Sep 16, 2015 | destacadas
Mercado Negro es una iniciativa que propone reunir a «editoriales independientes, cooperativas gráficas, revistas autogestivas y emprendimientos culturales». El sábado 12 de septiembre realizó la segunda feria bajo el lema «En libertad» y convocó específicamente a las editoriales que trabajan con obras producidas en contextos de encierro.
El nombre de Mercado Negro «surge a partir de una cita a (Gilles) Deleuze», explica Lucía Buceta, coordinadora del área de Letras del ECuNHi. «En los ’90, le hacen una entrevista y le preguntan si cree que hay una salida posible para la situación a la que estaba sometida la literatura de ese momento, que era una literatura totalmente mercantilizada. Él responde que la única salida es el ‘mercado negro'».
La idea de la feria surge, según Buceta, «como un canal de comercialización y de intercambio» ya que «el Estado es muy eficiente al momento de prestar fondos o brindar capacitaciones para emprendedores», pero «vemos que lo que falta son canales de comercialización. Los emprendedores pueden producir, tienen dinero, máquinas, capacitaciones, pero al momento de la comercialización y distribución de lo que ellos hacen, faltan canales de venta».
«Vemos que lo que falta son canales de comercialización. Los emprendedores pueden producir, tienen dinero, máquinas, capacitaciones, pero al momento de la comercialización y distribución de lo que ellos hacen, faltan canales de venta», cuenta Lucía Buceta, coordinadora del área de Letras del ECuNHi.
Con la idea de «poner en jaque estas categorías que pone el mercado sobre quién es autor, qué es literatura y qué no», la coordinadora del evento subraya que el ECuNHi «apoya ese pasaje de lo individual a lo colectivo y el trabajo de esas editoriales que entienden a la comunicación y a la cultura como un derecho y un bien social».
«Esta feria es la trampa que le queremos tender al capitalismo salvaje. Estas editoriales no solamente disputan espacios en la arena simbólica y el imaginario: también disputan un espacio en el mercado».
La feria, que contó con más de 50 expositores, abrió con un show a cargo del músico Lucho Guedes, Luego se desarrollaron una serie de talleres y mesas de debate sobre escritura, narración y la comunicación en contextos de encierro.
«Contextos de encierro» no se refiere solamente a cárceles. La Asociación Civil Cooperanza, por ejemplo, es un colectivo social autogestivo que lleva 30 años trabajando en el Hospital Borda, haciendo talleres literarios, de juegos, de música y de plástica y se presenta como «una alternativa al modelo manicomial».
«Todos los años editamos un libro de poesías que es el resultado de la producción conjunta del taller de plástica y el literario. Es un volúmen artesanal, armado íntegramente en el taller», explica Valeria, de Cooperanza. Según ella, en los talleres se trata de «generar un espacio de encuentro donde sucedan cosas en un lugar como el manicomio, donde no sucede nada. En un lugar donde te regulan cada horario del día, cada una de las actividades Cada día es igual al anterior y al que va a venir. Es un espacio que aplasta la identidad de los sujetos».
Luego de cada taller, realizan una asamblea para compartir las producciones: «Es un espacio donde circula el micrófono y cada uno puede expresar lo que sucedió esa semana. No trabajamos individualmente sino que trabajamos la grupalidad».
Y, ¿cómo es «la poesía de los locos»? «Esa poesía es muy de adentro. Tanto tiempo de soledad y de encierro debe mover otras cosas que estando afuera no se mueven -indica Valeria-. Al ser un hospital de hombres, en la poesía hay mucha referencia a la mujer, al amor que no se puede concretar porque estás encerrado en un hospital, a esos amigos y familia que ya no ves. Hablan de los temas básicos de la vida».
La cooperativa Elba edita una revista con los textos de las mujeres de la unidad 31 de Ezeiza, junto a los jóvenes adultos de la unidad 24, 26 y el Centro de Rehabilitación de Drogadependencia de Marcos Paz.
Los libros del puesto de la Asociación La Cooperanza, colectivo social autogestivo que lleva 30 años trabajando en el Hospital Borda.
«Lo que trabajamos en los talleres se recopila y sale un número que siempre tiene algún eje temático. Estamos en vías de producción del noveno número, cuyo eje seguramente sea ‘la identidad'», apunta Dana, miembro de Elba. El proyecto ya lleva seis años, aunque formalmente se constituyó como cooperativa recién el año pasado.
«Cuando alguien cae preso, lo primero que se le quita es la palabra. Pierde la voz. Lo que hacemos es visibilizar a esos individuos y devolverselas. Mostramos que existen, que piensan, que sienten, que son personas. Una vez que caen ahí, la sociedad los invisibiliza y, en un segundo plano, los estigmatiza», subraya Dana. «La escritura, aparte de servir para recuperar la voz, tiene un poder muy transformador sobre la vida de las personas: rompe con los estereotipos que se generan sobre los que están en una cárcel».
El objetivo es «llevar la palabra de los que están en la cárcel a los barrios» ya que «para ellos es poderosísimo cuando toman conciencia de que algo que escribieron se lee en algún evento o cuando ven la revista ya publicada y se la pueden dar a sus padres o a sus hijos», señala Dana y agrega: «Los textos están escritos en un formato muy informal, no deja de estar esa característica tumbera de lo que relatan. Son bastante más crudos. Pero también hay muchos que son muy tiernos: la referente del taller de la 31 es Silvina Prieto, la ganadora de Crónicas ‘La Voluntad’, un concurso de la Revista Anfibia, y ella es una poeta de la ostia. Se encuentran publicaciones y textos muy reales que hablan de las vivencias que atraviesan las personas que están privadas de la libertad».
«Nadie conoce mejor que el arma a quien está dispuesto a dispararla», reza la presentación del libro que cuenta con una serie de textos de internos y policías, a partir de un taller de teatro que da Marcos Perearnau».
Los textos que se escriben dentro de las cárceles no se encierran siempre en géneros tradicionales. El volumen uno de Las armas es un trabajo realizado por los internos del penal de San Martín “donde hacían narrar el arma en primera persona», según cuenta Matías Luque, director de la editorial Libretto. «Nadie conoce mejor que el arma a quien está dispuesto a dispararla», reza la presentación del libro que cuenta con una serie de textos de internos y policías, a partir de un taller de teatro que da Marcos Perearnau, también de Libretto. La editorial, que publica textos teatrales, hará un segundo volumen el próximo año. «Lo que hacían los chicos era narrar un determinado hecho utilizando el arma como primera persona. El arma es la que narra».
La revista «Tiempo de cambio», a su vez, se edita en el marco de los talleres del programa Centros de Actividades Juveniles (CAJ) del Ministerio de Educación. Nacho, uno de los talleristas que trabaja desde hace dos años en la unidad 21 de Campana, menciona que hicieron «fanzines. “Ya tenemos cinco publicados, además de un cuaderno de actividades para nenes de la escuela, con serigrafía y stencil, y un DVD, con un documental, un programa de radio y la revista digital».
El puesto del programa Centros de Actividades Juveniles (CAJ) del Ministerio de Educación.
La idea de los CAJ, dice Nacho, es «reinsertar a los chicos en el sistema educativo alejado del formato de escuela tradicional». «Nosotros funcionamos dentro de la escuela de la unidad 21 y es una forma de incluir a los que no pueden ir. Trabajamos la autovaloración y la creatividad colectiva. La revista termina siendo una excusa para compartir. No hay violencia en los ámbitos de los talleres, no se manejan los mismos códigos que en el pabellón».
Según Nacho, «los que estamos afuera vemos que las cárceles y los presos son el mal de toda la sociedad. Pero nadie les pregunta y los presos nunca pueden hablar. La revista tiene una función para el afuera, para contar que hay cosas positivas, y hacia el adentro, incentivar a que los mismos pibes en los pabellones le muestren la revista a los otros y los inviten a participar. No somos tan ilusos de pensar que con una revistita vamos a cambiar el servicio penitenciario. Pero en ese momento, que son tres horas, ellos pueden salir. Y poder salir, para un preso, no es poco».
Actualización 15/09/2015
Sep 2, 2015 | Entrevistas
Multifacético, Julián Axat fue defensor penal juvenil de La Plata, poeta y militante de HIJOS. El año pasado, en la causa por «La Cacha», el centro clandestino de detención de La Plata en el que fueron desaparecidos sus padres, declaró que «hubiera querido defenderlos, ser esa defensa que ellos no tuvieron”. Ahora es el coordinador del Programa de Acceso a la Justicia o «Atajo», del Ministerio Público Fiscal. Lejos de cualquier imaginario que se pueda tener sobre el sistema judicial o sobre los fiscales, las palabras que más resuenan en su boca son territorio, barrio y villa. «El Ministerio Público tiene que aportar herramientas de prevención social, no debe llegar cuando el delito ya se cometió«, dice Axat y amplía: «El programa busca modificar la matriz política del Ministerio Público, está en los lugares donde suceden los conflictos».
En su oficina, Axat recibió a ANCCOM para contar los detalles del programa Atajo, un proyecto con una impronta que rompe con los paradigmas tradicionales de la justicia.
¿Qué es Atajo?
El programa Atajo es un programa de acceso a la justicia del Ministerio Público Fiscal de La Nación que busca recibir todo tipo de conflictividades vinculadas a sectores vulnerables de la población y canalizarlos. Estas conflictividades están vinculadas al bloqueo y al no acceso a la justicia que padecen. El programa busca remover esos obstáculos a través de distintos mecanismos. El más natural que utiliza es la creación de oficinas en los barrios más marginales, periféricos y con mayores índices de pobreza de la Ciudad. Es una manera de remover barreras de distancia y tiempo entre la gente y los estrados.
¿En qué barrios funciona?
Las oficinas y los lugares se eligen estratégicamente en función de indicadores. La pobreza es uno, los índices de conflictividades y delitos son otros. En función de eso, captamos problemas y los tratamos de resolver. Hoy está funcionando en siete barrios. En la villa 1-11-14, en la villa 21-24, en el Barrio Mitre, en la villa 20, en la villa 31, en Constitución y tenemos una oficina móvil, una camioneta que se mueve por los distintos barrios con un abogado y un trabajador social, por la villa Rodrigo Bueno, la villa 15, La Boca… de acuerdo a las necesidades que nosotros diagnosticamos en la semana; atiende problemas en plazas públicas, conventillos, hogares e iglesias.
¿Funciona solo en la Ciudad de Buenos Aires?
No, funciona en Mendoza, en Rosario y en Mar del Plata. Tiene tres sedes en el interior del país. Se planea llegar también a Santiago del Estero y a Córdoba. El programa es federal. La idea es que el Ministerio Público cuente con este mecanismo que establece el programa para poder empezar a generar mejores lazos con la comunidad y remover la mayor cantidad de obstáculos que existan entre la gente y el Ministerio.
¿Por qué se decidió crear este organismo?
Por varias razones. Nunca existió un programa de este tipo en la Procuración. Se creó por una política de la Procuradora, Alejandra Gils Carbó, de mejorar la atención de los sectores vulnerados. La propia Procuradora advirtió algunos obstáculos entre el Ministerio Público y esos sectores que había que remover. Fallas internas del propio Ministerio, burocracias innecesarias, barreras de la propia corporación, de parte de la fiscalía, de algunas reparticiones del Ministerio Público. Era necesario crear una puerta de entrada más a las fiscalías, una más abierta, más permeable, más inteligente.
¿Al comienzo fue difícil cambiar el paradigma del fiscal como acusador, para que pase a ser un actor más del barrio?
No es fácil crear una institución o construir el imaginario de una institución, de una práctica de una institución en un terreno en que el Ministerio nunca estuvo. Donde el Ministerio intenta establecer los Atajos siempre estuvo el sistema policial. Las fiscalías siempre estuvieron ubicadas en zonas urbanas, poco periféricas. En este sentido, ha sido un esfuerzo llevar las oficinas a los territorios, a los barrios, y ha implicado un esfuerzo de recursos humanos y materiales. Sobre todo, convencer y hacer entender a la gente sobre el trabajo que uno va a hacer. Están acostumbrados a que exista un conflicto y se resuelva a los tiros, o no se resuelva o se denuncie a la policía. Uno impacta sobre ese escenario, se busca que las denuncias se canalicen a través de los Atajos, que la pacificación de la comunidad se haga a través de mecanismos de mediación y conciliación y que no haya violencia entre pares. Estamos aprendiendo, estamos hace un año transitando la etapa de adecuarnos a los territorios. Creo que lo estamos haciendo muy bien.
¿En las oficinas trabajan solo actores judiciales?
Son todos actores judiciales porque son empleados de la justicia, pero tienen distintos roles. Hay abogados, trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, politólogos.
¿Actúan también como un espacio de contención?
La primera actuación es la contención, la escucha. Después viene el encuadre legal, la adecuación. Hay muchas formas de intervención del Atajo, no es solo contención. Es también asesoramiento, respuesta judicial, canalización y derivación responsable de problemas. La forma en que interviene el Atajo es múltiple. Es una puerta de entrada a la justicia, que a la vez tiene otras puertas internas. Atajo es la primera puerta y hace el esfuerzo por abrir las demás.
¿Cuáles son las problemáticas más comunes con las que se encuentran?
Violencia de género, violencia sobre niños, abusos, violencia institucional, violencia cometida por las fuerzas de seguridad sobre jóvenes o mujeres, trata de personas con muchos fines, muchas veces de explotación sexual o con fines de explotación laboral. Nos encontramos muchas veces con talleres clandestinos. También hay irregularidades del sistema de prestación del PAMI, lo mismo con ANSES y la seguridad social en general.
En otra entrevista comentaba que más del 70% de la gente que se acerca a los Atajos son mujeres. ¿Reciben muchos casos de violencia de género?
Muchos. Tenemos una tasa alta de violencia de género. Hay una fiscalía especializada en el tema, la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres. Tratamos de que la mujer venga y después de una escucha, tenga una respuesta judicial a su reclamo: si es un hombre que la golpea, que logre un impedimento de contacto, la exclusión del hogar. Tratamos de obtener medidas judiciales lo más rápido posible porque detrás de una consulta de una mujer por violencia de género puede haber un femicidio. Otra de las grandes patas que tiene Atajo es la promoción de derechos con talleres. Nos vinculamos con las escuelas de los barrios, actores sociales y centros comunitarios y damos charlas sobre derecho y distintas temáticas. Hacemos talleres de género por ejemplo, con mujeres víctimas de violencia que le cuentan a otras mujeres qué les pasó y cómo resolver sus problemas, talleres de violencia institucional, sobre seguridad social, muchos sobre cuestiones electorales. La tarea de los Atajos es múltiple y está vinculada al empoderamiento legal de los sectores que más les cuesta conocer los derechos que tienen.
Después de la campaña masiva en medios y en la sociedad del #NiUnaMenos, ¿recibieron más denuncias?
Sí. Es una temática que hace cinco años estaba escondida, no parecía importante para los medios y para la conciencia civil y pública. Hoy en día, la promoción de esas campañas hace que las mujeres tengan menos miedo y se acerquen a denunciar. La campaña del #NiUnaMenos penetró en muchos sectores sociales y llegó a los barrios. Se animan a denunciar más. Hay sectores en los barrios donde todavía vive la cultura del patriarcado, machista, de la violencia fálica. Nosotros pensamos el derecho en contra de esas formas culturales, la resistencia de las mujeres frente a las formas patriarcales es también parte de la liberación de los derechos, el empoderamiento legal de un sector vulnerable, como son las mujeres víctimas de violencia.
¿Recuerda algún caso particular?
Hubo un caso en la villa 31 de una chica que vivía con su nenita en situación de calle, adentro de la villa, y solía dormir en una suerte de galpón con su pareja que, borracho, la golpeaba a ella y a la nenita. A la noche, muchas veces se juntaba con otras personas que tomaban y abusaban de ella. Se acercó al Atajo, le conseguimos un parador donde pudieran dormir fuera de la villa, hicimos la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica, y tratamos de lograr un impedimento de contacto con esta persona. Eso duró un tiempo, tratamos de mejorar las condiciones de vida de la nenita. Fue difícil porque ellos tenían una relación sentimental, ella quería frecuentarlo de nuevo, volvió y otra vez la volvió a golpear. Se inició el círculo de la violencia. Nosotros tratamos de cortarlo. Todavía estamos con el seguimiento. Casos así hay muchos. Recuerdo una mujer de la villa 20 que también llegó muy golpeada al Atajo, desde la Oficina de Violencia Doméstica se hizo una exclusión del hogar del marido, ella pudo volver a la casa con sus hijos. Esas son las funciones del Atajo. Por lo general, las mujeres se acercaban a la comisaría, y ahí muchas veces era disuadida la temática. No es lo mismo que te atienda un policía a que te atienda una persona del Poder Judicial. La Oficina de Violencia Doméstica está en el centro de la Ciudad, a veces la gente no tiene plata para ir hasta ahí. El Atajo es un punto intermedio.
Teniendo en cuenta su labor como defensor de menores en La Plata, ¿cómo se trabaja con la gran cantidad de jóvenes menores de 18 años que viven en las villas?
En los barrios la violencia institucional es fuerte. Recibimos muchas denuncias de adolescentes que son víctimas de violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Hemos recibido muchas denuncias de jóvenes que viven en Barrio Mitre y son víctimas de violencia por parte de la Policía Metropolitana. Recibimos la denuncia de cualquier joven que haya padecido cualquier tortura o vejación por parte de un policía y rápidamente a través de la PROCUVIN, la Procuraduría de Violencia Institucional, se identifica al policía y se inicia una causa. Atajo es un canalizador rápido para que PROCUVIN actúe. A veces los jóvenes no denuncian, no se acercan. Queremos mejorar el control de las fuerzas de seguridad y la relación con los jóvenes de los barrios que son víctimas de estigmatizaciones mediáticas, policiales y judiciales. Trabajamos mucho con jóvenes con causas penales, muchas veces se acercan a preguntar qué pasa con las causas que tienen. Les damos información judicial y, si están declarados rebeldes, nos comunicamos con los fiscales o jueces para sacarles la rebeldía y ponerlos a derecho. A veces los jóvenes tienen causas y lo desconocen. Está librada una captura porque no se presentaron. Tratamos de corregir esa situación. A veces los jueces nos piden que hagamos informes ambientales. Los trabajadores sociales van a las casas de los jóvenes que tienen conflictos con la ley y quizás a través de un informe se cierran las causas, porque el juez lo lee y entiende que no tiene sentido seguir criminalizando a los jóvenes.
Teniendo en cuenta que la violencia institucional parte del Estado y las oficinas de Atajo son parte de ese mismo Estado, ¿sienten alguna reticencia en esa relación con los jóvenes?
Una cosa es la Policía y otra cosa es la Justicia. Los jóvenes identifican, como dicen ellos, al «cobani» que viene con la gorra o a alguien que explica que es de la Justicia, que no es policía. Además, si trabajás en Atajo es porque sos una persona que tiene un perfil más vinculado a lo territorial, no sos solamente un burócrata de la justicia, sino que tenés cierta sensibilidad social. Eso lo perciben los jóvenes. Algunos vienen a los talleres que hacemos sobre allanamientos, violencia institucional, algunos de poesía y expresión artística. A veces vienen a preguntar qué tienen que hacer si los detienen o si los allanan. Tenemos muchos folletos sobre estos temas.
¿Y los temas habitacionales y de urbanización?
Hacemos muchas mediaciones y conciliaciones respecto de vecinos que tienen problemas: música fuerte, ruidos molestos, o problemas concretos como los anticréticos de la villa 1-11-14, que son contratos de locación que se dan en la villa y que no se cumplen. La ley nos faculta a conciliar en conflictos. También tratamos de intervenir y mediar en los desalojos, cuando hay por ejemplo situaciones en que una familia ocupa un lugar y la justicia ordena un desalojo. En este momento estamos interviniendo con una casa muy grande que fue ocupada en el año ’80 en la calle Humberto 1º, un viejo conventillo que en este momento está ocupado por siete familias muy pobres. La justicia nos permitió conciliar con un sindicato, que es el dueño de la casa. Las cuestiones habitacionales son centrales en los sectores vulnerables porque el problema de la vivienda es uno de los grandes problemas porque la Ciudad de Buenos Aires no tiene una capacidad de contención y de alojamiento. Tiene un excedente de propiedades vacías por gente de clase media o alta. Esas son las injusticias de una ciudad con tanta concentración de la riqueza como es Buenos Aires y con tanta gente viviendo en las villas: 250.000 personas de acuerdo al último censo. Seguramente tengamos la misma cantidad de plazas vacías en departamentos de la Ciudad con gente que tiene capacidad ociosa.
¿Cómo surgió la propuesta que Atajo tenga un programa de radio?
Un programa como el que nos planteamos necesita una herramienta de comunicación ágil, fluida y de difusión a los sectores con los que estamos trabajando. Tenemos un micrositio que mantenemos vigente día a día con las actividades que hace el programa, página de Facebook, Twitter… Somos parte de la Procuraduría General de la Nación que tiene un sector propio de comunicación. El programa de radio se emite los días jueves de 12 a 13 en Radio Madres de Plaza de Mayo, y lo conduce Ari Lijalad y dos personas que trabajan en Atajo. El programa recoge las problemáticas de los barrios, hacemos entrevistas… La idea es que se repita en todas las radios comunitarias. Casi todas lo hacen, la Radio de Bajo Flores, en la villa 21 en la radio Caacupe o en la villa 31. Las estrategias de comunicación tienen tres niveles: el primero es lograr que el propio Poder Judicial sepa que este programa existe, para poder usarlo. Tenemos la necesidad de difundir hacia adentro del propio sistema. Esto es una lucha larga. La villa dentro de un ministerio público es todo un tema, ahí se va a criminalizar, no se va a ser amigable. Hemos salteado ese escollo y estamos logrando mucha aceptación. La Procuradora se acerca siempre a abrir e inaugurar los Atajos con nosotros. Eso genera una imagen fuerte hacia adentro de la Procuración, que la Procuradora acompañe el proyecto y vaya a las villas. Invitamos a los jueces y fiscales a dar charlas. Queremos que los funcionarios de primera línea acompañen estos procesos. Y esto es una lucha comunicacional, semiológica. El segundo nivel comunicacional tiene que ver con los medios más hegemónicos, gráficos, televisivos y radiales para la gente en general. La Nación sacó una nota muy elogiosa, el diario El Mundo de España también, Página 12, Tiempo Argentino, Infobae… mirá que a Gils Carbó le pegan, pero Atajo ha sido un programa bien visto por los medios hegemónicos. Y el último nivel son las herramientas de comunicación hacia los propios sectores sobre los que trabajamos.
¿Cómo influyó tu historia como hijo de desaparecidos en este programa?
La Procuradora me dio un margen para construir el programa y lo direccioné escuchando lo que ella quería, respetando el criterio que ella quería establecer. Es un programa que está vinculado con las políticas que esta procuradora lleva a cabo, sobre todo las políticas de empoderamiento legal, de memoria, verdad y justicia, de persecución a la criminalidad organizada. Busca fortalecer a los sectores sociales débiles para perseguir el delito grave. Mi historia está vinculada con la defensa de los sectores más débiles y me guío por eso. Si nosotros estamos trabajando con los sectores vulnerados, me interesa que la Proselac y la Procunar, que son las fiscalías especializadas en lavado de activos, narcotráfico y trata de personas, la otra parte del Ministerio que investiga a los peces gordos, actúen. Esa es la intención, no perseguir perejiles. Cambiar el paradigma y que el Ministerio esté dirigido a la criminalidad grave.
Jul 21, 2015 | inicio
Una virgencita de porcelana. Un teléfono de línea. Una ventana. Bebés. El jardín y los juguetes de sus hijos e hijas, que convivían con ellas en la unidad 31 del penal de Ezeiza. Esas son algunas de las imágenes que eligieron mostrar. Los fotógrafos con cámaras marca Nikon, Canon y Sony, se acercan para retratar las fotografías hechas con cajitas de fósforos. «Cámara fragata» se lee en los epígrafes de las fotos en exposición, haciendo referencia a la tradicional marca de fósforos. «Cámara de madera», dice otro epígrafe.
El sábado 18 de julio se presentó en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ex ESMA, la muestra «Iluminaciones», con fotografías con cámaras estenopeicas hechas en la cárcel por mujeres privadas de la libertad. La exposición, que se podrá visitar hasta el 23 de agosto, fue realizada por la asociación civil y cultural YoNoFui en el marco del taller de fotografía «Luz en la piel», uno de los tantos proyectos que lleva adelante la organización, con apoyo del Haroldo Conti.
La organización YoNoFui surgió en el 2007 durante un taller de poesía en la cárcel de mujeres en Ezeiza. Desde ese año, realizan una importante cantidad de actividades artísticas y culturales en las cárceles de mujeres. El taller de fotografía comenzó en 2008, mientras que el de fotografía estenopeica empezó en 2009. Allí, las participantes aprendieron a construir sus propias cámaras fotográficas con cámaras hechas de madera o de cajas de fósforos.
Cuando presentaron el libro «Luz en la piel», un compilado de las fotografías tomadas en la cárcel, se acercó Cristina Fraire, coordinadora del área de fotografía del Centro Cultural Haroldo Conti, para proponerles un proyecto en conjunto. Entre 2013 y comienzos del 2014, el equipo de fotografía del Conti estuvo acompañando y apoyando a las mujeres de YoNoFui. «Colaboramos teniendo la idea de siempre apoyar aquellos emprendimientos que tienden a mostrar lo que trata de ser invisibilizado», explica Fraire.
En ese sentido, una de las ideas principales era hacer fotografías que retraten el día a día de la cárcel. Pero eso era imposible por las restricciones de las propias normas de estos complejos. Según relata Fraire, el director del Haroldo Conti, Eduardo Jozami, tuvo que presentar notas en el servicio penitenciario para que se habilitaran las entradas a otros ámbitos del penal para hacer las fotos que hoy pueden apreciarse en la muestra.
«Gracias a que el Conti se sumó al proyecto, pudimos entrar en otras partes del penal donde no teníamos acceso», explicó Alejandra Marín, la coordinadora del taller de fotos de YoNoFui, durante la presentación de la muestra. «Trabajábamos siempre en un patio muy reducido del área de educación y lo que empezamos a retratar fue la vida cotidiana de las chicas en distintos espacios. Pudimos ingresar a los pabellones, al área de trabajo, al jardín de infantes», añade Marín.
Liliana Cabrera, poeta y actual docente de YoNoFui, participó del taller de fotografía desde el año 2008. «Fue impresionante para nosotras ver que se podían hacer fotos desde una caja de fósforos, nos parecía lo más elemental para poder hacer arte».
Una cámara estenopeica exhibida en la Muestra «Iluminaciones»
En la presentación, Cabrera se emocionó al expresar que «lo que yo soy hoy, ahora, se lo debo al taller de poesía y de fotografía. Es muy importante en los contextos de encierro poder contar con estos espacios de libertad que si no estuvieran, quién sabe dónde hubiéramos terminado muchas de nosotras».
Ana Fernández, quien estuvo detenida 7 meses en la unidad 31 junto con su bebé, que en ese momento tenía 6 meses, agregó que «el trabajo de YoNoFui abre espacios liberadores para toda la gente detenida. El arte es motivador y ayuda a aquellos que están en situación carcelaria a tener una esperanza».
Marco Bufano, del equipo de fotografía del Centro Cultural, filmó y registró en un corto la experiencia, en diálogo con ANCCOM cuenta que «pudimos entrar a los pabellones, la cocina, algunos patios. Supuestamente no podés filmar cerraduras o rejas. Teníamos una mujer del servicio penitenciario controlando todo el tiempo».
«¿Por qué los reglamentos no permiten generalmente que quienes se alojan en los institutos carcelarios puedan tomar fotografías?», se pregunta Jozami en el texto que abre la muestra. «La fotografía es un modo de apropiación: documenta un momento, una situación, el mismo lugar de encierro. El detenido, de alguna forma, se adueña de lo que registra con su cámara y -bien saben quienes sufren las requisas- a las presas y presos el estatuto del penal no les reconoce, en definitiva, ninguna propiedad».
Liliana Cabrera, poeta y actual docente de YoNoFui
Durante la presentación, el director del Centro Cultural manifestó que «la posibilidad de desarrollar actividades sin limitaciones y que ingrese el arte a la cárcel es un elemento fundamental para ayudar a transformar una situación y un régimen carcelario que todavía deja mucho que desear».
«Las políticas de memoria, verdad y justicia, el respeto por los derechos humanos no se refieren solamente a los años ’70. Una de las asignaturas pendientes dentro de este presente argentino que tantas cosas ha cambiado, es precisamente la situación de las cárceles. El arte y la cultura en general tienen un rol fundamental en el proceso de memoria».
Asimismo, María Medrano, fundadora de YoNoFui, señala que «si bien son épocas distintas, hay mucho de la realidad que se vive adentro de una cárcel que permanentemente se actualiza con situaciones como el traslado de los genocidas a la cárcel de mujeres». En entrevista con ANCCOM, Medrano reflexiona que la muestra «Iluminaciones» podría servir para «iluminar» las paredes del espacio «que formó parte de la historia más negra de nuestro país».
Durante el transcurso del taller, hubo un hecho que entrecruzó ambas historias. A principios de 2014, las autoridades tomaron la decisión de trasladar a las mujeres que estaban en la unidad 31 a otro complejo para que en Ezeiza se pudieran alojar hombres detenidos por delitos de lesa humanidad, que se quejaban de las condiciones de salud del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.
Alejandra Marín, coordinadora del taller de fotos de YoNoFui.
Ese movimiento puso en riesgo la continuidad del taller, Medrano explica que «tuvimos que mudar el taller a la otra unidad, porque la mayoría de las participantes se fueron del taller». Finalmente y a través de la intervención del Centro Cultural, se logró reubicarlo. Actualmente, el taller de fotografía estenopeica funciona en la Unidad IV de Ezeiza.
«Adentro de la cárcel, en este momento tenemos talleres de carpintería, tejido y telar, poesía, fotografía estenopeica, fotografía digital. Afuera tenemos talleres de textil, serigrafía, encuadernación artesanal, diseño de calzado, dibujo y de periodismo, con el que hacemos una revista», enumera Medrano. Los proyectos de YoNoFui son muchos. El nombre de la revista, que ya tiene una segunda edición, es elocuente: «Yo soy».
Jul 12, 2015 | inicio
«La ley mordaza es el franquismo», sentencia Xoán Negreira. Las dos temáticas se entrecruzan durante la jornada del sábado 11 de julio, en la que un grupo de descendientes de españoles se manifestó frente a la embajada de España para reclamar la extradición de 19 represores de la dictadura de Francisco Franco a Argentina y, a la vez, criticar la denominada «ley mordaza» que entró en vigencia el último 1° de julio.
«Estamos acá porque solicitamos la extradición de 19 represores y genocidas españoles del franquismo que han sido imputados por la justicia argentina y que el reino de España hoy, impunemente, los acobija y no los extradita», explica Negreira, miembro de la Agrupación Federico García Lorca, la organización que convocó a la manifestación. Además del pedido expreso a la diplomacia española, la actividad contó con una serie de shows artísticos con bandas, conjuntos de danza, una lectura de una obra teatral y radio abierta. «Estamos levantando la voz para pedir justicia por los cientos de miles de personas que fueron acribilladas, perseguidas y torturadas dentro del franquismo», dice Negreira a ANCCOM.
«Argentina es el único país en el mundo que tiene una causa contra el franquismo», señala Inés García Holgado. Ella, junto a Adriana Fernández y Darío Rivas son los tres querellantes que llevan adelante el juicio en Argentina contra los represores españoles. «Lo que queremos es que se visibilice la causa en Argentina. Para nosotros, que somos familiares, es muy importante que se sepa que en España hubo un genocidio. Se lo toma como que fue una guerra civil», agrega Inés.
Las dos mujeres son argentinas, ya que sus padres escaparon de las persecuciones. En el caso de Inés, perdió a su abuelo, mientras que Adriana a sus tíos y a su abuelo. Se vieron obligadas a presentar la causa en Argentina porque «en España se habían cerrado todas las puertas».
Manifestación en la embajada española de la ciudad de Buenos Aires.
«Baltasar Garzón agarró la causa en el 2006, la Audiencia Nacional no le permitió continuar y solo quedaba la Argentina, con el principio de justicia universal que permite, aunque el delito se haya cometido en otro país, juzgar los crímenes de lesa humanidad», relata Adriana. Y es que en España, como subraya Inés, «estos crímenes no se consideran de lesa humanidad, se consideran prescriptos”.
La novedad de la causa, que fue la chispa que encendió la idea de hacer esta manifestación, fue que la jueza Servini de Cubría pidió la extradición de los 19 torturadores, entre los que se encuentran ex ministros y familiares de ex funcionarios y hasta un médico involucrado en el robo de bebés, y el gobierno español se negó.
«Queremos que la sociedad española sepa la historia completa y no la oficial, que fue la que impuso el franquismo. No estamos abriendo heridas, estamos tratando de que se cierren», expresa Inés.
«España es un cementerio. Por todo el país hay fosas comunes. Hay gente que sabe dónde están sus familiares y los jueces no los autorizan a sacarlos», cuenta Adriana. «Hay todavía 114.000 personas que están en fosas comunes y que hay que exhumar. El Estado español no se hace cargo ni de las exhumaciones y mucho menos de los ADN», añade Inés. Según sus datos, durante la dictadura de Franco hubo 300.000 bebés robados entre 1938 y 1992, 50.000 ejecutados, 400 fosas comunes y 50.600 detenidos entre 1963 y 1977.
«Hace muchos años, no se pensaba que a los genocidas de nuestro país se los iba a poder juzgar acá. La gente viajaba a España a prestar declaración allá. Ahora tenemos juicios de lesa humanidad a lo largo y a lo ancho de todo el país. A lo mejor, con un cambio de gobierno o de mentalidad de la sociedad española, puede suceder lo mismo», indica Inés.
El pedido por justicia a los crímenes de la dictadura franquista se mezcla y entrecruza con la actual crítica a la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como «ley mordaza» en España. «La ley mordaza es el franquismo. No se puede acompañar el reclamo de las personas que perdieron sus casas por deudas con los bancos, o al hacer cualquier pronunciamiento en las redes sociales ya se es imputado y juzgado por la justicia española por esta reforma del Código Penal. Para nosotros, no hay libertad de expresión. Eso es dictadura», plantea Xoán Negreira.
Pablo Estruga es uno de los fundadores de Podemos Argentina y Oscar Leguizamón es el secretario general del Partido de la Victoria.
Junto a la Agrupación Federico García Lorca, participó también la representación argentina de Podemos, el partido político español que surgió el año pasado como forma de canalizar y organizar los reclamos que surgieron con el movimiento de los «indignados».
Pablo Estruga, nacido en Ibiza, llegó a Argentina en enero de 2014 porque tiene familia en Mendoza. Venía de participar del #15M y de las manifestaciones de los indignados en Valladolid y Madrid. En Argentina, fundó junto a otras 40 personas la sede de Podemos en nuestro país.
«Podemos tiene un sistema de círculos autónomos -explica Estruga a ANCCOM-. El círculo se creaba y se unía al partido. Surgían asambleas o, como el exilio español es tan grande en los últimos años, núcleos en otros países, como París, Londres, Berlín». En Argentina, ellos trabajan para la difusión del partido de cara a las elecciones generales de noviembre, ya que en Buenos Aires hay 400.000 españoles y descendientes de españoles.
Para Estruga, «con la ley mordaza quieren evitar otro movimiento parecido al que golpeó el tablero en España. Ya es tarde para eso. Es una ley que tiene de vida lo que dure la conformación de un nuevo Congreso. Sea Podemos gobierno o no, vamos a presentar una reforma para derogarla, porque es una ley totalmente retrógrada, injusta y recuerda mucho a la época de la represión».
«Cualquier nuevo grupo político que conforme el Parlamento y con un poco de sentido común, sabe que es una ley que no representa a nadie. Es una ley partidaria, del Partido Popular, al que el PSOE evidentemente no se opone, porque sabemos que en las cuestiones estructurales votan igual. Estamos seguros que va a cambiar bastante el color del Parlamento, por eso sabemos que es una ley que tiene los días contados».
Según Negreira, «hay un pacto que se ha hecho en el año ’78 donde el bipartidismo, el Partido Socialista Español y el Partido Popular, la derecha franquista que se ha refugiado en la democracia con este partido, han pactado el silencio, el perdón hacia los genocidas. Podemos es una fuerza que rompe con el bipartidismo».
«Hay una gran similitud en algunas cuestiones con el 2001 de Argentina, con las asambleas, la participación de las bases y la militancia y la formación de nuevos cuadros, que es lo que necesita España».
Jul 8, 2015 | inicio
«El afro argentino está de la peor de las maneras: invisibilizado». Así resume su trabajo Alejandra Egido, actriz y directora cubana que dirige la Compañía Teatro en Sepia, un colectivo de mujeres que a través del arte representa y transmite las problemáticas históricas de la comunidad afroamericana en el país y en la región.
Invisibilización es la palabra que se repite en la mayoría de los testimonios. La comunidad afro en Buenos Aires busca, a partir de su cultura, combatir, sobre todo, sus consecuencias. «Si se consigue hacer sensible a la sociedad y al Estado sobre la presencia, las necesidades y la identidad de los y las afro, las actitudes cambian», asegura Egido.
Ese es el objetivo de obras como «Afrolatinoamericanas. De voces, susurros, gritos y silencios», declarada de interés por la Ciudad de Buenos Aires y que recupera las voces de mujeres negras. «Si alguien en la sociedad necesita respeto, desde todo punto de vista, es la mujer. Ni hablar la mujer negra», sentencia la directora.
Alejandra Egido llegó en 2007 a Argentina. Por esa época, participó en encuentros en el Palacio San Martín donde se debatía sobre las temáticas de la comunidad afro. «Estaba llenísimo. Cuando vi a tanta gente, no lo podía creer —dice a ANCCOM—. A mí me contaban que en Argentina, los negros habían muerto por la fiebre amarilla y las guerras por la independencia. Nunca había visto en otras partes del mundo que el fenómeno del racismo sea invisibilizar a alguien», cuenta Alejandra.
El trabajo artístico, dentro de la Compañía Teatro en Sepia, va de la mano de la defensa de los derechos de los afros. Carmen Yannone, una de las actrices, cuenta lo difícil que es para los más jóvenes reconocerse identitariamente dentro de su comunidad. «La palabra ‘negro’ para la sociedad, es lo feo, lo pobre, lo peor. Los hijos de mis sobrinas, por ejemplo, son blancos y dicen ‘yo no soy negro’. Tengo otros sobrinos que me agradecen por mostrarles que ser negro es un orgullo», explica Yannone.
Egido ejemplifica con situaciones aparentemente normales que se viven a diario, como la historia de la hija de una amiga, que también es afrodescendiente, a la que le preguntaron por la calle: «¿De dónde sos?». Silvia Balbuena, otra de las actrices de la obra, amplía: «Es muy feo que te pregunten eso, respondas ‘de Argentina’ y te repregunten: ‘¿Y de dónde son tus abuelos?'».
El 23 de diciembre de 2013, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que proclama el Decenio Internacional de los Afrodescendientes entre 2015 y 2024 e impulsa programas que apunten a «promover el respeto, la protección y la realización” de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como también difundir su herencia y su cultura.
Desde el año pasado, la Compañía Teatro en Sepia integra uno de los organismos que trabaja para implementar esos programas: la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Katherine Fernández, una de las activistas que llevan adelante este proyecto, cuenta que en las cumbres «reciben a casi 400 mujeres de organizaciones de 22 países». En la próxima, de la que participará la Compañía, «se va a proponer una plataforma política para llevar a los organismos internacionales, Estados y gobiernos regionales».
«Nosotras estamos proponiendo que, a través del teatro, podamos hacer un taller con mujeres afro de la Ciudad de Buenos Aires, debatir los temas de las obras y terminar haciendo una encuesta como prueba piloto para movilizar al INDEC y la Dirección de Censo de la Ciudad, a ver si se llega a hacer una estadística desagregada a los afrodescendientes», amplía Egido sobre sus propuestas. La falta de datos oficiales precisos es uno de los principales temas: «El INDEC hizo un relevamiento en el censo de 2010 que no fue completo y que se dijo que era simbólico, para que posteriormente se hicieran más investigaciones. No tenemos los números reales. No tenemos ningún programa que nos proteja porque no se sabe qué necesitamos», señala Egido.
Otro de los proyectos dedicados a la transmisión de la cultura afro en Buenos Aires es el Movimiento Afrocultural, un espacio en el barrio de Monserrat, que constituye la continuación de los trabajos del Grupo Cultural Afro, creado en 1987, y la Comparsa Kalakan-Güé, fundada en 1998 y declarada patrimonio cultural de la Ciudad.
Ángel Acosta Martínez, afrodescendiente nacido en Uruguay y uno de los activistas que trabajó desde el comienzo en ese grupo, relató, en diálogo con ANCCOM, que junto a su hermano José Delfín Acosta Martínez migraron a la Argentina en los años ’80 «por la problemática de los militares en Uruguay». «Nos encontramos en una Argentina que negaba la existencia de los propios afroargentinos», indica y agrega: «Desde entonces, nos encargamos, por intermedio del candombe, de difundir la existencia de los afroargentinos. También empezamos a defender sus derechos humanos y civiles, a luchar contra la discriminación por su color de piel y a trabajar para que se legalice la religión africana. Difundimos todo lo relacionado a nuestra comunidad, sus influencias y su participación en las guerras y trabajos en la construcción de la identidad argentina».
Acosta Martínez continúa con el relato: «Viendo con otras personas que teníamos ideologías y sentimientos en común, formamos el Grupo Cultural Afro y luego, en el ’87, el Centro Cultural Afro. En el ’88 dictamos el primer curso de Candombe en el Centro Cultural Ricardo Rojas, extensión cultural de la Universidad de Buenos Aires. Y en el ’89 organizamos la Primera Jornada de arte Afroamericano, también en el Rojas. Ahí, asistieron embajadores de Costa de Marfil, de la República Democrática del Congo, de Sudáfrica y Nigeria y organizaciones afros de Uruguay, Argentina, Brasil, Haití y Paraguay. También hubo capoeira y danza afro yoruba».
El 5 de abril de 1996, se produjo un quiebre en el grupo, ya que el hermano de Ángel Acosta Martínez, José, fue asesinado luego de salir en defensa de dos jóvenes afro que habían sido arrestados por su color de piel. A José se lo llevó la policía y apareció muerto horas después. A partir de allí, Ángel creó la Comparsa Kalakan-Güé, que sirvió para homenajear a su hermano. Años después, se exiliaría a España denunciando persecuciones policiales.
En 2009, el grupo afro fue desalojado del lugar donde daba clases.Allí también vivía una gran cantidad de familias que inició -y ganó- un juicio al Gobierno de la Ciudad por “racismo institucional”. Así, se les cedió el espacio donde actualmente el Movimiento dicta clases de candombe, música y capoeira, fabrican tambores e instrumentos y generan actividades y shows artísticos para visibilizar a la comunidad. Hoy, además de las actividades, festejan el Día de San Baltasar el 6 de enero o el Día de Yemanyá el 2 de febrero, tocando los tambores desde Plaza Dorrego hasta Parque Lezama.
Dentro de las respuestas que le da el Estado a la comunidad afro, María Gabriela Pérez, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), menciona el Foro de Afrodescendientes y Africanos, que según ella constituye el «primer espacio desde el Estado para diseñar y llevar adelante políticas de inclusión y visibilidad de la población afroargentina y afrodescendiente».
«La aparición de estos espacios dentro del INADI y en otros lugares contribuyó a que la gente que ya estaba organizada y luchaba con trabajo de hormiga, pueda contar con la oportunidad de trabajar de una manera más efectiva. El Estado que en algún momento invisibiliza, también es el Estado que está acompañando toda esta inclusión», subraya Pérez. «Reconocerse afro es reconocerse dentro de una historia jamás contada». 
