14 años después de la masacre de Avellaneda, organizaciones populares convocadas por el Frente Popular Darío Santillán rindieron homenaje a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán con una jornada cultural el pasado sábado. El domingo volvieron a cortar Puente Pueyrredón para exigir juicio y castigo para los responsables políticos.
Allí estuvo Anccom.
Actualizado 30/06/2016
Había gran expectativa en torno a la novena audiencia del juicio por la desaparición de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit, en la que se encuentran imputados Omar Rubens Graffigna, Luis Trillo y Francisco Gómez, apropiador del hijo menor de la pareja. Los abogados de la defensa habían manifestado en el último encuentro que sus clientes declararían hoy -29 de junio- luego de haberse negado a hacerlo en la primera instancia. El lunes pasado -en el marco de la inspección ocular a la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) a la que asistieron tanto los acusados como las querellas- el presidente del Tribunal, Alfredo Ruiz Paz, confirmó que hoy se daría lugar a sus testimonios, luego de que declarara el último testigo de la causa, el actual director general de inteligencia de la Fuerza Aérea, Hugo Eduardo Schaub.
Las preguntas que las querellas tenían preparadas para el comodoro mayor Schaub tenían el objetivo de dilucidar las funciones que Gómez llevó a cabo como personal civil de inteligencia en la RIBA. La estrategia de la defensa es demostrar que su labor tenía que ver con actividades de maestranza y por lo tanto no habría estado involucrado en la detención clandestina y posterior desaparición José Manuel y Patricia en 1978. Este argumento resulta difícil de sostener dado que el imputado fue condenado por la justicia por la privación de la identidad del hijo menor de la pareja, Guillermo Pérez Roisinblit, uno de los querellantes en la causa.
Omar Graffigna.
El último testigo
Las alas desplegadas que rodean al escudo nacional, símbolos de la Fuerza Aérea, parecían brotar de la campera azul del uniforme del comodoro Schaub sobre su pecho, del lado del corazón. Durante su declaración, el hombre respondió a cuentagotas una serie de preguntas técnicas. Schaub recién ingresaba a la Fuerza en la época de la desaparición de José Manuel y Patricia pero, en su rol de director general de Inteligencia, se considera competente para responder preguntas acerca del funcionamiento del organismo a finales de los 70.
– ¿Sabe a qué se denominaba personal civil de inteligencia en 1978? -preguntó Alan Iud, uno de los abogados de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo que representa a Rosa Tarlovsky -madre de Patricia- y Guillermo Pérez Roisinblit.
– Se trata de personal civil que trabaja en el Área de Inteligencia que fue incorporado por la ley secreta 19.373 -respondió el comodoro.
– ¿Puede darnos una definición de a qué se llama realizar una tarea de inteligencia?
– Realizar una tarea de inteligencia es analizar una información y sacar una conclusión.
– ¿Qué tipo de labor realiza un personal de civil que a su vez hace ‘tareas efectivas de calle’? -preguntó Iud, en referencia a la descripción que consta en el legajo de Gómez.
– Significa que realiza tareas fuera de las instalaciones de las Fuerzas Armadas.
Los abogados de las cuatro querellas –la conformada por Abuelas, la de Mariana Eva Pérez, la de la Secretaría de Derechos Humanos Nacional y de la Provincia de Buenos Aires- y los jueces del tribunal -Ruiz Paz, Marcelo Díaz Cabral y María Claudia Morgese Martín- indagaron al testigo durante una hora tratando de conseguir definiciones que permitan decodificar el legajo de Gómez. El documento constata que el apropiador de Guillermo cobraba un suplemento por realizar ‘tareas de riesgo’, pero el comodoro aclaró que la mayor parte de los integrantes de las Fuerzas Aéreas lo cobraban en ese entonces y lo siguen cobrando actualmente: «Era público y notorio que las Fuerzas Armadas corrían un riesgo per sé, y corrían un riesgo mayor en esa época. No tengo constancia de las otras tareas que mencionan que el personal realizaba en ese entonces, solo sé lo que se dice en la prensa», expresó Schaub.
En cuanto a los trabajos extraordinarios que se mencionan en el legajo, el comodoro aclaró que pueden ser actividades de cualquier índole: «Todos los integrantes de la fuerza están obligados a cumplir lo que le ordene alguien de autoridad», señaló más de una vez.
El defensor de Graffigna y Trillo (foto) solicitó postergar el testimonio del ex Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea para una próxima audiencia el 11 de julio.
Los testimonios de los acusados
Cuando llegó el turno de declarar para los acusados, Javier Miari -defensor de Graffigna y Trillo- solicitó postergar el testimonio del ex Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea para una próxima audiencia. A su pedido se sumó Sergio Díaz Dalaglio, defensor de Gómez. Ambos alegaron que sus defendidos necesitaban más tiempo para prepararse. Trillo estaba dispuesto a presentarse ante los jueces en ese mismo momento, pero el presidente del Tribunal decidió que los tres presten testimonio en la siguiente audiencia pactada para el lunes 11 de julio.
Guillermo Roisinblit se mostró decepcionado a la salida del juzgado: «Me había pedido el día de trabajo especialmente para escuchar el testimonio de mi apropiador», expresó. Si bien en un principio se esperaba que el juicio finalizara antes de la feria judicial, Ruiz Paz confirmó que los alegatos tendrán lugar recién el mes próximo.
Antes de pasar a cuarto intermedio, se reprodujeron veinte minutos del testimonio grabado de Miguel Ángel Osses, brigadier mayor de la Fuerza Aérea, condenado a prisión perpetua en 2015, en el que admite haber recibido la orden de encargarse de la “lucha contra la subversión” en los partidos de Merlo, Moreno y Morón.
La inspección ocular de la RIBA
A la octava audiencia -que consistio en una inspección ocular de la RIBA- solo pudieron asistir las partes, la fiscalía, los imputados -excepto Gómez que no se presentó-, los miembros del Tribunal, el arquitecto Gonzalo Conte de la agrupación Memoria Abierta -que elaboró los planos del lugar- y los testigos que declararon haber estado detenidos en la Regional: María del Carmen Ramallo y Víctor Calefa. El Tribunal no admitió la presencia de público ni prensa.
Francisco Gómez (foto) no se presentó a la inspección ocular de la a la Regional de Inteligencia de Buenos Aires.
Luego de la inspección, Guillermo Pérez Roisinblit confirmó a ANCCOM que tanto Calefa como Ramallo reconocieron nuevamente haber estado detenidos en ese lugar. «Yo ofrecí participar para que quedara claro que no estaba mintiendo respecto de mis recuerdos en la RIBA -explicó-. Yo tenía no más de cinco años cuando iba a ese lugar, y la defensa puede llegar a desestimar la credibilidad de mi testimonio por la edad que tenía. De hecho, las defensas hicieron hincapié en eso nuevamente durante la inspección ocular».
Mariana Eva Pérez, hermana de Guillermo, debió recorrer todas las instalaciones de la casa en la que estuvieron detenidos sus padres, acompañada por el imputado Trillo, a quien le permitieron circular sin esposas al lado de la querellante. «Fue macabro. Explicaron que se trataba de una medida para cuidar la integridad física de Trillo conforme subía y bajaba escaleras», comentó Guillermo con disconformidad.
Actualizado 29/06/2016
“Darío era un pibe que no era un pibe, a los trece años ya se afeitaba”, recuerda Jorge Escalada, militante de la primera generación del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) donde compartió filas con Darío Santillán, uno de los dos asesinados por la policía bonaerense el 26 de junio de 2002 en la estación Avellaneda. Hoy trabaja en la cooperativa Roca Negra, nacida del emprendimiento que fundara el propio Darío, desde donde impulsa nuevos y viejos proyectos de aquella militancia piquetera.
Son las doce del medio día de un martes invernal y en la bloquera de Roca Negra la jornada laboral ya finalizó. La lluvia de ayer dejó su marcas en el terreno donde se extiende el emprendimiento productivo, ubicado hace diez años en lo que supo ser el polo fabril de Monte Chingolo, hoy sólo empujado por la fuerza cooperativa. Para llegar es necesario atravesar unos cien metros descampados que la separan del camino General Belgrano al 4431, escenario en el que los colores primarios de la reja de entrada contrastan intensamente con aquel horizonte plomizo. El contraste se aprecia en todo el emprendimiento, donde sus gruesas paredes de hormigón se encuentran salpicadas de murales, carteleras y grafitis.
Jorge, trabajador y militante en la bloquera, compañero de Dario.
Luego de saludar, Jorge adopta un rol de guía y anima a recorrer el lugar donde hoy funciona no sólo la bloquera, sino también un bachillerato popular, un comedor, un jardín de primera infancia y una cooperativa textil. “Todo esto lo hicimos nosotros mismos con los bloques que producimos”, dice y señala el macizo edificio en constante obra, donde pese a que algunas ventanas carecen de vidrios y no todas las salas tienen techo, se evidencian los rastros de lo hecho a pulmón. “La cooperativa tuvo avances enormes en estos años, logramos presentar un proyecto en Nación y con esa plata compramos una bloquera nueva y cambiamos algunos techos, pero ahora la cosa se está complicando un poco más, el diálogo con el nuevo gobierno es nulo”.
Tanto Jorge como la bloquera nacieron en el barrio La Fé, en Lanús, donde el proyecto surgió en 2001 como respuesta a las emergencias habitacionales y económicas de la crisis; fue en ese contexto que el militante devenido en guía conoció a Darío Santillán. La mudanza a Roca Negra surgió como iniciativa de las Madres de Plaza de Mayo, quienes tras enterarse que ese terreno –abandonado durante décadas- entraba en remate judicial, alentaron al MTD a que tramite su toma y posterior expropiación. Desde el 2006, la bloquera funciona en ese predio y el proyecto presentado para su apropiación ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense.
“La cooperativa tuvo avances enormes en estos años, logramos presentar un proyecto en Nación».
Roca Negra nuclea a unas 200 familias y su injerencia en el barrio se percibe en las casas aledañas, construidas con bloques producidos por la cooperativa. Jorge relata con orgullo este hecho: “Tratamos de tener precios cercanos al costo –cada bloque tiene un valor de 12 pesos- para que todos podamos acceder a una vivienda digna. Esa fue la idea inicial del proyecto y la seguimos sosteniendo, con mucho esfuerzo, pero con la certeza de que es necesario generar un cambio social. En un principio Darío se lo cargó al hombro y ahora somos muchos más”.
En la bloquera trabajan diez personas, algunas como Jorge provienen de la primera camada, otras se sumaron al proyecto hace algunos años. Su objetivo es generar un producto de calidad y poder competir en el mercado con un precio accesible, pero también saben que para lograr esto es necesario un Estado que garantice políticas de inclusión y desarrollo: “Nosotros les planteamos a la Municipalidad de Lanús convertirnos en proveedores para todo lo relacionado a la obra pública, pero solo llegamos a vender pequeñas cantidades. Consideramos necesaria la intervención del Estado hasta que se produzca el cambio social.”
Mientras continúa el recorrido por las aulas del bachillerato, Jorge cuenta que ya son seis las camadas de egresados que pasaron por allí, y que las parejas pedagógicas además de enseñar el tronco común de contenidos promueven una conciencia autogestiva. “Los chicos están entendiendo que la salida es otra y que las cosas las conseguís si te organizás. Que el salvarse solo no va más y que hay que preocuparse por el otro. En este sentido, Darío es el mejor ejemplo para ellos, en cuanto a solidaridad y humanismo”. El título que obtienen los graduados es oficial, conquista que lograron mediante la lucha; ahora pelean por el reconocimiento de sus docentes.
Actualizado 29/06/2016
Actualizada 29/06/2016
“Somos una casa con parlantes que amplifican el ritual del encuentro”. Así define el colectivo La Tribu al bar que funciona en la casona de Lambaré 873, en el barrio porteño de Almagro. La noche del 21 de junio, durante la semi-final de la Copa América –uno de esos rituales de encuentro más característicos de la cultura argentina–, el bar debió cerrar sus puertas. La Agencia Gubernamental de Control (AGC) decidió clausurar el establecimiento por la falta de un plan y un plano de evacuación aprobados por la Dirección General de Defensa Civil. La obligatoriedad de ese requisito había sido informada en la inspección anterior, a fines de mayo, momento a partir del cual el colectivo inició los trámites necesarios para presentar esos documentos al organismo estatal. A pesar de mostrar los papeles que indicaban la casi finalización de las gestiones, la AGC optó por desplegar la faja de clausura.
La Tribu es un colectivo de comunicación y cultura que funciona desde 1989 en el establecimiento actualmente clausurado. La mayoría de las actividades que allí se desarrollan se verán perjudicadas en los próximos días. El ciclo de cine, el de cortos “El Camalote”, presentaciones de muestras y de libros, el ciclo de poesía, las obras de títeres, el ciclo “Pororó” (cine para chicos) y obras de teatro, entre otras programaciones tuvieron que ser suspendidas. La radio FM 88.7 La Tribu, que emite desde hace casi tres décadas, continuará su transmisión.
La Agencia Gubernamental de Control (AGC) decidió clausurar el establecimiento por la falta de un plan y un plano de evacuación aprobados por la Dirección General de Defensa Civil.
“Bajo las normas vigentes nunca tuvimos una clausura. Es más, hemos sido felicitados por distintos inspectores por las condiciones en que tenemos el espacio cultural”, cuenta Rafael López Binaghi, uno de los integrantes del colectivo. En la inspección de fines de mayo, la AGC remarcó la necesidad de un plano y un plan de evacuación aprobados por Defensa Civil. Según explicó López Binaghi, el bar ya contaba con un sistema diseñado a esos fines, pero no estaba aprobado por el organismo. “Dando cuenta de la responsabilidad que exige tener un espacio abierto en el cual suceden actividades prácticamente todas las noches, que son de entrada libre y gratuita o a la gorra, y que dan espacio a un montón de expresiones artísticas que no tienen lugar en otro lado, nosotros intentamos tener las mejores condiciones posibles para recibir a todas aquellas personas que quieren participar. Así es que nos pusimos inmediatamente a trabajar para obtener los planos exigidos por los inspectores”, detalló.
Contactaron a un profesional habilitado por Defensa Civil –un ingeniero en seguridad e higiene– para diseñar el nuevo plan y el plano requerido. “Estábamos haciendo todo el proceso que tiene que realizarse para poder presentar los papeles. Eso implica, entre otros aspectos, revisar distintas cosas de la estructura del edificio y una capacitación con todas las personas que trabajamos cotidianamente. Aprendimos sobre manejo de fuego y situaciones de emergencia. Estábamos cumpliendo con todas estas cuestiones y nos faltaba un día para presentar los papeles, porque esto no se hace de un momento para el otro, sino que lleva un tiempo”, explicó López Binaghi. Sin embargo, para la AGC, que realizó la última inspección la noche del 21 de junio, no fue suficiente. “Ante el pedido y las distintas demostraciones que intentamos hacer de que estábamos trabajando en eso y nos faltaba muy poco para hacer la presentación en Defensa Civil no hubo ninguna posibilidad de diálogo. Los funcionarios del gobierno se mostraron totalmente intransigentes. La demostración de que lo estábamos haciendo es que presentamos los papeles un día y medio después de la clausura. Los inspectores vinieron el martes a la medianoche, y el jueves al medio día esto ya estaba entregado”, aclaró.
Ana Masiello, del colectivo La Tribu, consideró que más allá de la buena voluntad para realizar los trámites en el plazo requerido, es muy difícil lograrlo: “Los tiempos que nos exigen para cumplir con la reglamentación no tienen relación con los tiempos que ellos después te ponen para hacer el trámite. A nosotros nos dieron 15 días para resolver, pero Defensa Civil tarda mucho más que eso”, explicó. “Esto genera mucha bronca”, agregó López Binaghi. Y continuó: “Porque la única forma de cumplir con lo que ellos quieren es haciendo las cosas mal, apurando los procesos que tienen un montón de instancias, que tienen su propia burocracia de realización. Y tampoco te asegura poder hacerlo, porque dependes de los tiempos de otras instituciones y organismos del Gobierno de la Ciudad. Nosotros nunca asumimos ese camino porque decidimos hacer las cosas de la mejor manera posible”.
«Los funcionarios del gobierno se mostraron totalmente intransigentes».
La imposibilidad de diálogo, o de extensión de los plazos para presentar el requisito, generó gran angustia en el colectivo. “A nosotros nos genera mucha bronca, porque no da lo mismo estar clausurados o no. Levantar una clausura es un proceso muy complejo en el cual uno entra a un laberinto burocrático del que es complejo salir”, dijo el integrante del colectivo. “Además, acarrea un montón de costos para una organización: tener el espacio cerrado, tener una faja de clausura a la vista, decir que estamos clausurados y generar ideas en un montón de personas que tal vez piensen absolutamente cualquier cosa del porqué de todo esto. Pero además de los costos simbólicos existen obviamente otros económicos, porque el bar para nosotros es la fuente de ingresos más importante que nos damos en la autogestión para poder llevar adelante un colectivo como este. Sobre todo en este contexto en el cual algunos subsidios a los cuales nosotros habíamos accedido no fueron pagados por incumplimientos del gobierno, y en el que los aumentos de los gastos fijos, a partir de la suba en los servicios, nos afectan grandemente. Esta clausura es una herida al corazón de nuestro proyecto”, agregó.
Esa costumbre de clausurar
La clausura a los centros culturales que brindan espacio a manifestaciones artísticas que escapan de la lógica comercial es una política frecuente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, “parece no existir la misma rigurosidad para otras situaciones en las cuales las mismas agencias o instituciones del gobierno actúan. En los talleres textiles esto es claro. Nuestra clausura sucedió en el momento que salía la sentencia del juicio por Luis Viale. Y no es que eso pasó hace diez años y dejó de existir en la ciudad de Buenos Aires”, opinó López Binaghi. Y agregó: “Como colectivo La Tribu nos sentimos perseguidos porque realmente no tenemos antecedentes de una clausura. Cada vez (los inspectores) nos están visitando más asiduamente, y damos cuenta que esto es parte de un contexto en el cual a muchos otros espacios cercanos, amigos, conocidos, les viene sucediendo lo mismo –con excusas diversas, a veces con más y menos razón. Tiene que ver con una lógica que se va traduciendo en la cual espacios como este, que brindan actividades gratuitas y que tienen otra lógica de conformación y gestión, sufren las consecuencias. Se privilegian otras construcciones más cercanas al mercado”.
Según denunció el colectivo, la falta de información clara y precisa sobre las condiciones necesarias para llevar adelante este tipo de establecimientos es un problema que existe hace años. “No hay ninguna forma de asesorarte si no tenés una disponibilidad de recursos económicos. No hay un ente público o alguien que te pueda asesorar sobre qué cosas son las que necesitas, cómo las podés lograr”, explicó Ana Masiello. “Si realmente después de los sucesos que tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires queremos tener un mínimo de condiciones en los espacios culturales, habría un montón de caminos a recorrer para llevarlo a cabo. Pero eso no se puede lograr a partir de arbitrariedades. Un día viene un inspector y dice una cosa, otro día viene otro que dice otra cosa distinta sobre exactamente lo mismo. Eso genera que nunca puedas tener las condiciones suficientes para estar seguro de que no te van a clausurar o que no vas a tener ningún inconveniente de este tipo”, agregó López Binaghi.
La clausura a los centros culturales que brindan espacio a manifestaciones artísticas que escapan de la lógica comercial es una política frecuente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La Tribu es un lugar de encuentro, intercambio y participación. En el bar, por ejemplo, se comercializan productos de redes de economía solidaria y consumo responsable. El centro de capacitación y producción es otro espacio de construcción colectiva que entiende que la comunicación no es una técnica, sino herramientas que se construyen en la práctica, por eso organizan “talleres y encuentros sobre distintos aspectos de la producción radiofónica y la gestión de medios comunitarios para capacitarnos y poder generar los medios de comunicación que deseamos entre todos y todas”, describen. Actualmente están habilitados como café-bar, y están haciendo el trámite para ser una sala de teatro no convencional y un centro cultural.
“Hay un sistema perverso que te va rodeando por legalismos técnicos o motivos económicos donde al parecer los estados ya no tienen que apelar a una censura de tipo directa, con las cosas que no responden a los intereses o la mirada que tienen de la cultura y el mercado en la que prepondera, sobre todo, el fin de lucro y el mercantilismo como lógica de organización. Existe un modo mucho más sencillo, que es el que estamos padeciendo en la actualidad: este tipo de arbitrariedades con respecto a las clausuras, la burocracia como modo de operar del Estado, y ni hablar del incremento de tarifas sin ni siquiera consultar cuáles son las necesidades y las realidades de espacios comunitarios, de clubes de barrio, y demás”, consideró Diego Skliar, otro integrante del colectivo La Tribu. Y concluyó: “Me parece que a partir del manejo de una economía de ajuste fuerte y de una burocratización creciente y punitiva con determinados sectores, terminan por conformar la política cultural que quieren sin tener que manifestar una persecución directa a los espacios. Ahí hay una política cultural. Son cosas que el macrismo ya en la ciudad venía implementando y ahora lo estamos viviendo a nivel nacional. No podemos hablar de un modo sistemático de operar contra espacios como los nuestros, pero la sumatoria de toda esta serie de políticas termina de conformar una dificultad enorme para el funcionamiento de espacios así”.
Actualizada 29/06/2016
La mirada de Wenceslao Costa Díaz es chispeante y curiosa. Tiene barba, es casado y padre de dos hijos, pero cuando muestra sus dientes blancos su sonrisa se confunde con la de sus alumnos de sexto grado. No hace tanto estaba sentado en un pupitre de su colegio primario tratando de entender matemática, disgustado con la forma en que le enseñaban, soñando un espacio en donde alguien le ayudara a comprender de qué se trataban los números y de no sentir que lo estaban dejando afuera. En 2011 -con apenas 24 años- creó, junto a un grupo de colegas, el colectivo docente Matepública, cuyo objetivo principal es mejorar la relación de los alumnos de escuela primaria con las matemáticas, haciendo foco en el aspecto didáctico.
«Somos un grupo de docentes que invitamos a jugar con los números a pequeños matemáticos y matemáticas. Sumamos nuestras ganas de enseñar para elevar al infinito y más allá la calidad de la Escuela Pública», afirman en el encabezado del blog del colectivo. Llevan a cabo su militancia por medio de varias acciones: desde talleres extracurriculares que funcionan como refuerzo de la materia hasta encuentros de desafíos matemáticos al aire libre, dos o tres veces por año, en la que confluyen niños y docentes de distintos distritos porteños. En cada una de las actividades lo que prima es la adhesión a una pedagogía que implica enseñar partiendo del conocimiento que aportan los propios chicos.
El colectivo docente Matepública tiene como objetivo principal mejorar la relación de los alumnos de escuela primaria con las matemáticas, haciendo foco en el aspecto didáctico.
«No queremos que la enseñanza sea una bajada de línea. Las tablas ya no se enseñan de memoria. Por ejemplo, proponemos que los chicos aprendan a dividir con restas sucesivas para que entiendan el proceso y descubran por ellos mismos su funcionamiento», explica Wenceslao sentado en un café a dos cuadras de la Escuela N° 17 “Blas Parera”, de Palermo, en la que da clase desde hace cinco años. Junto con su compañera Marta García, aprovechan la hora del almuerzo para dar clases a los chicos y amigarlos con los números. «Si veo que a un estudiante no le está yendo muy bien, lo convoco al taller de una hora al mediodía. La idea es recomponer esa pelea que se tiene con la matemática. Llega un punto en que si te va mal, hasta los mismos compañeros te ponen en un lugar de ‘no saber’. En el taller recuperan la confianza y vuelven a participar en clase», agrega el docente.
Quienes forman parte de Matepública no cobran horas extra, y muchas veces ponen de su bolsillo para conseguir los materiales que se necesitan tanto en los talleres como en los festivales que realizan al aire libre. En esos casos recaudan algo de dinero a través del buffet, que lo atienden los propios padres, agradecidos con el trabajo que el colectivo docente hace con sus hijos. Los familiares también son invitados a asistir a los talleres y festivales para aprender mejores formas de explicar la materia en casa.
«La matemática te enseña a percibir la belleza del mundo. Yo no era muy bueno, y trato de que Teo me supere», cuenta Gerardo Mirkin, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Está orgulloso de que su hijo haya pasado a la siguiente ronda de las Olimpíadas Matemáticas Ñandú (OMÑA), con tres problemas resueltos sobre tres.
Otro de los objetivos de Matepública es preparar a los alumnos para que formen parte del certamen y mejoren su desempeño año a año. En 2015, once estudiantes que van a los talleres extracurriculares pudieron llegar a la instancia final, con sede en Mar del Plata. «Para muchos ir a la costa es el incentivo. Además de llegar a la final, muchos ven el mar por primera vez. De todas maneras, siempre hablamos con la familia para pedirles que no les pongan presión a los chicos, la idea no es que ganen sino que se superen a ellos mismos», aclara Wenceslao.
Quienes forman parte de Matepública no cobran horas extra, y muchas veces ponen de su bolsillo para conseguir los materiales que se necesitan.
En cada instancia, los docentes les recuerdan a los chicos que lleven puesto su guardapolvo. «Sueño con que cada vez haya más guardapolvos blancos en las rondas», comenta Wenceslao, quien además de enseñar matemáticas trata de transmitirle a sus estudiantes la importancia del acceso gratuito e irrestricto a la educación.
El último festival de Matepública se realizó el pasado sábado 25 de junio en Plaza Mafalda -Concepción Arenal y Conde-, en Colegiales. «Elegimos esta plaza porque es de las pocas que no está enrejada», explica Wenceslao desde el micrófono. Al encuentro asistieron más de cincuenta niños en edad escolar junto con sus familiares y amigos. A medida que van llegando, los organizadores los dividen en grupos y les dan un formulario para que anoten los puntos que sacan en cada desafío que implica sumar, restar, dividir y multiplicar mientras se salta a la soga, se juega al tiro al blanco, al bowling y a los dados. No hay ganadores. Luego del cierre se reparten regalos iguales para todos los participantes.
Por ahora son tres las escuelas en las que se han podido instalar los talleres extracurriculares –la 13, la 17 y la 30 del Distrito 9-, que a su vez dependen de la buena voluntad de los directores que permiten que se realice la actividad, ya que no forma parte del diseño curricular de las escuelas. Algunos directivos son reticentes a dar lugar a las clases que los docentes proponen dar en forma ad-honorem, e incluso se niegan a repartir los volantes del festival en los cuadernos de comunicaciones. Santiago Foucault, docente de Matemática de la Escuela Nº 15 del tercer distrito, confirmó a ANCCOM durante el festival que los talleres comenzarán a darse en su escuela en el próximo semestre.
El último festival de Matepública se realizó el pasado sábado 25 de junio en Plaza Mafalda -Concepción Arenal y Conde-, en Colegiales.
«¿Podés saltar la soga con esos tacos?», le pregunta bromeando Nicolás, uno de los maestros -de guardapolvo blanco-, a una de las participantes del juego. El docente da clase en la Escuela N° 13 Teodoro Roosevelt, que queda justo frente a la plaza. Le resulta difícil implementar la idea de los talleres extracurriculares como los que se dan en la 17 porque en su colegio hay jornada simple. «Es complicado sostener el proyecto porque también depende de la buena voluntad de los profesores, que no siempre pueden quedarse más horas», agrega el docente, quien sostiene que una de las mayores dificultades que enfrentan los maestros es la cantidad de alumnos por clase: veinticinco o treinta.
Los organizadores del encuentro en Plaza Mafalda son entre quince o veinte docentes que se acercan convocados por el colectivo. Entre todos se encargan de la infraestructura: la construcción y despliegue de los juegos –la mayoría están hechos a mano-, la música, los carteles, los regalos, el micrófono. Mientras los chicos van corriendo de desafío en desafío, algunos familiares conversan sentados en los bancos, otros tiran una manta sobre el césped y toman mate.
A medida que van llegando, los organizadores los dividen en grupos y les dan un formulario para que anoten los puntos que sacan en cada desafío.
Matepública es una iniciativa que responde a -y a la vez denuncia- la ausencia del gobierno porteño en materia educativa. Sobre una tela que cuelga en los alrededores de la plaza dice, en letras grandes, mayúsculas, y pintadas con témperas de colores: “Escuela pública de pie”. Se exhiben, también, varios carteles que revelan algunas de las políticas educativas llevadas adelante por el macrismo durante los últimos nueve años: “El porcentaje del presupuesto destinado a Educación pasó del 27,4 por ciento al 22,1 por ciento”, “se presupuestó la construcción de una sola escuela para el presente año”, “reducción de cursos y postítulos de formación docente”, “salarios docentes que implican pagos en negro y en cuotas, que no contemplan el porcentaje inflacionario real y que continúan achatando la escala salarial”, “las inversiones destinadas a infraestructura y mantenimiento pasaron de un 9,71% en el año 2008 a un 3,63 por ciento en el año 2016”.
A modo de cierre, Wenceslao les pide a los familiares que se reúnan con los niños para pensar qué tipo de escuela pública les gustaría tener. Quince minutos después, cada chico tomará el micrófono para compartir sus deseos: “Que aunque no tengan plata, los chicos puedan saber”, “que todas las escuelas sean públicas”, “que todos tengan los mismos derechos”, “que vayan todos los chicos”, “una escuela pública justa y linda”, “que la comida sea rica” –pidieron más de una vez-, “mejores computadoras”, “más respeto y amor”, “que haya pileta”, “buenos maestros”, “almohadones”, “que haya clases”, “que siga siendo gratis”, “que haya doctores”, “que esté limpia e iluminada”. Y entre todos los pedidos, estuvo también el reconocimiento para algunos de los maestros que llevan adelante el colectivo Matepública: “Que haya profesores buenos como la seño Paula”, “que haya más maestros como Wences y Carla”.
Los organizadores del encuentro en Plaza Mafalda son entre quince o veinte docentes que se acercan convocados por el colectivo.
Actualizada 28/06/2016
Al igual que muchos otros sectores de la economía social, cooperativas de trabajo agrupadas en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), la Federación Argentina de Cooperativas y Trabajadores Autogestionados (FACTA) y la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), entre otras, reclaman desde hace varias semanas a los Ministerios de Energía y Minería y de Trabajo por los aumentos en las tarifas de energía eléctrica, agua y gas. Según los cooperativistas, estas medidas del gobierno nacional ponen en riesgo sus fuentes de trabajo.
“Nosotros no vamos a bajar la persiana, no le vamos a dar el gusto a nadie”, sostuvo con seguridad Julio César Fuque, presidente de la cooperativa textil Kbrones, que pagaba $800 de energía eléctrica y ahora la factura ronda entre $3.500 y $4000. Kbrones fue creada en 2009 en la Unidad Penal 12 de La Plata con el fin de permitir la reinserción laboral de ex convictos, a los que luego se sumaron personas liberadas de talleres clandestinos. Situada en el barrio porteño de Barracas, hoy la cooperativa produce ropa de trabajo y está compuesta por 24 asociados. Sin embargo, entre los aumentos de tarifas e insumos y la apertura de las importaciones los ingresos han disminuido y algunos integrantes decidieron buscar otras alternativas laborales. “Nosotros los entendemos. Estaban acostumbrados a llevarse un retiro muy bueno y ahora que bajó el trabajo tiene que ser equitativo y llevarnos una monedita cada uno a casa para poder pagar la olla. Hay otros compañeros que no están acostumbrados a eso”, se lamentó Fuque.
En el caso del Hotel Bauen, la factura de luz pasó de los 24 mil a los 100 mil pesos mensuales, mientras que la de agua era de 65 mil pesos bimestrales y ahora es de 218 mil. La factura de gas todavía no llegó. Federico Tonarelli, presidente de FACTA, dice que desde el Bauen se hicieron gestiones con los directivos de AySA y, de las dos boletas que tienen, van a pagar en cuotas sólo una, a la espera de que salga alguna resolución que revoque los aumentos. Tonarelli asegura que es imposible trasladar este aumento a los precios del servicio del hotel y que los ajustes que han hecho no afectan estructuralmente su situación. Una de las medidas que han tomado fue cerrar el espacio del segundo piso donde servían el desayuno a los huéspedes y atenderlos en el bar abierto al público que da a la avenida Callao.
Las cooperativas presentaron recursos de amparo. Sin embargo, Araceli Ferreyra, diputada nacional del Frente Para la Victoria (FPV-PJ), advierte que la presentación fragmentada de recursos es “jugar con fuego”. “Si el juez no ordena a la empresa prestataria que haga una nueva facturación, vos tenés la factura y si no pagás te cortan el servicio”, advirtió Ferreyra. Respecto a la gravedad de los aumentos, la diputada señaló: “Por primera vez, un tarifazo pone en crisis la situación de la economía. (…) Es la primera vez que los empresarios no pueden trasladar un aumento a los precios por la magnitud”. Ferreyra presentó un proyecto de ley que propone la derogación del esquema tarifario sancionado por el macrismo y que el Congreso establezca nuevos criterios para un aumento del costo de servicios.
Plácido Peñarrieta es impresor y hace 14 años trabaja en la cooperativa Artes Gráficas Chilavert, empresa recuperada y autogestionada desde 2002, ubicada en Pompeya. Peñarrieta aseguró que no se puede trasladar el aumento de tarifas y de insumos al producto:“Quedamos afuera del mercado”. En la cooperativa la factura de luz era de $3.000 y aumentó a $15.000. Con el fin de achicar gastos, tomaron diversas medidas: “Ya no prendemos la luz del galpón, literalmente estamos a media luz. Tampoco damos aumentos desde enero y tuvimos que achicar gastos de terceros, como remises y fletes. Intentamos hacerlo todo nosotros, en la medida de lo posible”. También han perdido clientes. “Esto nos achica la esperanza”, dijo Peñarrieta afligido.
Restaurant La Casona, Ciudad de Buenos Aires. Foto: Archivo ANCCOM
Para Tonarelli, es fundamental no hablar de “tarifas sociales” porque algunas cooperativas como Bauen, Cerámicas FaSinPat (ex Zanón) o la Gráfica Patricios son empresas muy grandes y quedarían por fuera de ese criterio. “Lo que hay que hacer es decir que va a haber una tarifa diferencial para la industria, que muchísimas veces tiene a cooperativas de trabajo como parte del conjunto. Algunas empresas, como Zanón, son muy grandes y superan la categoría de PyMES por la cantidad de trabajadores y niveles de facturación. Entonces es imposible pensar en una tarifa social para una empresa que gasta lo que gasta Zanón en gas, por ejemplo”. Y agregó: “Lo que hay que hacer es retrotraer todo y buscar porcentajes de aumento que sean racionales y que las empresas estén en condiciones de afrontar”.
A nivel nacional se han presentado dos proyectos que pretenden resolver específicamente el problema de la suba de tarifas para las cooperativas. Por un lado, el de Myriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), propone que las cooperativas de trabajadores de fábricas o empresas recuperadas no paguen los servicios públicos por un plazo de dos años. Por su parte, Héctor Recalde, jefe del bloque de diputados del FPV-PJ, presentó otro proyecto en el que se propone establecer “tarifas diferenciales” para las cooperativas y empresas recuperadas.
Actualización 21/06/2016