Nov 15, 2016 | inicio
Como pasó en la primera mitad del año, 480 bibliotecas populares de la Provincia vuelven a quedar en jaque porque el Gobierno bonaerense hace seis meses que no les paga el subsidio que les corresponde por ley. La deuda, que asciende en total a $ 22.690.899, las afecta seriamente ya que el 90 por ciento de ellas cuenta con ese dinero para abonar el salario del personal. “El atraso compromete la subsistencia de los bibliotecarios o genera demoras en el depósito de las cargas sociales”, explica el presidente de la Federación de Bibliotecas Populares de la Provincia de Buenos Aires, Luis Zurueta.
Pero el problema es aún mayor: a la vez que la Dirección de Bibliotecas Populares no les deposita el dinero, la AFIP y el Ministerio de Trabajo intiman y amenazan con embargos a sus directivos cuando contraen deudas o se atrasan con el sueldo del bibliotecario. “A la AFIP no le importa si la Provincia te pagó o no: te envían un inspector, te intiman y te demandan”, sostiene Zurueta. Además, aunque los miembros de la comisión directiva sean vecinos que colaboran ad honorem en una institución sin fines de lucro, “para el Estado legalmente son empleadores, entonces la situación no es fácil para ellos”.
“El atraso compromete la subsistencia de los bibliotecarios o genera demoras en el depósito de las cargas sociales”.
Además de los $ 7.887 mensuales del Estado provincial –que en noviembre debería actualizarse a $ 8.481–, los ingresos de una biblioteca popular se componen de la cuota de sus socios, entre 30 y 40 pesos, una partida de dinero a principio de año de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) cuyo monto se determina según la cantidad de socios, libros y préstamos de cada una, y en algún momento pueden recibir donaciones de ciudadanos o empresas. Los gastos corrientes incluyen salarios, compra de libros, mantenimiento y pago de servicios. Sobre este punto, Zurueta declara que todavía no pudieron acceder a las tarifas sociales, “igual que los clubes de barrio”.
“La última vez que la Provincia pagó fue, justamente, porque descubrió que estaban queriendo embargar a las bibliotecas y ahí se dieron cuenta que la falta de pago desataba un caos”, señala María Virginia de Torres, presidenta de la Biblioteca Popular Alberdi de Remedios de Escalada, en referencia a julio, cuando les depositaron cinco meses adeudados de enero a mayo de este año. “Ahora pasa lo mismo –afirma–, nos deben de junio a noviembre ”.
Zurueta se remonta al origen de las históricas deudas: “Desde la segunda mitad de la década del 90, el recorte de subsidios fue brutal. En 2001, la crisis redujo en un 80 por ciento la cantidad de socios y nunca más pudimos recuperarlos. En parte, porque los avances tecnológicos reemplazaron a las bibliotecas en la búsqueda de información, y en parte, también, porque comenzamos una carrera por subsistir”.
En 2003, las bibliotecas pasaron de la órbita del Ministerio de Educación, que realizaba los depósitos en tiempo y forma, a la del Instituto Cultural bonaerense, cuyo presupuesto se distribuye entre teatros, museos, festivales artísticos y otros destinos. La ley provincial N° 13.056, que creó el Instituto y determinó el traspaso de las bibliotecas, hacía énfasis en la eficiencia y en la desburocratización. Sucedió todo lo contrario.
Leandro De Sagastizábal, presidente de la CONABIP
Patear la pelota
Rocío Giaccone es diputada provincial y desde 2012, todos los años, se encarga de impulsar leyes que prorroguen por doce meses la ejecución de sentencias sobre bienes de asociaciones civiles y así retrasar posibles embargos. “Debido a su funcionamiento burocrático –explica– la administración pública se toma entre tres o cuatro meses para que un expediente recorra su camino y los fondos lleguen a destino. Por lo cual, hasta noviembre de 2015, las bibliotecas recibían un ingreso mensual pero desfasado unos meses”.
Al asumir la gobernadora María Eugenia Vidal, se congelaron los pagos. “No tendría que haber demora con un dinero que se venía dando y que es un derecho de las instituciones. El problema es que no tienen una política clara respecto a las bibliotecas populares”, opina Giaccone. “A principio del año, nos dijeron que estaban poniéndose al día con la actualización de firmas de los responsables. Pero los pagos se suspendieron. Luego, con muchas presiones y pedidos de informes en la Legislatura, logramos que en julio se pagaran cinco meses atrasados, hasta mayo”.
Ariel Guallar, presidente de la Biblioteca Popular de Haedo, denuncia que, por su cuenta y junto a otras instituciones, ha llamado “mil veces” a la Dirección Provincial de Bibliotecas para hablar del problema. “Pero te bicicletean o ni siquiera te atienden. No sabemos la causa real de por qué se siguen retrasando”. ANCCOM intentó comunicarse con la responsable del organismo, Natalia Hidalgo, pero sólo pudimos establecer contacto con dos de sus secretarias y con su jefe de prensa, Manuel Balut, que no brindaron respuestas.
Lo paradójico, remarca Zurueta, es que “las bibliotecas con mayor riesgo de cierre son aquellas que más se esforzaron por enmarcar en la ley a su personal, tener buenos bibliotecarios y brindar un servicio de calidad, y así ser reconocidas por el Estado provincial para acceder al subsidio”. Hoy cada una hace lo que puede con lo que tiene para autosustentarse, pero “muchas están tendiendo a reducir los horarios de atención, luego dejan de hacer asambleas y de a poco van cerrando”, se lamenta Zurueta.
Mirta Pérez Díaz, profesora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 35 de Monte Grande.
Modos de supervivencia
En la fachada de la Biblioteca Popular de Haedo resalta un cartel amarillo: “Todos los problemas de nuestra patria son, en el fondo, problemas de educación. Sarmiento”. “Si querés espantar a cualquier posible lector, esa es la frase justa”, comenta Ariel Guallar, su presidente. “No podemos tenerla en la puerta, no conjuga con la energía de la biblioteca”, cuya patrona es, curiosamente, Rosario Vera Peñaloza, descendiente del caudillo “Chacho” Peñaloza, asesinado por orden de Sarmiento.
La idea es que artistas del barrio realicen un mural más colorido y atractivo: “Darle vida”, dice Guallar, quien además cree que los cargos directivos deben ser ocupados por gente joven y con equidad de género en su composición. Hoy, la institución realiza campañas a través de redes sociales para sumar socios. “Caímos en la cuenta de que muchos ni sabían que existía”, reconoce. Mientras, admite Guallar, tuvieron que “considerar una medida profundamente impopular que fue aumentar la cuota a 60 pesos para mantener la supervivencia de la biblioteca y el rango horario”.
La Biblioteca Pública y Complejo Cultural Mariano Moreno, de Bernal, una de las más grandes de la provincia, hace tiempo que ha decidido “alquilar todo lo que sea alquilable”, cuenta su coordinador Evaristo Rodríguez. Así, alquilan espacios al Municipio, a una biblioteca comercial y a una empresa teatral. “También extremamos la oferta de cursos arancelados y, si bien seguimos mal, no pensamos en cerrar”, dice Rodríguez.
“La Moreno” es un caso extraordinario: un golem cultural declarado de interés nacional con un edificio de cuatro pisos y dos subsuelos. En su interior funciona un teatro para 300 personas, una radio y un jardín de infantes. Además, dispone de un “bibliomóvil”, una camioneta con capacidad de llevar 700 libros a las escuelas de la zona que lo soliciten, una pequeña parte de los 80.000 que guarda la institución.
Rodríguez explica que desde sus inicios, en 1938, “este es un proyecto educativo con múltiples facetas, que nuclea la vida social tanto de Bernal como de los barrios aledaños”. Actualmente, ofrece más de cincuenta cursos para mil alumnos: animé y manga, historia del arte, astronomía, coro, nutrición, kung-fu, yoga, meditación y taller de búsqueda de vida inteligente extraterrestre, entre otros. Y si bien la biblioteca “ha sentido el efecto de Internet y los dispositivos móviles, sobre todo en los jóvenes, sigue prestando más de 15 mil libros al año.
A unos 15 kilómetros de allí, en Remedios de Escalada, se encuentra la Biblioteca Popular Alberdi. Virginia de Torres, su presidenta, puntualiza que el municipio de Lanús, al cual pertenece, es uno de los ocho de la Provincia que cuenta con una ordenanza que ayuda mensualmente a las bibliotecas. No obstante, se ven obligados a alquilar dos cocheras y un salón de usos múltiples para complementar sus ingresos.
La institución tiene 500 socios, aunque antes de la crisis de 2001 llegó a tener dos mil. Hoy alcanzar ese número resulta imposible, y Torres lo atribuye a que en las escuelas no se difunde su existencia. Pero también reconoce que es difícil que la biblioteca salga a la calle: “De los que estamos, ninguno se preparó para esto. Y muchos de los directivos son personas grandes, reticentes al cambio. Para ellos, las bibliotecas no tienen nada que ver, por ejemplo, con recitales de música. Pero hay que entender que si no te transformás, no sobrevivís”.
En la misma dirección, el presidente de la CONABIP, Leandro De Sagastizábal, afirma que “desde la sociedad se está reclamando un nuevo rol a la biblioteca, articulando su rico pasado con un futuro que, si bien es incierto, pareciera ser el de un paso de centro exclusivo de libros a centro cultural”.
Evento de «Bibliotecas Humanas»,en el marco de los atrasos en la recepción de subsidios y del aumento de tarifas que sufren las 500 bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires.
Bibliotecas humanas
Daniel Canosa, bibliotecólogo, docente e investigador, sostiene que “las bibliotecas populares históricamente se tuvieron que adaptar a los cambios” y que “es imposible saber en qué se van a transformar en unos años”. Pero alerta sobre el momento que atraviesa la carrera de Bibliotecología: “El foco está en lo técnico, en la digitalización de documentos, y está perfecto. Pero si se descuida el aspecto humanístico de la carrera, las bibliotecas populares pierden su sentido”.
Esta impronta es la que quiere recuperar la Biblioteca Florentino Ameghino de Luis Guillón, en Esteban Echeverría, donde al visitante, en la puerta, le preguntan: “¿Con qué libro querés conversar?” Los títulos que ofrecen son: “Familiar de niño autista”, “Adicto recuperado”, “Portador de HIV”, “Probador de videojuegos”, “Persona privada de la libertad”. Adentro, esperan para charlar “los libros humanos”, personas que viven o vivieron esas situaciones y se acercan para compartir sus experiencias con la comunidad.
El proyecto de las Bibliotecas Humanas, surgido hace 16 años en Dinamarca y retomado por estudiantes de bibliotecología del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 35 de Monte Grande, es un intento por derribar prejuicios sobre temas sensibles en la sociedad a través del diálogo directo con los protagonistas. La pregunta que se hace Mirta Pérez Díaz, profesora del instituto, es: “¿Qué nos está pasando que para conocer otras historias de vida y problemáticas hace falta planificar un encuentro y no surge espontáneamente?”
Según Daniel Canosa, “en nuestra rutina diaria no tenemos oportunidad de escuchar lo que piensan otras personas con experiencias diferentes. A lo que accedemos, muchas veces, es a estereotipos de los medios de comunicación. Y lo peor que nos puede pasar, ya lo decía el filósofo Walter Benjamin, es que se destruya la experiencia humana por medio del combo de la información más opinión”, reflexiona.
La iniciativa atrajo la atención de 300 vecinos de Luis Guillón que días antes habían votado los temas que querían conocer a través de encuestas hechas por alumnos del Instituto. A partir de los resultados, los estudiantes realizaron un trabajo documental para complementar los relatos de los protagonistas. “Lo interesante, entonces, es que hay dos colecciones que se enfrentan, generando una intertextualidad entre la colección humana y la bibliográfica”, explica Canosa, para quien “la riqueza de las bibliotecas populares está en que ofrecen documentos que no se encuentran en ningún otro lado, principalmente conocimientos sobre la historia local” que permiten fortalecer la identidad de la comunidad.
La docente Pérez Díaz argumenta que “tienen la oportunidad de ser un espacio de innovación” pero para ello deben romper con “un estereotipo conservador, custodio, cancerbero, residual del siglo XIX, que hace un culto al libro y a la propiedad que ya no encaja”. Para ella, el futuro está relacionado con “bibliotecas totalmente dinámicas y desestructuradas, que pasan del paradigma de la información al de la comunicación, y donde los contenidos, además de recibirse, se generan”.
Con la soga en el estante
Más allá de los debates, lo concreto es que las bibliotecas siguen regidas por el decreto-ley 9319, elaborado en 1979, durante la última dictadura militar, que no reconoce el derecho a la lectura, tampoco su trayectoria histórica, al punto de llamarlas “bibliotecas públicas de instituciones privadas”, y que prevé la pérdida total de fondos en caso de “atentar contra los valores que hacen al sentimiento nacional y nuestra esencia occidental cristiana, o desarrollar actividades totalmente ajenas a la misión específica de la biblioteca” (sic).
La Ley N° 14777, que creó el Sistema Provincial de Bibliotecas, fue aprobada por unanimidad en la Legislatura bonaerense en octubre del 2015, pero nunca fue reglamentada por el Poder Ejecutivo. La diputada Rocío Giaccone afirma que la norma –de su autoría– venía a saldar una deuda con las bibliotecas en cuanto a su historia y función. “Cuando la trabajamos junto a bibliotecarios de toda la provincia teníamos como objetivo una actualización general desde el aspecto tecnológico, generar una mayor protección y reconocer su papel en la comunidad como ámbito de consulta permanente, intercambio de ideas y de comunicación”.
La ley dispone un aumento del 33% del subsidio y que el dinero debe surgir del 0,5% de lo recaudado por los juegos de azar. “Esto ayudaría a la administración interna, ya que, cuando se dispone de fondos especiales específicamente asignados, llegan más rápido, algo primordial para terminar con los atrasos”, sostiene Giaccone. Pero transcurrido más de un año de su aprobación, no sabe qué detiene su reglamentación. La nueva falta de pago del gobierno provincial la desanima: “Si la sociedad y los legisladores no nos seguimos moviendo, directamente van a dejar de financiar a las bibliotecas”.
Actualizado 15/11/2016
Nov 9, 2016 | inicio
En mayo de este año, el Grupo Octubre -encabezado por el secretario general del gremio de los trabajadores de edificios, Víctor Santa María- presentó su fusión con el diario Página/12. Desde entonces, los trabajadores mantienen un conflicto paritario con la empresa, que ofreció aplicar un aumento del 24,9% anual, sin otorgar ningún bono a los trabajadores, una cifra que está casi 20 puntos por debajo la inflación. Por esta razón, desde la semana pasada y hasta este miércoles la publicación salió sin firmas como señal de protesta.
El secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), Tato Dondero, denuncia que la cifra del aumento fue impuesta por la cámara de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA), entidad que “no representa los intereses de los trabajadores de prensa”. Como contrapartida, el personal Página/12 exige un salario digno. Diego Martínez, delegado de la comisión interna del diario y redactor en la sección política, manifestó en diálogo con ANCCOM, que “el Grupo Octubre no da respuestas” y “que ha apelado por tercera vez al Ministerio de Trabajo, en donde el jefe de esa cartera, Jorge Triaca, volvió a dictar la conciliación obligatoria”. Para Martínez, “la conciliación planchó el reclamo” porque “el abogado que representa a la empresa, en la mesa de negociación con el Ministro y los representantes de los trabajadores, sigue sin ofrecer nada”. El Grupo Octubre tampoco dio ninguna respuesta ante la requisitoria de este medio para dialogar sobre el tema.
Este miércoles, termina la tercera semana de la última conciliación obligatoria dictada el mes anterior, y el Grupo Octubre se mantiene firme en su postura de darle a los trabajadores un 27% de aumento a cobrarse en cuotas durante trece meses, lo que anualizado da solo un 24,9% de incremento. Mientras tanto, los trabajadores de Página/12 publicaron una edición paródica del diario titulada “Caras y Caretas”. Los empleados subrayan que, además del titular del Grupo Octubre, Santa María es Secretario de estadísticas en la CGT. “Reclama para su gremio lo que en su empresa no aplica”, dicen los delegados del diario en referencia al acuerdo paritario firmado por SUTERH, donde se detalla un 27,5 % de aumento hasta noviembre de este año, fecha fijada para la reapertura de paritarias. Por eso, como novedosa acción de protesta a la que denominaron Reporterazo, periodistas y administrativos decidieron baldear las veredas “para ver si Santa María registra que somos trabajadores”.
Actualizado 09/11/2016
Nov 2, 2016 | destacadas
Un estudio realizado por el Observatorio Educativo de la Universidad Pedagógica (UNIPE) revela que el Presupuesto 2017 destinado para educación, si se aprueba tal como lo impulsa el gobierno nacional, será un 7% inferior al vigente. La investigación desmiente los dichos del Ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich, quien había declarado que la aprobación de esta ley representa “un aumento en el presupuesto educativo, sanción contra sanción, del 50%”. Si bien es cierto en términos nominales, su afirmación no considera la inflación ni otras variables que hacen a esta proporción sensiblemente menor en términos reales.
El informe, llamado “La educación en el presupuesto 2017” explica que “no son los números absolutos los que importan para este tipo de análisis sino los relativos; en particular, la participación de la educación en el presupuesto total, la composición interna del gasto educativo y su comparación con el año en curso”.
Hay distintos organismos del Estado que destinan recursos a ‘educación y cultura’. El principal es el Ministerio de Educación y Deportes, que en 2017 tendría un presupuesto de 130.950 millones de pesos. Otras reparticiones del Estado nacional destinarán 29.205 millones al mismo fin, con lo cual el presupuesto educativo total constituye la suma de ambos componentes: 160.155 millones. De acuerdo al análisis de UNIPE, si se aplica a este monto el correspondiente ajuste por inflación -el estudio tomó como referencia la pauta anual del 40% pronosticada por el FMI-, el presupuesto de “educación y cultura” de 2017 sería 114.397 millones, un 7% inferior a los 122.819 millones del 2016.
Leandro Bottinelli, docente e investigador de UNIPE y uno de los autores del informe, explicó a ANCCOM que más allá de la tasa de inflación que se considere y la polémica que esto conlleve, un comparativo de la participación de la educación en el presupuesto total también demuestra el ajuste previsto. “La porción que le tocaba a la educación en el presupuesto 2016 era de 7,8%. Si se aprueba la ley, en 2017 esa misma fracción será de 6,8%, lo que representa una pérdida de jerarquía presupuestaria de la educación. Es innegable que el Estado nacional está destinando menos, más allá de la discusión sobre la inflación”, afirmó.
El estudio permite entender a qué se debe el porcentaje señalado por Bullrich; no sólo no tiene en cuenta ningún índice de inflación respecto al año anterior, sino que además, de acuerdo al documento, “todo el incremento del Presupuesto global del Ministerio de Educación y Deportes -denominación de la cartera desde diciembre de 2015- se explica por la inclusión en el presupuesto 2017 de tres rubros que antes se presupuestaban por fuera de la programación financiera de Pizzurno: el Programa Conectar-Igualdad tenía en 2016 una partida presupuestaria en ANSES, la construcción de escuelas, en el Ministerio de Planificación, y Deportes era una Secretaría dependiente de Presidencia”.
Por otra parte, el informe revela qué ítems sufren especialmente las mutilaciones presupuestarias. Así, el texto señala que “algunas de las partidas que más recursos perderían en 2017 son la de formación docente -Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD)- y la de educación técnica, denominado Instituto Nacional de Educación Técnica (INET). En el primer caso, se advierte que el presupuesto 2017 sería, en términos reales, un 24% inferior al del año 2016. El caso del INET es similar: el año que viene la educación técnica tendría 27% menos recursos que el presente”.
En cuanto a las universidades, si bien hay un aumento del 4% respecto del año pasado, esa suba parece engañosa. “El efecto de este incremento queda parcialmente neutralizado por la incorporación de cinco universidades nacionales al presupuesto: Pedagógica Nacional, San Antonio de Areco, Guillermo Brown, Scalabrini Ortiz, Comechingones”, dice el estudio, que además resalta: “Un dato adicional a considerar, es el virtual congelamiento de las plantas docentes” que se desprende de lo señalado en el artículo 12 del proyecto de ley de presupuesto, que establece que la Secretaría de Políticas Universitarias será la encargada de aprobar los nuevos cargos docentes de las universidades”.
Bottinelli destacó además que el ajuste a la educación no puede descontextualizarse de un presupuesto donde la parte destinada a deuda se incrementó en un 70% respecto a 2016. Y agregó que “la disminución del presupuesto educativo tiene que ver en gran medida con el crecimiento del rubro deuda, que se empieza a devorar recursos de áreas sociales y productivas”.
Por su parte, el economista Federico Pastrana manifestó que «será dificil que se puedan poner condiciones fuertes que modifiquen el proyecto presentado por el Ejecutivo, la oposición tiene un grado de fragmentación muy grande. Lo más probable es que se promulgue sin modificaciones”.
Además, Pastrana afirmó que el gobierno previó para el año proximo una inflacion del 17%, pero que «no está muy claro cuáles serán los mecanismos para bajar tanto la inflación de un año para el otro… pasar del 45% al 17% es muy optimista. Esto afectará todas las variables, impacta en el presupuesto educativo real».
El 15 de septiembre de este año el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, había presentado el proyecto de Presupuesto 2017 en el Congreso. Casi un mes después, el 11 de octubre, el Ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich, celebraba en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados la partida destinada a su área.
De acuerdo a la Constitución Nacional, la programación de los gastos que realizará el Estado nacional debe ser enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso para ser debatida en ambas cámaras y aprobada como cualquier otra ley. El oficialismo espera que sea aprobada hoy en Cámara de Diputados.
Bottinelli expresó que lo que está sucediendo “suena repetido… es algo recurrente en nuestra historia económica desde la última dictadura militar, cuando la deuda argentina empezó a ocupar partes muy importantes del presupuesto y a ahogar el presupuesto nacional. La educación fue uno de los rubros que más históricamente afectó”.
Actualizado 1/11/2016
Nov 2, 2016 | inicio
Un debate con casi dos décadas de historia comenzó a dibujar un nuevo capítulo en el Congreso Nacional. Después de varios meses de idas y vueltas, el gobierno finalmente presentó en el Parlamento el proyecto de modificación de la Ley de 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. La iniciativa, con eje central en la reforma del artículo 27 de la normativa vigente desde 1973, actualiza la polémica por el uso propio y gratuito de la semilla. Sin embargo, todo indica que la discusión en el recinto quedará postergada para 2017, según estimó el presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, el massista Gilberto Alegre.
Tras medio año de misterios, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, presentó el 13 de octubre la iniciativa oficial que propone habilitar a los obtentores de la variedad vegetal (quienes obtienen una nueva semilla) a reclamar el pago de regalías por las tres primeras multiplicaciones. Además, el proyecto contempla que, luego de las tres primeras cosechas, las empresas semilleras podrán reclamar, sin límites establecidos, en caso de que el productor incremente la cantidad de semillas plantadas con respecto a la primera cosecha. Esta reglamentación regirá para los productores que tengan una facturación mayor a tres veces el monto correspondiente a la categoría más alta de monotributista, y será puesta en práctica por el Instituto Nacional de Semillas (INASE), órgano oficial de aplicación de la ley.
Además de este proyecto, hay otros cuatro ingresados al Congreso. La Federación Agraria Argentina (FAA), la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y el Frente Renovador impulsaron sus propias iniciativas.
En diálogo con ANCCOM, Alegre aseguró que el debate dentro de la comisión de Agricultura comenzará en las próximas semanas, pero puso en duda que la iniciativa se apruebe en este período legislativo.
“Hay que modificar las reglas de juego. Y terminar con el Estado ausente”, subrayó Alegre al aludir a la denuncia por cobro de regalías ejecutadas ilegalmente por la multinacional Monsanto a principios de este año. “Debemos fortalecer el control del INASE, para incentivar la investigación y el desarrollo de las empresas semilleras nacionales”, puntualizó.
Otro de los puntos que incluye el proyecto firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y Buryaile es la conformación de un nuevo directorio para administrar y dirigir el INASE. De aprobarse el proyecto, el organismo tendrá igual cantidad de asientos para representantes de organismos públicos como para los provenientes de instituciones privadas de los distintos sectores relacionados al comercio de semillas.
Eigidio Mailland, presidente de CONINAGRO, aseguró que la Confederación tendrá representantes tanto en el INASE como en la Comisión Nacional de Semillas (CONASE). Además, coincidió en que el derecho al uso propio debe ser oneroso. “Le reconocemos un canon al derecho de propiedad, pero obviamente queremos participar del debate sobre cómo se arbitra el precio de ese canon”, completó. El mes pasado, CONINAGRO presentó ante el presidente Mauricio Macri las necesidades y demandas del agro, en el marco del aniversario número sesenta de la Confederación. “Si bien estamos abiertos a discutir, coincidimos en el proyecto presentado por el Gobierno”, le explicó a esta agencia.
Quienes tiran la soga del otro lado del derecho al uso propio y gratuito de las semillas son las empresas desarrolladoras de las variedades vegetales. Estas compañías (Nidera, Monsanto, Syngenta) se enmarcan en los derechos de obtentor de variedades vegetales (DOV), y en el acuerdo UPOV 78’, al que Argentina adhirió en 1994. La Unión internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales actualizó el acuerdo del 78’, más flexible en cuanto a los derechos de propiedad intelectual, a un nuevo convenio dictaminado en 1991 y que hace peso del lado de los obtentores en la balanza de la renta. Miguel Rapela, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos, consideró “irrealizable” la idea de adherir al acta de 1991. “El debate es imposible de plantear en el Congreso, aún para explicar de qué se trata, cosa que pocos saben y que nadie se interesa en entender. El proyecto del oficialismo deja bien claro que Argentina seguirá adherida al “Acta de 1978”, dijo en diálogo con ANCCOM.
Dentro de la modificación al artículo 27, el proyecto oficial mantiene la excepción para los productores inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), así como para los pueblos originarios.
Diego Montón, representante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) -miembro del Consejo de la Agricultura Familiar Campesino Indígena (CAFCI)- entiende esta excepción como una trampa para mantener a este tipo de agriculturas al margen de la economía y seguir por el camino de la privatización. “Las semillas son patrimonio de la humanidad, no se puede aceptar que una empresa reclame la propiedad privada sobre ellas”, le explicó a esta agencia.
La presentación del proyecto por la modificación de la Ley de Semillas se produjo casi en paralelo a la desarticulación de la Secretaría de Agricultura Familiar, motor de asistencia y capacitación técnica para los agricultores de todo el país.
Actualizado 01/11/2016
Nov 1, 2016 | destacadas
“¿Qué significa andar por los bordes? Palpar la fisura, mirar y partir. Aquí no creamos sólo para dejar la marca. Se compone para combatir micropolíticamente el efecto totalizador de discursos y prácticas que se empeñan en estereotipar identidades, en reducir lo múltiple a lo único. ‘Ser’ no es lo mismo que ‘Estar’ preso”. Sellando cada contratapa de su revista, con esas palabras define En los Bordes Andando (ELBA) su lucha contra la estigmatización que rodea a aquellos que están o han pasado por una cárcel. ELBA es una organización que desde hace ocho años brinda talleres culturales y artísticos en los penales de Ezeiza y Marcos Paz, y edita una revista con las poesías, crónicas y otros escritos producidos allí. Como propuesta para la inclusión de aquellos que han recuperado su libertad y como alternativa a las dificultades laborales del contexto actual, el colectivo ha conformado una cooperativa de trabajo que realizará y pondrá a la venta “alfajores poéticos”, conjugando su pasión por la palabra y la gastronomía.
En agosto de 2008, una interna de la unidad 31 de Ezeiza pidió al Ministerio de Justicia un taller de lectura. Notaba que sus compañeras solo sacaban libros de autoayuda y novelas rosas: ella quería algo más. “Una ex alumna mía de la universidad, que en aquel entonces trabajaba en la Secretaría de Comunicación del Ministerio, se enteró de esto y me lo propuso. Yo, con todo el prejuicio encima, le dije que sí”, contó Luis El Chino Sanjurjo, impulsor de En Los Bordes Andando y docente de la Universidad de Buenos Aires. Lo que comenzó como un taller en Ezeiza, hoy se transformó en una cooperativa que lleva adelante diferentes propuestas con el objetivo de devolverle a aquellos privados de su libertad la condición de sujetos que les han intentado borrar.
“Al principio no nos pagaban, fueron cuatro años de trabajar voluntariamente. Y eso no es sustentable para un proyecto político, ya que lo que uno busca es incidir en la vida concreta de alguien y transformarla. Con el tiempo, la persistencia y la obstinación hicieron que empiece a sumarse gente y recibamos financiamiento. Después se dio la oportunidad de institucionalizar el trabajo y ahí comenzamos a conseguir que contrataran a los profesores”, explicó Sanjurjo. Actualmente dictan quince talleres en la Unidad 31 de la Cárcel Federal de Ezeiza –que aloja extranjeras, madres y mujeres en etapa de preegreso– y en el Complejo Federal de Jóvenes y Adultos de Marcos Paz, que tiene tres unidades: la 24 –de máxima seguridad–, la 26 –donde se alojan aquellos que están prestos a recuperar la libertad ambulatoria–, y el Centro de Rehabilitación de Drogadependencia (CRD). Además, su propuesta cultural en los últimos años se ha extendido a la Unidad 3 de la cárcel de Devoto y al Centro Cultural de la Cooperación.
“Con el cambio de gobierno fuimos para atrás”, denunció Sanjurjo. “Teníamos articulaciones con el Ministerio de Educación, que nos financiaba un Centro de Actividades Juveniles (CAJ); con el Ministerio de Salud, con el que hicimos una campaña de prevención contra el cáncer de cuello de útero; con el Ministerio de Cultura, que nos permitía darle trabajo a cinco pibes que habían estado privados de libertad; con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Desarrollo Social”, enumeró el docente. “Hoy, lo único que nos queda de todo eso es lo que de alguna manera nosotros podemos contener desde el trabajo de los talleristas, que es lo que financia el servicio penitenciario. Los programas se cayeron todos, estamos a la expectativa si se vuelven a reflotar o no. La realidad es que notamos que hubo un cambio en la lógica de gestión de los recursos”, lamentó.
Danza, poesía, hip hop, circo, filosofía, cine y periodismo, entre otros, forman parte de los talleres artísticos que ELBA acerca a quienes están privados de libertad. Decepcionado del sistema educativo tradicional, el colectivo propone un modelo pedagógico emancipador que reconozca las condiciones objetivas de los sujetos. “Más que en la coordenada de la educación, lo que nosotros hacemos está en la práctica, en la construcción del conocimiento. El modelo tradicional imagina una instancia en la que hay un emisor autorizado que imparte, y un receptor autorizado que recibe. Aquí, en cambio, sucede más bien una zona bulliciosa en la que se ponen en juego registros muy diferentes. La propuesta es aprender la semántica del enemigo, porque muchas veces en ese terreno es donde uno consigue desarticular mecanismos excluyentes, como Bourdieu sostenía al hablar del capital lingüístico. Con la música, con la escritura, entendemos que hay una zona rica como para apostar a la apropiación de cosas diferentes”, consideró Sanjurjo. Y agregó: “Tengo que decir con orgullo que el arte y la cultura, como herramientas, transforman. Pero lo que salva realmente la vida es el amor. Porque si hay algo que es fundamental en los talleres es que son un espacio de amor y reconocimiento del otro. Abrazarse, cuando lo hace un cuerpo que está tan expuesto a una violencia sistemática, desde antes incluso de la experiencia del encierro, es sanador”.
Además de los talleres en cárceles, ELBA publica anualmente una revista con las poesías, crónicas, ensayos, fotos, letras de canciones y otros escritos producidos en esos encuentros. “Creemos que la posibilidad de tener un medio de comunicación humilde, como este, genera una plataforma de materialización de sueños. Las personas que han escuchado de manera permanente y reiterativa, casi como si fuera el mito del eterno retorno, ‘vos sos la basura de la sociedad, sos una mierda`, terminan en un repliegue de los lazos de sociabilidad y del afecto. Y cuando uno puede soñar y construir una revista como esta, termina diciendo: ‘Mirá, mi vieja que lloró cuando me llevaron en cana, hoy llora de emoción porque conseguí en mi vida, por primera vez, algo que me hace bien”, expresó Sanjurjo.
Además de restituir la dimensión de humanidad que pretende eliminar el encierro, recuperando la palabra como un gesto político, ELBA considera que el segundo objetivo de la revista es disputar simbólicamente en la sociedad el estereotipo de preso como un monstruo: “Como bien decía Foucault, hay que dejar de ser objetos de información para pasar a ser sujetos de comunicación. Una de las consecuencias del encierro es el borramiento de la voz, y hay que recuperarla para poder contar de alguna manera las ilusiones, sueños, dolores, resignaciones y broncas. Hay que cuestionar el estereotipo del preso que no piensa, no siente, no crea, porque después es el mismo esquema que justifica la perpetración de los sistemas de exclusión, de la discriminación, de la marginación de aquellos que ya han cumplido su condena desde la perspectiva constitucional, desde la perspectiva penal. La revista permite decirle al mundo ‘no soy un monstruo, tengo derecho a otra vida”, exclamó Sanjurjo.
Además de los talleres en cárceles, ELBA publica anualmente una revista con las poesías, crónicas, ensayos, fotos, letras de canciones y otros escritos producidos en esos encuentros.
ALFAJORES POÉTICOS
El trabajo de estos ocho años ha dejado una enseñanza a los talleristas: hay que construir herramientas para la inclusión, no para la reinserción, o la readaptación. “Debe darse la posibilidad de un trabajo digno, de una vivienda digna, de ser depositarios y depositarias del amor. Y el proyecto de los alfajores poéticos es un gran desafío para nosotros porque significa dar un gran salto de calidad en nuestras propuestas vinculadas con la consolidación de espacios de trabajo: la inclusión de las personas privadas de libertad desde el trabajo digno, fuera de la mirada cosificante, pintoresca, zoológica, estetizante de la pobreza”, enfatizó El Chino Sanjurjo.
Una cajita con tres alfajores y un poema en su interior. Esa es la idea que la cooperativa ELBA está desarrollando para hacer frente a las dificultades laborales. “Conjugamos el trabajo que hacemos con amor en la cocina, el trabajo que hacemos con amor en los talleres. El sabor de la palabra y la palabra del sabor. El proyecto está pensado como una experiencia: no es solamente comprar un alfajor, sino también compartir la pasión por la palabra que nosotros y nosotras tenemos”, explicó Sanjurjo. Además del Chino, que preside el proyecto, la cooperativa está formada por otros integrantes de ELBA –Matías y Eugenia Sanjurjo– y por personas que han recuperado su libertad: Miguel Galeano, Ana Nahamond, Silvina Prieto y Lidia Ríos. “Cuando compres un alfajor poético ELBA, además de probar el mejor alfajor del mundo podrás disfrutar de la experiencia de saborear el lenguaje y conocer poetas que donan parte de su obra en forma inédita: Juano Villafañe, Carlos Juárez Aldazábal, Julián Axat y los pibes y pibas de nuestra organización, entre otros”, adelantó.
“En esta etapa el alfajor es la gran apuesta por generar trabajo, porque hoy lo que necesitamos es incluirnos desde el trabajo. Sin él no hay dignidad, no hay posibilidad de soñar con ninguna otra cosa que no sea cómo hacemos para llenar la olla, para poder afrontar el día a día”, reflexionó El Chino. Y agregó: “No solo está difícil conseguir laburo. En estos últimos meses, de los compañeros que trabajamos en los talleres echaron a cinco. Y bueno, uno se preocupa, porque vive con angustia. Muchas alternativas para un pibe que estuvo en cana no hay”.
Miguel Galeano estuvo detenido en Marcos Paz. Conseguir trabajo, cuando recuperó su libertad, fue y es uno de sus mayores problemas. “Estuve trabajando un año en blanco y me despidieron hace cinco meses. Ahora estoy buscando y nada. Fui a muchas entrevistas, pero nunca me llamaron. Debe ser por mi cara, por mi historia, no sé. Está difícil el tema del laburo y en mi casa me rompen un poco las bolas para que cobre un sueldo. Pero entienden, no quieren que vuelva a lo mismo”, contó el joven a ANCCOM en una de las reuniones que llevan a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para terminar de poner a punto el proyecto. Ana Nahamond –que también ha recuperado su libertad– está transitando una situación similar y decidió emprender un proyecto personal: “Ahora estoy sin trabajo. Estoy haciendo un emprendimiento gastronómico sobre pedidos, está complicada la cosa. Pero bueno, por lo menos me sirve para pucherear”.
“Yo volví de Alaska hace dos meses y pico, así que obviamente estoy sin trabajo, sin nada”, dijo Silvina Prieto, ganadora del primer premio de Crónicas La Voluntad –organizado por la Fundación Tomás Eloy Martínez, editorial Planeta y revista Anfibia– por su crónica de no ficción que narra la convivencia junto a Giselle Rímolo en la Cárcel de Ezeiza. Silvina, que prefiere referirse a su pasado reciente como una estadía en Alaska, estuvo viviendo hasta la semana pasada en la casa del Chino, porque el consorcio no quería que viviera en casa de su madre, con quien Silvina quiere compartir su vida luego de tantos años de encierro. Finalmente, luego de algunos arreglos, pudo mudarse con ella.
La cooperativa de alfajores poéticos, para ellos, es la esperanza de salir adelante, de tener algo propio. Además, continúa con la sensación de pertenencia que pudieron recuperar con los talleres de ELBA a los que fueron cuando estaban en la cárcel y a los que continúan asistiendo ya recuperada su libertad. “En ellos encontrás tu mundo. Me sirvieron mucho a la hora de salir. Hace tres años y un poco más que estoy afuera, traté de ocupar mi tiempo, no dejé el curso de periodismo. Sigo yendo porque me gusta, y porque es como mi familia. En la cooperativa nos sentimos como hermanos”, contó Ana Nahamond. “Allá nuestro profesor del taller de literatura era el Chino. Primero es una excusa para salir del pabellón. Después, escribiendo, uno se da cuenta de que desahogas un montón. Me re gustaba escribir. Nos ayudó muchísimo, mirá donde estamos. Por lo menos estamos acá y no volando por ahí”, confesó Miguel. “No te permitiría otra cosa”, lo interrumpió Silvina Prieto. “No los quiero ver nunca más allá, en Alaska”, le advirtió.
Los alfajores poéticos, que saldrán a la venta próximamente, podrán conseguirse en centros culturales, clubes de barrio, o por pedido. “Tenemos una estructura de compromiso interesante y ya hemos articulado con algunas organizaciones. La gente de MECA, que nuclea espacios culturales y artísticos, se comprometió a darnos una mano y ofrecerlo a los centros culturales que están dentro de su red. También lo venderemos en algunos clubes de fútbol como San Telmo y Atlanta, y en otros clubes más chiquitos o centros artísticos que por ahí no están necesariamente nucleados en MECA como el Centro Cultural de la Cooperación”, explicó Sanjurjo. Y concluyó: «Este proyecto nos tiene muy ilusionados e ilusionadas, porque tenemos la esperanza de que nos ayude en esta situación tan difícil que está atravesando el país, donde estamos viviendo cada vez con más preocupación”.
Actualizado 01/11/2016
