Ago 24, 2016 | destacadas
Colaboró Débora Campos
El cartel pegado en la pared despabiló al personal de la unidad sanitaria Nº 1 Dr. Springolo, de El Palomar, en la mañana del sábado. Con logo del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) y del municipio de Morón, comunicaba a los médicos que, “de acuerdo a las leyes vigentes deberá efectuar la denuncia policial obligatoria” ante la “sospecha de aborto”. En la comuna que gobierna el ex marido de la gobernadora María Eugenia Vidal, Ramiro Tagliaferro, la directiva oficial despabiló, además, a organizaciones de mujeres, partidos políticos y sindicatos que rápidamente denunciaron la caza de brujas y lograron, tres días después, el apartamiento de dos médicos a los que se responsabilizó por la campaña.
“Prueban con estas acciones. Si pasa, pasa y lo formalizan con una norma. Si no, eluden las responsabilidades y dicen que fue un error”, explica Romina Pereyra, secretaria de Género de la CTA, zona oeste. Pero no fue un error.
“La directiva provino de un funcionario designado por este gobierno y expresa la decisión política de una administración claramente conservadora que busca, por todos los medios, retroceder en los derechos logrados durante los últimos años”, denuncia el concejal por el Frente para la Victoria de Morón Hernán Sabbatella. Además, el referente kirchnerista presentó un pedido de informes y una declaración de repudio que buscará que sean tratadas sobre tablas por el Concejo Deliberante moronense este jueves.
Las primeras reacciones, apenas horas después de la aparición de los carteles con la directiva oficial, fue la de los médicos y la de las organizaciones feministas del Oeste. “No existen leyes ni reglamentos que obliguen a hacer tales denuncias, que violan los derechos humanos de las personas que se atienden en el sistema de salud, garantizados por la Constitución Nacional y Provincial, Tratados Internacionales, las leyes de derechos del paciente, de violencia contra las mujeres, de protección integral de derechos de los/as niño/as, protocolos de atención, entre otras”, denunciaron a través de un comunicado de prensa.
“El movimiento de Mujeres del Oeste y Las Rojas salimos inmediatamente a hacer una campaña informativa”, completa Manuela Castañeira, militante de Nuevo Mas, ex candidata a presidenta en 2015 e impulsora de la lucha por el aborto legal en la Argentina. “Es importante insistir en que es ilegal obligar a los médicos a realizar una denuncia policial. Además, hay sobrada jurisprudencia en el país que protege la intimidad de las pacientes, impide la criminalización y señala que no se puede detener a una mujer que abortó”, agrega.
La referencia al caso Belén, entonces, es inmediata. Sobre todo, porque la directiva apareció pegada en las paredes apenas horas después de que la justicia de Tucumán liberara a la joven de 27 años que estuvo presa durante dos años por un aborto espontáneo. “Es claro que no se puede separar la ilegalidad de la interrupción de un embarazo y la criminalización de las mujeres. Este tipo de directivas cristaliza y evidencia la política del Estado”, remata Castañeira.
Apenas se conoció la comunicación municipal, las organizaciones de mujeres exigieron la inmediata renuncia de Alberto Daniel Araujo y Marco Marine, coordinador administrativo y coordinador médico del centro de salud de El Palomar, entre otros funcionarios provinciales. Tres días después, con una presión creciente y la repercusión en los medios que comenzaba a multiplicarse, Tagliaferro pegó un volantazo, se deshizo de dos funcionarios y le echó la culpa a la gestión anterior.
A través de un comunicado oficial, el Municipio informó que había inciado un sumario administrativo y separado de su cargo al coordinador médico del centro de El Palomar, el médico Mario Marine, sobre el que, aclararon, “se desempeña como profesional en el Municipio hace veinticinco años”. También el coordinador administrativo, Daniel Araujo, corrió la misma suerte.
Además de apartarlos, la administración del ex marido de Vidal se desvinculó de lo sucedido: “Esa política no representa las opiniones ni las políticas sanitarias del Municipio de Morón”, apuntaron y señalaron que el responsable de haberla impulsado no era otro que el coordinador médico Marine y su compañero Araujo.
Pero, además y en el mismo texto, buscaron explicar que los carteles “que instaban a denunciar las sospechas de aborto son parte de una burda operación política por parte de quienes, durante el gobierno anterior, no hicieron más que atentar contra la salud pública”. Es decir: la culpa es de los médicos nombrados por Tagliaferro y, además, de la oposición política. De todos juntos y al mismo tiempo.
Pero Romina Pereyra, de la CTA, amplía la mirada y explica que la política municipal de Morón es clara: ajuste y desguace de áreas y programas sanitarios y de inclusión. “Reduce el presupuesto y con eso achicaron las posibilidades de intervención de las consejerías (creadas en 2014) para reducir riesgos en situación de embarazo no planificado. Por primera vez, encontramos que vecinas de Morón vienen a atenderse a La Matanza cuando, tradicionalmente, el flujo era el inverso”, revela.
“Ya han tenido problemas porque esta es una gestión que no acepta los avances logrados en materia de derechos de las mujeres”, completa Sabbatella. “Despliegan políticas discriminatorias y estigmatizantes. Ante una situación de presunta violencia, en vez de seguir implementando el protocolo de atención a las víctimas se recurre a la denuncia compulsiva sin la intervención profesional pertinente”, cuestionó.
Mario Marine y Daniel Araujo están en sus casas suspendidos de sus cargos. El cartel fue retirado de la unidad sanitaria de El Palomar. Pero la organización Mujeres del Oeste denuncia que faltan anticonceptivos y misoprostol (necesario para garantizar las interrupciones legales del embarazo). Se está desmantelando el servicio de dudas en el Hospital de Morón, y no mandan médicos al consultorio de diversidad. Si pasa, pasa. Y en Morón, parece que son demasiados los derechos que quedan en el camino.
Actualizado 24/08/2016
Abr 5, 2016 | destacadas
Lucrecia, la protagonista de la obra, tiene que decidir en 60 minutos si seguir o no con su embarazo. Ese es el eje central de Descansa, la historia creada y dirigida por Pilar Ruiz, que plantea el tema del aborto de una manera frontal y propone a cada espectador imaginar su propia decisión.
Cerca de Lucrecia (papel interpretado por Romina Oslé), está su madre ( a cargo de Susy Figueroa), que le habla acerca de trivialidades mientras ella transita un proceso de aborto con pastillas de Misoprostol. Lucrecia está ensimismada, sentada en el inodoro, con signos de perturbación y una necesidad imperiosa de quedarse sola. Pronto, una voz en off -desencadenada por Verónica Cognioul Hanicq, quién también mantendrá el tempo de la obra a través de sonidos-, proporciona a Lucrecia las voces de su conciencia. Verónica está rodeada de juguetes de cuna, que irá haciendo sonar en diversas ocasiones. Las voz habla desde el sentido común, pero también presenta las contradicciones que la misma Lucrecia atraviesa cuando apenas le falta la última toma para terminar con su aborto.
Las voces se mueven como pensamientos, revueltos en la cabeza de Lucrecia. Su madre trae regalos para el bebé y le comenta sobre su infancia. Lucrecia solo quiere estar sola, aferrada a ese inodoro, el último testigo de su actuar, que implica una manera de pararse frente a la vida y la sociedad. Lucrecia no eligió ser madre, no quiere serlo. Sufre y se encadena a las pastillas que podrán acabar al fin con su suplicio.
Según estadísticas de la agrupación militante feminista Pan y Rosas, en América Latina se realizan cerca de 4,4 millones de abortos al año y más del 90% de ellos se practican en condiciones de inseguridad: abortos clandestinos que recurren a métodos artesanales con alto riesgo de terminar con la vida de las mujeres que lo practican o, al menos, serias secuelas. Muchos de ellos, incluso, son autoinducidos.
La organización señala también que el 70% de los abortos se realiza en barrios carenciados. Cabe recordar que en Argentina no rige la interrupción del embarazo irrestricta, y solamente en algunos casos esa práctica no es punible. Descansa apunta de lleno a esa problemática.
Con respecto a la obra, Romina Oslé cuenta: “Trabajé sin ideas previas, transitando el material y viendo que tono muscular aparece. Sobre todo en un personaje como Lucrecia, que es una mina común y corriente. Hay algo de la vulnerabilidad que te genera estar sola en un baño. Lo que más trabajé fue cómo maneja ella esta sobreinformación que le proporcionan los mensajes que le llegan”.
Descansa le propone a este personaje mucha quietud y, por ende, se puede trabajar desde la mirada, desde la respiración. “Hay algo en lo que ella está muy segura, pero estas fuerzas opuestas, reflejadas en el rol de la madre, como pensamiento del otro, como los sentimientos y pensamientos de la madre, aportan conflictividad porque en algún momento tiene que enfrentar a su madre a sabiendas de lo que iba a pensar”, señala Romina y agrega: “Nosotros trabajamos tratando de no dejar un solo mensaje, sino abrir interrogantes y territorios de pensamientos y posibilidades de acción. Por hacer un reduccionismo hay como tres polos: la sociedad, la madre, el sentido común instaurado, ese triángulo que no deja de ser un binomio porque tanto Lucrecia como la madre están atravesadas por esto y hay un equilibrio casi total en las formas de pensar. Y según como esté parado cada uno de las personas que vienen a ver la obra ven de qué lado pararse, según sus creencias.”
En «Descansa, Lucrecia, la protagonista de la obra, tiene que decidir en 60 minutos si seguir o no con su embarazo
Para la dramaturga y directora Pilar Ruiz, “la idea no fue escribir a partir de un tema sino a partir de una imagen, que era una mujer encerrada en el baño embarazada y del otro lado una madre. A partir de allí desarrollé diferentes escenas y fue apareciendo la obra. La imagen surgió por un camino personal propio, a partir de pensarme como mujer en la sociedad de hoy”.
Además, dice Pilar: “En la obra se trató de dar lugar a todas las voces donde el personaje de Lucrecia va decidiendo según sus circunstancias y cada espectador se queda con la voz con la que más empatiza. Sí hay un deseo de mi parte y es que la voz de Lucrecia pueda ser comprendida. Creo que es tiempo de que el debate se encause de una vez, abortos hay y hubo siempre, es una realidad de la que como sociedad no nos estamos haciendo cargo. No solo por el hecho de que no se le permite a la mujer elegir libremente, sino que además mueren mujeres. Con la legalización no es que va a ver más o menos abortos, sino que va a haber menos mujeres que mueren”.
En tanto, en relación a la parte propositiva del tema, la directora señala: “En Uruguay se legalizó y no hay más muertes por aborto. Con una medida que legalice el aborto, tienen que haber otras medidas que acompañen. Una buena Ley de Educación Sexual y mucha más concientización y difusión del hecho de que en los hospitales públicos hay anticonceptivos. Hay muchas instancias antes de llegar al aborto, y deben conocerse, visibilizarse”.
Lucrecia sobrevive a las voces que la acosan y termina contándole a su madre lo sucedido. Su mamá oficia de voz de la sociedad, le dice que es un hecho que nunca olvidará. Lucrecia le grita “mis ovarios son míos” y “con ellos puedo hacer lo que quiero”. Su madre termina consolándola y quedándose con ella a cuidarla. En cierta forma, entiende su decisión, y como ella repite en la obra, el hecho de que los hijos no son lo que queremos de ellos, son lo que son.
A modo de cierre, Pilar agrega: “Esto es teatro y creo que el arte, además de la función de entretener y de conmover, en el sentido de modificarte, también es importante que te deje pensando. Los artistas tenemos la responsabilidad de que el que vea una obra de arte debe irse con dudas, con preguntas, abriendo posibilidades”.
Al salir de Descansa a cada espectador se le entrega un flyer, con pastillas dibujadas en él, que lleva la leyenda: “De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Misoprostol es un medicamento seguro y eficaz para el aborto hasta la semana 12° de embarazo. No se acumula en el cuerpo de la mujer ni causa daño o infertilidad. Se usa en hospitales para el tratamiento del aborto incompleto, para ayudar a inducir el parto y para tratar y prevenir la hemorragia post-parto. Debido a todos sus beneficios, el Misoprostol está incluido en la lista de medicamentos esenciales para la humanidad según la OMS, por lo tanto todos los países deberían tenerlos en sus planes de salud “.
La obra puede verse todos los domingos a las 20:30 horas en La Pausa Teatral, Av. Corrientes 4521.
Actualizado 05/04/2016
Abr 8, 2015 | inicio
En el marco de los 20 años del plan más importante por la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (Acción Beijing de ONU Mujeres), 164 países presentaron sus informes nacionales detallando avances, retrocesos y tareas.
En Argentina, la interrupción voluntaria del embarazo aún se presenta como una de las causas principales de mortalidad materna y adolescente. En el apartado La mujer y la Salud se menciona que sólo en 2010 representaban el 21% de las defunciones registradas.
Empero, la problemática “no está en la agenda del gobierno”, según anunció el jefe de gabinete Aníbal Fernández, contradiciendo al nuevo ministro de Salud Daniel Gollán, quien se había pronunciado a favor de un debate maduro sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Desde 1921 -e incorporado para regular los “delitos contra la vida”-, rige en el país la penalización del aborto con permisos por razones de salud de la mujer. El artículo 86 del código penal explicita que excepto en casos de violación sobre una mujer idiota o demente (abortos sentimentales), o bien cuando corre peligro la vida de la madre (abortos terapéuticos), la interrupción voluntaria del embarazo es un delito con pena de uno a cuatro años de cárcel.
Este tipo de legislación, que opera en países como España, Polonia y Perú, comprende al 13,2% de la población actual.
Pero en estos casos la ley no siempre se cumple. Uno de los principales obstáculos es la organización de la República como un Estado Federal: “Cada provincia tiene sus propias guías o protocolos y así a las mujeres que requieren un aborto legal en una provincia les piden ciertos requisitos que no les piden en otras, siendo éstos, obstáculos para acceder a su derecho de manera igualitaria. Lamentablemente, si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo reiteró en marzo de 2012, el Ministerio de Salud no ha aprobado el protocolo por resolución ministerial de modo que se garantice su aplicación en todo el país. En este momento solo ocho provincias se adecuaron”, explica Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), refiriendo al histórico fallo «F.A.L. s/medida autosatisfactiva», el cual exhorta a todas las provincias a cumplir el protocolo hospitalario sobre abortos no punibles especificados en el código penal. De esta forma, aún se trabaja con guías técnicas inexistentes o restrictivas que están sujetas a otro factor de impedimento: la voluntad y el abuso de poder de los objetores de conciencia personificados en jueces, abogados y médicos que no solo se niegan a brindar la información necesaria sino que imponen su moral y creencias religiosas para obstaculizar y retrasar el proceso avalado por la ley.
Consecuencia directa del manejo libertino de las provincias y la punibilidad de los abortos inducidos -que los llevan a convertirse en inseguros y clandestinos- son los pronunciamientos en contra de la Argentina por parte de distintos organismos internacionales, tales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, quienes consideran que el artículo 86 vulnera los derechos de las mujeres por atentar contra la vida, la salud, la seguridad y la autonomía. Otro llamado de atención provino a fines del mes de febrero desde Amnistía Internacional, organización mundial que solicitó en una carta abierta dirigida a Cristina Fernández de Kirchner -quién más de una vez se manifestó en contra del aborto- que el tema se tratase con suma urgencia en la Cámara de Diputados al ser su despenalización un “imperativo de derechos humanos”.
Aún así, el debate no logra imponerse en el Congreso: “El problema es la falta de voluntad política de funcionarios que responden a sectores resistentes, religiosos o no. La sociedad desde hace años empezó a debatir el tema y lo hizo como resultado de una estrategia de las ONG y feministas que promovieron la denuncia de casos denegados con graves consecuencias para las mujeres”, comenta Bianco. La organización que preside -creada en 1989- informa en sus últimos documentos que la tasa de mortalidad materna por abortos clandestinos en la República Argentina se encuentra en aumento desde 1995.
Parte fundamental de esta estrategia colectiva es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, movimiento activo desde 2005 en el cual convergen más de 300 organizaciones sociales, activistas y militantes. Agustina Vidales Agüero, integrante, comenta sobre sus múltiples iniciativas: “Nosotras ponemos toda la lucha y la fuerza en las calles, en todos los ámbitos y espacios pero eso sirve para meter presión y que se debata en donde se tiene que debatir, en el Congreso. Hace un tiempo los medios y los periodistas no hablaban de esto pero hoy es un tema que importa, que está en la agenda de la sociedad”.
Con un único objetivo, y partiendo desde su lema integral “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, La Campaña desarrolló un proyecto de ley compuesto por 12 artículos.
Antecedentes de este tipo, no existen. En la actualidad -y en materia de salud y libertad reproductiva-, Argentina cuenta con dos leyes nacionales: el programa nacional de salud sexual y procreación responsable (25.673), y el programa nacional de educación sexual integral, parte de la enseñanza escolar (26.150).
Sin embargo, ninguna de las dos parece funcionar con la eficacia esperada: “El presupuesto para educación sexual es ínfimo. Es voluntad de los docentes capacitarse”, sentencia Vidales Agüero. “Ni hablar, por ejemplo, del reparto de métodos anticonceptivos… Esas son leyes que tenemos pero por las que seguimos luchando, porque necesitamos educación sexual para tener relaciones más igualitarias, anticonceptivos para decidir cuándo queremos y cuándo no… Pero la ley de interrupción voluntaria tiene que estar. Tenemos que poder decidir sobre nuestros propios cuerpos”, explica.
En vías de ampliar el poder de elección de todas las mujeres, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) no apunta sólo a la despenalización sino también a su legalización. No considerar delito a las prácticas abortivas no es suficiente. Se busca que el Estado garantice el acceso a la práctica gratuita de la intervención médica en los sistemas de salud público y privado, sin autorización judicial previa a las mujeres de todas las clases sociales durante los primeras doce semanas de gestación: “Es una cuestión de justicia social que todas las mujeres tengan las mismas oportunidades de cuidar su vida y su salud”, opina Bianco y agrega que “las que mueren por abortos clandestinos son en general las más pobres. Las que pueden pagar una intervención segura o recurrir a apoyos para lograr un aborto seguro quirúrgico o medicamentoso lo hacen sin problema, el resto arriesga nada menos que su vida”.
Pero si bien el proyecto cuenta con el apoyo de un gran número de diputados, la pelea es abandonada en los momentos clave de discusión: “En estos diez años llegamos dos veces a que se trate en Legislación Penal, la primera comisión. Pero nunca llegamos a Salud y a Familia. Nunca pasamos de ahí”, cuenta Vidales Agüero. La propuesta fue presentada -y cajoneada- ya cinco veces. “Hay firmantes de todos los bloques que luchan dentro de sus espacios pero eso no se traduce en un avance. La última vez fue un bochorno”, relata sobre lo acontecido el 4 de noviembre de 2014. Ese día hubo muchos diputados ausentes. Nos llevaron a un debate en una comisión que no se daba. Algunos se excusaron pero claramente hubo un acuerdo entre el PRO y el kirchnerismo. Parece que firmar el proyecto es un gesto políticamente correcto que hay que hacer. Me pongo el pañuelo, me saco la foto y ahí se acabó, cuando esa palabra debe valer. Están tomando un compromiso con un montón de mujeres, organizaciones y activistas que estamos luchando todos los días para que este proyecto salga”, critica.
Mientras tanto, entre idas y vueltas, con declaraciones que van y respuestas que vienen, miles de mujeres siguen abortando, lo cual demuestra que el intento de invisibilización y castigo no detiene lo que sucede puertas para adentro de una casa o centro clandestino: “Cuando una mujer decide interrumpir un embarazo lo hará de cualquier forma. Que el aborto esté penalizado por la ley no desalienta ni disuade a hacerlo. Por lo tanto la criminalización es una medida absolutamente ineficaz. Sólo sirve para obligar a las mujeres a hacerlo en condiciones inseguras e insalubres”, explica Mabel Bianco.
Esas condiciones son las mismas que, muchas veces, matan. Muertes que el proyecto busca evitar: “Porque no importa si son miles de mujeres las que mueren o menos de cien”, enfatiza Agustina y luego, cuestiona: “Si hay leyes que salen como trámites… ¿por qué tanta resistencia con esta? ¿Es darnos demasiada libertad? Es una pelea dura. Pero justamente por eso hay que darla”, cierra.
El próximo round será en 2016.
Las fotografías fueron realizadas por el equipo de reporteros gráficos de ANCCOM integrado por: Romina Morua – Noelia Pirsic – Deborah Valado – Andrés Wittib – Daniela Yechúa
