Estatales y docentes con la misma bandera

Estatales y docentes con la misma bandera

“Necesitamos empleo para los desocupados, que se reabran las paritarias y se terminen los despidos”. Claudio Arévalo, vocal de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), resume los reclamos de la jornada de paro y movilización de los gremios estatales y docentes. Su columna avanza hacia el Congreso de la Nación.  Es martes al mediodía y los trabajadores nucleados en ATE, CTERA y la Federación Nacional Docente inundan el centro de la Ciudad. La protesta se replica en actos y movilizaciones en las provincias de Córdoba, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Misiones y Entre Ríos, todos con el mismo objetivo que enunció Arévalo.

“Por un presupuesto sin ajustes”, señala una de las banderas centrales de la movilización. El secretario general de ATE, Hugo “Chachorro” Godoy, defiende la medida de fuerza y subraya que “el atraso de los salarios frente a la inflación es gravísimo”. Y advierte: “En el caso de los estatales, el paro es tanto contra el gobierno nacional como contra las gobernaciones y los municipios que deben reabrir la negociación salarial y reincorporar a los despedidos”.

Los docentes cierran la marcha frente al Ministerio de Educación, con el respaldo de la CTA Autónoma de Pablo Micheli, y la CTA de los Trabajadores que lidera Hugo Yasky. Si bien comparten una misma lucha en la calle, las diferencias entre las centrales salen a la luz. Así lo afirma Nora Velázquez, de la Organización Sindical Gastronómica de la CTA Autónoma, mientras avanza en la cabecera de la marcha que, luego del habitual recorrido por la histórica Avenida de Mayo, está por llegar al Congreso, brillante ante el sol del mediodía y el reflejo de los edificios espejados. “Ellos responden a Hugo Yasky que por doce años nunca se acordó de nosotros, los trabajadores, mientras estábamos en la calle”, se queja Velázquez. La otra marcha sale desde el Congreso Nacional hasta el Palacio Pizzurno.

Sin embargo, la diferencia central es con la nueva conducción de la CGT que todavía no definió la fecha del prometido paro general y en las próximas horas mantendrá una reunión clave con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.

“Seguiremos formando hombres y mujeres libres, críticos, y socialmente responsables que construyan una sociedad más justa e igualitaria en contra de lo que quiere (Esteban) Bullrich y el gobierno de (Mauricio) Macri”, denuncia Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) de la Ciudad de Buenos Aires, en el acto central frente al Ministerio. A su vez, Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, advierte que “no se puede incumplir las leyes que este mismo Congreso votó” y agrega que seguirán marchando hasta ver las escuelas públicas en condiciones y tener cargos docentes y salarios dignos.

Los trabajadores de la salud bonaerenses, agrupados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), se unen a la marcha en el contexto de la negociación paritaria tras el rechazo de la última oferta salarial oficial. “Nosotros estamos luchando por un aumento salarial, pero además por la incorporación de los trabajadores precarizados, que ya son cerca de mil compañeros”, explica Emanuel Álvarez, secretario general gremial del Hospital Narciso López. Además de reclamar el aumento salarial, los trabajadores de la salud advierten por las pésimas condiciones de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, y subrayan la necesidad de un aumento urgente del presupuesto para el sector, en especial en el segundo y el tercer cordón del Conurbano bonaerense.

“Los hospitales están devastados, hay una crisis sanitaria que se nota en las guardias desbordadas, en la falta de insumos y medicamentos, además de profesionales, técnicos, enfermeros y personal de mantenimiento, que son todos los que sostienen un hospital para garantizar la salud de la población”, concluye Álvarez.

La marcha de estatales llega al Congreso alrededor de las 13:30 y se mezcla con algunas banderas de CTERA que habían pasado por el Ministerio. “Si no hay respuesta -sentencia Arévalo- nos van a encontrar en la calle”.

Mirá la fotogalería de ANCCOM:

 

Actualizado 28/09/2016

“Ayotzi Vive”

“Ayotzi Vive”

A dos años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes mexicanos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, de la localidad de Iguala, en el Estado de Guerrero, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de las víctimas, visitó Argentina para hacer visible el reclamo por el paradero de los normalistas. Las actividades organizada por la Asamblea de Mexicanos en Argentina se extendieron desde el jueves hasta el martes último e incluyeron charlas, manifestaciones callejeras, marchas y reuniones con referentes de organismos de derechos humanos. Las múltiples acciones buscaron dejar de manifiesto que el caso sigue impune, y que los padres y madres mantienen su reclamo al gobierno mexicano, a quien exigen se disponga a esclarecer los hechos.

La versión oficial de la desaparición de los estudiantes dice que los jóvenes habían sido atacados y detenidos por policías municipales, y luego entregados al cártel criminal y de narcotráfico Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en la ciudad contigua, llamada Cocula. Pero los familiares se niegan a aceptarla, ya que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) comprobó que la versión no era cierta, a partir de un video que registra irregularidades en la investigación. Allí pudo constatarse que Tomás Zerón, el director de la Agencia de Seguridad Criminal -encargada de investigar el caso en la estructura del Estado- estuvo en el basurero de Cocula, antes de que se encontraran allí los restos incinerados de un estudiante, sin que su presencia se consignara en el expediente. Además, el GIEI plantea que en el video se ve cómo los agentes federales impiden pasar al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que asiste a los familiares de las víctimas en la investigación, mientras se ve a  Zerón deambular en el lugar. A partir de esto, se piensa que podría haber habido pruebas implantadas en la versión oficial, y por esta razón los padres y madres de los 43 estudiantes buscan que no se abandone el caso, y luchan por la aparición de sus hijos.

cartel que dice "Mexico los desaparece"

La versión oficial de la desaparición de los estudiantes dice que los jóvenes habían sido atacados y detenidos por policías municipales, y luego entregados al cártel criminal y de narcotráfico Guerreros Unidos.

Apoyo internacional

La llamada Semana por Ayotzinapa en Buenos Aires se inició el jueves último con la participación de Cristina Bautista, la Asamblea de Mexicanos en Argentina y demás asociaciones convocantes en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora en Plaza de Mayo, una visita a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo y, por último, una “pegatina por los 43 por la calle México”, desde su cruce con Avenida La Plata. Durante esta actividad, ANCCOM dialogó con Cristina Bautista, quien expresó la importancia de que la calle que lleva el nombre de su país en la capital de la Argentina tenga el rostro de los 43 normalistas y su mensaje. Afirmó que le da fuerza saber que Buenos Aires conoce el caso Ayotzinapa “porque es importante el apoyo internacional, en especial porque ejerce presión al gobierno mexicano para esclarecer los hechos”. Por esta razón considera que fue de suma importancia su encuentro con Madres y Abuelas de Plaza de mayo, porque pudo conocer más en profundidad su experiencia, su largo recorrido, y abrigarse con su apoyo: “Me dijeron que cuando hacen la ronda de los jueves ellas siempre exigen la aparición con vida de los 43 normalistas. Me contaron su historia, y cómo empezó su fundación. Me dieron ánimo, fuerzas, para que sigamos adelante en la lucha por nuestros hijos, y también como hicieron las Abuelas a lo largo de los años por sus nietos. Yo les dije que eso vamos a hacer, porque esto no se acaba un día 26 de septiembre, esto sigue, realmente queremos llegar a la verdad». El apoyo internacional también llegó desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la semana pasada, cuando el Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) visitó la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Arsinoé Orihuela, uno de los referentes de la Asamblea de Mexicanos en Argentina que recibió a la mamá del estudiante, dijo a ANCCOM que la reunión con organizaciones de Derechos Humanos es importante para poder decirle al mundo que México está en un momento difícil donde continuamente hay desapariciones, homicidios, torturas a presos políticos y no políticos, y detenciones arbitrarias “por eso la demanda hacia el gobierno mexicano se hace extensiva hacia todas las desapariciones forzadas en México”, remarcó.

Para Orihuela, el caso de los 43 estudiantes produjo una inflexión en la historia de su país, como ocurrió en 1968 con la masacre de Tlatelolco, en la que el ejército mexicano disparó contra una multitud de estudiantes que se manifestaban en demanda de mayor libertad de expresión. Además, consideró que es fuerte simbólicamente “porque los 43 estudiantes de Ayotzinapa se trasladaban a Iguala para recaudar fondos, justamente, para poder asistir a la marcha en conmemoración por la masacre de los estudiantes de Tlatelolco del ’68”.

La Semana por Ayotzinapa en Buenos Aires se inició el jueves último . Además hubo una “pegatina por los 43 por la calle México”.

Lo que muestra Ayotzinapa

En la marcha hacia la cancillería mexicana en Argentina del último jueves, Cristina Bautista entregó a los funcionarios diplomáticos de su país un documento para pedir que se reanude la investigación que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende dar por concluida. Para Arsinoé Orihuela el caso de Ayotzinapa impactó más que otros que vienen ocurriendo a la sociedad mexicana porque concentra los peores elementos de violencia institucional como “la agresión estatal contra sectores de la población pobre y estudiantes, en un contexto de reformas privatizadoras que apuntan a abrir los mercados al exterior  (como lo es desde 1994  el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México) que perjudican a la población con menos recursos”, aseguró.

Orihuela analizó también que la desaparición de los 43 estudiantes desacredita la estrategia que propone Estados Unidos sobre la utilización de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico, ya que demuestra que parte del Estado está involucrado con aquello que dice combatir, y que la violencia se ejerció, en realidad, contra estudiantes. «El narcotráfico reemplazó al petróleo como primera fuente de ingresos en México», reflexionó Orihuela, y agregó que se utiliza la guerra contra el narcotráfico como modalidad de guerra sucia, “porque en realidad es una estrategia para eliminar por la fuerza todo lo que se considere una amenaza a lo dominante”. En ese sentido, dijo que las escuelas rurales son una “piedra en el zapato” para las medidas neoliberales que aplica el Estado, por la fuerte formación política que ejerce en sectores necesitados económicamente.

Mientras continúan difundiendo internacionalmente la desaparición de sus hijos, la lucha de Cristina Bautista y las demás madres y padres de los 43, siguen manifestándose dentro de México donde recientemente se nombró a Zerón como Secretario Técnico de Seguridad Nacional, luego de su renuncia al cargo de director de la Agencia de Seguridad Criminal. En relación a esta designación, la mamá de Benjamín Ascencio Bautista dijo: » Si en Ayotzinapa Tomás Zerón desvió las investigaciones del paradero de nuestros hijos, imagínense qué podrá hacer como persona de Seguridad Nacional. Como madres y padres de familia nosotros tenemos la tarea de salir a dar la información de lo que estamos viviendo realmente y no como lo expresa el gobierno mexicano en sus medios de comunicación”.

Mientras pegaba el rostro de su hijo y el de los demás estudiantes desaparecidos en cada esquina de la calle México, Cristina Bautistas aseguró que no se van a rendir: “Vamos a salir a difundir porque queremos la unidad y la fuerza, y que se sepa la verdad».

-«Ayotzi vive», gritaban los manifestantes por las calles del barrio de Monserrat.

-» La lucha sigue y sigue», contestaban decenas de personas el jueves, mientras pegaban las  fotos de los 43 estudiantes desaparecidos.

La madre de Benjamín Ascencio Baustista llevaba la foto de su hijo colgada del pecho. Su bandera.

Actualizado 28/09/2016

Una calle sin artistas

Una calle sin artistas

El Frente de Artistas Ambulantes Organizados (FAAO) denuncia que el Gobierno de Mauricio Macri “criminaliza al artista callejero” debido a la aplicación del protocolo de seguridad para el espacio público, ejecutado por la Policía Federal y la Policía Metropolitana, con el aval de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

El FAAO denuncia que “el personal policial acosa a los artistas callejeros en parques y plazas, los cachea como si fueran delincuentes y posteriormente les impide realizar su trabajo”, tanto en Capital Federal como en el Gran Buenos Aires. Dentro de este marco de hostilidad, Alejandro Cabrera Britos, presidente del Frente de Artistas, subrayó que “la policía está realizando actos de violencia institucional contra el artista callejero, todos ellos con el aval del Ministerio de Seguridad”.  

Foto: Archivo ANCCOM

El más grave de los hechos denunciados ocurrió en Pergamino, el 12 de febrero de este año: Brian Ismael Ardiles, malabarista callejero, fue increpado por policías e inspectores municipales, quienes lo multaron, le secuestraron sus instrumentos de trabajo, y avalados por la jueza de Faltas de Pergamino, Marcela Fátima Noé, se los destruyeron.

El Frente de Artistas denuncia hostigamientos similares en la Ciudad de Buenos Aires, donde se discute un proyecto denominado “Ley de Artistas Ambulantes”, presentado en diciembre del 2015 por la legisladora Lía Rueda del Frente Cambiemos. Según los trabajadores callejeros, la iniciativa pone en riesgo la labor de los artistas porteños, ya que detrás del objetivo de regular la modalidad, establece que “las actividades artísticas solo podrán llevarse a cabo mediante un permiso de uso del lugar público”. A su vez, fija insólitas restricciones, como la de “permitirle al artista callejero realizar un espectáculo de una hora, estipulando que luego deberá descansar por un periodo de dos horas para luego autorizarlo a retomar la actividad”, describe Cabrera Britos.

“Este proyecto es un acto de violencia institucional que criminaliza al artista callejero”, aseguran desde FAAO y denuncian que la aplicación del protocolo de seguridad para los espacios públicos “tiende a la censura de la actividad artística en la vía pública”.

Frente a los abusos y con la intención de “descomprimir la situación de creciente persecución policial”, Alejandro Cabrera Britos compiló el Manual del Artista Ambulante que incluye una serie de leyes, decretos y artículos que protegen al artista callejero ante el abuso policial y lo distribuye en Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa será reproducida en la Provincia de Buenos Aires bajo el nombre de Manual del Artista Ambulante Bonaerense. Ambas acciones son promovidas por el Frente ante la falta de respuesta a sus reclamos del Gobierno Nacional y, sobre todo, por la negativa a considerar un proyecto alternativo para el uso del espacio público presentado por los propios artistas.

 

Actualizado 28/09/2016

 

Abierto las 24 horas

La Asociación Espacios Escénicos Autónomos (ESCENA), conformada por veinte salas teatrales autogestivas de la Ciudad de Buenos Aires, realizó el pasado sábado el festival homónimo que desplegó espectáculos de teatro, danza, ópera, clown, poesía e intervenciones artísticas varias durante 24 horas ininterrumpidas. El objetivo común de esta auténtica maratón artística fue demostrar la resistencia de la agrupación ante las dificultades políticas y económicas que deben enfrentar sus espacios. Desde su creación, en 2006, el colectivo defiende a sus salas de las constantes amenazas de clausura y este año, además,   afronta los tarifazos de los servicios de luz y agua que ponen en serio riesgo la continuidad de sus actividades.

El Festival constó de tres momentos: “Dar sala”, “Trasnochada” y “Calle”. En el primero, las funciones se desarrollaron en un circuito formado por cinco sedes: Machado, Habitar Gómez, Silencio de Negras, Casa Temenos y Oeste Usina Cultural. Cada una de estas salas exhibió obras propias y de los demás espacios que integran el colectivo ESCENA. De esta forma, se sucedieron sin parar hasta la medianoche, con precios accesibles y a sala llena, piezas de teatro, performance, danza y ópera. Luego, el festival continuó en la “Trasnochada”, que tuvo lugar en El Piso Teatro, donde hasta el amanecer un “escenario caliente” de varieté fue protagonizado por espectáculos de clown, poesía, improvisación, danza, performances e intervenciones. Finalmente, el domingo hubo murga, música en vivo y otras actividades artísticas diversas en el corte de las calles Hidalgo y Díaz Vélez, en el barrio de Caballito.

dos músicos tocando en la calle

El momento «Calle», con la banda Vértigo López.

 

Los espacios que sostienen el Festival Escena ofrecen la oportunidad de inmiscuirse en un mundo artístico no convencional: el del arte independiente. Ante todo, aquí se desarrolla una lógica autogestiva, horizontal y sin fines de lucro, que favorece la emergencia de obras distintas a las que responden a intereses comerciales e institucionales. “Es un honor para nosotros trabajar acá porque se ponen en juego valores compartidos desde el punto de vista poético e ideológico”, señala Sandy Gutkowski, representante del espacio Ventanas y directora de la obra Cupido.net, una de las que se presentó en el Festival.

Los escenarios del colectivo pueden encontrarse en casonas antiguas, terrazas o galpones adaptados a tal fin. Se trata de espacios pequeños -con capacidades que varían entre 30 y 60 localidades- que permiten generar un clima íntimo entre la obra y el público. Eduardo Pérez Winter, director del espacio Silencio de Negras, afirma: “Lo que hacemos está cerca: se puede ver, tocar y transitar”. En tanto Lailén Álvarez, que participó del Festival como asistente de dirección y actriz de Cupido.net, sostiene: “En el teatro independiente, a diferencia del comercial, se entabla un espacio de comunicación con el público”. A esta interpelación, se suma la calidez que describe Analía Slonimsky, integrante de la comisión organizativa del Festival: «Las salas son espacios a los que nosotros asistimos diariamente a trabajar. En cualquiera de ellas te vas a sentir como en casa, porque es lo que son: casas teatrales». Allí no sólo se presentan obras, muchos artistas también se forman. “Constituyen espacios de investigación y de lo emergente. Funcionan como la cocina de grandes artistas”, agrega.

Los espacios que sostienen el Festival Escena ofrecen la oportunidad de inmiscuirse en un mundo artístico no convencional: el del arte independiente, donde según sus protagonistas, se trabaja a pulmón».

 Esta posibilidad de la experimentación es valorada también por Germán Ivancic, director escénico de la ópera Cendrillon, otra de las obras que participó en el festival: “En estos espacios se les da lugar a proyectos de distinta índole, que arriesgan en sus búsquedas”. A su vez, Juan Pablo Llobet Vallejos, pianista y coordinador musical de la misma obra, afirma que esto hace que el Festival Escena sea muy distinto a otros en su oferta: “Aquí pueden verse abordajes que en otros lugares no encontrarías, maneras de hacer que toman una postura frente a los textos y la música, y que consideran lo que siente el espectador”.

Los responsables de estos espacios intentan dar a conocer su trabajo y mostrar que lo que ofrecen es un bien cultural; un servicio a la comunidad que no puede ser abandonado a las leyes del mercado. No obstante, frente a los problemas que los aquejan, no suelen recibir apoyos estatales. Diego Rodríguez, Director Artístico de Machado Teatro, expresa su preocupación: “Tuvimos un incremento de 300% en la tarifa de luz y la cifra superó un 500% en el caso del agua, cuyo consumo en una sala teatral es mínimo: se emplea sólo para la limpieza y el uso de los baños. No podemos pagar según el tamaño de la superficie. Necesitamos una tarifa diferenciada para la cultura”.

“En el teatro independiente, a diferencia del comercial, se entabla un espacio de comunicación con el público”.

Las subas excesivas de los servicios no son el único problema que afronta ESCENA: “Todos nuestros espacios -subraya Pérez Winter- están en regla y son seguros. Aun habiendo legislaciones específicas que nos protegen, recibimos inspecciones que desconocen la ley o la interpretan de forma arbitraria y nos clausuran injustamente”. Antes de empezar cada función del Festival, Rodríguez le cuenta al público la situación de Machado Teatro: “Hace años inicié el trámite de habilitación y al día de hoy sigo sin obtenerla de manera definitiva”. Slonimsky sintetiza el reclamo: “Nosotros no somos improvisados, tenemos mucha trayectoria y responsabilidad. Queremos trabajar tranquilos. Necesitamos que nos den la habilitación definitiva de nuestros espacios y que el Estado entienda que nuestro trabajo es genuino y que es parte del quehacer cultural de la Ciudad de Buenos Aires”.

  Una nueva edición del Festival se ha ido, pero el colectivo artístico que lo organizó continúa en plena resistencia de la estrangulación de sus salas, llevando a cabo lo más vital que tienen: su arte. “El Festival es una invitación a contactarse con lo que sucede todo el año en los veinte espacios que lo integran: nuestras obras, nuestros cursos y muchas otras actividades que siguen esta forma autogestiva de producción”, invita Pérez Winter. Respecto a los peligros que acechan su supervivencia, Gutkowski afirma: “Aquí estaremos presentes de pie y con la luz encendida en todas las salas. Ninguna amenaza nos va a apagar”.

 

Actualizado 28/09/2016

 

¿Urbanización o lavado de cara?

¿Urbanización o lavado de cara?

El pasado 8 de septiembre fue aprobado el proyecto de ley para comenzar la urbanización de la Villa 20 de Lugano. Con 55 votos a favor, la Legislatura porteña dio curso positivo al programa presentado por el Gobierno de la Ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, y dejó sin efecto los concursos de anteproyectos de viviendas sociales realizados durante la gestión de Mauricio Macri, en 2015.

En su momento, aquellos concursos habían sido divididos en cuatro etapas para las que se dictaron partidas presupuestarias –correspondientes a los presupuestos del 2014 y 2015- por orden de un fallo de la justicia porteña. Pero en junio de este año, la nueva gestión de la Ciudad informó la suspensión de las etapas tres y cuatro y solo se limitó a pagar los premios de los ganadores de las dos primeras –el estudio Bares y los arquitectos Matías Beccar Varela y Miguel Altuna- que recibieron una suma de casi un millón de pesos. Un mes después, la legisladora porteña por la Coalición Cívica, Paula Oliveto, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo haga públicos los motivos de la suspensión de los concursos.

El Gobierno de la ciudad descartó así los proyectos ganadores y propuso encarar la urbanización desde cero. El nuevo proyecto urbanístico elegido está basado en un diseño presentado por los arquitectos Beatriz Pedro y Miguel Estrella y según trascendió costará unos 730 millones de pesos. Para financiarlo, el Gobierno pedirá créditos al Banco Interamericano de Desarrollo y realizará fideicomisos en el ex Parque de la Ciudad, donde también se está construyendo la Villa Olímpica para los Juegos de la Juventud, en 2018. Para ello, planea vender  unas 36 hectáreas de tierras públicas al sector privados a través de la Corporación Buenos Aires Sur.

Pintando la fachada

El proyecto de ley diseñado por el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta no entrará en vigencia hasta tanto no se realice -este viernes- una Audiencia Pública con los vecinos y referentes villeros, instancia imprescindible para la aprobación definitiva. Tras el dictamen de la Legislatura vecinos del barrio, legisladores y diputados porteños expresaron sus dudas al respecto. “El macrismo utiliza la construcción de viviendas con un afán de exterioridad, pero urbanísticamente actuarán como pantalla. Ellos entienden que urbanizar es hacer pequeñas intervenciones periféricas y puntuales, como la construcción de canchitas de futbol o plazoletas. Acciones que mejoran el barrio, pero no cambian el problema de base, que es la calidad de vida y el acceso a la vivienda”, opinó Javier Gentilini, politólogo y diputado porteño por el Frente Renovador.

El programa propone la creación de una Mesa de Gestión Participativa (MPG), mediante la cual se busca garantizar la participación de los vecinos del barrio en las decisiones y etapas del proceso. El MPG estará integrado por representantes del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (SSHI), delegados barriales y vecinos.

Diosnel Pérez, vecino del barrio hace más de veinte años, dijo que la aprobación del proyecto en principio es positiva, pero que no quieren adelantarse hasta no ver hechos concretos: “Yo festejé hace once años la sanción de la ley 1.770 –que ordenaba al Gobierno porteño urbanizar la villa-  y nunca se cumplió, los vecinos no estamos seguros de que los funcionarios cumplan lo acordado, las cosas que el Gobierno ha hecho siempre fueron a medias, como el caso de la pavimentación, lo que hicieron fue poner pequeños parches de hormigón en lugar de asfaltar en su totalidad el largo de la calle, por eso ahora vamos a estar atentos a los pasos que den.”

Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Patricio del Corro expresó que su bloque votó el proyecto desde una posición crítica. “Con el proyecto se dan dos discusiones que van de la mano: la urbanización del barrio por un lado y la construcción de la Villa Olímpica, por el otro. Nosotros creemos que las viviendas y modificaciones que se harán serán sobre los márgenes del predio, como una suerte de pantalla para el afuera. Buscan mostrar una falsa realidad al mundo, pero en el interior del barrio las cosas no serán modificadas”.

¿Por qué ahora?

La urbanización de la villa 20 es ley desde hace once años. Fue sancionada el 11 de agosto del 2005 y en aquel entonces fijó un plazo de treinta días al IVC para la realización de un censo que determinará la cantidad necesaria de viviendas que debían ser construidas, plazo que no fue cumplido. En el año 2006 la ley tuvo una modificación que determinó un nuevo plazo de treinta días al IVC, pero tampoco se cumplió. En  2014, el Barrio Papa Francisco, predio ubicado en entre las calles Pola y Avenida Cruz, fue tomado por unas 700 familias. El desalojo fue brutal, efectivos de la Gendarmería Nacional y la Policía Metropolitana arrasaron con topadoras las improvisadas construcciones. Frente a esto, la jueza del fuero Contencioso Administrativo y Tributario federal, Elena Liberatori, ordenó la inmediata urbanización del barrio, fijando la fecha límite para diciembre de 2015. A dos años del último fallo, el gobierno porteño promete urbanizar la villa para el 2020.

En junio de este año, funcionarios del IVC realizaron finalmente el censo poblacional en la Villa 20 y aunque todavía no fueron publicados los resultados definitivos, se habla de un estimativo de 60.000 personas residentes en el barrio. Frente a este número, el Gobierno propone realizar un total de 1.600 viviendas para el 2020. El proyecto se llevaría a cabo en dos etapas, la primera comenzaría en octubre de este año con el llamado a licitación para la construcción de 552 viviendas a realizarse en tres bloques de 184 casas cada uno, las mismas serían edificadas en los terrenos del barrio “Papa Francisco” que se encuentra en los márgenes de la Villa. Esta primera etapa se encontraría terminada para mediados del 2018, en cuanto a las 1048 viviendas restantes su construcción comenzaría en el 2019.

Otro de los ejes del proyecto radica en el trazado de calles y su integración al circuito formal de la ciudad. En este sentido, una de las primeras medidas sería la de extender el recorrido de las calles Chilaver y Araujo y Corvalán para que desemboquen sobre la Avenida Fernández de la Cruz. Sobre este punto existen denuncias y dudas en los vecinos del barrio, dado que para realizar la prolongación de las mencionadas calles es necesario demoler más de 70 viviendas de dos o tres pisos cada una. “A aquellas familias afectadas por el trazado de calles, les dijeron que se les otorgarían nuevas viviendas en otra parte del barrio, pero por el momento no brindaron información acerca de cuándo ni dónde sería esa reubicación. Algunos vecinos denunciaron que funcionarios del Gobierno les ofrecieron una especie de “subsidio” por un tiempo para poder mudarse a otro lugar. A muchas compañeras bolivianas y peruanas les han dicho que si no aceptan irse de sus casas, podrían deportarlas”, denunciaron Susana Atahuchi y Victoria Vacaflor, vecinas y referentes de la corriente Villera y del colectivo La Dignidad.

Eric Campuzango,  responsable del área de la Secretaría de Tierra y Vivienda de la Junta Vecinal y militante del PRO, niega las denuncias y dice que las familias afectadas por el trazado de calles serán reubicadas en nuevas viviendas que se harán en una construcción paralela que ya cuenta con presupuesto aprobado. “Lo que sucede es que en su mayoría los vecinos no quieren acceder al cambio de su vivienda por un departamento porque en algunos casos son dueños de tres o más pisos que subalquilan a otros y no quieren perder ese negocio, como tampoco resignar metros cuadrados. Hay mucho egoísmo entre los vecinos. Lo cierto es que es fundamental empezar con las obras lo más rápido posible, para no perder el presupuesto de este año”, dijo Campuzango.

Julia Mamani y Armando Champi, vecinos del barrio cuentan que fueron muchas las promesas de urbanización y muchos los funcionarios que las hicieron, pero que ahora es distinto porque hay otros intereses detrás: “Esto empezó hace unos meses cuando representantes de la IVC vinieron a la villa a decirnos que se iba a urbanizar el barrio, que era necesario hacerlo para poder construir la Villa Olímpica. Nosotros queremos que se urbanice la villa, por el futuro de nuestros hijos, para que puedan conseguir trabajo cuando salen a buscarlo y que no se los discrimine más por su lugar de origen. Queremos pagar los servicios como cualquier persona y tener los mismos derechos que las personas que viven afuera de la villa”.

 

Actualizada 22/09/2016

 

 

Julio López: diez años de ausencia

Julio López: diez años de ausencia

Una buena cantidad de engrudo sobre la pared descascarada de Pringles 1100. Una hoja, y otra repasada de pegamento para fijar el papel. “Está en blanco porque quiero representar lo que no está… ¿Cómo se dice?” –pregunta un niño al observador de su obra– “Sí, eso. La ausencia”.

***

Jorge Julio López no está, desapareció. Por segunda vez, nos falta. Así como también faltan las explicaciones sobre su ausencia. El 18 de septiembre de 2006, la boina azul, la campera bordó y los zapatos que lo habían acompañado en las audiencias previas, quedaron preparados en una silla de su casa. El albañil de Los Hornos, que estuvo secuestrado durante la última dictadura en los centros clandestinos Destacamento Policial de Arana –“Pozo de Arana”– y Comisaría Quinta de la Plata, debía presenciar los alegatos de los querellantes en el juicio en el que testificó contra Miguel Osvaldo Etchecolatz y otros genocidas al mando de esos espacios de tortura y exterminio. Sin embargo, nunca llegó. A diez años de aquella mañana, aún no se sabe qué pasó con él, dónde está.

Este sábado, la pared descascarada que limita con la escuela Rosario Vera Peñaloza, en el barrio porteño de Almagro, fue el punto de encuentro de alumnos de primaria y sus familias. Para recordar la ausencia de Jorge Julio López, y mantener vivo el reclamo de memoria, verdad y justicia por su desaparición, la cooperadora y la comisión de padres de la escuela decidieron sumarse a la propuesta del fotógrafo Gerardo Dell’Oro: A pegar por López. La iniciativa consistió en poner en común una carpeta, que circuló por internet, con fotografías de López en distintos tamaños, para que cada persona pudiera descargar, imprimir, y pegar en la vía pública. “La idea era, a 10 años de la desaparición de López, visibilizar su ausencia. Visibilizar al testigo desaparecido, ya que con él se pierde mucha de la información que tenía. Hay policías que están en actividad, y él los estaba denunciando. Lo que yo quería, entonces, era rescatar su figura como testigo. De las cinco fotos que subí, en las tres que están a color, López tiene puesto el característico buzo bordó con el que iba a declarar”, dijo a ANCCOM Dell’Oro, integrante de la comisión de padres de la escuela a la que asiste Ciro, su hijo.

Mientras los más chiquitos dibujaban sentados en la vereda de la calle Pringles, algunos padres sacaban con espátulas las imperfecciones de la pared para alisar la superficie. Dell’Oro, sobre el piso, organizaba las distintas piezas que formarían las dos grandes fotografías que se pegarían a modo de rompecabezas. En la primera, de Rafael  Yohai, López está levantando su mano derecha en la declaración del juicio a Etchecolatz en 2006. La segunda, de Helen Zout, es una fotografía en blanco y negro del rostro de López con los ojos cerrados: “Es un ícono, por esa cosa premonitoria que tuvo. Ahí, todos los que lo conocimos, lo vemos absolutamente. Él sabía muchas cosas, tenía mucha información, mucha memoria. Y, además, quería que todo eso se sepa. Entonces eso es lo que representa esa foto, donde está relatando su historia”, expresó Dell’Oro. En menor tamaño, también pegaron en la pared otras tres fotografías. La más vieja, en la que López posa para Dell’Oro, es del 99: “Es del día en que declaró en el juicio por la verdad”, aclaró el fotógrafo. “Él era uno de los testigos que estaban citados. Seguían más para testificar, pero ante la contundencia de su declaración, y de toda la información que tenía, el Tribunal decidió hacer un cuarto intermedio en las audiencias para ir a hacer una recorrida por la zona de Arana, que es donde él estuvo secuestrado, para tratar de ubicar los lugares detallados por López”, agregó. Las otras dos fotografías, de Horacio Paone y Gustavo Calotti, son de inspecciones oculares que permitieron comprobar que la memoria del “Viejo” –como le decían sus compañeros– permanecía intacta a pesar de los años.

Con el balde rojo lleno de engrudo, Dell’Oro subió a la escalera y dio comienzo a la intervención. Después de él, otros padres, con paciencia, hicieron coincidir una a una el resto de las piezas que formaron la fotografía de Yohai. Sobre ella, la leyenda: “Desaparecido en democracia. 10 años sin Jorge Julio López”. Dejando la brocha a un lado, la presidenta de la cooperadora metió sus manos en el balde y distribuyó cuidadosamente el engrudo aplastando el afiche con sus dedos. Mientras, la madre que se encargó de difundir la propuesta de Gerardo en la escuela, aprovechó el pegamento sobrante del pincel para repasar algunas puntas despegadas de los afiches que pusieron el 24 de marzo. “La idea más que nada es acercar la comunidad a la escuela, tratando de que la gente se involucre más desde el compromiso. Cada vez se suma más gente. Para el 24 de marzo pegamos estas fotografías. También habíamos pegado dibujos de los chicos, pero los sacaron. Si bien la convocatoria fue con poco tiempo de anticipación, fue masivo el acercamiento de la gente”, explicó Analía Kanzepolski. Y agregó: “La de Gerardo nos pareció una iniciativa muy linda. Es una propuesta familiar, y me parece que esto de venir a la escuela, apropiarse de lo público, y que después los chicos vean lo que pegaron es una buena experiencia para ellos. Les explicamos que era un sobreviviente de la dictadura,  y que cuando fue a declarar desapareció en democracia. Les dijimos que es un caso particular, bastante callado por los medios, en el que nunca se supo nada”. Julio Colantoni, también miembro de la comisión de padres, consideró que la importancia de la iniciativa es reforzar la idea sobre las cosas que tienen que cambiar: “Lo que se denuncia es la no resolución de problemas tan delicados. Que una persona desaparezca en democracia, que no se sepa dónde está, que desaparezca en una situación en la que iba a denunciar a un genocida para que lo juzguen como corresponda.” dijo Colantoni, sin necesidad de completar la frase.

La comisión de padres de Rosario Vera Peñaloza se formó a principios de 2015 para hacer frente a la inoperancia del Gobierno de la Ciudad. “Teníamos filtraciones históricas en la terraza, y veníamos hace muchos años pidiendo que se arreglen. Finalmente, se juntaron firmas y se pudo lograr una licitación para que una empresa lleve a cabo la obra. Había problemas con la electricidad y aulas que estaban imposibles de usar por las goteras que caían directamente donde estaban los chicos. Entonces se generó una comisión de padres con el foco bien puesto en la obra”, comentó Mariana Bianchi, madre de la comisión. “Finalmente se llevó a cabo la obra, pero no de manera satisfactoria, porque con la primera lluvia volvieron las goteras, y las constantes fricciones con el Gobierno de la Ciudad. A tal punto que, agotadas las instancias por falta de respuestas, se inició una demanda judicial al Ejecutivo que todavía está en proceso. Le pedimos a la justicia que bregue por las buenas condiciones de los chicos, porque estudiar es un derecho constitucional y tuvimos momentos en los que no quedó otra que suspender las clases”, agregó Bianchi.

Testigo

Mientras la segunda fotografía fue tomando forma y comenzó a definirse el rostro de López con los ojos cerrados, los chicos empezaron a pegar sus dibujos. Al lado de la hoja en blanco representando la ausencia de López, la silueta de una pequeña mano con la leyenda “Justicia por Julio López. Queremos saber la verdad” también capturó la atención: “Veo que algunos chicos saben más de lo que yo pensaba. Lo veo en los dibujos. No sé, yo un poco esto lo hice pensando en mis hijos, o en los chicos que tienen la edad de mis hijos que eran muy pequeños cuando esto sucedió”, reflexionó Dell’Oro.

Para Gerardo Dell’Oro, López es el albañil desaparecido en democracia que nos sigue doliendo y al que debemos buena parte de la información que permitió condenar a Etchecolatz y reconstruir varias de las piezas faltantes en la historia argentina de aquellos años. Pero para él es bastante más que eso. Es la persona que vio con vida por última vez a Mariana Dell’Oro y a Ambrosio De Marco, hermana y cuñado del fotógrafo.

Jorge Julio López vivía en Los Hornos. En ese barrio de La Plata, un grupo de jóvenes había armado la unidad básica en la que militaban Patricia y Ambrosio. “López en ese momento tenía cuarenta y pico, era un tipo grande que se acercaba como vecino a participar. Uno de los compañeros de la unidad básica que estuvo exiliado, regresó al país. Mi familia y yo lo conocíamos desde aquella época, y mantuvimos relación a lo largo de los años. A su vuelta, Pastor –así se llamaba– se reencontró  casualmente con López mientras hacía un arreglo en la casa de un conocido, ya que él era albañil. Fue un encuentro muy fuerte entre ellos, porque López no sabía quién había quedado vivo y quién no”, recordó Dell’Oro. “Pastor era una persona a la que yo podía recurrir cuando quería saber algo de mi hermana. Era alguien que tenía la misma edad, la misma ideología, habían militado juntos, y podía saber cosas de ella que en el ámbito familiar yo no podía preguntar. Y bueno, con los tiempos que tuve para acercarme a él y hablar sobre todo esto, porque yo tampoco tenía muy claro qué es lo que quería saber, me acerqué a Pastor y me comentó sobre la existencia de una persona que había estado secuestrada junto a Patricia y era testigo de su asesinato. Esa persona era Jorge Julio López”, continuó su relato.

Tiempo después, Gerardo Dell’Oro estuvo preparado para enfrentarse a la verdad. “Yo necesitaba terminar con la desaparición. Un relato que no es agradable, pero que es necesario. López me compartió lo que sabía, lo que él había vivido, y me contó la situación en que mataron a mi hermana y a mi cuñado. Un poco eso era lo que yo iba a escuchar. Pero lo que yo no esperaba era que él me hable de lo que Patricia pensaba y sentía en ese momento, lo que ella dijo minutos antes de su muerte: ‘No me maten, quiero criar a mi hija’”, contó Dell’Oro. Cuando Patricia y Ambrosio fueron secuestrados, su hija solo tenía 25 días. “Entonces, la imagen de ella como madre no era muy conocida, muy vista en la familia. Esas palabras de López fueron como un relato/regalo inesperado. La hija de Patricia, que vivió con nosotros, tenía a la madre y al padre desaparecidos. Ella y sus padres eran como cosas siempre separadas. De hecho, no había una foto de ellos juntos. Pero bueno, el relato de López lo que hace es unirlos, de alguna forma. Metafóricamente, lo que hace es juntarlos en ese deseo de Patricia de ser madre, de seguir siendo madre”, recordó con tristeza el fotógrafo.

Jorge Julio López fue secuestrado en octubre de 1976 y tiempo después pasó a disposición del Poder Ejecutivo: “En el 79 queda libre, vuelve a la casa. Pero, en el ámbito familiar, él no tenía muchas posibilidades de hablar de esto. Estuvo muy solo, no tenía contención. En el 79, en el medio de la dictadura, los sobrevivientes eran muy mal vistos, se sospechaba de ellos, contaban cosas que nadie quería escuchar, ni nadie podía creer. Pero bueno, su persistencia fue fundamental. Si todos hubieran olvidado lo que les pasó para poder vivir no existiría ni memoria, ni verdad, ni justicia”, consideró Dell’Oro, agradeciendo principalmente a la Asociación Ex Detenidos Desparecidos.

En 2006, anuladas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el relato que López compartió con la familia Dell’Oro a inicios de los noventa, y en los juicios por la verdad en 1999, sirvió como declaración para reconstruir parte de lo sucedido en los centros clandestinos en los que estuvo detenido, y para comprobar la culpabilidad de Etchecolatz y el resto de los genocidas que participaron de los operativos. “Ese primer juicio de 2006, que además de aportar verdad y memoria aportaba justicia, concluiría con la condena de los responsables. Pero eso que tenía que ser una fiesta, se transformó en la desaparición de López de la forma más perversa que podría haber, que es la mismísima desaparición, los mismos métodos de la dictadura. No sé bien qué sucedió con él, pero desapareció por lo que dijo, por lo que podía seguir diciendo, y por los juicios que en ese momento estaban empezando”, denunció Dell’Oro.

Patricia y Ambrosio fueron brutalmente asesinados en la clandestinidad. López continúa desaparecido, por segunda vez. Miles de familias aún buscan a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos. Sin embargo, en agosto, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata otorgó el beneficio de prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz por razones de salud, aunque no se hará efectiva porque actualmente está siendo juzgado en otras causas que están en etapa de instrucción. “Me parecen una barbaridad los políticos aliados a este gobierno que piden justicia por gente como Etchecolatz. Porque serán ancianos, estarán presos, pero están cometiendo el delito de desaparición hoy. Todos los desaparecidos de los que Etchecolatz es responsable están desaparecidos hoy, y no se tiene ni verdad ni justicia sobre lo que pasó. Él tiene información que aportar. Hay abuelas que buscan a sus nietos y hay alguien que sabe dónde están. Y mientras sepa dónde están y no lo diga, está cometiendo un delito de lesa humanidad que es el de sustitución de identidad. Lo está cometiendo hoy, es un delito que no prescribe. Entonces no son cuestiones humanitarias. La verdadera justicia sería que digan lo que saben”, concluyó el fotógrafo.
Actualizado 20/09/2016