Jul 29, 2015 | destacadas
Luego de las elecciones porteñas del pasado 5 de julio, la Comuna 9 de la Ciudad de Buenos Aires pasó a llamarse Lisandro de la Torre, el nombre del senador santafesino que se atrevió a denunciar desde su banca las condiciones desventajosas del intercambio de carnes argentinas del polémico pacto Roca-Runciman. El mismo nombre que también bautizó al mítico frigorífico de Mataderos que en el año ´59 fue tomado por sus trabajadores en un verdadero punto de inflexión de la lucha del movimiento obrero contra las políticas de ajuste.
La historia detrás de la decisión colectiva de los vecinos de Mataderos, Liniers y Parque Avellaneda -los tres barrios que técnicamente integran la Comuna 9 y dieron un aval inequívoco al cambio de nombre- tiene mucho de desconocido y sienta un precedente para la historia cívica de la Ciudad de Buenos Aires.
La Ley Orgánica de Comunas, sancionada en 2005, incentiva la descentralización para lograr una mayor participación, promover el desarrollo de una democracia directa y fortalecer la colaboración de la ciudadanía. Entre los mecanismos de participación ciudadana que contempla la norma figuran la audiencia pública, la iniciativa popular, el referéndum y la consulta popular. La Comuna 9 es la primera en ejercer ese mecanismo a pesar de que ya pasaron cuatro años desde que asumieron las primeras juntas comunales.
Basta poner un pie en Mataderos para darse cuenta de que el flamante nuevo nombre de la comuna está íntimamente ligado con la historia de la zona y, sobre todo, de este barrio trabajador. En la esquina de la Avenida Lisandro de la Torre y José Enrique Rodó se puede ver una multitud en constante ir y venir, muchas personas vestidas completamente de blanco y con grandes manchas de sangre en su ropa. Casi todos los que circulan trabajan en oficios relacionados a la explotación de la carne y el barrio se reparte entre frigoríficos y carnicerías. Todos parecen estar inmersos en el intenso día de trabajo.
En esa misma esquina del barrio también se improvisa una feria que mezcla y superpone la verdulería con el bazar y hasta la marroquinería. Los frigoríficos son la fuente de ingresos directa o indirecta para todos, el oficio que le da vida a la zona y también forma parte de la identidad de los vecinos.
La ley 1.777 que rige el funcionamiento de las comunas prevé en su artículo sexto que cada jurisdicción tendrá una denominación numérica hasta tanto los electores definan su nombre mediante consulta popular convocada por la Junta Comunal. Los comuneros consagrados en las elecciones de 2011 tenían entre sus metas políticas la de avanzar con esos nuevos ¿bautismos? La Comuna 9 fue la primera en saldar la deuda.
Hernán Míguez, comunero saliente del Frente para la Victoria (FPV) e impulsor del cambio de nombre, traza la genealogía de la iniciativa que logró la adhesión del 79,80 por ciento de los vecinos que fueron a las urnas en la primera vuelta de los comicios de la Ciudad. “Una de las cosas que debíamos hacer los primeros comuneros era ponerle nombre a la comuna y elegir un escudo y la bandera. Esa era nuestra premisa. En marzo llevamos la propuesta al Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad para cumplir con ese viejo objetivo”, recuerda.
El trámite no fue sencillo. Según Míguez, existieron intentos del macrismo para evitar la consulta. “Desde el PRO empiezan a presionar (el flamante jefe de Gobierno electo, Horacio) Rodríguez Larreta y (el secretario de Atención Ciudadano, Eduardo) Macchiavelli al presidente de la comuna (Néstor Dinatale) para que no hagamos la consulta”, subraya.
Uno de los supuestos principales argumentos del PRO era que la categoría adicional para definir el cambio de nombre podía derivar en una confusión para los electores en el promocionado debut de la aplicación de la boleta electrónica.
La oposición sospechó otras razones. “Lo que no querían era lo que iba a venir después. Acá, en la Ciudad de Buenos Aires, la última consulta popular que hubo fue en 1984 por el conflicto del Canal de Beagle, se votó por el sí o por el no, entonces esto dejaba un precedente: los juntistas podemos convocar a una consulta popular para definir un tema”, afirma el delegado del FPV.
¿Qué temas pueden llevar a una consulta popular? Eso dependerá de cada barrio y está en el corazón de los ya nombrados objetivos de la división en comunas: el aumento de participación y la descentralización de la gestión política de la Ciudad. “Acá, por ejemplo, está abierto el debate del Mercado de Hacienda, si vamos a trasladarlo a la provincia; también la discusión sobre el destino de los terrenos del ferrocarril en Liniers ¿Qué vamos a hacer? Todos los temas latentes de todas las comunas pueden ser motivo para convocar a una consulta popular”, señala Míguez.
Y agrega: “El Ejecutivo de la Ciudad miente cuando dice que quiere descentralizar; quieren definir todas las cosas ellos. Al haber una consulta popular después de 21 años dejaste un precedente. Queríamos ponerle un nombre, era nuestra tarea. También dejar constancia que para cualquier problema que tenga esta comuna los vecinos lo pueden elevar a la Junta Comunal y que la Junta puede impulsar una consulta popular, no que estemos discutiendo en foros vecinales qué hacemos con esto o lo otro y quede en la nada”.
ANCCOM contactó a los representantes comunales del PRO, pero no obtuvo ninguna respuesta sobre las acusaciones de un supuesto boicot al proceso de participación ciudadana.
La elección del nombre tiene recorrido propio. Aunque integra a los barrios de Mataderos, Parque Avellaneda y Liniers, los impulsores del cambio nunca dudaron de jugarse por la denominación de Lisandro de la Torre. “No hay un hecho más histórico en esta Comuna, en este barrio, de lo que significó el Frigorífico Lisandro de la Torre, fue un hecho muy importante para la Comuna. La lucha de los trabajadores marcó la acción colectiva para defender el patrimonio nacional, fue histórica, marcó un hito”, subraya.
El frigorífico Lisandro de la Torre fue estatizado por el presidente Juan Domingo Perón durante su primera presidencia y bautizado así en nombre del senador que fundó el Partido Demócrata Progresista. Pero el cambio de nombre va más allá: es además un homenaje a los trabajadores que lucharon en contra de la privatización del establecimiento con la toma del año 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi y como un preámbulo de la plena aplicación del Plan Conintes que luego amenazaría a miles de trabajadores. Todo un símbolo.
Hoy, cerca de donde funcionaba el frigorífico que terminó de dar sentido a la historia del cambio de nombre, resuena la frase de un graffitti callejero: “República de Mataderos: Bienvenido”.
Jul 29, 2015 | inicio
Una vivienda digna es un derecho constitucional básico para el desarrollo de cualquier familia. Sin embargo, no todos pueden acceder a ella en condiciones de igualdad. Un estudio realizado en febrero de 2015 por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), informa que una quinta parte de los habitantes de la ciudad, necesita de una vivienda.
El panorama es grave. Mientras el oficialismo macrista anuncia que tan solo 800 personas se encuentran en situación de calle, una docena de organizaciones sociales y defensoras de los Derechos Humanos, contabilizan más de 18 mil. A esas cifras, se le suman 170 mil hogares distribuidos en pensiones, locales y viviendas móviles precarias en donde se da, además, el hacinamiento, llegando a convivir hasta tres familias en una misma habitación. ¿Qué origina esta problemática? Según el censo realizado por el INDEC en 2010, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viven 2.891.082 personas, cifra no muy alejada de la cantidad calculada en 2001. Es decir que la escasez no se relaciona con un crecimiento desmedido de la población. Incluso, en la actualidad, el 24% de las viviendas -una de cada cuatro- están desocupadas: “La causa del problema es simple: el desarrollo de la construcción en la ciudad está pensado exclusivamente desde un punto de vista empresarial/especulativo y no desde la perspectiva de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sectores populares”, comenta Myriam Bregman legisladora por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. “Para los grandes especuladores inmobiliarios (su gran mayoría amigos o socios directos del gobierno) invertir en la construcción es sólo una forma de valorizar su capital. Por eso, los grandes emprendimientos como el propio Puerto Madero no están hechos para que la gente viva en condiciones dignas”, explica.
El informe del CESO también contempla a los sectores de elevado ingreso como otros de los factores determinantes, al concentrar gran parte de las propiedades que actualmente se encuentran in-habitadas con fines ociosos: “Existe un alto porcentaje de inmuebles que no son adquiridos por sus propietarios para habitarlos o ponerlos en alquiler, sino tan sólo para mantenerlos deshabitados como un instrumento de conservación de sus ahorros. La utilización de la propiedad como un instrumento de ahorro, provoca un comportamiento disfuncional del mercado de viviendas en cuanto a solución del problema habitacional de los porteños”, detalla.
Los barrios que cuentan con mayor cantidad de viviendas vacías son Puerto Madero, San Telmo, Retiro, Palermo y Recoleta. Al ser zonas de gran valorización inmobiliaria, sus precios altísimos traen aparejados no sólo la imposibilidad de los sectores trabajadores a acceder como propietarios -necesitando 61 sueldos para adquirir 42 metros cuadrados- sino también grandes dificultades para alquilar, valor que insume más de un 30% del salario de uno de cada tres trabajadores: “Mientras no cambie esta perspectiva capitalista de la vivienda, cada vez tendremos una ciudad que expulsa a sus habitantes más jóvenes, en especial a los trabajadores de menos recursos, donde cada vez más gente tenga que alquilar y cada vez tenga que gastar más parte de su salario en un lugar donde dormir y donde se siga dando la escandalosa situación en la que cada vez más personas se vean obligadas a vivir en villas”, señala Bregman.
Esta tendencia especulativa -según se detalla en la investigación- es penalizadas en otros estados. Por ejemplo, en Venezuela los terrenos abandonados u ociosos ya sean públicos o privados pueden ser expropiados para la construcción de viviendas sociales. Algo similar se aplica en Cataluña, en donde el estado puede asignar propiedades vacías temporalmente a terceros para su alquiler. Por otro lado, Francia multa -vía impuestos que aumentan año tras año- a quienes posean viviendas deshabitadas en zonas en donde las demandas habitacionales no estén satisfechas. Su recaudación se utiliza para el mejoramiento de otras viviendas.
En la ciudad autónoma de Buenos Aires, de regular el mercado inmobiliario no se habla. Es más, cotidianamente la ley 23.091 de alquileres es vulnerada en perjuicio de los inquilinos.
La falta de interés político se plasma en los gastos del gobierno por sector. Mientras los fondos destinados por el macrismo para “Publicidad y Propaganda” aumentaron en un 102% en el presupuesto 2015, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) sufrió un recorte, detentando solo el 1,3% del total presupuestario. En connivencia, la problemática tampoco figura en el Plan de Acción de Gobierno 2015-2017, el cual prioriza medidas relacionadas al medio ambiente y a la refacción del espacio público. Señala Myriam Bregman: “En el macrismo no hay una política de vivienda, sino que se ha impulsado un boom inmobiliario ligado a la especulación para que unos pocos empresarios se llenen de dinero. El problema de fondo es el intento de aumentar el valor de la tierra para expulsar de la ciudad a los trabajadores y los sectores populares que no puedan pagarlo, lo que es conocido como “gentrificación”. Hoy no sólo es posible regular el mercado inmobiliario sino que es una necesidad urgente”, sentencia. Y propone: “La prohibición inmediata de todos los desalojos y la urbanización de todas las villas y asentamientos bajo control de sus habitantes. Es necesario establecer impuestos extraordinarios y progresivos a los propietarios de viviendas ociosas y exigiendo la inmediata puesta en alquiler de los inmuebles o venta para ocupación comprobable. Todo inmueble que haya permanecido ocioso por el plazo de un año, producto de la especulación de empresas y sociedades de inversión, debe declararse de utilidad pública y deberá determinarse de dónde provienen los fondos de las construcciones, quiénes son los compradores, qué destino tienen estas construcciones. Y finalmente, para todos aquellos que necesiten acceder a la vivienda única, propone otorgar créditos a una tasa del 0% del Banco Ciudad, cuya cuota no exceda el 20% del salario mínimo y sin más requisitos que el de establecer el déficit habitacional familiar”, cierra.
Por su parte, el CESO también brega por su regulación, estableciendo en sus conclusiones finales la necesidad de un “condicionamiento de los permisos de edificación para la construcción de torres, a la posterior disponibilidad de un porcentaje de los metros cuadrados construidos para su oferta como vivienda social -sea mediante un alquiler o para su posible adquisición, a un costo menor que el del mercado, regulación de orden local que puede volver compatibles los desarrollos inmobiliarios con la inclusión habitacional de los ciudadanos de menores recursos de la ciudad”. A modo de complemento, sugieren multas y un incremento del ABL a baldíos, edificios y casas abandonadas que no declaren ocupación, siempre en vistas de acompañar las políticas crediticias y la edificación de viviendas sociales en curso.
Jul 21, 2015 | inicio
Educación: más escuelas, menos globos
Matías Zalduendo es el Secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y aquí plantea la agenda que el gremio docente le planteará al sucesor de Mauricio Macri.
¿Qué reclamos le harán al nuevo jefe de Gobierno como trabajadores de la educación?
Nosotros planteamos que no sólo luchamos por el salario, que claramente es con lo que cuenta el trabajador para vivir en esta sociedad, sino que también peleamos por las condiciones de trabajo. Entonces, las primeras medidas tienen que mejorar las condiciones de trabajo y de enseñanza en las escuelas de la Capital Federal. En primer lugar, algo que surge para el nivel primario es que nosotros seguimos peleando por la Ley de Celadores de Comedor, que todavía no fue cumplida en pleno ejercicio. Necesitamos que haya celadores en los comedores para que no recaiga toda la actividad sobre los docentes que bastante tarea tienen.
¿Esto está relacionado con un aumento en el presupuesto?
Consideramos que lo primero que tiene que haber es un mayor presupuesto educativo, este gobierno viene subejecutando, bajando el presupuesto, y así se quiere construir la escuela pública. Es algo que no sale en los medios pero es real. Quieren aplicar la Nueva Escuela Secundaria (NES) -un reclamo legítimo, que implica discutir una escuela nueva, cambiarla – sin presupuesto. Hoy, hay muchas escuelas que no están preparadas para ese cambio. O peor, hay escuelas que han pasado o están pasando este invierno sin gas, con situaciones edilicias complicadas. No podemos pensar que haya una escuela pública para pobres y una escuela privada para ricos. Queremos que la escuela pública sea de todos, donde ingresa el hijo del farmacéutico, del profesional, del trabajador de una fábrica, la hija de un desocupado, una escuela de todos. El macrismo está estigmatizando la escuela pública.
¿Qué otras necesidades concretas tiene la escuela pública?
Ante la situación que hemos vivido -por la separación del cargo de las dos docentes del Jardín de Infantes N°2, D.E. N°12, luego de que un niño que asistía al establecimiento fuera asesinado por su padrastro a golpes– un reclamo importante es la necesidad de incrementar los equipos de orientación escolar en las escuelas. Hoy están saturados porque hay muy pocos por distritos, es una situación imposible. Tiene que haber muchos más equipos de orientación escolar: trabajadores sociales, psicólogos, que estén acompañando las trayectorias educativas de nuestros pibes en las escuelas. Eso es lo que necesitamos, equipos fortalecidos, que estén a la altura de la escuela pública. La sociedad fue cambiando y la escuela se tiene que actualizar. Necesitamos que el docente en el aula cuente con otros acompañamientos.
¿Qué otras políticas deben reverse?
Hay que actualizar las asignaciones familiares que están en el freezer. Con este gobierno de la Ciudad, no se actualizan hace años, me parece que es un reclamo importante.
¿Y respecto a lo edilicio, qué es lo que necesita la escuela pública?
Necesitamos más escuelas, tanto de nivel inicial como de primaria. El gobierno de la Ciudad no ha construido escuelas. El problema de las vacantes se dio este año, el año anterior y existe actualmente. Recién hace una semana colocaron un micro que va del Distrito 20 al Distrito 3 para llevar niños que no tienen vacante en su barrio hacia otro en que sí las hay: tardaron cuatro meses en dar el servicio. Hubo chicos que desde el mes de marzo estuvieron sin ir a la escuela. De eso nadie habla, no es noticia, no es titular de nada. Para los globos de colores hay presupuesto, pero para un micro para los chicos de las zonas más postergadas de la sociedad, no. Los chicos estuvieron más de cuatro meses sin escolarizarse, algo nefasto y terrible. Tiene que haber más escuelas para que lo de las vacantes no vuelva a ser un problema, para que no tengamos el año que viene situaciones de chicos que no se pueden escolarizar. Tienen que hacer más escuelas por distritos, más aulas de nivel inicial. La construcción de escuelas tiene que ser una política clara y educativa de este gobierno.
¿Qué otra necesidad tiene el sistema educativo porteño?
Otro tema importante es la titularización de los maestros del área socio educativa. Docentes que se encuentran en situación de interinos y el Gobierno se comprometió a su titularización y no ha cumplido. Por otro lado, está la implementación de la titularización de las docentes de nivel inicial y primario en las escuelas normales de la Capital Federal. Se ha votado una ley, el año pasado en la Legislatura porteña, en la que se comprometían a la titularización de todos los docentes y hasta la fecha no hay novedades, algo que es bastante preocupante porque se trata, ni más ni menos, que de la estabilidad laboral del docente.
Vista de la Villa Rodrigo Bueno.
Vivienda: Urbanización de la villa 31
Teófilo Tapia es un vecino de la villa 31, ahora llamado Barrio Carlos Mugica, de Retiro. Desde la década del setenta es el referente en la lucha por la urbanización. Además es el fundador del comedor Padre Carlos Mugica y elegido continuamente por los vecinos como delegado barrial. Reclama la implementación de la ley 3.343, aprobada por unanimidad en la Legislatura pero que nunca se aplicó.
¿Cuánto hace que milita por la vivienda digna?
Es un camino que empezó en la década de los 70, desde esa época pedimos que se haga la urbanización de la villa 31. Fue una lucha que comenzó para que se hagan las viviendas del barrio, que antes se llamaba Eva Perón y ahora se le dio el nombre de Carlos Mugica. Y nosotros seguimos ese camino, esa lucha desde aquella época. En estos últimos años, en el 2009, se votó la ley 3.343, que se aprobó por unanimidad en la Legislatura de Gobierno de la Ciudad, que estableció la urbanización de la villa. Los primeros objetivos eran marcar un polígono, que decía cómo y dónde se iban a construir las viviendas, desde dónde hasta dónde son los límites. Inclusive el gobierno de Mauricio Macri aprobó el proyecto, nos pareció rara su aprobación, ya que él siempre tenía la intención de erradicar la villa 31.
¿Y se puso en marcha la aplicación de la Ley?
No, porque ahora lo que falta es la aprobación del dictamen de ley. El dictamen es lo que ordena cómo se van a distribuir las viviendas, cuánto van a valer, cómo se van a unir las calles, y todo lo que es necesario para conformar la villa 31 en un barrio urbano. Desde el Gobierno de la Ciudad no están de acuerdo porque no quieren ceder el poder de las tierras a los vecinos. Entonces, el conflicto es entre el Gobierno Nacional, que quiere entregarnos las tierras y el Gobierno de la Ciudad que no quiere. Porque el Gobierno de la Ciudad puede prometer que va a construir, y de pronto cambia de idea, no hace nada, y nos echa a todos. Ese es el temor. El problema es que en los tres sectores de la Legislatura que tratan la urbanización de la Villa 31 -la Comisión de Vivienda, Planeamiento, y en Presupuesto- siempre lo rebotan.
¿Entonces el obstáculo es la propiedad de la tierra?
No quieren que los vecinos sean los dueños de las tierras. Porque sus objetivos son quedarse con la tierra y hacer un barrio como Puerto Madero. La intención del Gobierno de la Ciudad no es hacer un barrio obrero, porque de un barrio obrero no pueden sacar mucho rédito. No van a poder poner muchos impuestos porque es un barrio de trabajadores. En cambio, si en ese lugar edifican torres, ahí les resulta más productivo.
¿Si tuviera que evaluar la acción del Gobierno en estos últimos años, cómo lo describiría?
Diría que aprobaron la Ley porque creían que el Gobierno Nacional al día siguiente le iba a ceder el traspaso de las tierras. Pero no salió como querían, cuando les dijeron que antes del traspaso tenían que firmar un acta que les daba el poder de la tierra pero “para la urbanización de los habitantes de la villa 31”, en eso no están de acuerdo. El Gobierno de la Ciudad lo que quiere es que hagan el traspaso primero y después ellos deciden. Dicen que van a urbanizar, pero quién sabe si lo van hacer. Ellos tienen mucho deseo de quedarse con las tierras.
¿Y mientras no se apruebe el dictamen, el proceso queda estancado?
No, seguimos peleando. El problema es que no sale el proyecto del dictamen de la Comisión de Vivienda de la Legislatura. En tres oportunidades lo volvimos a presentar, dos veces lo presentaron legisladores, y este año decidimos que lo iba a presentar el barrio en tanto Habitantes de la Villa 31 y organizaciones sociales. Esperamos que el nuevo proceso tenga consenso y los diputados puedan tratarlo y poder urbanizar. La primera reunión que tuvimos fue con asesores, pero no se consiguió nada. Se justificaron con el capricho de que si Cristina Kirchner no entrega las tierras, no se puede urbanizar, pero no le hablan a ella directamente, sino que dicen: “Acá la presidenta se niega a presentar las tierras, y Macri no puede urbanizar si no tiene las tierras”. No puede porque no quiere hacerlo. Se podría avanzar si Macri, como Jefe de Gobierno, mandara una nota pidiendo la urbanización, para que los habitantes de la villa puedan construir sus viviendas, ayudar con lo que falta, y tratar de organizar para que sea un barrio y no una villa. Pero él no está de acuerdo.
¿Como representante del Barrio qué le pediría al nuevo jefe de Gobierno porteño?
Le pediría que apruebe el dictamen, que sea más flexibles con el tema de la urbanización. Y que lo apruebe la mayoría, porque hay que esperar a ver cómo va a quedar conformada la Legislatura en la Ciudad. Aunque probablemente el nuevo Jefe se siga oponiendo a que salga el tratamiento de la Ley, y así va a ser difícil conseguir la urbanización de la villa 31. Lo que queremos es que se entienda que nosotros no somos usurpadores, la villa tiene cien años de historia, somos trabajadores, somos los que construimos los edificios donde vive la gente de Libertador. Entonces lo que pedimos es el derecho de vivir también dentro de la Ciudad, y no ser marginados por el resto de la sociedad. Porque Macri en un momento salió en una nota diciendo que la villa 31 crea la inseguridad de los vecinos que viven en Libertador, y no es así. Nosotros también somos vecinos. Vinimos a la villa por una necesidad, porque en la Provincia no hay tanto trabajo como hay acá. Pero es una lucha bastante dura, porque hay personas que no quieren que se urbanice la villa, no quieren que haya gente humilde dentro de la Ciudad.
Viviendas ociosas en la Ciudad de Buenos Aires, en Puerto Madero.
Alquileres: sistemas de mediación
Ricardo Botana es el presidente de la Unión Argentina de Inquilinos, una entidad diseñada para asesorar a todos aquellos que alquilan viviendas en el país. Pelean por defender sus derechos y por una ley que regule la actividad.
¿Qué cambios observa de los últimos años con respecto al precio de los alquileres?
Dentro de la Capital está muy diversificado. Cambiaron las exigencias porque hay un escalonamiento a nivel semestral cuando antes era anual. Antes uno firmaba un contrato y tenía un aumento del 20% al año, y ahora hay un aumento que llega hasta un quince por ciento semestral. También cambió la cantidad de garantes exigidos, ahora son dos y tiene que residir en Capital.
Y en cuanto a la regulación ¿qué cambios se fueron dando?
En algunos lugares se ha logrado, Por ejemplo en la ciudad de La Plata existe una oficina que funciona dentro de la Municipalidad con los compañeros de API (Asociación Platense de Inquilinos) para la mediación específica entre locadores y locatarios. Pero en la Capital todavía no hemos logrado lamentablemente un espacio concreto.
¿Qué opina sobre el programa “Alquilar se puede” del Gobierno porteño?
Es un programa que ojalá pueda llegar a más gente, pero por el momento no ha logrado dar mucha ayuda para alquilar. En realidad tampoco es la solución, que tendría que pasar por una mirada más ligada al acceso a los créditos. Es verdad que el programa tuvo mucha publicidad pero a la hora de ponerlo en marcha no tuvo gran cantidad de beneficiarios. No quiero mentir con respecto al número, pero hay una entrevista al legislador Fernando Muñoz donde decía que eran alrededor de trecientos.
¿Por qué cree que todavía no pudo ser más masivo?
No sé si no tendrá algún cupo o cómo vendrá el tema de las admisiones.
¿Qué esperan del nuevo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?
En lo inmediato, la creación de un espacio para lograr la resolución de los conflictos entre locatarios y locadores para evitar la vía judicial. Lo que ocurre en los contratos en la relación cotidiana es que, por ejemplo, según el código vigente se establece que los gastos de conservación están a cargo del locador y algunos arreglos para la vida cotidiana, que son de poco costo, tiene que hacerse cargo el inquilino. Pero eso nunca se reconoce, paga siempre el inquilino.
Hospital de Niños de la Ciudad.
Salud: menos ajuste, más inversión
Carlos Paz tiene 53 años y trabaja como médico de guardia en el Hospital Moyano durante 30 horas semanales. Se opone a la precarización laboral que, denuncia, los profesiosionales de hospitales públicos porteños vivieron en los últimos años.
¿Cómo son las condiciones de trabajo en general?
Son desgastantes, con recursos humanos escasos, falta de políticas en el ámbito de salud mental con un alto nivel de violencia institucional, por parte de las autoridades instaladas desde la intervención. Formo parte de un grupo de profesionales que nos hemos organizado ante la falta de representación gremial legítima para hacer frente a las políticas del gobierno del PRO.
¿En qué situación están los salarios?
En términos generales, hace dos años nos rebajaron el sueldo a más de dieciséis mil profesionales del sistema público de salud, existen trabajadores precarizados con sueldos congelados hace más de tres años. Y hoy intentan modificar el régimen de residencias y concurrencias, por ejemplo, en salud mental.
¿Cuál es la situación de los médicos en el hospital?
En lo particular, en el Moyano, desde hace un año y medio, a través de auditorías persecutorias, se intentó cesantear a más de la mitad del personal, por ejemplo a través de sumarios y cambios de función a los colegas. Se descontaron sueldos sin ninguna justificación, se digitan los escasos concursos que hay de una forma discrecional. El clima, en general, es de violencia y se padecen enfermedades. Esa es parte de nuestra realidad cotidiana en el hospital que se repite en todo el sistema público de salud de la ciudad.
¿Qué expectativas tiene respecto del próximo jefe de Gobierno en materia de salud pública?
Lo lógico es que el próximo gobierno sea una continuidad del actual: más ajuste, cada vez menor inversión en lo público, tanto en salud como en educación, y más obras para “embellecer” la ciudad. La salud mental para los gobernantes es un gasto y, por lo tanto, van a continuar con los recortes en todas las áreas. No van a invertir en todos los dispositivos necesarios para la atención del paciente y el cumplimiento de las leyes de Salud mental nacionales y municipales.
