“Pretenden colocarnos como culpables de las medidas y  decisiones que ellos adoptaron»

“Pretenden colocarnos como culpables de las medidas y  decisiones que ellos adoptaron»

Cinco minutos antes de las diez de la mañana apareció Cristina Fernández de Kirchner en el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py para entregar su declaración por escrito al juez Claudio Bonadio por la causa conocida en los medios como «dólar futuro» y caratulada en el Poder Judicial como “Banco Central de la República Argentina s/defraudación (…)”.  La expresidenta entró sonriente, se acercó hasta el vidrio que divide el hall de ese sector y dedicó algunos segundos a saludar a abogados, periodistas, seguidores y colados que la miraban desde el otro lado. Antes de pasar al siguiente pasillo, apoyó su puño sobre el corazón y se dirigió resuelta hacia el despacho del magistrado, acompañada de su ex Secretario General, Oscar Parilli.

Luego de dejar su declaración por escrito en el despacho del juez Claudio Bonadío, a las once de la mañana, salió de los tribunales, para desplazarse hacia el escenario que la esperaba a pocos metros de las escalinatas de la entrada. Antes de salir, recibió a los miembros del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) que la esperaban con carteles bajo la consigna: «El Poder Judicial será popular o no será nada» y a Laura Conte, Madre de Plaza de Mayo de la Línea fundadora, que también se acercó a abrazarla apenas salió de Comodoro Py.

Desde la noche anterior, personas de todas partes del país se había juntado para demostrarle su apoyo. Más seguidores con paraguas llegaron durante la mañana y hasta el mediodía, cuando comenzó a salir el sol. Los organizadores estimaron que unas 200 mil personas la escucharon dar un discurso de una hora. La acompañaron el ex juez de la Corte Suprema de Justicia y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, quien se había reunido con ella el día anterior y también la acompañó dentro y fuera de los tribunales; las Madres de Plaza de Mayo y dirigentes del Frente para la Victoria como Aníbal Fernández, Guillermo Moreno, y los diputados nacionales Andrés “Cuervo” Larroque y Axel Kicillof, quienes se sacaron fotos con los militantes luego del acto. También se supo que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, salió temprano de La Plata con intenciones de asistir a los tribunales para manifestar su apoyo, pero el tránsito atestado por la multitud, le impidió llegar.

La imputación

La expresidenta fue llamada a indagatoria, junto con otros funcionarios de su gobierno, porque se la acusa de haber favorecido la venta de contratos de dólar a futuro desde el Banco Central de un modo que habría sido perjudicial para el Estado. Las figuras penales de las que se vale la acusación son administración fraudulenta y asociación ilícita.

Las operaciones con dólar a futuro son una herramienta de control de cambios de las que puede disponer el Banco Central. Un contrato a futuro es un compromiso para comprar o vender un activo en una fecha ulterior a un precio determinado. Cuando llega el vencimiento, el vendedor o comprador obtiene una ganancia o pérdida, según el precio vigente. El juez Bonadio acusa de defraudación a los ex funcionarios del Ministerio de Economía y del ente monetario por pactar estas operaciones que, según su parecer, habrían resultado perjudiciales para el Estado, y a Cristina Kirchner por haber ordenado esa maniobra. No queda clara la naturaleza de la «asociación ilícita» ya que se trata de funcionarios vinculados por ser parte del mismo gobierno que tomaron medidas de política económica.

Otra de las curiosidades de esta causa es que gran parte de las pérdidas que sufrió el Estado por estas operaciones fue producto de la megadevaluación que realizó -apenas asumió- el gobierno de Mauricio Macri, quien hizo que el dólar se disparase a más de 14 pesos, y la diferencia entre el precio de compra y el de venta se incrementara casi un 40 por ciento. La venta de dólar futuro es una herramienta de la política económica utilizada en muchos países para infundir confianza en las plazas extranjeras respecto del valor de la divisa a futuro.

La declaración

Cristina Fernández presentó su declaración ante el juez en forma escrita, como lo había hecho Axel Kicillof el día anterior, y rechazó contestar preguntas al magistrado ya que eso implicaría convalidar una acusación que considera que no tiene fundamentos. En el escrito, que hizo público a través de Internet, afirma que «luego de ser informada acerca de los hechos que se me pretende imputar,  entiendo y confirmo claramente que sólo a través de un ejercicio abusivo del poder jurisdiccional esta causa pudo ser llevada adelante».  Asimismo, en su discurso ante sus seguidores hizo énfasis en los casos de lesa humanidad como Papel Prensa que siguen en el edificio de Comodoro Py sin resolverse.

En la misma declaración judicial agregó: «Cabe señalar como algo absolutamente novedoso y  sorprendente en términos judiciales, que haya sido citada a prestar  declaración indagatoria cuando no existe ninguna mención, y mucho menos imputación en mi contra, ni en la denuncia efectuada por los legisladores oficialistas (Mario) Negri  y (Federico) Pinedo, ni tampoco por parte del  fiscal interviniente o que surja, al menos, de la prueba recibida.»

Tanto en su discurso como en el escrito, hizo mención a la situación actual del país e instó a los argentinos a organizarse para hacer frente a los aumentos, los despidos y los efectos de lo que denominó la maxidevaluación: «Cuando los dirigentes no respondan por ustedes, tomen las banderas y marchen, no esperen salvadores y mesías», exclamó y se refirió también al 51 por ciento que no votó por la continuación del proyecto del Frente para la Victoria: «No se enojen ni con su amigo ni con su pariente por cómo votó. Eso nos sirve, tenemos que estar unidos».

En el final de la declaración presentada ante Bonadio, se refiere a la imparcialidad judicial con la que se manejó el caso, y acusa al gobierno actual de las pérdidas que se generaron con las operaciones a dólar futuro efectuadas durante el gobierno kirchnerista: «Con la complicidad judicial, avanzaron con esta  causa imputando falsamente a personas inocentes la comisión de delitos,  los cuales de haber existido, resultarían exclusiva responsabilidad de  las actuales autoridades. En  síntesis: ellos denunciaron, intentaron con una ‘corrida judicial’ una  devaluación, forzaron la salida del Presidente del B.C.R.A., devaluaron y  ahora, con la complicidad judicial, pretenden colocarnos ante la opinión pública como culpables de los efectos de las medidas y  decisiones que ellos adoptaron».

Resulta curioso que mientras la causa por “dólar futuro” se estaba tramitando, las nuevas autoridades del Banco Central le preguntaron al juez si podían pagarle a las personas que se presentaban a cobrar, y el magistrado dictaminó que sí. Si la maniobra fuera ilegal, el juez no debería haber autorizado el pago.

Junto con su declaración, Cristina Kirchner presentó una recusación contra el juez Bonadio. Este es un mecanismo procesal que permite que una de las partes le pida al propio juez o a la cámara que lo controla que se aparte de la causa por alguno de los motivos que el código permite: enemistad, amistad con alguna parte, parcialidad, si alguna parte es familiar de él, entre otros. En este caso se solicitó por temor a parcialidad: por un lado, porque lo ven a Claudio Bonadio como un enemigo político declarado y, por otro, porque el magistrado tiene la costumbre de no dejar que las defensas accedan a la causa, algo que no es legal. El martes 12 la Sala II de la Cámara rechazó el pedido de recusación hecho por Pedro Biscay, director del Banco Central y uno de los imputados en el caso. Ahora habrá que ver si se hace lugar o no a la presentación de la ex presidenta.

Próximos pasos

Claudio Bonadio tiene hasta diez días hábiles para resolver el caso, que no suelen cumplirse en los casos en que la causa no presenta detenidos. Puede optar por sobreseer -es decir, desvincular- a los imputados porque dictamina que el hecho no es delito, o porque siendo delito el individuo no lo cometió, o está prescripto. Si entiende que hay sospecha suficiente de que el imputado ha cometido el hecho y que es delictual, el proceso debería terminar en juicio oral. También puede dictar la falta de mérito, es decir, no sobreseer porque no está claro que se de alguna causal de sobreseimiento, pero tampoco procesarlos porque no hay suficientes pruebas.

Aún no hay indicios acerca del rumbo que tomará la causa. Tampoco hay información acerca de si Cristina Fernández permanecerá unos días más en Buenos Aires, o si volverá a El Calafate. Lo que sí se sabe, a juzgar por la movilización multitudinaria en Aeroparque el lunes para recibir a la ex mandataria, las guardias de militantes en la puerta de su casa en el barrio porteño de Recoleta, y los cientos de miles de personas que se reunieron en Comodoro Py el miércoles por la mañana, es que la exmandataria continúa en el centro de la escena política argentina. Ahora, frente a una multitud, llamó a construir un “frente ciudadano” integrado por todos los sectores dispuestos a defender los derechos sociales arrebatados por el macrismo.

Actualización 14/04/2016

“Librados al mercado no vamos a sobrevivir”

“Librados al mercado no vamos a sobrevivir”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el órgano máximo en la materia en el continente, realizó una audiencia en su sede en Washington para que el Gobierno argentino brinde explicaciones sobre la anulación de la ley de medios. ANCCOM la siguió por videoconferencia en el Congreso de la Nación junto a diputados opositores, representantes de medios comunitarios, universidades y cooperativas.

A raíz de las denuncias presentadas ante la CIDH por la Coalición por una Comunicación Democrática y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ejecutivo nacional por incumplir los estándares internacionales sobre libertad de expresión, la CIDH citó a las partes a sentarse y a decir lo suyo el pasado viernes 8 de abril.

El primer expositor fue Horacio Verbitsky, presidente del CELS: “Con el pretexto de las falencias en la aplicación de la ley de medios, que muchos de nosotros hemos señalado en distintas oportunidades y con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica, se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal. Excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales, cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los procedimientos legales que los amparaban”. La nueva legislación, subrayó, habilita una mayor concentración mediática, reduce el pluralismo y la diversidad, y beneficia a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas.

El segundo expositor fue Martín Becerra, especialista en políticas de comunicación de la UBA y la UNQ, resaltó el problema de la concentración de la propiedad de los medios en Argentina. “La Corte Suprema de Justicia, en 2013, con el aval de seis de sus siete miembros, entendió que es obligación inexcusable del Estado generar políticas de estímulo al pluralismo, y en consecuencia de restricción de la concentración. La concentración excesiva de la palabra es la antítesis misma de la democracia”. Y añadió: “Sin embargo, las nuevas normas decretadas por el Gobierno dan la espalda a este problema. Obstaculizan la competencia y potencian la concentración”.

El abogado experto en derecho a la información Damián Loreti, en representación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, puntualizó los estándares internacionales violentados por la nueva normativa que impuso el Gobierno: “En primer lugar, se quita la autarquía legal a sus autoridades prevista en la legislación. Segundo, se viola la obligación de transmisión o must carry. Y tercero, se violenta el principio de legalidad de los estándares reconocidos en diversas declaraciones de los relatores [de la CIDH] en 2009 y 2014”.

Por su parte, el periodista Daniel Badenes, delegado de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo, criticó la conformación del directorio y la dependencia de la nueva autoridad de aplicación al Poder Ejecutivo: “El decreto que crea el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) suplantó al directorio. La nueva conformación excluye la representación universitaria y esto es una regresión. Lo mismo debemos decir del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), que fue disuelto y actualmente todas sus funciones son concentradas por un ministro”.

Osvaldo Francés, representante de la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina y vicepresidente del disuelto COFECA, en referencia a la eliminación de los techos de concentración, afirmó: “Librados a estas condiciones de mercado no vamos a sobrevivir y de esta forma se atenta contra la pluralidad de voces que tanto se declama”.

El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Néstor Busso, denunció que “el Fondo de Fomento para medios comunitarios e indígenas se encuentra paralizado” y agregó que “hay más de 300 organizaciones que concursaron, ganaron, firmaron los convenios correspondientes y no cobraron los subsidios. Tampoco se planificaron los que corresponderían al presente año 2016”.

Los representantes del Gobierno tuvieron su turno para hablar y el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj -ya por esas horas salpicado por los Panamá Papers- comenzó diciendo: “Lo más relevante que venimos a plantear aquí es uno de los más desafiantes compromisos que ha asumido el gobierno de Mauricio Macri en materia de derechos humanos: restituir el pleno ejercicio de la libertad de expresión en el país”. “El año pasado fue crítico –sostuvo–con periodistas hostigados y encarcelados, constantes abusos de las cadenas nacionales y del sistema público de medios y distribución arbitraria de la pauta de publicidad oficial”.

Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos bonaerense, dedicó todo su tiempo a criticar al anterior gobierno y se refirió a la pelea entre el ex kirchnerismo y el Grupo Clarín: “Uno de los casos emblemáticos de persecución, pero no el único, fue la campaña durante años contra un diario de gran circulación encabezada por la presidencia y seguida de forma grotesca por la mayoría de los funcionarios públicos”.

Eduardo Bertoni, director nacional de protección de datos personales, fue quién más criticó la ley de medios: “Una evaluación seria dejar la conclusión que su aplicación e implementación fue deficiente, selectiva, parcial y partisana”, sostuvo y agregó que “resulta prematuro y especulativo deliberar sobre el posible problema que podría derivar una legislación que hoy se encuentra en plena elaboración, siguiendo principios que se ajustan a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, argumentó.

El presidente del flamante ENACOM, Miguel De Godoy, fue el más breve y utilizó sólo dos minutos para destacar la importancia de la convergencia tecnológica. También prometió convocar a distintos sectores, incluidos los peticionarios de la audiencia, teniendo en cuenta los aportes que la CIDH realice, pero no dio ninguna precisión sobre el tema de la concentración de medios.

Mientras tanto, en el Anexo A de Diputados, las intervenciones oficialistas despertaron gritos, silbidos y risas irónicas. Terminada la videoconferencia, no obstante, hubo consenso sobre el balance positivo del debate en Washington. La diputada del Frente para la Victoria Liliana Mazure consideró urgente trabajar en un proyecto desde la oposición: “Tenemos que armar una agenda y un recorrido por el país y empezar en no más de una semana”. Su compañero de bloque, Eduardo Seminara, opinó que se trata de un debate difícil: “Somos dos proyectos comunicacionales, dos modelos de Estado y dos modelos de país distintos”.

Mariela Pugliese, presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), contó sus expectativas: “Esperamos que la CIDH mande sus recomendaciones al Gobierno argentino en función puntualmente de los DNU que ya están generando cambios concretos”.

En diálogo con ANCCOM, el ex diputado kirchnerista Carlos Raimundi, ensayó una autocrítica: “El día que vuelva un gobierno popular va a tener que redactar nuevamente una ley más moderna, porque es cierto que el salto tecnológico en pocos años modificará las condiciones y el sistema de comunicación, y tiene que actuar con mucha fuerza. Si hay que desmonopolizar un grupo, hay que desmonopolizarlo al otro día que salió la ley”.

Actualización 14/04/2016