Jul 6, 2016 | inicio
Los abogados laboralistas “[Jorge] Candeloro y [Norberto] Centeno murieron en la tortura. [Salvador] Arestín, [Raúl] Alais y [Tomás] Fresneda también quedaron severamente afectados física y psicológicamente por los tormentos y las condiciones inhumanas de detención. Se desconoce el destino final de ellos, como tampoco se sabe qué ocurrió con la mujer de Fresneda, Mercedes [Argañaraz], y el hijo o hija que llevaba en el vientre, con cinco meses de gestación”, relatan los periodistas Felipe Celesia y Pablo Waisberg en el libro publicado a principios de este mes, “La Noche de las Corbatas”, de Editorial Aguilar.
La última persona que los vio con vida fue Marta García de Candeloro, que posee el doble rasgo de ser familiar de una de las víctimas y testigo sobreviviente de “La Noche de las Corbatas”: fue secuestrada y torturada junto a su esposo Jorge Candeloro.
Felipe Celesia y Pablo Waisberg presentan su libro sobre los abogados laboralistas desaparecidos.
“Todos los abogados habían pertenecido a diferentes grupos políticos con diferentes ideologías –explica Pablo Waisberg a ANCCOM– algunos eran peronistas y otros marxistas de distintos sectores, de todas maneras cuando se los llevaron ninguno militaba hacía tiempo, y ninguno había tenido nunca participación en la lucha armada, independientemente que pudieran tener una visión favorable a los procesos revolucionarios, no tenían una pertenencia político partidaria”.
“La Noche de las Corbatas”, así denominada por los propios represores, transcurrió entre el 6 y 8 de julio de 1977 en “La Cueva” que funcionó como centro clandestino y estaba ubicada bajo la tierra, en los cimientos de los radares de la Base Aérea Militar de Mar del Plata. Concretamente, se trató del secuestro, la tortura y la desaparición de un grupo de abogados laboralistas perpetrados por el Ejército Argentino con complicidad civil. Además, los autores destacan que estos abogados tenían en común la vocación de defender a los trabajadores y sus organizaciones sindicales de manera aguerrida, siendo destacados y reconocidos en su actividad.
El libro de Celesia y Waisberg es una investigación periodística exhaustiva que reúne las biografías de los cinco abogados -muertos o que permanecen desaparecidos- y las articula con la reconstrucción en detalle del clima de época en ámbitos estudiantiles, gremiales, políticos y judiciales a nivel local, dando cuenta, además, de los acontecimientos políticos, sociales y económicos más importantes a nivel nacional.
De izquierda a derecha, Tomás Fresneda, Aníbal Nasiff, el Pacha Tobalina y dos ayudantes en la herrería. (Archivo familiar)
Por otra parte, los autores ponen en discusión un tema que todavía se está debatiendo: cuál es el rol de los civiles en la dictadura, tanto el empresariado como el Poder Judicial. “Cuando empezamos a investigar –puntualiza Waisberg- llegamos a la hipótesis de que los abogados eran el reflejo de la respuesta a lo que se estaba haciendo en la economía. Una de las primeras medidas económicas que toma la última dictadura militar es la destrucción de la Ley de Contrato de Trabajo. La modificación del 40% de esa Ley se realizó a los treinta días del Golpe de Estado de 1976. Es un punto importante la velocidad de esa modificación que fue antes, incluso, del cambio en de Ley de Inversiones Extranjeras. Lo que más les preocupaba a los sectores empresarios era la cantidad de derechos laborales que tenían los trabajadores. Nosotros terminamos concluyendo que la ‘La Noche de las Corbatas’ es la materialización de la destrucción de la Ley de Contrato de Trabajo en el cuerpo de los abogados, secuestrando y liquidando a quienes tenían una activa participación en defensa de los sindicatos”.
A partir de testimonios judiciales registrados en legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), en el Juicio a las Juntas Militares, en los Juicios por la Verdad de Mar del Plata, y mediante la realización de entrevistas a familiares y personas del círculo cercano a las víctimas, como también entrevistas a jueces, militantes, académicos, abogados y sindicalistas, entre otros, los autores logran precisión cuando describen tanto las vidas de los protagonistas como los sucesos anteriores que definieron “La Noche de las Corbatas”.
“La Noche de las Corbatas” transcurrió entre el 6 y 8 de julio de 1977 en “La Cueva”, que funcionó como centro clandestino y estaba ubicada bajo la tierra, en los cimientos de los radares de la Base Aérea Militar de Mar del Plata.
“Nosotros –detalla Waisberg- le dimos una perspectiva a ‘La Noche de las Corbatas’ que la ata a un primer episodio de 1971 en Mar del Plata, que es el crimen de la estudiante de 18 años, Silvia Filler, [ocurrido en medio de una Asamblea que enfrentó al Centro de Estudiantes de Arquitectura de Mar del Plata -con ideología de izquierda- contra el Centro de Estudiantes de Arquitectura Unidos -conducido por cuadros de la agrupación peronista de ultraderecha- ‘Concentración Nacional Universitaria’ avalada por una agrupación mayor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Filler murió en esa Asamblea con un tiro en la frente y dos años después la Ley de Amnistía para los presos políticos de 1973 liberó a sus asesinos]. Ese hecho –continúa Waisberg- marca un cambio en la historia de la política juvenil de Mar del Plata porque esa estudiante pertenecía a un grupo de estudiantes que hacía reclamos buscando clases más democráticas y docentes que aplicaran mayor pedagogía. El caso Filler marca un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha en Mar del Plata que es clave para entender lo que ocurrió allí y en el país pos dictadura [1966]. Lo que había ahí eran dos modelos políticos, económicos y sociales claramente enfrentados, y con la dictadura termina ganando uno de esos dos”.
Una de las trabas más importantes que encontraron los autores para el desarrollo de la investigación periodística fue no poder entrevistar al juez Pedro Cornelio Federico Hofft, “acusado de –enumera Waisberg-: no haber cumplido con su rol de juez, no haber investigado en profundidad las causas, no haber tratado los habeas corpus de forma correcta, no haber pedido el cuerpo de Candeloro y no haber informado a la familia que estaba muerto, según una comunicación que le había dado el Ejército. Le pedimos una entrevista y ni siquiera nos respondió. Fue una traba porque si existe una acusación, nos interesa tener la visión de la otra parte e incluirla, pero eso no fue posible. De todas maneras esa es una causa judicial que está abierta y hay que ver qué pasa con eso”.
Mercedes Argañaraz de Fresneda, embarazada de 4 meses, desaparecida en La Noche de las corbatas.
Los cinco abogados compartían círculos de contacto en común como colegas locales, algunos habían trabajado juntos. El más reconocido por todos, detallan los autores del libro, era Norberto Centeno, el más grande de los cinco abogados, que para 1977, cuando lo mataron, tenía 50 años. Era un católico conservador, reconocido como peronista y sólo por ese motivo había sido más de cinco veces apresado y liberado, tenía un conocimiento enciclopédico del derecho laboral, nunca representó a los patrones, siempre a los trabajadores. Consiguió la representación de la CGT local y nacional, y concentraba el ochenta por ciento de los patrocinios en este ámbito en Mar del Plata. En base a los testimonios relevados, cuentan los autores que “su intransigencia al momento de negociar indemnizaciones le confería un perfil revolucionario izquierdista”, pero estaba ideológicamente muy lejos del modelo socialista.
Candeloro, “era de los abogados que se quedaban en las tomas de fábrica con los obreros”. Para 1977, cuando lo mataron, tenía 38 años. Entró a trabajar en el estudio de Centeno cuando se recibió de abogado en 1964, y luego se distanció por diferencias entre ellos. Participó de la fundación de la Gremial de Abogados en Mar del Plata, que combinaba la lucha antidictatorial con la defensa de los derechos de los trabajadores. Militó en el Partido Comunista Revolucionario (PCR) hasta 1975, momento en que realizó, junto a su familia, un exilio interior en Neuquén porque era insostenible continuar con su militancia. Sin embargo, en junio de 1977 lo secuestraron -y consecutivamente a su mujer-, volviendo a Mar del Plata, pero esta vez a un centro clandestino de detención y tortura. Fue el primero de los abogados a los que asesinaron.
Los autores logran precisión cuando describen tanto las vidas de los protagonistas como los sucesos anteriores que definieron “La Noche de las Corbatas”.
Tomás Fresneda, primero fue herrero y después abogado, “era un peronista con fuerte formación marxista y crítico de la lucha armada” bajo las formas de la guerrilla. Tomás y su mujer Mercedes Argañaráz, participaron de las movilizaciones que desembocaron en el Cordobazo en 1969. Se recibió de abogado en 1975 y junto a Carlos Bozzi –otro abogado, sobreviviente al secuestro, que estuvo en cautivo durante varios días sin ser torturado- pusieron un estudio jurídico. Fresneda, tenía 37 años cuando lo secuestraron y desaparecieron junto a su mujer, embarazada por tercera vez.
Raúl Hugo Alais, sobrino, por parte de madre, del letrista de tango Alfredo Le Pera, se recibió en octubre de 1976, se sumó a la Asociación Gremial de Abogados de Mar del Plata y colaboró con Candeloro y Centeno en el Convenio de Trabajo 161 que mejoró la situación de los fileteros de pescado. En su estudio, empezó a tomar causas laborales y “encaraba sus defensas a fondo”.
Salvador Arestín, en 1977, se asoció con dos colegas para ejercer de manera privada, y se ocupaba de la defensa de trabajadores de la actividad pesquera, entre otras. Cuando lo secuestraron, tenía 29 años.
Sus historias de vida tuvieron un final abrupto. “En este tipo de investigaciones –detalla Waisberg- hay que darles tiempo a los familiares de las víctimas para que se sienten a hablar. En general son temas muy dolorosos. Nos implicó mucha insistencia porque había temores sobre cómo haríamos el tratamiento de algunas cuestiones, costó convencer a algunos protagonistas, familiares y amigos de contar detalles. En el libro, además de contar la trama de ´La Noche de las Corbatas´ y señalar cómo era Mar del Plata en aquellos años, biografiamos a las víctimas, eso implica sentarse a hablar con los familiares como nunca hablaron, con un desconocido que pregunta y pregunta un montón de cosas que quizás no habían pensado, y encima somos dos preguntadores. Pero también, eso que cuentan después, persiste en el tiempo en el libro, lo que no se cuenta se pierde”.
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El libro se presentará el 9 de julio a las 18 en la Facultad de Derecho UNMDP (25 de Mayo 2855, Mar del Plata), y el 13 de julio a las 19 en el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo (Pasaje Rivarola 154, CABA).
Actualizada 6/07/2016
Jul 5, 2016 | inicio
«El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión». Eso establece el punto 9 de la Declaración de Principios sobre libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, norma que fue arrasada en la madrugada del lunes, cuando una patota de unas veinte personas violentó el edificio del diario Tiempo Argentino y de Radio América, ubicado en la calle Amenábar 23, provocando uno de los ataques más graves a un medio de comunicación desde el retorno a la democracia.
“Queremos que todo el pueblo se dé cuenta de que lo que sucedió es mucho más grave que un conflicto entre privados: esto es vulnerar la libertad de expresión”, dijo Javier Borelli, presidente de la Cooperativa de Tiempo Argentino a ANCCOM. Pasada la una de madrugada del lunes, el empresario Mariano Martínez Rojas junto a una patota de veinte personas ingresaron en el edificio que comparten los dos medios, desalojaron por la fuerza a los trabajadores que estaban de guardia en la redacción y destrozaron instalaciones, puertas y muebles. El grupo se ensañó particularmente en la tarea de romper elementos claves para el trabajo de la cooperativa, como el servidor, documentación y el cableado para el funcionamiento de las computadoras. “Creemos que el objetivo fue impedir que el diario cooperativo vuelva a salir”, declaró Borelli.
“Queremos que todo el pueblo se dé cuenta de que lo que sucedió es mucho más grave que un conflicto entre privados: esto es vulnerar la libertad de expresión”, dijo Javier Borelli.
Mientras se escuchaban los destrozos del edificio, ubicado en pleno barrio de Palermo, los policías de la Comisaría 31 miraban pasivamente en la vereda. Pronto fueron llegando decenas de trabajadores del diario a la redacción. “La policía consideraba que Mariano Martínez Rojas era el verdadero dueño”, contó Randy Stagnaro, delegado de Tiempo Argentino en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y secretario de la cooperativa. Con este panorama, los trabajadores decidieron entrar para defender sus pertenencias, y provocaron que la fiscalía interviniente, a cargo de Verónica Andrade, cambiara su actitud. “Resolvió hacer un acta formal, ordenó que la policía escoltara y sacara a los patovicas, y que el edificio quedará bajo nuestra custodia, porque tenemos autorización del Ministerio de Trabajo, que nos puso bajo la custodia de los bienes y las herramientas del diario y por eso trabajamos ahí», sostuvo Stagnaro. María del Carmen Verdú, abogada y referente del organismo de derechos humanos, que asistió en plena noche para apoyar a los trabajadores, consiguió que la fiscalía permitiera a los cooperativistas quedarse en el edificio.
A pesar de los destrozos materiales y edilicios, el equipo de Tiempo Argentino evaluó que la mejor respuesta era seguir trabajando y hacer periodismo, y por eso puso en circulación este martes una edición especial en la que dan cuenta de este feroz ataque, de la falta de respuestas del Ministerio de Trabajo (ayer fueron atendidos por funcionarios de tercera línea y el ministro Jorge Triaca no los recibió), de los antecedentes en una estafa de Martínez Rojas y del vaciamiento de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, los empresarios que vaciaron el diario y dejaron de pagar sueldos desde fines del año pasado. Tiempo Argentino volverá a salir el próximo domingo y, por otro lado, Radio América continúa con sus emisiones a través del sitio web y de la aplicación para celulares.
“Estas formas de violencia son un alerta muy grave dijo Tomada a ANCCOM.
“Ya el sábado 11 de junio Martínez Rojas junto a sus muchachos ingresaron a la planta transmisora de radio América, y nos sacó del aire, atentando directamente contra la libertad de expresión”, dijo Matías Colombatti, periodista de la emisora, a ANCCOM. “Este tipo de hechos son de una gravedad institucional enorme –agregó-. Hay una complicidad del Estado que no asegura ni siquiera las garantías mínimas constitucionales para los trabajadores de prensa. Notamos su ausencia desde hace siete meses, cuando dejamos de cobrar nuestros sueldos y comenzó el vaciamiento de la empresa”.
A lo largo de la jornada, recibieron centenares de declaraciones de apoyo de diversas organizaciones y personalidades. También fueron acercándose a la redacción diversos dirigentes políticos y sociales, como el ex titular de Afsca, Martín Sabbatella, el diputado nacional Juan Carlos Junio, y los legisladores Marcelo Ramal (Partido Obrero) y Juan Carlos Tomada (FpV), ex ministro de Trabajo. “Estas formas de violencia son un alerta muy grave –dijo Tomada a ANCCOM-. Es impensable que queden impunes. La responsabilidad no es solamente de los empleadores: tanto el Gobierno de la Ciudad como el Gobierno Nacional deben intervenir y aclarar qué ha pasado en esta suerte de zona liberada y fraudulenta en que se convirtieron los medios”.
Ayer mismo los trabajadores comenzaron a recomponer el edificio. “Tiempo Argentino no para, ni se va a callar –señaló Stagnaro-. Todos los planes que teníamos se mantienen y vamos a recuperar lo que han destrozado, para tener las instalaciones lo más completas posibles, para poder seguir trabajando con normalidad. Quedamos con mucha firmeza. Echamos a una patota, cosa que no es fácil y más aún si tiene la connivencia con la policía”.
“Nosotros no estaríamos acá si no fuera por la gente, los medios, y los compañeros –subrayó Borelli, el presidente de la cooperativa-. Tiempo no saldría sin la ayuda de otras empresas cooperativas, que nos marcaron el camino. Nosotros somos un emergente en este momento, y lo que queremos hacer sobre todo es visibilizar lo que está sucediendo, porque somos parte de la clase trabajadora que está sufriendo los ajustes de este gobierno”.
Actualizada 05/07/2016
Jun 21, 2016 | Entrevistas
La última vez que Anccom lo entrevistó, Víctor Hugo acababa de ser despedido de Radio Continental luego de casi treinta años en la emisora, y una multitud se autoconvocaba para darle su apoyo y por la libertad de expresión. Desde abril volvió al aire en AM 750, que funciona en el edificio del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (Suterh), en San Telmo.
Nos recibe a las 8 de la mañana, pero ya está desde un rato antes en la radio, fiel a su costumbre de preparar el programa 2 hs antes. Allí transcurre la entrevista, esta vez habla de lo que quizá más lo apasione, el fútbol.
¿Por qué nadie ocupa el lugar de poder que dejó Julio Grondona?
Porque cuando desaparecen ciertos líderes, la división entre los herederos se hace muy difícil. Siempre hay grupos que están alrededor del líder y cada uno de ellos se siente con derecho. En la AFA había muchísimos seguidores de Grondona pero no amigos entre sí, cada uno con sus apetencias y ambiciones, y esos grupos estallaron cuando él murió. Todas esas voluntades nucleadas a su alrededor y dependientes de él, quedaron en un equilibrio de posibilidades.
¿Qué pretende Macri al apoyar una “Súperliga” separada de la AFA?
Este gobierno quiere quedarse con todo, tiene un espíritu casi imperialista porque busca apoderarse de todas las actividades, y el fútbol es un surtidor importante en lo económico y en lo social. Además, Macri tiene una inclinación natural hacia el fútbol porque le debe todo. Es muy mortificante que las cosas sean así. El poder político dentro del fútbol, a la larga, va a dañar al deporte, pero aún están en una etapa de concentración de poder brutal y lo hacen brutalmente.
¿“Fútbol para todos” corre riesgo ante el ingreso de Turner?
Yo pensé que no iba a correr ningún riesgo, en los primeros años por lo menos, porque habría un costo político grande. Pero como se han presentado los hechos en los últimos tiempos, incluyendo el episodio de José López, todo gravita a favor de que al Gobierno, tome la medida que tome, el costo político se le haya reducido muchísimo.
¿El piso de tolerancia es muy alto?
Estamos en una situación apabullante, una especie de tsunami de poder que se ha llevado todo por delante, con un altísimo grado de cinismo, y las cosas les están saliendo bien. Han acumulado un poder nunca visto que se corresponde con el poder real. Esto es poder real expresado a través del poder político, un gobierno que es una suerte de brazo extendido de este poder real.
¿Quién sería idóneo para transparentar la AFA?
Armando Pérez (presidente de Belgrano de Córdoba) me parece un buen dirigente. Él podría encarrilar una buena situación. Dicen que es un hombre cercano a Macri pero independiente, y entonces podría darle un margen de actividad propia a la AFA. Me cae muy bien Pérez por lo que ha hecho en Córdoba y porque sé que es una buena persona, porque lo he tratado, porque ha sido dueño de medios de comunicación y ha dejado una buena impresión. Me parece que es un hombre que cierra en la credibilidad que uno espera para un dirigente. Pero no conozco cuáles son los compromisos asumidos con el poder político. Donde haya un compromiso con el poder político, también con todo el dolor del alma, estaría opinando negativamente de él, es un tema muy intrincado.
¿Qué otros podrían ser candidatos?
Tinelli no me parecía para nada descartable, pero todos se han bajado ahora, con lo cual sería hipotético lo que te digo. Los dirigentes que vienen de Lanús y Vélez también podrían ser, porque son personas trabajadoras y serias, con márgenes de honestidad muy amplios, que se han destacado por sobre otros dirigentes de otros clubes.
¿Qué opina del alejamiento de Hugo Moyano de la CGT para hacer carrera como dirigente de fútbol?
Da la impresión que está cansado de la CGT, que no tiene el impulso de antes. No sé, puede haber un agotamiento, algo que va cediendo a otros que todavía no salen a la superficie, pero que determinan que él ya no esté totalmente al frente de la situación. Parecería que el club de fútbol, las pasiones del fútbol y la lucha nueva que ha emprendido en la AFA, es una lucha en la cual la pelea por el poder es contra un sector muy poderoso que él querría derrocar. Resultó muy contradictorio que un día de paro de las CTA, Moyano no acompañase y por el contrario, el mismo día, cuando a las 2 de la tarde se reunían los trabajadores en la Plaza de Mayo, él fuera esperado en la AFA para ver quién sería el presidente de la Asociación. Eso me pareció una metáfora de tiempos raros y nuevos, que uno todavía no consigue discriminar.
¿Moyano resignó sus aspiraciones políticas de alto vuelo?
Por supuesto, sí. Los tiempos políticos, en ese sentido, han caducado. Está discutiendo más lo de la AFA que lo que pasa con los sindicatos. Está muy exigido, con las bases latiendo fuerte, pero sin embargo se aboca más a la pelea en la AFA que a la pelea sindical. Ni siquiera lo digo como una crítica, lo digo como una observación de lo que pasó en los últimos meses.
Actualización 21/06/2016
Jun 21, 2016 | inicio
“Este barrio empezó con un amor clandestino”, cuenta Darío desde atrás del mostrador mientras prepara un churrasco a la plancha. Su esposa Joaquina y Mirta lo miran desconcertadas. “Una mujer dejó a su marido y se escapó con dos hombres. Hicieron una casita entre los vagones y vivían ahí, los tres escondidos. Así empezó La Carbonilla”, explica Darío mientras invita café y cuatro empanadas fritas. “Los cafeteros son chusmas”, lo acusa Joaquina mirándolo de reojo. Tanto ella como Mirta viven en el barrio desde que era un terreno baldío, en 2001. Pero Darío lo conoce desde 1991, cuando arrancó a vender café en los galpones del ferrocarril, en donde circulan camiones que se llevan lo que trae el tren carguero. “¿Sigue viviendo en el barrio esa mujer?”, pregunta Mirta que no se quiere quedar con la duda. “Sí, pero con un solo hombre, del otro se divorció”, contesta Darío dando vuelta el churrasco.
Joaquina vivió siempre en el sector 1 –donde está el bar de su marido–, forma parte de la agrupación Militancia Popular y trabaja en el programa “Ellas hacen” (que la gestión de Cambiemos quiere eliminar). Mirta es delegada del sector 3, cartonera y militante kirchnerista. La historia, relatan, crece como el barrio: heterogénea, un poco desprolija, fragmentada. Sin embargo, los recuerdos de ambas convergen en el año 2008, los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad, y el intento de desalojo. “Ahí nos dimos cuenta que nos teníamos que organizar porque si no nos pasaban por arriba”, dice Mirta. “Sola no podés hacer nada, no tenés peso. Tenemos que estar juntos y organizarnos –agrega Joaquina–. En ese momento nos salvaron las agrupaciones Militancia Popular y Frente Transversal. Nosotras no sabíamos qué hacer”.
La Carbonilla, que debe su nombre a una leñería cercana, creció a espaldas de la Comuna 15, en un terreno que pertenecía al Ferrocarril San Martín. Para muchos es un caserío fugaz que se ve desde las ventanillas del tren entre la estación Paternal y Villa del Parque. Los pasajeros frecuentes lo habrán visto ampliarse desde 2001, cuando se disparó la crisis y la recolección de cartón fue la única opción para muchos. Además de fuente de ingresos, era el material con el que se erigían las casas, reforzado con las maderas y las chapas que se podían encontrar desparramadas. Hoy las casas de ladrillo alcanzan los tres o hasta cuatro pisos. “Los primeros en venir fuimos los cartoneros. Cuando nos quedamos sin trabajo yo vivía abajo del puente. Ahí empezamos a recorrer los reciclajes de cartón. El carguero frenaba acá. Nosotros dormíamos arriba hasta que bajamos y nos instalamos”.
El barrio se estira pegado a las vías del tren, desde la estación Paternal hasta el puente de avenida San Martín. Se divide en tres. Mirta se instaló desde el principio en el sector 3, lindero al puente. “No teníamos nada. Ni luz, ni agua, ni cloacas. Íbamos a buscar agua con bidones a una estación de servicio acá a tres cuadras. Iluminábamos con velas. Una vez volví de cartonear y se había prendido fuego mi casa, con los documentos, todas mis cosas. Fueron tiempos muy duros”, cuenta mientras cruzamos el barrio. En 2014, Mirta fue elegida delegada en las elecciones que el kirchnerismo le ganó a Corriente Villera Independiente por 29 votos.
En el Sector 2 vive Rocío, que llegó a La Carbonilla cuando sólo había tres casas. Recuerda los incendios, los intentos de desalojo de la seguridad ferroviaria y todo lo que les faltaba. “Este sector también era de cartoneros. En esa época murió un nene envenenado. Vinieron de un juzgado y a esa familia le sacaron los otros hijos por mal cuidado. Pero el nene no había muerto por eso sino por la falta de luz. Tomó de una botella que tenía veneno para ratas porque no se veía nada. Con ayuda de los vecinos que reclamamos, a la familia le devolvieron los otros chicos”.
Joaquina y Dario, vecinos de la Villa La Carbonilla
Rocío también es militante kirchnerista y forma parte de la comisión directiva del barrio. Hasta hace unos meses trabajaba de mantera en la avenida Avellaneda, en Flores, pero fue desalojada y desde entonces no encuentra lugar para trabajar. Como Mirta y Joaquina, reconoce el año 2008 como un punto de quiebre: “Militancia Popular puso a los abogados para que no nos desalojen. Ellos fueron los primeros que resistieron. Después se fue afianzando el barrio, cuando fueron llegando más organizaciones sociales y los vecinos nos organizamos también, más gente empezó a instalarse y a construir”.
Rocío y Mirta caminan por una calle sin nombre, amplia, que corre paralela a las vías del tren. “Desde el principio dejamos calles anchas pensando en la urbanización -puntualiza Mirta-, y no tienen nombre porque todavía no están legalizadas, para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es como si no existiéramos”. Hasta el Sector 2 la calle es de tierra y después empieza un adoquinado prolijo, color gris pálido. “Hasta acá llegó la primera parte del proyecto de obras que empezó el año pasado”, cuenta Mirta. El proyecto fue financiado por el Ministerio de Desarrollo Social, en un acuerdo con el Ministerio de Defensa que designó personal del Ejército como mano de obra. “La segunda parte está presupuestada pero nos dijeron que el Ejército no puede seguir trabajando –afirma Rocío–. Les reclamamos que actualicen el presupuesto pero no nos contestan. Tienen la plata estancada, hace seis meses que no sabemos nada”.
Unos metros más adelante, la calle desemboca en una canchita de fútbol. “Este es el corazón de barrio”, comentan las dos con un discreto orgullo. La canchita también fue parte de la primera etapa de la obra. Mirta no es optimista: “El gobierno del PRO, en ocho años, sólo puso una estación atmosférica y un camión Vactor para destapar las cañerías. El resto lo hizo Cristina: las cloacas, el agua potable, los transformadores para que tengamos luz. Por eso en el barrio somos muchos kirchneristas”. Todos los que pasan saludan a Mirta. “Es que acá los vecinos nos conocemos, no es como afuera que no se conocen entre ellos. Acá le pasa algo a alguien y salimos a reclamar por él”, remarca.
Sobre una de las construcciones más altas flamean la bandera peruana y, abajo, la argentina. Según Rocío, el 90 por ciento de los habitantes (sobre un total de 3500) son peruanos que llegaron en los últimos años. En las elecciones que ganó Macri el año pasado, sólo 126 personas estaban empadronadas. Ahora todo está empapelado con afiches de las presidenciales peruanas en los que podían votar casi todos.
El barrio se estira pegado a las vías del tren, desde la estación Paternal hasta el puente de avenida San Martín.
Atravesando en diagonal la canchita, se puede llegar otra vez al Sector 1 por una calle que separa las casas del alambrado paralelo a las vías. Por allí se accede a la unidad básica de La Cámpora, donde funciona un merendero para los chicos de La Carbonilla. Hace unos meses la agrupación está intentando transformarlo en comedor, pero el espacio no cumple con las condiciones infraestructurales que demanda el Gobierno y por ley no puede funcionar en un local político. “Lo vamos a arrancar igual, con lo que hay –sostiene Mirta–. Los vecinos tienen cada vez menos y cada día hay más chicos que no comen”. Llegando a la básica, aparece “La Rubia”, vecina del Sector 3, decidida a sacar la olla. Mirta le dice que sí, que la saque, que consiguió algo de carne. A La Rubia los muchachos que vinieron hoy le trajeron un cajón de verduras. “Los muchachos -cuenta Mirta- son unos cartoneros de provincia que están hace un par de días. Hoy los invité a casa a ver el partido de Argentina”.
Adentro del local, mate de por medio, se suma Ada. Ella es peruana y vive en el Sector 2 desde hace 12 años. Todavía no milita, aunque Mirta, por lo bajo, dice que está a punto de convencerla. Ada colabora en el merendero y cuenta que la comida que les mandan está casi siempre vencida. La situación actual la preocupa: “Teníamos los camiones del Ministerio de Salud pero los sacaron. Lo mismo con los camiones para hacer el documento y los papeles”. Al igual que Rocío, Ada es mantera y fue desalojada. “En el barrio hay muchas familias manteras. Primero allanaron los 24 depósitos y se llevaron todo. Siempre hablan de la mafia de los que nos dan la mercadería, pero la mafia es la policía que te cobra el espacio. En (la avenida) Avellaneda te cobran 500 por semana de lunes a viernes y sábado aparte”. Su marido trabaja en la construcción y hace dos meses que está sin empleo. “Acá se pararon casi todas las construcciones. A los manteros ya no los dejan vender. A los cartoneros les cierran los galpones y cada vez hay menos cartón en la calle. La gente está desesperada”, resume Mirta.
Las opciones para continuar la urbanización, explica Rocío, son renovar el convenio con el Ejército o actualizar el presupuesto. Pero desde el cambio de gestión a nivel nacional no tuvieron respuesta. “El último regalo de Cristina fue que cedió las tierras a la Secretaría de Hábitat y Vivienda (dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda). El papel está en el expediente de Hábitat y no nos quieren recibir. Está en manos de ellos, pero es del barrio. La Secretaría tiene un presupuesto para todas las villas de emergencia que no está ejecutando”, detalla Rocío. Hace tiempo que agotaron las vías institucionales de reclamo. “Tenemos que ir todos. Nosotros ponemos la cara por los vecinos pero en estas situaciones tenemos que movilizar el barrio hasta la Secretaría -opina Mirta- para que vean que no somos invisibles”.
Actualizada 21/06/2016
Jun 15, 2016 | inicio
Ajustes en los presupuestos de programas sociales y cooperativos, aumento en la demanda de alimentos de los grupos vulnerables y pocas respuestas oficiales. Las organizaciones que nuclean a los sectores más golpeados por los tarifazos y las restricciones en inversión social coinciden en esos tres grandes ejes de diagnóstico para describir los primeros seis meses del gobierno de Cambiemos.
La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista Combativa (CCC), el Frente Popular Darío Santillán y las organizaciones Tupac Amaru y Barrios de Pie dialogaron con ANCCOM para repasar las demandas de sus bases -en muchos casos protagonistas de protestas callejeras, cortes de calle y ollas populares en las últimas semanas- y caracterizar el vínculo propuesto por la administración de Mauricio Macri.
Dina Sánchez es dirigente del Movimiento Darío Santillán que, junto a otras siete organizaciones, integra el Frente Popular Darío Santillán (FPDS). El espacio aglutina a cerca de mil trabajadores de cooperativas. Ella viaja todos los días desde Glew, provincia de Buenos Aires, a Capital para trabajar, junto a 250 cooperativistas, en limpieza e higiene urbana. “Nosotros siempre firmábamos los acuerdos con el Gobierno de la Ciudad a principios de año, a esta altura ya habíamos renovado y teníamos definidos los aumentos y la cantidad de puestos de trabajo. Ahora tardaron hasta para negociar, igualmente no dejamos de trabajar porque si no se les hace más fácil echarnos diciendo: `Estos no quieren trabajar´. Seguíamos con el mismo sueldo desde junio del año pasado hasta ahora, que nos impusieron un aumento del 23%. Igual, de más puestos de trabajo, ni hablar”, grafica.
Archivo ANCCOM. 18 de enero de 2016.
El coordinador de Barrrios de Pie, Daniel Menéndez, advierte sobre un escenario negativo para los sectores más vulnerables. «Todo el arco social, político, y religioso coincide en que estamos en una situación marcada por el deterioro. Este escenario se agudiza por la inflación y la generación de nuevos pobres que según las mediciones del Observatorio Social de la UCA ya rondan el millón y medio de personas”, subraya.
Para Menéndez, ese nuevo estado de cosas se muestra sin disimulos en el aumento de la demanda por alimentos en los comedores, una pintura que también coinciden en realizar los intendentes del conurbano bonaerense. “Es algo distintos a los últimos años, la situación empeoró y ahora están haciendo estallar los comedores a los que se acercan un montón de chicos por un plato de comida. Incluso Margarita Barrientos reconoció que aumentó un 50% la asistencia a los comedores, y por eso también se abren nuevos. A la vez, hay preocupación por el aumento del 20% del salario, porque siguen estando atrasados, y los programas de empleo terminan siendo un complemento de las changas de los trabajadores en negro, como por ejemplo en la construcción o el de las mujeres que hacen trabajo doméstico”, explica.
Julia Rosales es dirigente de la CCC Zona Norte (Capital), la organización que nació junto al movimiento de trabajadores desocupados en el año 2001 “cuando se vino el mundo abajo y quedó un montón de gente afuera del sistema”.
En la actualidad, la CCC de esa zona impulsa cooperativas de trabajo que se ocupan principalmente de la higiene y limpieza urbana, a la vez que promueven comedores sociales que reciben en su mayoría a los vecinos del Barrio Mitre. “Antes venían 40 familias, ahora vienen 100, y cuando hay hambre también se nota porque la gente se pelea más por las porciones. Hay menos trabajo y mucha inflación. Si antes las capas medias tenían alguna trabajadora doméstica ahora, frente al aumento de tarifas, ya no la contratan y esa mujer queda sin trabajo y viene al comedor”, dice Julia.
Archivo ANCCOM. 18 de enero de 2016.
La organización cuenta con 150 personas en cooperativas de trabajo. “Son principalmente mujeres para las que es muy difícil volver al sistema cuando ya se cayeron, porque son grandes, con hijos, sin dientes”, retrata.
Y puntualiza. “Tenemos que ponernos firmes sobre la base de que somos útiles. Acá trabajamos en cuatro cuadrillas, algunas en el Parque Sarmiento, y también tenemos otras cuatro en centros de primera infancia. Esto es en nuestra zona, pero en el resto de la Ciudad hay más. Esa es la mitad de la gente que viene a nuestros comedores, pero la mayoría no tiene trabajo”.
Una de las organizaciones más afectadas por el cambio de gobierno fue la Túpac Amaru, cuya líder, Milagro Sala, aún permanece detenida en Jujuy. El coordinador nacional del espacio, Alejandro «Coco» Garfagnini, describe la nueva realidad. “Muchos compañeros pasaron de ser cooperativistas a desocupados. Ahora el desafío nuestro es empezar a organizarlos. En los diez años de avance que tuvimos como organización popular logramos agrupar, a partir del trabajo, a un montón de compañeros, no sólo desde las cooperativas de obra pública sino también de fábricas y emprendimientos. Pero hoy la gran mayoría, sobre todo los de obra pública, están desocupados porque el programa se cerró”, dice Garfagnini en referencia a uno de los principales planes de construcción de vivienda, el Programa de Integración Socio Comunitario (ex Emergencia Habitacional), creado en el año 2003 por el Ministerio de Planificación Federal y con el que se construyeron cerca de 56 mil viviendas, según indicó el dirigente. “Era un programa que generaba casi 70 mil puestos de trabajo en todo el país y se terminó porque el gobierno nacional querrá hacer negocios con empresas y no con las cooperativas. En la misma situación están los compañeros de la CNCT que también tenían cooperativas de obra pública. Todos los que integrábamos el programa llegamos a ejecutar en 2015 el 15% del presupuesto de viviendas nacionales”, remata.
Manifestación de Barrios de Pie en el Obelisco el 10 de junio.
Las cooperativas de trabajo comenzaron a multiplicarse en Argentina a partir de la crisis del 2001. Desde entonces, el sector “ha inventando trabajos para poder vivir”, dice Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que agrupa a sectores como cartoneros, empresas recuperadas, cooperativas populares, campesinos, vendedores ambulantes, constructores, y pequeñas unidades productivas, entre otros. El derecho de agremiación es una de sus principales demandas: “Sabemos que el desarrollo del capitalismo hace que se concentre la economía y que los trabajadores ya no se vuelven a incorporar a ese lugar una vez que quedan afuera, pero nos cuesta que las centrales sindicales nos tengan en cuenta. Vamos siempre a acompañar al sector formal pero es hora de que como trabajadores de la economía popular tengamos personería gremial para contar con obra social y aportes”.
Diálogo con el gobierno
Junto con las crecientes demandas sociales, las organizaciones enfrentan también el desafío de interactuar y reclamar ante un nuevo gobierno. “Hay diálogo pero para discutir giladas. Nos hablan de la herencia, y sólo hay excusas, no canales que permitan resolver los problemas. Nosotros reclamamos por alimentos y por programas de empleo porque están desactualizados, más en este contexto de emergencia social por el ajuste brutal que estamos viviendo. Creemos que tiene que haber un aumento del 50% de los ingresos porque no es suficiente lo que nos pretenden imponer”, subraya Menéndez, desde Barrios de Pie.
Julia Rosales coincide con esa apariencia conciliadora de Cambiemos porque “diálogo con el gobierno hay, pero con pocas respuestas”. Y sentencia: “Son dialogadores pero después migajas. Somos como tercerizadas para el gobierno y no les conviene que nosotros le cobremos barato porque frente a las auditorías después tienen que justificar por qué las cooperativas del PRO –que funcionan en las Comunas como pequeñas empresas- les cobren mucho más”.
En el Frente Popular Darío Santillán marcan como un hito del nuevo vínculo la toma del edificio de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad que se realizó el 11 de mayo pasado junto a otras organizaciones. “Nos recibieron el vicejefe de Gabinete Juan Pablo Graña y el Jefe de Gabinete Social, Juan Ignacio Maquieyra, quienes se comprometieron a conservar los 250 puestos de trabajo, pero no a aumentarlos y nos dijeron que nos iban a dar un incremento de nuestros ingresos cercano a nuestro reclamo. Una semana después fuimos al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, donde nos dijeron que desconocían aquel acuerdo, como si nosotros estuviésemos locos. Mirá si vamos a levantar un acampe, a las tres de la mañana, porque se nos da la ganas”, puntualiza Dina Sánchez.
La CTEP da cuenta de los acuerdos firmados. «Nosotros logramos unas 16 unidades ejecutoras, donde el gobierno va a hacer que podamos coordinar el dinero que es para obras. En un principio era una cantidad de plata pero ahora es bastante menos. También hicimos un acuerdo por el tema de viviendas, otro por problemas alimentarios, también trabajo autogestionado, y para fábricas recuperadas”, explican desde la organización.
El diálogo, sin embargo, tiene doble vara. “Nosotros no tenemos ninguna instancia de diálogo con este gobierno”, explican los referentes de la Tupac Amaru. Con presencia en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Chaco, Misiones, Corrientes, Salta y Jujuy, el único distrito que mantiene un diálogo institucional es Chaco. “Con el macrismo no te podes confiar. Nosotros nos dimos cuenta cómo eran al poco tiempo que asumieron cuando hicimos los acampes, por las actitudes que tuvieron y después cuando detuvieron a Milagro y a otros seis compañeros”, subrayan.
Manifestación de Barrios de Pie en el Obelisco el 10 de junio.
Perspectivas
“Hay un parate económico que va a seguir porque el gobierno tiene la voluntad de provocar una recesión para que los precios bajen. Tenemos que llevar adelante medidas que busquen menguar esas políticas económicas, por eso nos seguimos reuniendo con distintos sectores, incluso religiosos, como las parroquias, para que podamos convocar a un diálogo, y también pensamos movilizar a los hipermercados y continuar con las ollas populares”, describe el referente de Barrios de Pie.
Desde la CTEP, el diagnóstico incluye una mirada política sobre la región. “Hay un contexto de retroceso regional. Acá la transferencia de recursos que hizo el gobierno a los sectores más concentrados, indica que más allá de pelear por el trabajo autogestionado y las tarifas, vamos a estar en una situación muy dura”.
Julia Rosales cuestiona las promesas futuras de Macri. “El gobierno les dio a las mineras, a los exportadores, y hablan de la herencia pero eso lo puede decir unos meses pero después ya es la forma en la que ellos decidieron resolver la crisis. Hay gente que tiene bronca, sobre todo la clase media que es la que lo votó. Y ahora ya no hablan de la recuperación del próximo semestre, ahora dicen que va a venir el año que viene”, advierte.
Desde el Movimiento Darío Santillán, Dina remarca las contradicciones del gobierno de Cambiemos en la Ciudad. “Si un día se juntan con nosotros y después lo niegan, ya no podemos confiar en nadie. Por eso decimos hay que estar más alertas. Notamos que con este gobierno, a nivel nacional, las cosas fueron muy duras y muy seguidas. La opinión del conjunto de los compañeros de las asambleas que se hacen en los barrios es que vamos a luchar, porque no nos alcanza. Cómo se puede vivir con 4500 pesos si hay que pagar boleto, alquiler, luz, comida. Es una locura”.
La CTEP visualiza la articulación política como la principal herramienta para hacer frente a la nueva realidad y demandas crecientes. «Cuando sufrís una derrota en el campo popular, cada uno va por sus demandas pero hay que hacer un trabajo político, además de lo reivindicativo, y definir qué tipo de país queremos. Para afrontar la crisis necesitamos organizar a todos los sectores y pedir por el salario complementario. Hay un montón de necesidades y por eso tenemos que luchar por una política que yo llamaría defensiva de los derechos conquistados. Lo cierto es que la crisis no nos agarra desprevenidos, no estamos en el 2001», resume Castro.
La perspectiva de las organizaciones para los próximos meses en ningún caso prescinde de las manifestaciones, las ollas populares, las intervenciones frente a hipermercados, entre otras tácticas y métodos de lucha. “A pesar de que hay personas que dicen que no existen espacios de unidad, que estamos fragmentados, yo puedo decir que no veo eso, creo que hay un alto nivel de articulación en el movimiento popular en general. El tema de Milagro tuvo una reacción impresionante, fue muy rápida, tuvimos la solidaridad de más de 40 organizaciones sociales, sindicales y del campo popular”, expresa el coordinador de la Tupac Amaru.
Archivo ANCCOM. Movilización por la liberación de Milagro Sala en el centro porteño el 18 de enero de 2016.
La CTEP analiza una próxima movilización que exprese a todos los sectores de la economía popular para romper con el discurso de los `plancitos`y pelear por un salario universal complementario.
Más allá de las diferencias, las organizaciones apuestan a reinvidicar su lucha alrededor de la única consigna del derecho al trabajo. “Nadie nos regaló nada, lo que logramos lo hicimos con la lucha. La primera conquista es tener un plan social para no morir de hambre pero no nos van a comprar con bolsas de alimentos, con planes, nosotros queremos trabajo”, resume la dirigente de la CCC.
Actualización 15/06/2016
