Abr 29, 2016 | destacadas
El primero en tomar el micrófono fue Pablo Micheli, titular de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma: «Esto recién empieza. Más unidad y más lucha. Y si no escuchan, habrá paro nacional», advirtió. Le siguió el líder de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, quien declaró: “Hoy empieza una historia distinta. El movimiento obrero unido está de pie pidiendo respeto al trabajo y al trabajador”. En tanto, Antonio Caló, titular de la Confederación General del Trabajo (CGT) sede Alsina expresó: “Vamos por la unidad: hacer una sola CGT”, y agregó que la fecha para dar ese primer paso será el 6 de junio con vistas a cerrar el acuerdo el 22 de agosto, día del histórico renunciamiento forzado de Eva Perón a la candidatura a la vicepresidencia. El cierre del acto estuvo a cargo de Hugo Moyano, titular de la CGT-Azopardo. “¿Cuáles son las medidas para detener la inflación desbordante, que en cuatro meses ya alcanza el 40 por ciento? ¿Cómo es posible que hayan tomado medidas inmediatas en otros sectores y no contra la inflación?”, resaltó el líder camionero. Ante una convocatoria multitudinaria, la casi totalidad de las centrales sindicales realizó una contundente demostración política, de cara al tratamiento de la ley antidespidos en la Cámara de Diputados.
Un enorme escenario instalado frente al Monumento al Trabajador, ubicado en la intersección de las Avenidas Paseo Colón e Independencia, fue el espacio central del acto. Cientos de miles de trabajadores concurrieron desde distintas regiones del país, le dieron un marco imponente a la jornada y demostraron la capacidad de movilización del gremialismo. De la protesta también participaron, en este y en otros puntos del país, diversas organizaciones sociales, partidos políticos y ciudadanos autoconvocados.
Integrantes de las CGT más fuertes y las dos CTA confluyeron en un mismo escenario, lo que fue un hecho inédito después de años en que no se reunían. El único ausente fue Luis Barrionuevo, representante gastronómico y titular de la CGT Azul y Blanca, que se reunirá el 1 de mayo con el presidente Mauricio Macri.
La apertura política del acto había estado a cargo del dirigente de la CGT moyanista Juan Carlos Schmid, quien leyó un documento consensuado por todas las centrales sindicales presentes, en donde enumeraban las promesas incumplidas del macrismo y el aumento de la pobreza y la inflación, entre otros puntos.
Emiliano Balaguer, presente en el acto, integra la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en el área de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). “Buscamos mayor estabilidad laboral y la apertura de paritarias. También queremos poner énfasis en la reincorporación de los 330 trabajadores despedidos en la SRT a lo largo y a lo ancho de todo el país”, señaló a ANCCOM. “También nos manifestamos en contra de la precarización laboral que heredamos de las anteriores gestiones del Estado y que son también responsables de que estos 330 compañeros estén hoy en la calle”, agregó.
En cuanto a su expectativa, Balaguer declaró: “Si no hay una respuesta del Gobierno Nacional hacia estos reclamos masivos es muy probable que haya un paro a nivel nacional. Yo estoy hoy acá por eso. Si no, es una marcha folklórica más que no termina en ningún beneficio para las mayorías. Y después sí, podemos luchar por intereses sectoriales, pero hoy tenemos que atender los reclamos de los que se han quedado en la calle”.
Además del cese de los despidos y contra la política de ajuste que viene implementando el gobierno de la alianza Cambiemos, otros ejes de los distintos discursos se focalizaron en la inflación, los aumentos tarifarios, la devaluación, el pedido de 82 por ciento móvil para los jubilados, la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, la criminalización de la protesta social, entre otros.
Hugo Yasky, titular de la CTA de los Argentinos.
Luis Carlos Osorio, que se presentó como integrante de la organización “Macri, pará la mano”, afirmó: “Pedimos que el Gobierno Nacional dé marcha atrás con las medidas antipopulares: reincorporar a todos los estatales despedidos y revertir el tarifazo. Los hospitales de la provincia de Buenos Aires llevan quince días sin atención al público, entre ellos, el ‘Hospital Fiorito’ de Avellaneda. Hay comercios, en esta misma zona de la provincia de Buenos Aires, que están por cerrar porque no les dan los costos, y esto lleva a más despidos en el área privada”. Asimismo, añadió: “Espero que Macri reaccione y se dé cuenta que el pueblo está movilizado en espera de un paro nacional. Que Macri deponga su actitud de favorecer a los sectores concentrados, como el de los bancos”.
En tanto, Fernando, quien integra el movimiento peronista 26 de Julio manifestó: “Siempre es importante que el movimiento obrero se exprese porque es el principal sujeto de transformación de la historia”. Y consideró: “Hoy hay un hecho histórico, que es la unión de las grandes centrales de los trabajadores después de tanto tiempo”.
Respecto a la razón de la tardanza en una convocatoria masiva por parte de las principales centrales obreras el militante opinó: “Coincidímos con compañeros del ámbito sindical en que la dinámica del movimiento obrero tiene otros tiempos. Y es verdad que se tardó en una convocatoria masiva frente al ajuste, los despidos, el aumento de precios y demás, pero hay centrales regionales del interior del país que se vienen movilizando con medidas de lucha durante toda esta etapa”. Por otra parte, afirmó: “Nos gobiernan gerentes de las multinacional, que son expresión de los sectores financieros internacionales. El Gobierno no tiene políticas justas para dar respuesta a la crisis”.
Por su parte, Juan Pablo Minetti, secretario de Comunicación de la Unión Informática, declaró: “Este encuentro es histórico porque el Gobierno actual está tomando medidas a favor de muchos grupos económicos concentrados y está retrasando la toma de medidas a favor de los trabajadores”. Además, explicó su postura sobre el accionar del sector privado: “Hoy lo que más nos preocupa es el tema de los despidos; las empresas están aprovechando la vía libre que da el Estado para dejar compañeros sin su fuente de laburo”.
Por último, Minetti advirtió: “Buscamos hacer una llamada de atención al Presidente sobre la ley antidespidos, y estoy convencido de que el Gobierno va a recibir este mensaje y va a actuar en consecuencia, es decir, no va a vetar esta ley tan necesario en estos tiempos de tanta gente en la calle. Porque si lo hace habrá una manifestación mucho más grande que esta”.
Actualizado 29/04/2015
Abr 26, 2016 | inicio
El futuro de fábricas y empresas recuperadas está en riesgo. Debido al aumento desmedido en las tarifas de luz y gas, la devaluación creciente, y la suba en los transportes públicos que encarecen el traslado de los trabajadores a su lugar de empleo, algunas cooperativas podrían tener que cerrar sus puertas. El martes 20 de abril, representantes del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y la Confederación de Trabajadores de Economía Popular (MNER-CTEP) tomaron el Ministerio de Energía y Minería para exigir que se los incluya dentro de la tarifa social. Por otra parte, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) se reunió el jueves con el legislador José Cruz Campagnoli, de Nuevo Encuentro, para presentar un proyecto de ley similar.
Eduardo Murúa, presidente del MNER y trabajador del IMPA, explicó a ANCCOM que desde que se conoció la resolución de aumentar los servicios, las cooperativas agrupadas han solicitado una audiencia al ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren. Ante la falta de respuestas, decidieron movilizarse y tomar las instalaciones. “Logramos tener una reunión con el subsecretario de coordinación administrativa Sebastián Scheimberg, que entendió el reclamo pero no dio ninguna solución”, explicó. Si bien el planteo inicial de MNER-CTEP era volver al monto anterior a la suba, lograron que se firme un acta de acuerdo donde el Ministerio se comprometió a crear un registro para rever la situación de cada una de las empresas recuperadas del país, con la finalidad de acceder a una tarifa diferenciada de servicio eléctrico. “Nosotros le pedimos hacer el esfuerzo de seguir conversando durante los próximos diez días para ver si se podía hacer algo en común, y no algo que contemple a cada una por separado. Pero bueno, en principio es lo que conseguimos”, aclaró Murúa.
Las fábricas y empresas recuperadas son fruto de la crisis política, económica y social que explotó en el país en 2001, pero que venía gestándose principalmente desde la dictadura del 76. Destrucción del Estado garante de derechos, reducción salarial masiva, concentración de la riqueza, endeudamiento externo desmesurado, desocupación y obediencia a las recetas del FMI son algunas de las medidas que se iniciaron en aquel entonces y que, durante el menemismo, se llevaron al extremo hasta que muchas empresas quebraron o fueron vaciadas por sus dueños.
Según explica el colectivo lavaca en su libro Sin Patrón –que recoge la historia de 166 empresas recuperadas en Argentina– en la década del noventa la estrategia de la represión se cambió por la del desempleo y la exclusión social: la desaparición económica de las personas. Con el trabajo flexibilizado y los despidos masivos, nació una “no” clase, sin derechos y solo preocupada por la mera subsistencia. En ese contexto, que terminó de complejizarse durante la presidencia del radical Fernando De La Rúa, fábricas y empresas empezaron a vaciar y cerrar sus establecimientos. Ante esa situación, los despedidos tomaron sus lugares de trabajo, y volvieron a ponerlos en funcionamiento a través de cooperativas.
Carlos Saso, presidente de la Cooperativa Maderera Córdoba, recuperada por sus trabajadores.
¿Por qué una cooperativa? lavaca esboza tres razones. En primer lugar, porque de esta forma no son heredadas las deudas, delitos y penas del anterior propietario: solo se recupera la producción. En segundo lugar, son organizaciones que reconocen el trabajo y la solidaridad como capital suficiente para iniciar una empresa. En tercer lugar, construir una sociedad en Argentina tiene un costo económico mucho mayor que darle forma legal a una cooperativa. Además, tienen dos características fundamentales. Por un lado, sus miembros no cobran un salario, sino que se reparten los excedentes. Y por el otro, los socios que se retiran no tienen derecho a reclamo indemnizatorio, ya que el único valor de la constitución es el trabajo. Incluso, si la sociedad entera se disolviera, el estatuto determinará a quiénes deberán donar los fondos.
La tradición del veto
Mauricio Macri, durante su gestión al frente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vetó dos normativas que beneficiaban a las fábricas y empresas recuperadas. El régimen de protección de estas cooperativas, en la ciudad de Buenos Aires, comenzó en 1999, a partir de la ley 238 promulgada por Aníbal Ibarra, que se prorrogó hasta 2011 mediante otras dos leyes –la 1529 y 2970-, sancionadas en 2004 y 2008 respectivamente. En 2011, Macri vetó la ley 4008 aprobada por unanimidad en la Legislatura porteña, que establecía extender la protección unos años más, como lo hicieron las normas anteriores. Pese a eso, los distintos bloques trabajaron y redactaron una nueva norma, la 4452, con el propósito de resguardar esas experiencias productivas colectivas. Pero también terminó en el veto macrista.
A diferencia de lo ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, en 2011 se modificó la Ley Nacional de Quiebras y Concursos. Esa reforma facilita que los trabajadores organizados en cooperativas se hagan cargo de la empresa, tomando como moneda de pago todos los créditos laborales al momento de la quiebra, incluida la indemnización, salarios caídos y otras remuneraciones y derechos no abonados.
En los últimos meses, la situación de los trabajadores de las empresas recuperadas ha ido desmejorando. Las ventas han decrecido y los servicios y bienes necesarios para vivir aumentan cada vez más. La suba de la luz, según dijo Murúa a ANCCOM, en algunos casos llegó a siete veces más que la tarifa anterior. “El conjunto de medidas del gobierno actual no solo provocó una caída en las ventas de las empresas recuperadas, sino también una devaluación que afecta directamente al salario de los trabajadores y una recesión en toda la economía”, opinó el presidente de MNER.
El taller gráfico Conforti, ahora Cooperativa Gráfica Patricios, fue creado en 1952.
Gráfica Patricios
El taller gráfico Conforti, ahora Cooperativa Gráfica Patricios, fue creado en 1952. En marzo de 2003 comenzó la toma y posterior recuperación del establecimiento, ya que desde 1998 Raúl Gonzalo, su antiguo dueño, no pagaba a sus empleados lo correspondiente (en la Navidad de 2002 llegó a darles un paquete con diez monedas de un peso). Durante 2002 y 2003, no solo se incumplían los salarios, sino que comenzó el vaciamiento de la fábrica despidiendo a los empleados y traspasando trabajos que habitualmente se imprimían en la gráfica a otra que tenía el propietario. En noviembre de 2003, la Legislatura porteña expropió de manera definitiva las máquinas a favor de la cooperativa, y en 2004 hizo lo mismo con el edificio, el que están pagando en cuotas que se extenderán hasta veinte años después del nacimiento de la cooperativa.
Gabriel Rojas, uno de los asociados de la gráfica, opina que “estamos entrando en este momento en lo que era el 2001. Se empieza a desactivar la economía atacando a las empresas públicas y después las privadas empiezan a ver que también pueden despedir gente”. Además de la luz, el aumento de tarifas que más les afectó fue el de gas, ya que las rotativas tienen un horno. Otro costo fijo que creció durante el 2016 fue el papel: “Cuando asumió Macri fue lo primero en subir, un 30 o 40 por ciento. Tenemos que ver qué es lo que pasa, ya que nuestro trabajo bajó bastante. No sabemos qué es lo que va a venir y qué capacidad de respuesta podemos tener. Llegaron ellos, llegó el neoliberalismo, los precios subieron y los salarios no”, consideró Rojas.
Maderera Córdoba
Debido a una mala administración y al efecto de la crisis económica, la maderera fundada por Vicente Biglia –y manejada posteriormente por su hija–, entró en 2001 en convocatoria de acreedores y siguió trabajando dos años de modo cada vez más precario. En 2003, decretada la quiebra, los trabajadores fundaron la cooperativa en una casa vecina donde funcionaban las oficinas, ya que el local estaba con faja de clausura. En julio de 2004 consiguieron la expropiación temporaria del inmueble y las máquinas, y actualmente tienen la expropiación definitiva con cargo a pagar en veinte años.
“No nos llegó la nueva factura de luz”, dijo preocupado Carlos Saso, presidente de la cooperativa. ”Estábamos pagando 2.000 pesos en diciembre y en febrero llegó una boleta de más de 6.000. Con las máquinas usamos el servicio permanentemente”, aclaró. Saso contó a ANCCOM que a causa de la devaluación sus excedentes se han reducido un 50 por ciento. “Hay algunas empresas que aumentaron el salario un 20 por ciento a sus trabajadores. En cambio, acá no llegamos ni al 15, porque no podemos. Como la venta cayó se nos hace imposible. Y teniendo en cuenta que el nivel de vida es cada vez más caro, que los servicios también aumentaron en cada una de nuestras casas, como así también los transportes, esto es cada vez peor. Yo vivo en Moreno, cargaba 100 pesos la SUBE y me duraba toda la semana. Ahora no me dura ni dos días”, explicó.
Alé Alé
Alé Alé es una cooperativa gastronómica de las más recientes. Nació a partir del vaciamiento que empezaron a hacer los propietarios en marzo de 2012. En ese año, cerró La Zaranda, otro restaurante del grupo OJA –también dueño de Don Battaglia, Los Chanchitos, Mangiata, y La Soleada, todos actualmente recuperados–, y eso fue lo que los alertó. “Cuando nos enteramos que la próxima era Alé Alé empezaron los conflictos. Ya veníamos con varios meses sin cobrar y además era muy obvio que iban a cerrar. Vaciaron las oficinas, la mercadería no era la misma. Estaban echando a la gente, querían bajar la clientela y demostrar que el restaurante no era viable”, contó a ANCCOM Andrés Toledo, presidente de la cooperativa. En enero de 2013 tomaron el local, y durante ese año tuvieron cinco intentos de desalojo. Superado el último, a cargo de la Policía Metropolitana, los trabajadores de la cooperativa se reunieron con los dueños. “Recibimos el apoyo del gobierno nacional de ese momento. Nosotros necesitábamos un tiempo para mudarnos, y el Estado se comprometió a hacerse cargo, cuando encontráramos el lugar, de las refacciones, traslados y equipamiento. Yo les pedía un año y los propietarios querían tres meses. En ese tiempo no podíamos hacer nada, así que terminamos arreglando ocho. El Estado nos transfirió el dinero a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)”, explicó Toledo. Finalmente, inauguraron la nueva sede en septiembre de 2014.
Respecto a su situación actual, el presidente de la cooperativa informó que cayeron un 30 por ciento los excedentes. “La gente no sale. Los costos fijos crecieron mucho, más del doble. De luz nos venía entre 7500 y 8000 pesos, y ahora estamos pagando 22000. El gas aumentó el triple aproximadamente. Y no podemos trasladar todo a los precios, porque la gente no solo busca calidad y cantidad. No los tocamos desde noviembre. Es preferible llevarnos menos dinero, y no que los clientes dejen de venir”, agregó.
La cooperativa Alé Alé nació a partir del vaciamiento que empezaron a hacer los propietarios en marzo de 2012.
La Casona
La pizzería ubicada en Corrientes y Maipú, nació como cooperativa en julio de 2014. Durante los meses anteriores, la empresa New Nort S.A. había comenzado a despedir a los empleados más antiguos y a suspender el pago de salarios. Los días previos al conflicto, los encargados de la firma se llevaron los aires acondicionados y otros elementos del lugar. Los trabajadores tomaron el establecimiento, y al día siguiente el dueño de New Nort S.A. les entregó la llave y comenzaron a funcionar como cooperativa.
Sin embargo, actualmente tienen un problema con la empresa Mercedes S.C.A., propietaria del inmueble. Los primeros días de abril, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó por unanimidad un proyecto que declara preocupación por la continuidad laboral de los trabajadores. “Tenemos un problema con el tema del alquiler”, contó a ANCCOM Daniel Fernández, socio fundador de la cooperativa. “Nos dijeron: hagan buena letra que nosotros en diciembre, que se vencía el contrato con la empresa quebrada, les empezamos a cobrar a nombre de ustedes. Cuando llegó ese mes, nos dijeron que a partir de la fecha nosotros éramos ocupas, y nos iniciaron un juicio de desalojo. Ellos tendrían que haber ido a la quiebra a cobrar los meses de alquiler que todavía les adeudaba New Nort S.A., y como vieron que no iban a sacarle un mango, nos empezaron a cobrar a nosotros con la promesa de renovarnos el contrato”, explicó Fernández. Mario Romero, presidente de la cooperativa, agregó: “Si en julio de 2014, cuando arrancamos, nos hubieran dicho que no iban a alquilarnos más, la cooperativa hubiese tomado otro rumbo. Con toda esa plata que se destinó en alquiler podríamos habernos ido a otro lado”. En este momento, según explicó otro trabajador de la cooperativa, Gonzalo Ruiz, están clausurados ya que al no estar el alquiler a su nombre, tampoco lo está la habilitación.
La empresa New Nort S.A. había comenzado a despedir a los empleados más antiguos y a suspender el pago de salarios y los días previos al conflicto, los encargados de la firma se llevaron los aires acondicionados y otros elementos del lugar.
El aumento en los servicios es otro de los motivos que dificultan el funcionamiento de la cooperativa. Según expresó Daniel Fernández, pasaron de pagar 8000 pesos de luz a 42000: “Ese fue el primer sartenazo que nos pegaron. Y después hay que pensar que aumentó todo, la mercadería, el colectivo. Van cuatro meses y todavía no vemos un panorama que ayude al trabajador, y menos teniendo en cuenta los despidos que hubo en el sector público y privado. Los excedentes bajaron muchísimo, ya que todos esos aumentos son menos retiros que podemos hacer. Lo que queremos es abrir y trabajar. Que la cooperativa funcione”.
Abr 21, 2016 | inicio
Docentes y alumnos del Isauro Arancibia, centro educativo al que asisten chicos en situación de calle, reclamaron el martes en la Legislatura porteña frente a una nueva amenaza de demolición del edificio, ubicado en Paseo Colón 1318. Según se enteraron esta semana, la obra que se inició en febrero para reacondicionar la escuela está parada por orden del gobierno local, porque la sede del establecimiento figura en el trazado del Metrobus que está previsto para el año próximo. En 2014, la comunidad educativa había logrado un compromiso de las autoridades para cambiar el recorrido, de manera de salvar al centro educativo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo de la Ciudad parece haber desconocido sus promesas. Además, los docentes denuncian que peligra el dictado del plan FINES, destinado a estudiantes que quieren retomar el secundario.
Según se enteraron esta semana, la obra que se inició en febrero para reacondicionar la escuela está parada por orden del gobierno local
La Legislatura porteña aprobó en 2011, a partir de la venta de terrenos en Catalinas, un presupuesto de 14 millones de pesos para refaccionar el lugar en el que se aloja el Isauro Arancibia. Tardaron cinco años en comenzar las obras porque, en el medio, apareció la amenaza de demolición por el futuro Metrobús. “Tan resistido fue que tuvieron que hacer otro trazado, no pudo pasar por acá. Los chicos fueron participes de esa oposición. Realizamos unas siluetas que partían del Atlético, el ex centro clandestino, hasta el Isauro, abrazándolo para que no lo toquen. Hicimos las pintadas de los murales de afuera con artistas plásticos como Luis Felipe Noé y Jorge González Perrin. Dimos, también, una clase abierta frente al Ministerio de Educación. Y, finalmente, los chicos construyeron unas estaciones del Metrobus. En el edificio Marconetti, que tenían que tirar abajo, hicieron la ‘estación familias en la calle’, en el Isauro la ‘estación chicos sin escuela’ y en el Atlético la ‘estación de la desmemoria’”, contó a ANCCOM la directora del Isauro Arancibia, Susana Reyes. “No íbamos a dejar que nos tiren abajo, estábamos todos agarrados de uñas y dientes. Este espacio no, es de los pibes”, remarcó.
«En el Isauro la ‘estación chicos sin escuela’ y en el Atlético la ‘estación de la desmemoria’ ”, contó a ANCCOM la directora del Isauro Arancibia, Susana Reyes.
El actual Ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich, entonces subsecretario de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, invitó en ese momento a un estudiante a viajar en el Metrobus, para explicarle la importancia del transporte público. El alumno, devolviéndole la gentileza, le ofreció pasar una noche en la calle. Luego de la resistencia que llevaron a cabo desde el Isauro Arancibia, Dietrich firmó un acta frente a los chicos, en la que se comprometía a no demoler la escuela.
Frente a la demora en las obras de refacción y el nuevo rumor de demolición que apareció esta semana, los docentes fueron acompañados por tres estudiantes a la audiencia pública de la Comisión de Educación de la Legislatura, donde además de pedir información sobre su situación, plantearon el problema que atraviesan. Los presentes votaron y aceptaron el pedido de informes. Además, la escuela recibió el apoyo de los legisladores del Frente para la Victoria (FPV) Paula Penacca, Lorena Pokoik y Pablo Ferreyra.
La institución, que surgió en 1998 con apenas diez alumnos, no siempre funcionó en el actual edificio. “Nos iban mudando de un lado al otro. Éramos una escuela en situación de calle, como nuestros pibes. Empezamos a pelear y pedir, y recién en 2011 nos mandaron acá”, explicó la directora Susana Reyes.
Aunque consideran que la calidad de las obras que se estaban realizando no reflejan la suma de dinero asignada por el Gobierno de la Ciudad al proyecto, la comunidad educativa estaba expectante con la construcción, ya que era un importante avance respecto a las condiciones en las que venían dando clases: “Estábamos muy apiñados, nos teníamos que ir turnando para hacer actividades”, describió Reyes. En el primer piso del establecimiento funcionaba primero, segundo y tercer ciclo, un grado de nivelación, una biblioteca, una sala de maestros, el jardín y un aula, dividida en tres, para distintos cursos de formación profesional. En planta baja había un salón de usos múltiples, y el subsuelo estaba inundado.
Frente a la demora en las obras de refacción y el nuevo rumor de demolición que apareció esta semana, los docentes fueron acompañados por tres estudiantes a la audiencia pública de la Comisión de Educación de la Legislatura.
Según explicó Reyes a ANCCOM, “La relación con el Gobierno de la Ciudad siempre fue conflictiva. Ellos nunca actuaron por iniciativa propia, sino por órdenes judiciales. A tal punto que, por ejemplo, para subir al primer piso teníamos que usar la escalera, que es de mármol, y no le habían puesto las tiritas antideslizantes (obligatorias para las escaleras). Las alumnas subían y bajaban con sus bebes en brazos y todos temblábamos. Tampoco tenía pasamanos. Para que pongan las tiritas tuvimos que esperar una orden judicial”. Inés García Guerreiro, maestra de primero y segundo ciclo, agregó: “El Gobierno de la Ciudad nos ha hecho ejercitar mucho en lo que es la defensa del proyecto y la resistencia. Muchas de las respuestas que se han obtenido hasta ahora tienen que ver con un enorme trabajo de vinculación con la comunidad, con organismos de derechos humanos, con organismos sociales que siempre han estado cerca, y con espacios de formación, que nos acompañan cada vez más”.
Al centro educativo asisten chicos y chicas que viven en la calle y que toman al Isauro como un lugar de referencia y de contención. García Guerreiro contó que cada año, al inicio de clases, les pregunta por qué vienen a la escuela. La respuesta es casi siempre la misma: “Porque quiero ser alguien”. Es un espacio que les permite no solo terminar la primaria, sino formarse profesionalmente. Durante el turno escolar, los estudiantes aprenden los contenidos curriculares tradicionales y en el contraturno cuentan con talleres optativos de costura, panadería, serigrafía, peluquería, circo y arte, entre otros que les permiten desarrollar habilidades y oficios.
«Al centro educativo asisten chicos y chicas que viven en la calle y que toman al Isauro como un lugar de referencia y de contención».
Además, los chicos del Isauro escriben una revista que se publica dos veces por año, La realidad sin chamuyo, que luego venden en la calle. “Uno de nuestros fundamentos más grandes es ofrecerles la oportunidad de que puedan pensar un proyecto para su propia vida”, explica la docente. Por ello, lo que proponen es reorganizar el programa de enseñanza de manera tal que tenga en cuenta las problemáticas que más sufren –la vivienda, la salud y la familia–, y a partir de ahí desarrollar los contenidos. Consideran que no solo debe educarse para el trabajo, sino para la libertad: “Para nosotros es muy importante que los pibes puedan verse a sí mismos como sujetos históricos que tienen un devenir, que pueden construir un futuro. Porque la característica de un chico o chica en situación de calle es la inmediatez, el presente continuo. Que puedan elegir, tener un pensamiento crítico sobre su situación, que puedan construir colectivamente con otros, eso es lo que nos interesa”, reflexionó Reyes.
Los docentes no solo se encuentran preocupados por la amenaza de demolición y la posibilidad de que cierren el secundario, sino también por el cambio de gestión en el Gobierno Nacional.
¿El fin del FINES?
En abril, además de los cursos profesionales, enseñanza primaria para mayores de 14 años, un jardín para que los estudiantes puedan traer a sus niños, y un curso de nivelación para preparar a los menores de 14 para el ingreso a otros primarios, el centro agregó la posibilidad de terminar el secundario. Sin embargo, según contó la maestra Lila Wolman, el FINES también peligra: “Parece que hay una nueva reglamentación que estipula que las comisiones que se abrieron hasta 2015 siguen y las de 2016 cierran. Es terrible, y más con la cantidad de chicos ilusionados que tenemos haciendo la secundaria acá. Estos chicos no pueden ir a estudiar a otro lado”, explicó.
Los docentes no solo se encuentran preocupados por la amenaza de demolición y la posibilidad de que cierren el secundario, sino también por el cambio de gestión en el Gobierno Nacional. “Con el gobierno nacional anterior pudimos hacer muchas articulaciones con los ministerios. Con el de Trabajo teníamos, por ejemplo, un curso de entrenamiento para el empleo. Con el Ministerio de Seguridad, un taller de bicicletas. Con Desarrollo hicimos otros emprendimientos también. Nos daban respuestas. Dentro de lo que se podía, porque esta es una escuela que depende del Gobierno de la Ciudad. Esos programas no están más. Hacer un curso de bicicletas con Patricia Bullrich… no me lo imagino. Igual fuimos a ver si lo podíamos retomar, porque hay 500 bicicletas que tenemos para reciclar. Pero todavía no nos dieron respuesta”, expresó Susana Reyes.
En el primer piso del establecimiento funcionaba primero, segundo y tercer ciclo, un grado de nivelación, una biblioteca, una sala de maestros, el jardín y un aula, dividida en tres, para distintos cursos de formación profesional.
Por otro lado, según contó García Guerreiro, el cambio de rumbo de las políticas públicas no solo afectó a la calidad de educación que pueden ofrecer, sino también a la cotidianidad de los estudiantes: “Cada vez se nos va a hacer más notorio que no está pasando lo mismo. Lo que se ve, tanto a nivel nacional como a nivel ciudad es otra condición de los pibes. Los están reventando afuera. Y esas son decisiones del gobierno. El actuar de la policía es una decisión de gestión del gobierno también”. El Isauro Arancibia es el centro al que asistía Roberto Autero, el adolescente de 16 años que murió a causa de un disparo efectuado por Sebastián Ezequiel Torres, policía de la Metropolitana. “El tipo todavía está libre. La Metropolitana hasta ahora se la sigue llevando de arriba”, manifestó la directora.
La pesadilla que creían haber superado años atrás, vuelve a amenazar: la desaparición del Isauro. Sin embargo, nuevamente, los docentes, alumnos, y la comunidad se organizarán para que esto no suceda. “Este lugar no es cualquier lugar –concluye Wolman-, no nos pueden dar un edificio en Palermo, por ejemplo. Los chicos duermen cerca de esta escuela. Vienen de Constitución, de Retiro y de las ranchadas de San Telmo. Tenemos que empezar a armar un plan de lucha, con toda la gente que nos acompaña, y hacerle frente a esta situación. Vamos a resistir, como lo venimos haciendo hace años”.
“Para nosotros es muy importante que los pibes puedan verse a sí mismos como sujetos históricos que tienen un devenir, que pueden construir un futuro».
Actualizada 21/04/2016
Abr 19, 2016 | inicio
Más de 140 trabajadores de distintas sucursales de la empresa Nextel han sido despedidos por la empresa en lo que va de 2016. En tanto, delegados de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA) denunciaron que la firma incumple la conciliación obligatoria, dictaminada el 31 de marzo por el Ministerio de Trabajo de la Nación, al trabar la reincorporación de los trabajadores desvinculados.
Andrea Espíndola representa a los empleados del edificio que Nextel posee en Paseo Colón 523, en la Ciudad de Buenos Aires. En diálogo con ANCCOM revela: “La empresa se niega a cumplir las disposiciones de la conciliación que dictó el Ministerio de Trabajo, que incluye retrotraer la situación al estado anterior a los despidos, con la toma de servicio en cada lugar de trabajo”. Asimismo, la delegada de Foetra agrega: “A los compañeros se les está negando, con personal de seguridad y vallado policial mediante, la entrada a los edificios correspondientes”.
Otro de los delegados de la sede de Paseo Colón, Sebastián Gutiérrez, informa que la cifra total de despedidos supera las 140 pero todavía es incierta debido a que aún “no están contabilizados todos los compañeros. El viernes 8 de abril supimos que despidieron a dos trabajadores más, y así puede haber muchos más que no se nos acercaron”. Gutiérrez puntualiza: “Fueron cesanteados algunos rangos altos y medios y trabajadores de casi todas las áreas: del sector de Ventas, de Crédito, que atraía nuevos clientes, gente de Call Center, de Marketing y Publicidad, de Servicio Técnico, entre otras. No solo en Buenos Aires sino que también en Mendoza y especialmente en Rosario, donde se desmanteló casi una sucursal entera”.
El delegado conoce la experiencia de luchar por la fuente laboral, ya que fue reincorporado en 2014 tras haber sido despedido por la compañía ese mismo año. “Hasta febrero teníamos contabilizados 71 personas despedidas; supervisores, gerentes, gente dentro del convenio y fuera del convenio. En marzo se agregaron más despidos, el gerente de Recursos Humanos Gerardo Brizuela, por ejemplo. El lunes 28 de marzo la empresa desvinculó a 21 personas que no estaban en el convenio”, señala el representante gremial.
Gutiérrez cuenta que 250 compañeros se manifestaron en la sede de Paseo Colón el miércoles 30 de marzo ante el incumplimiento por parte de los mandos de Nextel/Cablevisión de la conciliación obligatoria. “En presencia de un montón de policías nos manifestamos apoyando a los compañeros. De Paseo Colón nos fuimos hasta la central en Puerto Madero. Esa misma tarde despidieron a dos compañeros más, que habían sido reincorporados en 2014, y a los que habíamos logrado defenderles sus derechos. Los despidieron directamente, como si dijesen ‘te toco a los que parecían intocables’. Y esa misma noche también a otros compañeros les informaron que estaban desvinculados. Lo cual asumimos casi como un mensaje mafioso, como una medida de disciplinamiento por parte de la empresa”, remarca.
En tanto, Espíndola señala que muchos despidos fueron comunicados mediante llamados telefónicos. ”Los supervisores les avisaban a los compañeros por celular que no se presenten a trabajar, porque tenían que esperar la carta documento a su domicilio con la formalización del despido”, indicó la delegada. Los trabajadores decidieron apagar los celulares para evitar los despidos. “Decidimos que seguiríamos yendo a trabajar, pero en Paseo Colón el personal de seguridad del edificio nos pedía la credencial y el nombre, y si estábamos en una lista nos impedía el ingreso. Así, más de 50 compañeros fueron desvinculados el día jueves 31 de marzo”.
Por su parte, el pasado jueves 7, más de 2600 trabajadores y trabajadoras del sector telefónico se reunieron en Plaza de Mayo para marchar en señal de repudio a los despidos a la central que Nextel posee en Olga Cossettini 360, en el margen del Dique 4 de Puerto Madero, Capital Federal.
Durante las manifestaciones por los despidos se llevó a cabo un operativo de seguridad policial desproporcionado, según comentaron los delegados de Foetra y los trabajadores echados. La mayoría de los empleados despedidos tenían una antigüedad de entre ocho y nueve años en la compañía; e incluso hay algunos casos de un vínculo de 18 años, es decir, que están presentes desde que la empresa se asentó en la Argentina en 1998. Estos despidos se iniciaron a partir de que la cableoperadora Cablevisión Fibertel y su subsidiaria Televisión Dirigida, perteneciente al Grupo Clarín, compraran la totalidad de las acciones de la firma Nextel, a fines de enero pasado.
Santiago Callone es uno de los desempleados que cumplía funciones en el sector Créditos de Nextel/Cablevisión. “Me despidieron de una forma fea y poca ética: por teléfono. Hubiera querido que fuera cara a cara. Nos tiraron las cajas con nuestras pertenencias a la calle. Por eso, no volvería nunca más a trabajar en una empresa como Nextel”, comentó Callone, quien se desempeñaba en la empresa hace diez años.
Según recuerda el trabajador despedido, el conflicto de los empleados de Nextel/Cablevisión se remonta a 2014: “El 25 de febrero de ese año fueron echadas 150 personas. Después de esto hubo persecuciones a los trabajadores. También hubo problemas cuando nos sindicalizamos en FOETRA, antes estábamos por el Sindicato de Empleados de Comercio. Entonces, la empresa como que nos metió adentro de una grieta a nosotros mismos, porque nos terminamos dividiendo en empleados por sindicato, que es la minoría, y los empleados por fuera del convenio, que es la mayoría, y están más desprotegidos en cuanto a derechos laborales”.
Además, agregó su opinión sobre el rumbo que está tomando el Grupo Clarín desde que adquirió la totalidad de las acciones de la firma: “Lo que están haciendo es un vaciamiento de la empresa. Cablevisión/Grupo Clarín compró también Telecom/Personal y se quiere quedar solo con esta. Nextel es un piojo al lado de Personal. Si llegan a reincorporan es para volver a echar, que es lo que ya ha pasado”.
Otro de los desvinculados es Edgardo, quien integraba el sector de Ventas hace seis años. “Desde que el Grupo Clarín tomó las riendas la empresa está en un proceso de achicamiento de todo su plantel. Ni pensó en un plan alternativo más que usar a sus empleados como medida de ajuste”. Por su parte, Valeria, quien cumplía funciones en Atención Telefónica hace más de nueve años declaró: “Fui echada el 30 de marzo junto a 30 compañeros del mismo sector, bajo el pretexto de una reestructuración por parte de la empresa. Pero hay que decir que la empresa hoy se encuentra en plena expansión de crecimiento amplio del negocio, con lo cual entiendo que no hay justificación que amerite estos despidos que se vienen dando”.
Por otra parte, los trabajadores son conscientes de la escasa cobertura mediática del conflicto. “Lo que está pasando en Nextel está invisibilizado porque la empresa hoy pertenece Cablevisión que es el Grupo Clarín, el multimedios más grande del país. Entiendo que ellos no van a mostrar un conflicto que tienen dentro de su propia empresa. Sería más democrático y plural que sí lo hagan”, afirmó el delegado de FOETRA Gutiérrez.
En tanto, la delegada Espíndola agregó: “Esto no solamente afecta a los desempleados de Nextel sino que es parte de lo que sucede a nivel nacional. Ha habido a lo largo de estos cuatro meses más de 100 mil despidos, y no sale en ningún lado. Por eso apelamos a difundirlos en las redes sociales, con una buena repercusión”.
A fin de seguir promoviendo el conflicto, los trabajadores de Nextel/Cablevisión crearon en la web una petición por la reincorporación de los compañeros desvinculados este año.
Actualizado 19/04/2016
Abr 19, 2016 | destacadas
Interredes, una organización que aglutina a redes y medios de comunicación comunitarios, realizó el lunes una jornada cultural para exigir la habilitación definitiva de las frecuencias en televisión digital abierta de los canales Barricada TV, Pares TV y Urbana TV, obtenidas mediante concurso público en noviembre de 2015. Bajo una carpa, ubicada frente al Ente Nacional de Comunicaciones -la nueva autoridad de aplicación que asumió las funciones de AFSCA y AFTIC a partir de un decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri- las tres emisoras dieron inicio a una “pantalla abierta”.
Los tres canales se constituyeron en las primeras experiencias dentro del sector sin fines de lucro en lograr la adjudicación de frecuencias en televisión digital abierta mediante concurso público de antecedentes. Pese al clima lluvioso, distintos medios comunitarios se reunieron en la puerta de Perú 103 para acompañar la presentación de las carpetas técnicas necesarias para iniciar el proceso de habilitación definitiva de sus plantas transmisoras. También se movilizaron en defensa del 33 por ciento del espectro reservado para los medios sin fines de lucro que contempla la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, modificada a partir de la derogación de varios de sus artículos mediante el DNU publicado por el actual Gobierno nacional. “No vemos que haya necesidad ni urgencia en realizar cambios de esta manera, sino que justamente lo que aparece ahí es cómo la nueva gestión se pone al servicio del mercado y sus propias necesidades”, expresó Natalia Vinelli, de Barricada TV. Y continuó “A los medios comunitarios nos afecta por muchos lugares. Primero, porque mediante los decretos se achicó el directorio del organismo y, además, se eliminó el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, por lo cual perdimos representación directa. Eso significa que la ley que se está discutiendo ahora no tiene al sector comunitario como uno de los actores en debate. Al mismo tiempo, el artículo que obligaba a las cableras a incluir dentro de su grilla a los canales públicos, a los canales universitarios y a los canales sin fines de lucro fue derogado, con lo cual nuestra llegada se achica muchísimo”.
La jornada de protesta también tuvo entre sus reclamos la apertura de nuevos concursos, la continuidad del Fondo de Fomento FOMECA y el pago de cuotas que el ENACOM todavía adeuda a los medios comunitarios. “Esta jornada cultural se planeó para mostrar ciertas inquietudes, para visibilizarnos y para solidarizarnos con los compañeros que quedaron atrás en la posibilidad de presentarse a los concursos. Por eso pedimos por la continuidad de llamado a concursos para que más canales puedan obtener una licencia”, expresó a ANCCOM Diego Gusmerini, presidente de la cooperativa Pares TV.
Las emisoras, explicó Interredes, presentaron sus carpetas de antecedentes en mayo de 2015 y sus propuestas fueron analizadas por diferentes áreas técnicas de la AFSCA, para luego ser evaluadas por un jurado de especialistas nombrados ante escribano público. Después de un largo proceso, en noviembre de 2015, el directorio de la autoridad de aplicación aprobó por mayoría las propuestas, incluyendo las firmas positivas de Martín Sabbatella, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle, Eduardo Rinesi, Claudio Schifer y Marcelo Stubrin.
Voces comunitarias
Barricada TV es un medio comunitario con seis años de existencia que transmite desde la fábrica autogestionada IMPA, en Almagro, y que concursó por el canal digital 33 en la modalidad licenciatario operador para baja potencia dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Necesitamos realizar ahora las mediciones y los ajustes de los parámetros técnicos para no interferir otros canales. Esto no lo podemos hacer hasta que Canal 13 deje de utilizar la señal de prueba que estaba utilizando en el 33, cosa que debió haber hecho desde el momento que hubo nuevos licenciatarios según manda la norma”, explicó Vinelli. Para ello, aclararon desde Interredes, es necesario que el ENACOM haga cumplir la resolución 35/15 del AFSCA que refiere a la reorganización de la grilla de la Televisión Digital Abierta, de acuerdo con el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales aprobado en 2014. “Esta reorganización establece que los canales 9, 11 y 13, que emiten de manera experimental en prueba, deben mudarse a los canales a los que fueron reasignados. Hoy Canal 13, del Grupo Clarín, debe mudarse a la señal 35 para que el 33 quede libre para la televisión comunitaria”, expresó Interredes.
Urbana TV, también con seis años de historia, “nació de la articulación de la ley 3343 de urbanización de la villa 31 con la ley de medios de Néstor Kirchner y Cristina”, contó a ANCCOM Gustavo Cañaveral, uno de los directores y fundadores de Urbana TV, junto con Milcíades Peña y Juan Cruz Guevara. “Nosotros estamos en contra de destruir todo lo construido por la ley y frente a eso no nos hemos callado la boca. Fuimos trabajando todos los días para llegar a este momento, que es muy importante, porque demuestra que no estamos caídos”, continuó. Y concluyó: “Transmitimos por la 31, estamos adentro, y ya es un patrimonio del barrio. Hemos capacitado a muchos chicos que están trabajando hoy, que son todos de la 31. Es el primer canal de una villa de la Republica Argentina, y les va a costar sacarnos”.
Marcelo Neira, uno de los trabajadores del sector técnico de Urbana TV, vive hace diez años en el barrio y entró al canal hace cinco por un curso de capacitación audiovisual: “Para nosotros este canal es la voz del barrio, la voz de los que no tienen voz. Nosotros queremos mostrar que existe otra forma de hacer televisión, no creemos en la televisión basura. También queremos mostrar cosas que no muestra ningún canal, que tiene que ver con las cosas buenas que hay en los barrios populares. Hay muchos obreros que tipo 4 o 5 de la mañana salen con el termito bajo el brazo porque se van a laburar, hay muchos chicos que van a la escuela, y también hay muchos chicos que estudian en las universidades. Y eso nadie lo sabe”, comentó.
Pares TV, canal de Luján, tiene ocho años de trayectoria en comunicación comunitaria y concursó por el canal digital 19 en la modalidad licenciatario operador. “La cooperativa nació en 2008, y transmitió por canal 3 desde 2009 hasta febrero de 2014, año en que prendimos en TDA con una señal de prueba. Y bueno, ahora tenemos la posibilidad de legalizar el canal en forma definitiva”, dijo Gusmerini. Consideró que en otro momento, un trámite como la presentación de carpetas hubiese sido parte de un día normal de habilitación, pero “la preocupación por lo que está pasando con la derogación de algunos artículos que nos perjudican es el motivo por el cual desde el movimiento nacional de Interredes se decidió hacer esta jornada para acompañar a los tres canales”, sostuvo el presidente de la cooperativa Pares TV.
Milcíades Peña, uno de los fundadores del canal Urbana TV, consideró al DNU que afecta a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como un “durísimo golpe que recibió el pueblo argentino. Es un gran retroceso. Que no se pueda avanzar en el proceso de lucha contra la hegemonía y monopolio de la comunicación, y que no se pueda avanzar en la democratización completa de la comunicación, es una derrota”. Sin embargo, expresó que todavía existen “montones de aspectos de la ley que están vigentes, y que está en nosotros pelear para que continúen. Por eso, estar en la calle, acompañados por todo el sector, peleando por nuestros derechos, es algo que nos llena de mucha alegría. El sentido del día de hoy es decir: Acá está el sector de la comunicación popular, comunitaria, alternativa y alterativa. Y acá estamos intentando alterar un poco el orden establecido´”.
Actualizada 20/04/2016
