Sep 29, 2015 | destacadas
La historieta argentina goza de un reconocimiento internacional que fue ganado por la calidad de sus obras y el talento de sus artistas. Esta industria local que es requerida puertas afuera carecía de un organismo acorde con las necesidades y expectativas de sus profesionales. Por eso, cuando el pasado 10 de julio se reglamentó la Ley 27.067 por decreto 1329/2015, muchos artistas del dibujo, que participaron en su creación, comenzaron a creer en un Estado que viera a la imagen como parte del patrimonio cultural de una nación y que comience a actuar en consecuencia.
A través de la nueva normativa se funda el Instituto Nacional de las Artes Gráficas (INAG), dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, que funcionará a partir de 2016 y tendrá como fin fomentar, promover, proteger y difundir el arte del dibujo. También se crea el Registro Único de Artistas Gráficos, Agrupaciones y Asociaciones Afines, en el cual deberán inscribirse los trabajadores y colectivos con personería jurídica vinculados con el rubro. Entre las tareas asignadas al INAG estarán la edición de libros, revistas y publicaciones, la preservación del patrimonio histórico gráfico, la exhibición de obras nacionales y extranjeras, y la participación y creación de planes de estudio. Y dentro de lo que se define como arte gráfico, se contemplan a la ilustración, el dibujo humorístico y la caricatura, la historieta de humor y drama y el arte tipográfico.
Mariela Mosnaim, asesora legal de la Asociación de Dibujantes de la Argentina (ADA), consideró importante la norma no sólo por el aporte del dibujo a la cultura sino también porque supone un avance en la protección de derechos de los autores. Respecto a la realidad laboral reveló: “Los artistas gráficos viven situaciones de injusticia y descuido, cobran muy poco por su trabajo, la contratación es informal, no tienen aportes ni contribuciones jubilatorias (nota del r: y por el momento seguirán sin tenerlas), habitualmente se les exige que cedan los derechos de propiedad y muchos, incluso, los han perdido por las exigencias del mercado”. Por eso, agregó: “Resulta importante que puedan contar con un instituto que los apoye en sus emprendimientos y los ayude a profesionalizarse y difundir sus obras”.
“Hay colegas que tuvieron que vender sus originales para poder comer”, dijo el ilustrador Gustavo Mazali.
El ilustrador e integrante de la ADA Gustavo Mazali dijo: “Hay colegas que tuvieron que vender sus originales para poder comer”. Ni siquiera quienes gozaron del éxito del mercado han podido asegurarse su futuro, y ejemplificó con dos casos concretos. Uno es el de Pedro Seguí, cofundador de Rico Tipo (revista que en la década del cuarenta llegó a tener una tirada semanal de 350.000 ejemplares), quien enfermó y cuya esposa debió vender originales a turistas extranjeros en Caminito, La Boca, para afrontar el tratamiento médico. Y otro es el de Pedro Vilar, portadista de María Elena Walsh en la década del setenta, que tuvo que vender algunos originales de esos dibujos para poder solventar sus gastos.
Paradójicamente, la ley recientemente reglamentada no contempla el motor originario que le dio impulso al reclamo: el derecho a la jubilación. Justamente, Poly Bernatene, ilustrador y encargado de Prensa de la ADA, dijo: “Dibujantes Trabajando nació buscando el propósito de una asignación para casos especiales, ya que desgraciadamente tenemos muchos ejemplos de grandes maestros que terminan en la pobreza y el olvido”. Según subraya, la iniciativa motivó que se reúnan los distintos nucleamientos de dibujantes en un solo grupo. Fue así como se unificaron en la ADA, el ente más antiguo del dibujo, que dejó de lado su tradicional elitismo y actualmente congrega también al Foro de Ilustradores, Banda Dibujada, Dibujantes Trabajando y otras agrupaciones independientes. La unificación fue relevante para potenciar fuerzas ya que, como dijo el ilustrador Juan Manuel Terradas, la profesión “es un trabajo medio ermitaño”. Mazali, que tiene altas chances de dirigir el INAG, completó: “Nos dio la posibilidad de pensarnos mejor frente a las autoridades”.
El plan original de los artistas presentado a distintos diputados contemplaba el derecho a jubilaciones y pensiones. Sin embargo, la propuesta no avanzó en las comisiones legislativas. Por eso, los artistas decidieron apoyar y debatir sobre el proyecto de la diputada María del Carmen Bianchi (FPV), el cual no tenía a la renta por retiro como prioridad.
La renta especial fue finalmente desestimada también porque, de acuerdo a Mosnaim, “es muy difícil incorporar en el Presupuesto Nacional un gasto adicional que no estaba previsto, cuando aún el sector no tiene suficiente fuerza”. En ese sentido, Lito Fernández, veterano dibujante que desde los 13 años trabaja en el mundillo de la historieta, afirmó: “Hay cosas que no pueden postergarse, para los que están ahora ni para los futuros que se vienen”. Debido a esto el próximo paso será pujar por la creación de una Caja Compensatoria, “así los recursos provendrían ya de los propios dibujantes, no del Estado, y con ella se buscará la forma de que se generen dentro del sector los fondos que se destinarán en un sistema solidario a quienes se encuentren desprotegidos a la edad de jubilarse”, añadió Mosnaim, que también estará vinculada como consejera del INAG.
No obstante las cuentas pendientes, los dibujantes convienen en que la norma, directa e indirectamente, es un paso importante para los artistas de la imagen. En palabras de Mazali: “Lo que esperábamos, lo logramos; y nosotros (los dibujantes) vamos a estar a cargo de la institución”. El ilustrador Juan Manuel Terradas lo sintió como “un gol de media cancha”, pero advirtió: “No hay que dejarse estar y hay que desarrollar y expandir el mercado”. Mosnaim, por su parte, señaló la buena predisposición de la Secretaría de Políticas Socioculturales del Ministerio de Cultura, cuyos dirigentes ya “prometieron incluir al INAG dentro del presupuesto para el 2016”.
Y ya por fuera del INAG, Bernatene valoró lo positivo del crecimiento de la ADA, “una agrupación que representa al sector de artistas gráficos en pos de mejoras y reconocimiento de su profesión, por eso es un buen momento para sumarse y ser parte del cambio”.
«Lo que esperábamos, lo logramos; y nosotros vamos a estar a cargo de la institución”, expresó Mazali en su estudio.
De acuerdo con la normativa, no es requisito indispensable integrar ninguna asociación para registrarse. Pero “como decía (Enrique) Breccia: ‘una golondrina no hace verano’”, recordó Fernández, y añadió: “Estamos luchando con un montón de golondrinas, pero hay algunas que están quedando rezagadas. Espero que estas no caigan del vuelo, sino que aterricen y pasen los últimos días los mejor posible”.
Será momento entonces de esperar las designaciones de autoridades y de materializar la letra impresa. Para ello, Mosnaim resaltó la importancia de “saber con qué presupuesto se contará, porque es fundamental tener recursos para que el instituto resulte operativo”. Así la Ley 27.067 será una primera viñeta para una industria nacional de la imagen más próspera, que proteja a sus principales hacedores, los artistas del dibujo.
Actualización 30/09/2015
Sep 23, 2015 | inicio
Médicos, trabajadores y padres de chicos internados denunciaron reducciones escalonadas en las partidas destinadas al Hospital Nacional de Pediatría Juan P. Garrahan por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las cuales ponen en riesgo la actividad diaria, la adquisición de insumos y tecnología, y el avance de obras edilicias cuya finalización estaba prevista para mediados de octubre. En los últimos 18 meses se ha registrado una baja de 453 millones de pesos en los aportes de la Ciudad, aseguran las fuentes consultadas. ANCCOM investigó el estado actual del conflicto a través del testimonio de sus principales protagonistas.
Horacio García Cairone, miembro de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), resumió el accionar de la gestión de Mauricio Macri en el último tiempo: “A partir de 2014 se hizo un recorte para el funcionamiento operativo en 113 millones de pesos. Ya para este 2015 volvió a recortar 226 millones más, y a esto se agrega lo destinado para el aumento salarial que era de 158 millones, cuando se elevó el 27 de agosto para ser votado en Legislatura porteña, y se lo borró aprobando solamente 44 millones”.
El jefe de área de Terapia Intensiva del Garrahan, Aldo Haimovich.
Este último monto que no fue aprobado corresponde a la paritaria salarial homologada ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Para Liliana Ongaro, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos, el conflicto actual es inédito y tiene su génesis tiempo atrás: “Ya desde 2009 había recortes sistemáticamente de parte del Gobierno de Macri. Y nunca se llegó a completar los 450 millones de pesos que adeuda”.
Agotadas las instancias de reclamo frente a los funcionarios metropolitanos correspondientes (que incluyen a los responsables del Ministerio de Salud, de la Comisión y Presupuesto de Hacienda de la Legislatura y de la Jefatura de Gabinete porteña) se decidió visibilizar el conflicto. Fue así que el lunes 14 la comunidad hospitalaria informó sobre la delicada circunstancia en la explanada de Combate de los Pozos 1881. Días después, el jueves 17, se produjo una medida de fuerza “a la japonesa”, como la definió Cairone, sin paro de actividades, “porque tomar medidas de fuerza es lo peor que se le puede hacer a los pacientes. Pero no vamos a dejar de luchar por lo que creemos justo”.
Que se ocupe el otro
El Garrahan constituye un ente autárquico y de administración bipartita que depende financieramente de los recursos de Nación y Ciudad, a partes iguales, según dictamina el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 815 de 1989. La presidenta de la Asociación Civil de Profesionales del Hospital Garrahan, Esther Cáceres, indicó que el Gobierno Nacional se hizo cargo en distintos momentos del faltante para compensar el déficit. Pero en esta ocasión manifestó cierta incertidumbre: “No sé si esto va a volver a ocurrir este año”.
De acuerdo a datos revelados por Adriano Jaichenco, auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, en 2009, mientras el Gobierno nacional contribuyó con 241 millones, el de Macri giró 215 millones, lo que implica un 12% de diferencia, tendencia que se incrementó año tras año. En 2014 el Ministerio de Salud nacional aportó 903 millones contra los 776 millones del Ejecutivo porteño, lo que supuso un 16% menos de aportes por parte de la gestión del PRO. Y en caso de que en esta oportunidad Nación vuelva a hacerse cargo del restante para que funcione un hospital como el Garrahan, de alta complejidad y costo, en 2015 desembolsaría un aporte de 1.165 millones (24% más) que contrastaría con los 939 millones que destinará el Gobierno de Macri.
Por su parte, autoridades porteñas negaron públicamente el posible estado crítico del Hospital. Graciela Reybaud, ministra de Salud, declaró que la partida asignada al Garrahan es igual que la de los hospitales Gutiérrez y Elizalde. Cáceres contestó afirmando que no se puede poner en un plano de paridad a los tres hospitales por las diferencias funcionales que existen: “En primer lugar, el salario del Garrahan sale del presupuesto; en cambio, los hospitales municipales tienen una gestión centralizada que cubre los salarios. Por otro lado, el Garrahan realiza procedimientos de altísima complejidad, como son los trasplantes cardíaco y pulmonar”, señaló. En tanto, Cairone agregó: “Negar la realidad de algo que es absolutamente contrastable con la documentación de los fondos enviados habla de una negación total de la decisión política que ellos mismos tomaron”.
El dinero faltante impacta no sólo en las obligaciones con los niños sino también en las previsiones del Garrahan. Según palabras de Cairone, en octubre los directivos deseaban inaugurar una nueva sala del Hospital de Día Clínico-Oncológico, construcción que fue posible gracias al aporte de donaciones privadas y la cual implica una ampliación de 750 a 7200 metros cuadrados. El nuevo edificio incluye 47 camas, de las cuales 14 están destinadas a pacientes que requieran trasplante de médula ósea, costoso tratamiento que sólo se hace en el exterior, principalmente en China. Pero esta área permanecerá cerrada porque implica agregar a la estructura los recursos humanos, la tecnología y los insumos necesarios para su funcionamiento. La remodelación de quirófanos, la incorporación de angiógrafos y la expansión de la farmacia hospitalaria, además de la imposibilidad de pago salarial, son otras de las tantas expectativas que quedarán truncas ante el recorte presupuestario.
En 2014, el Hospital recibió 533.902 consultas externas, que representan un 9,55% de incremento respecto del año 2012. En contraste con los 18 mil egresos de los hospitales Gutiérrez y Elizalde, el Garrahan promueve más de 25 mil. Apenas el 2% de las camas no están ocupadas. Realiza 16 mil terapias de radiación para pacientes con cáncer y 4.000 estudios de biología molecular. Además, capacita profesionales y promueve el desarrollo científico. Para completar, Ongaro, que trabaja en la preparación psicológica de niños que van a ser intervenidos, señaló que allí se realizaron el año pasado unas 1.200 anestesias, 1.000 cirugías y 170 trasplantes por mes a chicos de toda la Argentina y de países limítrofes.
Abrazo hospitalario
La reunión de los consejeros del Hospital con la Ministra de Salud y funcionarios de Hacienda dejó más dudas que resoluciones de fondo. Jaichenco dijo: “Reybaud se comprometió a pagar los salarios, pero no mucho más que eso. Tampoco se sabe de dónde van a provenir los fondos. Además, esto no resuelve la deuda de los 453 millones ni da garantía para el normal funcionamiento del Hospital”. Y resaltó que “no defender este modelo es no saber cuál debe ser el verdadero rol del Estado y de los derechos públicos”. En la mañana del miércoles los trabajadores realizaron en la explanada del Hospital un abrazo «en defensa del Garrahan», con el objetivo de continuar con la visualización del conflicto.
Denuncias y castigos
Aunque todo el Garrahan acuerda en mancomunar fuerzas a fin de resolver la deuda de la Ciudad, el conflicto es contemporáneo con otro de persecución sindical. La enfermera Elizabeth Ríos, quien cumplía funciones en la Guardia hace 23 años, fue despedida el 13 de julio pasado. Tras los descargos correspondientes y, sobre todo, las muestras de apoyo de la Asociación de Profesionales y la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital del 7 de agosto, Ríos fue reincorporada el jueves 17 de setiembre pero sólo temporariamente hasta fin de año.
Ríos había denunciado maltratos y falta de humanismo por parte de los superiores y las autoridades: “Me afectaba ver a los pacientes internados en el pasillo de la Guardia, verlos a todos hacinados, cada vez que tenía que reanimarlos. Elevábamos notas a los jefes inmediatos de Emergencia y a los consejeros, que son cuatro directores del Hospital, y después hacíamos denuncias a organismos por fuera del hospital”, remarcó.
Ongaro, por su parte, manifestó malestar por el accionar del Consejo Directivo del Hospital, integrado por Marcelo Scopinaro, Cristina Giménez, Rubén Nieto y Oscar Trotta: “La compañera lo que ha hecho fue denunciar las condiciones de los pacientes que no son las adecuadas. Elizabeth se ha negado a que esta situación sea así. Y esto ha generado que le pusieran ausentes que no eran ausentes, no le hayan reconocido certificados médicos ni días en los que ella ha estado en concursos como veedora de nuestra Asociación. Esta persecución proviene de las autoridades del Hospital”, afirmó. Y agregó que a Ríos no se le hizo sumario previo, ni tampoco se le avisó de sus supuestas inasistencias.
Finalmente la enfermera fue reasignada en una nueva área sin previa capacitación, tal como marca el reglamento del Hospital: “Me cambiaron de sector, a la sala de Internación, y estoy bajo control permanente. Para estar con un paciente se requiere conocer su patología y ya he informado a mi superior de la capacitación que necesito para esta nueva área, porque no conozco y no quisiera perjudicar, como nunca lo he hecho, a ningún paciente. Por eso me ayuda y guía una compañera”, indicó Ríos.
Según declaró ella, quien integró la Subcomisión de Maltrato Laboral, la persecución continúa: “El pasaje de una sector a otro es capricho de la supervisora Alejandra Martínez y la jefa de Enfermería Graciela Reinoso”.
Su suerte se decidirá a fin de año, cuando el Consejo mueva el pulgar señalando su destino. Y pese al obvio interés por no perder de nuevo su fuente de trabajo, dijo que no dejará de denunciar toda vez que vea injusticias de trabajo y maltrato para los niños del Garrahan.
Actualización 23/09/2015
