Pasadas las 19.45 de ayer la llovizna comenzaba a sentirse en la esquina de Scalabrini Ortiz y avenida Corrientes, en el barrio porteño de Villa Crespo. Cinco vecinas se encuentran y preguntan: “¿vendrá alguien más?” Juntas corren al encuentro de otras personas que se van acercando a esta intersección, motivados por la convocatoria en redes sociales, con el objetivo de hacerse escuchar ante el gobierno nacional y reclamando el cese de los aumentos en las tarifas de servicios públicos.
Una primera pancarta con la leyenda “Macri pará la mano. No al tarifazo” sirve de punto de encuentro para los vecinos que, ya en mayor cantidad, comienzan a acercarse. El compás de algunas bocinas motiva los primeros ruidos y aplausos. Silbatos, cornetas, llaves agitándose, bidones de plástico… todo sirve para hacerse escuchar.
En la esquina de Triunvirato y Monroe, Villa Urquiza, el mal tiempo también conspira contra la convocatoria. Luego de un breve momento de desilusión, pero con el retraso previsto de todos los eventos multitudinarios, comienzan a llegar los carteles, los aplausos, las latas, los redoblantes y algunos bombos. Un hombre trae dos boletas de gas hechas en gigantografía: la previa al aumento, de 700 pesos, y la última, de 5.600. Otro, que viene caminando con él, menciona el caso de un joven vecino que vive solo a quien le llegó un tarifa de 7.000 pesos: “El pibe trabaja en una pizzería… nadie sabe cómo va a hacer con el sueldo que tiene”. Gran parte de las conversaciones giran en torno a la imposibilidad de poder costear estos aumentos. No se habla de una rebeldía deliberada, sino de una inviabilidad de la realidad concreta.
Centenas de personas se reunieron en las esquinas de Medrano y Corrientes y Scalabrini Ortiz y Corrientes.
Mientras golpea con un martillo el poste del semáforo de la avenida Corrientes, bajo una llovizna persistente, Walter relata: “Pasé de pagar 130 pesos de gas a 900. ¡Tienen que retrotraer las tarifas y hacer un verdadero estudio sobre los costos! Los servicios públicos los tienen que subsidiar los que más tienen, no nosotros, los usuarios”.
La convocatoria por redes sociales con el hashtag #NoAlTarifazo #Ruidazo había comenzado hacía un par de días y se esperaba una gran convocatoria, pero la inminente lluvia pronosticada hacía dudar sobre su éxito a los propios asistentes. Sin embargo, pasadas las 20, la avenida Corrientes ya se encontraba cortada en su totalidad por aproximadamente 200 personas. Más pancartas y mensajes hacia el gobierno repetían los reclamos respecto a la suba de los servicios públicos, pero ningún móvil de televisión se acercó a este punto de encuentro en el barrio de Villa Crespo.
A varios kilómetros de ahí, al igual que en el resto de las concentraciones, un cartel expresa uno de los reclamos fundamentales de la manifestación: “Luz – Gas – Agua – No son un negocio. Son un derecho”, mientras una mujer oculta entre múltiples frazadas, personificaba la cotidianeidad de muchos de los presentes, mientras ironiza: “Viste que el presidente ya explicó que no podemos estar en remera y en patas”.
La convocatoria fue movilizada a través de las redes sociales con el hashtag #Ruidazo y #NoAlTarifazo hace pocos días (Foto: Obelisco).
Hacia las 21 la convocatoria en Scalabrini Ortiz y Corrientes logró reunir a más de 400 personas, todas ellas manifestándose con pancartas y cantos respecto a la suba de tarifas. “Che Macri, che Awada: Tiranos una frazada”, se leía en un cartel sostenido por una madre con su hija en brazos, haciendo referencia a las palabras del Presidente en uno de sus últimos discursos donde alentaba a los ciudadanos a moderar el uso de la calefacción en sus hogares para no sufrir los aumentos.Valeria Stagi es empleada de un local que vende artículos de cotillón ubicado en Scalabrini Ortiz 269, a pocos metros de donde se produce el corte de calles. Inesperadamente este comercio se vio beneficiado con algunas ventas en medio de la convocatoria: “Puse algunas cornetas en el mostrador, a la vista, porque varias personas entraron a comprar algo para hacer ruido”, dice. Según cuenta a su local también lo afectó la suba de luz: “Sé que en esta factura vinieron alrededor de pesos 4.000 pesos y el dueño tiene pensado hacer el reclamo a Edenor”.
Gladis Garello es jubilada y fue a la convocatoria acompañada por su marido, también jubilado: “No traje cacerola para no evocar a los antiguos cacerolazos, porque esa forma de manifestarse siempre tuvo que ver con la elite”. Argumenta que le gustaría meterse entre la multitud que supera las 400 personas en Scalabrini Ortiz y Corrientes pero no se encuentra bien de salud y prefiere resguardarse del frío y la llovizna bajo uno de los techos de las paradas de colectivo. “Nosotros somos el pueblo, yo solo traje un manojo de llaves para hacer ruido, aunque sea bajo este techo”, explica. Agrega que en su caso la última factura de gas que le llegó fue de 600 pesos, cuando en la anterior había pagado 100: “Esto es una medida dictatorial. La gente se cansó. En vez de que las inversiones las hagan los empresarios ricos quieren invertir con la nuestra plata, con nuestro esfuerzo”, reflexiona.
Los empleados de Metrogas aconsejaron no pagar esta factura hasta tanto no se sepa realmente si corresponden los aumentos o no (Foto: Zona Obelisco).
Osvaldo vive con su esposa en un PH en Villa Crespo y recuerda que hace un par de días tuvo que acercarse a las oficinas de Metrogas para avisarles que no va a poder abonar la última factura por un monto de 8.200 pesos: “El año pasado para el mismo período pagué 800 pesos. Mi señora y yo trabajamos todo el día y no estamos casi nunca… ¡No puede ser que gastemos eso de gas!”, agrega y completa: “Yo vine a esta misma esquina en diciembre de 2001 a pedir que se vayan todos. Y ahora estoy acá de nuevo. Esto significa lo mal que está la gente, esto es el comienzo”. En charla con ANCCOM reflexiona que fueron los mismos empleados de Metrogas quienes le aconsejaron no pagar esta factura hasta tanto no se sepa realmente si corresponden los aumentos o no.
Luego de dos horas de continuos cantos y ruidosa manifestación, la mayoría de los vecinos de Villa Crespo comenzó a regresar a sus hogares, bajo condiciones meteorológicas hostiles. Se alejan del punto de encuentro en Scalabrini Ortiz y Corrientes mientras continúan aplaudiendo y haciendo ruido. En la esquina solo quedan algunos pocos a la intemperie y contados paraguas resisten la fuerte llovizna y el frío de la noche entonando la última canción: “Ole-le Ola-la, si este era el cambio, el cambio no va más”.
Walter, uno de llos manifestante contó que “Pasé de pagar 130 pesos de gas a 900. ¡Tienen que retrotraer las tarifas y hacer un verdadero estudio sobre los costos!».
En Urquiza, otro jubilado se suma al pogo improvisado entre los más jóvenes: “Vengo pagando los aumentos de agua, luz y gas. Te juro que aunque cobre aguinaldo, las cuentas no las puedo pagar. Porque Macri nos cagó, las tarifas liberó, Aranguren la puta que te parió”. Varios también recuerdan, como el vecino de Villa Crespo, haber estado en esa misma esquina a fines de 2001, pero rescatan que la situación no es la misma. Sin embargo, esta apreciación no se traduce en gran optimismo: “Si esto sigue así, vamos a terminar igual y más rápido que aquella vez”. Esa conciencia estuvo siempre presente y no se diluyó en ningún momento, aunque tampoco lo hizo la fuerza de los cantitos y la presencia sólida de los 400 vecinos y vecinas que estuvieron durante casi tres horas reclamando por sus derechos.
Seis horas duró la última audiencia testimonial del juicio por la privación ilegítima de la libertad y desaparición de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit en 1978. Antes de dar lugar a las esperadas declaraciones de los imputados, el juez Alfredo Ruiz Paz anunció la decisión del tribunal de rechazar la nueva pericia arquitectónica de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) solicitada por Guillermo Javier Miari, defensor de los acusados Luis Tomás Trillo y Omar Rubens Graffigna. Tampoco se aceptó el pedido de Alan Iud –representante de Abuelas de Plaza de Mayo- de adelantar las fechas de las audiencias programadas para agosto y septiembre, debido a la falta de personal judicial. No obstante esta resolución, el tribunal se comprometió a realizar gestiones para acelerar el proceso judicial.
Gómez: “Yo le debía todo a Sende”
La declaración de Francisco Gómez –apropiador de Guillermo Pérez Roisinblit, querellante en la causa- duró casi dos horas. “Yo solo me encargaba de hacer el jardincito y de hacer refacciones en el bañito -repitió más de una vez-. Ese era todo mi trabajo”. Explicó cómo conoció al comodoro Roberto Sende –jefe de la RIBA en 1978, ya fallecido- por medio de Teodora Jofré, su ex mujer. En 1977, el oficial le propuso trabajo como jardinero en la Regional por más del doble del sueldo que percibía hasta el momento como empleado de las Bodegas Giol. No solo le dio empleo en las Fuerzas Armadas, sino también –expresó Gómez, agradecido- le facilitó dinero para casarse con Jofré, le compró pasajes para irse de vacaciones a San Luis a conocer a sus suegros y le ofreció un hijo de manera ilegal: Guillermo Pérez Roisinblit. “Negro, tengo un chico ¿Lo querés para vos?”, recordó las palabras de su jefe en noviembre de 1978. “Sende nos quiere regalar un chico”, le dijo Gómez a Jofré y, luego de aceptarlo, contó que el Comodoro le dijo que solo hacía falta su firma en la partida de nacimiento para registrarlo como hijo suyo. “Yo le debía todo a Sende”, dijo dos veces durante su declaración.
“A Guillermo lo crié como un padre verdadero”, balbuceó y dedicó quince minutos a enumerar juguetes, cuidados y sacrificios que recordaba haber hecho por él. “Lo insto a que encarrile su declaración hacia el objeto procesal: la privación de la libertad de Pérez Rojo y Roisinblit –lo interrumpió el juez-. Esto no es una terapia para usted o para las partes”.
“A Guillermo (foto) lo crié como un padre verdadero”, balbuceó Francisco Gómez en la última audiencia.
Una vez finalizada su declaración, aceptó ser interrogado por los jueces del Tribunal, por la Fiscalía y por representantes de las cuatro querellas, compuestas por Abuelas de Plaza de Mayo, Mariana Eva Pérez –hija mayor de la pareja-, las Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la de la Provincia de Buenos Aires.
Ante las distintas preguntas de las querellas, la voz de Gómez se volvió más áspera y carrasposa cada vez que contestaba “no”, “nunca”, “no”, “no sabía”, “no”. “No sabía de dónde venía Guillermo, creía que era un hijo abandonado”, “nunca hubo personas detenidas en la RIBA”, “nunca entró una mujer a la regional, solamente había hombres”, “en donde hay un militar no se puede preguntar nada”, “de lo que pasaba adentro de la RIBA no sabía nada, yo siempre estaba afuera o en la cocina”, “nunca llevé a Guillermo a la Regional conmigo”, “no había armas ni autos en la regional”, “los militares no portaban armas”, “no recibí en casa a nadie que trabajara en la RIBA ni me saqué fotos con nadie que trabajara allí”. No le importó que las pruebas fotográficas presentadas por Guillermo en la tercera audiencia demostraran lo contrario. En aquella oportunidad exhibió, entre otras, fotos de Carlos Vázquez Sarmiento, suboficial de la Fuerza Aérea, celebrando un cumpleaños familiar.
En cuanto al “plus por actividades riesgosas” que figura en los legajos y recibos de sueldo de Francisco Gómez mientras perteneció a la Fuerza Aérea, afirmó que desconocía su significado: “Ni siquiera sabía lo que significaba la palabra ‘plus’”, dijo y agregó que lo siguió cobrando hasta 1997.
“Sabe mucho más de lo que dice, está actuando un personaje”, comentó Guillermo a ANCCOM durante el primer cuarto intermedio. “El juez le hacía preguntas técnicas y él sabía contestarlas”, señaló.
“Sabe mucho más de lo que dice, está actuando un personaje”, comentó Guillermo a ANCCOM durante el primer cuarto intermedio. Foto de archivo.
Trillo: “Era muy común que Sende no estuviera en la RIBA”
“Esta sí que es una actividad riesgosa”, bromeó Sergio Díaz Dalaglio –defensor de Gómez-, mientras esquivaba enchufes en la sala de audiencias, antes de que comenzara el segundo testimonio.
Luis Omar Trillo está acusado de haber estado a cargo de la Regional en el momento en que Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo estuvieron secuestrados allí. “La RIBA era una casa de familia y nadie pudo haber estado detenido allí”, afirmó el oficial, que en 1978 se desempeñaba como Jefe de la Dirección de Contrainteligencia de la Regional. “Estaba dormido cuando declaré en Comodoro Py –comentó acerca de su indagatoria en 2013-. Yo no era segundo jefe en la RIBA, era Jefe de Regional Accidental, como indica mi sello en los papeles. Solo los Comodoros pueden ser jefes. Yo era Mayor, me faltaban diez años”.
Cóceres, Sánchez Capracio, Moizo, Leston Carranza, Herrera, Saremba, son los apellidos que Trillo mencionó como militares que trabajaban en la Regional. “También me acuerdo de Francisco Gómez, de maestranza, las costeletas las hacía bastante crudas”, recordó. En contraste con el testimonio que lo precedió, afirmó que no solo había armas dentro de la RIBA: “Había una pequeña salita con siete pistolas 1125, dijo y agregó que él siempre llevaba la suya encima. “Así no hubiera sido obligatorio hacerlo, yo hubiera portado el arma todo el día”, aseveró, y repitió la última frase en tono grave: “Todo el día”. Afirmó que los suboficiales no tenían permitido portarlas, pero más adelante en su declaración expresó que la seguridad en la RIBA era algo “automático”. “Nos cuidábamos, nos dábamos seguridad entre todos”, explicó sin dar más detalles.
Trillo aseveró que la Regional dependía del Estado Mayor General, pero dijo desconocer si los informes de inteligencia que se elaboraban en sus oficinas estaban en conocimiento de Omar Rubens Graffigna. Negó tener conocimiento del libro de terroristas editado por las Fuerzas Aéreas que el testigo Juan Taboada –oficial que trabajaba en la RIBA- mencionó en la quinta audiencia de este juicio como instrumento de trabajo dentro de la Regional.
“¿Sabe lo que es un interrogador?”, le preguntó Pablo Llonto, abogado de Mariana Eva Pérez. Luego de un par de segundos de silencio, el imputado respondió: “Es un especialista en un tema que puede llevar a un interrogado a decir la verdad. No sé si soy claro”, explicó. Sin que se lo pidan, intentó una segunda definición: “El trabajo del interrogador es poner al interrogado en una situación en la cual sí o sí tenga que decir la verdad. Cuando digo ‘sí o sí’ me estoy refiriendo al campo de lo verbal”. Inmediatamente aclaró que no hubo interrogatorios en la RIBA “porque no teníamos a quién interrogar”.
Tanto Gómez como Trillo omitieron mencionar a Juan Carlos Vázquez Sarmiento –prófugo desde 2003-, que también trabajaba en la Regional. Ambos afirmaron haberlo visto trabajar en la casa de Morón cuando las querellas preguntaron si conocían a una persona con ese apellido.
“Era muy común que Sende no estuviera en la RIBA”, afirmó Trillo durante su declaración que duró alrededor de una hora. Confirmó que él era quien le seguía en orden de jerarquía y, por lo tanto, firmaba sus papeles y asistía a reuniones como representante de la Regional. En cuanto a Pérez Rojo y Roisinblit, indicó que recién tomó conocimiento de que esa pareja había desaparecido cuando lo detuvieron en Casilda, con motivo de este juicio. También afirmó desconocer hasta hace tres años que Gómez se hubiera apropiado del hijo menor de la pareja por medio de Sende y había cumplido una condena por ello.
Luego de la declaración de Trillo, el presidente del Tribunal llamó a un cuarto intermedio de media hora para almorzar. A la salida, Guillermo saludó a los policías que custodian la sala en cada audiencia. “Al final, ¡parece que no te conocía nadie!”, se rió uno de los oficiales mientras le estrechaba la mano.
Ninguna de las declaraciones aportó datos acerca de cuál fue el destino de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit. En la foto, la madre de Patricia, Rosa Roisinblit. Archivo.
Graffigna: “El jefe del Estado Mayor no es ejecutivo, es de asesoramiento”
Durante la hora y media que duró su declaración, Omar Rubens Graffigna –quien se desempeñaba como Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea en 1978- se dedicó a leer citas textuales de actas secretas de las juntas militares que gobernaron al país durante la última dictadura. Se trató de información diversa de escasa utilidad para la causa: felicitaciones de Agosti –entonces Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea- por adaptar la Jefatura 2 (J2) a la lucha contra la subversión; detalles de las calificaciones del Brigadier Francisco Salinas como jefe de la J2; palabras técnicas relacionadas al conflicto con Chile y por las Islas Malvinas; compra-venta de aviones; problemas de organización internos de la Fuerza Aérea, entre otro temas.
Entre la marea de tecnicismos, afirmó que “el jefe del Estado Mayor no es ejecutivo, es de asesoramiento”. Esa fue su estrategia de defensa. Los bostezos se multiplicaron conforme pasaron los minutos de su declaración. “Me perdí después de la primera vez que dijo ‘J2’”, comentó uno de los asistentes del público a otro.
Ninguna de las declaraciones aportó datos acerca de cuál fue el destino de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit. No obstante, el juez confirmó que los alegatos tendrán lugar el 5 y 22 de agosto.
Al igual que muchos otros sectores de la economía social, cooperativas de trabajo agrupadas en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), la Federación Argentina de Cooperativas y Trabajadores Autogestionados (FACTA) y la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), entre otras, reclaman desde hace varias semanas a los Ministerios de Energía y Minería y de Trabajo por los aumentos en las tarifas de energía eléctrica, agua y gas. Según los cooperativistas, estas medidas del gobierno nacional ponen en riesgo sus fuentes de trabajo.
“Nosotros no vamos a bajar la persiana, no le vamos a dar el gusto a nadie”, sostuvo con seguridad Julio César Fuque, presidente de la cooperativa textil Kbrones, que pagaba $800 de energía eléctrica y ahora la factura ronda entre $3.500 y $4000. Kbrones fue creada en 2009 en la Unidad Penal 12 de La Plata con el fin de permitir la reinserción laboral de ex convictos, a los que luego se sumaron personas liberadas de talleres clandestinos. Situada en el barrio porteño de Barracas, hoy la cooperativa produce ropa de trabajo y está compuesta por 24 asociados. Sin embargo, entre los aumentos de tarifas e insumos y la apertura de las importaciones los ingresos han disminuido y algunos integrantes decidieron buscar otras alternativas laborales. “Nosotros los entendemos. Estaban acostumbrados a llevarse un retiro muy bueno y ahora que bajó el trabajo tiene que ser equitativo y llevarnos una monedita cada uno a casa para poder pagar la olla. Hay otros compañeros que no están acostumbrados a eso”, se lamentó Fuque.
En el caso del Hotel Bauen, la factura de luz pasó de los 24 mil a los 100 mil pesos mensuales, mientras que la de agua era de 65 mil pesos bimestrales y ahora es de 218 mil. La factura de gas todavía no llegó. Federico Tonarelli, presidente de FACTA, dice que desde el Bauen se hicieron gestiones con los directivos de AySA y, de las dos boletas que tienen, van a pagar en cuotas sólo una, a la espera de que salga alguna resolución que revoque los aumentos. Tonarelli asegura que es imposible trasladar este aumento a los precios del servicio del hotel y que los ajustes que han hecho no afectan estructuralmente su situación. Una de las medidas que han tomado fue cerrar el espacio del segundo piso donde servían el desayuno a los huéspedes y atenderlos en el bar abierto al público que da a la avenida Callao.
Las cooperativas presentaron recursos de amparo. Sin embargo, Araceli Ferreyra, diputada nacional del Frente Para la Victoria (FPV-PJ), advierte que la presentación fragmentada de recursos es “jugar con fuego”. “Si el juez no ordena a la empresa prestataria que haga una nueva facturación, vos tenés la factura y si no pagás te cortan el servicio”, advirtió Ferreyra. Respecto a la gravedad de los aumentos, la diputada señaló: “Por primera vez, un tarifazo pone en crisis la situación de la economía. (…) Es la primera vez que los empresarios no pueden trasladar un aumento a los precios por la magnitud”. Ferreyra presentó un proyecto de ley que propone la derogación del esquema tarifario sancionado por el macrismo y que el Congreso establezca nuevos criterios para un aumento del costo de servicios.
Plácido Peñarrieta es impresor y hace 14 años trabaja en la cooperativa Artes Gráficas Chilavert, empresa recuperada y autogestionada desde 2002, ubicada en Pompeya. Peñarrieta aseguró que no se puede trasladar el aumento de tarifas y de insumos al producto:“Quedamos afuera del mercado”. En la cooperativa la factura de luz era de $3.000 y aumentó a $15.000. Con el fin de achicar gastos, tomaron diversas medidas: “Ya no prendemos la luz del galpón, literalmente estamos a media luz. Tampoco damos aumentos desde enero y tuvimos que achicar gastos de terceros, como remises y fletes. Intentamos hacerlo todo nosotros, en la medida de lo posible”. También han perdido clientes. “Esto nos achica la esperanza”, dijo Peñarrieta afligido.
Restaurant La Casona, Ciudad de Buenos Aires. Foto: Archivo ANCCOM
Para Tonarelli, es fundamental no hablar de “tarifas sociales” porque algunas cooperativas como Bauen, Cerámicas FaSinPat (ex Zanón) o la Gráfica Patricios son empresas muy grandes y quedarían por fuera de ese criterio. “Lo que hay que hacer es decir que va a haber una tarifa diferencial para la industria, que muchísimas veces tiene a cooperativas de trabajo como parte del conjunto. Algunas empresas, como Zanón, son muy grandes y superan la categoría de PyMES por la cantidad de trabajadores y niveles de facturación. Entonces es imposible pensar en una tarifa social para una empresa que gasta lo que gasta Zanón en gas, por ejemplo”. Y agregó: “Lo que hay que hacer es retrotraer todo y buscar porcentajes de aumento que sean racionales y que las empresas estén en condiciones de afrontar”.
A nivel nacional se han presentado dos proyectos que pretenden resolver específicamente el problema de la suba de tarifas para las cooperativas. Por un lado, el de Myriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), propone que las cooperativas de trabajadores de fábricas o empresas recuperadas no paguen los servicios públicos por un plazo de dos años. Por su parte, Héctor Recalde, jefe del bloque de diputados del FPV-PJ, presentó otro proyecto en el que se propone establecer “tarifas diferenciales” para las cooperativas y empresas recuperadas.
El plato de lentejas y los comensales están listos. La asamblea programada para las 13 ya puede comenzar. “¿Quién está yendo a la escuela?”, se les pregunta a los adolescentes sentados alrededor de la larga mesa. “Yo esta semana no fui, estaba cruzado y no quería agarrármela con el psicólogo. Después iba a tener cargo de conciencia, el pobre tipo no tiene nada que ver”, responde uno de los jóvenes. “Ir a la escuela a veces es como ir al dentista. Si te duele mucho una muela, ¿por qué no ir? Cuando uno más cruzado está es el mejor momento para ir a la escuela, porque te pueden ayudar”, le explica Claudio Di Paola. Es el director, junto a Edgardo Tabasco, de “La verdadera casa para vivir”, nombre del hogar que el centro educativo Isauro Arancibia ha logrado conseguir para que chicos y chicas en situación de calle que hayan tenido un paso por la institución tengan un lugar para habitar y puedan formar un proyecto propio.
En el 2006 los maestros y directivos del Isauro Arancibia decidieron formar una asociación civil para intentar conseguir un lugar en el que pudieran vivir los alumnos que más lo necesitaran, ya que los hogares que existen son para menores de 18 años y, pasada esa edad, el Estado ofrece paradores “que son horribles, son para parar, no para vivir”, explica Susana Reyes, directora de la escuela. Recién a finales de 2015 consiguieron que un banco industrial les alquile una vivienda por tres años. “El gobierno no tuvo nada que ver. Lo que sí hicimos con él fue un convenio que se le da a todos los hogares de la ciudad, que es una determinada cantidad de plata para la comida”, aclaró y continuó: “El eje de la casa es el proyecto de vida de los chicos, es un hogar de tránsito, para vivir un tiempo, para que hagan pie para su proyecto. Ellos están ahí para pensarse, para decidir qué es lo que quieren, porque en la calle no se puede. Y en un año y medio o dos poder irse. La idea es que laburen. Les vamos a abrir una caja de ahorro para que vayan ahorrando y que en dos años se puedan ir”.
La casa abrió sus puertas en diciembre de 2015, y en enero los primeros en llegar ya estaban instalados. Actualmente viven nueve chicos y durante este mes ingresarán algunos más, ya que pueden vivir hasta 18 adolescentes. Daniel Santamaría, uno de los chicos que habita allí, contó que el sueño de la casa propia lo tenían hace mucho tiempo. Por eso, junto a otros compañeros, conformaron la agrupación Hermanos de Calle: “Nos juntamos y fuimos a una banda de lados para que se haga una casa linda. Hicimos marchas, fuimos a la Legislatura. Primero nos dieron los hoteles a un par que vivíamos en la calle. Y como estaban sacando gente de los hoteles, Susana quiso hacer un proyecto que sea más accesible para nosotros y que no nos quedemos en la nada”, dijo.
Martin Lang, trabajador social que forma parte del equipo técnico de acompañamiento de la casa, explicó que la apuesta del proyecto “es que estén el menor tiempo posible, sabiendo que son chicos que no tienen vidas sencillas y que la construcción de un proyecto autónomo es un camino largo y complejo. Con cada uno hay un proyecto de trabajo, con cada uno se construye un rumbo”. Lang y la psicóloga Aixa Flores se encargan de la garantía de algunos derechos como la educación, la salud, la identidad, y el acompañamiento jurídico. “Trabajamos con el afuera de la casa, con tratamientos de salud y tratamientos terapéuticos que los chicos quieran empezar, o que nosotros le propongamos porque se están zarpando con el uso de drogas o se están yendo de mambo con el alcohol”, comentó.
Además del equipo técnico, con los chicos viven acompañantes que los guían en el proceso de conformar un proyecto autónomo. Juan Carlos Fernández, que terminó la primaria en el centro educativo y ahora asiste a un secundario que depende de la UOCRA, quiere desarrollar un emprendimiento de eco bolsas: “Esto lo aprendí en el Isauro. Tengo unas telas y me tengo que armar un stock para ir vender a alguna feria o algo, para ganarme la moneda. Y con eso poder comprar más tela y poder armar algo con serigrafía que me denomine a mí, algo mío. Tengo que organizarme bien. Conviene hacer más cantidad y más barato, porque ganas más rápido la moneda y además le haces un favor a la gente”.
“Mudarse a una casa nueva está buenísimo. Muchos de ellos están por primera vez bajo un techo. Pero es una crisis también. En la ranchada quedaron muchos amigos, y a los chicos les carcome la culpa. Hay que contener eso”, explicó Lang. Además, el trabajador social manifestó su preocupación por la incomprensión y la marginación social a la que se ven expuestos: “A un chico lo encontraron fumando porro en la esquina y se lo llevaron. El cana que estaba tomando los datos se preguntaba por qué lo habíamos ido a ver. Tienen un prejuicio muy grande. No lo entienden”, dijo. Uno de los chicos que actualmente vive en la casa, contó: “Un día estaba vendiendo la revista La realidad sin Chamuyo que hacemos en el Isauro, ahí en la placita Dorrego, y un cana me echaba. Como yo volvía, me acusó de haberle querido robar a una pareja que pasaba. Sentate ahí me dijo, me quiso agarrar. Le saqué la mano y me quiso dar un palazo. Justo puse la mano y me dio acá (muestra una cicatriz en el brazo). Lo empujé para defenderme, y me empezaron a agarrar tres cobanis a palazos. Por suerte, saltaron unos amigos y hasta vino la pareja que estaba viendo la situación a aclarar que nada que ver, que yo no les había querido robar. Pero bueno, no me quedó otra que salir corriendo”.
Con respecto al achicamiento del Estado y los despidos masivos que se vienen realizando desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, Martin Lang opinó: “Al haber echado a tantas personas de su laburo, hay gente suelta en el mercado laboral, y a ellos los pone en un lugar de asimetría bastante pronunciado”. Si bien la idea es que creen su propio emprendimiento, “el proyecto de vida implica tiempo, soñar con algo que no está. Es difícil cerrar los ojos e imaginarse de acá a cinco años cuando tu vida fue siempre la supervivencia, pensar en levantarse y ver si se llega hasta la noche porque hay condiciones concretas, materiales, que implican que capaz que no llegás”, continuó el trabajador social.
El requisito para poder entrar a la casa es haber tenido un paso previo por el Isauro Arancibia. La escuela que fue creciendo para poder brindar una educación digna a aquellos que han sido desplazados del sistema. El centro educativo, que actualmente se encuentra en peligro de demolición por el trazado de Metrobus, que frenó las construcciones que se estaban realizando para refaccionar el edificio, ya enfrentó la misma situación en 2014 y ahora vuelve a luchar para evitar que tiren abajo lo que les costó tanto conseguir. Luego de un reclamo en la Legislatura en abril, aún continúan sin respuestas por parte del Gobierno de la Ciudad: “No tenemos ninguna notificación oficial pero sí nos ha llegado la información por varios medios. Por ejemplo, el coordinador del Centro de Atención Integral para la Adolescencia y la Niñez (CAINA), que está en la esquina, nos contó que se van a mudar pronto porque en enero inician las obras por el Metrobus”, dijo Lila Wolman, maestra del Isauro.
La lucha recién comienza
Para visibilizar su reclamo, durante los últimos días llevaron a cabo las jornadas de lucha El pueblo quiere saber de qué se trata. El viernes 20 se realizó el debate pedagógico Inventamos o erramos, en el que participaron Tito Nenna, Pablo Imen, Laura Invernizzi, Ricardo Cotta, y Fátima Cabrera. Reflexionaron sobre la importancia de la educación popular y del papel de una escuela como la Isauro Arancibia en la coyuntura actual: “No solo tenemos que resistir, sino seguir construyendo, para que esa resistencia no sea inocua. Hay que seguir haciendo cultura. No podemos abandonar los sueños que tienen estos pibes”, dijo Tito Nenna, que pidió inaugurar el panel porque tenía que irse a defender la ley anti-despidos del veto macrista. El inicio de la próxima jornada, que tuvo lugar el lunes 23, contó con la visita inesperada de dos personas de Infraestructura de la Nación, que vinieron a corroborar que efectivamente los alumnos y docentes se están enfrentando a un invierno complicado: faltan vidrios en las ventanas y no tienen calefacción. “Venimos llamando desde hace meses y nunca conseguimos nada. Tenemos que salir en la prensa para que se acerquen a ver lo paradas que están las obras”, dijo la directora al iniciar el debate que tuvo como eje los derechos humanos. El encuentro se denominó Robertito Autero, “en memoria de nuestro estudiante asesinado por un policía de la Metropolitana de un tiro en la nuca, que aún está libre”, explicó Lila Wolman. Formaron parte del panel Jesús Fumagalli, Horacio Ávila, Amanda Toubes, María Elena Naddeo y profesionales de ATAJO, la Agencia de Acceso Territorial a la Justicia. Esta vez los chicos estuvieron presentes, mostrando los carteles que exigían la defensa del Isauro y contando las problemáticas que sufren día a día por el maltrato de la Metropolitana en las ranchadas. El martes 24 fueron ellos los protagonistas, en el acto cultural que llevaron a cabo en la calle Cochabamba, cortada para la ocasión. Las estrofas del Himno Nacional sonaron fuerte desde los parlantes del pequeño escenario montado y aún más desde las gargantas de los presentes. Los obreros, que al parecer volvieron a trabajar, se asomaron a ver el espectáculo desde las ventanas del primer piso. Aseguraron a ANCCOM que la refacción estará lista en dos semanas, y que no entienden por qué si se ha puesto tanto empeño en mejorar la escuela el gobierno está amenazando con demoler. Para acompañar los actos de circo, canto y distintos números interpretados por los estudiantes, cerca de las 13, se sirvió locro a los presentes. “Esto solo será el comienzo”, aclaró Wolman.
“Seguimos para adelante. Porque pensar en que un pibe que durmió en la calle –hasta hace poco tuvimos un chico en el Argerich porque la policía lo cortó- venga a la escuela y nosotros decirle que no damos clases porque el edificio no está terminado nos da vergüenza ajena. Acá las clases van a seguir, pero vamos a continuar luchando”, explicó la directora Susana Reyes. La identidad que aglutina a los chicos que habitan “La verdadera casa para vivir” es el Isauro Arancibia “como centro educativo que los alojó, los cobijó, que los quiere y que los convocó desde el amor. Estos chicos si se salvan, se salvan por amor”, agregó Martin Lang.
La movilización multitudinaria también se realizó en reclamo al gobierno nacional de mejoras presupuestarias, de las paritarias para el sector y de la implementación de un boleto estudiantil, ante la inflación creciente y los tarifazos en los servicios públicos y en el transporte.
