La incesante lucha de las Abuelas

La incesante lucha de las Abuelas

Familiares de detenidos desaparecidos, amigos, militantes de los derechos humanos, algunos legisladores y muy pocos funcionarios participaron del homenaje. Como contrapartida, estuvieron muchos de los 121 nietos recuperados que, con diversas formas, expresaron su gratitud a la institución que brega por restituir la identidad de los cerca de 500 chicos nacidos en cautiverio y apropiados por los represores. El más explícito fue Manuel Goncalves, quien tuvo a su cargo la conducción del acto: “Estamos acá –dijo- porque estas mujeres nos han buscado con enorme amor, y nos han encontrado”. Salud.

 

Memoria del fuego

Memoria del fuego

Mientras de fondo suena una pieza del clarinetista Richard Stoltzman, el aula magna “Felipe Boero” del Colegio Mariano Acosta, dispone una pequeña mesa alargada vestida con un mantel blanco y con un arreglo floral en su centro. La voz que da inicio a la charla que presenta la muestra fotográfica “Memoria en llamas” es la de Amanda Toubes, una mujer de más de 80 años, bajita, de cabello corto canoso, mirada cálida y sonrisa pícara. A simple vista, nadie imaginaría que ella fue la primera delegada mujer de la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires) o que formó parte de un grupo de educadores populares de vanguardia en los años sesenta. Y es lógico, de Amanda falta decir muchas cosas más. A su lado, se ubicó, Alejo Moñino, de quién, por ahora, diremos que es, simplemente, el curador de la muestra que se exhibe en la escuela Mariano Acosta, que estará abierta a todo el público el próximo sábado 29, durante La Noche de los Museos. También acompañan la rectora de la institución, Raquel Papalardo, y la Presidenta de la Asociación Cooperadora, Silvina Hermosa.

Pero antes de seguir la crónica, ¿quién es Amanda Toubes? Maestra y luego docente universitaria, reconocida por su extensa carrera como educadora popular y miembro del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la UBA. Hasta 1994 fue directora editorial de varias colecciones del CEAL (Centro Editor de América Latina), la editorial dirigida por el mítico Boris Spivacow, que funcionó desde 1966, luego de que debiera abandonar su otra gran creación: Eudeba.

 

Las muestra «Memoria en llamas» es una obra que documenta el día que la dictadura ordenó quemar un millón y medio de libros del Centro Editor de América Latina.

Ahora sí: “Yo no sé por dónde comenzar”, arranca Amanda, “le voy a preguntar a Alejo, que es el responsable de que esté hoy en este lugar”. Lo dice un poco en chiste, pero también es realidad. Desde hace un año y medio, Amanda Toubes encara junto al periodista y documentalista Alejo Moñino un proyecto fotográfico itinerante y multiplicado, que ilustra y documenta el día en que la última dictadura cívico militar, imitando las prácticas nazis, pretendió destruir el saber y la cultura haciendo arder, en un baldío de Sarandí, 24 toneladas de libros que, según decían los represores, “atentaban contra la Constitución Nacional”.

Alejo presenta sus dos micro-documentales y la muestra de fotos, como productos de la casualidad, la misma que lo convirtió en el curador. Habiéndose criado en Wilde, partido de Avellaneda, conocía de oído la historia de la quema de libros. Pero recién hace un año y medio decidió pasar del modo google, a investigar sobre qué había pasado verdaderamente, con fuentes propias. Sus primeras preguntas rondaron ante la rareza de que hubiera fotos, aunque pocas, sobre un hecho represivo y que se supiera la cantidad exacta de los libros quemados: 24 toneladas. Más tarde Moñino se enteraría de que estas precisiones estaban detalladas en el expediente de la causa, porque la quema de los libros del CEAL no fue entre gallos y medianoche, fue a plena luz del día, por orden judicial.

Así se acercó a la Municipalidad de Avellaneda, con la idea de hacer algo conmemorativo, con motivo del 35° aniversario. “La recepción”, dice Moñino, “fue buena”. Entonces, conformó un grupo de trabajo, que comenzó contactando a las bibliotecas populares y conoció al Grupo Editorial La Grieta, de La Plata, que en 2013 había organizado un acto simbólico por los 33 años de la quema, en el baldío de Sarandí.

Lo primero que surgió, antes de conocer a Amanda, fue grabar un primer micro-documental, con la voz de Mempo Giardinelli, citando fragmentos de una nota que había escrito en 2013 en Página 12, cuando se cumplían los 33 años de la quema. Su hablar, casi teatral, adentra al espectador en la dictadura y en lo que significó la editorial CEAL por esos años: “Era una de las más importantes casas editoras de nuestra América. Sus colecciones formaban ciudadanía, es decir eran una fuente de conocimiento democrático en todas las disciplinas (…) pero su supervivencia casi milagrosa entre 1976 y 1980 tenía sus días contados”.

Después Alejo logró ubicar a Amanda y a Ricardo Figueira, trabajador de la editorial e historiador, quienes aquel 26 de junio habían presenciado la fogata. “Lo llamé a Ricardo y le dije: ´Mirá Ricardo, nosotros nos vamos a morir, por qué no dejás entrar a este chico para que le cuentes la historia”, contó Amanda. “¿Pero vos lo conocés?”, le preguntó Figueira. “No, yo ni lo conozco. Eso sí, es de Avellaneda”, agregó Toubes. Y parece ser que ese detalle lo convenció, porque durante 36 años Figueira había casi siempre evitado la exposición pública, incluso ante la insistencia de Aníbal Ford, quien era un gran amigo y compañero de la editorial.

Moñino revela: “Fue con esos encuentros que me terminé de enamorar de esta historia y de sus personajes. A Ricardo le pregunté por la veracidad de las pocas fotos que circulaban en la red y él distinguió las correctas de otras, que correspondían a una quema de libros pero en un regimiento de Córdoba, también durante esa época. Lo mágico fue cuando él me contó que tenía guardadas 29 fotos inéditas, que sacó aquella tarde”.

La “cajita que inició todo esto”, como le dice Amanda: 29 negativos que surgían del propio cinismo del juez, De la Serna, de La Plata, que ordenaba que la propia editorial fotografiara la quema para que quedara el registro de que no se robaban los libros, sino que, efectivamente, eran quemados.

Surgió entonces el segundo documental con tanta potencia como el primero y después vino la muestra: “Te presto los negativos, cuidalos”, le dijo Figueira a Alejo, quien cuenta que asumió el riesgo de elegir las 17 mejores fotos para armar la primera e improvisada exhibición de ese material hasta entonces desconocido. Como parte de una generación que vivió la dictadura en su primera infancia, hay algo personal que también lo toca: “Fue mágico cuando supe que Ricardo Figueira es el esposo de Graciela Montes, una de las escritoras infantiles más importantes del género en Argentina. Yo tengo 39 años, crecí en los ‘80 leyendo libros prohibidos que mi vieja encanutaba y les cambiaba la tapa con forro de papel. Yo la leía a Graciela Montes de chiquito y de repente estaba en su casa comiendo torta fritas y tomando mate hablando de estas fotos”.

Sobre el proceso que desencadenó en la muestra, Alejo dice: “Cuando las fotos salieron a la luz, nos empezaron a llamar desde un montón de lugares para llevarlas. Así la muestra se fue reproduciendo y multiplicando”. Algunos lugares donde ya circuló fueron el Espacio de Memoria de Avellaneda, donde funcionaba el CCDTyE “El infierno”, que se abrió el pasado 24 de marzo, el Haroldo Conti, el MAF (Museo Archivo de la Fotografía, en México), las Universidades de Entre Ríos y San Luis, donde se instaló de forma permanente y, próximamente, estará en el Centro Cultural por la Memoria de Trelew, y en el Hall de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), entre otros sitios.

Amanda Toubes, integrante del Centro Editor y testigo de la quema

Amanda Toubes, integrante del Centro Editor y testigo de la quema.

LA DICTADURA

Entre anécdotas, Amanda no se detiene sólo en la quema. “Hoy cuando vi a los jóvenes sentados en el patio de la escuela media, con sus atuendos y sus manos pintadas, empezamos a pensar cuántas cosas han pasado para que estos muchachos puedan estar sentados en el suelo, riendo, tomando mate y sobre todo sintiendo que la vida es para ellos más libre que la de aquella juventud”. Los recuerdos se retrotraen a los años oscuros: “En 1976 se llevaron detenido a un jefe de depósito y a otro trabajador. Los arrojaron en una plaza dos días después. Ese mismo año habíamos tenido varias bombas antes y la cosa más tremenda: la muerte de un compañero, Danielito, en diciembre, que quería conformar un centro de estudiantes en la Facultad de Psicología. En 1978 se llevaron detenidos 12 compañeros de depósito y así hasta el 80”.

El día de la quema de libros, con presencia de empleados de la editorial, es representado por Toubes como “un cortejo casi fúnebre”. “En algún momento los vamos a reponer”, recuerda Amanda y hoy reflexiona: “En estos tiempos de fiebre amarilla no nos tenemos que olvidar de todo esto”.

EL CEAL

La historia del CEAL es la historia de algo más que una editorial privada. Fue la forma de salida a lo que la Noche de los Bastones Largos (1966) marcaba: la intervención y represión dentro la Universidad. Boris Spivacow, gerente general de la Editorial de la Universidad de Buenos Aires (Eudeba) desde 1958, presentaba su renuncia junto a todo un grupo de intelectuales de la universidad. Amanda recuerda que ese hombre decía: “Un libro tiene que costar menos que un kilo de pan» y en el afán de continuar con la tarea de ofrecer buenos materiales literarios a precio accesible, fundaba el 21 de septiembre de ese mismo año, el Centro Editor de América Latina, con prácticamente el mismo equipo de trabajo de Eudeba: Aníbal Ford, Oscar Díaz, Beatriz Sarlo, Horacio Achával, Susana Zanetti, Jorge Lafforgue, Graciela Montes, Ricardo Figueira y Amanda Toubes, entre otros.

“Pensábamos que íbamos a volver pronto, que estar fuera de Eudeba iba a durar a poco, éramos tan ridículos…”, recuerda Amanda. El lema del Centro Editor era «Más libros para más” y no era una metáfora: “Boris fue un hombre que sólo quería hacer libros. Fueron casi 5.000 títulos”, dice Toubes. Hoy vuelven a brillar desde la memoria colectiva, con los destellos de aquella fogata cruel.

 

Actualizado 25/10/2016

¿Por qué no se cumple la Ley de Cupo Femenino en los sindicatos?

¿Por qué no se cumple la Ley de Cupo Femenino en los sindicatos?

La Ley 25.674 establece la representación femenina en cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales en un mínimo del 30% cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de los trabajadores. En la nueva estructura de la Confederación General del Trabajo (CGT) hay 37 Secretarías, de las cuales solo dos están a cargo de mujeres: Sandra Maiorana (de la Asociación de Médicos de la República Argentina), en la Secretaría de Salud y Noemí Ruíz (del sindicato de Modelos Argentinos), en la de Igualdad y Oportunidad de Género.

Las cuentas son claras: en la única central obrera que el Gobierno Nacional reconoce a la hora discutir, por ejemplo, cuestiones salariales, la ley es incumplida. “Lo que sucede en la CGT, lamentablemente, es la regla de lo que pasa en el resto de los sindicatos”, asegura Magalí Brosio, integrante de Ecofemini(s)ta, espacio que discute asuntos sobre economía con perspectiva de género.

Laura Sotelo ATE Capital en la sede de Carlos Calvo.

Laura Sotelo ATE Capital en la sede de Carlos Calvo.

CONDICIONANTES Y CRÍTICAS

Aunque la ley fue sancionada en 2002, el Instituto de la Mujer de la CGT realizó un informe en 2008 donde mostraba que sobre 1.448 cargos directivos a nivel sindical, solo 80 (un 5%) eran ocupados por mujeres. Un relevamiento del Ministerio de Trabajo de este año refuerza estos datos: sobre 25 sindicatos analizados, en 20 hay mujeres que ocupan cargos, pero en ninguno lo hacen en los puestos jerárquicos, como Secretarías Generales o Secretarías Adjuntas. “Los lugares que ocupamos tienden a ser de formación, acción social o cuestiones de género, labores que el sistema vincula a lo femenino”, subraya Laura Sotelo, responsable de Géneros por el Consejo Directivo en la Asociación Trabajadores del Estado de Capital (ATE Capital). Y agrega: “Es fundamental lograr estar en la mesa de negociación salarial, algo que no podemos hacer desde las secretarías que nos toca ocupar”.

Sotelo reflexiona sobre la letra fría de la ley: “En algún punto, el 30% funciona como un techo. Porque si el porcentaje de trabajadoras en el gremio es menor, el número de los cargos a ocupar baja. Pero si sucede al revés, ese número de roles directivos no sube. Y, en realidad, en muchísimos sindicatos las trabajadoras superan ampliamente el 30% y de todos modos la ley no se cumple”. Sin embargo, no deja de destacar que la ley es un gran avance y que “ante una gran desigualdad, se legisló en torno a eso y ahí hay un logro”. También resalta: “En los doce años anteriores se ampliaron derechos en término de representación y participación, lo cual impacta en los sindicatos”. No obstante, por el tipo de estructuras de los gremios, los cambios tarden mucho más que en otros sectores.

Carolina Brandariz, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género en Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), gremio que cumple con la ley 25.674, aporta sobre el tema: “Nuestro sindicato representa a un 80% de trabajadoras. De la totalidad, el 60% somos jefas de hogar. Eso quiere decir que los estereotipos que se reproducen en la sociedad no son verídicos. Las mujeres que trabajamos, que somos responsables del hogar y además militamos, tenemos una triple tarea. Eso muchas compañeras lo ven como una carga, se ponen una barrera a sí mismas, reproducen un discurso machista como si fuera propio”.

En esa línea de pensamiento, Magalí Brosio afirma que “las tareas de cuidado en el hogar siguen siendo vistas socialmente como una obligación de la mujer. Y eso es una carga, porque quita tiempo para dedicarse a la actividad gremial”.

Otro límite que se reproduce históricamente es el de entender a los gremios como un ambiente únicamente masculino. “Cuesta mucho que los compañeros pierdan privilegios, porque estar en paridad de representación sindical implica eso. Algunos sindicatos quieren regirse por pautas culturales de hace cincuenta años. Pero tendrán que tomar nota que los tiempos avanzaron”, explica la representante de UTE. Brosio, a su vez, marca una contradicción que genera una imposibilidad material para cumplir con la ley: “Cuando una compañera quiere denunciar el incumplimiento, tiene que hacerlo frente a una junta electoral sindical elegida por el mismo consejo directivo del sindicato. O sea que se estaría topando con la misma estructura que le niega el lugar”.

Carolina Brandáriz, Secretaria de Género de UTE.

Carolina Brandáriz, Secretaria de Género de UTE.

LO QUE NO SE DISCUTE

Si la mujer no es parte de las discusiones más importantes al interior de los sindicatos, quedan excluidos muchos temas. “Principalmente queda afuera la familia. Hay que entender que nosotras no somos las únicas responsables del hogar, tiene que ser una responsabilidad compartida. Y también que no es un tema únicamente del ámbito privado, que la organización sindical tiene que contemplar eso”, describe Brandariz. Por su parte, la integrante del espacio Ecofemini(s)ta brinda más ejemplos: “Incluir a las madres en el mercado laboral es algo primordial a discutir. También temas relacionados al acoso laboral, que muchas veces son tratados livianamente y que para las mujeres son una carga tremenda, porque pasan la mayor parte del día en esos ambientes”.

Como un ejemplo de esta temática, Sotelo comenta que desde ATE impulsan un proyecto sobre “licencias parentales”. La idea apunta a poder adaptar los nombres al nuevo código civil, sin distinguir entre padre y madre, si no haciendo referencia al nacimiento (o adopción) y consiguiendo la paridad en los tiempos de licencia, lo que implicaría igualdad de responsabilidades respecto a los temas del cuidado del hogar. Otro punto que queda fuera de las negociaciones colectivas en la mesa chica de los sindicatos, son los jardines infantiles o lactarios, que al no haber, limitan la participación activa de la mujer en la actividad gremial. “La igualdad real de oportunidades y el acceso a los cargos jerárquicos también se pasan por alto en las discusiones salariales si no aparece nuestra voz”, aporta Sotelo.

Movilizacíon de las cuatro Centrales de Trabajadores contra las políticas del Gobierno de Macri y conmemorando el Día del Trabajador.

«Las cuentas son claras: en la única central obrera que el Gobierno Nacional reconoce a la hora discutir, por ejemplo, cuestiones salariales, la ley es incumplida».

RIESGOS y DESAFÍOS

Desde los distintos espacios sindicales coinciden en remarcar la importancia de la creación de las múltiples Secretarías de Género o Igualdad. Entienden que son un avance, pero destacan que no es suficiente. Brosio describe: “La gente que participa en estos espacios ya tiene un interés preexistente sobre el tema. Y lo rico es ir a dar la disputa con los sectores que falta convencer”. En la misma línea, Brandariz plantea que la creación de este tipo de espacios muchas veces logra sectorizar los debates y reclamos: “Las Secretarías de Género son vistas como un lugar para la mujer, pero las Secretarías Generales no”, dice.

“Hay una alianza entre el patriarcado y el capitalismo que genera una división sexual del trabajo. Y ahí el sindicalismo debe dar pelea, porque los géneros y el trabajo organizan a la sociedad”, afirma Sotelo. Según señala, la mujer no solo debe ocupar cargos, sino que, desde esos lugares, no debe reproducir la segregación que hay en el mercado laboral. “El gran desafío es visualizar la falta de representación femenina en los sindicatos, que haya políticas transversales al respecto, hacia el interior de los gremios y no permitir que queden encajonados en el espacio de una secretaría en particular”, acentúa Sotelo.

REPRODUCCIÓN DE LAS VIEJAS ESTRUCTURAS

A mediados del mes de septiembre, el Gobierno Nacional otorgó un reconocimiento parcial a la nueva estructura de la CGT que había surgido en el Congreso de Unidad, celebrado en agosto en el estadio de Obras Sanitarias. Una de las demandas del Ministerio de Trabajo (aunque no la principal) hacia la conducción de la central obrera era el incumplimiento de la Ley de cupo sindical femenino.

No obstante, el miércoles 12 de octubre hubo una reunión en la sede de la obra social del gremio de la Sanidad entre el Ministro de Trabajo Jorge Triaca y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, con los líderes del Triunvirato cegetista Juan Carlos Schmidt, Héctor Daer y Carlos Acuña. Una semana después, se repitió el cónclave al que se le sumó esta vez un grupo de empresarios. En ese encuentro, con la promesa de un bono de fin de año de dos mil pesos, el Poder Ejecutivo logró desactivar, el paro general con el que los gremialistas amenazan debido al deterioro del salario real, los más de 100.000 despidos entre el sector público y privado o la necesidad de reapertura de paritarias, entre otras cuestiones. En esa mesa donde se tomaron decisiones que afectan directamente la vida de muchos trabajadores y trabajadoras, no había ninguna mujer.

 

Actualizado 25/10/2016

La Ley de Educación Nacional, diez años después

La Ley de Educación Nacional, diez años después

Con la Ley de Educación Nacional (LEN), cambió el paradigma educativo que habían impuesto las políticas neoliberales de la década de 1990. La norma definió a la educación como un derecho social y restableció el rol centralizador del Estado, que asume ahora una responsabilidad “indelegable” en la materia. ANCCOM reunió a la investigadora Myriam Feldfeber y al ex subsecretario de Educación bonaerense Néstor Ribet, docentes ambos, quienes hacen un balance en profundidad –sin esquivar el debate– y advierten acerca del peligro que representa la gestión de Cambiemos.

¿Por qué se sancionó la LEN en aquel momento?

Néstor Ribet: Se trataba de una decisión política necesaria. Nosotros contábamos con la primera ley orgánica de educación, la ley N° 24.195, la Ley Federal de Educación (en adelante, LFE) del neoliberalismo que hizo estragos. La nueva ley era esperada y requerida por todos los sectores, particularmente los docentes. Había que sentar las bases de la justicia social y la inclusión en la educación.

Myriam Feldfeber: Tal vez en 2003, cuando comenzó la gestión de Néstor Kirchner, no estaba en el horizonte un reemplazo a la LFE. Sí se avanzó en determinadas leyes que fueron dando respuesta a problemas puntuales del sistema, por ejemplo la Ley de Financiamiento Educativo. Recién el debate de la nueva legislación se dio en 2006. Era necesario un cambio de ordenamiento jurídico, volver a encontrar un punto de unidad en un sistema totalmente fragmentado.

¿Qué cambios proponía la LEN?

NR: Radicales. Tienen que ver con el modelo de país. A partir de 2003 se inicia un proceso en el cual buscamos la Nación integrada, el Gobierno al servicio del pueblo, una política de desarrollo con inclusión, un posicionamiento como país soberano en el contexto regional y mundial.

MF: La LFE estaba centrada en la idea de equidad y la LEN en la de igualdad. En la LFE se hablaba de un Estado que garantizaba la política educativa y en la LEN de un Estado que garantiza el derecho social a la educación. Se vuelve a la vieja estructura del sistema: primaria y secundaria, frente a la fragmentación de la EGB y del Polimodal de la Ley Federal. Se lleva la formación docente a cuatro años, se establece la gratuidad de la “formación en servicio” para los docentes del sector público, tiene una perspectiva más latinoamericana. En el artículo 10 de la LEN se señala que la educación no va a ser incluida en los tratados de libre comercio. Mantiene algunos núcleos conservadores de la Ley Federal, como la redefinición de “lo público y lo privado”en términos de gestión, el lugar de la familia como “agente natural y primario”, por eso junto al derecho social se establece el derecho personal. Pero es claro que la ley se orientó a garantizar la educación como derecho social y a considerar el papel central del Estado.

NR: No hay continuidad en lo absoluto entre ambas leyes.

MF: Hay algunos núcleos que perviven, pero hay cambios fuertes en un horizonte que incluye otras leyes que buscaron ampliar derechos: la de identidad de género, el matrimonio igualitario, la Ley de Protección de los Niños. De 2007 en adelante sí se implementaron más programas y medidas tendientes a plasmar los principios de inclusión e igualdad, como la Ley de Educación Sexual Integral (N° 26.150), el programa de educación secundaria obligatoria, y ni hablar del impacto de la Asignación Universal por Hijo.A pesar de esto hubo continuidades con lo anterior como la Ley de Educación Superior (N° 24.521), que aún está vigente.

NR: Siempre destaco el rol del Estado en esta ley. Lo dice con claridad: tiene un rol “indelegable”, bajo ningún concepto puede transferírselo a nadie. Puso en el Ministerio de Educación la responsabilidad de la conducción del sistema, previó el ámbito de participación que es el Consejo Federal de Educación, y buscó consensos para hacer un país con diversidades.

 

¿Qué transformaciones se pueden destacar en cada nivel?

NR: La LEN señala la educación inicial comienza con los 45 días y se extiende hasta los 5 años. Es un espacio pedagógico. Tiene que estar organizado sistemáticamente. Desde los 45 días a los 2 años se lo considera jardín maternal, nunca más guardería. La ley dice que es obligatorio desde los 5 años, pero luego se lo hn extendido hasta los 4.

MF: Ahora hay debates sobre la necesidad de extender la obligatoriedad hasta los 3 años, cuando aún no se ha podido garantizar la universalidad de las salas de 4 y 5 y persisten fuertes desigualdades entre las provincias. La LEN trató de recuperar la unidad del sistema. En primaria se recuperó una perspectiva más centrada en la lógica de la igualdad, por eso el Programa Integral para la Igualdad Educativa remplazó al Plan Social Educativo. El tema de la educación Secundaria es uno de los grandes cambios: establece su obligatoriedad y la necesidad de desarrollar programas para garantizarla. Se avanzó mucho pero hay una gran deuda que es el no haber modificado el formato escolar de la secundaria. Se amplió la cobertura, las tasas de escolarización crecieron, pero persisten problemas de permanencia y egreso. Sin embargo la situación es mejor que antes de la sanción de la ley. De hecho, el Ministerio, en los últimos años, lanzó el programa de escuelas secundarias en universidades nacionales. Son escuelas que funcionan con otra lógica, desde la organización de los grupos de alumnos y de las materias, financiado por el Ministerio de Educación en universidades nacionales, tendientes a incluir sectores tradicionalmente excluidos, que no pueden establecer examen de ingreso ni seleccionar matrícula. La de la Universidad de General Sarmiento, la de San Martín, la de Quilmes, son instituciones que muestran que es posible otra escuela secundaria. Pensemos en el alumno de la secundaria: el Estado te da un certificado que dice “aprobaste 7 materias y desaprobaste 3”, al año siguiente el mismo Estado te da otro certificado que dice que aquellas 7 materias ya no las tenés aprobadas y las debés volver a cursar. Es un problema de la organización de la escuela. Es que así estaban pensados, en sus orígenes, los colegios nacionales con Bartolomé Mitre: para seleccionar dirigentes y diferenciar los que iban a la universidad de los que no.

¿Se ve en el horizonte de la secundaria modificar esas cuestiones?

NR: En estos nueve meses del Gobierno que el 51% de los argentinos votó, no se ha producido señal alguna que indique hacia dónde quiere llevarse la educación. Myriam hablaba de las universidades con capacidad para crear escuelas secundarias. Hoy el presupuesto para sostener esas escuelas fue retirado por Nación. Universidades como la de Lanús o General Sarmiento están muy preocupadas porque no saben cómo hacer para llevar adelante este proyecto. Este Gobierno no ve una educación que incluya a todos. La mayoría de sus funcionarios se educaron en los colegios privados más exclusivos, no en el parroquial de acá a la vuelta. Colegios ingleses, escoceses, alemanes, italianos, de absoluta exclusividad. En esas manos está el gobierno del país.

MF: Si bien no hay un modelo educativo explicitado, hay señales preocupantes. Una es haber cuestionado la apertura de universidades en diferentes lugares, cuando durante muchos años se habían dedicado esfuerzos para incluir a sectores que estaban fuera del sistema. Concretamente universidades a las cuales acceden hijos de padres que no terminaron la secundaria o la primaria. La segunda señal, muy preocupante, es la relación que se está estableciendo entre educación y neurociencia. El Ministerio de Educación firmó un convenio para crear un instituto de investigación en neurociencia, en la provincia de Buenos Aires. Poner el acento a un concepto como “capital mental” es avanzar, por ejemplo, sobre discusiones que plantean que la pobreza es un estado de ánimo. Designaron a un ex CEO de Philip Morris (Ezequiel Christie Newbery) como subsecretario de Gestión y Políticas Socioeducativas de la Nación. Ni siquiera tiene un título universitario, no viene del campo educativo, ni vivía en la Argentina. Los principales referentes con quienes se discute la política pública son los empresarios y las universidades privadas produciendo material, las universidades públicas dejaron de ser las consultoras privilegiadas del Estado. Para los directivos se dan capacitaciones en liderazgo. Están vaciando Conectar Igualdad, despidiendo cuadros formados de hace muchos años, desarticulando el Plan de Lectura, desmembrando programas que tenían esta idea de construir un espacio nacional en vínculo con las provincias. El Presidente y el Ministro (Esteban Bullrich) plantearon que hay que pensar a los jóvenes desde la política del “emprendedurismo”, es decir formar personas que sean emprendedoras de su propio trabajo. Ese modelo está muy ligado a la lógica de la empresa.

NR: Es una mirada individualista de la sociedad. Lo que están diciendo es: “Vos tenés que romperte el alma para ser alguien exitoso”. Otra señal es como han ido cerrando las puertas de participación a los gremios docentes. Ya hoy no tienen capacidad de abrir las paritarias. El Gobierno se lo ha negado cuando, en realidad, así se había acordado. En otro momento, los docentes, a través de sus gremios, tuvieron una participación activa en el Plan Nacional de Formación Docente. Fueron protagonistas junto a las universidades nacionales y los institutos de formación, en el desarrollo de este plan que hoy está siendo bastardeado, desactivado.

¿Qué proponía la LEN en materia de formación docente?

MF: A partir de la puesta en marcha del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), se pusieron en funcionamiento las mesas federales y el consejo consultivo donde se sientan a discutir los representantes de la enseñanza superior y los sindicatos con representación nacional, el Consejo Interuniversitario, entre otros. Todos los acuerdos que llegaban al Consejo Federal, llegaban con trabajo previo en las mesas federales. Fue el espacio más federal del Ministerio. Se avanzó mucho en la unificación de los títulos de los Institutos Superiores de Formación Docente, que dejaron de ser institutos de formación superior no universitarios, promoviendo espacios en su interior más parecidos a la lógica de la educación superior. El Programa Nacional de Formación Permanente, surgido de un acuerdo paritario, si bien fue un gran logro, se hizo recién en 2014. Lo importante es que se pensó como diseño una formación del conjunto de los docentes, que son más de un millón.

¿Se observan cambios en la formación?

NR: Las transformaciones, en educación, no se ven de manera inmediata. Sin embargo se están observando cambios de actitudes. El compromiso del docente en el desempeño de su tarea ha ido presentando otras características. Al mismo tiempo, fue en respuesta a lo que ellos mismos han ido sintiendo que se recibe de la conducción política. Algo que no mencionamos hasta ahora, es el aspecto presupuestario. Se logró a partir de ese artículo que establezca el 6% del PBI como mínimo, que habíamos alcanzado y ahora se frenó. Eso permitió un conjunto de medidas en donde la formación docente se pudo llevar adelante como jamás ocurrió.

MF: En 2001 teníamos docentes cuyos ingresos los colocaban bajo la línea de la pobreza. A partir de poner en acto las paritarias, avanzar sobre la ley de piso salarial, ayudar a todas las provincias a alcanzar ese piso, se avanzó mucho. El colectivo docente es un universo muy heterogéneo. Hay un problema de federalismo que no se resolvió, donde cada provincia fija montos diferentes en sus paritarias. Se mejoró pero las desigualdades se mantienen.

¿Hubo resistencias?

MF: La ley partió de un documento base a las escuelas para su consulta. No hubo mucho debate. Algunos decían que se venía dando desde antes del proyecto de ley, pero el espacio de consulta fue de seis meses. Se la quería aprobada antes de diciembre de 2006 para que no ingresase en la discusión de las elecciones de 2007.

NR: Pero no hubo una oposición consolidada. En los 90, los gremios, casi sin excepción rechazaron la Ley Federal desde el inicio, las provincias también. La LEN llega por un proceso breve en el tiempo de consulta, que fue condicionado porque el proyecto estaba escrito Pero, de todos modos, el colectivo docente, las universidades, la educación privada, todos apoyaron.

MF: Diversos sectores se vieron reflejados en la ley. La CTERA apoyó la ley porque incluye el derecho social a la educación y el rol del Estado, y la Conferencia Episcopal Argentina la apoyó porque decía que la educación es un “derecho personal y la familia es agente primario de la educación”. Como en toda ley, hay que conformar a diferentes sectores. Esto también puede explicar por qué no hubo grandes oposiciones.

NR: Lo importantes es que la LEN, además de haber sido la conclusión de todo un proceso, no fue tomada prestada de otra como sí fue el caso de la LFE. Es una construcción propia. Además quienes participaron activamente en su constitución fueron personalidades de la educación argentina.

¿Qué propuestas aún no se ven plasmadas?

MF: Si bien se volvió a la estructura tradicional de la primaria y secundaria, falta mejorar muchas cosas. Es difícil articular lo que se venía desarticulando desde hacía tiempo. La obligatoriedad del secundario no se cumplió, hay chicos que no terminan ni egresan. Si bien se avanzó muchísimo hay muchos chicos fuera del sistema. Hay un problema de articulación muy grande entre Nación y provincias para garantizar el derecho a la educación. En cuanto a la formación en servicio, falta avanzar mucho. La ley de financiamiento fue aprobada en 2005, antes de la LEN cuando no era obligatoria la secundaria y esta ley ya caducó.

NR: Los procesos de transformación a partir de las leyes no son automáticos. La ley 1.420 de Educación Común se aprobó en 1884. ¿Cuántos años de manera sostenida fueron necesarios para que Argentina pudiera decir, en el siglo XX, “estamos alcanzando este valor de la educación común, gratuita”? Aquí pasa lo mismo. Ante un intento de transformar el país que venimos construyendo hace muchos años, yo tengo serias dudas de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir en materia educativa. El ministro Esteban Bullrich, en la última asamblea del Consejo Federal, decía que su mandato tomaba como principio “construir sobre lo construido”. Como la pobreza cero, el pleno empleo, son dichos vacíos de contenido. Si el Gobierno quisiera seguir con sus políticas, tendrá que modificar la ley. Y nosotros lucharemos por defenderla. No pensamos que vamos a un proceso inexorable que nos devuelva a la dictadura ni al neoliberalismo. Hay señales en esa dirección, pero confío en el pueblo que se manifieste como se vio en la Marcha Federal.

MF: También en el paro del sector docente en el cual pararon algunos docentes de escuelas privadas, que antes no sucedía No está todo perdido, pero se está yendo en una dirección que es necesario repensar.

 

Actualizado 25/10/2016

Reclamo del campo profundo

Reclamo del campo profundo

Con más o menos números en el kilometraje, los representantes de las distintas agrupaciones que conforman el Consejo de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (CAFCI) llegaron al barrio porteño de San Telmo para discutir sobre el futuro de su trabajo. “En el campo no estamos acostumbrados a movilizarnos, somos uno más detrás de la tranquera”, confiesa Daniel Bareilles, productor de Cañuelas y representante del Movimiento Agroecológico de Latinoamérica y el Caribe (MAELA), contento por el encuentro entre colegas. Pasada la intensa mañana de debate, los agricultores llegan a la puerta del Ministerio de Agroindustria para hacer visible su reclamo por el desfinanciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar, seguida de la renuncia del secretario Oscar Alloatti.

Entre la puerta del Ministerio y la camioneta de la Policía, la asamblea continúa y un plato con bizcochuelo, amarillo por los huevos de campo, pasa de mano en mano. Agricultura Familiar es el término que el Banco Mundial eligió para definir a los pequeños productores. “Agricultura familiar es todo”, dice Eduardo Sorazabal, representante de la Agrupación Grito de Alcorta (AGA) de Santa Fe. “Los productos de horticultura, la elaboración de pastas, el 80% de las frutas y verduras viene de pequeños productores”, argumenta.

El problema aparece en un eslabón de la cadena en el que tanto el productor como el consumidor salen perdiendo: la comercialización. El negocio de las grandes cadenas de supermercados es justamente comprar los alimentos perecederos a muy bajo costo a los productores y venderlo con grandes márgenes a los clientes. “En los tomates, por ejemplo, se paga $130 el cajón de 20 kilos, y nosotros lo compramos a $35 o $40 cada kilo”. Ese matiz de un mismo conflicto se reclamó en aquellos “verdurazo” y “frutazo” que llenaron de alimentos la Plaza de Mayo unas pocas semanas atrás.

En diciembre se cumplirán dos años desde la aprobación de la Ley 27.118 de Agricultura Familiar, una norma que además de intentar resolver esta amplia diferencia entre las ganancias de vendedores y productores, exige un seguro integral por los desastres climáticos que sufre el campo, y un crédito especial accesible para los pequeños productores. Pero la ley aún no puede ponerse en práctica porque la reglamentación, que fue presentado por el CAFCI en julio de este año, todavía no tiene la firma del Presidente. “Alloatti recibió mucha resistencia de parte del Consejo”, asegura Bareilles. Y cuenta que las reuniones que tuvieron con él eran vacías de contenido y con un formato escolar. Sin secretario y con un recorte de presupuesto para el 2017, los agricultores suspiran cada vez más largo y aprietan cada vez más las cejas.

Según Sorazabal, el proyecto apunta a que la producción no sea un negocio sino un modo de vida. Hoy unas pocas empresas en el mundo dominan el negocio de las semillas, de seguir así se pueden reducir a dos o tres: “Es una bomba más poderosa que la bomba atómica, tener el alimento es tener el control de la humanidad”.

Retrato del Verdurazo en Plaza de Mayo el último 14 de septiembre de este año.

Retrato del Verdurazo en Plaza de Mayo el último 14 de septiembre de este año.

 

Actualizado 27/10/2016