Jul 21, 2015 | destacadas
Convocado por el CELS y la Universidad Torcuato Di Tella se realizó el primer seminario internacional “Drogas: de la prohibición a la regulación”, con el objetivo de pensar y reflexionar acerca de nuevas políticas sobre el tema que recuperen el marco de los derechos humanos. Las dos jornadas, los días 20 y 21 de julio, contaron con asesores, investigadores y representantes de distintas organizaciones y organismos internacionales, como la ONU, la fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) y universidades latinoamericanas y europeas.
Durante la jornada inaugural, Horacio Verbitsky y Juan Gabriel Tokatlian, presidente del CELS y director del Departamento de Ciencia Política de la UTDT respectivamente, coincidieron en la necesidad de un cambio de paradigma en lo que respecta a las políticas de drogas. “Tal como ocurre con algunas políticas económicas del neoliberalismo, cuando se percibe su escaso resultado, no se pone en revisión el paradigma que las justifica sino que se atribuye a una insuficiencia de rigor, de perseverancia o de fuerza suficiente en su aplicación, y el fracaso, lejos de debilitar el paradigma, lo fortalece”, refirió Verbitsky.
Hay sobrados justificativos para dejar de pensar dichas políticas dentro del slogan “guerra contra las drogas”. Formulado por los Estados Unidos en la década del 60, cuando el expresidente Richard Nixon estaba en el poder, ese paradigma “sirvió para justificar otro tipo de políticas, como la lucha anti subversiva en América Latina”, precisó Verbitsky. A su vez, ese modo bélico de encarar la cuestión parte de una “demonización de la sustancia”, según agregó el presidente del CELS, construcción mediante la cual “todos los males son colocados en ese fetiche y no hay reflexión sobre las relaciones sociales que implican la producción, el tráfico y el consumo”.
A pesar de que el prohibicionismo sigue siendo una constante a nivel global, Tokatlian señaló que “estamos frente a un cambio en materia de políticas de drogas pero debemos precisar qué tipo de cambio se está dando y cuáles son sus alcances”. Por poner algunos ejemplos, tanto China, Estados Unidos, Rusia como aquellos países emergentes persisten -con sus variantes- en un régimen de tipo prohibicionista. Aunque Tokatlian avizora una transformación paulatina de ciertas reglas a nivel mundial, rescató el debate y las discusiones en América Latina como aquellas más propositivas y fructíferas en el contexto mundial actual.
La regulación se reivindica como la posibilidad de dejar atrás al prohibicionismo, tal como sugiere el título del seminario. Esta alternativa, si bien no fue explayada minuciosamente, debe, en palabras de Tokatlian, “introducir muy intensamente la cuestión de que la regulación también tiene bases éticas para sustentarse, que requiere de un debate que rescate valores como la autonomía de las personas, la justicia, el bienestar, la protección del ciudadano. Hay un discurso ético posible sobre la regulación.”
En las breves exposiciones que inauguraron el seminario se describió el impacto de las actuales políticas de drogas en el mundo, con especial hincapié en la situación estructural de América Latina y el fracaso y los límites del paradigma de “guerra contra las drogas”. La crítica se centró, en particular, en aquellas políticas referidas al punitivismo y la penalización del uso y consumo. “Las consecuencias del prohibicionismo de atacar la oferta ha sido devastador para América Latina y creo que esta región es quien debe levantar las voces en contra de este paradigma y generar una discusión sobre otras formas de encarar la cuestión de las drogas”, afirmó el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier.
Un punto que atravesó las exposiciones, no sin un enfoque crítico, fue la próxima Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS 2016), convocada especialmente para tratar el problema de las drogas a nivel global. UNGASS 2016 -a realizarse en Nueva York- será un espacio pertinente para poder plantear y consolidar un cambio real en las políticas de drogas en el marco de los derechos humanos o podrá convertirse en un mero cambio de vestiduras del prohibicionismo, bajo el influjo político conservador de los Estados Unidos.
Jul 21, 2015 | inicio
Una virgencita de porcelana. Un teléfono de línea. Una ventana. Bebés. El jardín y los juguetes de sus hijos e hijas, que convivían con ellas en la unidad 31 del penal de Ezeiza. Esas son algunas de las imágenes que eligieron mostrar. Los fotógrafos con cámaras marca Nikon, Canon y Sony, se acercan para retratar las fotografías hechas con cajitas de fósforos. «Cámara fragata» se lee en los epígrafes de las fotos en exposición, haciendo referencia a la tradicional marca de fósforos. «Cámara de madera», dice otro epígrafe.
El sábado 18 de julio se presentó en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ex ESMA, la muestra «Iluminaciones», con fotografías con cámaras estenopeicas hechas en la cárcel por mujeres privadas de la libertad. La exposición, que se podrá visitar hasta el 23 de agosto, fue realizada por la asociación civil y cultural YoNoFui en el marco del taller de fotografía «Luz en la piel», uno de los tantos proyectos que lleva adelante la organización, con apoyo del Haroldo Conti.
La organización YoNoFui surgió en el 2007 durante un taller de poesía en la cárcel de mujeres en Ezeiza. Desde ese año, realizan una importante cantidad de actividades artísticas y culturales en las cárceles de mujeres. El taller de fotografía comenzó en 2008, mientras que el de fotografía estenopeica empezó en 2009. Allí, las participantes aprendieron a construir sus propias cámaras fotográficas con cámaras hechas de madera o de cajas de fósforos.
Cuando presentaron el libro «Luz en la piel», un compilado de las fotografías tomadas en la cárcel, se acercó Cristina Fraire, coordinadora del área de fotografía del Centro Cultural Haroldo Conti, para proponerles un proyecto en conjunto. Entre 2013 y comienzos del 2014, el equipo de fotografía del Conti estuvo acompañando y apoyando a las mujeres de YoNoFui. «Colaboramos teniendo la idea de siempre apoyar aquellos emprendimientos que tienden a mostrar lo que trata de ser invisibilizado», explica Fraire.
En ese sentido, una de las ideas principales era hacer fotografías que retraten el día a día de la cárcel. Pero eso era imposible por las restricciones de las propias normas de estos complejos. Según relata Fraire, el director del Haroldo Conti, Eduardo Jozami, tuvo que presentar notas en el servicio penitenciario para que se habilitaran las entradas a otros ámbitos del penal para hacer las fotos que hoy pueden apreciarse en la muestra.
«Gracias a que el Conti se sumó al proyecto, pudimos entrar en otras partes del penal donde no teníamos acceso», explicó Alejandra Marín, la coordinadora del taller de fotos de YoNoFui, durante la presentación de la muestra. «Trabajábamos siempre en un patio muy reducido del área de educación y lo que empezamos a retratar fue la vida cotidiana de las chicas en distintos espacios. Pudimos ingresar a los pabellones, al área de trabajo, al jardín de infantes», añade Marín.
Liliana Cabrera, poeta y actual docente de YoNoFui, participó del taller de fotografía desde el año 2008. «Fue impresionante para nosotras ver que se podían hacer fotos desde una caja de fósforos, nos parecía lo más elemental para poder hacer arte».
Una cámara estenopeica exhibida en la Muestra «Iluminaciones»
En la presentación, Cabrera se emocionó al expresar que «lo que yo soy hoy, ahora, se lo debo al taller de poesía y de fotografía. Es muy importante en los contextos de encierro poder contar con estos espacios de libertad que si no estuvieran, quién sabe dónde hubiéramos terminado muchas de nosotras».
Ana Fernández, quien estuvo detenida 7 meses en la unidad 31 junto con su bebé, que en ese momento tenía 6 meses, agregó que «el trabajo de YoNoFui abre espacios liberadores para toda la gente detenida. El arte es motivador y ayuda a aquellos que están en situación carcelaria a tener una esperanza».
Marco Bufano, del equipo de fotografía del Centro Cultural, filmó y registró en un corto la experiencia, en diálogo con ANCCOM cuenta que «pudimos entrar a los pabellones, la cocina, algunos patios. Supuestamente no podés filmar cerraduras o rejas. Teníamos una mujer del servicio penitenciario controlando todo el tiempo».
«¿Por qué los reglamentos no permiten generalmente que quienes se alojan en los institutos carcelarios puedan tomar fotografías?», se pregunta Jozami en el texto que abre la muestra. «La fotografía es un modo de apropiación: documenta un momento, una situación, el mismo lugar de encierro. El detenido, de alguna forma, se adueña de lo que registra con su cámara y -bien saben quienes sufren las requisas- a las presas y presos el estatuto del penal no les reconoce, en definitiva, ninguna propiedad».
Liliana Cabrera, poeta y actual docente de YoNoFui
Durante la presentación, el director del Centro Cultural manifestó que «la posibilidad de desarrollar actividades sin limitaciones y que ingrese el arte a la cárcel es un elemento fundamental para ayudar a transformar una situación y un régimen carcelario que todavía deja mucho que desear».
«Las políticas de memoria, verdad y justicia, el respeto por los derechos humanos no se refieren solamente a los años ’70. Una de las asignaturas pendientes dentro de este presente argentino que tantas cosas ha cambiado, es precisamente la situación de las cárceles. El arte y la cultura en general tienen un rol fundamental en el proceso de memoria».
Asimismo, María Medrano, fundadora de YoNoFui, señala que «si bien son épocas distintas, hay mucho de la realidad que se vive adentro de una cárcel que permanentemente se actualiza con situaciones como el traslado de los genocidas a la cárcel de mujeres». En entrevista con ANCCOM, Medrano reflexiona que la muestra «Iluminaciones» podría servir para «iluminar» las paredes del espacio «que formó parte de la historia más negra de nuestro país».
Durante el transcurso del taller, hubo un hecho que entrecruzó ambas historias. A principios de 2014, las autoridades tomaron la decisión de trasladar a las mujeres que estaban en la unidad 31 a otro complejo para que en Ezeiza se pudieran alojar hombres detenidos por delitos de lesa humanidad, que se quejaban de las condiciones de salud del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.
Alejandra Marín, coordinadora del taller de fotos de YoNoFui.
Ese movimiento puso en riesgo la continuidad del taller, Medrano explica que «tuvimos que mudar el taller a la otra unidad, porque la mayoría de las participantes se fueron del taller». Finalmente y a través de la intervención del Centro Cultural, se logró reubicarlo. Actualmente, el taller de fotografía estenopeica funciona en la Unidad IV de Ezeiza.
«Adentro de la cárcel, en este momento tenemos talleres de carpintería, tejido y telar, poesía, fotografía estenopeica, fotografía digital. Afuera tenemos talleres de textil, serigrafía, encuadernación artesanal, diseño de calzado, dibujo y de periodismo, con el que hacemos una revista», enumera Medrano. Los proyectos de YoNoFui son muchos. El nombre de la revista, que ya tiene una segunda edición, es elocuente: «Yo soy».
Jul 21, 2015 | inicio
Educación: más escuelas, menos globos
Matías Zalduendo es el Secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y aquí plantea la agenda que el gremio docente le planteará al sucesor de Mauricio Macri.
¿Qué reclamos le harán al nuevo jefe de Gobierno como trabajadores de la educación?
Nosotros planteamos que no sólo luchamos por el salario, que claramente es con lo que cuenta el trabajador para vivir en esta sociedad, sino que también peleamos por las condiciones de trabajo. Entonces, las primeras medidas tienen que mejorar las condiciones de trabajo y de enseñanza en las escuelas de la Capital Federal. En primer lugar, algo que surge para el nivel primario es que nosotros seguimos peleando por la Ley de Celadores de Comedor, que todavía no fue cumplida en pleno ejercicio. Necesitamos que haya celadores en los comedores para que no recaiga toda la actividad sobre los docentes que bastante tarea tienen.
¿Esto está relacionado con un aumento en el presupuesto?
Consideramos que lo primero que tiene que haber es un mayor presupuesto educativo, este gobierno viene subejecutando, bajando el presupuesto, y así se quiere construir la escuela pública. Es algo que no sale en los medios pero es real. Quieren aplicar la Nueva Escuela Secundaria (NES) -un reclamo legítimo, que implica discutir una escuela nueva, cambiarla – sin presupuesto. Hoy, hay muchas escuelas que no están preparadas para ese cambio. O peor, hay escuelas que han pasado o están pasando este invierno sin gas, con situaciones edilicias complicadas. No podemos pensar que haya una escuela pública para pobres y una escuela privada para ricos. Queremos que la escuela pública sea de todos, donde ingresa el hijo del farmacéutico, del profesional, del trabajador de una fábrica, la hija de un desocupado, una escuela de todos. El macrismo está estigmatizando la escuela pública.
¿Qué otras necesidades concretas tiene la escuela pública?
Ante la situación que hemos vivido -por la separación del cargo de las dos docentes del Jardín de Infantes N°2, D.E. N°12, luego de que un niño que asistía al establecimiento fuera asesinado por su padrastro a golpes– un reclamo importante es la necesidad de incrementar los equipos de orientación escolar en las escuelas. Hoy están saturados porque hay muy pocos por distritos, es una situación imposible. Tiene que haber muchos más equipos de orientación escolar: trabajadores sociales, psicólogos, que estén acompañando las trayectorias educativas de nuestros pibes en las escuelas. Eso es lo que necesitamos, equipos fortalecidos, que estén a la altura de la escuela pública. La sociedad fue cambiando y la escuela se tiene que actualizar. Necesitamos que el docente en el aula cuente con otros acompañamientos.
¿Qué otras políticas deben reverse?
Hay que actualizar las asignaciones familiares que están en el freezer. Con este gobierno de la Ciudad, no se actualizan hace años, me parece que es un reclamo importante.
¿Y respecto a lo edilicio, qué es lo que necesita la escuela pública?
Necesitamos más escuelas, tanto de nivel inicial como de primaria. El gobierno de la Ciudad no ha construido escuelas. El problema de las vacantes se dio este año, el año anterior y existe actualmente. Recién hace una semana colocaron un micro que va del Distrito 20 al Distrito 3 para llevar niños que no tienen vacante en su barrio hacia otro en que sí las hay: tardaron cuatro meses en dar el servicio. Hubo chicos que desde el mes de marzo estuvieron sin ir a la escuela. De eso nadie habla, no es noticia, no es titular de nada. Para los globos de colores hay presupuesto, pero para un micro para los chicos de las zonas más postergadas de la sociedad, no. Los chicos estuvieron más de cuatro meses sin escolarizarse, algo nefasto y terrible. Tiene que haber más escuelas para que lo de las vacantes no vuelva a ser un problema, para que no tengamos el año que viene situaciones de chicos que no se pueden escolarizar. Tienen que hacer más escuelas por distritos, más aulas de nivel inicial. La construcción de escuelas tiene que ser una política clara y educativa de este gobierno.
¿Qué otra necesidad tiene el sistema educativo porteño?
Otro tema importante es la titularización de los maestros del área socio educativa. Docentes que se encuentran en situación de interinos y el Gobierno se comprometió a su titularización y no ha cumplido. Por otro lado, está la implementación de la titularización de las docentes de nivel inicial y primario en las escuelas normales de la Capital Federal. Se ha votado una ley, el año pasado en la Legislatura porteña, en la que se comprometían a la titularización de todos los docentes y hasta la fecha no hay novedades, algo que es bastante preocupante porque se trata, ni más ni menos, que de la estabilidad laboral del docente.
Vista de la Villa Rodrigo Bueno.
Vivienda: Urbanización de la villa 31
Teófilo Tapia es un vecino de la villa 31, ahora llamado Barrio Carlos Mugica, de Retiro. Desde la década del setenta es el referente en la lucha por la urbanización. Además es el fundador del comedor Padre Carlos Mugica y elegido continuamente por los vecinos como delegado barrial. Reclama la implementación de la ley 3.343, aprobada por unanimidad en la Legislatura pero que nunca se aplicó.
¿Cuánto hace que milita por la vivienda digna?
Es un camino que empezó en la década de los 70, desde esa época pedimos que se haga la urbanización de la villa 31. Fue una lucha que comenzó para que se hagan las viviendas del barrio, que antes se llamaba Eva Perón y ahora se le dio el nombre de Carlos Mugica. Y nosotros seguimos ese camino, esa lucha desde aquella época. En estos últimos años, en el 2009, se votó la ley 3.343, que se aprobó por unanimidad en la Legislatura de Gobierno de la Ciudad, que estableció la urbanización de la villa. Los primeros objetivos eran marcar un polígono, que decía cómo y dónde se iban a construir las viviendas, desde dónde hasta dónde son los límites. Inclusive el gobierno de Mauricio Macri aprobó el proyecto, nos pareció rara su aprobación, ya que él siempre tenía la intención de erradicar la villa 31.
¿Y se puso en marcha la aplicación de la Ley?
No, porque ahora lo que falta es la aprobación del dictamen de ley. El dictamen es lo que ordena cómo se van a distribuir las viviendas, cuánto van a valer, cómo se van a unir las calles, y todo lo que es necesario para conformar la villa 31 en un barrio urbano. Desde el Gobierno de la Ciudad no están de acuerdo porque no quieren ceder el poder de las tierras a los vecinos. Entonces, el conflicto es entre el Gobierno Nacional, que quiere entregarnos las tierras y el Gobierno de la Ciudad que no quiere. Porque el Gobierno de la Ciudad puede prometer que va a construir, y de pronto cambia de idea, no hace nada, y nos echa a todos. Ese es el temor. El problema es que en los tres sectores de la Legislatura que tratan la urbanización de la Villa 31 -la Comisión de Vivienda, Planeamiento, y en Presupuesto- siempre lo rebotan.
¿Entonces el obstáculo es la propiedad de la tierra?
No quieren que los vecinos sean los dueños de las tierras. Porque sus objetivos son quedarse con la tierra y hacer un barrio como Puerto Madero. La intención del Gobierno de la Ciudad no es hacer un barrio obrero, porque de un barrio obrero no pueden sacar mucho rédito. No van a poder poner muchos impuestos porque es un barrio de trabajadores. En cambio, si en ese lugar edifican torres, ahí les resulta más productivo.
¿Si tuviera que evaluar la acción del Gobierno en estos últimos años, cómo lo describiría?
Diría que aprobaron la Ley porque creían que el Gobierno Nacional al día siguiente le iba a ceder el traspaso de las tierras. Pero no salió como querían, cuando les dijeron que antes del traspaso tenían que firmar un acta que les daba el poder de la tierra pero “para la urbanización de los habitantes de la villa 31”, en eso no están de acuerdo. El Gobierno de la Ciudad lo que quiere es que hagan el traspaso primero y después ellos deciden. Dicen que van a urbanizar, pero quién sabe si lo van hacer. Ellos tienen mucho deseo de quedarse con las tierras.
¿Y mientras no se apruebe el dictamen, el proceso queda estancado?
No, seguimos peleando. El problema es que no sale el proyecto del dictamen de la Comisión de Vivienda de la Legislatura. En tres oportunidades lo volvimos a presentar, dos veces lo presentaron legisladores, y este año decidimos que lo iba a presentar el barrio en tanto Habitantes de la Villa 31 y organizaciones sociales. Esperamos que el nuevo proceso tenga consenso y los diputados puedan tratarlo y poder urbanizar. La primera reunión que tuvimos fue con asesores, pero no se consiguió nada. Se justificaron con el capricho de que si Cristina Kirchner no entrega las tierras, no se puede urbanizar, pero no le hablan a ella directamente, sino que dicen: “Acá la presidenta se niega a presentar las tierras, y Macri no puede urbanizar si no tiene las tierras”. No puede porque no quiere hacerlo. Se podría avanzar si Macri, como Jefe de Gobierno, mandara una nota pidiendo la urbanización, para que los habitantes de la villa puedan construir sus viviendas, ayudar con lo que falta, y tratar de organizar para que sea un barrio y no una villa. Pero él no está de acuerdo.
¿Como representante del Barrio qué le pediría al nuevo jefe de Gobierno porteño?
Le pediría que apruebe el dictamen, que sea más flexibles con el tema de la urbanización. Y que lo apruebe la mayoría, porque hay que esperar a ver cómo va a quedar conformada la Legislatura en la Ciudad. Aunque probablemente el nuevo Jefe se siga oponiendo a que salga el tratamiento de la Ley, y así va a ser difícil conseguir la urbanización de la villa 31. Lo que queremos es que se entienda que nosotros no somos usurpadores, la villa tiene cien años de historia, somos trabajadores, somos los que construimos los edificios donde vive la gente de Libertador. Entonces lo que pedimos es el derecho de vivir también dentro de la Ciudad, y no ser marginados por el resto de la sociedad. Porque Macri en un momento salió en una nota diciendo que la villa 31 crea la inseguridad de los vecinos que viven en Libertador, y no es así. Nosotros también somos vecinos. Vinimos a la villa por una necesidad, porque en la Provincia no hay tanto trabajo como hay acá. Pero es una lucha bastante dura, porque hay personas que no quieren que se urbanice la villa, no quieren que haya gente humilde dentro de la Ciudad.
Viviendas ociosas en la Ciudad de Buenos Aires, en Puerto Madero.
Alquileres: sistemas de mediación
Ricardo Botana es el presidente de la Unión Argentina de Inquilinos, una entidad diseñada para asesorar a todos aquellos que alquilan viviendas en el país. Pelean por defender sus derechos y por una ley que regule la actividad.
¿Qué cambios observa de los últimos años con respecto al precio de los alquileres?
Dentro de la Capital está muy diversificado. Cambiaron las exigencias porque hay un escalonamiento a nivel semestral cuando antes era anual. Antes uno firmaba un contrato y tenía un aumento del 20% al año, y ahora hay un aumento que llega hasta un quince por ciento semestral. También cambió la cantidad de garantes exigidos, ahora son dos y tiene que residir en Capital.
Y en cuanto a la regulación ¿qué cambios se fueron dando?
En algunos lugares se ha logrado, Por ejemplo en la ciudad de La Plata existe una oficina que funciona dentro de la Municipalidad con los compañeros de API (Asociación Platense de Inquilinos) para la mediación específica entre locadores y locatarios. Pero en la Capital todavía no hemos logrado lamentablemente un espacio concreto.
¿Qué opina sobre el programa “Alquilar se puede” del Gobierno porteño?
Es un programa que ojalá pueda llegar a más gente, pero por el momento no ha logrado dar mucha ayuda para alquilar. En realidad tampoco es la solución, que tendría que pasar por una mirada más ligada al acceso a los créditos. Es verdad que el programa tuvo mucha publicidad pero a la hora de ponerlo en marcha no tuvo gran cantidad de beneficiarios. No quiero mentir con respecto al número, pero hay una entrevista al legislador Fernando Muñoz donde decía que eran alrededor de trecientos.
¿Por qué cree que todavía no pudo ser más masivo?
No sé si no tendrá algún cupo o cómo vendrá el tema de las admisiones.
¿Qué esperan del nuevo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?
En lo inmediato, la creación de un espacio para lograr la resolución de los conflictos entre locatarios y locadores para evitar la vía judicial. Lo que ocurre en los contratos en la relación cotidiana es que, por ejemplo, según el código vigente se establece que los gastos de conservación están a cargo del locador y algunos arreglos para la vida cotidiana, que son de poco costo, tiene que hacerse cargo el inquilino. Pero eso nunca se reconoce, paga siempre el inquilino.
Hospital de Niños de la Ciudad.
Salud: menos ajuste, más inversión
Carlos Paz tiene 53 años y trabaja como médico de guardia en el Hospital Moyano durante 30 horas semanales. Se opone a la precarización laboral que, denuncia, los profesiosionales de hospitales públicos porteños vivieron en los últimos años.
¿Cómo son las condiciones de trabajo en general?
Son desgastantes, con recursos humanos escasos, falta de políticas en el ámbito de salud mental con un alto nivel de violencia institucional, por parte de las autoridades instaladas desde la intervención. Formo parte de un grupo de profesionales que nos hemos organizado ante la falta de representación gremial legítima para hacer frente a las políticas del gobierno del PRO.
¿En qué situación están los salarios?
En términos generales, hace dos años nos rebajaron el sueldo a más de dieciséis mil profesionales del sistema público de salud, existen trabajadores precarizados con sueldos congelados hace más de tres años. Y hoy intentan modificar el régimen de residencias y concurrencias, por ejemplo, en salud mental.
¿Cuál es la situación de los médicos en el hospital?
En lo particular, en el Moyano, desde hace un año y medio, a través de auditorías persecutorias, se intentó cesantear a más de la mitad del personal, por ejemplo a través de sumarios y cambios de función a los colegas. Se descontaron sueldos sin ninguna justificación, se digitan los escasos concursos que hay de una forma discrecional. El clima, en general, es de violencia y se padecen enfermedades. Esa es parte de nuestra realidad cotidiana en el hospital que se repite en todo el sistema público de salud de la ciudad.
¿Qué expectativas tiene respecto del próximo jefe de Gobierno en materia de salud pública?
Lo lógico es que el próximo gobierno sea una continuidad del actual: más ajuste, cada vez menor inversión en lo público, tanto en salud como en educación, y más obras para “embellecer” la ciudad. La salud mental para los gobernantes es un gasto y, por lo tanto, van a continuar con los recortes en todas las áreas. No van a invertir en todos los dispositivos necesarios para la atención del paciente y el cumplimiento de las leyes de Salud mental nacionales y municipales.
Jul 21, 2015 | inicio
La línea 60 no circula desde el lunes 29 de junio a raíz de un enfrentamiento entre la empresa operadora y sus choferes. El cuerpo de delegados denunció que Micro Ómnibus Norte S.A. (MONSA) impuso un lockout patronal y echó a 53 trabajadores. Además, 22 empleados permanecen encerrados hace una semana en la terminal de Constitución. Desde la noche del martes 14 de julio, la Policía Federal montó un vallado en Guanahani 420 por orden del Juzgado Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de María Servini de Cubría.
El conflicto salió a la luz el miércoles 24 de junio cuando la asamblea decidió no cobrar boletos en protesta por el despido del chofer Ariel Benítez. Los 250 mil pasajeros que viajan por día se ahorraron el pasaje durante el jueves y viernes siguientes. “La medida contó con un 95 por ciento de adhesión. El año pasado, en primera y en segunda instancia, la Justicia resolvió que esta herramienta de fuerza gremial era legítima”, argumentó Héctor Cáceres, uno de los delegados que hace una semana no sale del cerco policial.
El sábado 27 MONSA se presentó con una conciliación obligatoria firmada de oficio el día anterior por Adrián Caneto, titular de la Subdirección Nacional de Relaciones de Trabajo. Con ese respaldo cesanteó a otros 47 conductores y retiró al personal administrativo y jerárquico de las cabeceras de Constitución, Ingeniero Maschwitz y Tigre. Asimismo, intentó normalizar el servicio pero sólo 26 de los 1200 choferes se prestaron.
“Despidieron a Benítez aduciendo que tuvo choques múltiples. Es mentira porque habrá tenido tres o cuatro accidentes y de gravedad mínima. En realidad lo echaron porque es activista sindical. Entre otras cosas, denunció a un inspector y a la empresa por persecución laboral”, acusó Mario Andrés Molina, otro de los delegados de la agrupación Al Volante. Y agregó: “Fue una excusa para atacar los reclamos que veníamos sosteniendo sobre condiciones laborales”.
Causas de la pugna
Antes de que estallara el conflicto, la comisión interna y los directivos de MONSA mantenían una mesa de negociaciones donde había tres reclamos. El primero era que la compañía cumpliera con dictámenes firmados hace cinco años por el ministro Carlos Tomada y la secretaria Noemí Rial, de la cartera de Trabajo, por liquidaciones incorrectas de salarios. El segundo, que depositaran los diez meses de sueldos adeudados a once delegados. Era un total de 1,4 millones de pesos. Y el tercero problema refería al incremento de permisos gremiales para los delegados de 4 a 12 días por año. “En el transporte público casi ningún delegado trabaja arriba del colectivo. Nosotros, además de la tarea sindical, también manejamos. Los afines a la empresa no”, manifestó Molina.
Pero la mesa se rompió luego de que el presidente de MONSA, Marcelo Pasciuto, intentara incluir otras tres cuestiones. “Nos pidieron que los choferes pagáramos las multas de los accidentes cuando corresponde que lo hagan los dueños de los vehículos. En otras líneas, la empresa pudo imponerse porque los compañeros no están organizados y tienen miedo”, indicó Molina.
Según una investigación realizada por miembros del Conicet y de la Universidad Austral a pedido de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y publicada por el diario La Nación, el 85 por ciento de los choferes de transporte urbano reconoció que para atenerse a los horarios debe conducir de manera insegura y no cumplir las reglas de tránsito.
“Solicitaron, además, que elimináramos el fondo de lucha: un comedor interno donde algunos colegas, que por alguna razón no pueden manejar, trabajan cocinando y se llevan el sustento para la familia”, añadió Molina. “Pero la gota que rebalsó el vaso fue el pedido para aplicar la 245, una herramienta del convenio colectivo mediante la cual el patrón, con el acuerdo de los delegados, puede despedir a quien quiera. Nosotros nos levantamos de la mesa. Su intención no era limpiar a Benítez sino a muchos más”, lanzó.
Tras los 47 despidos que siguieron al de Benítez, MONSA envió dos telegramas más. De esta manera totalizaron 50 trabajadores en la calle en el último mes, que se suman al de otros tres compañeros por los cuales el cuerpo de delegados peleaba su reincorporación. “A Canuyan, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) le había quitado el registro por error. Cuando retrotrajo la decisión, la empresa no hizo lo propio. Lema fue reinstalado tras una cautelar pero su situación es inestable. Y Siriscevic, que trabajaba en el fondo de lucha, fue llevado a juicio por usurpación y podría terminar preso. La Justicia defiende a quienes ahogan a los trabajadores”, relató Molina.
A su vez, la comisión interna denunció que la empresa aún recibe subsidios por coches que no tiene en circulación. Por mes percibe desde el Estado Nacional 34 millones de pesos por sus 340 unidades. Pero sólo saca a la calle 244 de ellas y 96 se quedan paradas.
Vivir en la terminal
Desde el martes pasado, 22 colectiveros quedaron dentro de la cabecera de Constitución. Servini de Cubría dispuso que se realizara un allanamiento para constatar el estado de las unidades. El procedimiento todavía no tuvo lugar y la comisaría 26 mantiene un vallado con efectivos y un camión hidrante para impedir la entrada al predio de la línea 60. “Podemos salir pero no volver a ingresar; ni nos permiten cambiar la guardia. Si lo hacemos significaría que renunciamos a nuestra lucha”, contó Héctor Cáceres desde el interior de la cabecera. Quien sí tiene vía libre para entrar y salir es el personal de vigilancia de la compañía.
La policía impidió hasta el sábado que se ingresaran alimentos o bebidas y la única forma de comunicación es por vía telefónica. El viernes, una ambulancia constató que uno de los choferes estaba enfermo y le recetó antibióticos. Sin embargo, los agentes también vetaron los medicamentos. “Estábamos sin comida, sin bebida y sin ropa para cambiarnos. Se nos hizo muy complicado vivir así”, narró Cáceres. Recién este sábado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación intervino a raíz de la denuncia presentada por los abogados de la comisión interna y organizaciones sociales. De esta manera pudieron ingresar los víveres.
A unos 50 metros, los choferes instalaron un acampe en la esquina de Guanahani e Ituzaingó y cortaron el paso junto a algunos de sus familiares. Aproximadamente 20 de ellos duermen ahí cada noche. El domingo pasado llevaron a cabo un festival donde tocaron La Duquesa, el Agitador y los Banghieri. A un mes de iniciado el conflicto, aún no parece haber solución a la vista.
Jul 14, 2015 | destacadas
En 1978 la dictadura militar consideró que los libros eran un peligro. Entonces llevó un millón y medio de ejemplares a un baldío en Avellaneda y los prendió fuego. Fue la quema de libros más grande de la historia argentina. Boris Spivacow, editor y amante de los libros, sintió que se quemaba por dentro. Varias décadas después, los editores que lo sucedieron, han ido incorporando e-books a los catálogos. En versión digital, será más difícil encender el fuego.
Los e-books se instalaron de a poco y comenzaron a ganar adeptos. Fueron apareciendo al costado de los libros en papel y hoy están –un poco- más instalados; son otra opción para disfrutar de las letras. Después de todo, lo que está detrás de los distintos formatos y soportes es la experiencia de lectura. El encuentro con un contenido creado para generar intriga, brindar información o emocionar hasta las lágrimas.
Innovar, llegar a más lectores, a un precio más accesible y con productos versátiles. Estos son algunos de los objetivos de las editoriales que incorporaron libros digitales en sus catálogos. La idea es abrirse paso en un mercado chico y probar cosas distintas, porque las nuevas tecnologías así lo permiten y así lo requieren. Ahora es frecuente ver personas leyendo e-books en el subte, en el colectivo o en un café. Sin embargo, sobre el libro digital hay temas que no están resueltos de forma definitiva. Los lectores quieren acceder a los e-books de manera ilimitada; los autores necesitan proteger la propiedad intelectual; y las editoriales tienen que cuidar sus ganancias. Estos tres actores intentan convivir, defender sus derechos, y garantizar el acceso más justo a un bien que no puede expirar: el libro.
En Argentina las ventas de libros digitales representan un porcentaje pequeño. Catalina Lucas, digital manager de la editorial Penguin Random House, contó que “en Argentina, la venta de e-books representa el 1% de la venta total de libros. Dentro del ciclo de vida, Argentina está en la fase de comienzo. En ese escenario, hasta España está en comienzo, siendo un territorio que tiene un 6%, un 7% de venta digital sobre el libro físico. En el caso de Estados Unidos ya está en un estado de madurez, supera el 30%”.
Si se trata de innovar, Eudeba es una editorial que viene defendiendo la idea de su primer gerente general, Boris Spivacow, defensor del lema “libros para todos”. Recientemente, la editorial universitaria puso a la venta dos dispositivos de lectura digital: un e-reader y una tableta, a los que bautizaron Boris. El presidente de Eudeba, Gonzalo Álvarez, defiende la innovación como valor editorial y sostiene una política histórica: ofrecer libros de calidad a precios bajos. “Las nuevas tecnologías en este caso son nuevas pero las utilizamos para cumplir los objetivos que siempre tuvo Eudeba. Está en su ADN, en su constitución en el año 1958, la idea de tener libros, como decía Spivacow, al precio de un kilo de pan”.
Las editoriales tienen diferentes propuestas según la línea empresarial, hay e-books para todos los gustos. Catalina Lucas contó que “lo que se vende es la novedad, tanto en físico como en papel son los mismos títulos; pero en digital a veces hay títulos que venden mucho y te sorprenden porque en físico no venden, como por ejemplo un libro de Dale Carnegie llamado Cómo ganar amigos e influir sobre las personas”. Por su parte, Juan Pablo Aisenberg, titular de Librería Santa Fe, explicó que “se venden mucho novelas, por ejemplo las eróticae; las novedades que salen en papel con más ventas también se venden en digital, en general una cosa acompaña la otra”.
En cuanto a los beneficios del e-book, los expertos consultados por ANCCOM coincidieron en que el libro digital se destaca por la portabilidad y por el precio. Nilda Palacios, gerenta de Desarrollo Multimedia en editorial Santillana, contó que “el libro digital cuesta el 60% del libro en papel”. Catalina Lucas acotó que “el e-book sale la mitad que el libro en papel, pero no es que tomás el precio del físico y lo dividís por dos, sino que tiene que ver con la estructura de costos: cuánto cuesta generar el contenido, cuánto cuesta comercializarlo; es muy difícil comercializar el libro digital en el mercado argentino, tan chico y con pocos actores”.
Por otro lado, todos coinciden en que el papel y el digital son soportes que conviven, pero que el papel sigue teniendo el lugar más importante a la hora de comprar un libro. Aisenberg, de Librería Santa Fe, dice que todavía no se ven muchos cambios en los hábitos de lectura. “La gente -señala- sigue prefiriendo el papel y los jóvenes siguen leyendo en papel. Los que sí se están inclinando al e-book son las personas mayores, y esto es por un tema económico y por un tema de comodidad, con eso ya creo que es suficiente”. Cuando hablamos de las ventas en digital, Aisenberg sostuvo que “las ventas van creciendo lentamente. La ventaja del libro digital en parte es económica y en parte comodidad. También hay muchos libros que no llegan al país por la importación y están disponibles en Internet (…) esas son las ventajas. Hay gente que aprovecha eso, y hay otros que dicen no, con lo que hay me alcanza y me gusta el contacto con el libro”.
Eudeba ocupa un lugar especial en el mercado porque se animó a complementar la oferta de libros digitales con dos dispositivos de lectura. El presidente de la editorial comentó que Eudeba “no es una empresa de tecnología, es una editorial. Pero somos muy conscientes de que no se puede expandir la lectura en formato digital si no se generan mejores condiciones de acceso a los dispositivos de lectura digital de tinta electrónica. Y entonces, si no hay alguien haciendo eso creemos que hay que hacerlo. El Boris es un homenaje a Spivacow. Este año se cumplen cien años de su nacimiento y nos parecía que si Eudeba mostraba un dispositivo de innovación tecnológica, no podía no rendirle un homenaje a un editor claramente innovador como fue él”.
En el mundo de libros escolares, los e-books y contenidos virtuales vienen creciendo. Nilda Palacios, de Santillana, explicó que “hay un incremento porque las escuelas están usando mucho más los recursos digitales. Los planes oficiales de la entrega de computadoras generaron una demanda en general de contenidos digitales para las aulas, tanto las oficiales que tienen Conectar Igualdad como las privadas que no lo tienen, pero que también necesitan estar actualizadas”.
Hace unos años, Amazon inventó el “AutoRip”, una novedad que permitía a todos los que habían comprado CD’s de música, la posibilidad de descargar las mismas canciones en MP3 de forma gratuita. La editorial de libros escolares Santillana tiene una propuesta similar. Los libros en papel que editan traen un código, con el cual los usuarios pueden acceder a la versión digital del mismo libro. Palacios contó que “la compra se hace a través de una librería, se adquiere un cuadernillo que trae una clave, y con ese código se descarga el libro en la computadora”.
Sin embargo, ofrecer este tipo de beneficios depende de los acuerdos de las editoriales con los autores, y con el porcentaje que le den al escritor por cada libro vendido, ya sea en papel o digital. Lucas, de Penguin Random House, contó que cada autor se lleva tres veces más por un e-books que por un libro en papel. “Esto se da por la estructura de costos, se le puede dar mucho más al autor en esta situación. Aparte le das una proyección internacional, por ejemplo un autor lanza su libro físico en Argentina y al mismo tiempo, el mismo día, su libro digital está en todo el mundo a la venta. Esto al autor le permite, sobre todo a los argentinos, una posibilidad enorme de que los que lo conocen en otros países puedan acceder al libro más rápidamente”.
En cuanto a los costos de producción de un e-book, Lucas explicó que “existe el mito de que es simplemente un archivo, y que es muy barato, pero no es así porque ese archivo también tiene un DRM que es anti piratería, y este es un problema enorme que hay en toda la región latinoamericana”. Con respecto a las páginas que permiten descargar libros gratis, dice: “Es un delito contra la propiedad intelectual, nosotros trabajamos para eso, porque somos responsables de que esto no perjudique a nuestros autores. Trabajamos para controlar la piratería, peor es quedarse con los brazos cruzados”.
Hace tiempo, empresas proveedoras de libros encontraron un modo de combatir la piratería: el DRM, un “candado virtual” que enlaza el libro digital a un determinado dispositivo, impidiendo ser reproducido desde otro lugar y limitando la cantidad de descargas. Esto significa que el lector no podría prestar dicho archivo a un amigo, copiar un fragmento o revender el libro. Con el DRM más cerrado, el lector no es su dueño de forma “total”.
Parece altruista esperar que las empresas editoriales suban libros gratis a la red. Pero ¿acaso no es tan altruista esperar que frente a dos libros digitales (uno “legal más caro” y otro “pirata más barato”) el cliente elija el más caro? Estos son los debates que implica hablar del e-book. Por ahora sabemos que se puede comprar en papel, en digital, y con o sin DRM. También se pueden buscar precios, ofertas, novedades o clásicos. El libro es un producto que no puede expirar. Y la elección, una vez más, es del lector. Salud.
En Argentina las ventas de libros digitales todavía representan un porcentaje pequeño.
