Dic 21, 2016 | destacadas
Trabajadores de la Biblioteca Nacional (BN) denunciaron haber recibido amenazas de despido por replicar en las redes sociales el informe de un portal de noticias que apuntaba al director del organismo, Alberto Manguel, por supuestas irregularidades en el manejo de fondos para viáticos. Los empleados advirtieron que existieron directivas del director de la BN a los responsables de diferentes áreas para que intimen a los trabajadores a evitar la divulgación de lo que considera una “campaña de difamación”. La denuncia derivó en un pedido de audiencia de los delegados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) con el ministro de Cultura, Pablo Avelluto.
“Tienen dos opciones: o se dejan de entorpecer nuestras tareas comunes por medio de alarmar y acusaciones repetidas sin fundamento, o buscan trabajo en otra parte. Este es un país libre y nadie está obligado a permanecer en una institución que juzgan fraudulenta”, fue el mensaje que recibieron los empleados, según pudo reconstruir ANCCOM.
El artículo que los empleados difundieron en sus redes sociales fue publicado por el sitio Letra P el 24 de noviembre pasado. La nota detalla que en apenas cinco meses de gestión, Manguel lleva gastados más de 400 mil pesos de viáticos para sus viajes alrededor del mundo. El salario del director de la BN es del mismo rango de un secretario de Estado: 150 mil pesos.
La unión hace la fuerza
Tres de los cuatro trabajadores afectados pertenecen a ATE. Decidieron unirse a UPCN en la denuncia y, sin excepción, pidieron preservar su identidad.
Las tensiones en la Biblioteca no son nuevas. En marzo, los trabajadores lograron reincorporar a 140 de los 240 despedidos en el primer ajuste laboral de la administración de Cambiemos. “En este contexto, cuando un director amenaza con despedir, por más que sean dichos de la bronca del momento, nosotros nos tenemos que plantear como trabajadores y exigir una respuesta”, explicó uno de los afectados a esta agencia al anticipar el pedido de audiencia con Avelluto.
El miércoles 7 de diciembre cada gremio hizo una asamblea y luego realizaron otro plenario en conjunto. Ambas comisiones internas declararon el estado de alerta y movilización al considerar que las directivas representan “prácticas persecutorias que atentan contra la libertad de expresión”.
Javier Arone, delegado de UPCN, advirtió que los dichos de Manguel “no fueron muy oportunos” y subrayó que los gremios están aguardando todavía que el director del organismo cultural “se explique un poco”. “Es importante que la libertad de expresión no se pierda, especialmente en una institución como la Biblioteca Nacional”, subrayó.
Desde UPCN, advirtieron que hasta este episodio “había un canal de diálogo que estaba funcionando muy bien con este nuevo director”. “Ese diálogo se frenó y ahora estamos esperando que se recomponga”, agregó Arone.
Juan Domingo Pignataro, otro de los delegados de ATE, advirtió que la denuncia del gremio va más allá del conflicto público por el destino de viáticos. “Lo que impugnamos es el hecho autoritario de decir que un trabajador pone palos en la rueda por reenviar un mensaje. Estamos hablando de mensajes que es de la vida privada de cada uno”, puntualizó.
Y completó: “Después de todo lo que pasamos con los despidos no vamos a tolerar este tipo de accionar ya que vulnera los derechos individuales y colectivos cercenando la libertad de expresión y pensamiento”.
Los gremios aguardan para los próximos días la reunión con Avelluto. Hasta entonces, los trabajadores siguen esperando escuchar la voz del director de la Biblioteca Nacional.
Actualizado 21/12/2016
Oct 26, 2016 | inicio
La Ley 25.674 establece la representación femenina en cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales en un mínimo del 30% cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de los trabajadores. En la nueva estructura de la Confederación General del Trabajo (CGT) hay 37 Secretarías, de las cuales solo dos están a cargo de mujeres: Sandra Maiorana (de la Asociación de Médicos de la República Argentina), en la Secretaría de Salud y Noemí Ruíz (del sindicato de Modelos Argentinos), en la de Igualdad y Oportunidad de Género.
Las cuentas son claras: en la única central obrera que el Gobierno Nacional reconoce a la hora discutir, por ejemplo, cuestiones salariales, la ley es incumplida. “Lo que sucede en la CGT, lamentablemente, es la regla de lo que pasa en el resto de los sindicatos”, asegura Magalí Brosio, integrante de Ecofemini(s)ta, espacio que discute asuntos sobre economía con perspectiva de género.
Laura Sotelo ATE Capital en la sede de Carlos Calvo.
CONDICIONANTES Y CRÍTICAS
Aunque la ley fue sancionada en 2002, el Instituto de la Mujer de la CGT realizó un informe en 2008 donde mostraba que sobre 1.448 cargos directivos a nivel sindical, solo 80 (un 5%) eran ocupados por mujeres. Un relevamiento del Ministerio de Trabajo de este año refuerza estos datos: sobre 25 sindicatos analizados, en 20 hay mujeres que ocupan cargos, pero en ninguno lo hacen en los puestos jerárquicos, como Secretarías Generales o Secretarías Adjuntas. “Los lugares que ocupamos tienden a ser de formación, acción social o cuestiones de género, labores que el sistema vincula a lo femenino”, subraya Laura Sotelo, responsable de Géneros por el Consejo Directivo en la Asociación Trabajadores del Estado de Capital (ATE Capital). Y agrega: “Es fundamental lograr estar en la mesa de negociación salarial, algo que no podemos hacer desde las secretarías que nos toca ocupar”.
Sotelo reflexiona sobre la letra fría de la ley: “En algún punto, el 30% funciona como un techo. Porque si el porcentaje de trabajadoras en el gremio es menor, el número de los cargos a ocupar baja. Pero si sucede al revés, ese número de roles directivos no sube. Y, en realidad, en muchísimos sindicatos las trabajadoras superan ampliamente el 30% y de todos modos la ley no se cumple”. Sin embargo, no deja de destacar que la ley es un gran avance y que “ante una gran desigualdad, se legisló en torno a eso y ahí hay un logro”. También resalta: “En los doce años anteriores se ampliaron derechos en término de representación y participación, lo cual impacta en los sindicatos”. No obstante, por el tipo de estructuras de los gremios, los cambios tarden mucho más que en otros sectores.
Carolina Brandariz, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género en Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), gremio que cumple con la ley 25.674, aporta sobre el tema: “Nuestro sindicato representa a un 80% de trabajadoras. De la totalidad, el 60% somos jefas de hogar. Eso quiere decir que los estereotipos que se reproducen en la sociedad no son verídicos. Las mujeres que trabajamos, que somos responsables del hogar y además militamos, tenemos una triple tarea. Eso muchas compañeras lo ven como una carga, se ponen una barrera a sí mismas, reproducen un discurso machista como si fuera propio”.
En esa línea de pensamiento, Magalí Brosio afirma que “las tareas de cuidado en el hogar siguen siendo vistas socialmente como una obligación de la mujer. Y eso es una carga, porque quita tiempo para dedicarse a la actividad gremial”.
Otro límite que se reproduce históricamente es el de entender a los gremios como un ambiente únicamente masculino. “Cuesta mucho que los compañeros pierdan privilegios, porque estar en paridad de representación sindical implica eso. Algunos sindicatos quieren regirse por pautas culturales de hace cincuenta años. Pero tendrán que tomar nota que los tiempos avanzaron”, explica la representante de UTE. Brosio, a su vez, marca una contradicción que genera una imposibilidad material para cumplir con la ley: “Cuando una compañera quiere denunciar el incumplimiento, tiene que hacerlo frente a una junta electoral sindical elegida por el mismo consejo directivo del sindicato. O sea que se estaría topando con la misma estructura que le niega el lugar”.
Carolina Brandáriz, Secretaria de Género de UTE.
LO QUE NO SE DISCUTE
Si la mujer no es parte de las discusiones más importantes al interior de los sindicatos, quedan excluidos muchos temas. “Principalmente queda afuera la familia. Hay que entender que nosotras no somos las únicas responsables del hogar, tiene que ser una responsabilidad compartida. Y también que no es un tema únicamente del ámbito privado, que la organización sindical tiene que contemplar eso”, describe Brandariz. Por su parte, la integrante del espacio Ecofemini(s)ta brinda más ejemplos: “Incluir a las madres en el mercado laboral es algo primordial a discutir. También temas relacionados al acoso laboral, que muchas veces son tratados livianamente y que para las mujeres son una carga tremenda, porque pasan la mayor parte del día en esos ambientes”.
Como un ejemplo de esta temática, Sotelo comenta que desde ATE impulsan un proyecto sobre “licencias parentales”. La idea apunta a poder adaptar los nombres al nuevo código civil, sin distinguir entre padre y madre, si no haciendo referencia al nacimiento (o adopción) y consiguiendo la paridad en los tiempos de licencia, lo que implicaría igualdad de responsabilidades respecto a los temas del cuidado del hogar. Otro punto que queda fuera de las negociaciones colectivas en la mesa chica de los sindicatos, son los jardines infantiles o lactarios, que al no haber, limitan la participación activa de la mujer en la actividad gremial. “La igualdad real de oportunidades y el acceso a los cargos jerárquicos también se pasan por alto en las discusiones salariales si no aparece nuestra voz”, aporta Sotelo.
«Las cuentas son claras: en la única central obrera que el Gobierno Nacional reconoce a la hora discutir, por ejemplo, cuestiones salariales, la ley es incumplida».
RIESGOS y DESAFÍOS
Desde los distintos espacios sindicales coinciden en remarcar la importancia de la creación de las múltiples Secretarías de Género o Igualdad. Entienden que son un avance, pero destacan que no es suficiente. Brosio describe: “La gente que participa en estos espacios ya tiene un interés preexistente sobre el tema. Y lo rico es ir a dar la disputa con los sectores que falta convencer”. En la misma línea, Brandariz plantea que la creación de este tipo de espacios muchas veces logra sectorizar los debates y reclamos: “Las Secretarías de Género son vistas como un lugar para la mujer, pero las Secretarías Generales no”, dice.
“Hay una alianza entre el patriarcado y el capitalismo que genera una división sexual del trabajo. Y ahí el sindicalismo debe dar pelea, porque los géneros y el trabajo organizan a la sociedad”, afirma Sotelo. Según señala, la mujer no solo debe ocupar cargos, sino que, desde esos lugares, no debe reproducir la segregación que hay en el mercado laboral. “El gran desafío es visualizar la falta de representación femenina en los sindicatos, que haya políticas transversales al respecto, hacia el interior de los gremios y no permitir que queden encajonados en el espacio de una secretaría en particular”, acentúa Sotelo.
REPRODUCCIÓN DE LAS VIEJAS ESTRUCTURAS
A mediados del mes de septiembre, el Gobierno Nacional otorgó un reconocimiento parcial a la nueva estructura de la CGT que había surgido en el Congreso de Unidad, celebrado en agosto en el estadio de Obras Sanitarias. Una de las demandas del Ministerio de Trabajo (aunque no la principal) hacia la conducción de la central obrera era el incumplimiento de la Ley de cupo sindical femenino.
No obstante, el miércoles 12 de octubre hubo una reunión en la sede de la obra social del gremio de la Sanidad entre el Ministro de Trabajo Jorge Triaca y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, con los líderes del Triunvirato cegetista Juan Carlos Schmidt, Héctor Daer y Carlos Acuña. Una semana después, se repitió el cónclave al que se le sumó esta vez un grupo de empresarios. En ese encuentro, con la promesa de un bono de fin de año de dos mil pesos, el Poder Ejecutivo logró desactivar, el paro general con el que los gremialistas amenazan debido al deterioro del salario real, los más de 100.000 despidos entre el sector público y privado o la necesidad de reapertura de paritarias, entre otras cuestiones. En esa mesa donde se tomaron decisiones que afectan directamente la vida de muchos trabajadores y trabajadoras, no había ninguna mujer.
Actualizado 25/10/2016
Sep 28, 2016 | inicio
“Necesitamos empleo para los desocupados, que se reabran las paritarias y se terminen los despidos”. Claudio Arévalo, vocal de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), resume los reclamos de la jornada de paro y movilización de los gremios estatales y docentes. Su columna avanza hacia el Congreso de la Nación. Es martes al mediodía y los trabajadores nucleados en ATE, CTERA y la Federación Nacional Docente inundan el centro de la Ciudad. La protesta se replica en actos y movilizaciones en las provincias de Córdoba, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Misiones y Entre Ríos, todos con el mismo objetivo que enunció Arévalo.
“Por un presupuesto sin ajustes”, señala una de las banderas centrales de la movilización. El secretario general de ATE, Hugo “Chachorro” Godoy, defiende la medida de fuerza y subraya que “el atraso de los salarios frente a la inflación es gravísimo”. Y advierte: “En el caso de los estatales, el paro es tanto contra el gobierno nacional como contra las gobernaciones y los municipios que deben reabrir la negociación salarial y reincorporar a los despedidos”.
Los docentes cierran la marcha frente al Ministerio de Educación, con el respaldo de la CTA Autónoma de Pablo Micheli, y la CTA de los Trabajadores que lidera Hugo Yasky. Si bien comparten una misma lucha en la calle, las diferencias entre las centrales salen a la luz. Así lo afirma Nora Velázquez, de la Organización Sindical Gastronómica de la CTA Autónoma, mientras avanza en la cabecera de la marcha que, luego del habitual recorrido por la histórica Avenida de Mayo, está por llegar al Congreso, brillante ante el sol del mediodía y el reflejo de los edificios espejados. “Ellos responden a Hugo Yasky que por doce años nunca se acordó de nosotros, los trabajadores, mientras estábamos en la calle”, se queja Velázquez. La otra marcha sale desde el Congreso Nacional hasta el Palacio Pizzurno.
Sin embargo, la diferencia central es con la nueva conducción de la CGT que todavía no definió la fecha del prometido paro general y en las próximas horas mantendrá una reunión clave con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.
“Seguiremos formando hombres y mujeres libres, críticos, y socialmente responsables que construyan una sociedad más justa e igualitaria en contra de lo que quiere (Esteban) Bullrich y el gobierno de (Mauricio) Macri”, denuncia Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) de la Ciudad de Buenos Aires, en el acto central frente al Ministerio. A su vez, Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, advierte que “no se puede incumplir las leyes que este mismo Congreso votó” y agrega que seguirán marchando hasta ver las escuelas públicas en condiciones y tener cargos docentes y salarios dignos.
Los trabajadores de la salud bonaerenses, agrupados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), se unen a la marcha en el contexto de la negociación paritaria tras el rechazo de la última oferta salarial oficial. “Nosotros estamos luchando por un aumento salarial, pero además por la incorporación de los trabajadores precarizados, que ya son cerca de mil compañeros”, explica Emanuel Álvarez, secretario general gremial del Hospital Narciso López. Además de reclamar el aumento salarial, los trabajadores de la salud advierten por las pésimas condiciones de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, y subrayan la necesidad de un aumento urgente del presupuesto para el sector, en especial en el segundo y el tercer cordón del Conurbano bonaerense.
“Los hospitales están devastados, hay una crisis sanitaria que se nota en las guardias desbordadas, en la falta de insumos y medicamentos, además de profesionales, técnicos, enfermeros y personal de mantenimiento, que son todos los que sostienen un hospital para garantizar la salud de la población”, concluye Álvarez.
La marcha de estatales llega al Congreso alrededor de las 13:30 y se mezcla con algunas banderas de CTERA que habían pasado por el Ministerio. “Si no hay respuesta -sentencia Arévalo- nos van a encontrar en la calle”.
Mirá la fotogalería de ANCCOM:
Actualizado 28/09/2016
Abr 27, 2016 | inicio
Daniel Catalano prepara el primer mate del día y se queja con una sonrisa por las pocas horas de sueño. “La gente a veces se confunde, porque te ve en la tele piensa que uno dejó de hacer lo que hacía antes”, bromea. Al frente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE – Capital), Catalano asegura que el presidente Mauricio Macri cree que los empleados públicos son “un gasto”, detalla el impacto de las cesantías en la implementación de políticas públicas, y refuta el argumento eficientista de la nueva administración con una radiografía certera de las condiciones de trabajo estatal. Además, pone en duda el impacto del acuerdo que el gobierno firmó esta semana con sectores empresarios para frenar los despidos por 90 días porque “no garantiza” un freno a la caída del empleo. Y advierte: “Si el Presidente veta la Ley Antidespidos, se va a generar una crisis social profunda”.
En una entrevista exclusiva con ANCCOM, el dirigente gremial también apunta sobre las diferencias entre las centrales sindicales y advierte sobre el “vedettismo” de algunos de los máximos referentes de ese universo. “La unidad del movimiento obrero no se da por la cúpula”, subraya.
¿Cuál es la situación del empleo público a partir de la asunción de Mauricio Macri como presidente?
En el Estado hay 270 mil empleados públicos de la administración nacional, que cumplen con distintas funciones. Allí tenemos constatados, por quienes recibieron telegramas, que hay 10.941 despidos, y entre municipales y provinciales, son 35 mil. Macri dice que en el Estado nacional hay alrededor de cuatro millones de empleados públicos y que existe un sobrante de un millón y medio. ¿Cómo construye ese número? Toma a todas las fuerzas de seguridad, desde el Ejército, Prefectura, Gendarmería, Policía Metropolitana, y a trabajadores municipales y provinciales.
¿Cómo afecta ese ajuste laboral a la implementación o marcha de políticas públicas?
Para el gobierno, los empleados públicos son un gasto. Y sus medidas y despidos afectan la organización del Estado. Por eso nosotros medimos cuál es el nivel de daño que se genera cuando despiden empleados públicos. No hacemos una defensa corporativa de las fuentes de trabajo -que también hay que hacerla- sino que evaluamos las consecuencias de afectar a las políticas públicas, como por ejemplo en Conectar Igualdad: echaste mil laburantes pero dejaste a cerca de seis millones de estudiantes sin conexión y contenidos educativos. Estas medidas alejan al Estado de la gente. Lo mismo sucede con el programa Progresar o el plan Fines para incentivar a los jóvenes a terminar sus estudios.
¿Cuál es la situación de los contratos que el gobierno nacional puso a revisión a partir del Decreto 254?
En el Ministerio de Salud hay 570 trabajadores que no firmaron el contrato, no saben si van a cobrar, y siguen estando ahí. No se los despidió pero tampoco hubo un acto administrativo que de prórroga para los contratos. Se supone que al 31 de marzo todos esos contratos deberían haber caído, pero después la estructura burocrática del Estado hace que todo pase; podés estar sin firmar contrato años y seguir laburando, el tema es que este gobierno echa sin causal. Lo que establecía el Decreto 254 era que el Estado iba a revisar a 70 mil empleados públicos y eso iba a arrojar una situación individual de cada trabajador. Nosotros hicimos infinidad de pedidos para que nos digan qué pasó con cada uno de los trabajadores, porque si dicen que hay causal de despido entonces lo tienen que demostrar. ¿Cómo determinás si hay ñoquis? Si hay ñoquis los jefes de Recursos Humanos firmaron por alguien que cobra sin trabajar. Lo loco es que acá en el Estado nacional no se rajó a un solo jefe de Recursos Humanos; y no hay un solo caso auditado o un informe que diga ´esta persona no tenía banda horaria, por eso la echamos´.
¿Y los empleados que son monotributistas o tienen contratos a través de la universidades?
Para Macri no son trabajadores del Estado, ellos dicen que en todo caso tienen una relación con la Universidad. Hay una pelea con el macrismo para que los reconozcan como laburantes porque son trabajadores que cumplen funciones para el Estado y que tienen un objetivo estatal, pero se terceriza la actividad a través de las Universidades.
¿Hay una tendencia del gobierno de Macri a priorizar el ingreso de funcionarios políticos en lugar de la planta administrativa?
Es así, armaron una pirámide y en el medio no hay nada. En la Ciudad hay sueldos de ocho mil pesos en la base, casi todos en planta –no todos, hay cerca de 15 mil que no, pero los van pasando a planta- y después hay una cúpula que cobra como monotributista, que tiene salario de hasta 200.000 pesos. Lo mismo están haciendo en el Estado nacional, pero en ese caso además están metiendo por decreto gente a planta, pero no te ponen como personal de limpieza, mantenimiento o administrativo, sino que son todos cargos ejecutivos. Ellos no achicaron al Estado, armaron un Estado muy bobo. Crearon cuatro Ministerios que no sirven para nada, crearon 45 cargos directivos con sus Secretarías y 15 Secretarías de Estado, con eso repartieron política. Además de cada Secretaría dependen coordinaciones y ahí es donde metieron toda la estructura. De hecho, en el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas echaron a 160 trabajadores del programa Progresar, con salarios de nueve mil pesos, y recontrataron a 400, con sueldos mucho más altos. Entonces ni siquiera están planteando que tienen un problema de desfasaje de guita, sino que se está cambiando al trabajador público.
¿Y el proceso de pase a planta y jubilaciones?
Creo que van a jubilar a 24 mil personas, que son las que están en edad de jubilarse, y van a abrir una planta, y la van a empobrecer como sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, que pasan a la gente con estabilidad laboral pero no con carrera administrativa, entonces pierden la antigüedad. Habrá muchos problemas, pero lo van a hacer. Van a decir: ´Nosotros pasamos a planta a la mayor cantidad de laburantes´ pero la realidad es que las condiciones en las que te dejan, no alcanzan ni siquiera para la supervivencia. Ellos también especulan con que los trabajadores renuncien, entonces te empobrecen, te dejan dos años con un salario de mierda y creen que te vas a ir al sector privado, pero no hay sector privado a donde ir. La gente se queda donde está, entonces termina empobreciéndose, como pasa en la Ciudad de Buenos Aires, donde el salario promedio es de nueve mil pesos y con eso no se puede mantener a una familia, pero igual no renuncia nadie. Están todos agarrados a los nueve mil pesos y termina precarizándose.
Esta semana es clave para la discusión parlamentaria del proyecto de Emergencia Laboral, pero el gobierno ya adelantó que vetará cualquier iniciativa en ese sentido…
En la Ciudad de Buenos Aires, de las 276 leyes que aprobó la Legislatura porteña, 130 fueron vetadas por Macri, es casi el 50%. Eso es un indicador. No elegimos un Presidente que camina de la mano de la institucionalidad. El tema es que Macri tiene que pagar el costo político de lo que va a hacer. Si veta, generará una crisis social profunda.
Esta semana, el gobierno firmó un acuerdo con los empresarios…
El acuerdo firmado es una postura política que no garantiza que no despidan trabajadores. Es un acto lamentable. Además, el acuerdo no contempla a los ya despedidos. No es retroactivo. Permite cambiar de trabajadores por lo cual podría seguir despidiendo.
En las audiencias del Congreso, también se vieron diferencias de posturas de las centrales sindicales…
Porque la CGT, que son los que tienen más peso político, estaba más preocupada por el Impuesto a las Ganancias que por los despidos. Dentro de las tres CGT la que más sufre es la de Antonio Caló porque tiene toda la parte de fábricas, que hay suspensiones y despidos, y también están los empleados públicos. No todas las Centrales están atravesando la misma crisis. De hecho (Luis) Barrionuevo sí, porque se están cerrando locales, pero no sé, no le debe molestar tanto. Lo que sí va a suceder es que esto en algún momento va a detonar, hay partes de la CGT que están más preparadas que otras. Caló viene laburando muy bien, viene discutiendo y frenando miles de despidos, hasta ahora hay suspensiones. Si no arrancaron los despidos es porque hay una CGT que está presionando y negociando para que aquellos que se enriquecieron en los últimos años, hoy pongan la plata.
“La unidad del movimiento obrero no se da por la cúpula”, advierte Daniel Catalano.
En ese contexto, ¿cómo articularon la organización del acto por el Día del Trabajador?
Nosotros venimos trabajando con más de 150 sindicatos de base que son de la CGT y de la CTA. Es un laburo previo que tiene que ver con cómo concebir una situación que no nos deje atados a la realidad de la CTA. Nosotros somos CTA pero pensamos que la unidad del movimiento obrero no se da por la cúpula. Entonces armamos una estructura de gremios de la CTA y la CGT. Le cuesta mucho más a la cúpula juntarse que lo que nos cuesta a nosotros, que nos juntamos una o dos veces por mes. Hablamos, planteamos nuestro marco de laburo, nuestras necesidades. De hecho en la Capital Federal articulamos con el subte y con docentes mucho antes que haya algún marco. Pero en las Centrales hay un problema de cartel, un problema de vedettismo. Los tipos ven el mundo de una manera muy distinta a como lo ven los trabajadores. Entonces hoy se articulan las cinco Centrales obreras que tienen una matriz de pensamiento que es inabordable; un Moyano y un Barrionuevo que son macristas; un Caló y un (Hugo) Yasky que son kirchneristas; y un Pablo Micheli que es más de izquierda.
Actualización 11/05/2016
Abr 20, 2016 | inicio
“¿Qué hiciste hoy contra el mosquito?”, se preguntan en el video, para responder, de inmediato: “Nada… Porque no nos dejaron”. El eslogan que parafrasea a los avisos oficiales y su contundente respuesta forma parte de una campaña impulsada por profesionales de la salud pública nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que ven con preocupación cómo se desmantela el proyecto al que dedicaron mucha pasión y horas de sus vidas. “Desde el 23 de diciembre hasta avanzado marzo el programa Organización Comunitaria en Salud estuvo totalmente paralizado”, contó a ANCCOM Camila Lynn, delegada de ATE en el Ministerio de Salud de la Nación.
Lynn se refiere a una iniciativa impulsada en octubre de 2014 que consistió en la formación de equipos interdisciplinarios para recorrer en unidades móviles especialmente equipadas las zonas consideradas vulnerables, con el objetivo de realizar campañas de prevención y controles sanitarios a sus pobladores, casi siempre de bajos recursos económicos y con escasas posibilidades de movilizarse hacia los centros urbanos para acceder a una atención digna. Durante más de un año, los profesionales del programa realizaron operativos en los lugares más carenciados, entre ellos las villas cercanas al Riachuelo, o lugares alejados del Conurbano bonaerense como Moreno, Merlo o Malvinas Argentinas. Zonas por lo general sin acceso de transporte público, ni pavimentos, y hasta sin agua corriente.
Pero no sería la única dependencia de dicha cartera que se encuentra prácticamente inoperativa. En los últimos días trascendió que el macrismo también pretende poner fin a la tarea de la Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores (DETV), una oficina encargada de generar políticas de prevención y control de trastornos como el Dengue, el Zika, el Paludismo o el Mal de Chagas. Es decir, en los meses en los cuales la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte sobre el riesgo de propagación de estos trastornos por América latina, el gobierno argentino decide desguazar los organismos que se ocupan de su contención.
Norma Romanello, Pediatra.
En video de corta duración –menos de un minuto- circula desde principios de marzo a través de Internet y en las redes sociales: decenas de rostros desfilan fugazmente por el ojo de la cámara mientras una sucesión de voces en off relata profesiones y quehaceres: “Somos obstetras, odontólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, pediatras, oftalmólogos, psicólogos, comunicadores sociales…” y apela a reducir la problemática de la expansión del Dengue, el Zika y el Chikungunya -todas enfermedades transmitidas por la picadura del mismo vector, el Aedes Aegypti- al interpelar al ciudadano común con preguntas directas: “¿Usaste repelente cada tres horas?”, “¿diste vuelta baldes y otros recipientes?”, “¿eliminaste neumáticos o botellas que no usás?”. Por otro lado, el video opera como recurso en la batalla discursiva para defender a los trabajadores estatales del estigma del “ñoqui”, al que el Gobierno recurrió desde su asunción, para justificar los despidos. “Hoy no pudimos vacunar a tu familia ni hacerle controles de salud (…) hoy no pudimos salir a hacer campañas de prevención”, insisten las voces del video, que cierra con una leyenda, que en rigor es un reclamo: “No al vaciamiento de la salud”. La pieza incluye estadísticas alarmantes: como consecuencia de la suspensión del programa habría hoy unas 18.000 personas sin la atención médica que éste les brindaba, unos 1.050 controles de embarazo sin realizar (la OMS advirtió que el Zika puede ocasionar en mujeres embarazadas trastornos graves a su bebé, como, por ejemplo, hidrocefalia), alrededor de 10.800 niños sin control de salud y aproximadamente 3.200 dosis de vacunas sin aplicar.
Lynn señaló que de los más de 100 trabajadores que en diciembre pasado integraban Organización Comunitaria en Salud sólo quedan unos 70. “Antes de comenzar el año intentaron despedir a 30, pero gracias a que nos movilizamos desde el gremio conseguimos reincorporar unos 15”, agregó la delegada. Sin embargo, cada caso es diferente y la incertidumbre laboral llevó a que los equipos se fueran desarticulando lentamente. Una de las caras que se turnan para aparecer en el video es la de Amelia Caresana. Es pediatra, tiene 60 años, y formó parte del proyecto desde la primera hora, cuando la Resolución N° 1770/2014 del Ministerio de Salud de la Nación oficializó su existencia.
“De un momento para el otro nos comunicaron que el programa se suspendía ‘hasta nuevo aviso’”, comentó Caresana en diálogo con ANCCOM, y aseguró que desde entonces muchos de los empleados siguieron con la obligación de concurrir al Ministerio todos los días, pero para permanecer las ocho horas de la jornada laboral en una oficina, sin posibilidad de retomar el trabajo territorial. Caresana admite que su realidad es menos dramática que la de muchos de sus compañeros. Beneficiada por un tipo de contratación más estable, continuó percibiendo su salario hasta febrero -ya no en marzo- sin tener que presentarse a su puesto de trabajo. La estabilidad económica de su familia no depende de la actividad en el Ministerio y en el peor de los casos su marido tiene trabajo. Su angustia pasa por otro lado: “Pusimos el corazón en este proyecto”. Al mismo tiempo, advierte que aunque el Gobierno intente reactivarlo el daño ya está causado. Durante marzo, reconoce, fueron convocados a reuniones con funcionarios designados por las autoridades para “ver qué se puede hacer” frente al escenario de avance del dengue, pero percibe de su parte “mucha improvisación”.
Según los datos difundidos el pasado 8 de abril a través del Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio de Salud, en lo que va del año ya son 23.759 los casos de dengue confirmados en todo el país y la cifra asciende a 47.741 si se consideran los casos probables o en estudio y también los descartados. A su vez, el Ministerio reconoce 22.940 casos autóctonos entre confirmados y probables y al menos unos 2.504 importados. El NEA -Nordeste Argentino- que incluye a las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, aparece como la región más comprometida, con 16.677 casos, considerando tanto los confirmados como probables, mientras que el centro del territorio nacional -provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Ciudad Autónoma de Buenos Aires- registra unos 4.362 casos. La situación en las restantes zonas del país, como el NOA -Noroeste Argentino que incluye a Catamarca, Jujuy, Salta, La Rioja y Santiago del Estero-, Cuyo –San Luis, San Juan y Mendoza- y la Patagonia –Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego- es menos alarmante, pero aún así el promedio total es de 110,7 casos cada 100 mil habitantes. A pesar de estos números, que surgen de las propias estadísticas oficiales, el gobierno insiste en anular los principales mecanismos políticos para evitar un posible agravamiento del panorama.
En lo que respecta a Organización Comunitaria en Salud, el alcance de las acciones implementadas por los equipos sanitarios excedía largamente la problemática del Dengue. Los móviles o simplemente, “los camiones”, como los llaman los trabajadores, incluyen ecógrafos, laboratorios e instalaciones para brindar servicios de odontología y oftalmología, fundamentales para las zonas vulnerables. Pero para prevenir puntualmente las enfermedades provocadas por el mosquito Aedes Aegypti se desplegaban campañas informativas en los mismos hogares de los barrios visitados. “Son viviendas muy precarias y cualquiera de los patios es un criadero de mosquitos”, precisa Caresana y remarca que en el pico de la epidemia el Ministerio de Salud mantiene a los miembros de los equipos sanitarios sentados en una oficina. Lejos de disimular su decepción por la orientación que ha tomado la política de salud pública en la era macrista, su diagnóstico personal sobre el futuro inmediato es todavía más desalentador: “Mientras nosotros estamos acá, el dengue sigue haciendo de las suyas”.
Sin choferes, no hay operativos
Durante marzo, acorraladas por la expansión del Dengue y el impacto de la problemática en la opinión pública, las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación comenzaron a considerar la necesidad de retomar los recorridos sanitarios. No obstante, tras desentenderse del trabajo de algunos de los profesionales del programa Organización Comunitaria en Salud, el Gobierno ya se había encargado previamente de crear un problema adicional: la interrupción de los convenios laborales con universidades nacionales.
Como explicó Lynn a ANCCOM, hasta la llegada de Macri a la presidencia las contrataciones en el Ministerio de Salud nacional se realizaban bajo dos modalidades: una es la conocida como “048” -en referencia al número de la resolución del año 2002 que estableció el marco regulatorio del empleo público nacional-, que, como detalló Lynn, “podría definirse como planta transitoria del Ministerio, ya que el trabajador cuenta con su recibo de sueldo y se le aplican las deducciones correspondientes al sistema formal, pero no alcanza la categoría de permanente”; la otra es vía acuerdos con universidades, que según la gremialista es la que corresponde a la mayoría de los trabajadores del programa: “Así como se suspendieron los operativos, lo propio ocurrió con los convenios, por lo que los trabajadores están con sus contratos caídos”, explicó Lynn.
Esta situación alcanza a los choferes de las unidades móviles, quienes de acuerdo con lo expresado por la dirigente sindical no cobran sus sueldos desde febrero ni sus viáticos desde diciembre. En semejante escenario, es impensado que los camiones salgan regularmente. Si bien Lynn afirma que ATE consiguió el compromiso de las autoridades de que va a normalizar el pago de los salarios de los conductores, al mismo tiempo asegura que “no están dadas las condiciones para enfrentar la epidemia del dengue”.
El Muñiz, desbordado
En el Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco Muñiz, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, un cartel colgado en uno de los pilares que decoran la vía de entrada y salida de las ambulancias oficia de guía para los visitantes. Enumera una serie de síntomas: “Fiebre, dolor de cabeza y detrás de los ojos, fuerte dolor muscular o en las articulaciones, vómitos, sarpullido”. También aconseja a quienes los experimenten no automedicarse. Son los signos orgánicos que advierten a una persona que podría estar padeciendo dengue.
Según la OMS, existen cuatro serotipos diferentes de la enfermedad -DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4- y cada uno supera en nivel de gravedad al estadío anterior. Si bien no existen tratamientos específicos, la detección oportuna y un control médico adecuado reduce el riesgo de mortalidad a porcentajes ínfimos, pero el escenario se complica cuando se producen re-infecciones -personas que ya lo padecieron vuelven a ser picadas por el vector- que pueden derivar en lo que se llama dengue grave o hemorrágico.
De acuerdo con el ya citado Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación fueron confirmados en el país cinco casos mortales en 2016. Dos de ellos ocurrieron en la Capital Federal y las víctimas –una mujer de 47 años y un hombre de 48- murieron internadas en el Muñiz. Una médica que trabaja en la Guardia del hospital, Norma Romanello, aclaró a ANCCOM que en ambos episodios los enfermos traían otras patologías de base, que agravaron su estado de salud al momento de presentárseles los síntomas de dengue. «La mujer, si bien era joven, era diabética, insulinodependiente, mientras que el hombre presentaba una inmunodeficiencia grave. Es decir, el serotipo de dengue que se vio en este brote es de tipo no hemorrágico», aseguró.
Los profesionales del hospital con los que dialogó ANCCOM coinciden en que, según sus cálculos, son más de 100 los pacientes que atienden diariamente por síntomas relacionados con el dengue. La demanda de atención durante la epidemia es de tal magnitud que las instalaciones del Muñiz son insuficientes para cubrirla. Por esa razón, el Ministerio aprobó desde mediados de marzo la presencia de una de las unidades móviles que habitualmente se utilizaban para los operativos del programa Organización Comunitaria en Salud. La misma se encuentra en el patio central del hospital, a pocos metros de la Guardia. Al lado se montó una carpa de color anaranjado a la que se acercan permanentemente personas a registrarse y realizarse los controles correspondientes en la unidad móvil.
“Estamos desesperados porque llegue el frío y los mosquitos mueran y la epidemia se termine”, confió Romanello, quien aportó el detalle de que durante los primeros días del año la mayor parte de las consultas eran realizadas por personas que provenían de Misiones o del Paraguay, pero a medida que avanzaba el verano comenzaron a multiplicarse las atenciones por casos autóctonos. Es sábado 16 de abril y la médica llegó a las 8 de la mañana al Muñiz y pasará allí las siguientes veinticuatro horas. Junto a sus colegas dedicará el mayor de sus esfuerzos durante la jornada para aliviar a los pacientes aquejados por los síntomas del dengue. Es todo lo que puede hacer, mientras espera la llegada del invierno.
Actualizada 20/04/2016
Amelia Caresana, pediatra dell Programa organización comunitaria de la salud, Ministerio de Salud.
