Dic 11, 2016 | inicio
“Los documentos filtrados, originados en Panamá, no son “de Panamá”: son de empresarios que esconden sus riquezas para evadir o eludir responsabilidades fiscales. Estamos ante los Magnetto Papers, los Fortabat Papers, los Blaquiers Papers, los Garfunkel Papers… Son los papeles del lavado. Son las pruebas de un dinero que, aunque en ciertos ordenamientos jurídico puede no ser ilegal, es dinero sucio. Estamos ante los Lavado Papers”. Así se presenta el primer informe elaborado por el Consorcio de Periodismo de Investigación Autogestivo, conformado por el diario Tiempo Argentino, el mensuario Mu y la REDCOM, de la que es miembro ANCCOM. Este trabajo inicial conjunto analiza el trato que los medios de comunicación argentinos le dieron a la documentación del estudio Mossack-Fonseca que el periódico alemán Sueddeutsche Zeitung puso a disposición para denunciar las cuentas y empresas offshore radicadas en lo que se denomina paraísos fiscales. Con un espíritu federal, el informe recopila la información de 493 artículos publicados entre el 3 de abril y el 9 de mayo de 2016 en 13 diarios: La Nación, Clarín, Ámbito Financiero, Diario Popular, El Día, La Nueva, La Voz del Interior, El Diario del Centro del País, El Tribuno de Jujuy, Pregón, Jujuy On Line, El Independiente y Nueva Rioja.
Entre las conclusiones elaboradas aparece que el mayor lugar fue dado a las desmentidas -es más frecuente la desmentida que la información sobre el involucrado-, luego a las opiniones sobre el tema y, en tercer lugar, la reproducción de información de otros medios. En cambio, la producción de información propia, esencia del periodismo, es casi nula.
Dentro del análisis de las noticias, la investigación indaga sobre las fuentes y citas utilizadas por los medios de comunicación: el 16,8% de los artículos publicados no citan fuente de información alguna. El promedio de fuentes utilizadas en cada artículo es de 0,59 y si se excluye a la información proporcionada por el Consorcio de Periodistas que creó el diario alemán, el índice desciende a 0,18. Demasiado lejos de las tres fuentes independientes entre sí que requiere cualquier manual de periodismo de investigación.
La investigación señala que el Consorcio de Periodismo Autogestivo encontró a seis grupos de medios de comunicación cuyos dueños, directivos o personal jerárquico posee empresas o cuentas offshore. Esa información, anticipa el informe, será materia de otro documento. “No todos lo dijeron en sus páginas. Los que lo dijeron, no lo hicieron en el primer día. No podemos entonces pensarlos solo como medios: no porque están en el medio, están adentro”.
Clarín y la reproducción de la información
ANCCOM estuvo encargada del relevamiento de las noticias publicadas por la versión impresa del diario Clarín. En sus artículos primaban las reproducciones de información de otros medios, entre ellos, del diario alemán que publicó las filtraciones, el principal productor de la información que circuló sobre los Lavado Papers. El diario de mayor tirada de la Argentina aportó principalmente las desmentidas emitidas por declaraciones oficiales (el Presidente, su cuenta de twitter, el ministro de Justicia, diputados oficialistas, la Casa Rosada).
Políticos y futbolistas, sí. Empresarios, no.
El personaje involucrado más mencionado en la cobertura periodística fue el presidente Mauricio Macri, cuyo nombre aparece en el 56.4% de las notas analizadas. La mayoría de las publicaciones se centró en nombrar a un solo implicado, generalmente Macri o su familia y entre los involucrados argentinos se destacan políticos y futbolistas. Solamente dos notas refieren a empresarios (Lacroze de Fortabat, Pérez Companc, Blaquier, Eurnekián, Garfunkel, Magnetto, Pagani, Coto, Roemmers, Garbarino, de Narváez, entre otros).
El consorcio
En el mes de Mayo de 2016 se conformó entre Lavaca/MU el diario Tiempo Argentino y la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM), el Consorcio de Periodismo de Investigación Autogestivo con el objetivo de analizar críticamente la cobertura mediática del caso difundido públicamente como “Panamá Papers”.
La alianza surgió de la preocupación por el ejercicio profesional del periodismo con énfasis en la diferencia entre la producción y reproducción de contenido y el chequeo de las fuentes utilizadas. Así, nos propusimos analizar la cobertura de los “Lavado Papers”, los documentos filtrados en Panamá sobre empresarios que ocultan sus riquezas para evadir responsabilidades fiscales.
Para el relevamiento de los 493 artículos que se sistematizaron en la base de datos -disponible en la página web del consorcio- se conformaron equipos de docentes, graduados y estudiantes de carreras integrantes de la REDCOM en siete universidades públicas: la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Nacional de Jujuy y la Universidad Nacional de La Rioja.
Para ver el informe completo con los resultados obtenidos en cada diario clik aquí
Actualizado 11/12/2016
Ago 24, 2016 | destacadas
Colaboró Débora Campos
El cartel pegado en la pared despabiló al personal de la unidad sanitaria Nº 1 Dr. Springolo, de El Palomar, en la mañana del sábado. Con logo del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) y del municipio de Morón, comunicaba a los médicos que, “de acuerdo a las leyes vigentes deberá efectuar la denuncia policial obligatoria” ante la “sospecha de aborto”. En la comuna que gobierna el ex marido de la gobernadora María Eugenia Vidal, Ramiro Tagliaferro, la directiva oficial despabiló, además, a organizaciones de mujeres, partidos políticos y sindicatos que rápidamente denunciaron la caza de brujas y lograron, tres días después, el apartamiento de dos médicos a los que se responsabilizó por la campaña.
“Prueban con estas acciones. Si pasa, pasa y lo formalizan con una norma. Si no, eluden las responsabilidades y dicen que fue un error”, explica Romina Pereyra, secretaria de Género de la CTA, zona oeste. Pero no fue un error.
“La directiva provino de un funcionario designado por este gobierno y expresa la decisión política de una administración claramente conservadora que busca, por todos los medios, retroceder en los derechos logrados durante los últimos años”, denuncia el concejal por el Frente para la Victoria de Morón Hernán Sabbatella. Además, el referente kirchnerista presentó un pedido de informes y una declaración de repudio que buscará que sean tratadas sobre tablas por el Concejo Deliberante moronense este jueves.
Las primeras reacciones, apenas horas después de la aparición de los carteles con la directiva oficial, fue la de los médicos y la de las organizaciones feministas del Oeste. “No existen leyes ni reglamentos que obliguen a hacer tales denuncias, que violan los derechos humanos de las personas que se atienden en el sistema de salud, garantizados por la Constitución Nacional y Provincial, Tratados Internacionales, las leyes de derechos del paciente, de violencia contra las mujeres, de protección integral de derechos de los/as niño/as, protocolos de atención, entre otras”, denunciaron a través de un comunicado de prensa.
“El movimiento de Mujeres del Oeste y Las Rojas salimos inmediatamente a hacer una campaña informativa”, completa Manuela Castañeira, militante de Nuevo Mas, ex candidata a presidenta en 2015 e impulsora de la lucha por el aborto legal en la Argentina. “Es importante insistir en que es ilegal obligar a los médicos a realizar una denuncia policial. Además, hay sobrada jurisprudencia en el país que protege la intimidad de las pacientes, impide la criminalización y señala que no se puede detener a una mujer que abortó”, agrega.
La referencia al caso Belén, entonces, es inmediata. Sobre todo, porque la directiva apareció pegada en las paredes apenas horas después de que la justicia de Tucumán liberara a la joven de 27 años que estuvo presa durante dos años por un aborto espontáneo. “Es claro que no se puede separar la ilegalidad de la interrupción de un embarazo y la criminalización de las mujeres. Este tipo de directivas cristaliza y evidencia la política del Estado”, remata Castañeira.
Apenas se conoció la comunicación municipal, las organizaciones de mujeres exigieron la inmediata renuncia de Alberto Daniel Araujo y Marco Marine, coordinador administrativo y coordinador médico del centro de salud de El Palomar, entre otros funcionarios provinciales. Tres días después, con una presión creciente y la repercusión en los medios que comenzaba a multiplicarse, Tagliaferro pegó un volantazo, se deshizo de dos funcionarios y le echó la culpa a la gestión anterior.
A través de un comunicado oficial, el Municipio informó que había inciado un sumario administrativo y separado de su cargo al coordinador médico del centro de El Palomar, el médico Mario Marine, sobre el que, aclararon, “se desempeña como profesional en el Municipio hace veinticinco años”. También el coordinador administrativo, Daniel Araujo, corrió la misma suerte.
Además de apartarlos, la administración del ex marido de Vidal se desvinculó de lo sucedido: “Esa política no representa las opiniones ni las políticas sanitarias del Municipio de Morón”, apuntaron y señalaron que el responsable de haberla impulsado no era otro que el coordinador médico Marine y su compañero Araujo.
Pero, además y en el mismo texto, buscaron explicar que los carteles “que instaban a denunciar las sospechas de aborto son parte de una burda operación política por parte de quienes, durante el gobierno anterior, no hicieron más que atentar contra la salud pública”. Es decir: la culpa es de los médicos nombrados por Tagliaferro y, además, de la oposición política. De todos juntos y al mismo tiempo.
Pero Romina Pereyra, de la CTA, amplía la mirada y explica que la política municipal de Morón es clara: ajuste y desguace de áreas y programas sanitarios y de inclusión. “Reduce el presupuesto y con eso achicaron las posibilidades de intervención de las consejerías (creadas en 2014) para reducir riesgos en situación de embarazo no planificado. Por primera vez, encontramos que vecinas de Morón vienen a atenderse a La Matanza cuando, tradicionalmente, el flujo era el inverso”, revela.
“Ya han tenido problemas porque esta es una gestión que no acepta los avances logrados en materia de derechos de las mujeres”, completa Sabbatella. “Despliegan políticas discriminatorias y estigmatizantes. Ante una situación de presunta violencia, en vez de seguir implementando el protocolo de atención a las víctimas se recurre a la denuncia compulsiva sin la intervención profesional pertinente”, cuestionó.
Mario Marine y Daniel Araujo están en sus casas suspendidos de sus cargos. El cartel fue retirado de la unidad sanitaria de El Palomar. Pero la organización Mujeres del Oeste denuncia que faltan anticonceptivos y misoprostol (necesario para garantizar las interrupciones legales del embarazo). Se está desmantelando el servicio de dudas en el Hospital de Morón, y no mandan médicos al consultorio de diversidad. Si pasa, pasa. Y en Morón, parece que son demasiados los derechos que quedan en el camino.
Actualizado 24/08/2016
Ago 5, 2016 | inicio
Cientos de militantes se reunieron este jueves frente a la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo para impedir que la policía detenga a Hebe de Bonafini, símbolo de la lucha contra la dictadura cívico-militar que instauró el terrorismo de Estado en la Argentina entre 1976 y 1983.
Un aparatoso operativo policial se desplegó en la puerta del organismo defensor de los derechos humanos, en Hipólito Yrigoyen al 1500, a la misma hora que cada jueves, desde hace 1.999 semanas, las madres parten rumbo a Plaza de Mayo para dar sus tradicional acto en la Pirámide, frente a la Casa Rosada.
El reclamo por el tarifazó se sumó también al apoyo a Hebe de Bonafini.
Los policías blandían una orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien decidió arrestarla acusándola de rebeldía por no presentarse a declarar en la causa que la investiga por presuntos desvíos de fondos que la cooperativa de construcción de viviendas Sueños Compartidos recibía en concepto de subsidios estatales.
Rodeada de militantes de distintas organizaciones y de numerosas personas que se acercaron a solidarizarse, Hebe logró eludir el cerco policial y realizar el tradicional acto en la Plaza de Mayo, donde leyó una carta en la que recordó que desde 1976, cuando desaparecieron sus hijos, la justicia le da la espalda. “Cuando hay un juez probo, uno tiene que presentarse, pero cuanto son todos estos, uno no los puede respetar”, resumió. Bonafini había sido citada por Martínez de Giorgi a una declaración indagatoria, que es el derecho que le asiste a un acusado a declarar ante un juez. Por la mañana, sus abogados habían anticipado mediante un escrito que no haría uso de ese derecho.
La orden de detención de Hebe se da en un contexto preocupante para la defensa de los derechos humanos. Desde la asunción del gobierno macrista, aumentó considerablemente el número de prisiones domiciliarias concedidas a represores de la última dictadura, se aletargaron los juicios que investigan desapariciones y torturas, se desmantelaron unidades públicas de distintos ministerios que tenían como objetivo investigar y aportar información en torno a la represión, el ex carapintada Aldo Rico participó de los festejos oficiales por el Bicentenario y el ministro de Justicia Germán Garavano recibió a familiares de genocidas mientras el presidente Macri le retaceaba su tiempo a Estela de Carlotto, entre otras acciones.
Tras la ronda de los jueves, Bonafini regresó a la sede de su organización y se quedó allí durante toda la noche. Ante el apoyo multitudinario, el juez suspendió la ejecución de la medida y le ordenó a la policía que la llevara a cabo cuando lo considerara conveniente, por lo que no hay que descartar la detención, en cualquier momento, de la titular de Madres, quien puso su propio cuerpo delante de la caballería montada en la rebelión popular de 2001 para proteger a los manifestantes en Plaza de Mayo. Al cierre de su discurso fue la propia Hebe la que interpeló al presidente de la Nación: “Macri, pará la mano”.
Actualizada 05/08/2016
Dic 29, 2015 | inicio
Pasaron casi cuatro años desde la tragedia de Once donde 51 personas que viajaban hacia el Centro porteño murieron y cientos resultaron con lesiones. Hoy, 29 de diciembre de 2015 los familiares que se hicieron escuchar durante todo este tiempo pudieron ellos prestar oidos a una esperada sentencia: se desestimaron los pedidos de nulidad del juicio y se condenó a Sergio Claudio Cirigliano a 9 años y a Juan Pablo Schiavi a 8 años de prisión, respectivamente. Ricardo Jaime recibió 6 años de prisión y el maquinista Marcos Córdoba 3 años y 6 meses y la inhabilitación especial por 6 años. También fueron sentenciados funcionarios de Cometrans, TBA y la Linea Sarmiento.
Mirá la cobertura fotográfica de ANCCOM de la sentencia del juicio a los acusados por la tragedia de Once. El rostro de los familiares de las víctimas en Tribunales de Comodoro Py. Buenos Aires. 29 de diciembre de 2015.
