La ley de medios no se toca
«Ayer estuvimos bancando la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la plaza Congreso. El gobierno ya anunció que presentará un nuevo proyecto que no tenga artículo 45. En otras palabras, que no haya límite a la concentración mediática», dijo Diego de Charras, director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y agregó que «ese es el único objetivo. En estos pocos días ya tuvimos una muestra de lo que es el silenciamiento mediático. La marcha del lunes y la de ayer prácticamente no se informaron, la inseguridad y el narcotráfico desaparecieron de la agenda. Todo indica que vamos a tener una verdadera cadena nacional permanente donde los medios públicos y privados concentrados repliquen la misma información».
Ante las intenciones explícitas del entrante gobierno de Mauricio Macri de no respetar los logros democráticos en materia de medios, ayer una multitud de distintos sectores, medios, universidades, agrupaciones y organizaciones sociales se movilizó en el Congreso en defensa de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. Esta ley promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue parte de un intendo trabajo en democracia que permitió el reemplazo de la Ley de Radiodifusión 22.285, promulgada en 1980 por la dictadura militar.
La marcha, que tuvo a Martín Sabbatella, titular del AFSCA, como orador principal dijo ante la multitud: «Lo dijo el gobierno de Macri, a través de su flamante ministro de Comunicación, lo dijo con claridad, que esta ley no tiene que subsistir, dijo que esta ley tiene que desaparecer, que no había concentración mediática, que no habia posiciones dominantes en el mercado, la verdad cuando lo escuchábamos al principio decíamos o tiene un desconocimiento brutal de lo que está pasando en la Argentina o es claramente una toma de posición a favor de los intereses concentrados de los grupos corporativos y es claramente esto segundo».
Marcha en defensa de la Ley de Medios. Mirá la fotogalería de ANCCOM
“Defendemos nuestra fuente de trabajo”
En las inmediaciones del cementerio de Chacarita, en la calle Girardot, se ubica la fábrica de pastas y tapas de empanadas y tartas La Litoraleña. A la diez de la mañana, los empleados se encuentran en su lugar de trabajo. Sin embargo, la producción está detenida. La fábrica está tomada. Las causas son el adeudamiento de cinco meses de salario y el despido de 32 empleados. “No somos delincuentes, somos trabajadores que queremos trabajar y hace más de cinco meses que no tenemos respuesta del dueño de la fábrica”, asegura a ANCCOM Luis Baini, delegado sindical de La Litoraleña, luego de la infructuosa audiencia de conciliación convocada para la primera semana de diciembre.
El conflicto comenzó hace varios meses. En un principio, el pago de los salarios estaba atrasado. Sin embargo, la situación empeoró hace algo más de sesenta días, cuando el sueldo dejó de cobrarse por completo. Para acentuar el problema, el viernes 30 de octubre llegaron 29 telegramas de despido, que se sumaron a otros tres anteriores que habían recibido en mayo. “Desde hace varios meses que están jugando con el desgaste. La situación se agravó cuando dejamos de llevar plata a nuestras casas y con el despido de los 29 compañeros, sin indemnización alguna”, sostiene.
Por estos motivos, 82 empleados decidieron tomar la fábrica para pedir, en primer lugar, la restitución de los 32 compañeros y, en segundo lugar, la cancelación de la deuda. “Nuestro principal objetivo es conseguir lo más inmediato y lo más justo. Ya no podemos volver a que nos paguen a cuenta gota y entrar a un concurso de acreedores de un año. Tenemos que definir esta situación inmediatamente por nuestras familias. Nuestras casas están vacías y, como consecuencia, nos estamos metiendo en un endeudamiento que nosotros no creamos”, refuerza Baini.
Según sostuvieron los trabajadores en conferencia de prensa el 1° de noviembre, la firma Deconti, dueña de la marca La Litoraleña, está concursada y cuenta con un pasivo de 83 millones de pesos y una deuda a la AFIP de 17 millones de pesos. A esta situación, se le suma una deuda con la Mutual 12 de Enero por una estafa, a partir de créditos personales de los empleados: “Nos descontaban de nuestros haberes, pero no pagaban”, resalta Baini.
Por este motivo, los trabajadores concuerdan en que el objetivo de la firma es jugar con el desgaste de los trabajadores a partir del retraso y la falta de pago. “Su objetivo es reducir el personal –sostiene Baini– y como no quieren pagar las respectivas indemnizaciones porque la mayoría de los empleados están hace más de quince años, pretenden que por cansancio renunciemos”.
Vaciamiento
Los trabajadores de La Litoraleña concuerdan en que los dueños de la firma Deconti planean un vaciamiento o reducción del personal para achicar costos. “Nosotros estuvimos produciendo hasta último momento, pero ellos no hacían otra cosa que jugar: ´si te pago no compro la materia prima, si compro la materia prima no te pago´”, afirma Baini. Por otro lado, los trabajadores despedidos tienen algo en común: son parte del personal más antiguo. Su despido refuerza esta idea. “A fines de octubre recibimos, junto a 28 compañeros, un telegrama de despido. Entre las causas estaban usurpación de la propiedad y obstaculización de la salida de mercadería”, cuenta Rubén Pérez, trabajador de La Litoraleña desde hace más de cinco años. Su situación lo preocupa, aunque sabe que sus compañeros no van a aceptar trato alguno sin que ellos sean reincorporados a sus puestos de trabajo.
A pesar de esta situación, el objetivo de los trabajadores es continuar con la producción de manera autogestionada a partir de la creación de una cooperativa. “Estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo. Nosotros queremos trabajar. Las máquinas están, la empresa vende. El tema es que no queremos hacerlo gratis para un patrón que no nos paga –sostiene Baini– Queremos trabajar para nosotros y para nuestras familias”.
Para lograr su objetivo, los trabajadores de la Litoraleña están recibiendo el apoyo de varios partidos políticos, entre los que se destacan el Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Al mismo tiempo, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) están presentes en su lucha. “Ante esta situación, recibimos apoyo de legisladores, comuneros y de FACTA. Sin embargo, el apoyo que realmente necesitamos nunca llegó. Las respuestas que recibimos por parte del Ministerio de Trabajo fueron insatisfactorias en todo momento”, afirma Baini.
Instancias de negociación
Varias fueron las instancias de negociación entre los trabajadores de La Litoraleña y los abogados de la firma Deconti. Sin embargo, la oferta siempre fue insatisfactoria para los empleados: “En las primeras conciliaciones nos prometían plata, pero nunca estaba. Y si lo estaba era muy poca. Con una remuneración de 12 mil pesos mensuales, nosotros llevábamos a nuestras casas 700 pesos por semana. No podíamos solucionar nada con ese dinero”, cuenta Baini. “En la última conciliación, desde el Ministerio de Trabajo nos ofrecieron una miseria. Ellos planteaban un acuerdo, pero su oferta era miserable. Nos ofrecían pagar 1500 pesos. Yo llego acá con esa oferta y los muchachos me parten la cabeza”, ironiza.
A pesar de las dificultades, la unión entre trabajadores los fortalece. Esto queda de manifiesto, apenas se divisa Girardot 345. Durante el día son varios los operarios que están en la vereda de la fábrica charlando y buscando una solución. Otros se mantienen dentro de la planta, en el comedor. Entre todos muestran aquello que afirman una y otra vez “la base está unida y fuerte”.
La lucha continúa
El empresario Rodolfo Conti no solo despidió a 29 trabajadores, sino que, ante la toma de la fábrica, también realizó una denuncia penal que fue resuelta, en un principio, a favor del reclamo de los operarios. La justicia de la ciudad de Buenos Aires dictaminó el jueves 12 de noviembre que la toma de la fábrica por parte de los 82 trabajadores no comete “ningún delito ni contravención alguna ya que la medida de lucha forma parte de un reclamo sindical”. Baini asegura: “Nosotros estamos ante un problema gremial, estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo. Desde ya que no se trata de una usurpación privada”.
Ataliva Dinani, abogado de Facta-CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo) acompañó a los empleados durante las negociaciones y los defendió ante la denuncia penal. “La Fiscalía actuante entendió que los trabajadores no estaban delinquiendo, sino que Rodolfo Conti estaba violando las leyes laborales –expresa Dinani– Por eso, los compañeros de La Litoraleña se encuentran cada día más decididos a mantener la medida de lucha”.
Sin embargo, luego del fallo a favor de los trabajadores, las denuncias no cesaron en su contra y, a fines de noviembre, el fiscal Norberto Brotto ordenó poner una consigna policial para evitar que ingresaran al edificio. “Nuestra idea es producir a pesar de la consigna policial y, con el apoyo de otros trabajadores, cooperativas y de Facta, poder comprar la materia prima. Exigimos al fiscal Brotto que nos deje trabajar tranquilos”, sostiene Baini.
Sus objetivos están claros: la incorporación de los empleados despedidos y el cobro de los sueldos atrasados. Mientras tanto, defienden su fuente de trabajo. Esa es su consigna y así lo comunicaron el 30 de noviembre en una conferencia de prensa que se realizó en la puerta de la fábrica: “Ya presentamos la documentación para constituirnos como cooperativa y poder defender lo nuestro a partir de la producción autogestionada”, finalizó Baini.
La complicidad empresaria con la dictadura
El Senado aprobó, el pasado 25 de noviembre, la creación de una Comisión Bicameral para investigar las complicidades empresarias en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina durante la última dictadura cívico militar.
La creación del organismo fue aprobada por los legisladores del FPV y parte del interbloque socialista liderado por Rubén Giustiniani. El PRO y la UCR, en cambio, se retiraron del recinto.
La nueva comisión estará compuesta por cinco diputados y cinco senadores nacionales, de los cuales tres de cada cámara serán de la primera minoría, uno de la segunda minoría y uno por la tercera minoría. El cuerpo se propondrá confeccionar un documento que identifique a «los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con la dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza». Además, la norma crea, dentro del ámbito del Parlamento, el Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, con el objeto de poner a disposición gratuita del público toda la documentación vinculada al tema, utilizada por la bicameral.
El autor del proyecto recientemente convertido en ley fue el diputado nacional del FPV Héctor Recalde y la Cámara Baja lo había aprobado en noviembre pasado. En diálogo con ANCCOM, Recalde dijo que es necesario hablar de la participación y complicidad de los empresarios con los militares, ya sea “marcando” a trabajadores o aportando infraestructura o logística que permitió la violación de los derechos humanos. Según el legislador, estas maniobras tenían un triple fin: ideológico, económico y de sometimiento. “Ideológico porque estaban de acuerdo con el ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz, económico porque maximizaban la rentabilidad empresarial, y de sometimiento porque era mucho más fácil para ellos conducir una empresa con trabajadores que no reclamen nada”. Además, especificó: “Hay ejemplos muy claros, uno es Carlos Blaquier, del ingenio jujeño Ledesma, y el otro es Vicente Massot, directivo del diario La Nueva Provincia”.
Hector Recalde en la Carpa de la Resistencia ubicada frente al palacio de tribunales en la plaza Lavalle durante el repudio nacional a «La noche del apagón» ocurrido en Ledesma el 20 de julio de 1976.
Recalde enumeró otros posibles casos a investigar, algunos de los cuales ya ingresaron en la justicia: Papel Prensa, Loma Negra, Ledesma, Mercedes Benz, Molinos Río de la Plata, Grupo Bunge y Born, Editorial Atlántida –especialmente las revistas Para Ti, Gente y Somos-, La Veloz del Norte, Celulosa, Grafa, Sociedad Rural de Junín, la ceramista Lozadur Cattaneo, los astilleros Mestrina y Astarsa, y la metalúrgica Bovapi.
Walter Bosisio, sociólogo y co-autor del libro La dictadura del capital financiero, explicó a ANCCOM que la única manera de poder investigar judicialmente las complicidades del sector civil es que aparezcan atadas a delitos de lesa humanidad, dado que no prescriben.
Participación civil
Según Bosisio, el armado de la estructura económica y el manejo de los recursos financieros del Estado estuvieron a cargo de civiles que representaban los intereses del capital privado, tanto nacional como extranjero. A su vez, el autor comentó que el proyecto económico de la dictadura había tenido antecedentes en el gobierno de facto anterior y en las políticas económicas del ex ministro de Economía de Isabel Perón, José Celestino Rodrigo. Pero, subraya, que a partir del 76 se acabaron los escrúpulos: “Esta vez estaban dispuestos a todo. Los derechos humanos se vieron afectados, no solo en el plano civil y político, sino que también los derechos económicos, sociales y culturales porque no había garantía de nada, ni siquiera del derecho a la vida, ni al trabajo”. En esa misma tónica, Eduardo Codianni, investigador y miembro de la subgerencia de derechos humanos del Banco Central (BCRA), coincidió con la postura de enfocar la cuestión desde otro ángulo: “La teoría puede ser distinta: el poder económico usó a los militares para imponer un nuevo sistema. La única forma que había para derrumbar la organización de los trabajadores existente en ese momento era mediante la represión.”
Santiago Kosiner, politólogo y también miembro de esa Subgerencia del Central, amplió respecto de la vinculación de las violaciones de los derechos humanos con el sector civil: “Colaboración y complicidad son sinónimos, pero de lo que nosotros hablamos es de participación civil concreta. Acá están Santiago Soldati, Juan Alemann, Alfredo Diz, personas de distintos grupos económicos que estuvieron en el directorio del BCRA, todo el sector privado manejando el órgano de control financiero y haciendo una reforma profunda del sistema desde el Estado que beneficia a los privados”.
Marcha y escrache de agrupación HIJOS a Vicente Massot y Carlos Blaquier el 23 de mayo de 2015.
En la conformación del gabinete de Martínez de Hoz puede verse el tejido de alianzas con las grandes corporaciones. Bosisio especificó la continuidad con el presente: “Personas muy cercanas a Martínez de Hoz, como Guillermo Walter Klein -jefe de la Cámara Argentina de Comercio- y Héctor Maidal -abogado especializado en defender a multinacionales-, quedan a cargo de sectores importantes de la economía nacional”.
Estos dos funcionarios se asociaron en un estudio jurídico y hoy forman parte de los bufetes más importantes del país. Entre sus clientes se encuentran corporaciones como Citibank o CEO de multinacionales como el flamante ministro de Energía, Juan José Aranguren. Bosisio explicó que Maidal y Klein tenían un doble juego:, mientras ocupaban cargos públicos, defendían desde sus estudios jurídicos a las multinacionales y sobre todo a bancos extranjeros.
Otro nombre rutilante acusado de complicidad con los militares es el de Jorge Zorreguieta -padre de Máxima, la reina de Holanda-, quien fuera miembro de la Sociedad Rural, a cargo de la Secretaria de Agricultura. También pueden agregarse el primer interventor del BCRA, Alfredo Cassino, y su sucesor, Alfredo Diz, un economista neoliberal discípulo de Milton Friedman. También formaron parte del aparato económico estatal el dueño de la fábrica de electrodomésticos Longvie, Christian Zimmerman, quien fuera viceministro de Economía; Narciso y Juan Ocampo –autoridades del Banco Ganadero Argentino- que asumieron al frente del Banco Nación y Juan Alfredo Echebarne –mano derecha de Martínez de Hoz y amigo del por entonces ministro del Interior Albano Harguindeguy- que estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Valores.
Los Ocampo, además, fueron investigados por el secuestro y los tormentos sufridos por los hermanos Iaccarino, empresarios que fueron extorsionados para desprenderse de sus bienes económicos. Por su parte, Echebarne se encuentra actualmente en prisión por haber sido cómplice de delitos de lesa humanidad en el caso Banco de Hurlingham. La situación de este último funcionario fue estudiada a fondo por Bruno Nápoli, Celeste Perosino y Bosisio en una investigación publicada en 2013 por la Comisión Nacional de Valores. Estos aportes permitieron documentar que Echebarne presenció torturas y extorsiones: “Empresarios secuestrados reconocen las voces de Echebarne y René Garris, y si bien no saben si aplicaron ellos las torturas, estuvieron presentes y preguntaban. Por ende, son partícipes de delitos de lesa humanidad. Los militares sabían qué preguntarle a los militantes, pero no a los empresarios, entonces llegaban los técnicos y participaban. Veían un cuerpo torturado, cómo se violentaban los derechos humanos y no decían ni hacían nada para detener eso porque son partícipes”, detalló Bosisio, y agregó: “Con el informe que nosotros armamos, mostramos con pruebas cómo hubo participación directa en la toma de decisiones de favorecer a una empresa u otra. Cabe suponer que beneficiaron a algunos grupos y hasta aprovecharon la información extraída bajo tortura para tomar ciertas decisiones. En ese sentido, la justicia pudo obrar y meterlo preso a Echebarne, pero a Garris todavía no, y uno puede suponer que como él hubo otros personajes similares”.
Marcha y escrache de agrupación HIJOS a Vicente Massot y Carlos Blaquier el 23 de mayo de 2015.
Casos notables
Entre los casos paradigmáticos, aparecen en primera instancia los vinculados directamente a Martínez de Hoz como empresario: la siderúrgica Acindar y la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad. En la primera firma, Martínez de Hoz abandona el directorio dos semanas antes de que se diera el golpe y deja en su lugar al general retirado Alcides López Aufranc a cargo de la empresa. López Aufranc –fallecido en abril de este año- participó de la represión en una huelga ocurrida el año anterior a su asunción y poco después se jactaba de que 23 empleados ya no darían problemas porque “estaban bajo tierra”. “En el caso de la Ítalo –explica Kosiner- Martínez de Hoz era uno de sus accionistas. Y en un momento en que la política militar se caracterizaba por reducir el gasto público, decidió contradictoriamente estatizar la empresa y pagar cuatro veces más de lo que valía. El Estado compró cables viejos que no tenían ningún valor, hicieron un negociado enorme”.
En el caso del Banco de Hurlingham, veintinueve personas correspondientes al directorio de la entidad fueron secuestradas y llevadas a Campo de Mayo. Allí fueron torturadas e interrogadas por miembros de la Comisión Nacional de Valores, dato que fue corroborado por el juez federal Daniel Rafecas en 2010, a partir de una nota en la cual el Teniente Coronel Raldes agradecía al organismo por los servicios prestados de cuatro técnicos de esa institución.
El caso de Papel Prensa –que permitió el despegue de Clarín hasta obtener una posición dominante en el mercado- también es paradigmático. En ese caso, Lidia Papaleo de Graiver denunció haber sido secuestrada y obligada a vender a precio vil su paquete accionario, tanto ella como los demás socios. Casos como los de las automotrices Ford y Mercedes Benz, donde desaparecieron obreros sindicalizados y militantes, también marcan una clara participación entre los civiles y los militares para la violación de derechos humanos.
Futuro
Celeste Perosino, titular de la subgerencia de derechos humanos del Banco Central, opina que es necesario continuar abriendo la agenda de los derechos humanos: “Hay que saldar deudas históricas y mirar para la dictadura, porque aquellas políticas proyectaron continuidades en democracia. De hecho, por ejemplo, en la CNV muchos de los que llegaron con los militares siguieron trabajando hasta los 90”. Codianni complementó: “Cuanto más se hable de las cuestiones, más se abran los archivos, más servirá. Aunque sea para la historia y para que las cosas no se repitan. Y, por supuesto, se juzgue lo que tenga que juzgarse”.
El proyecto de Recalde recientemente aprobado había recibido el rechazo de las grandes corporaciones: los primeros en quejarse fueron UIA, IDEA, AEA y la Cámara Argentina de Comercio. Una de las críticas fundamentales fueron que se buscaba perseguir y estigmatizar a los empresarios y que el Poder Legislativo buscaba suplir funciones del Judicial. “La comisión bicameral –respondió Recalde- no juzga, ni lesiona garantías constitucionales ni afectan la división de poderes establecida por la Constitución”.
“Uno podría preguntarse por qué ahora –completa Perosino- Me parece que tiene que ver con una cuestión histórica, hubo otras urgencias de investigar antes de meterse en la pata económica. Hubo que tapar otros baches, tratar de avanzar por lo más urgente, y me parece que eso también tiene que ver con un cambio de poder y hurgar en la pata cívica del asunto”.
