Oct 26, 2015 | inicio
“A todos aquellos, que a lo mejor tienen el sabor amargo de la decepción por no haber alcanzado el lugar que soñábamos en la pelea por gobernar la Argentina, les digo que no bajemos los brazos”. Con esas palabras, Sergio Massa, el candidato a presidente de UNA, se mostró entero frente a una derrota que lo dejó lejos del soñado balotaje: su fuerza obtuvo el 21 por ciento de los votos y quedó relegada al tercer lugar. “Nos van a encontrar en el camino de construir un cambio positivo e inteligente para nuestro país”, completó como para mostrar su papel de fiscal hasta el próximo 22 de noviembre, cuando se vote definitivamente al próximo presidente de los argentinos. Pese al éxodo masivo de dirigentes del Frente Renovador en los días previos a las elecciones, Massa jugó el papel de hombre firme, equilibrado y dispuesto a mostrarse entero ante la adversidad de las urnas. “Tenemos el compromiso de que en nuestro país no haya impunidad con la corrupción. Mucha fuerza, a seguir peleando”, remató ante sus fieles en la noche del domingo.
El diputado nacional y candidato presidencial por el Frente Renovador estableció su búnker en el Estadio «Pipa Tigre», ubicado en el distrito en donde construyó la base para lanzarse a su carrera presidencial. Finalmente, no llegó a cumplir el objetivo de obtener el segundo puesto que le hubiera permitido competir en una siguiente vuelta, pero igualmente tuvo palabras de agradecimiento para los más de cinco millones de argentinos que lo votaron. Su jugada principal, en los últimos días de campaña, había sido instalar la convicción de que sólo él -y no Mauricio Macri-, tenía posibilidades de hacerle frente al candidato oficialista Daniel Scioli en un balotaje.
Las palabras de Massa expresaron un ánimo de combate, aún cuando no se tenía dimensión de los sorpresivos resultados: una exigua diferencia a favor del candidato del Frente para la Victoria sobre la Alianza Cambiemos y el triunfo histórico de María Eugenia Vidal sobre el jefe de Gabinete nacional Aníbal Fernández en la Provincia de Buenos Aires. Con este panorama –y a pesar de la derrota-, el precio político de Massa subirá de manera notable, tanto de cara a balotaje del mes próximo como dentro de la interna justicialista que rápidamente despertarán los guarismos de anoche.
Detrás de las cámaras, en la sala de prensa, el jefe de campaña de UNA, Alberto Fernández, dio su opinión dejando a un lado los números concretos. “Hoy logramos plantar en la política argentina a un candidato joven que se ha revelado como un gran dirigente, capaz de afrontar batallas duras, y que se pudo imponer ante los poderosos. Armó un equipo de trabajo serio. Hemos plantado algo que el país estaba necesitando”, sentenció.
En consonancia con las declaraciones de Massa, el candidato a gobernador bonaerense Felipe Solá calentó su búnker, que se mantuvo en calma hasta cerca de las diez de la noche, cuando recién comenzó el tronar de los bombos y algunos militantes decidieron agitar sus banderas. “Hemos denunciado que el narcotráfico ha aumentado, hemos denunciado malas condiciones de salud en la provincia, y creo que si el nuevo gobernador bonaerense quiere brindar más seguridad debe tener mucho mayor control de la policía, debe estar mejor paga y descansada”, apuntó Solá, cuyas palabras apuntaban a un supuesto triunfo de Aníbal Fernández, algo que finalmente no se dio.
Hasta que Sergio Massa subió al escenario rodeado por los dirigentes más representativos de su fuerza, llamativamente las pantallas mostraban los festejos en los otros centros de cómputos. Fue el economista Aldo Pignanelli el encargado de reconocer el tercer puesto, poco después de las 19. Antes que él, los diputados Graciela Camaño y Facundo Moyano y el candidato a vicegobernador Daniel Arroyo habían pedido esperar los datos oficiales y respetar el acuerdo que habían suscripto todas las fuerzas políticas de no anticipar conclusiones sin tener cifras exactas.
“Hemos hecho una buena elección. Más allá de los números concretos creo que llevamos adelante una campaña de propuestas, las vamos a seguir haciendo, vamos a hacer un trabajo profundo y arduo desde el Congreso de la Nación más allá de quien gane, ya que el Parlamento va a tener otra composición que determina que se puedan realizar cambios profundos”, señaló Moyano.
Oct 14, 2015 | inicio
A fuerza de costosas campañas de marketing, Coca-Cola ha soñado, desde sus orígenes, en mayo de 1886, que su imagen sea asociada con un mundo colorido, optimista y sin fisuras. Su última campaña publicitaria a nivel global busca convencer de que no hay problemas, por más adversos que estos parezcan, que no puedan resolverse con tan sólo destapar una botella de gaseosa, envase que por estos días se ha convertido en un objeto artístico para la compañía. Y no hay dudas de que la fórmula secreta de Atlanta sigue aumentando la felicidad (al menos la de sus dueños y sus empresas asociadas).
“Primero esperaron unos meses y comenzaron a echar a más de 40 personas, todos con familia, después centralizaron los almacenes en un depósito inteligente en el Mercado Central y sacaron a otras 40. Finalmente, en Pompeya nos echaron a 20 compañeros”, comentó uno de los despedidos.
Como parte de su política para aumentar la rentabilidad, anunciado en octubre del año pasado, la multinacional viene aplicando recortes y precarizando las condiciones laborales en forma gradual, según denuncian los trabajadores de la compañía. Durante el período comprendido desde julio de 2015 hasta la actualidad, la empresa mexicana FEMSA, franquicia distribuidora de los productos de Coca Cola, ha sumado más de un centenar de despidos, contando los de las centrales de Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires, y de Avenida Alcorta, en el barrio porteño de Pompeya. Los empleados que conocen bien el funcionamiento de esta última planta dan cuenta de las políticas de ajuste de la compañía.
Cristian Durán fue despedido de la factoría de Pompeya. De acuerdo con su testimonio, Coca-Cola-FEMSA, que tiene la distribución de los productos de la compañía estadounidense en Buenos Aires y alrededores, lleva adelante una fuerte campaña de precarización laboral: “Primero esperaron unos meses y comenzaron a echar a más de 40 personas, todos con familia, después centralizaron los almacenes en un depósito inteligente en el Mercado Central y sacaron a otras 40. Finalmente, en Pompeya nos echaron a 20 compañeros”, enumeró.
Dentro de estos despedidos se encuentran trabajadores que estaban organizados sindicalmente, pugnando por evitar ceder derechos laborales y sindicales que habían sido obtenidos en 2005. Antes de esta fecha, especialmente en los noventa, las conquistas gremiales eran nulas. Ni siquiera estaba permitida la sindicalización: “Aquel que entraba debía firmar un consentimiento de desafiliación”, indicó Durán.
Gabriel Zapata también cumplía funciones en Pompeya y fue despedido. “Te echan sin causa. Como no hay motivos -porque no te enfermás, no faltás, no llegás tarde ni nada-, te ensucian el legajo diciendo que no das con el perfil que pretende la empresa a futuro. O te dicen que te ausentaste y no faltaste, o que llegaste tarde y no lo hiciste. Por eso, enseguida nos dimos cuenta de que fue persecutorio y político el asunto. Por defender derechos de la gente de planta y a los contratados”, explicó Zapata.
“Aquel que entraba debía firmar un consentimiento de desafiliación”, indicó Durán.
Gaseosas que bajan turbias
Los trabajadores denuncian que la empresa pretende mayores ritmos de producción con una plantilla en permanente reducción o subcontratada, abaratando así los costos. Durán, quien hace once años trabajaba en la embotelladora, señaló que la empresa busca tener en sus plantas la “mitad del personal contratado y la mitad efectiva”.
Antonio Fernández Carbajal integra la presidencia del consejo de administración de Coca-Cola FEMSA, que tiene a The Coca-Cola Company como uno de sus accionistas principales. En relación con el aprovechamiento que la multinacional procura de los países cuyas monedas se han devaluado (caso Colombia o Brasil), había manifestado que se estaba viviendo “una época con muertos y heridos, pero quienes nos mantengamos vivos vamos a reforzar nuestra presencia en el futuro”. También había declarado tener cierta incertidumbre sobre la rentabilidad de la economía latinoamericana. Sin embargo, de acuerdo con un informe de la Cámara de la Industria de Bebidas Sin Alcohol de la Argentina, el consumo de refrescos se incrementó un 1,6% en el primer semestre del corriente año.
Pablo Silvestri (43), cuyos padres fueron asesinados por la Triple A, fue delegado y actualmente trabaja en la planta de Avenida Alcorta. Su posición es que Coca-Cola está compensando lo que no puede ganar en todos lados con aquellos lugares donde la crisis no ha llegado: “Una multinacional como esta lo que hace es resolver el problema que tiene en una región -por ejemplo, en los países que les aumentan los impuestos- usufructuando en otra región”, detalló.
Coca Cola es una megaempresa que comercializa más de 500 marcas y 3.500 productos a escala planetaria. El operario también coincide en que los despidos responden a una persecución ideológica a integrantes de la Agrupación Marrón, cuyos miembros pertenecen o simpatizan con el Partido de Trabajadores Socialistas y el Frente de Izquierda.
Los trabajadores denuncian que la empresa pretende mayores ritmos de producción con una plantilla en permanente reducción o subcontratada, abaratando así los costos.
Sin embargo, no todos los despedidos son militantes gremiales. Para los empleados consultados, se trató de una medida de disciplinamiento. “Termina flotando la idea que, si a estos, que no se metían en nada y hacían todo sin chistar, también los rajaron, le puede tocar a cualquiera”.
Como cualquier empresa, Coca-Cola desea producir más a un menor costo. Los trabajadores consultados manifestaron que se está imponiendo una estructura de mayor control y aceleración de la producción, que comenzó a implementarse fuertemente a partir del desembarco de una administración mixta mexicana- colombiana. Esta gerencia sustituyó a los directivos locales, quienes habían sido tildados de “blandos” por sus superiores. Por su parte, los jefes argentinos ya fueron reubicados en otras empresas, según informó Zapata.
“Para introducir el llamado ‘6 x 2’ tuvieron que echar a buena cantidad de gente. Este sistema consiste en tener dos fines de semana libres cada 45 días. Ahora se está realizando esto en el sector de Llenado de Bidones de Agua”, afirmó Silvestri. Y añadió: “Han sido despedidos compañeros que justamente se oponían a este trato”. Otro ejemplo de precarización es la introducción de la política productiva a partir de metas, la cual duplicó el stock con apenas la mitad de los trabajadores.
Para los empleados consultados, el caso de los contratados merece mayor atención. En la época de aumento de la actividad, entre octubre y febrero, Coca-Cola FEMSA se ve obligada a tomar personal eventual, asegurándose así un enorme stock en depósito a un costo salarial sustancialmente más bajo. Finalizado el acuerdo (y su posible renovación) cualquier sociedad comercial posee dos alternativas: romper la relación por desvinculación o, en su defecto, efectivizar al contratado e incorporarlo a la planta permanente. No obstante, la multinacional lo que hace es tomar nuevamente a los mismos empleados, a quienes se les paga menos y se le conceden menos derechos. “De este modo, Coca-Cola está haciendo fraude laboral”, denunció Silvestri, quien asegura que lleva 23 años viendo este tipo de prácticas.
Otra de las trampas, según denuncia, reside en que a los contratados, en general jóvenes que están dando sus primeros pasos en el mercado laboral, se les obliga a realizar las mismas tareas que a un operario de planta, no sólo dándoles un salario menor sino también haciéndoles asumir los mismos riesgos. Durán señaló: “Los colocan en sectores donde van los efectivos, donde hay ciertas medidas de seguridad que se deben seguir. Los temporarios usualmente deben ser auxiliares de línea. Pero -para no colocar efectivos y darles la categoría que merecen- ponen personal tercerizado que no conoce el método ni está capacitado”.
Esta situación llegó al extremo ocho años atrás, cuando a un chico de 19 se le ordenó trabajar en una línea mecánica compleja, sin previa capacitación, en un ambiente altamente robotizado, con aparatos automatizados que requieren cierto nivel de conocimiento. De acuerdo al testimonio de los trabajadores, se introdujo en una máquina con el fin de destrabar un palo de madera que había quedado enganchado; por descuido tocó un sensor que activó una torre, y la mole de metal de inmediato bajó y lo aplastó.
Otra de las trampas, según se denuncia, reside en que a los contratados, en general jóvenes que están dando sus primeros pasos en el mercado laboral, se les obliga a realizar las mismas tareas que a un operario de planta, no sólo dándoles un salario menor sino también haciéndoles asumir los mismos riesgos.
Vacas y bebidas
Los trabajadores de Coca Cola han recibido respaldos de distintos frentes: delegaciones de obreros (entre los que se destacan los choferes de la línea 60, petroleros de Shell, y empleados de Madigraf, entre otros), organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y universitarias. También de legisladores del Frente para la Victoria y del Frente de Izquierda y los Trabajadores.
El lunes 28 de septiembre, tras una manifestación en Callao y Corrientes, el Ministerio de Trabajo de la Nación convocó a una audiencia en la que no se arribó a ningún acuerdo. El martes 13 tuvo lugar una segunda mediación, con un abogado externo de la multinacional, un representante del sindicato y los funcionarios correspondientes del Ministerio. Sin embargo, se pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta el 27 de octubre. De acuerdo con Durán, “no es más que una relativa paz en plena época de elecciones, pero no se soluciona la cuestión de fondo. Por eso vamos a seguir divulgando lo que se está haciendo”.
En contraste, del 8 al 12 de este mes, Coca-Cola celebró la creación de su botella curvilínea, con una omnipresente campaña que recorrió más de 140 naciones, iniciada este 2015. La emblemática Sociedad Rural Argentina fue el ámbito que acogió el festejo por el centenario de la contour. Cien años de un producto que día a día se envasa de a miles. Pero, por el momento, fabricada por un plantel integrado por cien operarios menos.
Actualización 14/10/2015
Oct 12, 2015 | inicio
“Culpo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en especial al Jefe de Gobierno: a Mauricio Macri. Me vi obligada a hacer ese pozo ciego porque nunca los vienen a vaciar. Ya lo estábamos por tapar y no dejaron entrar los materiales”. Así le habló Flora Huamán, la mamá de Gastón, a la puerta de la Legislatura porteña, lugar al que se movilizaron los vecinos de la villa Rodrigo Bueno para pedir justicia por el chico muerto al caer en un precario pozo ciego. “No es justo que Gastón, que era mi hijo, que era un nene bueno de sólo trece años que iba a la escuela y estaba tan feliz con el secundario… no es justo que se haya muerto en el patio de nuestra casa”.
Mientras estaban afuera, el animal se cayó a un pozo ciego y, en un intento por rescatarlo, el adolescente cayó tras él.
Gastón Arispe Huamán tenía 13 años y había empezado el secundario en el colegio Ingeniero Huergo. El lunes 10 de marzo a la noche llegó de la escuela y se puso a jugar con su gato. Mientras estaban afuera, el animal se cayó a un pozo ciego y, en un intento por rescatarlo, el adolescente cayó tras él. Como el tiempo apremiaba y la ayuda que habían llamado no llegaba, entre vecinos y familiares aunaron fuerzas y pusieron en riesgo sus vidas para rescatar al joven. Lograron sacarlo con mucho esfuerzo pero la ambulancia tardó una hora en llegar y Gastón murió.
A poco más de un mes de ese episodio, los mismos familiares y vecinos que asistieron al chico sumaron a sus amigos, compañeros y maestros en una manifestación frente a la Legislatura porteña bajo la consigna “con urbanización, hoy estaría Gastón”.
Familiares y vecinos que asistieron al chico sumaron a sus amigos, compañeros y maestros en una manifestación frente a la Legislatura porteña bajo la consigna “con urbanización, hoy estaría Gastón”.
Un centenar de personas, algunos recién salidos de la escuela y de sus trabajos, se mantuvieron reunidas frente a la legislatura porteña junto a la familia del adolescente, con carteles que evocaron a Gastón y a todas las víctimas de “la desidia que vive la Rodrigo Bueno”.
Flora, la mamá del chico, se aferró en todo momento a la bandera que pedía “Justicia por Gastón y Urbanización ya” y que casi le tapaba la cara. A su lado varias mujeres lloraban y la abrazaban, pero ella tomó aire y habló sin cavilaciones porque manifestarse en ese lugar, donde están “los responsables de la muerte de Gastón” era lo único que quedaba “por hacer ahora que él no está más”.
“No es justo que Gastón, que era un nene bueno de sólo trece años que iba a la escuela y estaba tan feliz con el secundario… no es justo que se haya muerto en el patio de nuestra casa”, dijo Flora Huaman Ramos
Después de revivir ese día, Flora hizo una pausa para respirar y gritó una y otra vez “Justicia por Gastón”; los presentes se sumaron al pedido y la consigna resonó por varios minutos hasta que tímidamente comenzaron a asomarse algunos legisladores.
“Nos toca despedirnos de tantos nenes, Gastón no es el primero, es uno más de muchos chicos que se nos van así sin que a nadie le importe sin que nadie nos ayude”, expresó un vecino de la familia mientras cargaba a su bebé en brazos.
“Pedimos como barrio Rodrigo Bueno que los legisladores nos acompañen y ayuden, no sólo por este caso de Gastón sino por todos los chicos que se nos van por la falta de urbanización. Si la Rodrigo Bueno estuviera urbanizada hoy Gastón estaría vivo”, concluyó Flora.
Flora, la mamá del chico, se aferró en todo momento a la bandera que pedía “Justicia por Gastón y Urbanización ya”
Luego de expresarse frente al edificio, los vecinos leyeron y entregaron una nota en la que exigieron: “urbanización con radicación definitiva del Barrio Rodrigo Bueno” y “que se investigue el accionar del SAME, la Policía Federal Argentina y la Prefectura” por no “responder adecuadamente a los pedidos de ayuda” de los vecinos del barrio.
“¡Basta de discriminar a nuestros barrios! Las demoras del SAME y los servicios de emergencia matan”, concluyeron.
Sep 23, 2015 | inicio
Los familiares de las víctimas del derrumbe del gimnasio Orión -junto a la Mesa Barrial de Participación Comunitaria en Seguridad de Villa Urquiza y Villa Pueyrredón- organizaron un acto al cumplirse el quinto aniversario de la tragedia. Su objetivo es impulsar la instauración de un espacio público dedicado a la memoria en el predio donde se encontraba el edificio y en el terreno contiguo, donde se realizaban tareas para una nueva construcción, la que ocasionaron el desmoronamiento que causó tres muertos y once heridos.
David Blaustein, guionista y director de cine, se acercó al lugar y expresó: “Un Estado que no es Estado, no funciona. Mauricio Macri sigue acumulando muertos. Acumula muertos en inundaciones, en geriátricos que se incendian, en archivos que no se inspeccionan, en gimnasios que se caen. No hay un Estado presente para ciertos sectores de la sociedad, pero sí para negocios empresarios e inmobiliarios, porque este es el concepto de Macri”.
El gimnasio Orión, ubicado en la calle Mendoza 5030, se derrumbó el 9 de agosto de 2010. En el terreno lindante se planificaba construir un edificio de diez pisos. Una máquina retroexcavadora de la empresa José Pataro SRL, encargada de crear las condiciones para un futuro estacionamiento, fue –según la pericia de los bomberos- la causante del desmoronamiento que terminó con la vida de Luis Lu (23), Maximiliano Salgado (18) y Guillermo Fede (37).
El gimnasio Orión, ubicado en la calle Mendoza 5030, se derrumbó el 9 de agosto de 2010.
En el momento del desastre, el jefe de Gobierno seguía sosteniendo que la obra se encontraba en regla. Sin embargo, cuando las fallas graves y estructurales en la excavación se confirmaron, despidió al entonces titular de la Agencia Gubernamental de Control, Oscar Ríos, y apuntó al ingeniero de la obra, Guillermo Heyaca Varela, como último responsable. Cinco años más tarde, Patricia Izraelewicz, madre de Maximiliano Salgado, cuenta que aún no hay imputados ni procesados pertenecientes a instituciones gubernamentales de la Ciudad, pero que la causa penal ha avanzado: “Después de una audiencia que se hizo el 25 de agosto, los jueces confirmaron el procesamiento del ingeniero Guillermo Heyaca Varela y del dueño de la constructora, el empresario Daniel Menta, por estrago doloso. Con el gobierno será una segunda etapa. Que algunos de los culpables sean procesados es más que importante. Después, obviamente, seguiremos luchando para el resto”.
Israelewicz está convencida de que la situación en el mercado de la construcción no cambió demasiado a pesar del paso del tiempo: “Hay mucha especulación inmobiliaria y corrupción y no se repara en tragedias evitables, como ésta y muchas otras de los últimos años. Desde el Gobierno de la Ciudad no dicen nada, se desligan de toda responsabilidad, pero tienen gran parte de la culpa. A medida que me fui metiendo en la causa Orión, pude darme cuenta de que ellos la podrían haber evitado”. La mujer se refiere a que, en noviembre del año del derrumbe, una pericia de Bomberos determinó que ni los constructores ni el Gobierno habían tomado las medidas necesarias para evitar el daño a la estructura del gimnasio: “Cuando vinieron a inspeccionar la obra, no los dejaron pasar. Ahí tenían que hacer la denuncia y clausurarla. Los inspectores fueron tres veces, les impidieron el paso y así siguió la construcción. Es bastante grave por parte de ellos”.
En el momento del desastre, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, seguía sosteniendo que la obra se encontraba en regla.
De los familiares surgió la idea de que el terreno vacío, en el que pastizales y escombros conviven diariamente, se convierta en un espacio abierto de memoria. Por eso juntan firmas para pedir a los legisladores porteños que no se construyan nuevos edificios en el lugar. Quieren evitar que los intereses y los negocios inmobiliarios vuelvan a ser cómplices de la falta de controles en la Ciudad. Carlos Tomada, ministro de Trabajo y legislador porteño electo por el Frente para la Victoria, se acercó a la conmemoración y señaló: “No fue un hecho aislado, sino un símbolo de lo que genera una política de Estado inexistente. Esto se inscribe en los resultados negativos y ya demasiado reiterados del abandono de las responsabilidades del Gobierno de la Ciudad en materia de control y fiscalización. No nos olvidemos que Macri intentó suprimir el área de Inspección Laboral, ante lo que se planteó una cautelar. Nos hubiéramos quedado sin una dependencia que debería controlar la existencia de, por ejemplo, talleres clandestinos y cuestiones vinculadas con la salud y la seguridad en el trabajo”.
Izraelewicz, por su parte, explicó: “No quiero que quede un baldío porque no quiero ese mal recuerdo que, ya de por sí, llevamos adentro. Prefiero un espacio público donde haya gente que descanse, que disfrute”. Marta Wang, madre de Luis Lu, una de las víctimas, agregó con indignación que se habían enterado de dos ideas diferentes: la construcción de un shopping y la de un banco. Su compañera de lucha completó la idea compartida por ambas: “Pueden proyectar lo que quieran, pero esto no se puede tocar hasta que termine el juicio, que da para largo porque todavía falta la parte del Gobierno. Si la causa se cierra por completo, creo que vamos a lograr hacer el espacio público que queremos”.
Actualización 23/09/2015
Más imágenes del terreno en donde se ubicaba el Gimnasio Orión, en el Barrio de Villa Urquiza de la Ciudad de Buenos Aires.
Sep 16, 2015 | inicio
Baja costura, escrita por Soledad Galarce y dirigida por Mariano Caligaris, devuelve al teatro su función primigenia: la crítica social. Presentada por primera vez en 2011 y reestrenada a principios de este mes, cuenta la historia de dos jóvenes diseñadoras de clase alta que se sirven de un taller clandestino para fabricar sus prendas.
La obra tiene el apoyo de la cooperativa La Alameda –que lucha contra el trabajo esclavo– y es interpretada por Moyra Agrelo y la propia Soledad Galarce en los papeles de Delfina y Catalina.
El público entra a la sala y se encuentra con moldes, hilos, telas y máquinas, como si en vez de un teatro ingresara en un taller. Las dos protagonistas bailan y festejan vestidas con alta costura, cuando de golpe se deben enfrentar a la realidad: una faja de clausura que las hará volverse, paulatinamente, en las costureras de su propia maquila.
Luego vendrá la alienación, los restos de comida rancia que sus trabajadores les dejaron hace apenas unas horas y el polvo que irá llenando sus pulmones. “Elegí la problemática porque tiene que ver con mi contradicción: yo soy vestuarista y disfruto de la ropa y de la moda como expresión de una sociedad. Sin embargo, se le contrapone lo que hay detrás y allí es donde empiezan a surgir las preguntas”, afirma Soledad, quien por su trabajo tomó contacto con una costurera peruana y en ese momento nació Baja costura.
“Elegí la problemática porque tiene que ver con mi contradicción: yo soy vestuarista y disfruto de la ropa y de la moda como expresión de una sociedad. Sin embargo, se le contrapone lo que hay detrás y allí es donde empiezan a surgir las preguntas”, afirma Soledad Galarce
“Cuando la conocí, ella trabajaba en un sótano en el barrio de Once donde había entre cuarenta y cincuenta máquinas. La gente alquilaba las mesas, dos metros cuadrados para cada uno, y en ese sótano gigante comían. De repente, se tiraban a dormir, y también había nenes. Estaban todo el día ahí adentro, no había ventanas, sólo un ventilador en una esquina”, recuerda.
A Soledad la impactó ver ropa de primeras marcas en esas mesas, pero más enterarse cuánto ganaban las mujeres. “Por una prenda que salía 300 pesos, les pagaban 2. Ni siquiera un 10 por ciento”, afirma.
La obra comienza mostrando los prejuicios de las dueñas del taller, que despiertan las risas de los espectadores, y termina con fragmentos audiovisuales y documentales de trabajadores bolivianos que pudieron liberarse de la esclavitud. “Las máquinas de coser, las telas, las tijeras, todo esto, además de ser un material cercano, me parecía teatralmente interesante.
Al principio fue un ejercicio estético pero luego empezamos a investigar y entonces apareció el tema de los talleres clandestinos”, puntualiza Soledad, para lo cual se vinculó con la organización La Alameda.
Guillermo Conde, militante de la organización y ex trabajador de la fábrica Soho, explica que lo que puso al tema en el tapete público fue el incendio del taller clandestino de Luis Viale 1269, en Caballito, ocurrido en 2006, en el que murieron dos adultos y cuatro niños, todos de origen boliviano.
Desde entonces fueron denunciadas 113 marcas ante la Ciudad y la Defensoría del Pueblo. ¿Quiénes tendrían que actuar? La Subsecretaría de Trabajo y la Agencia Gubernamental de Control, las dos dependientes del Ejecutivo porteño.
“El problema está desviado –sostiene Conde– porque la justicia sólo realiza allanamientos pero nadie sabe qué pasa con los costureros que terminan en el taller del primo, del cuñado, del hermano… Es un ´hacer como si´”. Conde se queja de la falta de políticas de Estado que ayuden a las víctimas y de que ningún empresario vaya preso. Después del incendio de 2006, La Alameda presentó en la Legislatura porteña el proyecto de Ley de Auditoría de Marcas pero aún está en comisión.
Con esta normativa, según Conde, se acabaría el círculo vicioso de delito organizado que permite la existencia de los talleres clandestinos que se nutren, sobre todo, de inmigrantes bolivianos. “Les ofrecen el paraíso. La primera coima que tienen que pagar es la del micro especial que los trae sin escala hasta Buenos Aires. Pasan por la frontera y siete provincias. Los bajan a todos en Liniers, los distribuyen en remises y cuando llegan a los talleres les sacan el documento. Los primeros sueldos son para costear la comida y el viaje”, relata Conde y agrega: “Hay perversamente una doble manipulación porque vienen con la familia y por eso no pueden hacer nada para irse. Están indocumentados y con miedo porque les dicen que acá la policía deporta”.
«Baja costura», escrita por Soledad Galarce y dirigida por Mariano Caligaris, devuelve al teatro su función primigenia: la crítica social.
Un costurero en blanco, por hora, debería cobrar unos 60 pesos. “¿Cómo hacen los dueños de las marcas para que ninguna prenda, por unidad, les salga más de 10? Nadie se lo pregunta porque lo que no se quiere discutir es la cadena de valor, que es una cadena de valor trucha sobre la base de los costureros en negro.
Dentro del convenio colectivo aparecen unos 30 mil costureros. Con esa cifra no podría abastecerse ni La Salada”. Soledad Galarce opina que hasta los años 80 años existía una industria textil medianamente formal, pero en los 90 “se estableció lo trucho como las reglas del juego”, y esto vale para las condiciones de los empleados.
“Hay cooperativas que promueven el trabajo en blanco pero son poquitas, unas veinte nomás. La situación debe cambiarse con política. El triángulo del horror son la policía, los empresarios y el Estado, y el problema además es local y global”.
La obra de teatro incluye en la dramaturgia escenas de explotación: desde el incendio en la Triangle Shirtwaist en Nueva York, el 25 de marzo de 1911, cuando 123 trabajadoras de la confección murieron calcinadas porque las puertas de salida estaban cerradas, hasta el caso de Bangladesh, donde hoy decenas de grandes marcas multinacionales utilizan mano de obra esclava –mujeres y niños en su mayoría– para los productos que después venden a valores astronómicamente superiores en el primer mundo.
La autora y protagonista de Baja costura considera que “últimamente no se ve mucho teatro de denuncia” y apuesta a movilizar a los espectadores: “Si vamos a hacer una obra más, por lo menos que sirva para hablar de algo”, destaca.
Baja costura se presenta los sábados a las 20.30 en el teatro La Casona Iluminada (Corrientes 1979). Actualizada 15/09/2015
La obra tiene el apoyo de la cooperativa La Alameda –que lucha contra el trabajo esclavo– y es interpretada por Moyra Agrelo y la propia autora, Soledad Galarce
