Jun 30, 2016 | inicio
Bajo tierra, el paisaje de la Plaza Houssay, en el corazón de la zona de facultades, cambiará de cara. La Legislatura porteña aprobó por amplia mayoría un proyecto que propone entregar por 30 años a una empresa privada la explotación de dos niveles de subsuelo -donde hoy funcionan estacionamientos- para construir locales comerciales, gastronómicos y espacios para actividades culturales. La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT) porteño y contó con el apoyo casi unánime del arco político de la Ciudad traducido en 54 votos a favor y 4 en contra. Tras la votación del proyecto, a mediados de mayo, la atención política -y algunas dudas- se concentran ahora en el inicio del proceso de licitación.
La plaza Houssay está ubicada en el macrocentro porteño, a quince cuadras del Obelisco, en la intersección entre la Avenida Córdoba y las calles Junín, Uriburu y Paraguay. En el lugar confluyen a diario más de 170 mil estudiantes, 11 líneas de colectivos y una línea de subterráneo. Tres de las cuatro veredas que la rodean pertenecen a edificios públicos: Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias Económicas y Hospital de Clínicas. La restante son edificios de viviendas. Hasta el año 1975 se emplazaba allí el Hospital de Clínicas. Tras su demolición, en el año 1980, durante la intendencia de facto de Osvaldo Cacciatore, se construyó una plaza dominada por desniveles de cemento y pasillos angostos. El objetivo de la arquitectura era evitar la aglomeración de estudiantes.
El subsecretario de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, Álvaro García Resta, explicó que el proyecto se originó en los resultados de un relevamiento de las necesidades de la zona. “Fuimos, hablamos con los estudiantes, con todos los decanos de la facultades de la UBA, todos apoyaron unánimemente este proyecto”, aseguró.
García Resta trabaja en una oficina amplia y luminosa del “Palacio Lezama”, en el pasado la fábrica de bizcochos Canale, ahora devenido edificio de oficinas del Gobierno de la Ciudad. Es arquitecto egresado de la Universidad de Palermo. Tuvo su propio estudio durante diez años e inició un camino en el sector público convocado por Guillermo Dietrich, en ese momento secretario de Transporte de la Ciudad. “Nosotros creemos que el presupuesto del Estado tiene que ir destinado a educación, salud, urbanización de villas, soluciones habitacionales. La inversión privada para beneficio público es lo que debería pasar en cualquier lugar del mundo donde la construcción de las soluciones para la gente se hace entre sectores. Hacemos ciudades desde la gente y para la gente. No pensamos de dónde viene la inversión”, se sinceró.
Las dudas
La falta de especificaciones de los costos que tendrán las obras y del canon por la concesión del nuevo polo gastronómico, y también la ausencia de informes ambientales y de restricciones de ningún tipo al adjudicatario formaron el núcleo de las observaciones de los legisladores del socialismo y la izquierda que se pronunciaron en contra del proyecto.
Marcelo Ramal, legislador por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, vinculó la iniciativa con una “privatización” de la plaza. “Es un espacio muy fuertemente ligado a la comunidad universitaria de todas las facultades que la rodean. Si vamos a hacer algo con los estacionamientos actuales pensemos en algo que tenga que ver con la vida universitaria. Pensar en un polo gastronómico y no por ejemplo en un comedor estudiantil, es objeto de debate”, le dijo a esta agencia.
El proyecto votado en la Legislatura autoriza al Poder Ejecutivo “a realizar el llamado a licitación para el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación del centro cultural, gastronómico y playa de estacionamiento Plaza Dr. Bernardo A. Houssay.”
Sin embargo, ni en el punteo votado en el recinto ni en los planes de los funcionarios del área de Planificación existen especificaciones sobre cómo se realizará ese proceso. García Resta explicó que para esta licitación el Gobierno de la Ciudad no tiene un proyecto, sino que espera las propuestas de los licitantes: “El 50% del puntaje para ganar la licitación es por el proyecto que propone. No nos da lo mismo lindo, feo, eficiente, ineficiente, amigable a la gente o no. Ponderamos en 50% eso. Vamos a recibir propuestas de privados que van a construir, van a mantener y operar durante treinta años. Estamos llamando a la inversión privada para beneficio público”, señaló el funcionario. Y agregó: “Reducir el estacionamiento es dar un mensaje a que estamos apostando al transporte público”.
Por su parte Ramal, legislador porteño desde 2013 y docente de la Universidad de Buenos Aires y de Quilmes, afirmó que “no está totalmente claro qué se va a hacer, esa es una de las cuestiones que mueve a sospechas”. Sucede que la construcción y explotación del predio por el plazo de treinta años sin que esté publicado ni fijado el canon que la Ciudad cobrará a una única empresa abre interrogantes.
Esas aristas quedaron expuestas en el debate. El diputado Hernan Rossi, del bloque SUMA+ y cercano a Elisa Carrió, lamentó no haber podido introducir cambios en el proyecto. “Planteábamos que se podían incorporar obligaciones para el concesionario que resultara ganador de la licitación pública vinculadas con la obligación de tener precios razonables para los estudiantes que consuman en esos emprendimientos gastronómicos, o brindarles espacios a las facultades de la Universidad de Buenos Aires que rodean a esta histórica plaza para ubicar allí sus propios emprendimientos culturales”, subrayó durante una discusión caliente. Sin embargo, su voto y el de su bloque fue favorable.
José Cruz Campagnoli, legislador por el bloque Nuevo Encuentro-Frente para la Victoria, aceptó que el plazo de la concesión fue eje de discusión. “Se puede discutir si está bien, 25, 20 o 30 años, pero conceptualmente es uno de los pocos proyectos de concesión que me parecen bien. Lo digo como legislador y como persona que va a la Universidad y pasa por ahí a la mañana y se cruza dos cuadras para comprar un café en el kiosco”, señaló.
Además, contó que en muchos de los casos de concesión de predios públicos su voto fue en contra: “A la venta del Buenos Aires Design nos opusimos, en la Feria Masticar publicamos un informe oponiéndonos porque los pibes de la escuela del barrio no iban a poder realizar actividad física por dos semanas”.
Sin embargo, el legislador marcó diferencias con este proyecto. “Se trata de un espacio que tendrá aire acondicionado en verano, calefacción en invierno. Y el café que pago ahí es el mismo que pago en frente. El que no puede pagarlo ahí no puede pagarlo tampoco en el kiosco de enfrente”, argumentó sobre el voto afirmativo que unió en la misma posición al macrismo, la UCR, el FpV y el PJ.
“Los partidos políticos de las fuerzas dominantes de la Ciudad de Buenos Aires viven y se financian de este tipo de proyectos. Cuando uno ve a figuras probas de la política de la Ciudad hablando por televisión y se pregunta cómo se financian, acá tiene la respuesta”, confrontó Ramal.
Y agregó: “El golf en Lugano, el proyecto de Villa Olímpica en la Comuna 8, la entrega de tierras públicas al Arzobispado en la Capital, la venta de tierras de Catalinas Norte, junto a los cambios de zonificación, todo esto constituye una caja fenomenal para el radicalismo, para el kirchnerismo, para el PJ y por supuesto para el macrismo”.
Según García Resta, en los próximos días se hará público el llamado a licitación para la construcción del nuevo polo gastronómico. Sólo queda por delante ver qué empresa se hará acreedora de un proyecto de explotación por treinta años, un público de cientos de miles de estudiantes y sin restricciones de precios razonables ni especificaciones respecto al canon que deberá pagar al Estado.
Actualizada 29/06/2016
Jun 10, 2016 | inicio
El oficialismo macrista en la ciudad de Buenos Aires consiguió ayer aprobar en la Legislatura la ley de creación de la Agencia de Bienes Sociedad del Estado, que establece el traspaso al nuevo ente de los terrenos de dominio público para el impulso de obras de infraestructura, que se descuenta serán llevadas a cabo por empresas privadas. El proyecto fue sancionado con 42 votos positivos, 16 negativos y dos abstenciones. Como se preveía, teniendo en cuenta cómo se había desarrollado el debate sobre el tema en los últimos meses, el Frente para la Victoria (FpV) se mostró dividido en el recinto y tres de los doce legisladores que conforman el bloque acompañaron el proyecto, mientras que siete lo rechazaron y los dos restantes votaron en abstención. Aún así, con el apoyo decisivo del espacio SUMA + -que en las elecciones de 2015 apoyó la candidatura a jefe de Gobierno del economista Martín Lousteau-, el PRO logró cumplir con la voluntad de su jefe en la Capital, Horacio Rodríguez Larreta, y sancionar la ley. “Se trata de la confirmación de que está en marcha un modelo de planeamiento de la ciudad similar al de otros grandes centros urbanos del mundo, basado en la enajenación de patrimonio público para dar rienda suelta a la especulación inmobiliaria», afirmó Patricio Del Corro, legislador del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que votó en contra de la ley. Este paso legal se suma a otras iniciativas del macrismo para concretar la transferencia al capital privado de patrimonio de la ciudad, entre ellas la cesión de terrenos linderos a Casa Amarilla al club Boca Juniors, tal como informó este medio en anteriores ocasiones.
La de ayer fue la segunda vez que fue votado el proyecto, que había sido aprobado en una primera instancia el 3 de diciembre de 2015; pero al tratarse de asuntos referidos a la desafectación de inmuebles de dominio público y proyectos de edificación, la Constitución de la Capital Federal exige su discusión a través de un procedimiento de Doble Lectura, que consiste en una segunda votación, previa realización de una Audiencia Pública no vinculante, en la que participen los sectores con intereses legítimos alrededor de la propuesta legal. Esa audiencia se realizó el 29 de marzo y más allá de que el tratamiento del proyecto era independiente de su resultado, la misma parecía en aquel momento favorecer un cambio en el curso del destino, porque al no reunir los votos mínimos para superar la instancia de la Doble Lectura, el PRO decidió retirar el tema de la agenda de la sesión del jueves 7 de abril. «El proyecto había quedado ‘reservado en secretaría’ para en cualquier momento ser tratado en el recinto y eso fue lo que pasó ayer. Nosotros pedíamos el ‘pase a archivo’, lo cual hubiera significado que la ley se caía», detalló Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista y miembro de la organización Observatorio del Derecho a la Ciudad. Sorpresivamente, la iniciativa fue reflotada ayer y esta vez no fue posible postergar su sanción.
Si bien en el Anexo del texto legal sólo figuran dos inmuebles que pasarán a ser administrados por la Agencia de Bienes SE –el predio del Tiro Federal, ubicado en el barrio de Núñez, y el centro ferial “El Dorrego”, situado en Colegiales-, las organizaciones que resisten la normativa advierten que en realidad alcanza a todos los lotes de propiedad estatal. “Los legisladores que trataron este proyecto ni siquiera sabían cuántos terrenos de dominio público existían realmente en la Capital Federal. No había un inventario. El único relevamiento que existe lo hicimos nosotros”, advirtió Fabio Oliva, integrante del colectivo Buenos Aires No Se Vende, formado por varias agrupaciones que militan en defensa del espacio público de la ciudad. El listado en cuestión, al que accedió ANCCOM, incluye un total de más de 2.500 inmuebles organizados en las categorías “Edificios industriales”, “Galpones o tinglados”, “Locales (comerciales u oficinas)”, Propiedad Horizontal”, “Teatros”, “Terrenos”, “Viviendas con comercio” y “Viviendas unifamiliares”.
La letra de la ley reconoce entre las “funciones” de la flamante Agencia de Bienes SE la de “coordinar las relaciones entre la actividad pública y la inversión privada” y detalla los planes que tiene reservados para los dos terrenos mencionados en el Anexo: el Tiro Federal se convertirá en el “Parque de la Innovación”, que, como define la norma, consistirá en un “centro urbano que impulse la ciencia y la tecnología” en la ciudad de Buenos Aires; mientras que en “El Dorrego” el gobierno de Rodríguez Larreta pretende crear el “Centro Metropolitano Audiovisual”, para albergar a “los distintos sectores involucrados en la comunicación audiovisual: cámaras de productores; medios comunitarios; universidades y trabajadores de la comunicación audiovisual”.
Para concretar esos emprendimientos, la normativa admite que ambos predios serán licitados a través de un concurso público, del que surgirán las empresas adjudicatarias de la obra su construcción. Como ocurre cada vez que el Estado en cualquiera de sus jurisdicciones decide desprenderse de parte de su patrimonio, la ley de Agencia de Bienes SE declara “innecesarios para la gestión” del gobierno de la Capital a los terrenos antes indicados. Sin embargo, desde Buenos Aires No Se Vende aseguran que el supuesto “carácter innecesario” de los terrenos fue definido por unos pocos actores, que representan intereses minoritarios. “Aunque se decidiera que una tierra pública fuera concedida para una inversión inmobiliaria de una empresa, lo correcto sería que esa decisión la tomaran las comunas, y en este caso, la iniciativa provino lisa y llanamente del Poder Ejecutivo”, insistió Oliva.
La cesión de terrenos linderos a Casa Amarilla fue de las primeras iniciativas del macrismo para transferir el patrimonio de la ciudad a privados .
Una Audiencia histórica, pero que no alcanzó
“Esto se sabía desde el lunes pasado y se hizo toda la presión que se pudo para frenarlo”, se lamentó Oliva, arquitecto de profesión, pero comprometido de cuerpo y alma en la preservación de los espacios verdes de la ciudad, cada día más amenazados de extinción. Su actividad lleva ya más de 25 años, cuando comenzó con la lucha para proteger cada uno de los metros cuadrados que dan vida al Parque Avellaneda. Junto con varias agrupaciones vecinales que se especializan en problemáticas similares -Queremos BA, Los Amigos del Lago de Palermo, Basta de Demoler, el Observatorio de Derecho de la Ciudad, el Movimiento Comunero, entre otros- formaron colectivo Buenos Aires No Se Vende, con el objetivo de articular la oposición desde la sociedad civil al proyecto de ley de Agencia de Bienes Sociedad del Estado.
“Nos unió el espanto contra esta ley”, confiesa, aunque se muestra satisfecho por el funcionamiento exhibido hasta ahora por la comunión de las organizaciones barriales. El 29 de marzo último, en el marco de la Audiencia Pública exigida por la Constitución de la Capital Federal, se produjo lo que Oliva definió como “un gran triunfo”, que luego se traduciría en la decisión del oficialismo de postergar el tratamiento en Doble Lectura del proyecto de ley, que estaba previsto para diez días más tarde. “Fue una Audiencia Pública con una inscripción de 200 personas, lo que no es común en este tipo de acontecimientos. Las exposiciones fueron organizadas previamente por BA No Se Vende, hubo más de 100 y ni una sola a favor del proyecto”, describió Oliva, quien definió el evento como “un acto político contundente”.
Por su parte, Baldiviezo recordó que desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad se presentó un recurso legal para evitar que la audiencia se realizara porque, según argumentó, “no había suficiente información para las partes” sobre los alcances reales de la norma, pero la respuesta fue negativa. También alertó acerca de que nunca se realizaron los estudios de impacto ambiental correspondientes, a la hora de llevar adelante obras de desarrollo de infraestructura en terrenos de amplia extensión. De hecho, tal como consta en la Ley N° 123 de la Ciudad de Buenos Aires, debe cumplirse con las diferentes etapas del procedimiento técnico correspondiente hasta llegar al Certificado de Aptitud Ambiental, que autoriza la puesta en marcha de las obras. No obstante, Baldiviezo cree que existe un inconveniente con la reglamentación: “La ley dice que los informes deben hacerse siempre antes de la ejecución de las obras, no antes del proceso de legislación lo cual produce un desfasaje, porque mientras se llevan adelante el proceso legislativo y la Audiencia Pública, hay un tiempo valioso que se pierde, ya que si se practicaran los informes de impacto ambiental desde el momento inicial quedaría claro inmediatamente si el proyecto es viable o no”.
Para Del Corro, la ley no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de la ampliación de los derechos de la ciudadanía. “La población de la ciudad hace sesenta años se mantiene estable, pero cada vez son más las que terminan siendo expulsadas hacia las villas y menos las que viven en una casa propia”, señaló el legislador, haciendo referencia a que la nueva ley se desentiende por completo del problema del déficit habitacional y la urgencia de urbanizar los asentamientos precarios. Las prioridades del gobierno porteño, alineado a nivel nacional con el presidente Mauricio Macri, parecen ser otras: “Será una especie de Silicon Valley», resumen los funcionarios del oficialismo cuando hablan de lo que le espera al Tiro Federal, refiriendo a la región californiana que hospeda a buena parte de las compañías líderes a nivel mundial en desarrollo tecnológico. Una confirmación de que desde la llegada del macrismo al poder, el 10 de diciembre pasado, los ojos de la clase política argentina miran hacia el Norte.
Actualizada 10/06
May 19, 2016 | inicio
Cientos de manifestantes desafiaron ayer al frío y marcharon al caer la tarde hacia el barrio de La Boca para repudiar el ataque a militantes barriales por parte de una patota vinculada al PRO. El ataque ocurrió en la última sesión del Consejo Consultivo de la Comuna 4, cuando dos personas resultaron heridas de gravedad con armas blancas el pasado 4 de mayo. La convocatoria, organizada por el colectivo La Boca Resiste y Propone, reunió a múltiples agrupaciones políticas, legisladores de la oposición y asociaciones vecinales que rechazan la entrega de tierras linderas a Casa Amarilla al club Boca Juniors, oficializada el 25 de febrero pasado.
Los planes de la dirigencia xeneize, encabezada por el empresario Daniel Angelici, hombre cercano al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, consisten en construir en esos lotes un estadio-shopping que reemplace a La Bombonera, mientras que los vecinos reclaman que sean destinados a viviendas sociales, escuelas y centros de salud. “El último recurso que encuentran los sectores dominantes para resolver un conflicto a su favor, siempre que se encuentran con una fuerte resistencia popular, es la violencia política”, aseguró Pablo Ferreyra, diputado porteño del Frente para la Victoria (FpV), y agregó: “Lo que ocurrió hace dos semanas es el resultado del desencuentro entre un sector de vecinos que reivindica la función social de la tierra pública y el poder político, aliado con sectores empresariales, que creen que el único uso que se le puede dar a esos recursos es lucrativo”.
La concentración comenzó a las 17, en las puertas de la subsede comunal, en Barracas, con una conferencia de prensa en la que se leyó un comunicado público: “Al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no le pedimos un gesto de humanidad, como llamar o recibir a las víctimas de la agresión por parte de su patota, sino simplemente que garantice el derecho a la participación ciudadana democrática”, fueron las primeras palabras que se oyeron en el acto, en el que se pidió reiterada y enfáticamente la renuncia de Jorge Apreda, presidente de la Comuna que abarca los barrios de Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios. Una hora más tarde comenzó la marcha hacia la simbólica esquina de Almirante Brown y Blanes, en donde se sitúan los terrenos que dieron origen al conflicto.
La noche del 4 de mayo resultaron gravemente heridos Matías Scinica, de la agrupación vecinal Boca Es Pueblo, y Fernando Abal Medina, de Descamisados, hermano del senador nacional del FpV y ex jefe de Gabinete, Juan Manuel. Entre los responsables del ataque figuran Rodolfo Corzo, apodado “el Cordobés”, empleado de la Comuna 4, y también su hijo, del mismo nombre. “Si bien el episodio que tuvo lugar durante la reunión del Consejo Comunal fue absolutamente repudiable, el objetivo de esta convocatoria es relanzar la discusión de fondo, que es la entrega del patrimonio público”, comentó Maluca Cirianni, titular del centro cultural Casa Torquato Tasso, y una de las integrantes fundadoras de Boca Resiste y Propone.
Otra integrante del colectivo, Natalia Quinto, advirtió que el Gobierno de la Ciudad, los directivos de Boca y los empresarios inmobiliarios apetecidos por invertir “están dispuestos a todo para defender sus negocios millonarios. Hablamos de un compañero apuñalado en el cuello (Scinicia) y otro que fue pateado en el piso hasta casi morir (Abal Medina) –especificó-. Esto prueba que ni siquiera respetan la vida humana y buscan desalentar la participación popular”. Por su parte, otro de los presentes en la jornada, Claudio Morresi, ex futbolista y otrora secretario de Deportes durante el kircherismo (hermano de Norberto, militante peronista secuestrado y asesinado durante la última dictadura militar), comentó: “Repudiamos totalmente lo que ocurrió y estamos sorprendidos de que a pesar de los avances que han habido en estos años en materia de derechos humanos ocurran todavía cosas como éstas. No entendemos por qué las personas que perpetraron estos intentos de homicidio no hayan rendido aún cuentas ante la Justicia”.
“Yo nací en un conventillo que es de chapa y de cartón. No queremo’ estadio–shopping, la puta que los parió”. A pesar de que los años de Macri como presidente de Boca (1995-2007) coincidieron con la etapa más próspera de la institución en términos de logros deportivos, tanto el actual jefe de Estado como sus aliados Angelici y Rodríguez Larreta fueron los principales destinatarios de los cánticos de los integrantes de Boca Es Pueblo y adornaron la caravana hacia Casa Amarilla. “Macri, Macri botón, Macri, Macri botón, vos sos la dictadura, la puta madre que te parió”, repetían a coro, advirtiéndole al ahora primer mandatario que el recuerdo de los días de gloria no sería suficiente.
La controversia por los terrenos de Casa Amarilla comenzó, como contó ANCCOM en una nota publicada el 5 de mayo, en los años ’90, cuando el entonces intendente porteño Carlos Grosso cedió a Boca Juniors parte de las tierras situadas a pocas cuadras de La Bombonera, que una década antes habían sido transferidas a la Ciudad para aliviar el déficit habitacional. Durante las gestiones en la Capital de Fernando de la Rúa y Aníbal Ibarra se determinó por ley que el resto del terreno sería destinado a un total de 4.000 viviendas, pero para el final de la administración de Macri –electo jefe de Gobierno en 2007 y reelecto en 2011- apenas se contaban unas 400, es decir, el 10% de las estipuladas inicialmente.
Lo que ocurre en La Boca es, en realidad, un caso dentro de una tendencia que se repite en otros puntos de la Ciudad. Según un relevamiento del colectivo Buenos Aires No Se Vende, serían en total más de 2.500 los inmuebles de dominio público que el gobierno porteño pretende pasar a manos privadas a través de diferentes instrumentos legales. El conflicto de las tierras de Casa Amarilla sobresale por no haber sido tratado en la Legislatura, a pesar de que así lo exige la Constitución porteña.
Feb 23, 2016 | inicio
Más de 1.500 personas agrupadas en organizaciones sociales y políticas, y vecinos de barrios humildes comenzaron a reunirse el martes pasado en avenida Rivadavia y Nazca, en el porteño barrio de Flores, para realizar una marcha de 24 horas bajo el lema “Urbanización Ya”, en reclamo de la urbanización de las villas y por el acceso a una vivienda digna. La manifestación culminó este miércoles 24 en Plaza de Mayo, para unirse con el paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en contra de los despidos en el ámbito estatal.
“Vamos a recorrer gran parte de la Ciudad de Buenos Aires, pasando sobre todo por la zona Norte, dónde viven clases altas, y muchos de los empresarios que hacen negocio con las tierras donde vivimos”, dijo a ANCCOM “Mafalda”, una integrante de Movimiento por la Dignidad.
“Los días pasados, en Villa Celina, Iki -un militante de Movimiento por la Dignidad- sufrió un intento de asesinato por parte de un puntero del macrismo porque los vecinos venían frenando un proyecto inmobiliario”, agregó Mafalda.
Según un informe realizado por la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires en 2015, el seis por ciento de la población total de la ciudad vive en villas, asentamientos informales y núcleos habitacionales transitorios. Aproximadamente 200 mil personas habitan en los más de 30 barrios carenciados de la ciudad, en su mayoría ubicados en la zona sur. En estos barrios, más del 70 por ciento de los hogares habitan en viviendas deficitarias en sus componentes constructivos. A su vez, el 20 por ciento carece de conexión cloacal.
«Decidimos realizar esta marcha, porque en la campaña electoral tanto de (Horacio) Rodríguez Larreta como de (Mauricio) Macri prometieron urbanizar las villas. Además, desde hace más de ocho años hay leyes votadas en la Legislatura porteña en ese sentido y no se ha avanzado ni un milímetro. Como gente trabajadora queremos que se cumpla con la urbanización de nuestros barrios y que terminen con la estigmatización de los pobres «, dijo Nicolás Mayr, integrante de Encuentros de los Pueblo.
“El no tener cloacas, el vivir en barrios donde gracias a la precariedad los gobiernos ocultan a los transas y un montón de negocios ilegales y todo esto es parte de la lucha. Y también para decirle al gobierno que no nos vamos a quedar callados”, sostuvo Mayr.
Estos vecinos también reclaman el tendido eléctrico y la red de gas y agua, plazas, centros de salud y escuelas dentro de los barrios.
“El 10 de marzo vamos a ir a plaza de Mayo, no solo para reclamar la urbanización, sino por muchos otros reclamos como educación y salud. Ese día se realizarán actos en las 23 provincias del país”, informó Mayr a ANCCOM.
Ene 11, 2016 | inicio
A cien metros de la fuente esculpida por Lola Mora, en Costanera Sur, hay un carrito que vende ceviche, sobre la Avenida España. Ahí empieza el barrio Rodrigo Bueno.
A diferencia de los edificios del contiguo barrio de Puerto Madero, en Rodrigo Bueno las construcciones son bajas, no tienen más de tres pisos. No se conoce un número preciso de habitantes, algunos dicen que son tres mil, otros cuatro mil y están los que afirman que son más de cinco mil. Los domingos, subrayan, se puede hacer ruido sólo hasta las diez de la noche porque al día siguiente todos tienen que trabajar.
El asentamiento Rodrigo Bueno existe desde mediados de la década de 1980, pero aún no tiene agua corriente ni cloacas, el tendido eléctrico es precario y los vecinos cada vez construyen más pozos ciegos individuales. “Estamos en la época prehistórica”, dijo Ricardo Melgarejo, vecino y delegado de una de las cuatro manzanas en que se divide el lugar.
Los cuatro delegados de manzana pidieron hacer los primeros pozos colectivos a la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), ente encargado de “organizar, ejecutar y supervisar las obras de mejoramiento habitacional, mantenimiento del hábitat en las situaciones de emergencia en villas y barrios carenciados”, pero la UGIS no aceptó.
Gastón Arispe Huamán, de trece años de edad, murió el 9 de marzo en la manzana dos, al caer en el segundo pozo que la familia tuvo que cavar en el patio de su casa, porque el primero ya estaba lleno. Los vecinos, con mucho esfuerzo y solidaridad inmediata, sacaron a Gastón del pozo, pero no llegaron a salvarle la vida.
La ambulancia tardó una hora en llegar al barrio y los camilleros no quisieron entrar al lugar. Sin mayores explicaciones, le dijeron a la madre que llevara al niño hasta “la canchita” donde lo esperaría la asistencia médica. El trayecto a “la canchita” es laberíntico y eterno con un chico en brazos en un estado inconsciente, los pasillos son estrechos, el suelo es irregular: una parte de tierra y otra de cemento, hay goteras y perros sueltos, no pasa una ambulancia, pero sí una camilla.
“Los médicos, como cualquier persona, tienen ese temor, ese miedo de que les puede pasar algo dentro de las villas, de que corren balas. Eso es porque desconocen. Nosotros siempre dijimos que los que manejan las ambulancias deberían ser de los barrios, acá también hay profesionales y enfermeros”, explicó Marino Sosa, delegado de la manzana dos en la que vive la familia de Gastón.
La ambulancia no puede entrar por los pasillos estrechos, los médicos tienen miedo a la inseguridad en los asentamientos humildes, los delegados de la manzana piensan que el barrio está estigmatizado, los vecinos corren peligros que pueden evitarse y el Gobierno, en lugar de urbanizar, apela ante la Cámara.
“En la Rodrigo Bueno no quieren invertir porque tienen esa fantasía de que algún día va a desaparecer y le van a dar pie al proyecto inmobiliario de IRSA, entonces nosotros estamos peleando con eso y ahora estamos judicializados”, concluyó Marino Sosa al despedirse.
Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima –IRSA– es una sociedad comercial de capitales argentinos dedicada a bienes raíces. Controla numerosas empresas y es propietaria de los principales centros comerciales: Alto Palermo, Abasto, DOT, Córdoba Shopping, Alto NOA, Buenos Aires Design, entre otros. Lo que plantean los delegados es que el predio de Costanera Sur tiene un gran atractivo para este grupo inmobiliario.
*** Artículo producido en el marco del Taller Anual de la Orientación (TAO). 2015.
