Ene 23, 2016 | inicio
Mesitas improvisadas daban la bienvenida al Espacio Memoria y Derechos Humanos, todavía más conocida como la ex ESMA, la tarde del sábado 9 de enero. El día anterior el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, había confirmado que se apartaría al director del Archivo Nacional de la Memoria, el nieto restituido Horacio Pietragalla. En respuesta, los organismos defensores de los Derechos Humanos convocaron a un abrazo simbólico a través de las redes sociales con el hashtag #ElArchivoNoSeToca.
Charly García sonaba desde los parlantes del predio ubicados sobre los centenares de asistentes que se mezclaban con la venta de remeras estampadas con las caras de Néstor y Cristina Kirchner. Los militantes lucían remeras que formaban más un arco iris que un todo parejo: las violetas del Espacio Solidaridad e Igualdad, las celestes del Nuevo Encuentro, las verdes de Kolina y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las blancas de La Cámpora y de H.I.J.O.S.
El edificio donde funciona el Archivo Nacional de la Memoria supo ser -hasta el 24 marzo de 2004- la Escuela de Guerra Naval. En su puerta, Antonio Cepeda daba comienzo al acto con su versión de “Barro tal vez”. Más tarde, el Negro Fontova exclamó que estaban protegidos y levantó una fotografía del pianista Osvaldo Pugliese hacia el cielo. Por atrás de la construcción avanzaba una columna de La Cámpora que con sus redoblantes y bombos estrenaba canción al grito de “Esta casa es de Perón”.
Cerca de las 18:30, salieron ante los micrófonos y un público cada vez mayor, los organismos de Derechos Humanos y los funcionarios del Archivo. Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora- expresó: “Este archivo tiene que quedar para nosotros, no podemos aceptar que no sea de nuestra confianza total el que esté al frente de este Archivo. En este encuentro estamos demostrando, una vez más, al Presidente Mauricio Macri que los derechos humanos no somos un curro”. A su vez, Angela “Lita” Boitano, la presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, recordó que los registros de los juicios que se hicieron en Francia e Italia también se encontraban en el Archivo. “Siempre entendimos que una verdadera política de derechos humanos debía contar con el compromiso del Estado. Pero continuarla sin los organismos no es cambio de paradigma, sino es ir en contra de ella”, dijo.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo: “Nos tienen miedo porque se han encontrado con un pueblo que nunca entregó su dignidad. Cómo no va a haber pasividad, no va a haber silencio, vamos a doblegar a quién – lejos de decir que hay que hacer – debe hacer lo que nosotros queremos que haga”.
Para Horacio Pietragalla, hay una clara intención detrás de su desplazamiento: “Parte de esos grupos económicos que se favorecieron con la dictadura, hoy son gobierno. Gran parte de la información que está acá puede jugar en contra de eso. Para la Comisión Bicameral del año pasado, fuimos fuente de entrega de información. Obvio que quieren venir por eso”, aseveró.
Consultado por ANCCOM acerca del pedido de audiencia que se le hizo al Presidente, Pietragalla explicó: “Avruj dijo que los organismos de derechos humanos se tienen que acostumbrar que son una ONG como cualquier otra y la verdad que no opinamos lo mismo. Nosotros vamos a tener muchas más campañas por delante, pero nuestras Madres y Abuelas no y vamos a defender el rol que ellas tienen en la sociedad”.
¿Qué es el Archivo Nacional de la Memoria?
El 17 de diciembre de 2003 se creó con el decreto 1.259/2003 el Archivo Nacional de la Memoria, como custodia de los registros de la CONADEP. Sus objetivos son obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales con la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional.
Entre su patrimonio, cuenta con 530 horas de grabación del Juicio a las Juntas militares, 600 horas aproximadas de material histórico audiovisual, 20.000 fotografías, casi 3.000.000 de imágenes de la Fototeca ARGRA, más de 2500 legajos SDH de testimonio, 272 cajas de fondos CONADEP, más de 2500 legajos SDH de testimonios de víctimas del terrorismo de Estado, más de 3800 cajas con material gráfico de la colección Secretaría de Medios, 853 documentos de instituciones que trabajaron junto con la CADHU, 400 cajas aproximadamente conteniendo documentación de la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial creada por la última dictadura cívico-militar.
Ene 23, 2016 | inicio
“Nosotros vivimos en un estado elevado de conciencia”, afirma Pablo, uno de los organizadores de la Cata Copa de Cultivadores Cannábicos (CCCC) mientras observa las dos mesas largas que reúnen a las noventa y dos personas que presentaron sus flores de marihuana –denominadas “cogollos”- para ser saboreadas y juzgadas durante la jornada. Son las cuatro de la tarde de un sábado soleado de octubre y recién van por la cuarta de un total de seis rondas de degustación que definirán quién es el dueño de la mejor planta del año.
Pablo y su compañero -apodado Puro Humo- se encargan desde hace cinco años de organizar este evento. Para participar, se deben enviar previamente a la organización por lo menos diez gramos de una misma variedad de cannabis, especificando si fue cultivada en interior o en exterior –indoor o outdoor-, o una extracción de un gramo de aceite de marihuana.
Durante el certamen, las mejores muestras son evaluadas por los cultivadores, y el resto se reparte entre los demás asistentes que se dividen entre los invitados de los participantes y distintos actores del canna-business, el negocio del cannabis: dueños de grow shops, miembros de las publicaciones especializadas Haze o THC y representantes de bancos de semillas. Este año se reunieron aproximadamente cuatrocientas personas de Buenos Aires y del interior argentino, e incluso algunos extranjeros, como el caso de una comitiva de uruguayos que llegó en un micro de larga distancia. “Son todos gente de confianza. Si en un grow tenés un cliente que sacó una buena flor ese año, le decís que la guarde para la Copa, y de ese modo tu negocio queda bien representado, porque vos le estás enseñando a ese cliente”, explica Francisco –así lo llamaremos a los fines de esta nota-, que cultiva comercialmente desde hace ocho años, ha tenido plantas premiadas y se refiere a sí mismo como un plantero.
Para participar de la Copa, se deben enviar previamente a la organización por lo menos diez gramos de una misma variedad de cannabis.
Marcelo viajó desde la capital de Córdoba para asistir al evento por primera vez. Vive solo y trabaja como decorador de interiores, pero le dedica mucho tiempo de su vida a sus plantas. Ocasionalmente vende algo de su cosecha, pero no representa gran parte de su ingreso. En su mochila lleva una cámara de fotos con imágenes de su jardín y de libros de medicina cannábica que mandó a traer de España. Enviar la muestra desde su ciudad para participar en la Copa implicó un trámite bastante singular: “Hablé por teléfono con el organizador y me dijo que la mandara por correo. Entonces la metí en una cajita, la envolví con film, le puse café, la volví a envolver con más film, le puse pescado, y funcionó”, comenta entre risas. Su próxima meta es la hidroponia: un método de cultivo en una solución de agua y nutrientes, que requiere un mayor conocimiento técnico.
Las coordenadas de la Copa no se dan a conocer hasta la noche anterior a la reunión. En la tarjeta de la entrada, que lleva impresa la imagen de un tricoma –una especie de protuberancia que le aparece a la planta en el momento de su cosecha-, se cita al artículo 19 de la Constitución Nacional: “Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
Momentos antes de la degustación se reparte un manual de cata, que explica la forma correcta de apreciar una flor por sus propiedades organolépticas y sus efectos psicoactivos.
La travesía para llegar al evento comienza a las nueve de la mañana de ese sábado. En distintas esquinas de Buenos Aires se encuentran reunidos varios grupos de personas con lentes de sol a la espera de un transporte que pasará a buscarlos para ir hacia un lugar misterioso en el oeste. A las diez de la mañana todos están subidos al vehículo y, no bien cruza la General Paz, el conductor de rastas exclama: “Ahora sí, ¡bienvenidos al Perla Negra! Ya se puede fumar, y espero que llegue algún finito para el chofer”. Segundos después, el micro es invadido por humo y risas.
Al ingresar a la quinta, se ve un grupo de cocineros haciendo el repulgue de varias docenas de empanadas que en breve estarán listas para satisfacer el primer bajón, el momento en que las propiedades del cannabis hacen que el cuerpo reaccione con hambre. Entre los árboles hay mesas con kiwis, frutillas, peras, manzanas, mandarinas, bananas. En un cartel se lee la consigna: “Vegetarianos, por favor anunciarse a las camareras”. Hay muchas bebidas pero muy poco alcohol: “No hay porque no se consume, no porque no se venda. Yo tomo vino en casa, pero tomar en una Copa nos resulta contradictorio porque para nosotros el alcohol es una droga clase uno, y la marihuana debería ser clase cuatro”, declara Francisco.
La diferenciación de los estupefacientes en categorías parte de la polémica Convención Única de las Naciones Unidas de 1961, que divide a las distintas drogas en cuatro listas o clases: las de la primera son las consideradas más peligrosas y por lo tanto están prohibidas. En esta se incluye al cannabis, junto con otras sustancias como la morfina, la heroína y la cocaína. Según afirma el periodista Emilio Ruchansky en su libro Un mundo con drogas: “El preámbulo de la convención antepone la necesidad de prevenir el ‘uso indebido de estupefacientes’. No hay distinción en lo indebido, solo la forma de obtención. Da lo mismo si es ocasional o experimental o si configura un padecimiento crónico”.
El lugar de realización de la Copa es un secreto hasta la noche anterior a la reunión.
Hay otras dos Copas en Buenos Aires en el mes de julio que se realizan en boliches. Una es organizada por la revista Haze –La Copa CABA– y otra por THC –La Copa del Plata. En esas ocasiones, todos se presentan a trabajar: cada grow shop pone su stand desde temprano y se arma una feria. En cambio, la CCCC no admite stands, la única participación comercial se da a través de los premios que se entregan –que son donados por empresas del canna-business– y prácticamente no hay publicidad. Los principales ganadores se llevan también una obra de arte hecha por una mosaiquista uruguaya.
Poco después del mediodía comienza formalmente la degustación. Momentos antes se reparte un Manual de cata, que explica la forma correcta de apreciar una flor por sus propiedades organolépticas y sus efectos psicoactivos. Los cultivadores que presentaron su muestra evaluarán la selección que surgió de la pre-cata realizada días antes, y los demás invitados formarán parte de la “Sub-Copa”. Mientras tanto, se puede seguir disfrutando de los juegos que están dispuestos a lo largo y ancho del enorme jardín rodeado de árboles: una cama elástica, metegol, mesas de ping pong, tejo, hamacas, algunos incluso deciden tirarse a la pileta porque el sol empieza a pegar fuerte.
John, un cultivador estadounidense que reside en Argentina, está sorprendido de que exista un encuentro como este: “En mi país no es fácil hacer estos eventos porque la gente te hace una demanda por cualquier cosa”. Sin ir más lejos, en la Seattle Hempfest, un festival cannábico que se celebra en Washington, hace falta firmar una extensa declaración legal antes de ser admitido.
La Copa no admite stands y prácticamente no hay publicidad, a diferencia de las catas organizadas por las revistas especializadas.
Durante nueve horas circularán empanadas fritas, sándwiches de carne y de miga, tortas, papas fritas, café, gaseosa y más frutas de estación. En tanto las camareras reparten, los integrantes de la organización distribuyen pequeñas bolsas ziploc con cogollos y un formulario para poner puntaje a cada muestra.
¿Cómo hace el jurado para evaluar las flores? En este punto se diferencian los amateur de los que forman parte del negocio. “Ahí se juega un poco del know-how de cómo trabajar en esos lugares. Yo voy a exposiciones en donde tengo que cerrar negocios de miles de dólares, y los tengo que cerrar en ese estado. Vas desarrollando una tolerancia al THC que en un momento te permite trabajar”, comenta Francisco.
La mayoría de los productores que participan del evento no cultivan profesionalmente; para algunos es un segundo trabajo, para otros un pasatiempo.
Recién a las ocho de la noche se dan a conocer los resultados. La planta ganadora triplicará su valor y probablemente sea subastada en privado en otro momento. Los que se llevan los primeros premios, salvo raras excepciones, son personas que se dedican al cultivo comercial de cannabis y así satisfacen el gusto exigente de los compradores de flores.
Muchos de los productores que pertenecen a este circuito tienen un empleo formal y plantar es su segundo trabajo, otros lo consideran un hobby. Los que venden están intentando vivir de lo que les gusta, y a veces también lo consiguen colaborando en alguna publicación cannábica, trabajando para un grow shop, u organizando un evento como este. “No queremos salvar al mundo, no nos interesa la política tampoco”, afirma Francisco con contundencia: “La mayoría de nosotros –completa- lo único que quiere es tener el mejor sistema de hidroponia, y poder pagar el alquiler”.
En nuestro país, la Ley de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes establece que quien comercializa cannabis debe ser penado por narcotráfico. Para los cultivadores de la Copa, hay una diferencia entre quienes respetan la planta y los que solamente ven el negocio.
Si bien el clima es festivo, también hay tristeza por los compañeros que no están presentes ya que su faceta como cultivadores comerciales o importadores de semillas les trajo problemas legales. “Existe un muy buen abogado penal que podemos llamar pero, aunque es pro-faso, no se olvida de que vendés y te pide 40 mil pesos para sacarte”, se queja Francisco. “Nosotros trabajamos con el riesgo constante de que te revienten la casa, te pateen la puerta, llegue la brigada y te diga que trabajás para ellos. Y el siguiente riesgo es la cárcel. Cultivar implica asumir ese riesgo”.
En Argentina, la Ley de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes establece que quien comercializa cannabis debe ser penado por narcotráfico. Entre los cultivadores realizan una distinción: “Para nosotros el narco es la persona que no le aporta a la comunidad, y solo vende, no le gustan las plantas. No se cuelga a hacer un gajito de algo que encontró por ahí. El narco no respeta la propiedad espiritual de la planta, solo le interesa su faceta comercial, solo vio el business”, argumenta el plantero.
A las nueve de la noche, el micro ya está listo para volver. El conductor de rastas se sienta al volante y los pasajeros se acomodan. Antes de arrancar aparece Puro Humo agitando una cesta llena de golosinas que irá repartiendo para endulzar el viaje de regreso a la otra realidad.
Ene 22, 2016 | inicio
“La moto es libertad pura, llevar el alma afuera, y cuando estás re loca ponés primera y te olvidas de todo”, dijo Alejandra Haldvbourt, una de las integrantes del grupo “Mujeres Motociclistas Argentinas”, cuando se refería a los motivos que la impulsan a subir a su moto todos los días.
Para Mujeres Motociclistas, la moto es una parte más de su cuerpo. No sólo un medio de transporte, sino una filosofía de vida que las define. El grupo comenzó hace cinco años con 42 jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires que se unieron a través de las redes sociales, y hoy ya suman más de 500 en todo el país.
“La mujer en moto tiene otra impronta. Te paras sobre la moto y decís yo sé a dónde voy, yo elijo mi camino y mi destino”, dice Marcela La Tata Pérez, fundadora del grupo, que maneja una Honda Vmen. La liberación sexual en los años 60 y la industria de la música joven aparecieron en sintonía con las motos. Entre la música y las modas se generó un estilo de vida: “En la década del 60 mi papá se vestía como Marlon Brando y era motoquero. Escuchaba a Elvis Presley, era hijo del Rock and Roll -dice Marcela y agrega:- todo era rebeldía, aparecieron los anticonceptivos, el rock and roll y apareció la moto”.
El grupo de Facebook «Mujeres motociclistas argentinas» suma más de 500 integrantes de todo el país.
Fue recién en 1980 cuando comenzó a ser masiva la práctica en Argentina y, si bien la imagen del motociclista era masculina, las mujeres también se subieron. Renée Castro tiene 37 años, maneja una Honda Twister y es mecánica de motos: “También estoy estudiando para piloto de carrera de motos. Estoy a full porque me encanta, me hace muy feliz”, dice Renée, quien además de formar parte de Motociclistas Argentinas, es miembro de otros clubes motoqueros.
A pesar de todo, las motociclistas aún se encuentran con ciertos prejuicios: “Pasa también que muchos nos encasillan en la idea de que la mujer que maneja una moto no es femenina”, cuenta Mariela Córdoba, que tiene 40 años y es la única mujer con una Ducati en Argentina. “En realidad –completa- la mayoría somos madres, tenemos hijos, estamos casadas y tenemos una vida aparte de la moto”. Según Pérez, la idea de su agrupación es precisamente esa: “Lo que buscamos desde Mujeres Motociclistas es fomentar la imagen de la mujer femenina, que se sepa cuidar y proteger, que viaje segura. Somos mujeres muy independientes”.
El Walkyria Gruppe de Rosario ha realizado caravanas solidarias para hogares de huérfanos y proyecta continuar con la iniciativa.
Para ellas, andar en moto puede tener también un fin solidario. Carina Belkis, de Walkyria Gruppe de Rosario, cuenta que con sus compañeras motociclistas hicieron caravanas solidarias para hogares de huérfanos, “y vamos a seguir haciendo más”. La pasión y la adrenalina de la moto se manifiesta en todas, en buscar la libertad y sentirse parte de un grupo humano: “Lo que yo busqué desde el comienzo es que nos juntemos. Que en cada lugar, en cada barrio, se junten las mujeres que andan en moto y se conozcan. Y lo estoy logrando. Es eso, generar la amistad”, concluye La Tata Pérez.
Ene 22, 2016 | inicio
“¿Qué persona te pide un mazo de cartas para poder jugar al truco en la celda y minutos después se suicida?”, pregunta Graciela Cardozo, madre de Ezequiel Palacios, un joven de 21 años que apareció en 2009 colgado de una sábana atada a un tirante del baño de la única celda que tiene la comisaría segunda de San Martín. El caso de Palacios no es el único. Desde el año 2009, en las cárceles federales hubo 164 muertes violentas, entre las que se cuentan suicidios, asesinatos y accidentes. En las prisiones bonaerenses, entre 2008 y 2014, hubo 897 decesos, de ellos 437 fueron, según la jerga policial, “muertes traumáticas”.
“En su mayoría, las familias de las víctimas no tienen acceso a un abogado. Los propios carcelarios, que por acción o por omisión son responsables de las muertes, entregan el informe oficial de los fallecimientos en las cárceles”, explica Andrea Casamento, miembro de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, quien además sostiene que los familiares, agotados por el dolor de la muerte, optan en un primer momento por no investigar las causas.
En los informes entregados por el Servicio Penitenciario Bonaerense y Federal a la Comisión por la Memoria figuran causas de muerte como las riñas. Sin embargo, no hay condenados por cometer esos asesinatos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Procuración Penitenciaria reúnen cientos de denuncias que piden que la justicia investigue causas cerradas como suicidios, debido a que sospechan que esa carátula encubre un crimen.
“Mi hijo murió el 12 de febrero de 2009. Cinco días después me entregaron el cuerpo, que enterramos ese mismo día. Veinte días después del crimen, nos entregaron la resolución de la autopsia que decía que fue un suicidio y el dictamen del fiscal que no explicaba por qué mi hijo tenía golpes en los brazos en señal de defensa. Si hubiéramos apelado, para investigar las causas de la muerte tendríamos que haber desenterrado el cuerpo, pero el dolor nos impidió hacer eso”, explicó Cardozo, quien además contó que la causa de Ezequiel Palacios quedó cerrada y que los doce detenidos que estaban junto a su hijo, hacinados en una comisaría no habilitada para alojar presos, no aceptaron a declarar por temor a una represalia.
Los organismos de derechos humanos creen que los decesos en las cárceles son más de los que publica el Servicio Penitenciario Bonaerense. No hay ninguna posibilidad de que la Comisión Provincial por la Memoria, el organismo no gubernamental con más presencia en los penales, tenga acceso a todos los casos. El gobierno provincial debe informar y, sin embargo, desde la Comisión denuncian que hay cifras negras: muertes que nunca son denunciadas y presos que desparecen de los registros penitenciarios sin ser reclamados.
“En las cárceles federales no pasa lo mismo, porque en el año 2013 se comprometieron a darnos las cifras correctas y, hasta ahora, nunca encontramos muertes que no hayan sido informadas. Lo que si vemos es que muchos casos declarados como suicidios en verdad son homicidios. A veces, además, el aviso de una muerte nos llega cuando ya no hay posibilidad de investigarla”, explica Ramiro Dual, coordinador del equipo de registro de fallecimientos de la Procuración Penitenciaria.
Entre 2008 y 2014 murieron aproximadamente 768 personas a cargo del Servicio Penitenciario bonaerense. Esta tasa duplica o triplica lo que sucede en otros países.
129 muertes
En 2014, en las cárceles bonaerenses se registraron 129 muertes, las víctimas fueron 124 hombres y 5 mujeres. El promedio de edad de los fallecimientos fue de 36 años y la cantidad de decesos violentos fue de 40: 28 homicidios, 10 suicidios y 2 accidentes.
Entre 2008 y 2014, cada año murieron, en promedio, 128 personas que estaban a cargo del Servicio Penitenciario bonaerense. Es decir que durante ese período, por año, fallecieron cuatro presos por cada 1.000 personas detenidas. Si se toman datos oficiales de los servicios penitenciarios de Europa, se observa que esta tasa duplica o triplica lo que sucede en otros países. Mientras que en Inglaterra, España y Estados Unidos el índice de mortalidad carcelaria es de dos presos cada mil personas detenidas, en México desciende a uno.
Las cifras alarman aún más si se tiene en cuenta que, como sostuvo Dual, muchas organizaciones denuncian que algunos casos cerrados como suicidios en verdad ocultan un asesinato. Es el caso de Florencia Cuellar, una mujer de 21 años que -según el Servicio Penitenciario Bonaerense- se suicidó en el baño del Complejo Federal 4 de Ezeiza en diciembre del 2012. “Dicen que mi hija se suicidó con el cordón de la zapatilla. Eso es imposible, porque pesaba más de 80 kilos. La autopsia nunca me la dieron, porque me querían hacer firmar el suicidio. Cuando la velamos vimos que ella no tenía marcas en el cuello, pero tenía golpes en todo el cuerpo”, explica el padre de Florencia, Alfredo Cuellar, quien además sostuvo que la causa, a la que pudieron cambiarle la carátula de suicidio a muerte dudosa, está paralizada. “Otras presas vieron como la torturaron y la exhibieron por todas las celdas, pero la Justicia no hace nada”, sostiene Cuellar, que aprieta un papel con bronca.
“De Florencia dijeron que se había ahorcado, porque era depresiva. Nosotros la veíamos venir al taller con entusiasmo, soñar con qué haría cuando saliera de la cárcel, donde no le quedaba mucho tiempo. Luchaba por lo suyo, es imposible que le haya pasado por la cabeza quitarse la vida”, sostiene María Medrano, miembro de Yo No Fui, una ONG que se dedica a llevar talleres de poesía, dibujo y fotografía a la cárcel de mujeres como una forma de resocializar a través del arte.
Agonizar a la sombra
“Mi hijo estuvo preso un mes en el infierno de Olmos. Desde esa vez, tiene problemas en los bronquios. Le caminaron ratas por el cuerpo, había cucarachas en la celda y la comida era poca y algunas veces estaba vencida”, describe Marta Aizcorbe, madre de Matías que estuvo detenido en 2012.
Olmos es la cárcel que más muertes registró en los últimos tres años y casi todas fueron el desenlace de una enfermedad. Los presos consultados describen que hay pocos médicos para la población carcelaria, las personas que necesitan un tratamiento especial, debido a que pueden resultar contagiosas no son aisladas. En 2013 y 2014, las personas que fallecieron en todas las cárceles bonaerenses por problemas de salud fueron 155, de las cuales treinta perdieron la vida en este penal.
José Fleita fue detenido a los 19 años en agosto de 2010 y murió por tuberculosis en septiembre de 2014, en la cárcel 41 de Campana. La enfermedad la contrajo privado de su libertad por el contacto con otros presos, los traslados forzosos y después de recibir varias palizas que le dejaron secuelas mal sanadas. Fleita tenía un teléfono en su celda y le avisó a su madre de la enfermedad por un mensaje de texto que todavía conserva.
El joven agonizó en su celda, junto a sus dos compañeros que lo atendieron y que quedaron expuestos al contagio. Sólo cuando estuvo inconsciente, con su ropa orinada y defecada, fue sacado de la cárcel para ser trasladado a un hospital donde murió. “Este tipo de muertes es definida como no traumática, algo que supone que no se investigue y que no se responsabilice al sistema penal. La cárcel produjo su enfermedad y el abandono de personas hasta su muerte”, sostuvo la Comisión Provincial por la Memoria en un informe del caso.
El HIV y la tuberculosis, enfermedades que se propagan por contagio, son las principales causas de los decesos en las cárceles bonaerenses. En el penal de mujeres Los Hornos, las presas, como forma de depilarse, utilizaban en 2014 máquinas de afeitar que eran provistas por familiares que les ponían nombre. Los guardias se las entregaban para el uso y luego las retiraban y las guardaban todas juntas en una bolsa de plástico hasta la semana siguiente, cuando se las volvían a dar, siempre y cuando alguna no se hubiera lastimado o cortado porque en ese caso se suspendía la entrega para todo el pabellón. Una de las mujeres muy preocupada refirió: “Acá hay chicas que tienen VIH, ¿qué pasa si a una maquinita se le borra el nombre o si se confunden ellos?”
Las malas condiciones de higiene y la mala comida profundizan los problemas de salud. En las prisiones federales, entre 2009 y 2015, las personas que perdieron la vida por enfermedades fueron 218, la mayoría por HIV y la cárcel con más decesos fue el Complejo Federal de Ezeiza.
“Nosotros –explica Dual- nos damos cuenta que los responsables de las prisiones federales demoran lo más posible en sacar a los presos a un hospital. Casi siempre lo hacen cuando los obliga el sistema judicial, porque la enfermedad es irreversible. En el primer trimestre del año, cuando hay feria judicial, se da la mayor cantidad de muertes en cárceles, debido a que no hay jueces que presionen para que los atiendan”.
El suicidio, una forma de acabar con la tortura
“¿Si una persona sometida a la tortura, mal alimentada, excluida de su familia, se ahorca porque sabe que le quedan muchos años más de sometimiento en la cárcel, eso debe tomarse como un simple suicidio o es una inducción a quitarse la vida?”, pregunta Casamento para abrir el debate. Los registros de las cárceles bonaerenses muestran que en 2014 hubo ocho suicidios, mientras que en las prisiones federales hubo diez en 2015 y fue la principal causa de muerte.
En muchos casos los presos mueren en un accidental método de protesta. “El tema del suicidio es tan complejo que nosotros tuvimos que cambiar el término para contabilizarlo”, sostiene Dual, quien después explica: “Muchas personas privadas de la libertad son excluidas y no atendidas, entonces como forma de protesta dañan su propio cuerpo, incendiando su celda o haciendo un simulacro de ahorcamiento, para intentar que los guardias los atiendan. El problema es que los guardias, en muchos casos, los dejan morir”.
El 13 de noviembre de 2014, Walter Cayumán pidió que lo saquen del pabellón de castigo de la Unidad 15 de Batán. El preso dijo que el trato era injusto y prendió fuego el colchón de su celda. Las llamas lo quemaron y, pese a sus gritos, según consta en la declaración judicial de los testigos, no fue auxiliado hasta que pasó media hora. Cuyumán murió dos días después en un hospital. Por esta causa no hay penitenciarios presos. “Otro intentó prender fuego un colchón ese mismo mes y un joven se colgó, aunque logró sobrevivir”, detalla una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria en esa misma unidad de Batán.
Un caso resonante fue la muerte de Mauro Pérez Ugarte, quien tenía 30 años cuando se suicidó en la Unidad 1 de Olmos en 2013. Había recibido a su madre y estaba de buen humor, hasta que el guardia penitenciario Cristian Gauto le dijo que su hijo había muerto. Pérez Ugarte empezó a gritar y a pedir que lo saquen. Se cortó los brazos y advirtió que iba a quitarse la vida. El penitenciario Leonardo Villafañe -que estaba de guardia en el lugar- se le rió, según los testigos. Gauto se ahorcó en la celda individual, frente a los demás presos que no podían hacer más que gritar y prender fuego para que lo rescaten. Los guardias llegaron una hora más tarde.
El de Pérez Ugarte es el único caso de suicidio de los últimos tres años que tiene penitenciarios detenidos. A Gauto y a Villafañe se los acusa de abandono de personas y de incumplimiento de los deberes de funcionario público. No son investigados por inducir al suicidio.
También niños
En 2014 se registraron dos muertes de niños en cárceles bonaerenses. En ambos casos se denunció la negligencia de las autoridades penitenciarias y la falta de intervención de los médicos. Santino Villalba tenía 21 días de vida cuando murió extrañamente ahogado en la Unidad 33, la cárcel de mujeres de Hornos, el 13 de febrero de 2014. Las pericias indicaron que su madre no tuvo la culpa. Ella también fue sobreseía en la causa judicial por la que estaba encerrada. Tras la pérdida de su hijo, la mujer presenta un cuadro psiquiátrico grave.
En mayo de 2014 murió una niña recién nacida en la Unidad N° 54. Su madre presentaba un embarazo de riesgo y por ello era tratada en la Unidad Nº 33 que, a veces, tenía médicos que realizaban visitas. El problema es que la mujer fue agredida por otras presas y debió ser trasladada a la unidad 54. Tras parir, la beba presentó problemas respiratorios y fue atendida por un médico que le hizo respiración boca a boca. Recién cuatro horas después, la niña fue trasladada a un hospital, donde murió.
“En la cárcel de Los Hornos, que se supone debe estar equipada para alojar madres, no hay guardias pediátricas, ni ginecológicas. Algunas presas son obligadas a parir esposadas y se les niega la prisión domiciliaria, pese a su condición de madres. ¿Por qué los niños deben estar presos si no cometieron ningún delito?”, reflexiona Larisa Zerbino, quien recorre las cárceles de mujeres para relevar denuncias en la Asociación Pensamiento Penal.
¿Pena de muerte?
En la provincia de Buenos Aires hay 30 mil presos y, al año, en promedio mueren asesinadas 28 de ellos. Si se cruzan los datos, entonces puede decirse que la tasa de homicidios en prisiones bonaerenses es casi de un crimen cada 1000 habitantes.
En las calles de la provincia de Buenos Aires, la tasa de homicidios cada 1.000 habitantes es de 0,0837. Esto quiere decir que una persona encerrada en una cárcel bonaerense, estando las 24 horas bajo estricto control del Estado, en un ambiente donde están prohibidas las armas de todo tipo, donde las personas son requisadas diariamente, tiene quince veces más posibilidades de ser asesinada que una persona en la calle.
Ni las autoridades federales, ni las provinciales atienden consultas sobre fallecimientos. Se escudan en que no tienen permisos para hablar sobre causas de muerte. Los únicos testimonios de los responsables penitenciarios figuran en los expedientes judiciales, en los que –obligados por un juez- sostienen que las muertes por enfermedades se deben a falta de presupuesto y dicen desconocer los casos de torturas denunciados todos los años.
Las organizaciones de derechos humanos alertan que la violencia en la cárcel es un impedimento para la resocialización, además de una flagrante violación de los derechos humanos. Al respecto, Casamento sostiene: “Los discursos de mano dura destruyen la idea de la reinserción y la realidad de las cárceles pone de manifiesto que la prisión existe para castigar, no para impedir que un delito vuelva a pasar. ¿Cómo puede una persona privada de la libertad volver a la sociedad y respetar las leyes, si en la cárcel vio cómo el Estado asesinó presos, dejó morir a los enfermos y torturó a otros?”.
Ene 19, 2016 | inicio
Dos botes angostos y largos van y vienen, cada uno navegando por tres tripulantes, un par de instructores que se encarga de señalar aciertos y errores y cuatro chicos que paletean contra una débil corriente de agua turbia y cuyos movimientos sincronizados son fuente de energía de las embarcaciones. Los jóvenes son vecinos de la Villa 21-24 e integran el programa Deportes para la Inclusión.
Reman envueltos en chalecos flotantes naranjas, entre una vegetación copiosa y unas casitas precarias de hormigón ubicadas a metros de la orilla, frente al Meandro de Brian, una curva sinuosa del río Matanza-Riachuelo, dentro de la Comuna 4 y bordeando los márgenes del barrio porteño de Barracas. La blancura de los botes contrasta con un agua negra que ha sido oscurecida por dos siglos de irresponsabilidad ambiental. A lo largo de la historia, el Estado no controló a las fábricas como debería haberlo hecho y el empresariado desechó sistemáticamente sus residuos tóxicos en el río para aumentar su rentabilidad.
Los jóvenes son vecinos de la Villa 21-24 e integran el programa Deportes para la Inclusión.
Un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) publicado hace tres años había denunciado la ausencia de un plan integral que remediara en conjunto el daño ambiental y mejorara la calidad de vida de los siete millones de habitantes que son afectados a diario por los problemas que arrastra la cuenca. Si bien dicho informe destaca algunos logros de la intervención estatal ocurridos durante 2010 y 2012 (como la fiscalización de las industrias y la remoción de 100 basurales y puntos de arrojo sobre un total de 360), todavía queda pendiente un Plan de Ordenamiento Ambiental, conforme a lo establecido por la Ley 26.168 (diciembre 2006), que permita una planificación de las actividades productivas, que regule las obras del Estado y que proteja los espacios verdes.
Por otra parte, es la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el ente tripartito formado por Nación, provincia de Buenos Aires y la Capital y que se creó en 2006, la que realizó distintas actividades de limpieza del río y de basurales, desarrollo de cloacas y agua potable y control de residuos industriales. En tanto, los planes de relocalización de los habitantes que viven en las zonas más contaminadas de la cuenca han avanzado, pero todavía queda mucho por hacer.
Un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) publicado hace tres años había denunciado la ausencia de un plan integral que remediara en conjunto el daño ambiental y mejorara la calidad de vida de los siete millones de habitantes que son afectados a diario por los problemas que arrastra la cuenca.
Por su parte, los habitantes del asentamiento de Barracas aseguran que el agua no presenta la contaminación de tiempos no tan lejanos: a simple vista, dicen, no luce tan sucia y el olor no es tan intenso como en otros sectores. Pero esta larga cuenca sigue compuesta por un veneno ácido que se extiende a lo largo de 64 los kilómetros que la componen.
Pero para el grupo de chicos que entrena semana a semana no hay contaminación posible que sea excusa para no remar en “nuestro río”. Ellos son parte del programa de actividades de promoción cultural y prevención del delito y la violencia que fomentan en conjunto -al menos hasta el 19 de diciembre pasado- los ministerios de Cultura y de Seguridad, con el apoyo de los de Salud y Desarrollo Social de la Nación. El proyecto contemplaba, entre otras disciplinas, clases de remo gratuitas a adolescentes de entre 14 y 21 años de la Villa 21-24, impartidas por personal de Prefectura Naval. Comenzó en 2012 y se ha mantenido hasta hoy con algunas interrupciones en el medio. Sus integrantes confían que a partir de abril retomarán las actividades.
Graciela Martín Ruiz trabaja como coordinadora de la Mesa de Seguridad Barrial, un programa de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad. El organismo tiene como función sumar a los vecinos y las organizaciones sociales en las políticas contra la delincuencia y por la integración social. La coordinadora asegura que los deportes contribuyen en la prevención del delito pues son una vía para la inclusión social. Y explica: “La seguridad no se hace con un policía más, un policía menos, se hace también desde la contención y la capacitación de los sectores menos pudientes. El remo es un deporte menos conocido porque suele ser muy costoso y para las clases sociales de mayores recursos. Apostamos a que esta actividad les sirva a los chicos más relegados a que participen en deportes distintos y que, a futuro, les pueda servir para integrarse en el mercado laboral de la náutica”.
Asimismo, el programa sirve como un modo sino de ensamblar al menos de acercar a algunos actores sociales que históricamente resultan antagónicos, como lo son el de las fuerzas de seguridad y la parte de la sociedad civil económicamente más castigada. “La Prefectura Naval capacita a sus profesionales y lo que buscamos es que ese personal capacite a la gente común. Que ese conocimiento no se quede dentro de los cuarteles sino que también se enriquezca la ciudadanía”, puntualiza Ruiz.
Marcelo Avellaneda tiene 29 años, trabaja de remisero y se ha capacitado para coordinar la actividad. Durante la semana entrena a los chicos en el Parque Leonardo Pereyra, a unas diez cuadras del asentamiento; lo hace después de las 7 de la tarde, de modo de no interrumpirles la actividad escolar. Y además cumple la importante tarea de oficiar de nexo entre los habitantes del barrio y los prefectos. Rememora la génesis del proyecto de esta manera: “Lo que comenzó siendo una colonia de verano terminó como un proceso inclusivo más amplio”.
Los habitantes del asentamiento de Barracas aseguran que el agua no presenta la contaminación de tiempos no tan lejanos: a simple vista, dicen, no luce tan sucia y el olor no es tan intenso como en otros sectores.
El docente agrega: “Lo que es una disciplina que lleva tiempo entrenar pasa a ser también un espacio de contención en estas zonas vulnerables”. Al ser consultado sobre su experiencia en navegación en el estado actual del Riachuelo, Marcelo asevera que en los primeros años de la actividad el río estaba todavía más contaminado. “El nivel de descomposición lo tiene que determinar un científico o un especialista en ambiente, pero a nosotros, que realizamos esta actividad, no nos afecta, porque no tocamos el agua. Aunque sí lo que molestaba mucho era el olor, que ahora disminuyó bastante; al menos en esta zona”, se explaya.
Unos quince chicos y chicas integran el grupo que reparte su tiempo entre la asistencia a la escuela y el aprendizaje de esta actividad milenaria. El sábado es el día tan ansiado por todos. Si el tiempo acompaña y Prefectura da el permiso, el entrenamiento semanal es puesto en práctica en el Riachuelo, en una jornada que se extiende desde las diez de la mañana hasta la una de la tarde.
“Lo que es una disciplina que lleva tiempo entrenar pasa a ser también un espacio de contención en estas zonas vulnerables”
El día, efectivamente, acompaña. Y Marcelo está vestido para la ocasión: pantalones cortos, musculosa y una gorrita que atemperan la inclemencia de un sol que atraviesa el celeste de un cielo que contrasta con el negro del agua. Su labor empieza más temprano, ya que todo debe estar listo antes de la llegada de Prefectura. En conjunto con otros dos coordinadores, el jardinero y el casero, todos vecinos del asentamiento, entre mate y mate, prepara el equipo, alista los botes, los lava y los ensambla en el agua, con el cuidado de amarrarlos bien a la plataforma flotante. El muelle de la villa, de unos 20 metros de ancho por 12 metros de largo, está ubicado en el sector llamado Tres Rosas o El Fondo, demandó una inversión de 400 mil pesos y su reconstrucción ha sido realizada por sus propios habitantes, sobre unas maderas originales, las cuales aún aguantan la corrosión, desde que fueron levantadas hace unos ochenta años.
Miguel Vallejos, de 17 años, toca el trombón en la Orquesta Juvenil de Barracas, desde el inicio concurre al programa y jamás había tenido en mente realizar este deporte. A veces nota que sus amigos del barrio temen acercarse a esta práctica por miedo al río y a la contaminación. “Aunque es molesta la basura que pasa, que hace que se traben las palas y que se ensucien los botes, la contaminación no es una traba para navegar, porque es tan lindo…”, asegura Vallejos.
“El nivel de descomposición lo tiene que determinar un científico o un especialista en ambiente, pero a nosotros, que realizamos esta actividad, no nos afecta, porque no tocamos el agua. Aunque sí lo que molestaba mucho era el olor, que ahora disminuyó bastante; al menos en esta zona”.
Alejandro Moreira, también de 17 años, hace un año que participa de la actividad. De inmediato se enganchó con la remada. Siempre hizo mucha ejercicio físico, pero destaca que no hay deporte más completo que el remo. “Trabajás todos los músculos: pecho, espalda, brazos, piernas”, indica.
Otro miembro del equipo, Vladimir Acevedo, de 16 años, siente que el remo le aporta habilidad y sabiduría a su vida, y fue a partir de Deportes para la Inclusión que encontró su vocación: se imagina en un futuro no tan distante en la Academia de Prefectura. A su lado, Aldo Encina, de 17, cuenta que empezó a entrenar con Marcelo las últimas semanas y este fin de semana pasó a hacer la práctica en el agua. Al principio se le notaba la falta de coordinación en las brazadas, pero con el correr de los kilómetros fue tomando ritmo y sincronización. Cree que con determinación cualquiera puede pasarla bien en este deporte.
Víctor Cornejo es delegado de la Manzana 28 y contribuye en las tareas de mantenimiento del sector. No deja de destacar el valor del programa, pero señala que sería conveniente un mayor presupuesto, porque los insumos suelen deteriorarse con frecuencia.
Vladimir Acevedo, de 16 años, siente que el remo le aporta habilidad y sabiduría a su vida, y fue a partir de Deportes para la Inclusión que encontró su vocación: se imagina en un futuro no tan distante en la Academia de Prefectura.
Aunque parece un hermano mayor, a Marcelo los chicos le dicen “profe”, pero él especifica que su función es la de “coordinador terrestre”: controlar la actividad que se desarrolla a partir del entrenamiento diario en el parque y termina con el abordaje al bote, el cual se realiza desde la plataforma flotante que funciona de enlace para bajar del muelle al agua. Después de que él se encarga de chequear las normas de seguridad, la actividad pasa a ser controlada por los instructores de Prefectura. Marcelo anhela que la Asociación de Remo de la Argentina deje de lado el prejuicio y la subestimación y atienda el pedido de federación de los jóvenes de la villa. Según él, hay varios chicos a quienes les avizora un porvenir promisorio en este deporte. “Es solo cuestión de que se les permita la inscripción a competiciones así pueden medirse deportivamente, así la actividad deja de ser solo un pasatiempo”. Y especifica: “Que podamos entrenar con un objetivo más grande”.
La escuelita de remo ha sido invitada a participar en diversos festivales y certámenes. Sus chicos han navegado más allá de La Boca, en el Tigre, en Quilmes y en Zárate. Representa un ejemplo de acercamiento de la cultura del deporte a los hijos de las familias de las clases más relegadas. Constituye un engranaje que permite proyectar sueños individuales y contribuye al desarrollo de la comunidad entera. Pero requiere el compromiso y el esfuerzo de ser ampliado y sostenido a largo plazo. Por lo pronto, la alegría de remar de los jóvenes de la Villa 21-24 se extendió hasta fines de este 2015. Está en manos del nuevo gobierno la posibilidad de que los chicos la puedan seguir remando.
