Abr 8, 2015 | destacadas
“Hay políticas que marcan el sesgo ideológico del gobierno porteño, sin ninguna duda”, manifestó el legislador de la Ciudad José Cruz Campagnoli en la sesión de presupuesto de diciembre último. Una de las paradojas de los impuestos de la Ciudad es el aumento sistemático de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y de patente, en contraposición con una política de exención impositiva dirigida al sector privado.
La composición del presupuesto y la política fiscal muestran el modo en que un gobierno entiende la administración de lo público. Tras siete años de gestión del PRO en la Ciudad, las grandes mayorías que la habitan pagan más impuestos, mientras un puñado de privilegiados queda exento de sus obligaciones con el fisco.
En 2011 se sancionó un nuevo método de cálculo del ABL, lo que arrojó que algunos incrementos podían llegar a superar el 300 por ciento. Por eso, cada año la Legislatura vota un tope máximo, que para el 2014 fue del 40 por ciento y que para el 2015 es del 30, según la ley votada en junio del año pasado y el presupuesto aprobado para el ejercicio vigente. Sin embargo, el cálculo de inflación que el gobierno prevé se encuentra por debajo de ese porcentaje. La ciudad estimó que la inflación será de un 28 por ciento anual en 2015, mientras que para 2014 había previsto un 24 por ciento anual que, con mediciones propias, terminó ascendiendo a un 28,8. En este sentido, los aumentos impositivos por encima de la inflación real son un rasgo constante de la política tributaria de la ciudad, mientras que la orientación de la exención impositiva se dirige a sectores fuertes de la economía. Como lo expresó el asesor económico del bloque Nuevo Encuentro en la Legislatura porteña, Juan Goldman: “Mientras sobre la mayoría de los habitantes de la Ciudad recaen aumentos sostenidos del ABL y para el año 2015 un aumento del 50 por ciento para las patentes de vehículos, algunas empresas privadas con amplios márgenes de rentabilidad, son eximidas de sus obligaciones tributarias”.
Un caso emblemático fue presentado por la Legisladora porteña y presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, en la sesión de presupuesto de diciembre pasado que, según ha expresado “da cuenta de la ausencia de controles del gobierno de Macri en una de sus principales políticas de desarrollo: el Distrito Tecnológico ubicado en Parque Patricios”. Aún con el voto negativo de la oposición, el distrito logró exenciones impositivas para las empresas allí radicadas hasta 2024.
El bloque oficialista argumenta la exención con “la promoción de la ciencia y la tecnología” y “la generación de empleo” en esos rubros. Un informe de la Auditoria General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de septiembre de 2014, expone que “en lo que tiene que ver con la promoción de actividades TIC, de las 100 empresas que la autoridad de aplicación informó como incorporadas al Registro de empresas TIC (N. del. E.: tecnologías de la información y la comunicación) al 13 de agosto de 2013, 87 eran preexistentes a la creación del Distrito. Este es uno de los indicadores que revela que no ha habido un crecimiento significativo de nuevas empresas de TIC que se radiquen en la zona”. A esa fecha, según el mismo documento, “la implementación del Distrito no ha tenido un efecto dinamizador de la creación del empleo, toda vez que en su mayoría las empresas mantienen su plantilla de empleados, limitándose a un traslado de la sede laboral (…) En el marco de los incentivos determinados por la Ley 2.972, las empresas radicadas o en vías de radicación, han recibidos beneficios impositivos al 31 de diciembre de 2012 por más de 90 millones de pesos”. Sin embargo, la directora de Gestión de Inversiones del Gobierno de la ciudad, Silvia Alves, consultada al respecto, indicó: “No es el objetivo principal la creación de nuevas empresas tecnológicas, si bien es un efecto deseado y la creación del Distrito es una herramienta propicia, el principal objetivo es el desarrollo económico de un área con inversión del sector privado y acompañamiento del sector público. Es por eso que el traslado de las empresas, sus empleados, la generación de consumo y el derrame de actividad comercial en el barrio, es en sí mismo un éxito de la política de distritos”.
El Distrito Tecnológico, según arroja el informe de la dirección a cargo de Silvia Alves, cobija a empresas de gran tamaño como Telefónica Gestión Servicios Compartidos, Despegar.com, Exo S.A., ADP Consultores -con oficinas en Colombia, México, entre otros- y Iron Mountain que poseen sedes y/o sucursales por fuera de esa zona y, según establece el informe de la Auditoria General de la Ciudad, existen “debilidades en la gestión de la Autoridad de Aplicación y de la AGIP, relacionadas en el control del cumplimiento de las obligaciones de los particulares que han adherido a los beneficios otorgados por la ley”. En tanto, el informe producido por el bloque del Frente para la Victoria (FPV) en relación al tema, expresa que “no existe un control por parte de la autoridad de aplicación que permita observar una contabilidad separada entre la actividad realizada dentro del Distrito y la que se realiza fuera de él, por lo tanto, es probable que esas firmas reciban más exenciones que las que corresponderían por su actividad dentro del polo de desarrollo”.
Por otra parte, otras sociedades con pocos empleados pero muy grandes como Consultores Traverso y Asociados S.R.L., Novatech Solutions S.A., MovilGate S.A., que poseen clientes como YPF, Garbarino y Visa, se encuentran en las mismas condiciones que las anteriores. “Esto es una forma solapada de financiar a las empresas privadas a costa de los contribuyentes”, opinó a la prensa Pablo Ferreira, legislador porteño por la Agrupación Seamos Libres.
Para muestra, un botón
“El caso de Iron Mountain -la empresa norteamericana de gestión de archivos conocida por haberse incendiado en febrero de 2014- es claro. No generó empleo y se benefició con casi cinco millones de pesos en exenciones impositivas, entre ingresos brutos y ABL”, explicó Aníbal Ibarra luego de la presentación del ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, que se dio en el marco de la discusión presupuestaria de fines del año pasado. Asimismo, en su sitio web la firma informa que ocupa el puesto 721 en el ranking de las 1.000 empresas estadounidenses de mayores ingresos elaborado por la revista Fortune.
A más de un año de aquel incendio, la empresa tiene dos causas judiciales. La que investiga los motivos del siniestro ocurrido el 5 de febrero de 2014, que según un informe elaborado por los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina el episodio en el depósito del barrio de Barracas, fue intencional. En igual sentido se expresaron los especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y aún resta el informe del equipo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). En tanto que el otro expediente surge de la investigación de AFIP, la Comisión Nacional de Valores y la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y es por presunto lavado de dinero.
Como contracara de las sospechas que la justicia debe esclarecer, Iron Mountain fue distinguida en 2009 por Mauricio Macri por ser una de las tres primeras firmas inscriptas en el Registro de Empresas TIC de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto que lo ocurrido en Barracas se trató del quinto incendio de la mencionada sociedad. Los cuatro anteriores sucedieron en 1997, en Estados Unidos; en su planta de Londres, en 2006; en Ottawa, Canadá, en 2006 y en Italia, en 2011. En el caso argentino, murieron 10 personas entre bomberos y rescatistas. En la actualidad posee oficinas en el Polo Tecnológico de Parque Patricios y será exenta de impuestos durante el presente año y hasta el 2024.
Los datos del distrito
Hacia fines del año pasado para aprobar la política de exención a las empresas del distrito tecnológico, la Dirección General de Gestión de Inversiones presentó a legisladores y legisladoras porteñas un informe que explicita las empresas radicadas de modo definitivo en el polo, las provisorias y las que se encuentran en trámite, con el detalle de la cantidad de trabajadores que cada una emplea.
En suma, de los 11.359 trabajadores -radicados o comprometidos por las empresas en trámite-, 8.786 pertenecen sólo a 29 empresas de las 172 totales entre definitivas, provisorias y en trámite. Es decir que un 77 por ciento de los empleados trabaja sólo para el 17 por ciento de las firmas.
Según el análisis producido por el bloque del FPV, con motivo del debate parlamentario en torno al tema: “La mayoría de los trabajadores pertenecen a empresas grandes que relocalizan a sus empleados en el Distrito en vez de incorporar más personal”. A su vez, en sintonía con el análisis realizado por la Auditoría General de la Ciudad, el estudio del FPV expresa que “el Distrito no cumplió con ninguno de los objetivos propuestos -mayor empleo, desarrollo actividades TIC y plan educativo, revitalización de la zona sur- a pesar de las exenciones conseguidas”. En tanto, el ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, en su exposición ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña a fines del año pasado, en relación al Informe de la Auditoría General de la Ciudad, manifestó: “Es absolutamente incorrecto”, sin muchas explicaciones más. Silvia Alves, por otra parte, argumentó a esta ANCCOM que el informe mencionado se desprende de una auditoría efectuada sobre los procesos y tramitaciones hasta el 2012 y que desde ese momento a la fecha se han llevado a cabo innumerables medidas de optimización, control, reglamentaciones: “Hasta se elevó una nueva ley a la legislatura que recopila las experiencias aprendidas, tanto en nuevas actividades que requieran incentivos, como así también un ajuste en los beneficios otorgados, los que se irán disminuyendo con la consolidación del sector”.
Las novedades judiciales en el caso Iron Mountain, en tanto, ponen ante una nueva encrucijada a la política de incentivos al sector privado del Gobierno porteño. La empresa premiada por el gobierno de la Ciudad en 2009 por ser una de las tres primeras inscriptas al Distrito Tecnológico y, luego, exenta de impuestos, tiene bajo la mira judicial los objetivos empresariales que enuncia. Así, cobra actualidad el comunicado que el Auditor General de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Epszteyn, difundió luego del incendio de 2014 en el que exigió que el Ejecutivo Porteño «dé explicaciones con respecto a los beneficios impositivos a la empresa Iron Mountain». Epszteyn, entonces, también planteaba que «mientras el Gobierno aumenta abruptamente los impuestos a los porteños todos los años, sólo en 2012 Iron Mountain se ahorró 5 millones de pesos por el distrito tecnológico entre ingresos brutos y ABL». En tanto, el Gobierno porteño clausuró el depósito de Iron Mountain en Parque Patricios, por sobre carga en los estantes en altura. En este contexto el legislador por el Frente de Izquierda, Marcelo Ramal pidió la “interpelación inmediata” a funcionarios del PRO, en el marco de la reunión de la Comisión de Desarrollo Económico de la legislatura.
Abr 2, 2015 | inicio
El ministro de Hacienda de la Ciudad, Néstor Grindetti, sostuvo antes del tratamiento del presupuesto 2015 en la Legislatura porteña: “presentamos un presupuesto realista, prudente y sin desequilibrios financieros”, en tanto que el informe que resultó aprobado presenta un fuerte endeudamiento. Por partes, es la mejor manera de comprender la situación.
Las luces de mi ciudad
Al comparar los indicadores de actividad económica integrados en el presupuesto 2015 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de la Nación, se visualiza que en varios rubros la Ciudad supera a la media nacional, mientras que en otros está cerca del promedio o apenas por debajo. Sólo en las actividades propias de la ruralidad o de la industria manufacturera existen otras zonas del país con mayor desarrollo. Así se puede apreciar que en el comercio mayorista y minorista, en el rubro de transporte y comunicaciones y en los servicios de intermediación financiera, la Ciudad genera movimientos económicos por arriba del total a nivel nacional. Esa radiografía de la situación económica la convierte en un territorio que concentra importante riqueza y que, por lo tanto, los ingresos que el Estado percibe vía tributos son de extraordinaria cuantía.
El informe de presupuesto 2015 expresa: “Analizando los recursos en función del origen, durante 2013 se mantuvo la relación del año anterior entre los de fuente propia (90,4 por ciento del total) y los de origen nacional (9,6 por ciento), significando que la Ciudad depende mayormente de los recursos que genera mediante su propia administración tributaria”, a su vez, se prevé que este año los ingresos por recursos propios ascienden al 93,1 por ciento.
En tanto, si se analiza por ejemplo, el presupuesto ejecutado en el primer semestre de 2014, alrededor del 50 por ciento de los ingresos que percibe la Ciudad se orientan al concepto “Remuneraciones al Personal”. Del mismo modo, se prevé gastar el 45,8 por ciento del presupuesto total. Según Juan Goldman, economista y asesor del Bloque Nuevo Encuentro: “El concepto de remuneraciones es de variación mínima con relación al modo en que participa del total del presupuesto año a año. Y si a ello se le suman otros destinos que son de erogación obligatoria por parte de la ciudad, resulta que el presupuesto comprometido presenta una rigidez tal que hace necesaria la emisión de nueva deuda”.
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, asumió con una deuda de alrededor de 500 millones de dólares y en seis años la llevó a 2100 millones de dólares: “Que no tuvieron como destino la realización de obras de envergadura, sino que su mayor parte fue destinada a gastos corrientes que bien podrían haberse realizado en pesos”, explica José Cruz Campagnoli, legislador porteño por el Bloque Nuevo Encuentro.
Las críticas en el manejo de la deuda suman adeptos, sin embargo, la mayoría que logra el oficialismo porteño en la Legislatura de la Ciudad, le permitió arribar a la autorización para la emisión de nueva deuda en función de cubrir el vencimiento del Bono serie 8, este mes: “Se autorizaron títulos para el año 2015 por 890 millones de dólares, pero el vencimiento de abril es por 475 millones, o sea que quedan unos 415 millones de dólares o bien para pagar deuda por ese monto en 2017, los bonos serie 10; o bien para solventar gastos corrientes en un año electoral. Entonces, pueden pasar dos cosas, si la emisión de nuevos títulos sale bien se administra la deuda de vencimiento 2015 y queda un margen extraordinario que no se sabe bien para qué se usará; pero si sale mal, entonces el gobierno tendrá un gran problema que tampoco sabemos cómo resolverá”, desagrega Campagnoli y plantea: “Lo que el gobierno demuestra hasta ahora es que tiene un presupuesto extraordinario de 85 mil millones de pesos con una deuda innecesaria en dólares que no sabe cómo administrar”.
La previsión del dólar
Uno de los elementos que distorsiona los números macristas y tiñe de cierta suspicacia el manejo de los fondos, es la estimación de la cotización del dólar para este año. Mientras que el valor presupuestado por el gobierno nacional propone un dólar con un máximo de 9,45 pesos, la Ciudad establece una cotización oficial que asciende a 12,5 pesos por dólar. Según el análisis de Campagnoli expresado en el debate legislativo del presupuesto 2015: “Un tipo de cambio a 12,5 tiene dos objetivos, el de generar un clima que fuerce una devaluación – cosa que no sucederá- y una sobreestimación del tipo de cambio sustentada en que si pagan el bono serie 8 en pesos -que serían unos 5500 millones- a una cotización del dólar, según sus estimaciones para abril, de 11,6 pesos, van a acumular un stock de pesos posibles de gastar a discreción en un año electoral”. Es decir que “la ecuación tipo de cambio elevado y erogación en pesos de los compromisos asumidos, le posibilita a Macri un margen de maniobra mayor en ese presupuesto que presenta una fuerte rigidez en el gasto”, manifiesta Juan Goldman.
Macri y la baja de los servicios sociales
Ciertas deformaciones de los números no logran encubrir las bajas presupuestarias en las áreas más sensibles de la ciudad como son Educación, Salud y Vivienda.
La foto 2015 del modo en que está distribuido el presupuesto, evidencia que los servicios sociales – denominación en la que se integran las jurisdicciones antes mencionadas – son los que mayor erogación representan. Sin embrago, un informe de la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresa: “La asignación presupuestaria y su ejecución, revela de manera transparente las prioridades de la política pública. (…) Así se puede apreciar que, aún habiendo superado la grave crisis que atravesó el país en los primeros años de la década, y habiendo transcurrido 10 años a tasas de crecimiento positivas (la mayoría de los años, superiores al 5 por ciento anual) la participación en los recursos presupuestarios ejecutados para estas áreas críticas, lejos de mejorar o se mantuvo estable o disminuyó”. Según Goldman “desde 2010 a 2015 el impacto presupuestario de los servicios sociales cayó 8 puntos porcentuales: de 67 a 59 por ciento. A su vez, si observamos sólo la relación 2014 a 2015 en un área como salud existe una baja de, al menos, un punto”.
Ante las respuestas oficiales vinculadas a que la baja de fondos en esas áreas se debe a la incorporación de la policía metropolitana y al presupuesto de los subtes de la Ciudad, José Cruz Campagnoli manifiesta: “Si la Metropolitana se incorpora a la Ciudad en 2010, el impacto presupuestario debió haberse observado sólo en 2011 y, sin embargo, las áreas sociales seguirán en baja luego de ese año. Por otra parte, los subtes se suman en 2013 con una participación del 3 por ciento en el gasto total, impacto presupuestario que se sostiene en 2014 y 2015 en ese mismo porcentaje. Es decir, no es el subte o la Metropolitana las políticas que producen la caída de los servicios sociales en la Ciudad, sino la decisión política de Macri de ir hacia la baja en esas áreas”.
Un punto en salud representa unos 850 millones de pesos, algo así como casi todo el presupuesto del área para la mejora edilicia de hospitales y centros de salud y para la adquisición de equipamiento para la atención sanitaria.
En suma
El texto del presupuesto aprobado explicita: “El Resultado Primario, esto es recursos totales menos gastos totales sin contabilizar los intereses de la deuda, se estima superavitario en 1.008,5 millones de pesos. En consecuencia, el resultado financiero estimado para el ejercicio 2015 es deficitario en 1.396,3 millones de pesos. El mismo encuentra explicación en el financiamiento de obras de subterráneos y de obras hidráulicas a través del endeudamiento autorizado por las Leyes 2.780 y 4.472 y de una nueva operación de crédito con el Banco Mundial”. Así, lo que no se puede ocultar es que la política económica asumida por Macri será deficitaria, en tanto que se pone de manifiesto la necesidad de la Ciudad de Buenos Aires de recurrir a la emisión de deuda para cubrir gastos propios de sus obligaciones ante la ciudadanía.
Mar 24, 2015 | inicio
Yamila vive en Moreno; cada vez que quiere cargar la tarjeta en su barrio, debe ir al único kiosco en diez cuadras a la redonda que existe. En el local hay un cartel que dice: “Estimado cliente, cada vez que usted carga $10 yo recibo la irrisoria suma de $0,1. Esto es menos que un caramelo. Por lo que me veo en la obligación de cobrar $2 de recargo”. Lo mismo que vive Yamila, es lo que viven miles de usuarios que habitualmente van a hacer uso de este servicio, que es gratuito, y se encuentran con que el comerciante decide cobrar de 0,50 hasta 5 pesos de sobreprecio contradiciendo la ley. El vecino puede elegir no cargar en el kiosco, pero no todas las localidades tienen más de un punto de carga cerca.
Según la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el sistema lo provee Nación Servicios S.A., con la Red de Carga SUBE. En carácter de retribución por el servicio de carga, Nación deberá abonar al proveedor un 3 por ciento más IVA del valor total de las operaciones efectuadas mediante la red de carga y, en caso que la carga se realice mediante canales electrónicos que requieran otra instancia de transferencia de valor, -el caso de los comercios-, la retribución será de 1,5 por ciento más IVA del valor de la carga.
La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) es el único organismo que nuclea a nivel nacional a todos los kioscos asociados y vela por los intereses de estos pequeños comerciantes. El presidente desde hace un año, Néstor Adrián Palacios, vincula los sobreprecios a la poca rentabilidad que resulta de proveer el servicio de carga. Desde la organización, hay una propuesta para lograr un mayor beneficio en las cargas virtuales: “No alentamos los sobreprecios desde la Cámara, pero somos conscientes de que las empresas intermediarias, cuando dejan los insumos, lo hacen una sola vez y nunca más; cosas como el tiempo, Internet y otros, llevan un sistema de trabajo que en rentabilidad es el 1 por ciento, que es lo que estamos tratando de trabajar con el Estado. Propusimos que cada kiosquero tenga una cuenta en el Banco Nación donde cargue un determinado monto. Hoy en día el intermediario es Nación Servicios, las empresas entregan al kiosquero los insumos, que antes debe hacer un depósito de 5.000 pesos. A veces se tarda más de 48 horas en cargar el saldo por lo cual el dinero queda atrapado en la cuenta”. Palacios agrega además que “Nación Servicios contrata empresas y estas reciben un 3 por ciento, por lo cual aducen que no pueden dar mayor rentabilidad a los comerciantes. De esta forma se recae en el kiosquero que queda en el medio entre el servicio y el usuario de la SUBE, volviéndose la cara visible de este sistema de competencia desleal”.
Proveer el servicio de carga no es obligatorio. Sin embargo, son muchos los kioscos que solicitan tener recarga SUBE. Palacios explica que “los kiosqueros lo tenemos como un servicio porque atrae clientela. Pero a veces hay mucha cantidad de gente y poner un empleado dedicado a la carga no es rentable para un comercio chico. Tanto en las cargas de SUBE como de telefonía, el porcentaje de ganancia es bajo, cercano a cero. Nosotros anhelamos que el sistema SUBE lo pueda manejar el banco Nación o Provincia, esto generaría blanquear la plata, la obtención de tarjetas de crédito y débito, la inserción del kiosquero en el sistema bancario. Igual, comprendemos que se trata de un sistema nuevo y que tiene que ser mejorado, y nos sentimos parte de este servicio, porque somos quienes facilitamos la carga de la tarjeta. La idea es que del Estado llegue al kiosquero y de allí al usuario”.
Recientemente, se labraron multas a algunos de los kioscos que cobran recargo por proveer el servicio en la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades. Las denuncias suelen ser asentadas por el usuario que ve encarecer este servicio y mediante distintas vías, lleva adelante su reclamo. No existe una asociación de consumidores que trabaje este tema de manera específica, pero la gran cantidad de demandas terminaron con varias multas por parte de la Defensoría del Consumidor en la Ciudad y, en ocasiones, por diferentes municipios.
Frente a esto, el presidente de la UKRA sostiene: “El tema de las denuncias descansa en las ganancias, todo se solucionaría con mayor rentabilidad. Por ahí no se genera tanto conflicto porque se difundió bastante, el usuario entiende que el kiosquero tampoco es que gana tanto. Que hay mucha incertidumbre como comerciante. Queremos mejorar para que no pase más esto. Cuando hay aumentos de tarifas o transporte el monto para el kiosquero sigue siendo el mismo“.
La existencia de sobreprecios en numerosos lugares, genera el interrogante acerca de si es posible lograr terminar con algunos intermediarios a la hora de realizar las recargas de SUBE. Sin embargo, la solución que encuentran algunos comerciantes realizando el cobro de un importe adicional por proveer el servicio es ilegal; pese a los riesgos de inversión, el kiosquero puede elegir reemplazar sus carteles de recargo por un “No cargamos SUBE”.
¿Qué hacer en caso de sobreprecios?
Por ley, en la Ciudad de Buenos Aires todos los comercios que proveen el servicio de carga de crédito virtual en tarjetas SUBE deben exhibir un cartel con la siguiente leyenda: «Sr/a Usuario/a: cobrar adicionales o exigir la compra de un producto por la prestación del servicio de carga de crédito en teléfonos celulares o en la tarjeta SUBE es una práctica abusiva que transgrede lo establecido en el Art 8º bis de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor».
El servicio de carga SUBE es totalmente gratuito. Todo usuario que detecte alguna irregularidad puede comunicarse con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte – CNRT – al 0800-333-0300 o al call center de SUBE, que funciona en el 0810-777-SUBE (7823) o mediante una denuncia en línea, con el domicilio del kiosco al que se busca denunciar. Para ello, puede realizarse a través de Internet ingresando a la web www.sube.gob.ar.
Por otra parte, si un usuario presenta la tarjeta en una línea o estación habilitada que no tiene la máquina o está fuera de servicio, viaja gratis. Si no le permiten viajar, puede presentar el reclamo en la CNRT. En esos casos, es importante tomar nota del interno o dominio de la línea, fecha y horario del incidente.
Alternativas para la recarga de la SUBE
La recarga de la SUBE puede hacerse en los cajeros automáticos correspondientes a bancos adheridos en todo el país, home banking y celulares que cuenten con la aplicación Link celular. Esta opción convive con la ya tradicional modalidad de recarga con dinero en efectivo en los centros de carga SUBE.
Los montos permitidos para recargar son $50, $80, $100, $120, $150, $180, $200. La suma del monto a acreditar y el saldo de la tarjeta no debe superar los $300. El servicio no tiene costo adicional.
Para utilizar este sistema hay que realizar los siguientes pasos:
1) Asociar la tarjeta SUBE a través de un cajero automático perteneciente a la Red Link y correspondiente al banco del usuario.
2) Realizar una carga.
3) Validarla en una Terminal Automática SUBE (TAS). Para conocer la ubicación de las TAS: www.sube.gob.ar
Los bancos adheridos, por ahora, son:
Banco de la Nación Argentina
Banco de la Provincia de Buenos Aires
Banco Ciudad de Buenos Aires
Banco Credicoop
Mar 24, 2015 | destacadas, inicio
-“¿Huelen? ¿huelen eso?”Una racha de aire podrido acaba de pasar por Villa Inflamable, y Norberto Morón, vecino histórico del barrio, aclara que no se trata de un evento aislado, sino de una presencia diaria. El olor a podrido: un elemento cotidiano que la dirección del viento puede volver más o menos intenso. “Ya estamos acostumbrados a este olor”, dice Morón. Y en su cara se compone un gesto que no es de resignación, ni de víctima, sino de cierta indiferencia, como si la hediondez, en realidad, en este contexto, fuera un mal menor.
Ubicada en una zona de bañados contaminados, lindante al Polo Petroquímico de Dock Sud y al relleno sanitario del Ceamse de Avellaneda, Villa Inflamable constituye para los expertos un caso paradigmático. En el barrio en donde se originó la famosa causa Mendoza -en la que la Corte Suprema instó al Estado a sanear el Riachuelo y trasladar a las familias que viven a sus orillas-, la contaminación ambiental y la desidia estatal muestran su rostro más descarnado. El aire, el agua y el suelo de Villa Inflamable están contaminados. Más de 1500 familias –el último dato oficial es de 2009- lo padecen diariamente. Demasiado plomo en sangre, problemas respiratorios reiterados, manchas en la piel y deficiencias neurológicas son algunos de los daños sufridos por los vecinos. Este año, tras una extensa demora, ACUMAR estimó que la municipalidad de Avellaneda comenzará a construir las primeras viviendas para mudar a los habitantes. Muchos de ellos, sin embargo, se oponen al traslado. ¿Los motivos? Una serie de razones en donde se entretejen la inseguridad, la contaminación y una disputa barrial entre dos clubes de fútbol históricamente enfrentados.
Es una tarde calurosa de enero y una parva de nenes revolotea en la puerta de una casilla de material en donde un par de empleados de la municipalidad de Avellaneda reparten ropa y juguetes para la Noche de Reyes. Más adelante, en diagonal a la plaza del barrio, una pasarela tambaleante conduce a una casa hecha con maderas y cartón, ubicada en el centro de una laguna de color verde, grumosa, salpicada de baldes y botellas de plástico.
“Nos quieren llevar al lado del riachuelo, a unos terrenos más chicos y que están al lado de la Isla Maciel. Es absurdo. Siempre hubo pica entre San Telmo y el Docke”. Morón es uno de los primeros vecinos que llegaron a Villa Inflamable, en la década del ochenta. Su casa –de material- está en el centro de una loma del humedal, y con los años ha ido ampliándose, dice Morón. También dice que en todo este tiempo ha escuchado mucho. Que las mejoras en los servicios del barrio las consiguieron los vecinos. Y que según su cálculo el noventa por ciento de la gente no se quiere ir de acá.
“Además del tema de la inseguridad, está el de la contaminación. Los terrenos quedan al lado del riachuelo”, agrega Claudia Espínola, presidenta de la junta vecinal. “El proceso de saneamiento del río es largo y complejo, lo sabemos, pero hoy por hoy no está terminado. A eso también hay que sumarle que las viviendas son muy chicas y el espacio en general de los terrenos son muy pequeños”. De las ciento veinte hectáreas actuales –con anchas calles de tierra, pastizales y mucho sauce-, Villa inflamable pasaría a compactarse en treinta, a orillas del Riachuelo.
Más allá de los juncos, por encima de los techos de chapa, asoman dos chimeneas pintadas con líneas rojas y blancas. Una es más alta que la otra, y la imagen, es cierto, tiene un tono apocalíptico. Villa Inflamable fue definida por las investigaciones que se hicieron en el lugar como una zona de riesgo ambiental alto. Se detectó la presencia de diecisiete gases tóxicos, como el benceno y el tolueno, asociados a la refinación de petróleo. A su vez, en un estudio elaborado en 2003 por una agencia de cooperación japonesa –conocido como Estudio Jica- se comparó la salud de 150 chicos de entre 7 y 11 años de Villa Inflamable con otros 150 de la misma edad de Villa Corina, un barrio también de Avellaneda, pero alejado unos doce kilómetros del Polo. La prevalencia de plomo en sangre de los chicos de Villa Inflamable casi triplicaba a la de los de Corina.
Cecilia Lorusso, integrante del área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, dice que no hay que ser ingenuos. Que la oposición a mudarse a esos terrenos muchos la llaman rivalidad deportiva o cultural, pero que en verdad se trata de una lucha por el poder. Y que esa lucha por el poder, dice Lorusso, incluye a las barras bravas, fuerza de choque de los sectores dominantes. “Además está Villa Tranquila, que está dominada por el narcotráfico. Los vecinos sienten que están cambiando el riesgo ambiental, que los mata a largo plazo, por el riesgo físico, que los mata a corto plazo”, resume Lorusso.
A los tumbos, una chata cargada con un lavarropa, una cama y varios muebles se pierde hacia el fondo de la villa. Hace más de un siglo, todo esto era una zona de quintas y granjas, un paisaje rural despojado, sin relleno ni chimeneas ni camionetas, ni nada a la vista. En 1930 comenzaron a instalarse las primeras petroleras y aceiteras –actualmente son 42 empresas, de las cuales 25 son de alto riesgo-. El barrio creció fuertemente en los ochenta y los noventa. Sin una red cloacal regular, los vecinos desechaban sus efluentes en las lagunas, que recibía también el material químico que descartaban las fábricas. Hoy, el barrio sigue padeciendo la falta de servicios cloacales, de agua potable –desde el 2007 la municipalidad distribuye bidones en los denominados puestos de agua- , y cuenta apenas con una conexión eléctrica irregular.
Como se mencionó, en 2008 la Corte Suprema de Justicia ordenó el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo y la relocalización de los barrios afectados por su contaminación. Lo que a veces se olvida es que esa sentencia –conocida como fallo Beatriz Mendoza- fue el resultado de una demanda que se inició en Villa Inflamable. Desde entonces hasta hoy transcurrieron siete años. Hace tres -en marzo del 2012- la municipalidad de Avellaneda y ACUMAR anunciaron la construcción, en un plazo de tres años, de unas viviendas para los habitantes del barrio. Villa Inflamable se trasladaría a orillas del Riachuelo- respetando los 35 metros del Camino de Sirga-, en unos terrenos pertenecientes a la empresa Exolgan, ubicados entre Villa Tranquila y la Isla Maciel.
Lo cierto es que las viviendas, tras una extensa demora, comenzarán a construirse este año. Desde ACUMAR aseguraron a esta Agencia que serán, en una primera etapa, 440 casas. Si bien no hay fecha de inicio confirmada, desde el organismo estiman que, tras el llamado a licitación que debe hacer el municipio de Avellaneda, las obras arrancarán en los próximos meses. La relocalización consiste en un trueque. Los terrenos asignados para la mudanza de los habitantes de Villa Inflamable eran de la empresa de logística Exolgan. La firma cedió esos terrenos, que usaba como depósito de conteiners, y se instalará en las hectáreas que hoy ocupa Villa Inflamable.
