Jun 15, 2016 | inicio
Ajustes en los presupuestos de programas sociales y cooperativos, aumento en la demanda de alimentos de los grupos vulnerables y pocas respuestas oficiales. Las organizaciones que nuclean a los sectores más golpeados por los tarifazos y las restricciones en inversión social coinciden en esos tres grandes ejes de diagnóstico para describir los primeros seis meses del gobierno de Cambiemos.
La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista Combativa (CCC), el Frente Popular Darío Santillán y las organizaciones Tupac Amaru y Barrios de Pie dialogaron con ANCCOM para repasar las demandas de sus bases -en muchos casos protagonistas de protestas callejeras, cortes de calle y ollas populares en las últimas semanas- y caracterizar el vínculo propuesto por la administración de Mauricio Macri.
Dina Sánchez es dirigente del Movimiento Darío Santillán que, junto a otras siete organizaciones, integra el Frente Popular Darío Santillán (FPDS). El espacio aglutina a cerca de mil trabajadores de cooperativas. Ella viaja todos los días desde Glew, provincia de Buenos Aires, a Capital para trabajar, junto a 250 cooperativistas, en limpieza e higiene urbana. “Nosotros siempre firmábamos los acuerdos con el Gobierno de la Ciudad a principios de año, a esta altura ya habíamos renovado y teníamos definidos los aumentos y la cantidad de puestos de trabajo. Ahora tardaron hasta para negociar, igualmente no dejamos de trabajar porque si no se les hace más fácil echarnos diciendo: `Estos no quieren trabajar´. Seguíamos con el mismo sueldo desde junio del año pasado hasta ahora, que nos impusieron un aumento del 23%. Igual, de más puestos de trabajo, ni hablar”, grafica.
Archivo ANCCOM. 18 de enero de 2016.
El coordinador de Barrrios de Pie, Daniel Menéndez, advierte sobre un escenario negativo para los sectores más vulnerables. «Todo el arco social, político, y religioso coincide en que estamos en una situación marcada por el deterioro. Este escenario se agudiza por la inflación y la generación de nuevos pobres que según las mediciones del Observatorio Social de la UCA ya rondan el millón y medio de personas”, subraya.
Para Menéndez, ese nuevo estado de cosas se muestra sin disimulos en el aumento de la demanda por alimentos en los comedores, una pintura que también coinciden en realizar los intendentes del conurbano bonaerense. “Es algo distintos a los últimos años, la situación empeoró y ahora están haciendo estallar los comedores a los que se acercan un montón de chicos por un plato de comida. Incluso Margarita Barrientos reconoció que aumentó un 50% la asistencia a los comedores, y por eso también se abren nuevos. A la vez, hay preocupación por el aumento del 20% del salario, porque siguen estando atrasados, y los programas de empleo terminan siendo un complemento de las changas de los trabajadores en negro, como por ejemplo en la construcción o el de las mujeres que hacen trabajo doméstico”, explica.
Julia Rosales es dirigente de la CCC Zona Norte (Capital), la organización que nació junto al movimiento de trabajadores desocupados en el año 2001 “cuando se vino el mundo abajo y quedó un montón de gente afuera del sistema”.
En la actualidad, la CCC de esa zona impulsa cooperativas de trabajo que se ocupan principalmente de la higiene y limpieza urbana, a la vez que promueven comedores sociales que reciben en su mayoría a los vecinos del Barrio Mitre. “Antes venían 40 familias, ahora vienen 100, y cuando hay hambre también se nota porque la gente se pelea más por las porciones. Hay menos trabajo y mucha inflación. Si antes las capas medias tenían alguna trabajadora doméstica ahora, frente al aumento de tarifas, ya no la contratan y esa mujer queda sin trabajo y viene al comedor”, dice Julia.
Archivo ANCCOM. 18 de enero de 2016.
La organización cuenta con 150 personas en cooperativas de trabajo. “Son principalmente mujeres para las que es muy difícil volver al sistema cuando ya se cayeron, porque son grandes, con hijos, sin dientes”, retrata.
Y puntualiza. “Tenemos que ponernos firmes sobre la base de que somos útiles. Acá trabajamos en cuatro cuadrillas, algunas en el Parque Sarmiento, y también tenemos otras cuatro en centros de primera infancia. Esto es en nuestra zona, pero en el resto de la Ciudad hay más. Esa es la mitad de la gente que viene a nuestros comedores, pero la mayoría no tiene trabajo”.
Una de las organizaciones más afectadas por el cambio de gobierno fue la Túpac Amaru, cuya líder, Milagro Sala, aún permanece detenida en Jujuy. El coordinador nacional del espacio, Alejandro «Coco» Garfagnini, describe la nueva realidad. “Muchos compañeros pasaron de ser cooperativistas a desocupados. Ahora el desafío nuestro es empezar a organizarlos. En los diez años de avance que tuvimos como organización popular logramos agrupar, a partir del trabajo, a un montón de compañeros, no sólo desde las cooperativas de obra pública sino también de fábricas y emprendimientos. Pero hoy la gran mayoría, sobre todo los de obra pública, están desocupados porque el programa se cerró”, dice Garfagnini en referencia a uno de los principales planes de construcción de vivienda, el Programa de Integración Socio Comunitario (ex Emergencia Habitacional), creado en el año 2003 por el Ministerio de Planificación Federal y con el que se construyeron cerca de 56 mil viviendas, según indicó el dirigente. “Era un programa que generaba casi 70 mil puestos de trabajo en todo el país y se terminó porque el gobierno nacional querrá hacer negocios con empresas y no con las cooperativas. En la misma situación están los compañeros de la CNCT que también tenían cooperativas de obra pública. Todos los que integrábamos el programa llegamos a ejecutar en 2015 el 15% del presupuesto de viviendas nacionales”, remata.
Manifestación de Barrios de Pie en el Obelisco el 10 de junio.
Las cooperativas de trabajo comenzaron a multiplicarse en Argentina a partir de la crisis del 2001. Desde entonces, el sector “ha inventando trabajos para poder vivir”, dice Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que agrupa a sectores como cartoneros, empresas recuperadas, cooperativas populares, campesinos, vendedores ambulantes, constructores, y pequeñas unidades productivas, entre otros. El derecho de agremiación es una de sus principales demandas: “Sabemos que el desarrollo del capitalismo hace que se concentre la economía y que los trabajadores ya no se vuelven a incorporar a ese lugar una vez que quedan afuera, pero nos cuesta que las centrales sindicales nos tengan en cuenta. Vamos siempre a acompañar al sector formal pero es hora de que como trabajadores de la economía popular tengamos personería gremial para contar con obra social y aportes”.
Diálogo con el gobierno
Junto con las crecientes demandas sociales, las organizaciones enfrentan también el desafío de interactuar y reclamar ante un nuevo gobierno. “Hay diálogo pero para discutir giladas. Nos hablan de la herencia, y sólo hay excusas, no canales que permitan resolver los problemas. Nosotros reclamamos por alimentos y por programas de empleo porque están desactualizados, más en este contexto de emergencia social por el ajuste brutal que estamos viviendo. Creemos que tiene que haber un aumento del 50% de los ingresos porque no es suficiente lo que nos pretenden imponer”, subraya Menéndez, desde Barrios de Pie.
Julia Rosales coincide con esa apariencia conciliadora de Cambiemos porque “diálogo con el gobierno hay, pero con pocas respuestas”. Y sentencia: “Son dialogadores pero después migajas. Somos como tercerizadas para el gobierno y no les conviene que nosotros le cobremos barato porque frente a las auditorías después tienen que justificar por qué las cooperativas del PRO –que funcionan en las Comunas como pequeñas empresas- les cobren mucho más”.
En el Frente Popular Darío Santillán marcan como un hito del nuevo vínculo la toma del edificio de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad que se realizó el 11 de mayo pasado junto a otras organizaciones. “Nos recibieron el vicejefe de Gabinete Juan Pablo Graña y el Jefe de Gabinete Social, Juan Ignacio Maquieyra, quienes se comprometieron a conservar los 250 puestos de trabajo, pero no a aumentarlos y nos dijeron que nos iban a dar un incremento de nuestros ingresos cercano a nuestro reclamo. Una semana después fuimos al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, donde nos dijeron que desconocían aquel acuerdo, como si nosotros estuviésemos locos. Mirá si vamos a levantar un acampe, a las tres de la mañana, porque se nos da la ganas”, puntualiza Dina Sánchez.
La CTEP da cuenta de los acuerdos firmados. «Nosotros logramos unas 16 unidades ejecutoras, donde el gobierno va a hacer que podamos coordinar el dinero que es para obras. En un principio era una cantidad de plata pero ahora es bastante menos. También hicimos un acuerdo por el tema de viviendas, otro por problemas alimentarios, también trabajo autogestionado, y para fábricas recuperadas”, explican desde la organización.
El diálogo, sin embargo, tiene doble vara. “Nosotros no tenemos ninguna instancia de diálogo con este gobierno”, explican los referentes de la Tupac Amaru. Con presencia en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Chaco, Misiones, Corrientes, Salta y Jujuy, el único distrito que mantiene un diálogo institucional es Chaco. “Con el macrismo no te podes confiar. Nosotros nos dimos cuenta cómo eran al poco tiempo que asumieron cuando hicimos los acampes, por las actitudes que tuvieron y después cuando detuvieron a Milagro y a otros seis compañeros”, subrayan.
Manifestación de Barrios de Pie en el Obelisco el 10 de junio.
Perspectivas
“Hay un parate económico que va a seguir porque el gobierno tiene la voluntad de provocar una recesión para que los precios bajen. Tenemos que llevar adelante medidas que busquen menguar esas políticas económicas, por eso nos seguimos reuniendo con distintos sectores, incluso religiosos, como las parroquias, para que podamos convocar a un diálogo, y también pensamos movilizar a los hipermercados y continuar con las ollas populares”, describe el referente de Barrios de Pie.
Desde la CTEP, el diagnóstico incluye una mirada política sobre la región. “Hay un contexto de retroceso regional. Acá la transferencia de recursos que hizo el gobierno a los sectores más concentrados, indica que más allá de pelear por el trabajo autogestionado y las tarifas, vamos a estar en una situación muy dura”.
Julia Rosales cuestiona las promesas futuras de Macri. “El gobierno les dio a las mineras, a los exportadores, y hablan de la herencia pero eso lo puede decir unos meses pero después ya es la forma en la que ellos decidieron resolver la crisis. Hay gente que tiene bronca, sobre todo la clase media que es la que lo votó. Y ahora ya no hablan de la recuperación del próximo semestre, ahora dicen que va a venir el año que viene”, advierte.
Desde el Movimiento Darío Santillán, Dina remarca las contradicciones del gobierno de Cambiemos en la Ciudad. “Si un día se juntan con nosotros y después lo niegan, ya no podemos confiar en nadie. Por eso decimos hay que estar más alertas. Notamos que con este gobierno, a nivel nacional, las cosas fueron muy duras y muy seguidas. La opinión del conjunto de los compañeros de las asambleas que se hacen en los barrios es que vamos a luchar, porque no nos alcanza. Cómo se puede vivir con 4500 pesos si hay que pagar boleto, alquiler, luz, comida. Es una locura”.
La CTEP visualiza la articulación política como la principal herramienta para hacer frente a la nueva realidad y demandas crecientes. «Cuando sufrís una derrota en el campo popular, cada uno va por sus demandas pero hay que hacer un trabajo político, además de lo reivindicativo, y definir qué tipo de país queremos. Para afrontar la crisis necesitamos organizar a todos los sectores y pedir por el salario complementario. Hay un montón de necesidades y por eso tenemos que luchar por una política que yo llamaría defensiva de los derechos conquistados. Lo cierto es que la crisis no nos agarra desprevenidos, no estamos en el 2001», resume Castro.
La perspectiva de las organizaciones para los próximos meses en ningún caso prescinde de las manifestaciones, las ollas populares, las intervenciones frente a hipermercados, entre otras tácticas y métodos de lucha. “A pesar de que hay personas que dicen que no existen espacios de unidad, que estamos fragmentados, yo puedo decir que no veo eso, creo que hay un alto nivel de articulación en el movimiento popular en general. El tema de Milagro tuvo una reacción impresionante, fue muy rápida, tuvimos la solidaridad de más de 40 organizaciones sociales, sindicales y del campo popular”, expresa el coordinador de la Tupac Amaru.
Archivo ANCCOM. Movilización por la liberación de Milagro Sala en el centro porteño el 18 de enero de 2016.
La CTEP analiza una próxima movilización que exprese a todos los sectores de la economía popular para romper con el discurso de los `plancitos`y pelear por un salario universal complementario.
Más allá de las diferencias, las organizaciones apuestan a reinvidicar su lucha alrededor de la única consigna del derecho al trabajo. “Nadie nos regaló nada, lo que logramos lo hicimos con la lucha. La primera conquista es tener un plan social para no morir de hambre pero no nos van a comprar con bolsas de alimentos, con planes, nosotros queremos trabajo”, resume la dirigente de la CCC.
Actualización 15/06/2016
Jun 10, 2016 | inicio
El oficialismo macrista en la ciudad de Buenos Aires consiguió ayer aprobar en la Legislatura la ley de creación de la Agencia de Bienes Sociedad del Estado, que establece el traspaso al nuevo ente de los terrenos de dominio público para el impulso de obras de infraestructura, que se descuenta serán llevadas a cabo por empresas privadas. El proyecto fue sancionado con 42 votos positivos, 16 negativos y dos abstenciones. Como se preveía, teniendo en cuenta cómo se había desarrollado el debate sobre el tema en los últimos meses, el Frente para la Victoria (FpV) se mostró dividido en el recinto y tres de los doce legisladores que conforman el bloque acompañaron el proyecto, mientras que siete lo rechazaron y los dos restantes votaron en abstención. Aún así, con el apoyo decisivo del espacio SUMA + -que en las elecciones de 2015 apoyó la candidatura a jefe de Gobierno del economista Martín Lousteau-, el PRO logró cumplir con la voluntad de su jefe en la Capital, Horacio Rodríguez Larreta, y sancionar la ley. “Se trata de la confirmación de que está en marcha un modelo de planeamiento de la ciudad similar al de otros grandes centros urbanos del mundo, basado en la enajenación de patrimonio público para dar rienda suelta a la especulación inmobiliaria», afirmó Patricio Del Corro, legislador del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que votó en contra de la ley. Este paso legal se suma a otras iniciativas del macrismo para concretar la transferencia al capital privado de patrimonio de la ciudad, entre ellas la cesión de terrenos linderos a Casa Amarilla al club Boca Juniors, tal como informó este medio en anteriores ocasiones.
La de ayer fue la segunda vez que fue votado el proyecto, que había sido aprobado en una primera instancia el 3 de diciembre de 2015; pero al tratarse de asuntos referidos a la desafectación de inmuebles de dominio público y proyectos de edificación, la Constitución de la Capital Federal exige su discusión a través de un procedimiento de Doble Lectura, que consiste en una segunda votación, previa realización de una Audiencia Pública no vinculante, en la que participen los sectores con intereses legítimos alrededor de la propuesta legal. Esa audiencia se realizó el 29 de marzo y más allá de que el tratamiento del proyecto era independiente de su resultado, la misma parecía en aquel momento favorecer un cambio en el curso del destino, porque al no reunir los votos mínimos para superar la instancia de la Doble Lectura, el PRO decidió retirar el tema de la agenda de la sesión del jueves 7 de abril. «El proyecto había quedado ‘reservado en secretaría’ para en cualquier momento ser tratado en el recinto y eso fue lo que pasó ayer. Nosotros pedíamos el ‘pase a archivo’, lo cual hubiera significado que la ley se caía», detalló Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista y miembro de la organización Observatorio del Derecho a la Ciudad. Sorpresivamente, la iniciativa fue reflotada ayer y esta vez no fue posible postergar su sanción.
Si bien en el Anexo del texto legal sólo figuran dos inmuebles que pasarán a ser administrados por la Agencia de Bienes SE –el predio del Tiro Federal, ubicado en el barrio de Núñez, y el centro ferial “El Dorrego”, situado en Colegiales-, las organizaciones que resisten la normativa advierten que en realidad alcanza a todos los lotes de propiedad estatal. “Los legisladores que trataron este proyecto ni siquiera sabían cuántos terrenos de dominio público existían realmente en la Capital Federal. No había un inventario. El único relevamiento que existe lo hicimos nosotros”, advirtió Fabio Oliva, integrante del colectivo Buenos Aires No Se Vende, formado por varias agrupaciones que militan en defensa del espacio público de la ciudad. El listado en cuestión, al que accedió ANCCOM, incluye un total de más de 2.500 inmuebles organizados en las categorías “Edificios industriales”, “Galpones o tinglados”, “Locales (comerciales u oficinas)”, Propiedad Horizontal”, “Teatros”, “Terrenos”, “Viviendas con comercio” y “Viviendas unifamiliares”.
La letra de la ley reconoce entre las “funciones” de la flamante Agencia de Bienes SE la de “coordinar las relaciones entre la actividad pública y la inversión privada” y detalla los planes que tiene reservados para los dos terrenos mencionados en el Anexo: el Tiro Federal se convertirá en el “Parque de la Innovación”, que, como define la norma, consistirá en un “centro urbano que impulse la ciencia y la tecnología” en la ciudad de Buenos Aires; mientras que en “El Dorrego” el gobierno de Rodríguez Larreta pretende crear el “Centro Metropolitano Audiovisual”, para albergar a “los distintos sectores involucrados en la comunicación audiovisual: cámaras de productores; medios comunitarios; universidades y trabajadores de la comunicación audiovisual”.
Para concretar esos emprendimientos, la normativa admite que ambos predios serán licitados a través de un concurso público, del que surgirán las empresas adjudicatarias de la obra su construcción. Como ocurre cada vez que el Estado en cualquiera de sus jurisdicciones decide desprenderse de parte de su patrimonio, la ley de Agencia de Bienes SE declara “innecesarios para la gestión” del gobierno de la Capital a los terrenos antes indicados. Sin embargo, desde Buenos Aires No Se Vende aseguran que el supuesto “carácter innecesario” de los terrenos fue definido por unos pocos actores, que representan intereses minoritarios. “Aunque se decidiera que una tierra pública fuera concedida para una inversión inmobiliaria de una empresa, lo correcto sería que esa decisión la tomaran las comunas, y en este caso, la iniciativa provino lisa y llanamente del Poder Ejecutivo”, insistió Oliva.
La cesión de terrenos linderos a Casa Amarilla fue de las primeras iniciativas del macrismo para transferir el patrimonio de la ciudad a privados .
Una Audiencia histórica, pero que no alcanzó
“Esto se sabía desde el lunes pasado y se hizo toda la presión que se pudo para frenarlo”, se lamentó Oliva, arquitecto de profesión, pero comprometido de cuerpo y alma en la preservación de los espacios verdes de la ciudad, cada día más amenazados de extinción. Su actividad lleva ya más de 25 años, cuando comenzó con la lucha para proteger cada uno de los metros cuadrados que dan vida al Parque Avellaneda. Junto con varias agrupaciones vecinales que se especializan en problemáticas similares -Queremos BA, Los Amigos del Lago de Palermo, Basta de Demoler, el Observatorio de Derecho de la Ciudad, el Movimiento Comunero, entre otros- formaron colectivo Buenos Aires No Se Vende, con el objetivo de articular la oposición desde la sociedad civil al proyecto de ley de Agencia de Bienes Sociedad del Estado.
“Nos unió el espanto contra esta ley”, confiesa, aunque se muestra satisfecho por el funcionamiento exhibido hasta ahora por la comunión de las organizaciones barriales. El 29 de marzo último, en el marco de la Audiencia Pública exigida por la Constitución de la Capital Federal, se produjo lo que Oliva definió como “un gran triunfo”, que luego se traduciría en la decisión del oficialismo de postergar el tratamiento en Doble Lectura del proyecto de ley, que estaba previsto para diez días más tarde. “Fue una Audiencia Pública con una inscripción de 200 personas, lo que no es común en este tipo de acontecimientos. Las exposiciones fueron organizadas previamente por BA No Se Vende, hubo más de 100 y ni una sola a favor del proyecto”, describió Oliva, quien definió el evento como “un acto político contundente”.
Por su parte, Baldiviezo recordó que desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad se presentó un recurso legal para evitar que la audiencia se realizara porque, según argumentó, “no había suficiente información para las partes” sobre los alcances reales de la norma, pero la respuesta fue negativa. También alertó acerca de que nunca se realizaron los estudios de impacto ambiental correspondientes, a la hora de llevar adelante obras de desarrollo de infraestructura en terrenos de amplia extensión. De hecho, tal como consta en la Ley N° 123 de la Ciudad de Buenos Aires, debe cumplirse con las diferentes etapas del procedimiento técnico correspondiente hasta llegar al Certificado de Aptitud Ambiental, que autoriza la puesta en marcha de las obras. No obstante, Baldiviezo cree que existe un inconveniente con la reglamentación: “La ley dice que los informes deben hacerse siempre antes de la ejecución de las obras, no antes del proceso de legislación lo cual produce un desfasaje, porque mientras se llevan adelante el proceso legislativo y la Audiencia Pública, hay un tiempo valioso que se pierde, ya que si se practicaran los informes de impacto ambiental desde el momento inicial quedaría claro inmediatamente si el proyecto es viable o no”.
Para Del Corro, la ley no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de la ampliación de los derechos de la ciudadanía. “La población de la ciudad hace sesenta años se mantiene estable, pero cada vez son más las que terminan siendo expulsadas hacia las villas y menos las que viven en una casa propia”, señaló el legislador, haciendo referencia a que la nueva ley se desentiende por completo del problema del déficit habitacional y la urgencia de urbanizar los asentamientos precarios. Las prioridades del gobierno porteño, alineado a nivel nacional con el presidente Mauricio Macri, parecen ser otras: “Será una especie de Silicon Valley», resumen los funcionarios del oficialismo cuando hablan de lo que le espera al Tiro Federal, refiriendo a la región californiana que hospeda a buena parte de las compañías líderes a nivel mundial en desarrollo tecnológico. Una confirmación de que desde la llegada del macrismo al poder, el 10 de diciembre pasado, los ojos de la clase política argentina miran hacia el Norte.
Actualizada 10/06
May 5, 2016 | inicio
Una patota se instaló anoche en el Consejo Consultivo de la Comuna 4, en Nueva Pompeya, y en medio de una asamblea atacó a militantes y miembros de agrupaciones vecinales que discutían la privatización de los terrenos linderos al Club Atlético Boca Juniors, en los que los dirigentes pretende llevar adelante un megaproyecto inmobiliario. Durante el ataque, perpetrado sin fuerzas de seguridad a la vista, fue apuñalado Matías Scinica, de la agrupación Boca es Pueblo, y Fernando Abal Medina, de Descamisados, hermano del senador nacional kirchnerista, Juan Manuel: ambos debieron ser internados en el hospital Penna. Testigos de la agresión vincularon al grupo de choque con el macrismo, Carlos Yoshinaga, miembro de la agrupación Boca es Pueblo, contó a ANCCOM: “Actuaron con una impunidad total, desde antes de ingresar a la sede sabíamos que portaban armas blancas”.
La agrupación responsabilizó por el ataque, en un comunicado, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta. «Una patota que responde a un puntero del PRO comenzó a agredirnos física y verbalmente –sostiene el escrito difundido por la organización-. Uno de ellos sacó un objeto cortante con el que hirió gravemente en la garganta a un compañero de Boca Es Pueblo». Consultada por ANCCOM, una fuente de la agrupación prefirió “por el momento” no dar el nombre del agresor, aunque aseguró que quien manejaba el objeto cortante “es conocido” en la comuna.
Matías Scínica
“La reunión fue tensa desde el primer minuto –describió Yoshinaga-. Cuando nosotros llegamos la patota ya estaba; eran entre diez y quince personas y en cada intervención que se intentaba hacer referida al tema de la entrega de las tierras de Casa Amarilla sobrevenían insultos desmedidos”. El ataque se desencadenó cuando llegó el turno de tratar el conflicto en profundidad. “Estábamos aterrados, por mi parte creí que mi compañero iba a desangrarse ahí mismo –narró-. La ambulancia tardó una eternidad en llegar, casi media hora, y la Policía recién llegó después, pero los tipos se retiraron riéndose de nosotros y gritando que nos iban a matar a todos”. El militante insistió en que las agresiones fueron posibles por la complicidad policial.
En diálogo con ANCCOM Matías Daglio, otro integrante de Boca Es Pueblo, aseguró que el ataque se produjo en el momento en el que se reclamaba la realización de una audiencia pública para tratar el traspaso de los terrenos al club xeneize, que, como publicó este mismo medio a principios de marzo pasado, se presentó como único oferente en la “Licitación con Iniciativa Privada para el Desarrollo y Mejoramiento Urbano Casa Amarilla” que puso en venta 3,2 hectáreas. La adjudicación se concretó el 25 de febrero pasado. “Nosotros pretendemos llevar hasta la Legislatura la voluntad de los vecinos y de algunos legisladores, porque los terrenos fueron directamente transferidos en su momento a la Corporación del Sur y luego a Boca, sin debatirlo con la comunidad”, subrayó Daglio. Según asegura un informe de la ONG Observatorio del Derecho a la Ciudad, la venta de los terrenos a Boca es “ilegal e inconstitucional”, porque de acuerdo a las normativas vigentes “no se puede vender tierra pública de la Ciudad sin aprobación de la Legislatura” y en este caso la transferencia se hizo de manera directa a través del Instituto de Vivienda porteño.
El conflicto se remonta a más de tres décadas, cuando en 1981 los terrenos situados a pocas cuadras de La Bombonera fueron adquiridos por la Ciudad para paliar el déficit habitacional en el barrio de La Boca. Pero en los ’90, el entonces intendente porteño Carlos Grosso cedió a Boca Juniors parte de las tierras, en los días de Mauricio Macri como máxima autoridad de la entidad. Luego, durante las gestiones de Fernando de la Rúa y Aníbal Ibarra al frente de la Capital Federal, se estableció por ley que el resto del terreno sería destinado a viviendas sociales. En total, se habían proyectado unas 4.000, pero en 2007 Macri resultó electo jefe de Gobierno y luego reelecto, en 2011: desde entonces hasta la fecha apenas se levantaron unas 400, es decir, el 10 por ciento.
La adjudicación de las tierras de La Boca se concretó pocos días antes de que el gobierno del PRO intentara –aunque infructuosamente- aprobar la Ley de creación de Agencia de Bienes Sociedad del Estado para avanzar en el traspaso a manos privadas de otros predios que aún continúan bajo dominio público. La discusión no es novedosa: se trata de qué hacer con el espacio público de la ciudad, cuáles son los intereses en juego y cuáles los legítimos actores que deberían decidir sobre el destino de dichos recursos. Un proyecto pionero en la materia tuvo lugar en 1989, cuando el gobierno de Carlos Menem, en el marco de su “reforma del Estado” –que consistió en la privatización y desregulación de los servicios públicos a nivel nacional- avanzó en la urbanización de la zona de Puerto Madero a través de la corporación Antiguo Puerto Madero Sociedad Anónima, creada por el decreto N° 1279 del Poder Ejecutivo, en noviembre de aquel año.
Poco más de una década después, en 2000, se aprobó en la Capital Federal, por medio de la Ley N° 470, la creación de la Corporación Buenos Aires del Sur Sociedad del Estado, a la que se reservó el área delimitada por la Avenida Directorio hacia el Riachuelo, con el fin de “desarrollar actividades de carácter industrial, comercial, explotar servicios públicos con el objeto de favorecer el desarrollo humano, económico y urbano integral de la zona”. La porción del mapa porteño en cuestión incluye vastas extensiones de espacios verdes, como el Parque Avellaneda o el Parque General Roca, ubicado en los límites de los barrios Villa Soldati y Villa Lugano.
El conflicto en Boca Juniors ocurre también a pocos meses de que Macri alcanzara el cénit del Poder Ejecutivo Nacional y su aliado Daniel Angelici, sindicado como un operador judicial clave del Presidente, la reelección en Boca. Sin embargo, para Boca Es Pueblo la gestión de Angelici en Boca sólo ha contribuido a que el club se volviera más exclusivo y con cada vez menos actividades sociales. “Desde que está Angelici no sólo se han cerrado actividades profesionales, como la participación de Boca en la Liga Nacional de Voleibol, sino que no se ha abierto una sola actividad amateur”, aseguró a ANCCOM Daglio.
Los planes del presidente xeneize apuntarían a que sobre los terrenos adjudicados se levante un nuevo “estadio-shopping”, lo que ha desatado en el seno de la comunidad boquense un debate tanto en términos económicos como culturales, porque si el negocio prospera automáticamente se abre el interrogante sobre cuál será el destino de la Bombonera, que los simpatizantes del club de la ribera reivindican orgullosamente como patrimonio indelegable del ser boquense. Al mismo tiempo, el episodio de anoche en Pompeya ofreció una respuesta a otra de las preguntas que atraviesan la discusión: ¿hasta dónde son capaces de llegar los defensores del negocio millonario para concretar sus ambiciones?
Actualizado 05/05/2016
May 3, 2016 | inicio
El escenario se acomoda para la ocasión: bibliotecas, librerías, escuelas, museos e incluso viejas o modernas casonas se acondicionan con pocos recursos para recibir, de manera gratuita o a bajo costo, a los cinéfilos. Con el objetivo que la experiencia de ver películas en pantalla grande no se restrinja sólo a los tanques cinematográficos, existe un circuito de exhibición alternativo de ficciones y documentales que no se proyectan con frecuencia.
La cartelera que no se ve
“El cine comercial pasa la película que le ofrece un distribuidor con la que piensa que va a hacer dinero. Si la película cumple con las necesidades comerciales de la sala o del distribuidor, continúa; y si no cumple, se la baja y viene otra. El cineclubista quiere que vaya público porque está convencido de que es bueno lo que proyecta; partimos de un impulso individual que nos motiva a ver películas en pantalla grande y en determinado formato”, señala el cineclubista Emiliano Penelas.
Penelas reparte su tiempo entre la docencia y la organización de dos cineclubes. El primero de ellos funciona en el Centro Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sánchez Viamonte, ubicado en Austria 2154, donde antes se redactaba el diario socialista “La Vanguardia”. El Cineclub La Rosa, tal es su nombre, se apresta para inaugurar en abril su “décima temporada”, como la define su presidente fundador.
La Rosa se destaca por armar ciclos que están dedicados a autores consagrados a los que conviene revisitar. También difunde las obras de realizadores contemporáneos que no han tenido la recepción que se merecen. La belga Agnès Varda, el prolífico Werner Herzog y el documentalista Jorge Prelorán son algunos de los directores que integran los ciclos de La Rosa, cuyas funciones -proyecciones en 8 y 16 milímetros- son los miércoles a las 20.
La entrada es libre y se paga solo a voluntad, porque –para Penelas- una de las características del cineclubismo es la gratuidad. “Solo colocamos una urnita con la que invitamos a la gente a colaborar. Lo recaudado lo usamos para difundirnos y mejorar la experiencia de cada función: por ejemplo, ofrecemos programas con información de lo que se va a ver, con la ficha técnica de la película y el número de función. El programa también es parte de la historia de los cineclubes”, explica Penelas.
A él le corresponde también programar, hace nueve años, las películas que se presentan en la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA, por sus siglas en ingñés) los primeros y terceros miércoles de cada mes a las 20. Se trata de una iniciativa sin fines de lucro en su histórica sede de Reconquista 439.
Todos los años inician su programación con Alfred Hitchcock pero nunca faltan los ciclos de humor, con Buster Keaton a la cabeza. Como explica Penelas, su programación no se ciñe a ningún tipo de atadura institucional: “Hemos llegado a pasar películas de Luis Buñuel y Luis García Berlanga”, directores españoles cuya obra tiene un fuerte contenido anticlerical.
El Cineclub Dynamo también es parte de esta propuesta cultural distinta y se caracteriza por proyectar material exclusivamente en fílmico de 16 milímetros. Esta aventura nació en Mar del Plata hace doce años por iniciativa de su administrador, Carlos Müller. Realizaba funciones en distintas sedes para el público marplatense y para el de la ciudad de Buenos Aires hasta que en 2005 se afincó en San Telmo. Desde entonces, las proyecciones se efectúan en la Librería La Libre (Bolívar 646), con entrada gratuita y colaboración voluntaria, todos los miércoles a las 21, y en la residencia de arte Monte Estudios (Defensa 1008), a la que se accede por un costo de 40 pesos los viernes a las 21. El público es tan amplio como las cualidades de las obras que se proyectan. Asisten jóvenes y mayores, aficionados y estudiantes de cine, públicos casuales, vecinos del lugar e, incluso, personas que no viven cerca.
También para chicos
Una excepción la constituye la iniciativa Linterna Mágica, surgida en Suiza durante los noventa. Se trata de un cineclub para chicos de 6 a 12 años y se accede con una membresía de 650 pesos por las nueve funciones del año. A cada niño se le envía una revista con información que les servirá a los coordinadores para articular, junto a otras expresiones artísticas, conceptos centrales de películas de distintas épocas. Así, antes de la proyección, cada función incluye una presentación, un sketch cómico y una obra de teatro en las que se trabaja sobre una emoción en particular (risa, miedo, llanto y sueño).
Ilan Branderburg, su director, comenta que también existe el Plan de Membresías Solidarias para niños de Hogares de la Ciudad, al cual pudieron acceder unos 200 jóvenes desde su aparición en 2008. Estas becas han sido financiadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por empresas privadas y por particulares que han apadrinado a un niño.
Los cineclubes no suelen recibir la visita de un público apático, que finalizada la película se retira sin pedir algo más. “Mucha gente encuentra en estos espacios no solo un lugar de esparcimiento sino también de encuentro; ese es su plus”, afirma Müller. “El cineclubismo se presta siempre para ese diálogo después de la película. Por eso no busco que esto sea un lugar para entendidos, sino prefiero que se entienda que toda opinión es bienvenida”, explica este cinéfilo que está realizando un largometraje sobre la historia de un corto recientemente hallado por él: “San Perón”.
En el mismo sentido apunta Penelas: “Entendemos el cineclubismo con la charla posterior, con la crítica, con el ensayo, tratamos de que se hagan asociaciones entre las películas, por eso hacemos ciclos”. Asimismo añade: “Incluso hemos tenido la participación de los realizadores para que charlen con el público, para que se rompa la barrera entre el realizador y la persona que ve su obra”.
En tanto, la difusión “de boca a oreja” suele ser la punta de lanza de la repercusión de estos proyectos. También los afiches, los volantes y, sobre todo, las redes sociales son fundamentales para que los vecinos de la ciudad conozcan un cine distinto al “pochoclero” que suelen ver en las salas de los shoppings.
“Íbamos a pasar Con ánimo de amar, de Wong Kar-Wai, y eso se difundió en un grupo de Facebook de solos y solas. Cuando llegué había más de cincuenta personas; tuvimos que traer con el bibliotecario las sillas de la sala de lectura; y para mí eso es una gran alegría porque estamos convencidos de que lo que pasamos es bueno y puede gustar”, cuenta Penelas.
Del comedor al Microcentro
Buenos Aires Mon Amour (BAMA) parece el sueño hecho realidad de muchos cinéfilos. Nació en diciembre de 2007 en el living comedor del departamento de su fundador y actual director Guillermo Cisterna Mansilla.
Cisterna Mansilla sabe de la importancia de los cineclubes: “Son necesarios para poder formar espectadores, debatir, intercambiar miradas y ver material que en las salas comerciales no tienen lugar”, afirma. Pero también destaca que las salas comerciales “son necesarias para que exista el sostén de una industria”.
Uno de los desafíos que se ha propuesto BAMA es “devolverle al cine-arte el público joven, y creo que lo estamos consiguiendo”, señala su director, y agrega: “Eso implica trabajar mucho buscando material, más allá de los estrenos semanales de los distribuidores locales, que salen en varias salas al mismo tiempo. Pretendo de BAMA esa sala de cine que había desaparecido y que Buenos Aires, hace más de 40 años, supo tener”.
BAMA funciona en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 1145 -en el ex Arteplex Centro-, posee una cartelera de cine alternativo y entradas a entre 50 y 65 pesos, precios por debajo de la mitad que los que maneja la mayoría de las salas comerciales. El proyecto se financia con sus propios recursos, “sin subsidios ni sponsors de nadie, al contrario de lo que muchos creen”, subraya Cisterna Mansilla.
“Filmoteca en Vivo” tiene funciones en la ENERC, en su sede de Moreno 1199.
Más allá de la tevé
Fernando Martín Peña es docente, coleccionista y presentador del programa de la TV Pública “Filmoteca”, el cual desde 2006 se dedica a la difusión de películas. Según comenta, este programa televisivo es fruto de “una larga experiencia en diversos cineclubes y nació con un criterio amplio”. Ocho años después, comienza “Filmoteca en Vivo” con la idea de “devolver el programa a su ámbito natural, que es la sala con público en vivo”, destaca Peña. Las funciones se realizan en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), en su sede de Moreno 1199, establecimiento que depende del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
La programación está a cargo de Peña cuyo criterio busca ser amplio, de modo de atraer a la mayor cantidad de espectadores posible. “En general me muevo por fuera del canon, porque hoy los clásicos de la historia del cine son muy accesibles, así que me parece mejor hacer que se vean materiales menos obvios”, explica Peña.
Respecto de la importancia de proyectar en formato fílmico, detalló: “Pasamos exclusivamente fílmico porque lo digital es algo que hoy cualquiera puede ver en su casa. El fílmico tiene otra textura, otra calidez, y cada vez está más relegado, así que me parece importante recuperar una forma de ver el cine que se extingue y que es comunitaria, social”.
Orlando Narváez es administrativo en el Departamento de Alumnos de la ENERC y contribuye en la preparación de las funciones de “Filmoteca en Vivo”. “Cuando entré a trabajar en la Escuela era un lugar muy cerrado, pero desde que está a cargo de Pablo Rovito (n. del r.: Coordinador de la ENERC) se empezó a abrir a la comunidad. Por eso invito a que la gente se acerque y a que se anime a entrar, porque la ENERC ha dejado de ser un lugar solo para estudiantes, y va a encontrar mucha gente macanuda”, afirma.
Las funciones de “Filmoteca en Vivo” se realizan los viernes a las 23, los sábados a las 19 y 21, y los domingos a las 17, 19 y 21. La sala de la ENERC tiene espacio para albergar a un centenar espectadores. Los films mudos suelen estar acompañados por la música en vivo a cargo de Fernando Kabusacki y Matías Mango.
Feos, sucios y malos de Ettore Scola, Drácula interpretado por Bela Lugosi, Metrópolis de Fritz Lang, La condición humana, largometraje de Masaki Kobayashi, que tiene más de nueve horas de duración y que se proyectó sin interludios, integran algunos de los títulos de este espacio. Con estos films “la gente salía emocionada como no había visto nunca”, recuerda Narváez.
Otras pantallas
Los puntos de encuentro para disfrutar de grandes obras del celuloide se diversifican. Otros escenarios a los que se puede ingresar gratis o a bajo precio en la Ciudad son:
Aunque su época de esplendor, durante los años cincuenta y sesenta, haya quedado lejos, desde que el realizador León Klimovsky organizara las primeras exhibiciones en la ciudad entre 1927 y 1928, el cineclub sigue rodando su propia historia. Para disfrutar en familia o con amigos, para poder conocer nuevas personas, o, simplemente, para romper con el tedio individual, los cineclubes continúan siendo un buen espacio de esparcimiento colectivo a bajo costo.
Abr 27, 2016 | destacadas
En solo cuatro meses de gestión de la alianza Cambiemos, un viejo y conocido fantasma volvió a ocupar el centro de las preocupaciones de hombres y mujeres: la pérdida del empleo y el consecuente aumento de la desocupación.
Los despidos masivos arrancaron en diciembre pasado con el declarado objetivo de “modernizar” el Estado. Más de 35.000 empleados públicos fueron cesanteados, muchos de ellos acusados sin pruebas de “ñoquis” o perseguidos por su militancia política. Los trabajadores del sector privado fueron, en paralelo, víctimas de la misma práctica. El panorama recesivo de la economía argentina encendió la alarma de empresarios y sindicalistas y motorizó ese ajuste laboral.
Los despidos registrados en el sector privado durante este primer trimestre superan los 80.000 trabajadores, según sostienen los informes realizados por distintos gremios y consultoras privadas, consultadas por ANCCOM ante la falta de información oficial.
Desde su asunción, Mauricio Macri prometió “normalizar” el funcionamiento del cuestionado Instituto de Estadística y Censos (INDEC), pero su gestión todavía no brindó registros sobre la desocupación que se generó a partir de los despidos realizados de diciembre a esta parte.
Abrazo al Ministerio de Trabajo.
El último relevamiento realizado por el INDEC durante el tercer trimestre del 2015, evidencia que las sucesivas administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2011 y 2011-2015) habían logrado que el desempleo llegara a uno de los niveles más bajos de las últimas décadas, un 5,9 %.
Ante la paralización del INDEC, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) liderada por el sindicalista Pablo Michelli realizó un relevamiento a través de su Observatorio Social. El estudio registró un total de 68.563 despidos, entre el 1 de diciembre y el 4 de marzo, de los cuales unos 30.936 se produjeron en el sector privado.
“Las tensiones que el mercado de trabajo venía presentando en los últimos años se exacerbaron en pocas semanas, y desde entonces hemos asistido a un shock de despidos liderado por el sector público, sin que por ello las empresas del sector privado se hayan quedado detrás”, sostiene el último documento publicado por el Observatorio Social.
El informe aclara que se trata de un “relevamiento de mínima”, ya que no incluye “aquellas denuncias que fueron realizadas por dirigentes sindicales en términos generales”.
La industria de la construcción figura entre los rubros más perjudicados por los despidos. Los representantes sindicales de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) denunciaron la pérdida de entre 25.000 y 30.000 puestos de trabajo desde la llegada de Cambiemos al poder.
Además, desde la UOCRA advirtieron que en el sector privado las grandes empresas utilizaron la actual coyuntura “para impulsar suspensiones colectivas”, una medida que “posee efectos disciplinadores sobre el conjunto de los trabajadores”. Las suspensiones “se han concentrado en la industria petrolera, la automotriz, la autopartista y la siderurgia”, agregaron fuentes del sector.
Informes realizados por la consultora privada Tendencias Económicas y por el Centro de Economía Política (CEPA) a los que tuvo acceso ANCCOM completan el cuadro del empleo argentino con un duro diagnóstico. Según Tendencias Económicas, los despidos en el primer bimestre de este año llegaron a unos 107.000, relevados a partir de las denuncias realizadas por los gremios a nivel nacional.
El informe indica que en enero se registraron alrededor de 41.921 despidos, cuya mitad se sucedieron el ámbito privado, siendo los sectores de la construcción, gastronómicos, textiles e indumentarios, los más perjudicados.
Con respecto al mes de febrero, se registraron 65.799 personas despedidas, un 72% de aumento con respecto al mismo mes de 2015, según la consultora.
Del total, alrededor de 55.800 pertenecieron al sector privado, sobre todo en la construcción y en otras actividades, como autopartes, petróleo, comercio y minería.
En tanto, el informe publicado por CEPA, indica que el empleo, público y privado, expone “una tendencia a la contracción”. El relevamiento arrojó un total de 141.542 despidos entre enero y marzo de este año. Alrededor de 80.446 cesantías correspondieron al sector privado y el mayor perjudicado resultó ser el sector de la construcción, un 71,88%, siguiéndole el sector industrial con un 23,40% y por último, el sector servicios, con un 4,72%. Según el estudio, la mayor cantidad de despidos se dio “en los empleos de menor calificación o que más precarización sufren”.
Ante este panorama, el reclamo de las centrales obreras ante diputados y senadores, se plasmó en un proyecto de ley que declara la “Emergencia Pública en Materia Ocupacional” que aún no se discutió en el Congreso, pero que ya ha generado críticas del oficialismo y de representantes empresariales de la Pequeña y Mediana Empresa (PyMEs).
En un comunicado, representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reconocieron que “más 120.000 despidos han provocado una fundamentada preocupación de senadores y diputados de la Nación que obliga a buscar alternativas para detener ese flagelo en el sector público y privado”.
Pero que “hay que dimensionar” ya que en el sector privado, y especialmente en PyMEs, esa situación ocurre “por la caída en los niveles de producción provocada por la retracción en la demanda de consumo, por la casi nula demanda de inversión, por las aceleración de la inflación y por las altísimas tasas de interés del mercado”, sostiene el documento.
El proyecto de ley tiene por objetivo evitar que se continúe despidiendo, por lo que propone que se “congelen” hasta el 2017 los empleos del sector público y privado y se apela nuevamente, como lo fue en el 2002, a la figura de la “doble indemnización”, el punto más criticado por el gobierno como por los empresarios.
Desde CAME sostienen que ante la difícil coyuntura económica que atraviesa el país, implementar “la doble indemnización crearía niveles de conflictividad alarmantes para las PYMES, especialmente en las más pequeñas, que llevarían al cierre definitivo de muchas de ellas”.
El oficialismo ya expresó su rotundo rechazo al proyecto de ley. El presidente Mauricio Macri, en varias declaraciones públicas, indicó que esta iniciativa, en caso de aprobarse, no generará “más empleo” sino que “destruirá fuentes de trabajo”. Y prometió vetarla en caso que, finalmente, el Congreso avance con su debate y aprobación.
Con la unificación de la Confederación General del Trabajo en proceso y el llamado a una movilización para el próximo 29 de abril, en donde participarán todos los sectores gremiales, el gobierno de Macri afronta un contexto socio económico conflictivo, al cual deberá dar respuestas inmediatas si su deseo es retomar las sendas del crecimiento económico y la gobernabilidad.
Festival No Al Vaciamiento del Grupo 23. Parque Centenario. 31 de enero de 2016.
En los medios
La ola de despidos masivos afectó a numerosos sectores y los trabajadores de los medios de comunicación no quedaron exentos. Desde diciembre, se ha registrado el despido de más de 200 periodistas de numerosos medios, siendo el caso más grave y emblemático el caso del grupo Veintitres perteneciente a los empresarios Sergio Spolzky y Matías Gardfunkel, con la cesantía de 136 trabajadores del canal televisivo CN23 y el vaciamiento económico del Diario Tiempo Argentino -hoy autogestionado por sus trabajadores en una cooperativa- y Radio América.
También fueron despedidos doce periodistas del grupo Crónica, cuyos dueños son los hermanos Olmos, treinta trabajadores del centenario diario La Nación, doce del diario platense Diagonales, cinco del grupo Octubre, Cinco en Radio Continental y ocho en Radio San Martín, según lo relevado por observatorio de la CTA Autónoma.
A lo que se le suma, la complicada y delicada situación del canal 360TV, cuyos trabajadores llevan adelante una huelga por salarios adeudados.
Actualizada 27/04/2016
