Sep 27, 2016 | inicio
El Frente de Artistas Ambulantes Organizados (FAAO) denuncia que el Gobierno de Mauricio Macri “criminaliza al artista callejero” debido a la aplicación del protocolo de seguridad para el espacio público, ejecutado por la Policía Federal y la Policía Metropolitana, con el aval de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
El FAAO denuncia que “el personal policial acosa a los artistas callejeros en parques y plazas, los cachea como si fueran delincuentes y posteriormente les impide realizar su trabajo”, tanto en Capital Federal como en el Gran Buenos Aires. Dentro de este marco de hostilidad, Alejandro Cabrera Britos, presidente del Frente de Artistas, subrayó que “la policía está realizando actos de violencia institucional contra el artista callejero, todos ellos con el aval del Ministerio de Seguridad”.
Foto: Archivo ANCCOM
El más grave de los hechos denunciados ocurrió en Pergamino, el 12 de febrero de este año: Brian Ismael Ardiles, malabarista callejero, fue increpado por policías e inspectores municipales, quienes lo multaron, le secuestraron sus instrumentos de trabajo, y avalados por la jueza de Faltas de Pergamino, Marcela Fátima Noé, se los destruyeron.
El Frente de Artistas denuncia hostigamientos similares en la Ciudad de Buenos Aires, donde se discute un proyecto denominado “Ley de Artistas Ambulantes”, presentado en diciembre del 2015 por la legisladora Lía Rueda del Frente Cambiemos. Según los trabajadores callejeros, la iniciativa pone en riesgo la labor de los artistas porteños, ya que detrás del objetivo de regular la modalidad, establece que “las actividades artísticas solo podrán llevarse a cabo mediante un permiso de uso del lugar público”. A su vez, fija insólitas restricciones, como la de “permitirle al artista callejero realizar un espectáculo de una hora, estipulando que luego deberá descansar por un periodo de dos horas para luego autorizarlo a retomar la actividad”, describe Cabrera Britos.
“Este proyecto es un acto de violencia institucional que criminaliza al artista callejero”, aseguran desde FAAO y denuncian que la aplicación del protocolo de seguridad para los espacios públicos “tiende a la censura de la actividad artística en la vía pública”.
Frente a los abusos y con la intención de “descomprimir la situación de creciente persecución policial”, Alejandro Cabrera Britos compiló el Manual del Artista Ambulante que incluye una serie de leyes, decretos y artículos que protegen al artista callejero ante el abuso policial y lo distribuye en Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa será reproducida en la Provincia de Buenos Aires bajo el nombre de Manual del Artista Ambulante Bonaerense. Ambas acciones son promovidas por el Frente ante la falta de respuesta a sus reclamos del Gobierno Nacional y, sobre todo, por la negativa a considerar un proyecto alternativo para el uso del espacio público presentado por los propios artistas.
Actualizado 28/09/2016
Sep 14, 2016 | inicio
El proyecto de implementación del voto electrónico está rodeado de llamados de atención. ANCCOM dialogó con especialistas, informáticos, politólogos y comunicadores para detallar los argumentos de quienes sostienen que el nuevo sistema pone en riesgo los principios fundamentales del voto consagrados en la Constitución Nacional y en las normas electorales. Los expertos explicaron las razones para desandar el laberíntico camino de los defensores del sistema que encierra al engendro mitad máquina, mitad papel, alertaron sobre el riesgo de elecciones controladas por escribas, y pusieron en duda las promesas de una ilusión modernizadora.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso propone el reemplazo del instrumento de votación para pasar de las boletas múltiples partidarias a la boleta electrónica. Sin embargo, sus pretensiones exceden ese punto. El texto también incluye modificaciones referidas al orden de la oferta electoral, el funcionamiento de las PASO (Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias), la unificación del calendario electoral y las atribuciones de la autoridad de aplicación, entre otros puntos.
La implementación del voto electrónico o “boleta única electrónica” está en el centro de esa discusión más amplia. El gobierno apuesta a conseguir su instrumentación como un mecanismo seguro contra el robo de boletas, el clientelismo y las colectoras.
Quienes se abocan al estudio del voto electrónico definen nuevos y viejos problemas y mencionan la presencia de otros actores con capacidades de vulnerar el proceso electoral.
Beatriz Busaniche, integrante de la Fundación Vía Libre y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), advierte sobre “una reforma irresponsable”. Y sentencia: “Los problemas no se ven y entonces no se puede articular una resistencia. Es la peor amenaza desde el retorno a la democracia”.
Beatriz Busaniche- fundación Via Libre.
Javier Smaldone es programador y administrador de redes en sistemas y, como Busaniche, participó de la reunión plenaria de comisión de la Cámara de Diputados para debatir el proyecto oficial. También advierte sobre ciertas debilidades de la iniciativa. “Incorporar tecnología acríticamente no es modernidad, pero acá lo que hay es un afán por agregar tecnología informática donde sea, por más que en muchos lugares no las usemos, ya sea por cuestiones de costos o confiabilidad. Nosotros no nos oponemos al uso de la tecnología informática en general, decimos que hay que tener cuidado con cómo y dónde se usa. Sí somos contrarios a su uso en la emisión del sufragio. Ahí no se debe aplicar porque el estado del arte indica que no hay garantías”, advierte.
Otra de las voces de alerta es la del matemático y especialista en seguridad de los sistemas de información Enrique Chaparro. Fue uno de los expositores del debate “Voto electrónico: mitos y verdades”, organizado por la Fundación Vía Libre que también integra. En ese marco, Chaparro advirtió que las reservas sobre el proyecto exceden las cuestiones técnicas. “Es un problema también conceptual, no podemos construir máquinas de voto electrónico seguras, ni relativamente seguras, con los conocimientos que tenemos al alcance porque sus requerimientos son distintos de cualquier otro sistema”, explicó durante la charla en el ND Ateneo de la que participó ANCCOM.
Secreto vs rapidez
Los funcionarios nacionales defensores del nuevo sistema hablan de la necesidad de exigir un sistema de votación “fácil y rápido”. Para Busaniche esas no deben ser las principales pretensiones. “El voto tiene que ser secreto, universal, y se debe preservar la integridad de la voluntad del votante. Pero cualquier implementación de voto electrónico implica desatender al menos una de estas características que el sistema electoral debe asegurar. Es el teorema de la sábana corta, si velas por la integridad lo podés hacer pero a riesgo del secreto. No es un cajero bancario, ahí garantizás la integridad de la transacción pero no podés tener secreto, y si velás por el secreto dejás desprotegida la integridad. Entonces, todas esas características son posibles de vulnerar, posibles, pero lo que es seguro es que vas a eliminar la auditabilidad por parte de los ciudadanos. Ese derecho se pierde”, sentencia.
Smaldone va incluso un poco más allá. Y subraya: “El secreto del voto tiene que ser una garantía que le debe constar al votante. Porque principalmente las personas más vulnerables, que dependen de un plan social, o incluso cualquier otra, pueden ser amenazadas por un puntero que los convenza que puede saber cómo votaron. Y ante la duda, ¿qué va a hacer el elector?”
Desde el escenario de ND Ateneo, Chaparro desandó los argumentos técnicos y advirtió que “algorítmicamente un sistema de voto electrónico no es algo particularmente complicado de construir”, pero subrayó que “el problema es pedirle que garantice cosas que son contradictorias entre sí”. “Le pedimos que el voto sea íntegro en todo su recorrido, que el votante efectivamente vote lo que pretendía votar, que se registre lo que votó y que se cuente lo que se registró. Pero además estamos pidiéndole que haya desvinculación absoluta e irreversible, es decir, en cuanto fulano emitió su voto no tiene que haber ninguna conexión posible entre ese resultado y quien lo hizo. Es imposible garantizar que se mantengan simultáneamente verificabilidad, integridad y privacidad perfectas. Al diseñar un sistema electoral uno tendría que resignar algo de eso”, explicó.
Joaquin, joven que descubrio fallas en el sistema del voto electronico en Argentina.
Fiscales, fraude, hacking
Tomás Aguerre, politólogo e integrante del colectivo Artepolítica, reivindica la presencia de los fiscales en el proceso.“El respaldo papel es solo un resguardo – insuficiente en sí mismo- para evitar inconvenientes graves del voto electrónico. Y aún si es cierto que los sistemas electrónicos pueden llegar a disminuir los riesgos con el respaldo en papel, tenés que chequear. Entonces los fiscales se necesitan igual”, explica.
Las autoridades de mesa abren las urnas donde se encuentran las boletas o respaldo en papel, deben retirarlas y acercarlas a la máquina -la misma que se usa para votar, se emplea para contar- que leerá el contenido del chip y contabilizará el voto. Allí, en teoría, se debería corroborar si lo que fue impreso en la boleta coincide y se refleja correctamente en la pantalla. No sólo si el partido o candidato es el efectivamente seleccionado sino también el número de votos que contiene el chip de la boleta.
Aguerre menciona distintos videos de las últimas elecciones provinciales en Salta en los que se puede ver que las autoridades de mesa acercan la boleta sin siquiera mirar la pantalla de la máquina.
En línea con Aguerre, Smaldone, afirma: “La base del sistema debe ser la fiscalización de los partidos y de los ciudadanos. No confío en un sistema que prescinda de los fiscales”. Y remata: “Combatir el robo de boletas con la boleta única electrónica es querer matar mosquitos a cañonazos”.
Además de la fiscalización por parte de los partidos políticos los referentes se detienen en particular en quiénes tienen la potestad para auditar el proceso. Smaldone dice que “hoy el control lo hace el ciudadano, cualquiera puede denunciar fraude”. Un sistema auditable únicamente por especialistas “es un sistema basado en la confianza en terceros”, concluye.
El voto electrónico, alertan los especialistas, podría ¿abaratar? el fraude con nuevos actores.
El común de los ciudadanos no puede interpretar el proceso de auditar una elección sin ayuda externa. Un protocolo es tolerante a fallas bizantinas [aquellas que hacen que el sistema continúe, dando impresión de funcionar como se espera] cuando es posible tener una mayoría honesta que mantenga correctamente la ejecución del protocolo. Esto sucede en los sistemas manuales porque hay cooperación adversaria: el fiscal del partido A colabora con el del B no porque sean amigos sino para que el B no obtenga ventajas indebidas y recíprocamente. Nuestros sistemas manuales son resistentes a esas fallas, el problema es que cuando ponemos una máquina, que siempre es tautológica, dice cosas sobre sí misma, pero no admite un control externo inmediato en cada paso.
Smaldone completa el argumento: “La auditoría es necesaria porque el ciudadano no lo puede controlar, y nunca va a ser concluyente”.
Y Busaniche agrega otra complejidad: “Está también la cuestión de la propiedad privada porque todo lo relacionado con software está regulado por propiedad intelectual. Entonces muchas veces se ha usado a nivel internacional la cuestión de la propiedad intelectual para obturar la auditoría autónoma. En otros casos en que se permitió la auditoría, se inhabilitó la publicación de los resultados porque vulneraba la propiedad intelectual de los titulares del derecho”.
El nivel de independencia de las auditorías (la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA auditó el sistema de voto electrónico utilizado en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires) también forma parte de la discusión pendiente.
El pasado 06 de septiembre, en el ND teatro, se realizó una conferencia para que distintos panelistas expongan sobre el voto electronico y sus posibles implicancias. Organizó la fundación via libre.
Sábanas, personalismos y estructura
Los sistemas de votación electrónica implementados en el país proponen al ciudadano un menú de dos opciones: “votar lista completa” o “votar por categorías”. Este menú genera un contrapunto entre quienes sostienen que se alienta el arrastre horizontal -o por la negativa, desalienta el corte de boleta- y quienes acreditan que el sistema alienta el voto cruzado, lo que derivaría en uno de los temores de politólogos y estadistas: un gobierno dividido y la posible parálisis institucional.
Una característica que no es ajena al sistema actual de boleta partidaria es lo que popularmente se conoce como listas sábanas: “Con este proyecto de reforma tampoco se disuade la lista sábana en sentido horizontal, esto es, la lista a distintas categorías pegadas entre sí, porque la primera alternativa que ofrecerán las pantallas será la de votar la lista completa. Por otro lado, el artículo 15, que regula el diseño de las pantallas, sostiene que en el caso de candidaturas legislativas debe figurar en la pantalla ´al menos´ el nombre y apellido del primer candidato. Es decir que el elector decidiría sobre el primer candidato sin conocer nunca el nombre y apellido del resto de los integrantes de la lista”, advierte Tomás Aguerre.
Obsolescencia y medioambiente
La obsolescencia -muchas veces programada- de los electrodomésticos o máquinas que cualquier ciudadano adquiere habitualmente fuerza en cierto tiempo a mantener o renovar los dispositivos. Sin embargo, cuando se trata de tecnología implementada a procesos electorales, el problema se complejiza. “En los lugares de Estados Unidos donde se implementó el voto electrónico, tienen el problema de que las máquinas ya tienen en su mayoría más de diez años y las empresas no siempre hacen soporte o no podés comprarles porque quizás la firma ahora se dedica a fabricar otras cosas. Te atás a que esa empresa las quiera actualizar”, comenta Aguerre en diálogo con ANCCOM.
Busaniche también suma a esa explicación: “Algunos argumentan que dejar de imprimir millones de boletas en papel traerá beneficios ecológicos, pero hasta donde yo sé el papel es reciclable. En cambio las cosas que componen un equipo de votación electrónica tienen daños en toda la cadena: las toneladas de litio usadas en la fabricación de las baterías de las máquinas -esos aparatos deben tener autonomía frente a eventuales cortes de electricidad- generan daños posteriores por los residuos”.
El abogado del joven programador que descubrió fallas en el sistema de voto electronico en Argentina.
¿Integrados al mundo?
En la actualidad, sólo siete países tienen boleta electrónica para votar: Bélgica, Venezuela, Brasil, Estonia, India, Filipinas y algunos distritos de Estados Unidos. Entre los países que lo implementaron y volvieron al sistema de papel figuran Alemania y Holanda.
“Las objeciones no son ocurrencias nuestras sino que se trata de los que se está discutiendo e investigando en el mundo. El problema de las elecciones es una inquietud universal, no son cuestiones locales. Hay que atender a las experiencias internacionales, no para trasplantarlas ni despreciarlas”, explica Smaldone.
Y sentencia: “El sistema más utilizado en el mundo es la boleta única papel, también llamada ´australiana´ porque allí se implementó por primera vez en 1856. Es decir, no es una cuestión improvisada, o un capricho nuestro. En cambio el voto electrónico, la tecnología electrónica de votación tiene cincuenta años”.
Ninguno de los consultados se anima a afirmar con certeza las razones del gobierno nacional para resistirse a oír las innumerables críticas al sistema electrónico de emisión del voto. “Honestamente no sé cuáles son las razones pero sí sé que para el macrismo es llevar la campaña electoral hasta el momento mismo en que se está votando, hasta el último momento de la elección. Es saltearse todo límite que te pueda poner la ley de no hacer campaña electoral con la obra pública, es el emblema de la obra mayor del PRO y es llegar a la elección presidencial con eso sobre la mesa”, arriesga Busaniche.
Actualizada 14/09/2016
Sep 7, 2016 | inicio
Alfombras, almohadones y hasta unos tatú-carreta enteramente producidos con orillo textil, proveniente del descarte industrial de etiquetas de ropa, son algunos de los productos que iluminan el taller de Lucrecia Bordet, miembro de Cirujeando, uno de los emprendimientos textiles que conforma la Red Ropa Limpia. Para realizar sus productos, Lucrecia y sus compañeros de equipo reutilizan en cada metro cuadrado un kilo de materia prima. “El emprendimiento tiene como base principal el impacto social y ambiental positivo. La filosofía que nos impulsa es revalorizar el trabajo digno, mostrando que existe transparencia en nuestras formas de producción y en toda la cadena de valor. Se puede hacer bien las cosas. Se deben hacer bien las cosas”, asegura Lucrecia. El de ella es uno de los eslabones de esta iniciativa, impulsada por la ONG La Alameda, que busca mejorar las prácticas laborales en la industria textil, muy cuestionada por las múltiples denuncias de producir con trabajo esclavo.
Nicolás Cludius, miembro de Onda Orgánica, emprendimiento también adherido a Ropa Limpia, recuerda el momento exacto en que conoció la campaña. “Tamara Rosenberg –quien coordina la cooperativa Mundo Alameda que también forma parte de Ropa Limpia- me llamó porque el día que Rodrigo y Rolando Mur Menchaca de 10 y 5 años respectivamente cerraron sus ojos para siempre al incendiarse un taller clandestino en el barrio de Floresta el 27 de abril del 2015, mucha gente los abrió. Fueron los consumidores, nosotros, todos los que empezaron a demandar respuesta a una misma pregunta. ¿Se puede hacer las cosas bien?”, cuenta Cludius.
«Fueron los consumidores, nosotros, todos los que empezaron a demandar respuesta a una misma pregunta. ¿Se puede hacer las cosas bien?”, cuenta Cludius, director del emprendimiento Onda Orgánica de la Red Ropa Limpia.
Tamara Rosenberg explica que la cooperativa Mundo Alameda “es una parte de la Alameda que, en su conjunto, integra la red Ropa Limpia. La particularidad es que la mayoría de los integrantes de la red, antes de su conformación, producían sus productos con nuestra cooperativa, de ahí surgió la idea de conformar la red e ir sumando más actores”. En este sentido el principal desafío, dice Tamara, “es lograr que más gente se involucre en fomentar una industria más limpia y justa en todos los eslabones, desde el productor de la materia prima, el que confecciona, el diseñador, el vendedor y el consumidor”.
Con esta premisa produce Ropa Limpia. “Trabajo hace casi 20 años en la industria de la indumentaria, lo hice en muchas marcas nacionales como encargada de producto o producción. Ahora creo que no hice los suficiente para investigar a fondo los talleres que contraté en varias ocasiones”, dice Lucía Dellacasa, directora de Reinventando, un emprendimiento que reutiliza prendas en desuso, quien también se insertó en la red a través de un llamado de Mundo Alameda. “Me preocupaba por buscar el precio justo (cuando mis jefes me dejaban), pero nunca cuestioné si tercerizaban y en dónde, ni exigía ver el lugar de producción para verificar que los costureros estuvieran en buenas condiciones”, recuerda, y agrega: “Ahora quiero transmitir esta necesidad de investigar y de cuestionar a los talleres con los que trabajamos, a todos mis colegas, y a todas las personas que trabajan de esto; me parece una acción fundamental para terminar con la explotación y el mal trato a los trabajadores.”
«Quiero transmitir esta necesidad de investigar y de cuestionar a los talleres con los que trabajamos, a todos mis colegas, y a todas las personas que trabajan de esto», explica la directora de Reinventado, Lucía Dellacasa de la Red Ropa Limpia.
En relación a dar respuesta al circuito de la trata de personas y las condiciones denigrantes de muchos trabajadores textiles, Lucía considera: “Estamos apoyando la Ley de Auditoría de Marcas, que propone un bloque de legisladores porteños. No queremos pertenecer a ningún partido político, pero sí defender las leyes que nos puedan a ayudar a nuestro objetivo, que es desnaturalizar el trabajo esclavo, clandestino y mal pago. Es más, creemos que el que tiene que regular y auditar es el Estado. Nosotros podemos comunicar buenas prácticas, y dar visibilidad las marcas que creemos que hacen las cosas bien”.
Los proyectos parlamentarios que presentaron Ropa Limpia y Mundo Alameda en la Legislatura porteña son dos: que el Estado deje de comprar ropa a aquellos empresarios que no han registrado toda su cadena de valor y que las marcas sean auditadas a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). “Ambos proyectos siguen en estado parlamentario y se encuentran en debate en las comisiones de Presupuesto y Desarrollo Económico. También existen proyectos similares y se está tratando de consensuar entre varios uno superador”, explica Rosenberg.
“Estamos en una época en donde el consumidor empieza a ver más allá del producto que le ponen enfrente. Nuevas preguntas empiezan a surgir y son pocas las empresas que pueden brindar la información que estos nuevos consumidores buscan”, asegura Cludius y añade: “Las empresas que empiecen a darse cuenta de esto son las primeras que van a lograr un posicionamiento diferente en el mercado y acaparar esta nueva camada de consumidores más conscientes al momento de elegir”.
Ropa Limpia trata de cambiar el paradigma de la industria textil argentina a través del Manual de buenas prácticas. Este texto tiene como objetivo, según Cludius, “acercarnos a los empresarios textiles y a los trabajadores para ajustarlo a la realidad. Buscamos que sea un instrumento, que pueda ser implementado de manera paulatina, pero concreta y así generar cambios reales y que puedan ser imitados por los demás jugadores de la industria”.
Para Lucía Dellacasa, “el Manual de buenas prácticas se desarrolló para empezar a transmitir contenido propio en las redes sociales y a partir de allí armar una guía para crear un sello o compromiso ‘Ropa Limpia’, para dar visibilidad a todas las marcas que trabajan de manera responsable y ética. Creemos que las marcas van a querer sumarse a esta movida y que así los consumidores van a poder saber que marcas trabajan bien”.
Dellacasa agrega: “Ropa Limpia está tomado de la red abierta Ropa Limpia Internacional, de la que La Alameda formó parte de varias reuniones. Ropa Limpia simboliza algo positivo a lo que queremos llegar; a la transparencia, a una industria limpia de malas prácticas y, además, estando en esta red se gana la experiencia de trabajar en equipo, de estar más cerca del dolor y de las necesidades de los trabajadores. Todavía queda mucho por hacer”. Y a modo de conclusión subraya: “Es un trabajo en red que solo podemos hacer concretizando y abriendo los ojos a otras personas que algunas veces por ingenuidad, como me pasó a mí, o por desinformación, no investigan lo suficiente, y terminan trabajando con talleres clandestinos. Y apoyando la Ley de Auditoría podemos ayudar a que el estado regule, por medio de normas, a las personas que lo hacen por maldad o desinterés hacia el otro, o a las personas que no les llegue nuestro mensaje”.
Actualizada 06/09/2016
Sep 5, 2016 | inicio
Se agota el ancho y, hasta donde se vio, el largo de la 9 de Julio. La columna sur se derrama sobre ella al ritmo de bombos lejanos. La serie de banderas, alterna colores: agrupaciones sindicales, estudiantiles, organizaciones barriales, fábricas recuperadas, PyMEs y organismos de Derechos Humanos, entre otros. Encabezada por Avellaneda, y respetando cierto orden geográfico, a medida que la columna avanza se visualizan agrupaciones del sur de la provincia de Buenos Aires y de ciudades patagónicas. La misma imagen se repite en los frentes norte y oeste: todos convergen en la 9 de julio y así comienza a concluir la Marcha Federal que se inició tres días antes, el 31 de agosto, en todo el país, bajo la consigna: «Un pueblo movilizado para terminar con el tarifazo, los ajustes y los despidos». El cierre es en Plaza de Mayo a las 17. La Marcha Federal es una de las tantas costumbres noventistas que se retoman este año.
Entre la organizada heterogeneidad de banderas, se destaca -algunos metros detrás del telón del Frente Ciudadano de Avellaneda- la figura de San Cayetano, cargada sobre los hombros de dos manifestantes. A su paso, suspendido en el aire, va recibiendo reverencias, agradecimientos y rezos breves. La imagen del santo, ornamentada con flores blancas, sostiene un cartel que se queja: «Lo que San Cayetano te da, Macri te o quita». Encabeza ese grupo el Frente Ciudadano de Isla Maciel, con el Padre Francisco «Paco» Olivera, párroco de Nuestra Señora Fátima.
Previo a la marcha, la columna sur se nucleó en la Plaza Alsina de Avellaneda, en dónde el intendente Jorge Ferraresi presidió un acto en el que además hablaron representantes de las provincias de Neuquén y Chubut y Jorge Baradel, titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Provincia de Buenos Aires (Suteba). «Fueron discursos que hablaron de la unidad del campo popular, de la lucha contra este gobierno neoliberal que nos está sacando día a día los derechos», comenta el Padre Paco, sosteniendo una bandera blanca con letras gruesas y rojas que piden por la libertad de Milagro Sala. «Tres curas de la Opción por los Pobres hicimos una pequeña oración pidiéndole fuerza a San Cayetano para que sigamos en la lucha», agrega inmediatamente, con los ojos azules distraídos en el flamear de la bandera. «Después nos sumamos a la marcha por el Puente Pueyrredón, puente histórico, dónde los trabajadores cruzaron para exigir la libertad de Perón hasta llegar a Plaza de Mayo».
A medida que avanza por la avenida, reducida a dos carriles por la doble hilera de micros estacionados, la columna se va nutriendo de otros grupos de manifestantes que desembocan desde las calles aledañas. En avenida Belgrano se desvía para encaminarse finalmente por la Diagonal Sur hasta Plaza de Mayo.
Los Curas en Opción por los Pobres, cuenta el Padre Paco, están repartidos en las distintas columnas. Algunos partieron desde Jujuy y llegarán al último punto de encuentro desde La Matanza, encarando el tramo final por Avenida de Mayo. «Nosotros no entendemos que ser cura pueda ser de otra manera. Yo siempre digo que el día que vea un alma caminando, a lo mejor cambiaré. Somos personas de carne y hueso, con necesidades. Creo en un Dios que comparte el pan, que es pan partido y compartido para todos, un Dios que dice ´no matarás y el hambre es un crimen´, un Dios que quiere que vivamos con dignidad y si no hay trabajo, aunque tengamos el pan, no estamos viviendo con dignidad. Un Dios que no quiere que explote un hermano a otro hermano».
Inmediatamente detrás del Frente Ciudadano de Isla Maciel marcha ATECH, Asociación de los Trabajadores de Chubut. Melisa y Luján, de Puerto Madryn y Rawson, repasan el recorrido que arrancaron el 31 de agosto en Comodoro Rivadavia. Pasaron por Trelew en un acto en el Museo de la Memoria, en el lugar en donde ocurrieron los históricos fusilamientos, pasaron por Puerto Madryn, por Viedma, siguieron por Bahía Blanca, después por Tres Arroyos, Necochea y Mar del Plata, para llegar ahora, dentro de poco más de una cuadra, a Plaza de Mayo. «En todos lados se iban sumando compañeros», aclara Melisa, tan orgullosa como cansada después de tantos kilómetros. Toma mate para mantenerse a ritmo, estimulada también por la masividad de la marcha.
En relación a la situación de Chubut, Luján advierte: «Está en un momento muy crítico. Yo trabajo en la construcción y cada vez hay menos trabajo. Se pararon los planes Procrear y tampoco se están cobrando las becas Bicentenario. El gobernador (Mario) Das Neves persigue a los dirigentes sindicales. No hay derecho a manifestarse, están echando gente por sumarse a las marchas y a los reclamos”. Como docente, Melisa plantea que su situación es igual de delicada: «Los profesores y maestros estamos de paro porque la inflación ya nos comió el salario. Nuestra paritaria cerró en 24% y la inflación ya está alcanzando el 50. Pero si paramos, somos malos docentes porque no vamos a trabajar».
Una vez a orillas de la Plaza, la columna se detiene. La voz metálica y enardecida de la locutora anuncia a través de los parlantes la incansable lista de agrupaciones que están marchando para finalmente estimar una convocatoria de más de 200.000 personas. Cada grupo responde al anuncio de sus siglas con cánticos particulares, aunque hay un canto que abarca toda la plaza: «Unidad, de los trabajadores».
Arriba del escenario que fue montado de frente al Cabildo, se termina de condensar el paisaje de diversidad y la consigna de unión. Allí se encuentran gremialistas de diferentes centrales obreras, como Daniel Catalano (ATE Capital), -quien se encargará de leer una carta escrita por la dirigente jujeña ilegalmente encarcelada Milagro Sala– Roberto Baradel (SUTEBA), Sergio Palazzo, (Bancarios), Víctor Santa María (Trabajadores encargados de edificios), Eduardo Lopez (UTE), Omar Plani (Canillitas), Pablo Moyano (Camioneros), junto a los principales oradores del acto de cierre, Hugo Yasky y Pablo Micheli (CTA Autónoma). También algunos dirigentes políticos como Alejandro Godart (MST), Daniel Filmus (Diputado del PARLASUR), Carlos Tomada (FPV), entre otros. Además están presentes Estela de Carlotto y Taty Almeida, junto a otras Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, ovacionadas y reconocidas por todos los presentes.
Cuando le toca su turno, Micheli no da rodeos: «Hay que dejarse de joder con el sectarismo y con el interés individual o corporativo. Hay que pensar en la patria y en nuestro pueblo, sin perder la identidad. Las diferencias las discutimos en la calle codo a codo, no tirándonos piedras”. A continuación le responde al Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quién el jueves por la mañana declaró que la marcha tenía “tintes políticos e ideológicos”: “No queremos ajuste, esa es nuestra ideología”, replica Micheli, antes de rematar: “Ajuste violento o gradual, ese es el debate del equipo económico. Ni violento, ni gradual, ajuste las pelotas. No vamos a pagar con despidos, suspensiones, rebaja salarial, salario indigno, impuesto a las ganancias, precariedad laboral”.
Antes de ceder el micrófono, Micheli aborda el tema de las paritarias apuntando contra el discurso oficial: “Desde el Gobierno hablan de darles tiempo, pero cuando tienen que transferir recursos a mineras y al capital concentrado tienen una celeridad pasmosa. Mientras que, para reabrir paritarias, comienzan a poner peros”.
Hugo Yasky lo sucede en la palabra, como último orador, marcando que el acto fue posible gracias a la convergencia de movimientos sindicales y estudiantiles, organizaciones de derechos humanos, PyMEs y pequeños productores del agro, trabajadores informales, empresas recuperadas y organizaciones de izquierda. “Esta unidad”, sostiene, “es el mapa del campo popular que el neoliberalismo quiere dividido. Si construimos la unidad con la convicción de la lucha para la liberación, emancipación y justicia social, entonces somos invencibles.”
Gran parte de la ovación se convierte en abucheos cuando el titular de la CTA agradece a Pablo Moyano, diciendo que “no hubiese sido lo mismo sin tantos compañeras y compañeros de la CGT. Por debajo, la unidad entre esa central obrera y la CTA crece y se hace fuerte –continúa Yasky- y nos permite decir que estamos en el camino de la construcción de un sujeto colectivo que va a tener la agenda social que el gobierno se niega a discutir”. En sintonía con Micheli, retoma una frase repetida insistentemente por los funcionarios del gobierno de Cambiemos, y en especial por el Presidente Mauricio Macri: “No somos nosotros los que ponemos palos en la rueda. Al contrario, al Presidente le decimos que nosotros queremos sacar los palos de la rueda que metieron en nuestro salario. No queremos un bono para llegar a fin de año, queremos un salario para llegar a fin de mes”.
A continuación, Yaski refuerza en los temas abordados por Micheli y hace hincapié en las consecuencias del aumento de tarifas de los servicios de luz, agua y gas. “Necesitamos que a las PyMEs no se las desparrame con tarifazo, y que una familia no tenga que elegir entre comer o pagar tarifas”, reclama, antes de llamar a una nueva marcha de unidad sindical para el 16 de septiembre, día en que se tratarán, en audiencia pública, los nuevos cuadros tarifarios. “Las centrales sindicales, las dos CTA y los compañeros de la CGT, vamos a convocar a estar movilizados, presentes y discutiendo el nuevo cuadro de tarifas”, afirmó. De esta forma, Yaski anunció los pasos a seguir, en consonancia con lo que Micheli había advertido unos minutos antes: “Va haber paro nacional más temprano que tarde”. “O cambia la política económica o acá va a haber lucha todo el tiempo, con paro y movilizaciones, a lo largo y ancho del país. A no conceder un solo milímetro de las cosas conquistadas”.
Actualizado 04/09/2016
Ago 17, 2016 | inicio
“La única verdad es la realidad”. La frase inicial del ministro de Energía, Juan José Aranguren, provocó un irónico corto aplauso entre los diputados peronistas. Y actuó casi como un mantra argumentativo durante su interpelación por el “tarifazo” en el maratónico plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Energía, Consumidores y Obras Públicas de la Cámara baja.
En el reducido espacio del anexo del Congreso Nacional y ante la presencia de unos 130 diputados, el responsable de la cartera de Energía se presentó para explicar -y defender- el “gradual” aumento tarifario dictaminado por el Gobierno y que, por una decisión de la Cámara Federal de La Plata, actualmente se encuentra suspendida y a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.
“Todos los bloques de diputados, excepto el oficialismo, estamos acá para retrotraer el tarifazo”, sostuvo taxativamente el diputado del Frente para la Victoria y ex ministro de E-Economía Axel Kicillof.
Segundo ruidazo contra el tarifazo de Macri , el 4 de agosto pasado.
En las largas mesas ocupadas por los representantes legislativos del kirchnerismo, la protesta contra el gobierno nacional se manifestó en carteles con las frases “Gobierno para ricos, tarifazo para pobres”, “Los servicios públicos son derechos humanos, el tarifazo los vulnera”, “Bajó el consumo de leche, háganse cargo”, “¿Prueba?¿Error? No somos conejillos de Indias”.
El cuestionamiento de todo el arco opositor se unificó sobre la figura de Aranguren como funcionario público por su rol como ex CEO de la multinacional Shell de la que aún forma parte como accionista mayoritario, una clara violación de la Ley de Etica Pública según la oposición.
“La madre de todas las ilegalidades es que usted está ocupando el cargo de ministro, cada decisión que tome, es para beneficio propio”, sostuvo el legislador por Rio Negro del FPV, Martín Donaite, en unos de los varios tensos pasajes de la discusión.
Entre gritos y aplausos, exposiciones que superaron largamente los tres minutos consensuados y numerosas chicanas, principalmente entre diputados de Cambiemos y del FPV, transcurrió un intenso debate de más de seis horas que se presentó en su arranque, como “respetuoso” y “constructivo”.
Un poco más de 30 minutos duró la fría exposición informativa del ministro Aranguren. El funcionario dio cuenta de los datos que llevaron a que Argentina en estos últimos doce años haya pasado “de tener energía abundante, exportada y barata” a tener “energía escasa, importada y cara”.
“La única verdad es la realidad”, esa fue la frase inicial del ministro de Energía, Juan José Aranguren.
Según sostuvo el funcionario, el actual gobierno recibió un sector que “manifestaba un gran desorden en su funcionamiento, con roles y funciones equivocadas, alta discrecionalidad y falta de transparencia, desabastecimiento y demanda insatisfecha, causada por una distorsión de precios y atraso tarifario, uso ineficiente de energía, caída en la producción y falta de capacidad de generación”.
Entre otras cuestiones, detalló que el aumento de las tarifas se hizo “de la forma más gradual que le permitía la herencia recibida” y remarcó la importancia de la aplicación de la tarifa social, que alcanzó, según el ministro, tres millones de personas en el servicio eléctrico y un millón en el gas. Sin embargo, evitó explicar los costos de la producción del gas y dar detalles sobre cómo el gobierno construyó los indicadores para diseñar el aumento en el servicio.
Finalizada la exposición, los diputados tomaron la palabra para indagar al ministro.
La ausencia del ex ministro de Obras Públicas y presidente de la comisión de Energía, Julio De Vido, fue una decisión política. El jefe de la bancada del FPV, Héctor Recalde, leyó una carta del ex funcionario y advirtió que Cambiemos tenía “la clara intención de enfocar el debate sobre lo hecho en doce años en materia energética en su persona en lugar de dar las explicaciones que espera la sociedad, en relación a cuáles fueron los criterios técnicos para determinar el brutal tarifazo”.
Los abucheos y gritos de “se han robado todo” de parte de diputados del oficialismo no demoraron en aparecer. Recalde preguntó que si al momento de aumentar las tarifas el gobierno pensó “en lo que podían sufrir miles y miles de hogares argentinos que no pudieron pagar tarifas un aumento porcentual exorbitantes, de 1500 y 1700 %”.
Recalde también sostuvo que el “accionista de la multinacional Shell” realizó una especial “interpretación” de la Ley de Etica Pública al negar que exista incompatibilidad en su cargo.
Aranguren se defendió con un argumento llamativo. “Ninguna de las personas que forman parte y que han estado trabajando en alguna de las empresas en los últimos tres años o tengan participación societaria, tomen decisiones particularmente vinculadas con estas empresas, por lo que “no hay conflicto de intereses”, explicó.
“Durante estos doce años que estuve trabajando en el sector privado traté siempre de apegarme a la ley. Cada vez que desde la administración nacional ha habido una denuncia, siempre me presenté en la justicia y he salido eximido”, arremetió.
La diputada Graciela Camaño (Frente Renovador) sostuvo que para las decisiones que tomó el gobierno “había un mínimo de legalidad que tenían que cumplir y no lo hicieron”, ante la falta de la audiencia pública que indica como necesaria la Constitución Nacional para la determinación de nuevas tarifas.
La batería de preguntas de la diputada, que incluía el pedido de números informes al ministro, disparó las críticas del bloque oficialista al demorarse más del tiempo permitido. Camaño refutó afirmando que ella tenía “muchas preguntas como la mayoría de la gente que no tiene la posibilidad de preguntar y que no sabe de dónde se sacó el porcentaje de aumento tarifario”.
“Nosotros hemos hecho una adecuación de los cuadros tarifarios, siguiendo la capacidad que nos da la ley de emergencia pública, la 25,562, que está vigente hasta el 31 de diciembre del 2017 y en partir de un decreto 120, que se firmó del 2003, que le da capacidad al Estado nacional de ajustar el precio del gas en boca de pozo y por lo tanto todo lo que hemos hecho ha sido legal y obviamente la Corte Suprema decidirá en lo particular”, respondió Aranguren.
El legislador sanjuanino José Luis Gioja (FPV) tomó la palabra y se permitió una de las tantas chicanas de la jornada. Aseguró que se había sentido “casi conmovido” cuando Aranguren comenzó su primera exposición con una de las frases de la liturgia peronista.
El legislador presentó una abultada factura de gas de un trabajador de la provincia de San Juan, fue cuando le consultó directamente al funcionario si sabía realmente “cuál es el costo del gas en boca de pozo en Argentina”.
En el reducido espacio del anexo del Congreso Nacional y ante la presencia de unos 130 diputados, cientos de periodistas cubrían ayer la audiencia.
“Hay distintos valores dependiendo la inversión de la empresa, según la región, me niego a dar un promedio”, respondió Aranguren. Fue uno de los momentos más tensos de la audiencia.
Gioja repreguntó y, ante la falta de respuesta, citó un informe realizado por la Fundación Bariloche que establece un costo promedio de 1,9 dólares el B.T.U de gas en boca de pozo en el país. “¿Por qué esa diferencia de 1,9 a 5,5 dólares que ustedes fijaron para las nuevas tarifas? ¿Por qué los usuarios tienen que pagar ese costo? Doña Rosa, no tiene que pagar esos costos que son excesivos”, interrogó.
También le manifestó la preocupación que le generó el destino de un grupo de trabajadores del Ministerio quienes habían iniciado una medida de fuerza ante el serio riesgo de que los despidan.
En respuesta, Aranguren remarcó que el preció del crudo lo “regula el mercado” ya que la ley argentina lo determina así y si se desea establecer un precio desde el Estado, “hay que cambiar el marco regulatorio desde el Congreso”. Respecto a los trabajadores comentó que se iba a reunir con representantes gremiales para ver que sucederá
“Rechazamos la extorsión del ministro, del gobierno a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso Nacional, al decir que la obra pública se va a parar si no se aplica el tarifazo”, dijo el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola durante su alocución, en referencia a las distintas expresiones públicas que han tenido desde el Presidente hasta funcionarios públicos en la semana que la que el alto Tribunal fijará posición sobre el tarifazo. Faltaban apenas unas horas para que la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, avalara los amparos contra el aumento.
“Rechazamos cualquier criterio de aumento, queremos ir hasta el hueso de un sistema que fundieron los servicios públicos en los últimos 20 años. ¿Por qué se siguen ocultando las clausulas que heredamos del negocio de (Miguel) Gallucio y Kiciloff con la petrolera Chevron?”, cuestionó Pitrola. Además, denunció que “se están despidiendo miles de trabajadores de empresas petroleras en el norte de Santa Cruz y en Chubut”.
Otro punto de tensión se sucedió con el propio Kiciloff quien fue citado varias veces por el ministro, al explicar el porqué de los precios diferenciales para la producción de gas.
“Esto está mal hecho, hay que hacer tabula rasa”, afirmó vehemente Kiciloff, quien pidió que para salir del atolladero generado por el tarifazo “hay que hacer las audiencias públicas que marca la ley”.
Remarcó que el modelo de “regulación del libre mercado” y “precios internacionales” que tuvo fuerte vigencia durante la década del 90, no es “el modelo que queremos” ya que fueron los causantes de que la cantidad de reservas de gas disminuyeran profundamente, dejando una vez finalizado ese período “reservas de gas para 10 años”.
En contraposición a lo que viene sosteniendo el gobierno nacional, el ex ministro de Economía afirmó que este año “la producción de gas subió un 5%”
Kiciloff pidió que el gobierno nacional “vaya para atrás” respecto a las subas de las tarifas y que luego se discuta “el cuadro tarifario por los próximos cuatro años” y subrayó que “no sirve la austeridad, porque se descarga sobre la gente y la gente no puede vivir, no puede comer, y la industria y la economía inevitablemente se desploma”.
Al finalizar, le preguntó al presidente de la comisión y al ministro interpelado: “¿Van a volver atrás con el tarifazo? ¿Van a escuchar el pedido de las organizaciones sociales, clubes de barrio, sindicatos que ustedes dicen proteger? Porque sino esto es sólo un acto que les permite ganar tiempo para luego continuar con la misma tarifa y a querer cobrar el retroactivo por todos estos meses”.
Aranguren respondió con sequedad: “Este gobierno dio señales de escuchar y por eso están presentes en el salón”. Hubo aplausos de la bancada oficialista.
La férrea defensa del “tarifazo” por parte del oficialismo tuvo al jefe de la bancada de Cambiemos en Diputados, Nicolás Massot, como uno de sus protagonistas centrales.
Sostuvo que “a cualquier Estado le gustaría tener una política de subsidio ilimitado” pero que dicha decisión se tomó “en un momento de crisis” pero que luego se transfomó en una necesidad electoral”, en referencia al sostenimiento de los subsidios que mantuvo los gobiernos de Cristina Fernández.
“Lo peor de todo es que decidimos seguir con esa política cuando perdimos el déficit fiscal”, reafirmó Massot.
Actualizada 17/08/2016
