Mar 16, 2016 | inicio
Una a favor: el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 8, a cargo de la jueza Liliana Rodríguez Fernández, ordenó un embargo contra los empresarios Sergio Szpolski, Matías Garfunkel y Mariano Martínez Rojas e hizo así lugar a una demanda de un grupo de trabajadores de Radio América (AM 1190), que reclaman sueldos impagos desde diciembre. “Se trata de un embargo de carácter preventivo por más de un millón de pesos, sobre la pauta oficial de la agencia de Noticias Télam”, dijo a ANCCOM Martín Cangini, delegado de los empleados de la emisora ante el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
“Hicimos varias presentaciones para embargar los bienes que hay correspondientes a Radio América, y esta es la primera que salió”,agregó la abogada Sol Morano, trabajadora de la emisora y también miembro de SiPreBa. “Se trata de un monto total de 1.050.437 de pesos y que corresponde a la deuda de 20 trabajadores –agregó-. Dentro del clima de incertidumbre en el que estamos, es una buena noticia. Esta es la única manera que encontramos para resguardar la deuda por el incumplimiento de los pagos. Hasta tanto esperamos que se resuelva el conflicto, porque por ahora no tenemos nada certero. Ni siquiera sabemos con certeza quiénes son los empresarios dueños de la radio”.
Radio Abierta de los Trabajadores de Radio América, el viernes pasado, con Matias Colombatti como conductor, y Reynaldo Sietecase y Maria O’Donnell de invitados.
Respecto a la patronal, la radio se encuentra “en un estado complejo”, según definió Matías Colombatti, productor y conductor de la emisora. Los trabajadores comenzaron un paro por tiempo indeterminado el 8 de enero, ya que la empresa, a cargo de Szpolski y Garfunkel, no les había pagado el sueldo de diciembre ni el aguinaldo. El 20 de enero se informó sobre la venta de Radio América y Tiempo Argentino al grupo Grupo M Deluxe, del empresario Martínez Rojas. “A partir de ahí se nos generaron expectativas de que se iba a solucionar el conflicto –dijo Colombatti a ANCCOM-. Sin embargo, este supuesto nuevo dueño tampoco cumplió con los acuerdos, y actualmente desapareció”.
“El juzgado dispuso un plazo de 72 horas para que Télam deposite el dinero en su cuenta”, explicó ayer en Radio América el abogado de SiPreBA León Piasek, y detalló que el dinero quedaría “pisado” a la espera de la resolución definitiva. “Fue un juicio de rápida resolución, porque se ha comprobado la falta de pago, que el derecho que invocan es verosímil y que la situación ha tomado estado público –dijo Piasek-. Con el equipo jurídico de SiPreBA hemos iniciado otras causas similares a esta. Dentro de este clima de incertidumbre que plantean, con un plan muy claro de lucha y no resignación, han podido obtener de la justicia una muy buena noticia”. El abogado consideró que la persistencia de los trabajadores fue ejemplificadora y provechosa, y evaluó que este será recordado como “el primer conflicto importante de la era macrista”.
«El 20 de enero se informó sobre la venta de Radio América y Tiempo Argentino al grupo Grupo M Deluxe, del empresario Martínez Rojas. A partir de ahí se nos generaron expectativas de que se iba a solucionar el conflicto «, dijo Colombatti a ANCCOM,
Desde la semana pasada locutores, operadores y trabajadores de prensa decidieron comenzar con una programación diaria con tres franjas horarias, de 9 a 11, de 17 a 19 y de 21 a 23: en esos espacios, en general, se expone acerca del conflicto que los afecta, de conflictos que involucren a otros trabajadores y también de experiencias de distintas cooperativas. “Empezamos a hacer estos programas como mecanismo de difusión y defensa –explicó Colombatti-. Seguimos sin cobrar nada, pero igual nos hacemos cargo de la radio, del aire, de la limpieza y de impedir cortes de los servicios”. Federico Nadersohn, productor de información y conductor de la segunda transmisión del día, completó: “No hay ni una sola persona que se haya ido de este trabajo. Eso te hace generar un lazo de pertenencia mayor con la radio”. “Acá hay mucho amor por la radio, sino ya no estaríamos”, concluyó Colombatti.
El próximo viernes la emisora contará con la visita del periodista y relator Víctor Hugo Morales, quien fuera despedido de Radio Continental a comienzos de año y será protagonista de la cuarta “radio abierta” organizada por los trabajadores. El encuentro está pautado para las 18 en Amenábar 23, casi esquina Dorrego, sede de América 1190.
Mar 9, 2016 | destacadas
Un departamento de un ambiente en Belgrano: 4.000 pesos por mes de alquiler más 700 de expensas. A esos montos hay que sumarles gastos de comisión, depósitos y la complicación de conseguir cada vez más requisitos. El dato ilustra un problema acuciante que sufren cada vez más personas, alejadas del proyecto de la vivienda propia y sujetas a contratos abusivos y caros. En ese marco, distintas organizaciones denunciaron la suba de precios de los alquileres durante los últimos cuatro meses, con incrementos que oscilan entre un 60 y un 70 por ciento en la Ciudad de Buenos Aires, con cifras todavía mayores en el conurbano bonaerense y en el resto del país, según datos aportados por el Frente de Nacional de Inquilinos, la Defensoría del Inquilino de la Ciudad y la Concejalía Popular de Rosario. Esta situación afecta a por lo menos cinco millones de habitantes en todo el territorio, que, de acuerdo a la información del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010 realizado por el INDEC, se ven obligados ser inquilinos.
El zorro en el gallinero
Marcos Quintulén pertenece a la Asociación Inquilinos Agrupados, la cual ofrece asesoría gratuita todos los martes y jueves de 16 a 20 en Lamarca 1860, en el barrio porteño de Villa Santa Rita. “El aumento en los alquileres es una tendencia que venía dándose hace un par de años –señala-; la variación de los precios de alquiler superaban las paritarias. En noviembre del año pasado, con la devaluación anticipada y con una proyección devaluatoria en alza, en lugar de que los contratos se firmen por dos años se hicieron por seis meses o un año a precios abusivos. Los índices de aumento superan ampliamente la discusión salarial con montos que hoy absorben un 50 y un 70 por ciento del salario de un trabajador promedio”.
En tanto, Gervasio Muñoz, titular del Frente de Inquilinos Nacional, aseguró que el principal sector beneficiado con los aumentos es el mercado inmobiliario, representado en su mayor parte por la Cámara Inmobiliaria Argentina (CAI). Para Muñoz, por otro lado, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Buenos Aires (CUCICBA) funciona como un garante en favor de los intereses de la CAI, contradiciendo así el fin para el cual fue creado: garantizar la intermediación en la negociación inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires.
CUCICBA es un actor clave del problema, aunque la mayoría de la población no sepa de su existencia. Para Muñoz, los propietarios también son perjudicados por la fijación de precios del Colegio: “Los dueños también tienen su cuota de responsabilidad, pero en realidad ellos no definen nada. Los propietarios individualmente no pueden decidir nada, también son víctimas de la fijación de precios por parte de esa entidad.”
Asimismo añadió: “Si partimos de la Ley 2.340 la Ciudad le delega la potestad del control de la matrícula a CUCICBA. Este mismo organismo es el encargado de controlar, por ejemplo, los abusos en las comisiones inmobiliarias que se cobran. Tanto los requisitos como el control de la matricula del mercado inmobiliario está en manos de las mismas inmobiliarias de Cucicba. Está establecido que se paga un mes de comisión, pero hoy se cobran dos y el inquilino tiene que hacer la denuncia al mismo Colegio, y nosotros tenemos información de que ninguna denuncia ha prosperado”.
Este panorama se extiende, con sus respectivas particularidades, a otros puntos del país. Nire Roldán, presidente de la Concejalía Popular de Rosario, conversó con ANCCOM y aseguró que la situación de los alquileres de inmuebles sobrepasa la coyuntura de los aumentos de precios: “Nos encontramos con un mercado inmobiliario muy concentrado, donde los actores de la intermediación inmobiliaria dominan las operaciones, tanto sea de venta como de alquiler de inmuebles. Se trabaja sobre una burbuja inmobiliaria con valores totalmente ajenos a la realidad de las mayorías populares” y agregó: “Debido al escaso acceso a la vivienda propia, se fue consolidando un mercado de alquiler expulsivo. Valores altos de canon inmobiliario (aproximadamente el 50 por ciento del sueldo de un trabajador medio se va en alquiler), abusos en los contratos de alquiler (casi el 80 por ciento contienen cláusulas abusivas), falta de regulación positiva por parte del Estado -ya sea nacional, provincial o municipales-”. No hablamos de controles de precios, sino de Registros de Contratos, Servicios Públicos del Alquiler, política pública destinadas a generar contratos justos y dignos para todas las partes”, sentenció.
La Ley 2.340 de la Ciudad –vigente desde 2007- establece, en una de sus clausulas, que la comisión inmobiliaria no puede exceder el 4,15 por ciento del contrato, lo que equivale a poco menos de un mes de alquiler. Sin embargo, la Asociación Civil por la Igual y la Justicia (ACIJ) denunció, a fines de febrero pasado, que Cucicba intenta modificar, de forma ilegal a través del dictamen 350, ese tope máximo que las inmobiliarias pueden cobrar por las comisiones de los contratos de alquiler destinados a vivienda única. Dicha resolución, además de violar el artículo 57 de la Ley 2.340, pretende aumentar de uno a dos meses el máximo de las comisiones de los contratos de alquiler. Para ACIJ esto es alarmante dentro de un contexto de creciente porcentaje de la población que alquila en la Ciudad, donde uno de cada tres familias integra el sector de los inquilinos.
En consonancia con Inquilinos Agrupados, Sebastián Pilo, co-director de la ACIJ, manifestó que CUCICBA fue creado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de controlar el ejercicio profesional del corretaje inmobiliario. “Pero en lugar de ejercer como un ente de control para que las inmobiliarias cumplan con el régimen jurídico vigente termina siendo un facilitador de los beneficios de la Cámara Inmobiliaria Argentina”, indicó Pilo.
CUCICBA, para defender su postura, sostuvo que el nuevo Código Civil y Comercial de 2015 habría derogado implícitamente la obligación de la Ley 2.340 ya que establece el principio de libertad contractual. Sin embargo, el codirector de ACIJ explicó: “Esa argumentación es jurídicamente equivocada ya que el nuevo Código Civil y Comercial no limita las facultades de las provincias para regular el ejercicio profesional, en general, y el corretaje inmobiliario, en particular. Además, a CUCICBA no le fue otorgada ninguna competencia como para hacer ponderación jurídica de aplicación como para dar de baja una norma de la Legislatura porteña”.
La defensa
Ante los aumentos y abusos de todo tipo en los alquileres de departamentos, dentro del ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a funcionar, en febrero pasado, la Defensoría del Inquilino. El ex legislador porteño Fernando Muñoz, a cargo de esa área, señaló la importancia de exigir a las inmobiliarias y a los dueños particulares constancia de todo lo que se paga: “Hay que pedir siempre recibo: del depósito, de la comisión, de las expensas, de la mensualidad. Esto es fundamental para que nosotros podamos iniciar denuncias en la misma CUCICBA. O para iniciar un reclamo directo tratando con la inmobiliaria, como estamos haciendo mucho por la poca respuesta del Colegio. O, en su defecto, convocando a una mediación, en la que acompañamos al inquilino con un abogado del equipo de la Defensoría para defenderlo de cualquier acuerdo malicioso del que haya sido víctima”.
Otro consejo por parte de la Defensoría consiste en que el inquilino realice un relevamiento del inmueble, en un lapso no mayor a los quince días de estar habitándolo, y que le solicite a la inmobiliaria o al propietario la firma de una copia. “Esto es un resguardo para evitar pagos indebidos a futuro por un supuesto deterioro de la unidad”, explicó el funcionario.
En cuanto a los contratos, Muñoz advierte que debe ser leído de manera minuciosa por el inquilino antes de firmarlo. “En especial lo referido a expensas, asegurarse que se está pagando ‘expensas ordinarias’ y no las ‘extraordinarias’. También hay que asegurarse de no pagar el impuesto inmobiliario, que es un impuesto a la propiedad y que en la Ciudad viene fijado en la boleta de ABL y no debe ser así”, puntualizó.
La Defensoría del Inquilino porteño atiende llamados al 0810-333-6767; también se pueden hacer consultas en su página web vecino.defensoria.org.ar o acercándose en persona a cualquiera de las sedes de la Defensoría del Pueblo.
La apuesta legislativa
Ante la inflación que castiga todos los rubros, pero especialmente uno tan sensible como el de los alquileres, organizaciones de todo el país se reunirán bajo la consigna “un alquiler justo y digno”, con el objetivo de impulsar una nueva ley de alquileres, este viernes 11 de marzo, en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio. La reunión está organizada por el Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular de Rosario y se espera la asistencia del Frente de Inquilinos Nacional, integrantes de organizaciones de inquilinos del país (Capital Federal, La Plata, Córdoba, Rosario, Santa Fe -capital-, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego), representantes públicos y organizaciones gremiales y empresariales.
El proyecto de ley para regular el alquiler de viviendas nació del seno del Frente de Nacional de Inquilinos. Sus puntos más importantes buscan fijar los aumentos a los índices de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos, “para terminar con la especulación inmobiliaria”, y pasar de dos a tres años el plazo mínimo de alquiler de vivienda, “para que las familias puedan tener más estabilidad y que no estén rehenes de las inmobiliarias”, subrayó Quintulén de Inquilinos Agrupados.
El texto también prevé que el reintegro del depósito se realice en el momento que el inquilino entregue la llave del inmueble. Esto busca evitar que tanto inmobiliarias como dueños se queden con un dinero que debe ser entregado 60 días después de finalizado el contrato, algo que de facto no sucede nunca. Asimismo, se obliga a los propietarios a hacerse responsable del buen mantenimiento de la vivienda, ya que si bien el Código Civil así lo estipula, en los contratos recae sobre los inquilinos el hacerse cargo del mantenimiento del inmueble.
“Hay una tendencia a ser inquilinos por generaciones. A partir de tener esto en claro hay que organizarse y luchar por la solidaridad del sector y por alquileres justos”, concluyó Quintulén.
Mar 2, 2016 | destacadas
“Hay que preocuparse. Cuando hay medidas políticas de variaciones de precios de consumo masivo, junto con variaciones de precios en la importación de productos de la industria, debemos preocuparnos”. La ecuación sobre la reciente disparada en los valores de los medicamentos pertenece a Ernesto Mattos, economista del Centro Cultural de la Cooperación y docente de la Universidad de Buenos Aires. El diagnóstico se completa con un crudo análisis del impacto de esos aumentos en la economía doméstica. “Se estima que una familia en la Argentina, según cifras del Banco Mundial, gasta 658 dólares por habitante en salud al año. Se trata del gasto más alto de América Latina, si lo comparamos con Chile, que gasta 336 dólares o Brasil que gasta 267 dólares”, subraya Mattos a ANCCOM.
Según el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), el aumento en el rubro medicamentos, a enero de 2016, fue de un 42,7% interanual, con una fuerte aceleración a partir de diciembre cuando registró un 18,8% de incremento. Esa disparada está muy por encima de la inflación general registrada por ese organismo para el mismo período y que se ubicó en el 29,6%. Con la inflación en ascenso, el encarecimiento de los remedios impacta de lleno en los bolsillos. Y se trata, en definitiva, de un gasto difícil de ajustar. Por caso, antiespasmódicos, aspirinas, aspirinetas, hormonas y drogas para hipertensos muestran subas superiores a productos de otra clase.
El aumento del tipo de cambio de los últimos meses se refleja directamente en los costos de los medicamentos, que son, en su mayoría producidos con principios activos importados de China e India, según el economista. Así como el aumento en los costos de la harina repercute en la elaboración de panificados, el aumento del valor en dólares de las insumos farmacéuticos se traslada a sus productos finales.
Para el doctor en Economía y docente universitario Alejandro Rofman el gasto en salud de una familia tipo ha ido creciendo a mayor velocidad que los de bienes y servicios. Y agrega: “Los laboratorios manejan patentes, realizan investigación científica en sus países de origen, mueven los precios de los medicamentos en función del tipo y tamaño del mercado al que acceden, el nivel de ingresos y la capacidad que tienen de generar ventas. Es un proceso muy complejo en el que un sector muy concentrado logra elevadas tasas de ganancia con su actividad”.
Rofman también advierte sobre el rol de los laboratorios. “No se conoce cómo elaboran los precios, es de acuerdo a criterios de rentabilidad que ellos mismos fijan. No hay normas estatales que los obliguen a determinadas conductas, ni control sobre la realidad de los costos que aducen o que deben incurrir para la producción de un medicamento”.
El ¿gasto? del Estado
Martín Isturiz es farmacéutico y bioquímico, e investigador superior del CONICET sobre políticas sanitarias que necesitan de un desarrollo científico. “El gasto en Salud es el 10% del PBI, el 32% de eso son medicamentos, estamos hablando del 3,2% del presupuesto del PBI de todo el país, cuando toda la inversión pública y privada en Ciencia y Técnica es del 0,65%. Es decir, el Estado gasta cuatro veces más en medicamentos que lo que gasta en Ciencia y Técnica”, explica.
Según las estadísticas de su investigación, el 55% del gasto total en medicamentos está en manos del Estado. Y enfatiza: “Es una cuestión central, porque los precios de los medicamentos en general, regulan, en el sentido de que si el mercado puede pagar diez, vale diez y si puede pagar veinte, vale veinte. No son precios que estén basados en una estructura de costos”. Isturiz asegura que la Argentina está en condiciones de usar los resortes tecnológicos para “generar un precio testigo” y regular al resto. “Hay capacidad para hacerlo en el país con buen nivel, no se ha implementado lamentablemente, para que funcione como debiera funcionar”.
Mattos también tiene una posición clara sobre el rol del Estado. “El ejemplo más simple son las drogas de los programas de salud que se abastecen gratuitamente. En ese caso, el Estado juega un gran papel porque compra una gran cantidad de medicamentos que la industria nacional no tiene la capacidad para proveer. Entonces, para abastecer al mercado interno, tiene que importar. Hay un fuerte tensión allí, porque todos los laboratorios quieren ser proveedores, ya que un programa de salud gasta al año al menos, dos mil millones de pesos por cada medicamento gratis”.
Producción pública
Claudio Capuano, médico del Hospital Durand y director de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA, participó en la redacción de la Ley 26.688, reglamentada en el año 2014, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos; y por otro lado, de la de la Ley 27.113, que crea la ANLP (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos), y es complementaria de la anterior porque considera de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública, dedicados a la investigación y producción medicamentos, materias primas, vacunas, insumos y productos médicos.
“La producción pública de medicamentos es mucho más que medicamentos baratos. Es una cuestión estratégica”, afirma en diálogo con ANCCOM. Y ejemplifica: “Lo cierto es que, cuando uno ve un medicamento cualquiera (NdR: producido en un laboratorio estatal) como mínimo a un precio cuatro veces menor al valor de mercado, ese valor aumentado es el resultado de dinero que está circulando hacia distintos sectores. No estoy hablando de corrupción, lo que digo es que, dentro de la formación de precio de ese medicamento, se están cubriendo determinados tipo de pautas, que si uno lo ve como bien social, no tiene por qué cubrir”.
Isturiz releva 39 laboratorios de producción pública en el país, con distintas envergaduras, preparados para responder frente a diferentes necesidades. “No es lo mismo un laboratorio municipal, que hay varios y buenos, que laboratorios industriales con gran potencialidad”, explica. Para ejemplificar, el especialista remite a su propia experiencia en la provincia de Santa Fe: “El 94% de la medicación que utilizan para atención primaria de la salud, es provisto por laboratorios públicos, el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF SE), de la provincia de Santa Fe, y el Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM SE). Entre los dos cubren casi todos los requerimientos a nivel provincial. Es más, ellos producen medicamentos con el 18 por ciento del presupuesto asignado a medicamentos que tiene la provincia. Es decir 80% menos, comprándolo al mejor precio comercial. Lo mismo sucedió en el Laboratorio Biológico de La Plata, en el año 2011 estaba produciendo medicamentos un 80% más baratos que la mejor oferta comercial privada”.
Para Capuano la clave está en la articulación de los laboratorios públicos con las universidades públicas, ya que ese lazo “crea una herramienta estratégica para la investigación y desarrollo en salud” .Y añade: “Le da una herramienta al Estado para producir alta calidad en medicamentos, es decir darle un valor estratégico es darle un valor sanitario. Es meter una cuña en un sector donde está todo comercializado y generar un intercambio a nivel nacional e internacional con respecto a otros recursos, lo que implica una captación de científicos para investigar, y a la vez, considerar generar patentes para nuevos medicamentos. En definitiva, se trata de dotar de herramientas para tener políticas soberanas en salud. La ley está funcionando muy parcialmente, el Estado tendría que tener toda la fuerza para plantar una política pública de medicamentos de alcance nacional”.
Mar 2, 2016 | inicio
Entre aplausos de sus militantes y abucheos de la oposición, Mauricio Macri inauguró el período legislativo de sesiones ordinarias. Hizo un repaso de sus primeros tres meses de gestión y, como la tradición política argentina lo indica, justificó los despidos masivos en el Estado y la devaluación por la herencia recibida. Pidió a los parlamentarios “madurez” para aprobar el acuerdo con los fondos buitres y anunció que rebajará el IVA a los productos de la canasta básica. Insistió en que los objetivos de su gobierno son la pobreza cero, la lucha contra el narcotráfico y el descenso de la inflación, aunque pronosticó que llevará tiempo conseguirlo.
Mar 1, 2016 | inicio
A dos meses de ser reprimidos con balas de goma por manifestarse en defensa de su fuente laboral, los
trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja continúan en situación de incertidumbre y sin cobrar sus salarios y aguinaldo adeudados. La firma fue adquirida por un consorcio liderado por la compañía
Ovoprot Internacional S.A., que les garantizó la continuidad laboral a mediano plazo pero sin tener en cuenta la antigüedad de los empleados.
Hace diez días, los operarios fueron informados que desde el próximo lunes ya no forman parte de
ninguna compañía y que deberán negociar uno a uno su indemnización por la quiebra de la sociedad
anterior, propiedad de los hermanos Rasic, mientras esperan a ser llamados por los nuevos dueños, que
ofrecen firmar un contrato de apenas tres o seis meses. Los medios comerciales anunciaron que ya han
nacido miles de pollitos, lo cual supone que de los cinco mil operarios de Cresta Roja, al menos 200 o 300 serán recontratados dentro de los próximos 50 días.
Desocupados
ANCCOM conversó con José Moscovich, uno de los trabajadores a la espera, que contó cómo se vive el conflicto desde la represión del 23 de diciembre. José es el hermano de Cristian, cuya espalda con nueve balazos de goma se convirtió en la imagen de la represión de Gendarmería ese mediodía de acampe en Ezeiza. Ambos trabajan desde hace más de cinco años en Cresta Roja.
“Pasar las fiestas fue difícil”, comenta José. “Mi situación particular, con mi hermano que estaba baleado, hacía que no pudiéramos hablar mucho de eso porque lo hacíamos sentir mal. Él es el jefe de su familia. Y todos los compañeros nos veíamos mal: no pudimos cobrar las fiestas como lo hacíamos antes, ni planear nuestras vacaciones ni nada de lo que teníamos acostumbrado. Antes la empresa nos pagaba un premio grande para las fiestas que este año no percibimos, como tampoco fueron abonados los sueldos desde noviembre, ni el aguinaldo”.
Sobre los salarios adeudados, la última noticia que recibieron los trabajadores antes de que terminara febrero es que a cada uno se le pagará según el juicio que se le inicie a la empresa liderada por los hermanos Rasic. “Desde el 22 de febrero estamos dados de baja, desocupados ante la Anses. Como la empresa nueva ya firmó el acuerdo ante la jueza Valeria Lopez Casado, no cobramos más los Repro (los subsidios que otorga el Ministerio de Trabajo a las empresas en dificultades para que abonen el salario a sus empleados), porque pasamos a ser desocupados, no somos más parte de una empresa en crisis. Para contenernos hasta que volvamos a entrar a trabajar nos van a pagar seis mil pesos en concepto de futuro pago de la indemnización”, explica José.
A dos meses de ser reprimidos con balas de goma por manifestarse en defensa de su fuente laboral, los trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja continúan en situación de incertidumbre y sin cobrar sus salarios y aguinaldo adeudados.ades, fábricas, salir a la calle a hacer festivales, aceptar el apoyo de organizaciones
Vivir de changas
“A fines de marzo va a entrar a trabajar una primera tanda de 200 trabajadores en la planta de El Jagüel”, explica José, y agrega: “Especulan con tener una producción de 350 mil pollos diarios en Planta 2: eso daría empleo a 1200 personas. Pero ellos dicen que Planta 1, que es la de La Unión, no va a abrir, que van a alquilársela a otro grupo, y eso llevaría a mi parecer al desguace de la empresa: todas las pertenencias de lo que era el grupo Rasic pasarían a ser de cinco o seis empresas distintas.” Los voceros de Ovoprot todavía no han realizado declaraciones acerca de la modalidad de contratación.
Quienes aún no fueron reingresados a sus puestos de trabajo, cobrarán este mes seis mil pesos a cuenta de una futura indemnización. De las cinco mil personas que trabajaban para Cresta Roja, unas trescientas decidieron tomar otros rumbos y no renovar contratos, ya que necesitaban tener un ingreso mayor a seis mil pesos para poder mantener a sus familias. Algunos operarios que optaron por esperar, complementaban lo que cobraban a través de los Repro con changas. Muchos recurrieron a vender sus vehículos y pertenencias para subsistir hasta volver a entrar a trabajar. Pudieron mantener, además, los servicios de la obra social hasta el pasado 28 de febrero, gracias a aportes del Estado.
“Por todo esto estamos discutiendo la posibilidad de hacer un fondo de lucha”, comenta José. “Se habla de ir a universidades, fábricas, salir a la calle a hacer festivales, aceptar el apoyo de organizaciones políticas que quieren darnos una mano. Se acercan las clases y muchos compañeros no llegaron a comprar ni la mitad de los útiles escolares, y también se nos vienen las cuentas encima. Los trabajadores no podemos vivir sin la solidaridad del resto de los argentinos”.
Los operarios fueron informados que desde el próximo lunes ya no forman parte de ninguna compañía y que deberán negociar uno a uno su indemnización por la quiebra de la sociedad anterior.
Miedo
Hace dos semanas, la jueza Valeria Pérez Casado otorgó por 180 días la continuidad de la explotación de la empresa a Ovoprot, prorrogables por otros seis meses o hasta que se concrete la venta. El valor de referencia de la compañía, dictaminado por el Poder Judicial, es de 750 millones de pesos, con pasivos por más de 2.000 millones. El actual operador tiene el derecho a igualar la mejor oferta que se presente en la subasta.
Además del fondo de lucha, los trabajadores se encuentran debatiendo nuevas formas de protesta. Por el momento, los cortes quedaron descartados: “Luego de la represión de diciembre, sumado a la incertidumbre laboral, quedamos muy dispersos y desmoralizados”, comenta José. “En un punto dio efecto la represión. A mi hermano, por ejemplo, lo que le sucedió el 23 de diciembre lo abroqueló a no querer salir a luchar. Y ahora salió este nuevo protocolo anti-cortes por parte del gobierno, como una advertencia, que hizo que hoy se hablase de no volver a salir a la calle a hacer un corte”.
No hay certezas de cuándo serán re-contratados todos los operarios a la espera. La promesa de volver a entrar a trabajar es solo de palabra, y es por eso que los trabajadores están buscando organizarse no solo para pagar las cuentas hasta ser reincorporados sino también para prepararse en caso de que los nuevos dueños no cumplan con lo pactado. “No sabemos lo que va a pasar después, nadie nos asegura nada”, afirma José. “Hoy por hoy sabemos que desde el lunes 22 estamos dados de baja, no pertenecemos más a la empresa y el que quiera hacer un juicio a la sociedad anterior, lo puede hacer, pero nos piden un montón de papeles para cobrar la quiebra. Y mientras tanto, nos queda esperar a que nos llamen de nuevo para entrar a trabajar”.
