comencé teníamos 59 afiliados sobre 185, hoy el 100 por ciento está afiliado”, se enorgullece.
Conocido por haberse encadenado a la entrada del edificio en una oportunidad, Robin admira a Roberto “Beto” Pianelli, secretario general de los Metrodelegados y militante de Nuevo Encuentro, por haber logrado romper con la burocracia y tener delegados por la minoría.
¿Hay algo que distinga a los gremialistas jóvenes?
Cualquier pibe nuevo que entra llega con una voluntad terrible de generar un cambio, no sabe bien cómo, pero quiere mejorar las condiciones laborales en todos los planos.
¿Y qué pasa después?
La burocracia se los chupa, más en un gremio tan aliado a la patronal como es el Sindicato de Comercio. Buscan que entregués compañeros, te corrompen, te hablan de la plata que ofrecen para evitar que intervengas ante algún despido. Las cúpulas son hostiles con los delegados. Puede ocurrir que las bases propongan una medida de fuerza y el sindicato mismo la cuestiona.
¿Han tratado de corromperte?
Sí, muchísimas veces. La empresa me llegó a ofrecer pasajes aéreos gratis con tal de que dejara de reclamar sobre algún tema. La patronal busca que vos te sientas un mini empresario y te pongas del lado de ellos.
“Ha calado hondo la idea del ñoqui”
Claudio Escobar (52) es ingeniero electrónico y trabaja desde 1992 como contratado en el Centro de Investigaciones Electrónicas e Informáticas, dentro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Es delegado de la agrupación gremial Acción de Base, con 12 años de historia. Claudio milita desde la apertura democrática y en 2001, en medio de la crisis, empezó a conformar asambleas de base dentro del INTI.
El principal obstáculo contra la participación gremial, según Claudio, son los niveles socioeconómicos de su sector: “En el Instituto predominan ingenieros de niveles medios o altos muy bombardeados mediáticamente. Les han metido en la cabeza que la actividad gremial o la política son para vagos o que buscás un beneficio personal o económico si sos delegado. Y otros directamente no sienten que sea el espacio gremial un lugar de participación, y delegan en los que siempre están”.
El prejuicio, sostiene, atraviesa tanto a los jóvenes como a los mayores. “Ha calado muy hondo la idea de que el trabajador del Estado es un ñoqui. La paradoja es que ellos son trabajadores del Estado y se hacen eco de esto que dicen los medios”. La participación se da por oleadas, cuando la coyuntura exige pelear por un mejor salario o mejores condiciones laborales. En 2011 llegaron a tener a 800 compañeros reunidos en una asamblea cuando cambió la dirección del Instituto. Acción de Base, su agrupación, es crítica de la CGT y de UPCN por sus alianzas con las corporaciones, por lo burocráticas que son y por cerrar las paritarias sin consultar con los trabajadores.
“A nosotros no nos para nadie”
María Cecilia Simón (37) milita en el Partido Comunista Congreso Extraordinario (PCCE) y es maestra de grado en la Escuela N°17, del Distrito Escolar 18 porteño. En los últimos diez años ha sido siempre la delegada de UTE de las distintas escuelas en donde trabajó. Según Cecilia, en el ámbito educativo es difícil encontrar gente que se proponga como delegado porque la mayoría mira este rol como sinónimo de “problemas con la conducción”: “El delegado es la persona mediadora, la que intercede entre los directivos y supervisores y los compañeros, pero hay mucha gente, tanto joven como grande, que tiene miedo a acercarse por aquel prejuicio”.
Sus compañeros, sin embargo, son maestros jóvenes y esto hace más ameno el trabajo en equipo: “No hacemos tantas reuniones formales, salvo casos excepcionales. Conversamos las cuestiones en la sala de maestros”. Cecilia destaca que hay una constante formación desde su sindicato, con cursos, charlas, encuentros y talleres políticos, pedagógicos y de derechos humanos.
¿Hay igualdad de género?
No, muchas veces debatimos por qué siendo un gremio mayoritariamente femenino, los conductores sean siempre hombres.
¿Se involucran más los jóvenes hoy?
Sí, sobre todo en los últimos años. Cuando empecé como delegada las compañeras ni siquiera te hablaban. Mucho menos iban a las movilizaciones, éramos diez en las marchas. A partir del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, cada vez más jóvenes se animaron a salir a la calle”.
Admiradora de Agustín Tosco, “porque no transó con nadie”, cuenta dentro del gremio todavía “hay gente que no sabe lo que realmente pasa en las escuelas o se sienta en una oficina sin salir a recorrerlas”.
¿Qué cambiarías del sindicalismo?
Todos deberíamos estar sindicalizados y no como pasa ahora que hay sólo cinco de 20 docentes en mi escuela. Me gustaría que fueran más críticos de las cosas que nos suceden, que se la jugaran más. La gestión estatal en la Ciudad, desde hace ocho años, te adoctrina para que no reclames, una forma de esto es el descuento del día por hacer paro.
¿Los jóvenes son la esperanza?
En los últimos 12 años muchos sentimos “esto era lo que yo quería”. Está genial que haya tantos jóvenes militando. Es impresionante lo que leen, lo que saben. Del último plenario salí emocionada de ver a las pibas hablando y los análisis que hacen… A nosotros no nos para nadie, lo que empezó no tiene vuelta atrás.
Abr 26, 2016 | inicio
El futuro de fábricas y empresas recuperadas está en riesgo. Debido al aumento desmedido en las tarifas de luz y gas, la devaluación creciente, y la suba en los transportes públicos que encarecen el traslado de los trabajadores a su lugar de empleo, algunas cooperativas podrían tener que cerrar sus puertas. El martes 20 de abril, representantes del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y la Confederación de Trabajadores de Economía Popular (MNER-CTEP) tomaron el Ministerio de Energía y Minería para exigir que se los incluya dentro de la tarifa social. Por otra parte, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) se reunió el jueves con el legislador José Cruz Campagnoli, de Nuevo Encuentro, para presentar un proyecto de ley similar.
Eduardo Murúa, presidente del MNER y trabajador del IMPA, explicó a ANCCOM que desde que se conoció la resolución de aumentar los servicios, las cooperativas agrupadas han solicitado una audiencia al ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren. Ante la falta de respuestas, decidieron movilizarse y tomar las instalaciones. “Logramos tener una reunión con el subsecretario de coordinación administrativa Sebastián Scheimberg, que entendió el reclamo pero no dio ninguna solución”, explicó. Si bien el planteo inicial de MNER-CTEP era volver al monto anterior a la suba, lograron que se firme un acta de acuerdo donde el Ministerio se comprometió a crear un registro para rever la situación de cada una de las empresas recuperadas del país, con la finalidad de acceder a una tarifa diferenciada de servicio eléctrico. “Nosotros le pedimos hacer el esfuerzo de seguir conversando durante los próximos diez días para ver si se podía hacer algo en común, y no algo que contemple a cada una por separado. Pero bueno, en principio es lo que conseguimos”, aclaró Murúa.
Las fábricas y empresas recuperadas son fruto de la crisis política, económica y social que explotó en el país en 2001, pero que venía gestándose principalmente desde la dictadura del 76. Destrucción del Estado garante de derechos, reducción salarial masiva, concentración de la riqueza, endeudamiento externo desmesurado, desocupación y obediencia a las recetas del FMI son algunas de las medidas que se iniciaron en aquel entonces y que, durante el menemismo, se llevaron al extremo hasta que muchas empresas quebraron o fueron vaciadas por sus dueños.
Según explica el colectivo lavaca en su libro Sin Patrón –que recoge la historia de 166 empresas recuperadas en Argentina– en la década del noventa la estrategia de la represión se cambió por la del desempleo y la exclusión social: la desaparición económica de las personas. Con el trabajo flexibilizado y los despidos masivos, nació una “no” clase, sin derechos y solo preocupada por la mera subsistencia. En ese contexto, que terminó de complejizarse durante la presidencia del radical Fernando De La Rúa, fábricas y empresas empezaron a vaciar y cerrar sus establecimientos. Ante esa situación, los despedidos tomaron sus lugares de trabajo, y volvieron a ponerlos en funcionamiento a través de cooperativas.
Carlos Saso, presidente de la Cooperativa Maderera Córdoba, recuperada por sus trabajadores.
¿Por qué una cooperativa? lavaca esboza tres razones. En primer lugar, porque de esta forma no son heredadas las deudas, delitos y penas del anterior propietario: solo se recupera la producción. En segundo lugar, son organizaciones que reconocen el trabajo y la solidaridad como capital suficiente para iniciar una empresa. En tercer lugar, construir una sociedad en Argentina tiene un costo económico mucho mayor que darle forma legal a una cooperativa. Además, tienen dos características fundamentales. Por un lado, sus miembros no cobran un salario, sino que se reparten los excedentes. Y por el otro, los socios que se retiran no tienen derecho a reclamo indemnizatorio, ya que el único valor de la constitución es el trabajo. Incluso, si la sociedad entera se disolviera, el estatuto determinará a quiénes deberán donar los fondos.
La tradición del veto
Mauricio Macri, durante su gestión al frente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vetó dos normativas que beneficiaban a las fábricas y empresas recuperadas. El régimen de protección de estas cooperativas, en la ciudad de Buenos Aires, comenzó en 1999, a partir de la ley 238 promulgada por Aníbal Ibarra, que se prorrogó hasta 2011 mediante otras dos leyes –la 1529 y 2970-, sancionadas en 2004 y 2008 respectivamente. En 2011, Macri vetó la ley 4008 aprobada por unanimidad en la Legislatura porteña, que establecía extender la protección unos años más, como lo hicieron las normas anteriores. Pese a eso, los distintos bloques trabajaron y redactaron una nueva norma, la 4452, con el propósito de resguardar esas experiencias productivas colectivas. Pero también terminó en el veto macrista.
A diferencia de lo ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, en 2011 se modificó la Ley Nacional de Quiebras y Concursos. Esa reforma facilita que los trabajadores organizados en cooperativas se hagan cargo de la empresa, tomando como moneda de pago todos los créditos laborales al momento de la quiebra, incluida la indemnización, salarios caídos y otras remuneraciones y derechos no abonados.
En los últimos meses, la situación de los trabajadores de las empresas recuperadas ha ido desmejorando. Las ventas han decrecido y los servicios y bienes necesarios para vivir aumentan cada vez más. La suba de la luz, según dijo Murúa a ANCCOM, en algunos casos llegó a siete veces más que la tarifa anterior. “El conjunto de medidas del gobierno actual no solo provocó una caída en las ventas de las empresas recuperadas, sino también una devaluación que afecta directamente al salario de los trabajadores y una recesión en toda la economía”, opinó el presidente de MNER.
El taller gráfico Conforti, ahora Cooperativa Gráfica Patricios, fue creado en 1952.
Gráfica Patricios
El taller gráfico Conforti, ahora Cooperativa Gráfica Patricios, fue creado en 1952. En marzo de 2003 comenzó la toma y posterior recuperación del establecimiento, ya que desde 1998 Raúl Gonzalo, su antiguo dueño, no pagaba a sus empleados lo correspondiente (en la Navidad de 2002 llegó a darles un paquete con diez monedas de un peso). Durante 2002 y 2003, no solo se incumplían los salarios, sino que comenzó el vaciamiento de la fábrica despidiendo a los empleados y traspasando trabajos que habitualmente se imprimían en la gráfica a otra que tenía el propietario. En noviembre de 2003, la Legislatura porteña expropió de manera definitiva las máquinas a favor de la cooperativa, y en 2004 hizo lo mismo con el edificio, el que están pagando en cuotas que se extenderán hasta veinte años después del nacimiento de la cooperativa.
Gabriel Rojas, uno de los asociados de la gráfica, opina que “estamos entrando en este momento en lo que era el 2001. Se empieza a desactivar la economía atacando a las empresas públicas y después las privadas empiezan a ver que también pueden despedir gente”. Además de la luz, el aumento de tarifas que más les afectó fue el de gas, ya que las rotativas tienen un horno. Otro costo fijo que creció durante el 2016 fue el papel: “Cuando asumió Macri fue lo primero en subir, un 30 o 40 por ciento. Tenemos que ver qué es lo que pasa, ya que nuestro trabajo bajó bastante. No sabemos qué es lo que va a venir y qué capacidad de respuesta podemos tener. Llegaron ellos, llegó el neoliberalismo, los precios subieron y los salarios no”, consideró Rojas.
Maderera Córdoba
Debido a una mala administración y al efecto de la crisis económica, la maderera fundada por Vicente Biglia –y manejada posteriormente por su hija–, entró en 2001 en convocatoria de acreedores y siguió trabajando dos años de modo cada vez más precario. En 2003, decretada la quiebra, los trabajadores fundaron la cooperativa en una casa vecina donde funcionaban las oficinas, ya que el local estaba con faja de clausura. En julio de 2004 consiguieron la expropiación temporaria del inmueble y las máquinas, y actualmente tienen la expropiación definitiva con cargo a pagar en veinte años.
“No nos llegó la nueva factura de luz”, dijo preocupado Carlos Saso, presidente de la cooperativa. ”Estábamos pagando 2.000 pesos en diciembre y en febrero llegó una boleta de más de 6.000. Con las máquinas usamos el servicio permanentemente”, aclaró. Saso contó a ANCCOM que a causa de la devaluación sus excedentes se han reducido un 50 por ciento. “Hay algunas empresas que aumentaron el salario un 20 por ciento a sus trabajadores. En cambio, acá no llegamos ni al 15, porque no podemos. Como la venta cayó se nos hace imposible. Y teniendo en cuenta que el nivel de vida es cada vez más caro, que los servicios también aumentaron en cada una de nuestras casas, como así también los transportes, esto es cada vez peor. Yo vivo en Moreno, cargaba 100 pesos la SUBE y me duraba toda la semana. Ahora no me dura ni dos días”, explicó.
Alé Alé
Alé Alé es una cooperativa gastronómica de las más recientes. Nació a partir del vaciamiento que empezaron a hacer los propietarios en marzo de 2012. En ese año, cerró La Zaranda, otro restaurante del grupo OJA –también dueño de Don Battaglia, Los Chanchitos, Mangiata, y La Soleada, todos actualmente recuperados–, y eso fue lo que los alertó. “Cuando nos enteramos que la próxima era Alé Alé empezaron los conflictos. Ya veníamos con varios meses sin cobrar y además era muy obvio que iban a cerrar. Vaciaron las oficinas, la mercadería no era la misma. Estaban echando a la gente, querían bajar la clientela y demostrar que el restaurante no era viable”, contó a ANCCOM Andrés Toledo, presidente de la cooperativa. En enero de 2013 tomaron el local, y durante ese año tuvieron cinco intentos de desalojo. Superado el último, a cargo de la Policía Metropolitana, los trabajadores de la cooperativa se reunieron con los dueños. “Recibimos el apoyo del gobierno nacional de ese momento. Nosotros necesitábamos un tiempo para mudarnos, y el Estado se comprometió a hacerse cargo, cuando encontráramos el lugar, de las refacciones, traslados y equipamiento. Yo les pedía un año y los propietarios querían tres meses. En ese tiempo no podíamos hacer nada, así que terminamos arreglando ocho. El Estado nos transfirió el dinero a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)”, explicó Toledo. Finalmente, inauguraron la nueva sede en septiembre de 2014.
Respecto a su situación actual, el presidente de la cooperativa informó que cayeron un 30 por ciento los excedentes. “La gente no sale. Los costos fijos crecieron mucho, más del doble. De luz nos venía entre 7500 y 8000 pesos, y ahora estamos pagando 22000. El gas aumentó el triple aproximadamente. Y no podemos trasladar todo a los precios, porque la gente no solo busca calidad y cantidad. No los tocamos desde noviembre. Es preferible llevarnos menos dinero, y no que los clientes dejen de venir”, agregó.
La cooperativa Alé Alé nació a partir del vaciamiento que empezaron a hacer los propietarios en marzo de 2012.
La Casona
La pizzería ubicada en Corrientes y Maipú, nació como cooperativa en julio de 2014. Durante los meses anteriores, la empresa New Nort S.A. había comenzado a despedir a los empleados más antiguos y a suspender el pago de salarios. Los días previos al conflicto, los encargados de la firma se llevaron los aires acondicionados y otros elementos del lugar. Los trabajadores tomaron el establecimiento, y al día siguiente el dueño de New Nort S.A. les entregó la llave y comenzaron a funcionar como cooperativa.
Sin embargo, actualmente tienen un problema con la empresa Mercedes S.C.A., propietaria del inmueble. Los primeros días de abril, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó por unanimidad un proyecto que declara preocupación por la continuidad laboral de los trabajadores. “Tenemos un problema con el tema del alquiler”, contó a ANCCOM Daniel Fernández, socio fundador de la cooperativa. “Nos dijeron: hagan buena letra que nosotros en diciembre, que se vencía el contrato con la empresa quebrada, les empezamos a cobrar a nombre de ustedes. Cuando llegó ese mes, nos dijeron que a partir de la fecha nosotros éramos ocupas, y nos iniciaron un juicio de desalojo. Ellos tendrían que haber ido a la quiebra a cobrar los meses de alquiler que todavía les adeudaba New Nort S.A., y como vieron que no iban a sacarle un mango, nos empezaron a cobrar a nosotros con la promesa de renovarnos el contrato”, explicó Fernández. Mario Romero, presidente de la cooperativa, agregó: “Si en julio de 2014, cuando arrancamos, nos hubieran dicho que no iban a alquilarnos más, la cooperativa hubiese tomado otro rumbo. Con toda esa plata que se destinó en alquiler podríamos habernos ido a otro lado”. En este momento, según explicó otro trabajador de la cooperativa, Gonzalo Ruiz, están clausurados ya que al no estar el alquiler a su nombre, tampoco lo está la habilitación.
La empresa New Nort S.A. había comenzado a despedir a los empleados más antiguos y a suspender el pago de salarios y los días previos al conflicto, los encargados de la firma se llevaron los aires acondicionados y otros elementos del lugar.
El aumento en los servicios es otro de los motivos que dificultan el funcionamiento de la cooperativa. Según expresó Daniel Fernández, pasaron de pagar 8000 pesos de luz a 42000: “Ese fue el primer sartenazo que nos pegaron. Y después hay que pensar que aumentó todo, la mercadería, el colectivo. Van cuatro meses y todavía no vemos un panorama que ayude al trabajador, y menos teniendo en cuenta los despidos que hubo en el sector público y privado. Los excedentes bajaron muchísimo, ya que todos esos aumentos son menos retiros que podemos hacer. Lo que queremos es abrir y trabajar. Que la cooperativa funcione”.
