Convocado por el CELS y la Universidad Torcuato Di Tella se realizó el primer seminario internacional “Drogas: de la prohibición a la regulación”, con el objetivo de pensar y reflexionar acerca de nuevas políticas sobre el tema que recuperen el marco de los derechos humanos. Las dos jornadas, los días 20 y 21 de julio, contaron con asesores, investigadores y representantes de distintas organizaciones y organismos internacionales, como la ONU, la fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) y universidades latinoamericanas y europeas.
Durante la jornada inaugural, Horacio Verbitsky y Juan Gabriel Tokatlian, presidente del CELS y director del Departamento de Ciencia Política de la UTDT respectivamente, coincidieron en la necesidad de un cambio de paradigma en lo que respecta a las políticas de drogas. “Tal como ocurre con algunas políticas económicas del neoliberalismo, cuando se percibe su escaso resultado, no se pone en revisión el paradigma que las justifica sino que se atribuye a una insuficiencia de rigor, de perseverancia o de fuerza suficiente en su aplicación, y el fracaso, lejos de debilitar el paradigma, lo fortalece”, refirió Verbitsky.
Hay sobrados justificativos para dejar de pensar dichas políticas dentro del slogan “guerra contra las drogas”. Formulado por los Estados Unidos en la década del 60, cuando el expresidente Richard Nixon estaba en el poder, ese paradigma “sirvió para justificar otro tipo de políticas, como la lucha anti subversiva en América Latina”, precisó Verbitsky. A su vez, ese modo bélico de encarar la cuestión parte de una “demonización de la sustancia”, según agregó el presidente del CELS, construcción mediante la cual “todos los males son colocados en ese fetiche y no hay reflexión sobre las relaciones sociales que implican la producción, el tráfico y el consumo”.
A pesar de que el prohibicionismo sigue siendo una constante a nivel global, Tokatlian señaló que “estamos frente a un cambio en materia de políticas de drogas pero debemos precisar qué tipo de cambio se está dando y cuáles son sus alcances”. Por poner algunos ejemplos, tanto China, Estados Unidos, Rusia como aquellos países emergentes persisten -con sus variantes- en un régimen de tipo prohibicionista. Aunque Tokatlian avizora una transformación paulatina de ciertas reglas a nivel mundial, rescató el debate y las discusiones en América Latina como aquellas más propositivas y fructíferas en el contexto mundial actual.
La regulación se reivindica como la posibilidad de dejar atrás al prohibicionismo, tal como sugiere el título del seminario. Esta alternativa, si bien no fue explayada minuciosamente, debe, en palabras de Tokatlian, “introducir muy intensamente la cuestión de que la regulación también tiene bases éticas para sustentarse, que requiere de un debate que rescate valores como la autonomía de las personas, la justicia, el bienestar, la protección del ciudadano. Hay un discurso ético posible sobre la regulación.”
En las breves exposiciones que inauguraron el seminario se describió el impacto de las actuales políticas de drogas en el mundo, con especial hincapié en la situación estructural de América Latina y el fracaso y los límites del paradigma de “guerra contra las drogas”. La crítica se centró, en particular, en aquellas políticas referidas al punitivismo y la penalización del uso y consumo. “Las consecuencias del prohibicionismo de atacar la oferta ha sido devastador para América Latina y creo que esta región es quien debe levantar las voces en contra de este paradigma y generar una discusión sobre otras formas de encarar la cuestión de las drogas”, afirmó el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier.
Un punto que atravesó las exposiciones, no sin un enfoque crítico, fue la próxima Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS 2016), convocada especialmente para tratar el problema de las drogas a nivel global. UNGASS 2016 -a realizarse en Nueva York- será un espacio pertinente para poder plantear y consolidar un cambio real en las políticas de drogas en el marco de los derechos humanos o podrá convertirse en un mero cambio de vestiduras del prohibicionismo, bajo el influjo político conservador de los Estados Unidos.
Matías Zalduendo es el Secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y aquí plantea la agenda que el gremio docente le planteará al sucesor de Mauricio Macri.
¿Qué reclamos le harán al nuevo jefe de Gobierno como trabajadores de la educación?
Nosotros planteamos que no sólo luchamos por el salario, que claramente es con lo que cuenta el trabajador para vivir en esta sociedad, sino que también peleamos por las condiciones de trabajo. Entonces, las primeras medidas tienen que mejorar las condiciones de trabajo y de enseñanza en las escuelas de la Capital Federal. En primer lugar, algo que surge para el nivel primario es que nosotros seguimos peleando por la Ley de Celadores de Comedor, que todavía no fue cumplida en pleno ejercicio. Necesitamos que haya celadores en los comedores para que no recaiga toda la actividad sobre los docentes que bastante tarea tienen.
¿Esto está relacionado con un aumento en el presupuesto?
Consideramos que lo primero que tiene que haber es un mayor presupuesto educativo, este gobierno viene subejecutando, bajando el presupuesto, y así se quiere construir la escuela pública. Es algo que no sale en los medios pero es real. Quieren aplicar la Nueva Escuela Secundaria (NES) -un reclamo legítimo, que implica discutir una escuela nueva, cambiarla – sin presupuesto. Hoy, hay muchas escuelas que no están preparadas para ese cambio. O peor, hay escuelas que han pasado o están pasando este invierno sin gas, con situaciones edilicias complicadas. No podemos pensar que haya una escuela pública para pobres y una escuela privada para ricos. Queremos que la escuela pública sea de todos, donde ingresa el hijo del farmacéutico, del profesional, del trabajador de una fábrica, la hija de un desocupado, una escuela de todos. El macrismo está estigmatizando la escuela pública.
¿Qué otras necesidades concretas tiene la escuela pública?
Ante la situación que hemos vivido -por la separación del cargo de las dos docentes del Jardín de Infantes N°2, D.E. N°12, luego de que un niño que asistía al establecimiento fuera asesinado por su padrastro a golpes– un reclamo importante es la necesidad de incrementar los equipos de orientación escolar en las escuelas. Hoy están saturados porque hay muy pocos por distritos, es una situación imposible. Tiene que haber muchos más equipos de orientación escolar: trabajadores sociales, psicólogos, que estén acompañando las trayectorias educativas de nuestros pibes en las escuelas. Eso es lo que necesitamos, equipos fortalecidos, que estén a la altura de la escuela pública. La sociedad fue cambiando y la escuela se tiene que actualizar. Necesitamos que el docente en el aula cuente con otros acompañamientos.
¿Qué otras políticas deben reverse?
Hay que actualizar las asignaciones familiares que están en el freezer. Con este gobierno de la Ciudad, no se actualizan hace años, me parece que es un reclamo importante.
¿Y respecto a lo edilicio, qué es lo que necesita la escuela pública?
Necesitamos más escuelas, tanto de nivel inicial como de primaria. El gobierno de la Ciudad no ha construido escuelas. El problema de las vacantes se dio este año, el año anterior y existe actualmente. Recién hace una semana colocaron un micro que va del Distrito 20 al Distrito 3 para llevar niños que no tienen vacante en su barrio hacia otro en que sí las hay: tardaron cuatro meses en dar el servicio. Hubo chicos que desde el mes de marzo estuvieron sin ir a la escuela. De eso nadie habla, no es noticia, no es titular de nada. Para los globos de colores hay presupuesto, pero para un micro para los chicos de las zonas más postergadas de la sociedad, no. Los chicos estuvieron más de cuatro meses sin escolarizarse, algo nefasto y terrible. Tiene que haber más escuelas para que lo de las vacantes no vuelva a ser un problema, para que no tengamos el año que viene situaciones de chicos que no se pueden escolarizar. Tienen que hacer más escuelas por distritos, más aulas de nivel inicial. La construcción de escuelas tiene que ser una política clara y educativa de este gobierno.
¿Qué otra necesidad tiene el sistema educativo porteño?
Otro tema importante es la titularización de los maestros del área socio educativa. Docentes que se encuentran en situación de interinos y el Gobierno se comprometió a su titularización y no ha cumplido. Por otro lado, está la implementación de la titularización de las docentes de nivel inicial y primario en las escuelas normales de la Capital Federal. Se ha votado una ley, el año pasado en la Legislatura porteña, en la que se comprometían a la titularización de todos los docentes y hasta la fecha no hay novedades, algo que es bastante preocupante porque se trata, ni más ni menos, que de la estabilidad laboral del docente.
Vista de la Villa Rodrigo Bueno.
Vivienda: Urbanización de la villa 31
Teófilo Tapia es un vecino de la villa 31, ahora llamado Barrio Carlos Mugica, de Retiro. Desde la década del setenta es el referente en la lucha por la urbanización. Además es el fundador del comedor Padre Carlos Mugica y elegido continuamente por los vecinos como delegado barrial. Reclama la implementación de la ley 3.343, aprobada por unanimidad en la Legislatura pero que nunca se aplicó.
¿Cuánto hace que milita por la vivienda digna?
Es un camino que empezó en la década de los 70, desde esa época pedimos que se haga la urbanización de la villa 31. Fue una lucha que comenzó para que se hagan las viviendas del barrio, que antes se llamaba Eva Perón y ahora se le dio el nombre de Carlos Mugica. Y nosotros seguimos ese camino, esa lucha desde aquella época. En estos últimos años, en el 2009, se votó la ley 3.343, que se aprobó por unanimidad en la Legislatura de Gobierno de la Ciudad, que estableció la urbanización de la villa. Los primeros objetivos eran marcar un polígono, que decía cómo y dónde se iban a construir las viviendas, desde dónde hasta dónde son los límites. Inclusive el gobierno de Mauricio Macri aprobó el proyecto, nos pareció rara su aprobación, ya que él siempre tenía la intención de erradicar la villa 31.
¿Y se puso en marcha la aplicación de la Ley?
No, porque ahora lo que falta es la aprobación del dictamen de ley. El dictamen es lo que ordena cómo se van a distribuir las viviendas, cuánto van a valer, cómo se van a unir las calles, y todo lo que es necesario para conformar la villa 31 en un barrio urbano. Desde el Gobierno de la Ciudad no están de acuerdo porque no quieren ceder el poder de las tierras a los vecinos. Entonces, el conflicto es entre el Gobierno Nacional, que quiere entregarnos las tierras y el Gobierno de la Ciudad que no quiere. Porque el Gobierno de la Ciudad puede prometer que va a construir, y de pronto cambia de idea, no hace nada, y nos echa a todos. Ese es el temor. El problema es que en los tres sectores de la Legislatura que tratan la urbanización de la Villa 31 -la Comisión de Vivienda, Planeamiento, y en Presupuesto- siempre lo rebotan.
¿Entonces el obstáculo es la propiedad de la tierra?
No quieren que los vecinos sean los dueños de las tierras. Porque sus objetivos son quedarse con la tierra y hacer un barrio como Puerto Madero. La intención del Gobierno de la Ciudad no es hacer un barrio obrero, porque de un barrio obrero no pueden sacar mucho rédito. No van a poder poner muchos impuestos porque es un barrio de trabajadores. En cambio, si en ese lugar edifican torres, ahí les resulta más productivo.
¿Si tuviera que evaluar la acción del Gobierno en estos últimos años, cómo lo describiría?
Diría que aprobaron la Ley porque creían que el Gobierno Nacional al día siguiente le iba a ceder el traspaso de las tierras. Pero no salió como querían, cuando les dijeron que antes del traspaso tenían que firmar un acta que les daba el poder de la tierra pero “para la urbanización de los habitantes de la villa 31”, en eso no están de acuerdo. El Gobierno de la Ciudad lo que quiere es que hagan el traspaso primero y después ellos deciden. Dicen que van a urbanizar, pero quién sabe si lo van hacer. Ellos tienen mucho deseo de quedarse con las tierras.
¿Y mientras no se apruebe el dictamen, el proceso queda estancado?
No, seguimos peleando. El problema es que no sale el proyecto del dictamen de la Comisión de Vivienda de la Legislatura. En tres oportunidades lo volvimos a presentar, dos veces lo presentaron legisladores, y este año decidimos que lo iba a presentar el barrio en tanto Habitantes de la Villa 31 y organizaciones sociales. Esperamos que el nuevo proceso tenga consenso y los diputados puedan tratarlo y poder urbanizar. La primera reunión que tuvimos fue con asesores, pero no se consiguió nada. Se justificaron con el capricho de que si Cristina Kirchner no entrega las tierras, no se puede urbanizar, pero no le hablan a ella directamente, sino que dicen: “Acá la presidenta se niega a presentar las tierras, y Macri no puede urbanizar si no tiene las tierras”. No puede porque no quiere hacerlo. Se podría avanzar si Macri, como Jefe de Gobierno, mandara una nota pidiendo la urbanización, para que los habitantes de la villa puedan construir sus viviendas, ayudar con lo que falta, y tratar de organizar para que sea un barrio y no una villa. Pero él no está de acuerdo.
¿Como representante del Barrio qué le pediría al nuevo jefe de Gobierno porteño?
Le pediría que apruebe el dictamen, que sea más flexibles con el tema de la urbanización. Y que lo apruebe la mayoría, porque hay que esperar a ver cómo va a quedar conformada la Legislatura en la Ciudad. Aunque probablemente el nuevo Jefe se siga oponiendo a que salga el tratamiento de la Ley, y así va a ser difícil conseguir la urbanización de la villa 31. Lo que queremos es que se entienda que nosotros no somos usurpadores, la villa tiene cien años de historia, somos trabajadores, somos los que construimos los edificios donde vive la gente de Libertador. Entonces lo que pedimos es el derecho de vivir también dentro de la Ciudad, y no ser marginados por el resto de la sociedad. Porque Macri en un momento salió en una nota diciendo que la villa 31 crea la inseguridad de los vecinos que viven en Libertador, y no es así. Nosotros también somos vecinos. Vinimos a la villa por una necesidad, porque en la Provincia no hay tanto trabajo como hay acá. Pero es una lucha bastante dura, porque hay personas que no quieren que se urbanice la villa, no quieren que haya gente humilde dentro de la Ciudad.
Viviendas ociosas en la Ciudad de Buenos Aires, en Puerto Madero.
Alquileres: sistemas de mediación
Ricardo Botana es el presidente de la Unión Argentina de Inquilinos, una entidad diseñada para asesorar a todos aquellos que alquilan viviendas en el país. Pelean por defender sus derechos y por una ley que regule la actividad.
¿Qué cambios observa de los últimos años con respecto al precio de los alquileres?
Dentro de la Capital está muy diversificado. Cambiaron las exigencias porque hay un escalonamiento a nivel semestral cuando antes era anual. Antes uno firmaba un contrato y tenía un aumento del 20% al año, y ahora hay un aumento que llega hasta un quince por ciento semestral. También cambió la cantidad de garantes exigidos, ahora son dos y tiene que residir en Capital.
Y en cuanto a la regulación ¿qué cambios se fueron dando?
En algunos lugares se ha logrado, Por ejemplo en la ciudad de La Plata existe una oficina que funciona dentro de la Municipalidad con los compañeros de API (Asociación Platense de Inquilinos) para la mediación específica entre locadores y locatarios. Pero en la Capital todavía no hemos logrado lamentablemente un espacio concreto.
¿Qué opina sobre el programa “Alquilar se puede” del Gobierno porteño?
Es un programa que ojalá pueda llegar a más gente, pero por el momento no ha logrado dar mucha ayuda para alquilar. En realidad tampoco es la solución, que tendría que pasar por una mirada más ligada al acceso a los créditos. Es verdad que el programa tuvo mucha publicidad pero a la hora de ponerlo en marcha no tuvo gran cantidad de beneficiarios. No quiero mentir con respecto al número, pero hay una entrevista al legislador Fernando Muñoz donde decía que eran alrededor de trecientos.
¿Por qué cree que todavía no pudo ser más masivo?
No sé si no tendrá algún cupo o cómo vendrá el tema de las admisiones.
¿Qué esperan del nuevo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?
En lo inmediato, la creación de un espacio para lograr la resolución de los conflictos entre locatarios y locadores para evitar la vía judicial. Lo que ocurre en los contratos en la relación cotidiana es que, por ejemplo, según el código vigente se establece que los gastos de conservación están a cargo del locador y algunos arreglos para la vida cotidiana, que son de poco costo, tiene que hacerse cargo el inquilino. Pero eso nunca se reconoce, paga siempre el inquilino.
Hospital de Niños de la Ciudad.
Salud: menos ajuste, más inversión
Carlos Paz tiene 53 años y trabaja como médico de guardia en el Hospital Moyano durante 30 horas semanales. Se opone a la precarización laboral que, denuncia, los profesiosionales de hospitales públicos porteños vivieron en los últimos años.
¿Cómo son las condiciones de trabajo en general?
Son desgastantes, con recursos humanos escasos, falta de políticas en el ámbito de salud mental con un alto nivel de violencia institucional, por parte de las autoridades instaladas desde la intervención. Formo parte de un grupo de profesionales que nos hemos organizado ante la falta de representación gremial legítima para hacer frente a las políticas del gobierno del PRO.
¿En qué situación están los salarios?
En términos generales, hace dos años nos rebajaron el sueldo a más de dieciséis mil profesionales del sistema público de salud, existen trabajadores precarizados con sueldos congelados hace más de tres años. Y hoy intentan modificar el régimen de residencias y concurrencias, por ejemplo, en salud mental.
¿Cuál es la situación de los médicos en el hospital?
En lo particular, en el Moyano, desde hace un año y medio, a través de auditorías persecutorias, se intentó cesantear a más de la mitad del personal, por ejemplo a través de sumarios y cambios de función a los colegas. Se descontaron sueldos sin ninguna justificación, se digitan los escasos concursos que hay de una forma discrecional. El clima, en general, es de violencia y se padecen enfermedades. Esa es parte de nuestra realidad cotidiana en el hospital que se repite en todo el sistema público de salud de la ciudad.
¿Qué expectativas tiene respecto del próximo jefe de Gobierno en materia de salud pública?
Lo lógico es que el próximo gobierno sea una continuidad del actual: más ajuste, cada vez menor inversión en lo público, tanto en salud como en educación, y más obras para “embellecer” la ciudad. La salud mental para los gobernantes es un gasto y, por lo tanto, van a continuar con los recortes en todas las áreas. No van a invertir en todos los dispositivos necesarios para la atención del paciente y el cumplimiento de las leyes de Salud mental nacionales y municipales.
En 1978 la dictadura militar consideró que los libros eran un peligro. Entonces llevó un millón y medio de ejemplares a un baldío en Avellaneda y los prendió fuego. Fue la quema de libros más grande de la historia argentina. Boris Spivacow, editor y amante de los libros, sintió que se quemaba por dentro. Varias décadas después, los editores que lo sucedieron, han ido incorporando e-books a los catálogos. En versión digital, será más difícil encender el fuego.
Los e-books se instalaron de a poco y comenzaron a ganar adeptos. Fueron apareciendo al costado de los libros en papel y hoy están –un poco- más instalados; son otra opción para disfrutar de las letras. Después de todo, lo que está detrás de los distintos formatos y soportes es la experiencia de lectura. El encuentro con un contenido creado para generar intriga, brindar información o emocionar hasta las lágrimas.
Innovar, llegar a más lectores, a un precio más accesible y con productos versátiles. Estos son algunos de los objetivos de las editoriales que incorporaron libros digitales en sus catálogos. La idea es abrirse paso en un mercado chico y probar cosas distintas, porque las nuevas tecnologías así lo permiten y así lo requieren. Ahora es frecuente ver personas leyendo e-books en el subte, en el colectivo o en un café. Sin embargo, sobre el libro digital hay temas que no están resueltos de forma definitiva. Los lectores quieren acceder a los e-books de manera ilimitada; los autores necesitan proteger la propiedad intelectual; y las editoriales tienen que cuidar sus ganancias. Estos tres actores intentan convivir, defender sus derechos, y garantizar el acceso más justo a un bien que no puede expirar: el libro.
En Argentina las ventas de libros digitales representan un porcentaje pequeño. Catalina Lucas, digital manager de la editorial Penguin Random House, contó que “en Argentina, la venta de e-books representa el 1% de la venta total de libros. Dentro del ciclo de vida, Argentina está en la fase de comienzo. En ese escenario, hasta España está en comienzo, siendo un territorio que tiene un 6%, un 7% de venta digital sobre el libro físico. En el caso de Estados Unidos ya está en un estado de madurez, supera el 30%”.
Si se trata de innovar, Eudeba es una editorial que viene defendiendo la idea de su primer gerente general, Boris Spivacow, defensor del lema “libros para todos”. Recientemente, la editorial universitaria puso a la venta dos dispositivos de lectura digital: un e-reader y una tableta, a los que bautizaron Boris. El presidente de Eudeba, Gonzalo Álvarez, defiende la innovación como valor editorial y sostiene una política histórica: ofrecer libros de calidad a precios bajos. “Las nuevas tecnologías en este caso son nuevas pero las utilizamos para cumplir los objetivos que siempre tuvo Eudeba. Está en su ADN, en su constitución en el año 1958, la idea de tener libros, como decía Spivacow, al precio de un kilo de pan”.
Las editoriales tienen diferentes propuestas según la línea empresarial, hay e-books para todos los gustos. Catalina Lucas contó que “lo que se vende es la novedad, tanto en físico como en papel son los mismos títulos; pero en digital a veces hay títulos que venden mucho y te sorprenden porque en físico no venden, como por ejemplo un libro de Dale Carnegie llamado Cómo ganar amigos e influir sobre las personas”. Por su parte, Juan Pablo Aisenberg, titular de Librería Santa Fe, explicó que “se venden mucho novelas, por ejemplo las eróticae; las novedades que salen en papel con más ventas también se venden en digital, en general una cosa acompaña la otra”.
En cuanto a los beneficios del e-book, los expertos consultados por ANCCOM coincidieron en que el libro digital se destaca por la portabilidad y por el precio. Nilda Palacios, gerenta de Desarrollo Multimedia en editorial Santillana, contó que “el libro digital cuesta el 60% del libro en papel”. Catalina Lucas acotó que “el e-book sale la mitad que el libro en papel, pero no es que tomás el precio del físico y lo dividís por dos, sino que tiene que ver con la estructura de costos: cuánto cuesta generar el contenido, cuánto cuesta comercializarlo; es muy difícil comercializar el libro digital en el mercado argentino, tan chico y con pocos actores”.
Por otro lado, todos coinciden en que el papel y el digital son soportes que conviven, pero que el papel sigue teniendo el lugar más importante a la hora de comprar un libro. Aisenberg, de Librería Santa Fe, dice que todavía no se ven muchos cambios en los hábitos de lectura. “La gente -señala- sigue prefiriendo el papel y los jóvenes siguen leyendo en papel. Los que sí se están inclinando al e-book son las personas mayores, y esto es por un tema económico y por un tema de comodidad, con eso ya creo que es suficiente”. Cuando hablamos de las ventas en digital, Aisenberg sostuvo que “las ventas van creciendo lentamente. La ventaja del libro digital en parte es económica y en parte comodidad. También hay muchos libros que no llegan al país por la importación y están disponibles en Internet (…) esas son las ventajas. Hay gente que aprovecha eso, y hay otros que dicen no, con lo que hay me alcanza y me gusta el contacto con el libro”.
Eudeba ocupa un lugar especial en el mercado porque se animó a complementar la oferta de libros digitales con dos dispositivos de lectura. El presidente de la editorial comentó que Eudeba “no es una empresa de tecnología, es una editorial. Pero somos muy conscientes de que no se puede expandir la lectura en formato digital si no se generan mejores condiciones de acceso a los dispositivos de lectura digital de tinta electrónica. Y entonces, si no hay alguien haciendo eso creemos que hay que hacerlo. El Boris es un homenaje a Spivacow. Este año se cumplen cien años de su nacimiento y nos parecía que si Eudeba mostraba un dispositivo de innovación tecnológica, no podía no rendirle un homenaje a un editor claramente innovador como fue él”.
En el mundo de libros escolares, los e-books y contenidos virtuales vienen creciendo. Nilda Palacios, de Santillana, explicó que “hay un incremento porque las escuelas están usando mucho más los recursos digitales. Los planes oficiales de la entrega de computadoras generaron una demanda en general de contenidos digitales para las aulas, tanto las oficiales que tienen Conectar Igualdad como las privadas que no lo tienen, pero que también necesitan estar actualizadas”.
Hace unos años, Amazon inventó el “AutoRip”, una novedad que permitía a todos los que habían comprado CD’s de música, la posibilidad de descargar las mismas canciones en MP3 de forma gratuita. La editorial de libros escolares Santillana tiene una propuesta similar. Los libros en papel que editan traen un código, con el cual los usuarios pueden acceder a la versión digital del mismo libro. Palacios contó que “la compra se hace a través de una librería, se adquiere un cuadernillo que trae una clave, y con ese código se descarga el libro en la computadora”.
Sin embargo, ofrecer este tipo de beneficios depende de los acuerdos de las editoriales con los autores, y con el porcentaje que le den al escritor por cada libro vendido, ya sea en papel o digital. Lucas, de Penguin Random House, contó que cada autor se lleva tres veces más por un e-books que por un libro en papel. “Esto se da por la estructura de costos, se le puede dar mucho más al autor en esta situación. Aparte le das una proyección internacional, por ejemplo un autor lanza su libro físico en Argentina y al mismo tiempo, el mismo día, su libro digital está en todo el mundo a la venta. Esto al autor le permite, sobre todo a los argentinos, una posibilidad enorme de que los que lo conocen en otros países puedan acceder al libro más rápidamente”.
En cuanto a los costos de producción de un e-book, Lucas explicó que “existe el mito de que es simplemente un archivo, y que es muy barato, pero no es así porque ese archivo también tiene un DRM que es anti piratería, y este es un problema enorme que hay en toda la región latinoamericana”. Con respecto a las páginas que permiten descargar libros gratis, dice: “Es un delito contra la propiedad intelectual, nosotros trabajamos para eso, porque somos responsables de que esto no perjudique a nuestros autores. Trabajamos para controlar la piratería, peor es quedarse con los brazos cruzados”.
Hace tiempo, empresas proveedoras de libros encontraron un modo de combatir la piratería: el DRM, un “candado virtual” que enlaza el libro digital a un determinado dispositivo, impidiendo ser reproducido desde otro lugar y limitando la cantidad de descargas. Esto significa que el lector no podría prestar dicho archivo a un amigo, copiar un fragmento o revender el libro. Con el DRM más cerrado, el lector no es su dueño de forma “total”.
Parece altruista esperar que las empresas editoriales suban libros gratis a la red. Pero ¿acaso no es tan altruista esperar que frente a dos libros digitales (uno “legal más caro” y otro “pirata más barato”) el cliente elija el más caro? Estos son los debates que implica hablar del e-book. Por ahora sabemos que se puede comprar en papel, en digital, y con o sin DRM. También se pueden buscar precios, ofertas, novedades o clásicos. El libro es un producto que no puede expirar. Y la elección, una vez más, es del lector. Salud.
En Argentina las ventas de libros digitales todavía representan un porcentaje pequeño.
Buenos Aires, julio de 2015. El país está sumido en la oscuridad, la sociedad está desmembrada, ya no hay familias, miles de chicos han sido víctimas de la pedofilia, el tráfico de niños ha aumentado, las únicas beneficiadas son las empresas dedicadas al turismo gay. Este es el panorama que habían imaginado aquellos que, desde posturas extremistas y apocalípticas, estaban en contra de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Sin embargo, desde hace cinco años en aquella madrugada del 15 de julio de 2010, Argentina es una sociedad más igualitaria.
El proyecto de ley de Matrimonio Civil para personas del mismo sexo fue aprobado por la Cámara de Diputados el 4 de mayo de 2010 luego de haber sido tratado por las comisiones de Legislación General y Familia. Con la media sanción, el proyecto ingresa a la comisión de Legislación General del Senado, donde la senadora Liliana Negre de Alonso llevó a cabo la realización de audiencias públicas en provincias del interior para debatir el proyecto. Mientras tanto, los medios de comunicación le dieron una gran cobertura al tema y la sociedad pareció dividirse entre los que estaban a favor y los que estaban en contra. Sin embargo, mientras los primeros daban cuenta de sólidos argumentos para avalar la igualdad de derechos, los segundos apelaban a supuestas verdades inmutables basadas en prejuicios y falta de información. Finalmente, en la madrugada del 15 de julio de 2010, luego de un debate de más de doce horas, el Senado aprobó las modificaciones al Código Civil que permitían el acceso al matrimonio a parejas gays y lesbianas. Con 33 votos afirmativos y 27 negativos, Argentina se convertía en el primer país de Latinoamérica en tener una ley de este tipo.
La ley de reforma del Matrimonio Civil es la número 26.618 y reemplaza los términos “hombre” y “mujer” por “contrayentes”, al tiempo que “todas las referencias a la institución del matrimonio que contiene nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo como al constituido por dos personas de distinto sexo”.
Martina y Leslie. julio de 2015. CABA. Derechos reservados. Antes de publicar esta imagen contáctese con ANCCOM.
El largo camino
El camino que conduce a la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario se remonta al año 2007 cuando la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), presidida por María Rachid, emprendió una campaña de amparos. Mientras tanto, los medios de comunicación se encargaron de darle cobertura y esto contribuyó a instalar el tema en la agenda pública. Bruno Bimbi, periodista, autor del libro “Matrimonio Igualitario”, también es activista y desempeñó un papel importante en ese momento. Desde Brasil, donde está finalizando un doctorado en lingüística en la Universidad de Río de Janeiro, dialogó con ANCCOM. “Iniciamos recursos de amparo en la justicia, distintas parejas iban al Registro Civil a pedir turno para casarse, le decían que no y presentaban un recurso de amparo. La intención era conseguir un fallo judicial y llegar a la Corte Suprema”. Por otro lado, la FALGBT presentó proyectos de ley en el Congreso. En el Senado “lo presentó Vilma Ibarra y el de diputados fue iniciativa de Di Polina y Silvia Ausburger”, explica Bimbi. En tercer lugar, la Federación busco el apoyo del gobierno. “Hubo todo un camino de trabajo en común, La idea era ir por los tres poderes del Estado y a la vez lanzar una campaña para la sociedad a través de los medios de comunicación para instalar los temas en la agenda pública”, agrega.
De esta manera, varias parejas lograron casarse por la vía judicial. El primer matrimonio entre varones fue el de Alex Freire y José María Di Bello, que habían obtenido un fallo a su favor de la jueza Gabriela Seijas, quien declaró la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que limitaban el matrimonio a parejas heterosexuales. Sin embargo, cuando obtuvieron la fecha para celebrar el matrimonio, la jueza Marta Gómez Alsina declaró la nulidad del fallo de Seijas, basándose en una incompatibilidad de fueros. Finalmente, gracias a artilugios legales, la pareja logró casarse el 28 de diciembre de 2009 en la localidad de Tierra del Fuego, convirtiéndose en el primer matrimonio igualitario de Sudamérica. Ernesto Meccia, sociólogo e investigador, autor de “La cuestión gay” (2006) y “Los últimos homosexuales” (2011), fue convocado por Seijas para consultarlo acerca del fallo. En el primer libro, Meccia critica la noción de tolerancia, crítica que fue tomada por la jueza para avalar su dictamen. En diálogo con ANCCOM, explica que la tolerancia “lleva en sí misma una especie de contrato des-igualitario; hay alguien que decidió que otro es objeto de su tolerancia. Por lo tanto, si alguien es objeto de mi tolerancia, yo lo estoy mirando desde ese lugar y le estoy adosando atributos que para mí no son modélicos pero yo tengo que tolerar. Yo me atribuyo no solo que tengo los valores buenos sino que tengo la capacidad de tolerar al otro. La jueza Seijas puso que la tolerancia conlleva a priori una definición negativa del otro”.
Martina y Leslie. julio de 2015. CABA. Derechos reservados. Antes de publicar esta imagen contáctese con ANCCOM.
Unión civil: el antecedente más importante
El antecedente más importante de la Ley de Matrimonio Igualitario es la aprobación de la Unión Civil por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2002. Si bien la medida reconoce algunos derechos, como la incorporación de la pareja a la obra social, solicitar vacaciones en el mismo período y recibir una pensión, no contemplaba otros derechos fundamentales como la adopción conjunta y el derecho a herencia.
Sin embargo, durante el debate acerca de la ley de Matrimonio Igualitario, existían diferentes posturas. Para Bruno Bimbi, había tres posiciones. Por un lado, la FALGBT, que sostenía “que la lucha por el matrimonio era una lucha central y estratégica por los derechos civiles y contra la discriminación y la homofobia.” Por otro lado, el enfoque de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) era favorable a la Unión Civil. Bimbi lo explica de la siguiente manera: “Ellos tenían un doble discurso. Públicamente decían que la Unión Civil era mejor que el matrimonio pero, para adentro, decían que el matrimonio era imposible”. Para él, se trató de “una cuestión de intereses políticos porque el proyecto de Unión Civil” había sido presentado por la CHA en un contexto “donde la discusión por el matrimonio igualitario a nivel mundial era muy incipiente”. La Federación estaba en contra porque la Unión Civil era una institución diferente al matrimonio, lo cual “significaría reconocer que somos ciudadanos de segunda clase. Es colocarte en un lugar de inferioridad, de ciudadano de segunda que no tiene el valor suficiente de acceder a una institución como el matrimonio”. Por último, estaba la postura de algunos partidos de izquierda que planteaban que el matrimonio era una institución patriarcal y burguesa. Al respecto, Bimbi no está de acuerdo, por el contrario, cree que “la aprobación del matrimonio igualitario cuestiona esa carácter patriarcal, machista. Desde el momento en que el matrimonio deja de ser exclusivamente heterosexual, deja de ser orientado a la procreación, y pasa a ser un contrato civil entre dos personas adultas, eso también cuestiona el carácter patriarcal de la figura del matrimonio. Me parece que esos sectores de izquierda tenían una visión tan dogmática casi como los del Opus Dei”.
Martina y Leslie. julio de 2015. CABA. Derechos reservados. Antes de publicar esta imagen contáctese con ANCCOM.
Un contexto favorable
La Ley de Matrimonio Igualitario se enmarca en un contexto global favorable a las cuestiones de género, donde nuevas identidades y nuevos actores adquieren una visibilidad mayor. Así, los derechos sexuales se empiezan a concebir como Derechos Humanos y comienzan a implementarse políticas públicas en materia de género. Además, las organizaciones del movimiento de la diversidad sexual empiezan a trabajar en conjunto con organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional. Meccia, recuerda que “en 2005, en España se aprueba la ley de matrimonio para personas del mismo sexo y se produce un intercambio de ideas, de militancia, de cuadros políticos académicos”. En ese contexto “se arma un caldo de cultivo interesante para pensar en universalizar los derechos que existen, no a crear derechos especiales para ciudadanos especiales porque no los hay. Empieza a densificarse el tempo político”.
En el ámbito nacional, también se generó un contexto favorable a la demanda de igualdad de derechos por parte de gays y lesbianas. Las organizaciones de la diversidad sexual dejaron de lado su anterior reivindicación de la diferencia y comenzaron a luchar por obtener igualdad de trato ante la ley e igualdad de derechos. Además, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada en 1994, incorporó la perspectiva de género, se erradicaron los viejos edictos policiales que criminalizaban la homosexualidad y se sancionaron leyes en materia de género y sexualidad como la de Salud Sexual y Procreación Responsable y la de Educación Sexual Integral.
Para Bimbi, “fue un proceso bastante rápido, tres años y medio para un cambio tan profundo y eso demuestra que había condiciones. Creo que hubo un contexto de país. Era el mejor momento del kirchnerismo, que había implementado las políticas en Derechos Humanos, una Corte Suprema más progresista y un debate interesante en la sociedad.” El contexto social y político ayudó pero la FALGBT desempeñó un papel fundamental. “Nos preparamos, estudiamos la experiencia y leímos los fallos de otros países. Tuvimos una buena estrategia política y un liderazgo muy bueno, de dialogar con todos los partidos, buscamos apoyo de organismos de Derechos Humanos, de la cultura. La Federación tuvo una estrategia inteligente y creo que había un espacio propicio en la sociedad”, explica Bimbi.
Para Meccia, “el tiempo político se densificó muchísimo, es decir, un tiempo muy breve pero muy denso a nivel de militancia política y de instalación de conceptos y de imágenes sobre la homosexualidad dentro de la sociedad. Tenemos que pensar en sinergias: una parte del entramado judicial que se había modernizado y secularizado, representación política con gente pluripartidaria, el Inadi. El gobierno aprovechó efectivamente esta coyuntura”. En este contexto, los medios de comunicación desempeñaron un importante rol. “Son escenarios donde se disputan imágenes, conceptos, definiciones, le dio muchísima visibilidad, de la mano de referentes artísticos y políticos.” Bimbi coincide al recordar que los medios “mostraron a parejas que tenían hijos” y esto “ayudó mucho”.
Martina y Leslie. julio de 2015. CABA. Derechos reservados. Antes de publicar esta imagen contáctese con ANCCOM.
Antes y después
En Argentina, la homosexualidad fue perseguida y castigada, fundamentalmente durante los años de la última dictadura militar. De hecho, muchos gays eran víctimas de las denominadas razzias por parte de personal policial. Al respecto, Meccia plantea que “los efectos de las humillaciones sociales, institucionales, legales y políticas son muy difíciles de remover, sobre todo las humillaciones cotidianas”.
Esa situación, sumada a la falta de leyes que garantizaran el acceso a derechos fundamentales, dejaba a muchas familias sin protección legal ni jurídica. De hecho, podía suceder que ante el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, el otro quedara en la calle. Además, muchas parejas adoptaban chicos ya que la ley permitía la adopción de un niño por parte de una persona soltera sin importar su orientación sexual. De esta forma, se formaron muchas familias. Sin embargo, los niños carecían de la protección legal necesaria.
La sanción de la ley les brindó a esas parejas la posibilidad de acceder al matrimonio y a los derechos y bienes, materiales y simbólicos, que se derivan de él. Ernesto Meccia no sabe si les cambió mucho la vida a las parejas que se casaron “en términos que podamos medir exteriormente” pero mucho “en términos internos, emotivos, afectivo y emocionales”. Y habla del “reconocimiento” y de la “sanación interna”: “que la otra persona te vea como un igual. Imaginá esas subjetividades tan dañadas, una pareja de cincuentones, que estaban juntos desde la época de la dictadura, imaginá que vayan al Registro Civil, la fiesta en la casa, con el viejito de ellos en silla de ruedas. Y ahí estaba el festejo. Ahí estaba la diferencia, no se puede medir, se puede sentir esa diferencia.” Para Bruno Bimbi “la ley es muy importante pero más importante fue que el debate que instalamos en la sociedad cambio la mente de muchas personas, logramos cambiar algunos prejuicios. El día que se votó nosotros ya habíamos ganado”.
Martina y Leslie. julio de 2015. CABA. Derechos reservados. Antes de publicar esta imagen contáctese con ANCCOM.
Una vez más, el 0800 “Buchón” indigna a la comunidad educativa porteña. Desde su reapertura el 24 de febrero último -tras la apelación presentada por el Gobierno de la Ciudad y el fallo favorable de la justicia porteña- el mensaje de voz que se oye al marcar el 0800-444-2400 ha ido cambiando con las distintas circunstancias y contextos de la política educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En mayo, al marcar la línea se escuchaba: “Se ha comunicado con la línea telefónica gratuita para alertar situaciones irregulares en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por favor déjenos su mensaje cuando oiga la señal”. A fines de junio, en el marco de las tomas de las escuelas secundarias, aparecieron algunas opciones nuevas para marcar, como quejas relacionadas con la calidad de la enseñanza, denuncias relacionadas con el Ministerio, infraestructura y equipamiento, inseguridad, y la polémica opción: “Por inculcación ideológica en establecimientos, marcá 2”.
Esta opción generó el repudio inmediato de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTRA) Capital -que representa a todos los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, de todas las áreas, niveles y modalidades- quienes, el 25 de junio último, realizaron una conferencia de prensa para denunciar formalmente la existencia de esta línea telefónica.
Luego de la denuncia, la controvertida opción desapareció misteriosamente de la lista disponible al marcar el 0800, dejando intactas todas las demás posibilidades. Matías Zalduendo, actual vocal de la UTE, Secretario Nacional de Juventud del CTA y recientemente elegido Secretario de Derechos Humanos del gremio, dialogó con ANCCOM y expresó su punto de vista respecto de esta situación: “Inmediatamente después de que hicimos la denuncia, modificaron el audio del 0800. La parte que decía ‘inculcación ideológica’ no existe más. Por suerte lo grabamos y lo tenemos para probar que no fue una locura nuestra sino que existió realmente”. Y para dar cuenta de ello, el sindicato lo tiene disponible en su Canal de Youtube:
“Salimos a denunciarlo porque en ese 0800 se incluye lo que llaman ‘inculcación ideológica’ y no estamos de acuerdo que se exija a las familias o a los alumnos, el denunciar la participación política de otros actores de la comunidad educativa”, expresó el dirigente.
Zalduendo explicó la mirada que tiene el gremio con respecto al tema de lo ideológico: “Nosotros tenemos una opinión muy fuerte: la educación es política. En la escuela, de por sí, hay inculcación ideológica, no podemos separar la educación de la ideología. Entonces, nos sorprendía qué tipo de denuncia haría alguien cuando llame. ¿Me están dando geografía de esta manera, o me están dando historia de esta manera? No estamos de acuerdo con que haya proselitismo partidario en las escuelas, pero sí discusión política”.
El flamante Secretario de Derechos Humanos de UTE amplío: “Es imposible desideologizar la educación, porque la educación es ideológica, es política. Cuando elegimos dar un tema por sobre otro, es una decisión política. ¿Cómo cuento la historia? es una decisión política. ¿Cómo se contó la historia de nuestro país durante estos doscientos años? fue una decisión política. Que las minorías no tengas voces en los libros de historia, que se prohíba la teoría de conjuntos o la lectura de cuentos infantiles en la época de la dictadura militar, todos eso, eran decisiones políticas, porque la escuela es un lugar en disputa ideológica constante”.
Zalduendo también expresó su descontento frente a la existencia de esta línea telefónica gratuita y opinó sobre la estigmatización que sufren los jóvenes en el marco de las tomas estudiantiles en reclamo de un plan integral de reformas edilicias y de mayor participación en las reformas curriculares de la Nueva Escuela Secundaria de la Ciudad (NES): “En medio de la toma una compañera llamó a este 0800 y escuchó esta grabación. Lo que se busca es estigmatizar a los jóvenes que toman las escuelas, sin debatir el contenido político de la misma, sin discutir si estamos a favor o en contra”.
En este sentido opinó: “Hay una mirada desde el PRO de estigmatización hacia los jóvenes. Bienvenido sea que haya jóvenes que quieran cambiar el mundo, que participen, que se motiven, y que elijan cómo transformar o cómo luchar contra medidas que consideran que atacan la educación pública. Celebro que participen y que tengan pluralidad de voces. Nos parece preocupante la mirada del Ministerio de Educación de la Ciudad, que lo que busca es denunciar la participación de los jóvenes, lo que ellos denominan ‘inculcación ideológica’”.
Según se lee en el volante publicitario de este 0800, se invita a “padres y alumnos adultos” a comunicarse con el Ministerio de Educación como “un canal directo para brindarte información y responder a tus inquietudes”. Al respecto, Zalduendo opinó: “¿Cómo puede haber un joven denunciando a su propio compañero porque está inculcando algún tipo de ideología? Me parece que en la Argentina del siglo XXI, que fomenta ciudadanos críticos y socialmente responsables, no puede no haber participación. Nosotros celebramos cuando nuestros alumnos terminan el nivel medio con mayor grado de autonomía y con más ganas de participar, eso es lo importante”.
En este sentido, el gremialista concluyó: “Uno le da a sus estudiantes la posibilidad que puedan escuchar distintas voces y sacar sus propias conclusiones, terminar sus estudios con más preguntas que afirmaciones. Lamentablemente, nosotros tuvimos en la Argentina muchos años de una educación pensada para la dominación. Ahora queremos construir una educación pensada para la liberación, pensada desde los trabajadores, desde los estudiantes, para una patria más justa, libre y soberana. No para algunos sectores privilegiados que buscan mantener el statu quo. Nosotros eso no lo concebimos”.
En la conferencia de prensa de UTE, Eduardo López, Secretario General del gremio, rechazó el 0800 y aclaró qué se entiende por ideología en el marco de la transmisión de conocimientos dentro del ámbito educativo: “No vemos mal el 0800, el problema es la denuncia por ‘inculcación ideológica’. No hay manera de enseñar sin ideología. La ideología es el conjunto de ideas que forman el pensamiento y nosotros enseñamos a pensar. Exigimos al Jefe de Gobierno y candidato a Presidente, Mauricio Macri, que lo saque porque no hay no-ideología en el currículum. No le niego la ideología al macrismo, ni pretendo naturalizar mi ideología, lo que estoy diciendo es ideológico, si no dijera nada, también lo sería”.
Y en el mismo contexto el dirigente amplió: “Lo que estoy diciendo tiene una postura ideológica, lo que dice este 0800, tiene una postura ideológica. Lo que nunca voy a decir es que mi postura ideológica, es la natural y la correcta y el que piensa lo contrario, hace ideología”.
Por su parte, Nicolás Baigorri, alumno de la Escuela Nº 7 DE Nº 9, María Claudia Falcone, expresó a ANCCOM: “La existencia de esta línea va mucho más allá de las medidas que quiera poner el Ministerio sobre las escuelas, abarca un tema de libertad de expresión de cada uno de los alumnos, la ideología política de cada estudiante no tendría por qué ser denunciada”.
La UTE anunció en la conferencia, que realizará una presentación judicial junto a a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Coordinadora de la Red Cívica Sindical por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S, Familiares de Detenidos y Desaparecidos y el Observatorio de Derechos Humanos. En este sentido, presentó una acción de amparo ante la justicia, a fin de que se protejan las garantías fundamentales ciudadanas y se garantice la inviolabilidad de los preceptos constitucionales.
