Dic 29, 2015 | Entrevistas
2929“Nadie puede ignorar que todos somos usuarios de tóxicos -legales o prohibidos- capaces de alterar la consciencia y que no por consumirlos nos convertimos en dependientes, ya que solo una minoría con determinadas características de personalidad pasa del uso al abuso y de allí a la dependencia”, afirma el jurista Eugenio Zaffaroni en el prólogo al libro de Emilio Ruchansky, Un mundo con drogas, publicado en junio de este año por Editorial Debate. A lo largo de 320 páginas, el autor volcó los resultados de sus investigaciones como periodista de Página/12 y editor de la revista THC, además de la información que recogió en sus viajes por España, Suiza, Holanda, Estados Unidos, Bolivia y Uruguay, seis países que regularon el consumo de drogas que aquí se consideran ilegales.
“El objetivo de la investigación era ver qué había en el mundo por fuera del discurso de la prohibición. Cuando me lo planteé, empecé a revisar los países en donde hay experiencias distintas”, explica Ruchansky.
Según cuenta en su libro, la política prohibicionista tiene su origen en 1961, con la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, en cuyo preámbulo se establece la necesidad de prevenir el “uso indebido de estupefacientes”. “La Convención elige prohibir algunas drogas, no todas –subraya el periodista-. Es la expresión de una clara pelea norte/sur. El norte, es decir los países europeos y los Estados Unidos que tenía industrias farmacéuticas prohíbe algunas plantas: la adormidera, el opio, el cannabis y la hoja de coca. Los países productores son los castigados y sin embargo se guarda cierta permisividad para fabricar medicamentos a partir del opio. No nos quedaremos sin morfina y no nos vamos a quedar sin opioides porque son básicos y necesarios para lamedicina. Pero sí vamos a castigar y perseguir a los cultivadores de opio en Asia.”
¿Cuáles son los costos políticos de no adherir a esa Convención?
Casi todos los estados están adentro de la Convención. Todos creen que es más peligroso estar afuera. Imaginemos: si México la desconociera y permitiera que en su territorio pase toda la cocaína y la metanfetamina que está pasando en este momento, probablemente tendría una invasión extranjera. Además, es casi impensable porque las convenciones, tanto las de derechos humanos como las de drogas, son de las primeras que salieron de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy son casi parte del sentido común. Lo que nosotros buscamos es romper con ese sentido común que dictamina: “Las drogas son malas, a los traficantes hay que meterlos presos y a los consumidores también; o si no meterlos adentro de un hospital”. Nadie va a admitir que existen las drogas y que la gente las consume. Por eso el título del libro, Un mundo con drogas. En una sesión especial de Naciones Unidas se dijo: “Un mundo sin drogas, podemos hacerlo”. Ese fue un eslogan fortísimo. ¿Pero qué drogas? Las aspirinas están, el Prozac está, los ansiolíticos están. A esas drogas no las tocan y a la vez la gente no tiene, en el caso del cannabis por ejemplo, el derecho a tener su propio cultivo para sí mismo, un sistema de autonomía.
Un mundo con drogas apuró su salida para estar en la calle antes de la sesión especial de la Asamblea General de la ONU que tendrá lugar en Nueva York en 2016. En ella se debatirán las políticas globales acerca del consumo de estupefacientes. El cónclave –que originalmente iba a tener lugar en 2019- fue solicitado por los gobiernos de Colombia, Guatemala y México que analizan rever las políticas actuales. El libro relata distintas formas de regulación no prohibicionista del consumo de drogas que desarrollaron diferentes países. Entre ellas aparecen los clubes de membresía en España, la regulación de la producción y distribución de cannabis en Uruguay, las prácticas de reducción de daños en Suiza, los coffee shops holandeses y las políticas en favor de la legalización de la hoja de coca en Bolivia.
¿Hubo avances en las políticas públicas argentinas para ir hacia un país con drogas?
El gran avance fue la Ley de Salud Mental y Adicciones, que reconoce que puede haber un padecimiento de salud en las personas que consumen sustancias y en ningún caso esas personas pueden ser arrestadas. Argentina ni siquiera regula el consumo de hoja de coca que hay en el norte del país. Permite la venta pero no la importación. Ese es un cambio que Argentina podría hacer y que figura en el proyecto del nuevo Código Penal que dirigió Zaffaroni: se blanquea la situación y se permite la importación. Argentina tiene un grave problema con eso. Todavía se ven las fotos de la Gendarmería que secuestran hojas de coca y todos sabemos que esa cantidad no sirve para hacer cocaína porque es muy poca, que está destinada al coqueo. No se le reconoce a las personas del norte su uso central en la vida cotidiana.
¿Se puede establecer un orden de prioridad de políticas a implementar entre las que permiten el uso recreativo, terapéutico o sustitutivo del consumo de drogas ilegales?
Son muchas políticas distintas. Lo primero es la regulación, porque el principal problema hoy no es médico. Según cifras oficiales, hay más de 60 mil muertos en la supuesta guerra del narcotráfico en México. Digo “supuesta” porque sostengo que la guerra de drogas no es una guerra que se quiera ganar: se quiere sostener el status quo. Mujica lo dijo perfectamente: “Peor que la droga es el narcotráfico”. Hay que aplacar esa violencia que genera el tráfico ilegal, que está cobrándose muchísimas más muertes. Para la ONU, mueren 200 mil personas al año por sustancias, pero no aclara si incluye al alcohol. No vamos a saber si esas personas mueren porque la droga es de muy mala calidad o por falta de información, como pasó hace poco en la Costa con un chico que mezcló éxtasis con alcohol. La regulación de las sustancias permitiría una mejor calidad de vida y más información para esas personas. Seguramente no todo se pueda regular, nadie plantea hacerlo para el paco o la pasta base. Lo que también hay que pensar, y eso está muy claro en los conceptos de Antonio Escohotado, es el concepto de los sucedáneos: vos cambias una molécula en una droga y termina siendo legal porque no está en las convenciones. Entonces, las drogas se van degradando todo el tiempo y eso también tiene costo en vidas humanas. La regulación permitiría, al menos, fijar ciertos estándares en algunas sustancias.
En la Argentina, ¿hay políticos que aboguen por la regulación?
Esa es una cuestión increíble, porque en este país los cuadros técnicos están a favor. Por ejemplo, Sergio Berni, el secretario de Seguridad, está a favor de regular el cannabis. Juan Carlos Molina, antes de irse de la SEDRONAR, presentó proyectos de despenalización que nunca fueron atendidos en la Cámara de Diputados. Uno de esos proyectos planteaba las cantidades mínimas de marihuana, de cocaína, que podrían estar permitidas. Los cuadros técnicos, los que saben y se han informado, están mostrando ese camino, o el de la reducción de daños, como en el caso de Molina. El nuevo secretario de la SEDRONAR, Gabriel Lerner, que habló hace unos días en el Congreso, también está en esa línea. El problema es político, no científico. Nadie quiere avanzar porque supuestamente hay un costo político vinculado a la relación entre droga y delincuencia. Cualquier tipo de avance y regulación sería, para muchos, favorecer la delincuencia. El que consume automáticamente se transforma en un delincuente porque ha consumido una droga ilegal.
¿Qué intereses hay detrás de las políticas prohibicionistas?
El trasfondo es esta relación norte/sur, donde los países más pobres terminan pagando los platos rotos por la supuesta ola de adicción que habría en los Estados Unidos con el opio. Pero en los números finos no es un problema sanitario grande. Nunca lo fue. Es un problema creado y también lo es el narcotráfico. La hoja de coca no es nada si no hubiera solventes y una industria química que extrajera la cocaína de ahí. Y ese solvente y esa industria química no están en Bolivia ni en Perú ni en Colombia. Si los agentes internacionales están tan preocupados por ese tema, es porque si llega a funcionar la regulación de cannabis a nivel mundial, todo el sistema entra en crisis. Un primer paso es la regulación de la droga ilegal más consumida en el mundo que es el cannabis. Esa medida permitiría bajar los niveles de violencia en México, porque este país sigue siendo un gran exportador. Después, habría que pensar qué hacer con la cocaína y qué hacer con el LSD, etcétera. Tras el cannabis, que es la droga más consumida, hay que pensar en las que más daños hacen: como evitar o reeducar la demanda.
Otro de los aspectos fundamentales de la política de regulación que propone Ruchansky implica un cambio de mentalidad acerca de los efectos del uso de drogas ilegales: “El consumo es privado, yo no creo que mejore ni empeore a nadie”, afirma el periodista. “Distinto es en el caso de algunas enfermedades relacionadas con la adicción, como por ejemplo el alcoholismo o los heroinómanos. Se puede llegar a tener una enfermedad, pero no todo el mundo la padece. También tiene que ver con el contexto en que se consumen las drogas. Esto queda muy claro en el caso de Suiza: no es lo mismo ir a buscar una dosis de heroína a un centro de salud, inyectársela en ese lugar y seguir tu vida, que tratar de conseguirla en la calle e inyectártela en un baño público. Son dos percepciones muy distintas de lo que estás haciendo. La sustancia puede llegar a ser la misma, aunque tampoco lo es porque en el caso del programa Heroína por Heroína, se reemplaza la droga que se consigue en la calle por la farmacéutica. Me parece que todos los modelos políticos y también las religiones tienen esta cuestión de satanizar el uso de sustancias sin entender que se trata de algo privado”.
¿El libro ya se encuentra editado en otros países?
Entiendo que está en Uruguay y creo que va a estar en otros países latinoamericanos. Estoy muy interesado en que el libro viaje, para que en muchos lugares se pueda pensar, reclamar y ver que se pueden hacer cosas distintas.
Según explica el autor, uno de los propósitos de la investigación es brindar información concreta acerca de las drogas y sus usos. “Este libro devela algo que se quiso ocultar. El Proyecto Cocaína de la OMS existió. Pero Estados Unidos a través de sus representantes logró que nunca se publicara”. Ruchansky dedica un sub-capítulo del libro, a este estudio de la Organización Mundial de la Salud cuya recomendación más importante es que se investigue las ventajas nutritivas y terapéuticas de la hoja de coca. También aconseja rever las políticas represivas de los estados con respecto a esta droga. El informe nunca fue divulgado oficialmente debido a la presión ejercida por Washington.
Ruchansky ahora está comenzando a trabajar en un blog que reúna la documentación que se utilizó para el libro: “Me interesa que otras personas que investigan puedan tener acceso a ese material y que no exista la mediación del libro. Lo político es dar información”, sentencia.
Dic 16, 2015 | inicio
La casa de la calle Franklin 943, ubicada en el centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, es una construcción antigua y en los últimos treinta años cambió varias veces de propietario. Cuenta con un garaje y una puerta en el frente. La puerta tiene un vidrio espejado que no permite ver hacia adentro. Según el padrón electoral, hay dos personas que tienen radicado allí el domicilio. ANCCOM se trasladó hasta la vivienda con una sola pregunta: ¿Cómo es vivir en un ex centro clandestino de desaparición de personas? La persona que vive ahí no quiso hablar ni dar declaraciones. Enojado, preguntó si lo buscaban «por lo de los desaparecidos». Respondió que él no sabía nada y que en los tiempos de la dictadura la casa pertenecía a otros dueños.
La historia del Centro Clandestino Casa Franklin, ubicado en el corazón del barrio de Caballito, no es muy conocida, quizá porque existe uno solo sobreviviente: el periodista y escritor Sergio Bufano.
Bufano militó en su adolescencia, allá por los años sesenta, en la Juventud Comunista y luego se incorporó al Movimiento de Liberación Nacional. Ya en los años de la dictadura de Juan Carlos Onganía se sumó a las Fuerzas Argentinas de Liberación y hacia mediados de la década de 1970 se integró a la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO).
En 1976, Guillermina Elsa Carlota Santamaría Woods también militaba en OCPO. La vida de ambos iba a cambiar en la mañana del 8 de julio de ese año.
«Quedamos en encontrarnos en Aguirre y Estado de Israel, Villa Crespo, para discutir cosas de la organización, sobre las próximas actividades y demás cosas. Le pedí que nos tomáramos un taxi y fuéramos a Puente Pacífico porque después tenía otras reuniones. El taxi dobló por Aguirre, alcanzó a hacer dos cuadras… y yo miré para atrás. Era una costumbre. No sé si eso aceleró lo que iba a ocurrir».
En ese preciso momento, se les cruzó un auto y otro se les pegó de costado. El taxista frenó y los apuntaron con una Itaca. Desconocidos comenzaron a golpear el techo del taxi con pistolas. «Nos sacaron a cada uno por una puerta distinta», recuerda Bufano. Los golpearon, y se escuchó un disparo. «Estaban muy nerviosos, a uno se le escapó un tiro», relata Sergio, que alcanzó a distinguir un acento alemán entre sus secuestradores.
Los encapucharon, los subieron a un auto, uno encima del otro en el asiento de atrás, y los llevaron a Casa Franklin. Entraron por el garaje y subieron una escalera.
«Apenas entramos, nos golpearon mucho. Se me ocurrió, a pesar de que nunca lo había pensado, imitar a un cardíaco. Me dejé caer y dije que sufría del corazón». Sergio dijo necesitar «Coramina», un remedio para cardíacos y –quién sabe por qué- le creyeron. «Ahí empezó la sesión de tortura de Guillermina».
La llevaron a la habitación contigua y la torturaron con una picana. Según el relato de Bufano en el expediente del Archivo Nacional de la Memoria, pudo verificar las torturas «al interrumpirse el sonido de la radio por la baja de tensión coincidentes con los gritos».
Como los alaridos se escuchaban, los represores volvieron a la habitación donde se encontraba Sergio y encendieron un tocadiscos. Pusieron uno de los primeros discos de Mercedes Sosa a todo volumen. «Durante muchos años no pude escuchar más a Mercedes Sosa, que a mí me encantaba», se lamenta el sobreviviente.
A Sergio lo golpearon hasta que vomitó dentro de la capucha. Sus secuestradores le dijeron que habían salido a comprar pastillas de Coramina. Le sacaron la capucha, le pusieron una venda y le dieron las pastillas. «Me sentaron en una silla y, como no podía respirar, me sacaron las esposas».
En un momento, paró la tortura a Guillermina. «Algo dijo. Un dato falso, porque nunca cayó nada por parte de ella. Escuché que salían y ruidos de armas largas. Se quedaron dos, creo, conversando con Guillermina».
Uno de los dos represores iba y venía entre las habitaciones. Pasaron más horas. En un momento, cuando sintió que estaba solo, Sergio se levantó la venda y vio aquella casa de la calle Franklin por dentro. Parecía abandonada. Había un colchón en el suelo de madera, diarios viejos, una radio y el tocadiscos. Se puso la venda de vuelta, y nuevamente entró su secuestrador. Cuando salió de vuelta, Sergio se levantó y caminó hasta el pasillo donde habían entrado. «Buscaba una pistola. Mi idea era suicidarme. No se me cruzaba por la cabeza la idea de la fuga», recuerda. Llegó a las escaleras. Se encontró con un patio con paredes muy altas, imposible de saltar. Bajó las escaleras. Vio una puerta cerrada con llave. Llegó al garaje. Había un Fiat 600, que inspeccionó para buscar algún arma. Fue en ese instante que notó que la puerta del garaje estaba cerrada con un destornillador cruzado entre las manijas. Lo sacó y logró escapar. Llegó hasta el Cid Campeador lleno de sangre y se tomó un colectivo por Gaona. Al chofer le dijo que había sufrido un accidente.
Esa noche, Sergio volvió a Casa Franklin con sus compañeros. Armados. Su idea era rescatar a Guillermina. Pero ya no había nada ni nadie. La puerta seguía semiabierta. Una vecina, que vivía justo enfrente de la casa, declarará años después que esa noche escuchó movimientos y ruidos de sirenas. Esa misma vecina aportó que «los ocupantes de la finca habían practicado una abertura que posibilitaba el acceso directo al interior del inmueble desde el garaje. Hasta entonces, la abertura no existía y cuando dejaban el vehículo en el garaje debían salir a la calle para entrar a la casa por la puerta principal». Según otros vecinos, también habían elevado la medianera del fondo de la casa, como consta en el expediente del Archivo Nacional de la Memoria. Los compañeros de Guillermina siguieron pasando por la casa de la calle Franklin durante los siguientes días, pero ya no había nada.
Según Sergio, la misma vecina que vio movimientos extraños le había comentado a su marido que «en esa casa pasaban cosas raras». Su esposo, entonces, consultó con un amigo de la Comisaría 11, que estaba a pocas cuadras de Casa Franklin. ´Ni te acerques, no te metas, olvidate de ese asunto’, le contestó el policía. Pero ella no resistió la tentación, se acercó días después del escape de Sergio y pudo constatar que la propiedad ya estaba abandonada.
Bufano se exilió en México, donde realizó la denuncia en la Organización de las Naciones Unidas. Volvió recién en 1983, tras la asunción de Raúl Alfonsín como presidente electo democráticamente.
El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado dice que Guillermina fue llevada a Campo de Mayo, al «Campito», donde hizo tareas de limpieza. En 1977, pasó a la ESMA. Según la declaración de un sobreviviente de ese centro clandestino de detención y exterminio, Guillermina estaba embarazada de tres meses cuando la secuestraron. No se sabe qué pasó con su hijo. Estos relatos hacen presuponer que la casa de la calle Franklin era un centro clandestino de detención de tránsito.
Los antiguos propietarios
Una de las particularidades de la casa de la calle Franklin es que, según consta en los expedientes judiciales, pertenecía a una familia de apellido Río, la misma que era propietaria del inmueble donde funcionaba el ex centro clandestino Virrey Cevallos, hoy recuperado y convertido en sitio de memoria.
“La casa de Virrey Cevallos era propiedad de los hermanos Río que oficiaban de testaferros de las Fuerzas Aéreas», informó a ANCCOM Osvaldo López, sobreviviente y coordinador de ese sitio de memoria.
Del Archivo Nacional de la Memoria surgen varias coincidencias entre Casa Franklin y la de Virrey Cevallos. El modus operandi sería el mismo, ya que el aparato represivo de la Fuerza Aérea necesitaba centros clandestinos de detención (CCD) «satélites de corta duración (…) que se hallasen en la zona de Capital para extraer rápidamente información a los secuestrados, y luego derivarlos a otros CCD por tiempo prolongado».
El documento «Huellas de una casa. Informe sobre el ex CCDTYE Virrey Cevallos» señala que el trabajo de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), que en un momento funcionó en la Séptima Brigada Aérea, consistía en enviar allí grupos de personas y torturarlas, apenas eran detenidas. «El objetivo era obtener así ‘información fresca’ (lograr que ‘canten’) acerca del paradero de sus compañeros de militancia u otras cuestiones. Aplicando rápidamente picana eléctrica, submarino seco u otros tormentos, habían dicho los jefes en el curso del Edificio Cóndor, se evitaba que los militantes todavía libres notasen la desaparición de un compañero y escaparan de los lugares que frecuentaban habitualmente. Luego de ello, los militantes eran secuestrados y mantenidos ilegalmente en cautiverio en los CCDTyE por el lapso de días, meses o incluso años», detalla el informe.
Caso Franklin. Testimonio de Sergio Bufano. Secuestrado y torturado en casa Franklin. Buenos Aires.
¿Por qué no está señalizada?
Desde afuera, hoy la casa de la calle Franklin parece una casa cualquiera. Nadie vinculado a la reconstrucción de la memoria o la justicia volvió a ingresar luego de que se cerrara, sin muchos avances, la causa que investigaba el caso de Sergio Bufano. Ni siquiera a él se le permitió entrar: reconoció la vivienda por fotos.
«La Dirección de Sitios de Memoria es un organismo que tiene a su cargo las políticas relacionadas a los sitios de memoria en el marco de la Ley 26.691, de 2011, que declara sitios de memoria del terrorismo de Estado a todos los lugares que fueron centros clandestinos de detención o tuvieron algún tipo de vinculación con hechos de terrorismo de Estado», explica Gonzalo Vásquez, coordinador de la Red Federal de Sitios de Memoria en diálogo con ANCCOM. La Ley 26.691, según Vásquez, garantiza la preservación de todos los sitios para facilitar las investigaciones judiciales, así como también la señalización y difusión de esos lugares.
Sin embargo, la casa de la calle Franklin no está señalizada. «No podemos hacerlo porque es una propiedad privada. En otros casos lo hemos hecho, pero generando instancias de negociación con los propietarios o en vía pública. Como en los casos de Ledesma o la planta de Ford», señala Vásquez.
Actualmente, hay 129 lugares señalizados y para fin de 2015 serán 135. El mapeo total de centros clandestinos de detención y otros lugares de reclusión ilegal del terrorismo de Estado en Argentina entre 1974 y 1983 suma actualmente un total de 762. El proceso de señalización incluye un trabajo territorial con las organizaciones y las autoridades. «Es muy riguroso el procedimiento. Tiene que haber aunque sea un testimonio que dé cuenta de ese lugar, que ese lugar pueda ser identificado», señala.
«Señalizar no es ir a poner un cartel. Es generar un hecho político con un trabajo donde el Estado se acerca al territorio, participan todos los actores en un ida y vuelta muy fluido. Lo que hacemos es comprometer a los estados locales», subraya Vásquez. El trabajo de la Dirección tiene como base esos vínculos con las organizaciones sociales y secretarías de Derechos Humanos de cada provincia.
El mapeo es exhaustivo. Aparece cada lugar donde se produjo una reclusión o detención ilegal, o donde hubo torturas o maternidades clandestinas. «Lo que importa es qué función cumplió cada uno en el entramado general. Queremos que se entienda el sistema represivo». En ese sentido, Vásquez aclara que en los relatos no hacen hincapié en el morbo o en el horror. «No es el eje del relato. Tampoco es que se oculta, se habla todo el tiempo de la aplicación de torturas, pero no nos detenemos en los detalles de lo que implicaba la tortura, sino en el sentido político de obtención de información para perseguir a nuevos militantes, generar terror, la deshumanización de las víctimas que generaban los campos de concentración».
«Ojalá se pudiera recuperar», desea Sergio y confiesa: «Esto por ahí me impulsa a ir algún día y tocar timbre».
Caso Franklin. Testimonio de Sergio Bufano. Secuestrado y torturado en casa Franklin. Expediente, fotografías de la casa donde fue secuestrado.
Gonzalo Vásquez (Coordinador de la Red Federal de Sitios de Memoria) en la Ex Esma en Buenos Aires.
Dic 16, 2015 | destacadas
Con una producción de casi un 20% centrada en Latinoamérica, según estadísticas de 2013, la empresa canadiense Barrick Gold opera libremente en la mina Veladero y otros yacimientos de la región, habiendo dejado a su paso la contaminación con cianuro de más de un millón de litros de agua en San Juan.
Acceder a la historia de Barrick Gold, mirá acá la crónica de un desastre
La Barrick Gold Corporation se autodefine como “una compañía canadiense que desarrolla actividades de exploración y explotación minera en distintas partes del mundo”. En palabras que pueden resultar inocuas a primera vista, la Barrick es una multinacional dedicada a la extracción de oro a cielo abierto que lleva a cabo operaciones en 19 minas y tiene presencia en 10 países, entre los que se encuentran Argentina y Chile. Y es en la frontera entre estos dos territorios en la que comenzó sus negociados desde los años ’90, específicamente con el proyecto conocido como “Pascua-Lama”.
Su sede central se encuentra ubicada en Toronto, Canadá, y desde 1993 extendió su estrategia de crecimiento −focalizada en Norteamérica− hacia el resto del continente. Primero se instaló en Perú; un año más tarde, se emplazó en Chile con la mina El Indio y desde allí se gestó el primer acuerdo minero binacional del mundo.
A partir del Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chileno firmado en 1997 por los presidentes Carlos Menem y Eduardo Frei, esta empresa pudo empezar a desarrollar la megaminería sin intervención ni fiscalización directa del Estado. El pacto posibilitó la explotación de los yacimientos y el uso indiscriminado de todos los recursos naturales a lo largo de los 5.000 kilómetros de la frontera andina con controles fronterizos ágiles, evitando la doble tributación, sin tener que pagar impuestos al gasoil ni a la importación de insumos, y permitiendo una estabilidad fiscal por 30 años. Además, estas disposiciones fueron respaldadas con el Protocolo Complementario firmado el 20 de agosto de 1999 −sin cláusula alguna que preserve la integridad de los parques y reservas, tanto provinciales como nacionales−, y ratificadas por las legislaturas de los dos países en el año 2000 mediante la Ley 25.243.
En San Juan, la Barrick realiza la extracción mediante métodos tradicionales de perforación y voladura. Luego de la trituración y clasificación, el material extraído se deposita en el valle de lixiviación. La lixiviación implica la utilización de cianuro junto a otros reactivos químicos para remover los minerales de las rocas. Pero también involucra el uso de millones de litros de agua; en este sentido, el periodista e investigador Miguel Bonasso explica en su libro El Mal que “mientras que una familia sanjuanina consume 15.000 litros por mes, en Veladero se consumen 288 millones”.
“El proceso de lixiviación permite recuperar el oro y la plata del material. Esta etapa se desarrolla en un circuito cerrado. Un sistema de geomembranas y un mecanismo de detección y control de fugas mantienen todas las soluciones dentro del sistema, sin descargas al medioambiente”, detalla la empresa en su sitio web. Pero lo cierto es que este ideal no se cumplió y en el mes de septiembre del corriente año los ríos cercanos a las localidades de Jáchal e Iglesia fueron contaminados como consecuencia de la rotura de una de las cañerías que participan en el proceso: se derramaron 1.072.000 de litros de líquido cianurado. Antes de la presentación de un informe elaborado por La Organización del Sistema de las Naciones Unidas para la gestión de proyectos (UNOPS), sobre la calidad del agua de esa área geográfica, varios ambientalistas ya hablaban de un “desastre ecológico”.
Con el terreno liberado por la falta de control de las instituciones del Estado en los ´90s, para la devaluación de 2001, la Barrick presentó un informe de impacto ambiental que legitimó su accionar ya que fue aprobado. A partir de la aprobación, la empresa se dedicó a levantar nuevas instalaciones en suelo argentino a 320 kilómetros al noroeste de la capital de la provincia de San Juan, a unos 4.850 metros sobre el nivel del mar: la Mina Veladero, que en octubre de 2005 finalmente inició la extracción de oro y plata. La inversión inicial fue de 540 millones de dólares y uno de los responsables de este acontecimiento es el actual gobernador de San Juan, José Luis Gioja, en ese entonces diputado, quien permitió el accionar sin el consenso de la sociedad.
Tres años más tarde, en agosto de 2004 tanto Argentina como Chile firmaron otro escrito que benefició una vez más a la megaminería. El Protocolo Adicional Específico al Tratado de Integración y Complementación Minera para el Proyecto Pascua-Lama definió el Área de Operaciones, estableciendo un control migratorio específico de las personas, un registro de los vehículos y bienes en sus ingresos y salidas; y, por último, una inspección Fito Zoosanitaria. Aquellas cuestiones binacionales particulares que están previstas en el tratado minero restringen por completo las leyes nacionales de cada zona.
Las actividades mineras están arrasando con los glaciares. Sin glaciares la región de Cuyo estaría con dificultades para la disponibilidad de agua potable. El 1 noviembre de 2010, el Juez Federal nº 1 de San Juan, Miguel Ángel Gálvez, avalado por el Gobierno Nacional, suspendió la aplicación de los artículos 2, 3, 5, 6, 7 y 15 de la Ley de Glaciares sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo tan solo unos días antes. De esta manera, los emprendimientos Pascua-Lama y Veladero pudieron continuar trabajando sin auditorías ambientales y el inventario de glaciares no pudo llegar a completarse. De acuerdo a un informe que Greenpeace presentó en 2005, la superficie del Toro 1, Toro 2 y Esperanza disminuyó entre un 56% y un 70% por las actividades de la Barrick del lado de Chile.
Actualmente, en plena crisis e investigación judicial por el derrame de solución cianurada en aguas de la provincia de San Juan, el director ejecutivo de la minera canadiense en Argentina, Guillermo Caló, decidió renunciar. Igualmente, desde la compañía aseguraron que su decisión fue tomada mucho tiempo antes del incidente.
Después de lo ocurrido, la Justicia inició una investigación y a fines del mes de septiembre por decisión del juez sanjuanino Pablo Oritja fueron imputados nueve empleados. Por su parte, el juez federal Sebastián Casanello dispuso una serie de operativos en Capital Federal y en San Juan para conseguir toda la documentación clave para la causa, como los permisos y proyectos de explotación de la empresa.
Finalmente, en octubre el magistrado Oritja acusó al jefe de Procesos de la mina, Leandro Poblete, por negligencia ya que fue quien firmó la apertura de la compuerta del canal por el cual se diseminó la solución tóxica; además, en su fallo confirmó que la Barrick Gold produjo un daño ambiental en la zona. El informe preliminar de Naciones Unidas publicado recientemente es el encargado de confirmar los signos de impacto ambiental: tanto en la zona 0, comprendida por el río Potrerillos, desde aguas abajo de la pileta de emergencia hasta la desembocadura del río Potrerillos al río de Las Taguas, como en la zona 1, que abarca el tramo del río de Las Taguas, desde aguas arriba de la confluencia del río Potrerillos hasta aguas arriba de su confluencia con el río Turbio.
Actualizado 16/12/2015
