
Anuario fotografía
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=zVF0duG13NQ&w=420&h=315]
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ANCCOM estuvo presente durante el allanamiento al AFSCA. Testigo presencial de la resistencia de Martín Sabbatella a dejar su cargo -asumido por derecho- ante el avasallamiento de las fuerzas policiales, ANCCOM ofrece el testimonio en imágenes de las implicancias directas de un Estado que gobierna por decreto.
DÍA 2: EL ALLANAMIENTO
DÍA 1: APOYO A LA NO INTERVENCIÓN DEL AFSCA
Hoy el Decreto 236/2015 firmado por Mauricio Macri, Marcos Peña y Oscar Aguad dispuso la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por 180 días, prorrogable por otros 180 y designó como interventor a Mario Enrique Frigerio, cesando en sus funciones los miembros del Directorio de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), su presidente, Martín Sabbatella y los miembros Ignacio Saavedra, Néstor Avalle, Eduardo Rinesi, Claudio Alberto Schifer, Marcelo Stubrin y Gerardo Milman.
El decreto radica en la supuesta protección de derechos fundados en el artículo 42 de la Constitución Nacional que «establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno». Esto acompañado a los dichos de Aguad en relación a la «falta de pluralidad» del AFSCA traba por la fuerza del decreto las políticas democráticas en materia de servicios de comunicación audiovisual cristalizados en la Ley Nº 26.522.
Mirá las fotos de cobertura de ANCCOM
Tras una jornada de tensión y dos represiones desproporcionadas de Gendarmería Nacional, los trabajadores de la avícola Cresta Roja levantaron el corte que mantenían en la Autopista Riccheri, en la entrada al aeropuerto de Ezeiza, luego de llegar a un principio de acuerdo con el macrismo.
En las últimas horas de la tarde del martes, la jueza Valeria Perez Casado decretó la quiebra de Cresta Roja. La información se dio a conocer mientras estaban reunidos el ministro de Trabajo Jorge Triaca con Cristian Villalba, uno de los delegados de los trabajadores, que volvió de Ezeiza especialmente para acudir al encuentro. Luego de una hora, ofrecieron una conferencia de prensa en la entrada de la cartera laboral en la que señalaron que el gobierno entregará a los operarios una suma fija de 6.000 pesos durante el mes de enero y les entregará un bolsón de comida para las fiestas. Además, se comprometió a buscar inversores que compren la empresa quebrada.
«¿Este es el cambio? ¿Este es el cambio?», gritaban ante las cámaras, a media tarde, los trabajadores de la firma Rasic Hermanos, que comercializa pollos a través del sello Cresta Roja. Los operarios se encontraban acampando desde el miércoles pasado a un costado de la autopista Riccheri, cercados por un cordón de gendarmes y camiones hidrantes. Uno de los manifestantes exhibía múltiples heridas de bala de goma luego del segundo episodio de una desmedida represión por parte de Gendarmería durante el martes: el primero a las nueve de la mañana, y el segundo a las dos de la tarde.
Tanto a la mañana como después del mediodía, el ataque de los gendarmes –una práctica que parecía olvidada por las fuerzas estatales- se inició luego de un incidente poco claro entre uno de los manifestantes y un agente. Varios operarios coinciden en que se sumaron manifestantes que no se estaban acoplando a su reclamo de manera pacífica. Estos pudieron haber dado el puntapié inicial a la agitación que tuvo una respuesta con gases lacrimógenos, camiones hidrantes, bastonazos y balas de goma.
Luego del segundo episodio de violencia, los delegados reunieron a la multitud y pidieron que las agrupaciones que se acercaron para solidarizarse no interfirieran con el reclamo de los trabajadores. De acuerdo con un oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que también estuvo presente en la escena, la fuerza comenzó a reprimir nuevamente cuando se acercó a los gendarmes una persona con una mochila que supuestamente contenía materiales peligrosos, algo que nunca fue constatado.
La explicación oficial a la represión llegó a través de una conferencia de prensa que dieron esta mañana la vicepresidenta Gabriela Michetti y el ministro de Trabajo Jorge Triaca en la Casa Rosada. La vicepresidenta aseguró que la acción de la fuerza de seguridad fue «sin situaciones dramáticas de violencia», afirmación se contrapone a lo que efectivamente sucedió en el lugar de los hechos. «Hace mucho tiempo que el Estado se había corrido del rol de regular entre dos derechos que colisionan. Y en realidad es el único que lo puede hacer, porque si no estamos en la ley de la selva, y entonces el más poderoso o patotero termina imponiéndose sobre el resto», subrayó. «Si se vuelve a cortar la ruta –agregó-, se vuelve a trabajar de la misma manera, siempre intentando hacerlo a través del diálogo, pero cuando no haya diálogo del otro lado, se actuará como se actuó hoy».
En ningún momento de la jornada, el tránsito había sido interrumpido de manera total. De acuerdo con declaraciones del trabajador Carlos Mansilla, que también presenta heridas, ayer se había acordado que los manifestantes podían ocupar dos carriles y dejar uno libre para que se liberara el acceso al aeropuerto. La versión del ministro de Trabajo es algo distinta: asegura que llegó una orden del juez que establecía que había que abandonar los carriles ocupados, y la agrupación de trabajadores se negó a cumplirla.
«No nos pagan el sueldo hace un mes, tampoco el aguinaldo, no me mandaron telegrama de despido, ¿a quién le tengo que reclamar?», se pregunta Javier, trabajador de Cresta Roja desde hace diecinueve años, que se encuentra reunido junto a sus compañeros desde hace una semana a la espera de una resolución al problema.
El conflicto comenzó hace dos años cuando la compañía comenzó a bajar el nivel de producción y atrasarse con los pagos tanto a proveedores como a empleados, pero recrudeció en las últimas semanas, cuando los dueños de la empresa se negaron a abonar los salarios de sus 3500 empleados.
Al reclamo por los sueldos se suma la incertidumbre laboral de los trabajadores. La empresa aún cuenta con maquinaria pero hace meses que no compra los insumos necesarios para producir de manera adecuada, empezando por el alimento balanceado para los animales. «A los dueños solo les interesa llevarse los subsidios que les entrega el gobierno, no les interesa que la empresa funcione. Estaban acomodados durante el menemismo, después se acomodaron al siguiente gobierno, y ahora lo único que quieren es que les sigan dando plata del Estado, ¿Dónde están los subsidios que les dieron hasta acá?», insiste Javier.
Al ser interpelado acerca de la posibilidad de continuar reprimiendo, el Ministro de Trabajo respondió que se encuentra “abierto al diálogo” y que no hace falta cortar las rutas. No obstante, no explicó por qué recién recibió a los trabajadores después de la represión.
Triacca agregó que el problema fue heredado del gobierno anterior y que se investigará acerca de la mala gestión de los fondos destinados a Cresta Roja durante ese mandato, como también el uso que los dueños de la empresa hicieron del dinero otorgado por el Estado. Por el momento, la firma queda bajo control del juzgado, y se adelantó que hay varios interesados en adquirirla, pero no se hizo mención concreta a la continuidad laboral de los trabajadores.
«Ayer estuvimos bancando la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la plaza Congreso. El gobierno ya anunció que presentará un nuevo proyecto que no tenga artículo 45. En otras palabras, que no haya límite a la concentración mediática», dijo Diego de Charras, director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y agregó que «ese es el único objetivo. En estos pocos días ya tuvimos una muestra de lo que es el silenciamiento mediático. La marcha del lunes y la de ayer prácticamente no se informaron, la inseguridad y el narcotráfico desaparecieron de la agenda. Todo indica que vamos a tener una verdadera cadena nacional permanente donde los medios públicos y privados concentrados repliquen la misma información».
Ante las intenciones explícitas del entrante gobierno de Mauricio Macri de no respetar los logros democráticos en materia de medios, ayer una multitud de distintos sectores, medios, universidades, agrupaciones y organizaciones sociales se movilizó en el Congreso en defensa de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. Esta ley promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue parte de un intendo trabajo en democracia que permitió el reemplazo de la Ley de Radiodifusión 22.285, promulgada en 1980 por la dictadura militar.
La marcha, que tuvo a Martín Sabbatella, titular del AFSCA, como orador principal dijo ante la multitud: «Lo dijo el gobierno de Macri, a través de su flamante ministro de Comunicación, lo dijo con claridad, que esta ley no tiene que subsistir, dijo que esta ley tiene que desaparecer, que no había concentración mediática, que no habia posiciones dominantes en el mercado, la verdad cuando lo escuchábamos al principio decíamos o tiene un desconocimiento brutal de lo que está pasando en la Argentina o es claramente una toma de posición a favor de los intereses concentrados de los grupos corporativos y es claramente esto segundo».
Marcha en defensa de la Ley de Medios. Mirá la fotogalería de ANCCOM